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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01917-00

Fecha
10 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01917-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR la pérdida de investidura de la representante a la Cámara, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo por el partido Cambio Radical de la circunscripción territorial de Bogotá para el período 2022-2026, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. COMUNICAR lo dispuesto en esta sentencia a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, 40 El numeral 4 de esta disposición: “Cuando el congresista participe en la discusión o votación de artículos de proyectos de ley o actos legislativos que regulen un sector económico (…)”, fue declarado inexequible mediante sentencia C-302 de 2021. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 110011-03-15-000-2024-01917-00 Solicitante: Yessika Johanna Hoyos Morales Congresista: Adriana Carolina Arbeláez Giraldo para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. TERCERO. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, el cual deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Veintisiete Especial de Pérdida de Investidura, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01917-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 27 ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01917-00
Solicitante: YESSIKA JOHANNA HOYOS MORALES
Congresista: ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO

Tema: Violación al régimen de conflicto de intereses, por no manifiestar
impedimento.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve
sobre la solicitud de pérdida de investidura presentada por la señora Yessika
Johanna Hoyos Morales en contra de la Representante a la Cámara Adriana
Carolina Arbeláez Giraldo, del partido Cambio Radical, por la circunscripción
territorial de Bogotá, para el período 2022-2026.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de pérdida de investidura

2. La señora Yessika Johanna Hoyos Morales, presidenta del Colectivo de
Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) 1 , solicita la pérdida de
investidura de la representante a la Cámara por el partido Cambio Radical de la
circunscripción territorial de Bogotá para el período 2022-2026, Adriana Carolina
Arbeláez Giraldo, «… por violación del régimen de conflicto de intereses, por infracción
del deber de declaración de impedimento previsto en el artículo 182 de la Constitución
Política de Colombia, y el artículo (sic) 286 y 291 de la Ley 5ª de 1992.»2

3. En la demanda se sostiene que los proyectos de ley 118 de 2022 Cámara y
131 Senado, dieron lugar al artículo 54 de la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022,
por el cual se añadió el título X al Libro III del Estatuto Tributario, introduciendo dos
impuestos denominados saludables, a saber:

(i) El impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas (ET, arts. 513-1, 513-2,
513-3, 513-4 y 513-5); y,

(ii) El impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con
alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas (ET, arts. 513-6,
513-7, 513-8, 513-9 y 513-10).

1
Organismo no gubernamental para la defensa y promoción de los Derechos Humanos, filial de la Federación Internacional de Derechos
Humanos – FIDH– y de la Organización Mundial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – OMCT–
2
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00001

Radicado: 110011-03-15-000-2024-01917-00
Solicitante: Yessika Johanna Hoyos Morales
Congresista: Adriana Carolina Arbeláez Giraldo

4. Expone que, en el transcurso del debate legislativo de los proyectos de ley
118 de 2022 Cámara y 131 de 2022 Senado, se radicaron impedimentos en los que
varios congresistas comunicaron tener un conflicto de interés debido a la
financiación de sus campañas políticas por parte de productores de bebidas
azucaradas y productos ultraprocesados. Entre ellos, la congresista Adriana
Carolina Arbeláez, quien lo manifestó en escrito del 2 de noviembre de 20223.

5. Dicho impedimento fue negado según la comunicación No. SbSG2.1.-0488-
22 del 8 de noviembre de 2022, suscrita por el Subsecretario General del Congreso
de la República, al considerar que la congresista no se encontraba en un conflicto
de intereses, ya que los aportes de Postobón y Bavaria fueron destinados al partido
Cambio Radical y no a ella.

6. Posteriormente, el ministro de Hacienda y Crédito Público presentó ante la
Cámara de Representantes el proyecto de ley No. 057 de 2023 Cámara y 079 de
2023 Senado, por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital,
y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
de 2024. Durante el debate de las comisiones económicas conjuntas, se revisaron
y clasificaron 378 proposiciones, entre ellas, una modificatoria del artículo 3° del
proyecto de ley, que pretendía incluir el siguiente párrafo:

El artículo 54 de la Ley 2277 de 2022 entrará en vigencia cuando la variación anual
año corrido del IPC general a julio, sea igual o menor al 8%, según las cifras oficiales
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE. Al cumplirse lo
anterior, se aplicará para el mes siguiente a que el DANE haya emitido el boletín
técnico IPC correspondiente. En cualquier caso, la entrada en vigencia de este
artículo será el 1 de enero de 20264.

7. La representante a la Cámara, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, no radicó
ningún impedimento para la discusión y votación de la proposición modificatoria del
artículo 3 del proyecto de ley No. 057 de 2023 Cámara y 079 de 2023 Senado.
Además, el 18 de octubre de 2023, durante el debate de dicha proposición, la
congresista votó a favor de la misma.

