Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01937-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01937-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01937-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
24 de julio de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01937-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER SALAZAR MONTOYA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO, Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia en la que se negaron las pretensiones
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició para que se declarara
la existencia de una relación laboral. Se confirmará la sentencia que declaró improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto
el interés del demandante es someter la controversia a una instancia adicional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante en contra de la
sentencia de 13 de junio de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado en la que se resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el señor Francisco Javier Salazar Montoya, según lo
expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. (...)”. (mayúsculas y
negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI).
II. ANTECEDENTES
El actor promovió proceso de acción de tutela1 en contra de las sentencias de 28 de
febrero de 2020 y 29 de febrero de 2024 proferidas por el Tribunal Administrativo de
Risaralda y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
respectivamente, por medio de las cuales se negaron las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra de la ESE
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas en el proceso no. 66001-23-33-000-2014-
1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 22 de abril de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01937-01
Demandante: Francisco Javier Salazar Montoya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
00486-00/01, por cuanto, a su juicio vulneraron sus derechos fundamentales del
debido proceso, igualdad y trabajo e incurrieron en un defecto fáctico.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Francisco Javier