8. La solicitante aduce que, ante el Consejo Nacional Electoral, la representante
a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, reportó como contribuciones
donaciones en dinero de particulares por un total de $505.822.001, de los cuales
$45.000.000 fueron aportados por Bavaria & Cía. S.C.A. y $70.000.000 por la
empresa de bebidas azucaradas Postobón S.A.

9. Por lo tanto, la representante Adriana Carolina Arbeláez Giraldo incurrió en
conflicto de intereses al no declarar su impedimento durante el debate y votación de
la proposición modificatoria del artículo 3° del proyecto de ley 057 de 2023 Cámara
y 079 de 2023 Senado, el 18 de octubre de 2023, pese a que su campaña fue
financiada por empresas del sector de bebidas azucaradas.

3
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00011; “61_MemorialWeb_Anexos-017GACETADELCONGR(.pdf)”
4
SAMAI. proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00011 “52_MemorialWeb_Anexos-008CARTAREDPAPAZ(.pdf)”

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Radicado: 110011-03-15-000-2024-01917-00
Solicitante: Yessika Johanna Hoyos Morales
Congresista: Adriana Carolina Arbeláez Giraldo

10. Señala que Bavaria y Postobón, donantes de su campaña, son responsables
del impuesto a bebidas ultraprocesadas azucaradas conforme al Estatuto Tributario,
y que se habrían beneficiado de dicha proposición al pretender aplazar por más de
dos años la entrada en vigor del tributo.

11. Aduce que el artículo 182 de la Constitución Política impone a los
congresistas la obligación de informar a sus pares sobre situaciones que puedan
impedir su participación en debates, según la sentencia C-302 de 2021. Agrega que
el artículo 286 de la Ley 5 de 1992 (modificado por la Ley 2003 de 2019) exige
declarar cualquier conflicto de interés, entendido como la posibilidad de obtener un
beneficio particular, actual y directo, pues la omisión afecta la transparencia y
configura la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto
de intereses, artículo 183, numeral 1 de la Constitución.

12. Asegura que la congresista obtuvo un beneficio actual al apoyar la ampliación
del plazo de entrada en vigor de los impuestos saludables, favoreciendo a sus
financiadores. Señala que su actuación evidencia un interés particular, pues buscó
beneficiar a empresas opositoras al tributo y que financiaron su campaña.

13. Aunque la proposición fue derrotada, la pérdida de investidura se configura
porque la representante votó sin haber manifestado su impedimento, como lo exige
la ley, pues la representante conocía su deber de declarar el conflicto de interés.

1.2. Admisión

14. Una vez asignado el proceso al Despacho5, y requerida a la parte actora para
que cargara los archivos anexos a la demanda 6 , la solicitud de pérdida de
investidura fue admitida por cumplir con los requisitos previstos en la Ley 1881 de
20187 y se ordenó su notificación personal tanto a la congresista Adriana Carolina
Arbeláez Giraldo como al Ministerio Público8.

1.3. Oposición de la representante a la Cámara

15. La congresista Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, por medio de apoderado,
contestó oportunamente la demanda y se opuso a las pretensiones, argumentando
que no se configura la causal invocada por falta de sus elementos y adujo9:

16. Que la creación de los impuestos saludables -hecho generador, base
gravable, tarifa y causación- fue discutida en los proyectos de ley 118 de 2022
Cámara y 131 de 2022 Senado, no en la proposición modificatoria del artículo 3° del
proyecto de ley 057 de 2023 Cámara y 079 de 2023 Senado.

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SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00001
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SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00005
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SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00015
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SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00018, 00019, 00020
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SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00022.

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Congresista: Adriana Carolina Arbeláez Giraldo

17. Que ella presentó impedimento respecto al trámite de la Ley 2277 de 2022,
por aportes económicos de Bavaria y Postobón al partido Cambio Radical, el cual
fue negado por la plenaria de la Cámara al considerar que los aportes se realizaron
al partido y no directamente a ella.

18. El 10 de octubre de 2023 se radicó una proposición modificatoria al artículo
3° del proyecto de ley 057 Cámara y 079 Senado, presentada por los representantes
Jennifer Pedraza y Duvalier Sánchez, que fue la discutida el 18 de octubre del
mismo año.

19. La proposición buscaba que los impuestos saludables entraran en vigor
cuando el IPC anual para hogares pobres alcanzara la meta del Banco de la
República, con el fin de reducir el impacto inflacionario en dicha población; es decir
que, no se configuraba la causal de impedimento.

20. Finalmente, sostuvo que no tenía un interés directo, particular y actual, ya
que su actuación respondió a la defensa del interés general y la protección del
consumo básico de los hogares pobres afectados por el alza en precios de
productos de la canasta familiar.

1.4. Etapa probatoria

21. El despacho sustanciador de la Sala Especial de Decisión Veintisiete decretó
las pruebas documentales aportadas por las partes y negó la testimonial solicitada
por la parte demandada10. Consideró que los testimonios de Jennifer Delley Pedraza
Sandoval y Juan Camilo Montes Pineda no guardaban relación con el objeto de la
solicitud de pérdida de investidura. Esa decisión fue confirmada al resolverse los
recursos de reposición11 y súplica12.

1.5. Audiencia pública

22. El 18 de noviembre de 202413 se llevó a cabo la audiencia pública prevista
en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, con la presencia de los magistrados
que integran la Sala Especial Veintisiete de Decisión de Pérdida de Investidura, el
agente del Ministerio Público, la solicitante, la congresista acusada y su apoderado.
Las intervenciones se resumen a continuación:

1.5.1. Solicitante

23. Reiteró los argumentos de la demanda y citó la sentencia C-302 de 2021 de
la Corte Constitucional, señalando que el conflicto de interés requiere un beneficio
particular, actual y directo. Indicó que la proposición debatida buscaba modificar un
artículo relacionado con el sector de bebidas azucaradas y productos
ultraprocesados, financiadores de la campaña de la congresista, como Bavaria &
Cía. y Postobón S.A.

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SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00030
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SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00051
12
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00004
13
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00068

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24. Sostuvo que estas empresas, como productoras de bebidas azucaradas, son
responsables del impuesto creado por los artículos 513-1, 513-2 y 440 del Estatuto
Tributario y postergar la vigencia del tributo les generaría un ahorro económico, sin
afectar el consumo de sus productos.

25. Afirmó que la conducta de la congresista fue dolosa, ya que conocía la
financiación de su campaña - reportada ante el Consejo Nacional Electoral - y, al no
declarar el impedimento, ocultó el conflicto de interés tanto a sus colegas como a la
sociedad, con lo cual se configura el elemento subjetivo.

1.5.2. Agente del Ministerio Público

26. Sostuvo que las empresas de productos ultraprocesados no son
responsables del impuesto a los productos saludables, pues dicho aumento de
precios se traslada al consumidor final, según el oficio No. 2 2022 037216 del 22 de
agosto de 2022 del Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda; por lo tanto,
este tributo no beneficiaba directamente a las empresas ni configuraba el
impedimento.

27. Además, no se demostró el carácter directo, particular y actual del interés de
la congresista en generar un conflicto de intereses; máxime si se tiene en cuenta
que los impuestos saludables establecidos por la Ley 2277 de 2022 son indirectos,
y su impacto económico se traslada a los consumidores finales.

28. Tampoco se acreditó un interés actual e inmediato, ni que su participación en
la discusión y votación le hubiera otorgado algún beneficio a ella o a sus familiares
cercanos.

29. Finalmente, mencionó que el Ministerio Público ha sostenido la misma
posición jurídica en otros procesos similares ante el Consejo de Estado, donde se
solicitó la pérdida de investidura de congresistas por un supuesto conflicto de interés
en proyectos que los beneficiaban directamente.

1.5.3. Congresista

30. Su apoderado se opone a las pretensiones de pérdida de investidura y reitera
los argumentos presentados en la contestación. Señala que no se probó la
existencia de un beneficio particular, actual y directo. La mera participación en un
proyecto de ley relacionado con un sector económico, cuyos actores privados
contribuyeron a la campaña de un congresista, no configura por sí sola la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses.

31. Argumenta que no hubo interés directo, ya que los impuestos son asumidos
por los consumidores finales y no por las empresas productoras, razón por la cual,
la congresista actuó en favor de los intereses generales de sus electores, buscando
reducir las cargas tributarias para sectores específicos, dado el impacto de los
impuestos saludables en los hogares vulnerables.

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Congresista: Adriana Carolina Arbeláez Giraldo

32. Tampoco hubo beneficio actual a favor de la congresista, pues dilatar la
entrada en vigor de los impuestos saludables tenía como finalidad mejorar la
situación de los hogares pobres.

33. No encontró demostrado el elemento subjetivo, consistente en que la
congresista tuviera intención de violar el régimen de conflicto de intereses ni que
fuera negligente en su actuar. Destacó que ella misma presentó un impedimento
para participar en la discusión sobre la creación del impuesto saludable, pero la
Cámara de Representantes lo rechazó, considerando que no existía conflicto de
intereses, lo que refuerza la legalidad de su conducta.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. La Sala Especial Veintisiete de Decisión de Pérdida de Investidura es
competente para conocer en primera instancia la solicitud presentada, conforme a
los artículos 184 y 237, numeral 5° de la Constitución Política, el artículo 2 de la Ley
1881 de 2018, el numeral 6 del artículo 111 y 107 de la Ley 1437 de 2011, el numeral
37, inciso 7 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 33 del Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Oportunidad

35. La sala considera que, según lo expuesto en la demanda, la supuesta
violación al régimen de conflicto de intereses ocurrió cuando la representante a la
Cámara, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo votó favorablemente, el 18 de octubre
de 2023, la proposición modificatoria del artículo 3° del proyecto de ley No. 057 de
2023 Cámara y 079 de 2023 Senado, sin declarar su impedimento, debido a su
vínculo con sectores económicos de la industria de bebidas azucaradas,
financiadores de su campaña electoral.

36. Dado que el impedimento se refiere a la votación del 18 de octubre de 2023
y que la solicitud de pérdida de investidura fue radicada el 22 de abril de 202414, se
concluye que la petición fue presentada dentro del plazo establecido, ya que no ha
transcurrido más de cinco (5) años desde el hecho señalado.

2.3. Legitimación

37. La señora Yessica Johanna Hoyos Morales está legitimada por activa, ya que
la pérdida de investidura es una acción pública que puede ejercer cualquier
ciudadano interesado, como lo demuestra con su documento de identificación.

14
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00002

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Radicado: 110011-03-15-000-2024-01917-00
Solicitante: Yessika Johanna Hoyos Morales
Congresista: Adriana Carolina Arbeláez Giraldo

38. La legitimación por pasiva está acreditada con la copia del acta parcial del
escrutinio general para Cámara de Representantes (formulario E-26 CAM15), que
confirma que la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo fue elegida representante
a la Cámara por Bogotá para el período 2022-2026, por el partido Cambio Radical.

2.4. Problema jurídico

39. ¿Incurrió la representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez Giraldo en
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses,
al no manifestar su impedimento durante el debate de la proposición modificatoria
del artículo 3° del proyecto de ley 057 Cámara y 079 de 2023 Senado, en la sesión
plenaria del 18 de octubre de 2023?

40. Para resolver este problema jurídico, la Sala abordará los siguientes temas:
i) Pérdida de investidura de congresistas ii) Violación del régimen de conflicto de
intereses iii) Caso concreto.

2.5. Pérdida de investidura de los congresistas

41. La pérdida de investidura es una acción jurisdiccional pública y autónoma 16,
de raigambre constitucional, para que todo ciudadano pueda demandar a los
miembros de las corporaciones de elección popular, en especial frente a aquellos
comportamientos que resultan contrarios a la dignidad del cargo, a la ética pública,
al buen servicio y al interés general. Su finalidad última es salvaguardar la moralidad
de la actividad política, la dignidad y probidad del cargo y la confianza depositada
por el electorado en los dignatarios que representan la voluntad popular.

42. El proceso de pérdida de investidura es sancionatorio jurisdiccional, en el que
se debe efectuar un juicio objetivo de configuración de la causal y uno subjetivo de
responsabilidad del congresista, aplicando los principios, reglas y garantías que
integran el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de
la Constitución Política, tal como lo dispone el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1881
de 2018.

43. En la configuración objetiva de la causal debe garantizarse el principio de
legalidad, de manera que el juez determina con un criterio restrictivo de
interpretación17, si la conducta endilgada se ajusta a las causales taxativas previstas
en la Constitución y la ley y, superado este análisis, verificará el aspecto subjetivo,
esto es, si la conducta fue dolosa o gravemente culposa, pues de lo contrario, el
comportamiento no resulta sancionable según el artículo 1º de la Ley 1881 de
201818.

15
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00011
16
Corte Constitucional. Sala Plena, Sentencias C-280 del 25.06.96. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-437 del 25.09.97. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8.09.92. MP. Guillermo Chaín Lizcano. PI
Expediente AC-175. Sentencia del 28.03.17. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. PI Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00(PI).
17
No admiten interpretación extensiva o analógica, motivo por el cual deben configurarse todos los supuestos fácticos y jurídicos previstos en
la norma para aplicar la consecuencia que ella determina. Así las cosas, la declaración de pérdida de investidura solo procede frente a las
conductas del congresista que se adecuen a la descripción realizada por el constituyente.
18
Modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. Artículo 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren
incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso
conforme al artículo 29 de la Constitución Política.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Congresista: Adriana Carolina Arbeláez Giraldo

44. Para acreditar el elemento objetivo, es preciso acoger el principio de
legalidad, es decir que las causales invocadas deben estar consagradas en el
«Estatuto del Congresista», artículos 179 a 182 de la Constitución Política, donde
el Constituyente estableció: i) Restricciones de acceso al cargo (inhabilidades); ii)
Prohibiciones para quienes están en ejercicio del mismo (incompatibilidades), y iii)
La exigencia de manifestar expresamente cualquier situación particular que pueda
reñir con el interés público con el que deben ejercer su función (conflicto de
intereses)19.

45. Dado el carácter sancionatorio de la pérdida de investidura 20 , la Corte
Constitucional en sentencia SU 424 de 2016 sostuvo que esta figura, «está sujeta,
de manera general a los principios que gobiernan el debido proceso en materia
penal, con las modulaciones especiales que son necesarias para la realización de
sus fines constitucionales...».

46. Dicha providencia agregó que, por la gravedad de la sanción que se impone,
el proceso de pérdida de investidura debe observar el debido proceso y en especial
los principios pro homine, in dubio pro reo, legalidad (las causales son taxativas y
no hay lugar a aplicar normas por analogía), tipicidad, congruencia, non bis in idem,
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

2.6. Violación del régimen de conflicto de intereses

47. La Constitución Política en su artículo 182, consagra un régimen de conflicto
de intereses para los congresistas, cuya violación es causal de pérdida de
investidura, así:

Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar
en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo
relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones. (Subrayas y
negrillas de la Sala)

48. Por su parte el artículo 286 de la Ley 5 del 17 de junio de 199221 (modificado
por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019), «Por la cual se expide el Reglamento del
Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes», estableció el conflicto de
intereses de los congresistas así:

Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>
Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran
surgir en ejercicio de sus funciones.

19
Los conceptos de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés están previstos en los artículos 279, 281 y 286 de la Ley 5ª de 1992.
Específicamente sobre la diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 29 de enero de 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00.
20
Ley 1881 de 2018 “Artículo 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida
de investidura establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política.”
21
Artículo 268. Deberes. Son deberes de los Congresistas:
(…) 6. Poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.

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Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación
de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio
particular, actual y directo a favor del congresista.

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las
que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten
investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se
encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias
presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del
congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro
del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes
circunstancias:
a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto
legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el
interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.
c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto
legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios,
en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo
no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto
legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el
congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere
beneficio particular, directo y actual.
e) <Literal INEXEQUIBLE>
f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante
el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas
al parentesco con los candidatos.
Parágrafo 1o. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los
congresistas cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y
votación del proyecto.
Parágrafo 2o. Cuando se trate de funciones judiciales, disciplinarias o fiscales de los
congresistas, sobre conflicto de interés se aplicará la norma especial que rige ese tipo
de investigación.
Parágrafo 3o. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para todos
y cada uno de los actores que presenten, discutan o participen de cualquier iniciativa
legislativa, conforme al artículo 140 de la Ley 5 de 1992. (Subrayas y negrillas de la
Sala)

49. Al consagrar el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura,
se busca evitar que los congresistas obtengan beneficios para sí o para sus
parientes al tramitar los asuntos puestos a su consideración, en clara contravía de
los postulados constitucionales que deben regir su labor. Por tanto, en caso de tener
interés en los asuntos de los que conocen por razón de su investidura, deben

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manifestarlo, para no participar en su trámite, con el fin de que su interés personal
no afecte el interés general que debe prevalecer en un Estado Social de Derecho22.

50. Conforme al numeral 1° del artículo 183 de la Constitución Política habrá
lugar a la pérdida de investidura de congresistas por conflicto de intereses. Tal
disposición debe analizarse de manera sistemática con el artículo 182 superior23
que le exige a los Congresistas poner en conocimiento de las Cámaras las
situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el
trámite de asuntos sometidos a su consideración, en concordancia con los artículos
28624, 28725, 28826 y 29127 de la Ley 5° de 1992, modificados por la Ley 2003 de
2019.

51. El Congresista debe suministrar información relevante, veraz, auténtica y
completa en los siguientes aspectos: i) Sobre cualquier situación que lo inhiba de
participar en asuntos sometidos a su consideración, ii) Registrar las cuestiones
relacionadas con su actividad privada en el libro que para el efecto establece cada
Cámara, incluyendo la participación en sociedades anónimas o de responsabilidad
limitada, similares, o en cualquier organización o actividad con o sin ánimo de lucro
en el país o fuera de él, y iii) Declararse impedido cuando observe un conflicto de
intereses en un asunto en el que deba participar, bien sea por desprenderse un
interés para sí, para su cónyuge, compañera o compañero permanente, para sus
parientes en los grados establecidos en la ley, para sus socios de hecho o derecho
o por tener incidencia directa en el asunto objeto de consideración con las
actividades e intereses privados del Congresista o su núcleo familiar.

52. El conflicto de intereses se estructura cuando en un congresista, dotado de
poder deliberativo y decisorio, concurre un interés privado que puede influir en la
formación de su juicio racional y, por ende, afectar el proceso de toma de decisiones
en las que desconozca la justicia, el bien común y la primacía del interés general.
Esa rivalidad entre el interés privado y el general constituye una trasgresión a las
reglas de transparencia e imparcialidad que gobiernan la deliberación democrática
en el foro legislativo.

53. Para que se configure la causal de desinvestidura, el interés puede ser de
naturaleza económica o moral, pero debe ser directo, esto es, que per se, el alegado
beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por

22
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16. Expediente 11001-03-15-000-2016-
02279-00(PI). Providencia del 6 de junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Decisión reiterada en providencia del 16 de julio
de 2019 de la Sala Especial de Decisión 06, radicado No. 11001-03-15-000-2019-02830-00(PI) con ponencia del M.P. Dr. Carlos Enrique
Moreno Rubio
23
Cita del texto original: Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter
moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado
con los conflictos de intereses y las recusaciones.
24
Cita del texto original: Artículo 286. Aplicación. Todo Congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna
manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas. [Aparte subrayados declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-029 de 2009].
25
Cita del texto original: Artículo 287. Registro de Intereses Privados. En cada una de las Cámaras se llevará un libro de registro de intereses
privados en el cual los Congresistas consignarán la información relacionada con su actividad privada. En ella se incluirá la participación en
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y similares, o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro
de la cual haga parte, en el país o fuera de él.
26
Cita del texto original: Artículo 288. Término de Inscripción. Los Congresistas deberán inscribir sus intereses privados en el registro dentro
de los primeros treinta (30) días del período constitucional, o de la fecha de su posesión.
27
Cita del texto original: Artículo 291. Declaración de impedimento. Todo Senador o Representante solicitará ser declarado impedido para
conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés.

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el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el
congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que
concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista,
lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles.

54. Para la estructuración de la sanción constitucional de pérdida de investidura
por un conflicto de intereses, la jurisprudencia ha exigido la reunión favorable de
los siguientes presupuestos: (i) La calidad de congresista, elemento transversal y
común a todo juicio de desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo,
particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista, de su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, (iii) su no manifestación de
impedimento, (iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en el
debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto
de conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme
al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República28.

2.7. Caso concreto

55. La solicitante invoca como causal de pérdida de investidura el artículo 183,
numeral 1 de la Constitución Política, por violación al régimen de conflicto de interés,
basado en los artículos 182, 286 y 291 de la Ley 5 de 1992, modificados por la Ley
2003 de 2019.

56. La solicitud de pérdida de investidura en contra de la representante Adriana
Carolina Arbeláez Giraldo se fundamentó en que ésta omitió declarar su
impedimento durante el debate de la proposición modificatoria del artículo 3° del
proyecto de ley 057 de 2023 Cámara y 079 de 2023 Senado, en la sesión plenaria
del 18 de octubre de 2023 relacionado con la financiación de su campaña por
sectores de la industria de bebidas azucaradas.

57. Del material probatorio obrante en el proceso, quedó probado lo siguiente:

58. En el Congreso se tramitaron los proyectos de ley 118 de 2022 Cámara y 131
de 2022 Senado, que dieron lugar al artículo 54 de la Ley 2277 de 13 de diciembre
de 2022 «Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y
la justicia social y se dictan otras disposiciones», en el que se adicionó el título X al
Libro III del Estatuto Tributario y, se introdujeron dos impuestos denominados
saludables, a saber: (i) el impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas y (ii)
el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con
alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

59. La congresista se declaró impedida para participar en el debate y votación
del anterior proyecto, conforme la comunicación del 2 de noviembre de 2022 29 ,
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16. Expediente 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI).
Providencia del 6 de junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
29
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00022

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alegando conflicto de interés por las donaciones de la industria a su partido Cambio
Radical, en los siguientes términos:

De conformidad con lo establecido en el artículo 286 de la Ley 5 de 1992, modificado
por la Ley 2003 de 2019, pongo en conocimiento de la Plenaria de la Cámara de
Representantes de la República de Colombia, un posible conflicto de interés en la
discusión y votación del Proyecto de Ley 118 de 2022 Cámara y 131 Senado “por
medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social
y se dictan otras disposiciones”, toda vez que mi partido Cambio Radical, recibió
donaciones de personas jurídicas cuyo objeto social está relacionado con la industria
de las bebidas azucaradas.

Sin embargo, dejó constancia de que cualquier recurso cuyo origen sea de esta
industria, fue recibido por el partido en el marco de sus facultades y destinados a mi
campaña por decisión propia sin que mediara ninguna solicitud de las personas
jurídicas ni mía.

60. Para el efecto, la congresista aportó la escritura pública No. 0330 del 14 de
febrero de 202130 en la que la empresa Bavaria & CIA S.C.A. hizo una insinuación
de donación al Partido Cambio Radical, por un valor de $1.050.000.000, para la
financiación de las campañas electorales 2022 de las listas de candidatos al
Congreso de la República (Senado y Cámara) del respectivo partido o movimiento
político.

61. También se aportó la escritura pública No. 1133 del 28 de febrero de 202231
en la que Postobón S.A. hizo una insinuación de donación por un valor de
$1.550.000.000, para el financiamiento del Partido Cambio Radical.

62. El impedimento fue rechazado según comunicación No. SbSG2.1.-0488-22
del 8 de noviembre de 2022 suscrito por el Subsecretario General del Congreso de
la República32, y conforme el Acta de Plenaria No. 27 de la sesión ordinaria del 2 de
noviembre de 202233.

63. En oficio No. CCCP 3.4. 0756-2023 del 7 de noviembre de 2023 suscrito por
la Secretaría General de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de
presupuesto34, se respondió un derecho de petición radicado por la solicitante el 13
de septiembre de 202335, indicando que se presentó una proposición modificatoria
al proyecto de ley 057 de 2023 Cámara y 079 de 2023 Senado, con el fin de agregar
un inciso final al artículo 3° así:

Artículo 3. (…) El artículo 54 de la Ley 2277 de 2022 entrará en vigencia cuando la
variación anual año corrido del IPC general a julio, sea igual o menor al 8%, según
las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
Al cumplirse lo anterior, se aplicará para el mes siguiente a que el DANE haya emitido
el Boletín técnico IPC correspondiente. En cualquier caso, la entrada en vigencia de
este artículo será el 1 de enero de 2026.

30
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00022
31
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00022
32
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00022, “65RECIBE MEMORIAL_OneDrive_202405151zi(.zip)”
33
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00022, “61_MemorialWeb_Anexos-017GACETADELCONGR(.pdf)”
34
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00011, “50_MemorialWeb_Anexos-006OFICIOCCCP34(.pdf)”
35
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-01917-00; índice 00011 “52_MemorialWeb_Anexos-008CARTAREDPAPAZ(.pdf)”

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64. Según la comunicación citada, esta proposición fue presentada por varios
representantes a la Cámara y senadores.

65. En la gaceta del Congreso 424 del 17 de abril de 2024, se dejó consignada
el Acta de Plenaria No. 95 de la sesión ordinaria del miércoles 18 de octubre del
2023, en la que se debatió y votó la proposición.

66. Obran como pruebas los siguientes oficios del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público:

• Oficio con radicado No. 2-2022-037216 del 22 de agosto de 2022. Expediente
No. 32472/2022/OFI suscrito por el Viceministro Técnico DGPM/OAJ del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, en el que se señala que las empresas de productos
ultra procesados no son el sujeto pasivo de los impuestos saludables puesto que el
incremento en el valor de estos productos se traslada a los precios del consumidor.

• Oficio con radicado No. 2-2023-058456 del 3 de noviembre de 2022.
Expediente No. 49299/2023/OFI suscrito por la Viceministra Técnica DGPM del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que se dice que los impuestos
saludables a los cuales se refiere el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022 afectan o
recaen sobre 21 productos incluidos en la canasta de consumo del índice de precios
al consumidor (IPC), compuesta en total por 443 artículos, representativa para la
pobreza monetaria elaborada por el DANE.

67. Conforme al material probatorio que se aportó al proceso quedó demostrado
que:

• Adriana Carolina Arbeláez Giraldo fue elegida representante a la Cámara por
la circunscripción de Bogotá para el periodo 2022 – 2026 por el Partido Cambio
Radical.

• Que al Partido Cambio Radical ingresaron dineros provenientes de
donaciones realizadas por Postobón S.A. y Bavaria & CIA S.C.A.

• Que la representante a la Cámara manifestó su impedimento para participar
en la discusión de los proyectos que culminaron con el artículo 54 de la Ley 2277
de 2022 que creo el impuesto a las bebidas azucaradas sobre el que recae el objeto
social de las empresas Postobón S.A. y Bavaria & CIA S.C.A., sin embargo, el
mismo le fue negado.

• Que posteriormente se tramitó ante el Congreso el proyecto de ley 057 de
2023 Cámara y 079 de 2023 Senado «Por el cual se decreta el presupuesto de
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2024» frente al cual se presentó en 2023 una
proposición modificatoria al artículo 3 que tenía por finalidad postergar la entrada en
vigencia del artículo 54 de la Ley 2277 de 2022.

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• Que la representante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez no presentó
impedimento para participar en la discusión y votación de la proposición
modificatoria al artículo 3 del proyecto de ley 057 de 2023 Cámara y 079 de 2023
Senado.

68. Para determinar si en este caso la demandada incurrió en conflicto de
intereses, se acude a la jurisprudencia de esta Corporación según la cual la
actuación del Congresista debe estar influida por su propio interés, sin consultar la
justicia y el bien común, buscando hacer prevalecer su interés particular sobre el
general36, pues sólo configuran la causal de desinvestidura, los intereses directos,
cuyo beneficio, provecho o utilidad provenga del asunto conocido por el legislador;
que sea particular, es decir, que el interés sea específico o personal para el
congresista o sus allegados; y actual o inmediato, lo que excluye sucesos
contingentes, futuros o imprevisibles3738.

69. La omisión de la demandada para manifestar su impedimento en la discusión
y votación de la proposición modificatoria al artículo 3 del proyecto de ley 057 de
2023 Cámara y 079 de 2023 Senado, no configura objetivamente la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución
Política, porque no se probó el «Interés directo, particular y actual o inmediato en
cabeza de quien es congresista, de su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil».

70. Es que las donaciones de las empresas Postobón S.A. y Bavaria & CIA
S.C.A. se hicieron al Partido Cambio Radical y no a la campaña de la congresista y,
los impuestos saludables creados mediante la Ley 2277 de 2022, son indirectos, lo
que según la Sección Cuarta de esta Corporación implica que se causan
independientemente de la calidad de la persona que produzca, venda o comercialice
un producto o un servicio, dado que el responsable del impuesto es distinto al sujeto
económico obligado a pagarlo, es decir, una persona lo declara y otra, el
consumidor final, es quien efectivamente debe pagarlo. Es indirecto porque lo
que está gravado es la actividad, mas no la persona, pero la persona indirectamente
termina pagando el impuesto cuando realiza la actividad o la transacción sujeta al
impuesto39.

71. En el impuesto indirecto los efectos o impacto económico se trasladan a los
consumidores finales de los productos ultra procesados que terminan siendo los
afectados con el gravamen, por lo tanto, el responsable del impuesto no es quien
soporta la carga económica del gravamen, sino que este actúa como recaudador.

36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 16 de julio de 2019 de la Sala Especial de Decisión 06, radicado
No. 11001-03-15-000-2019-02830-00(PI) con ponencia del M.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
37
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de mayo de 2008, Consejero Ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo,
exp. 11001-03-06-000- 2008-00038-00 (1903).
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de septiembre de 2019 Sala Novena Especial de Decisión de
Pérdida De Investidura, radicado No. 11001-03-15-000-2019-02135-00(PI), con ponencia del Doctor Gabriel Valbuena Hernández.
39
Sentencia del 06 de Julio de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado Interno 19909. Consejero Ponente doctor Hugo
Fernando Bastidas Barcenas.

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72. En consonancia con lo anterior, postergar la entrada en vigencia de los
impuestos saludables constituye un asunto de interés general por el impacto
económico que éstos tendrían en determinados productos que hacen parte de la
canasta familiar de las personas catalogadas en situación de pobreza por el DANE,
pues se trata de un impuesto catalogado por la Corte Constitucional como indirecto,
es decir que su impacto económico se traslada al consumidor y no al productor.

73. Según el artículo 286 de la Ley 5 de 1992, modificado artículo 1 Ley 2003 de
201940, no hay conflicto de intereses en las siguientes circunstancias:

• Cuando el congresista participe, discuta o vote un proyecto de ley o acto
legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir, cuando el
interés del congresista coincida con los intereses de los electores.
• Cuando el beneficio sea contingente y podría o no configurarse para el
congresista en el futuro.
• Cuando el congresista participe en la discusión o votación de artículos de
proyectos de ley o actos legislativos de carácter particular, que establezcan
sanciones o disminuyan beneficios, y el congresista tenga un interés particular,
actual y directo. El voto negativo no constituye conflicto de interés si mantiene la
normatividad vigente.
• Cuando el congresista participe en la elección de otros servidores públicos
mediante voto secreto, excepto en los casos de inhabilidades por parentesco con
los candidatos.

74. Concluye esta Sala Especial de Decisión que no se acreditó un beneficio
personal, actual y directo para la demandada, en virtud del cual podría atribuirse un
conflicto de interés al participar en la discusión y votación de la proposición
modificatoria al artículo 3 del proyecto de ley 057 de 2023 Cámara y 079 de 2023
Senado que tenía por objeto aplazar la entrada en vigencia del impuesto saludable
creado en la Ley 2277 de 2022, medida que estaba encaminada a proteger el interés
general. Adicionalmente al tratarse de un impuesto indirecto, es el consumidor final
el que lo paga al realizar la compra.

En mérito de lo expuesto, la Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de
Estado, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR la pérdida de investidura de la representante a la Cámara,
Adriana Carolina Arbeláez Giraldo por el partido Cambio Radical de la
circunscripción territorial de Bogotá para el período 2022-2026, por las razones
expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. COMUNICAR lo dispuesto en esta sentencia a la mesa directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior,

40
El numeral 4 de esta disposición: “Cuando el congresista participe en la discusión o votación de artículos de proyectos de
ley o actos legislativos que regulen un sector económico (…)”, fue declarado inexequible mediante sentencia C-302 de 2021.

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para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881
de 2018.

TERCERO. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, con
fundamento en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, el cual deberá interponerse y
sustentarse ante la Sala Veintisiete Especial de Pérdida de Investidura, dentro de
los diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrado

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado

MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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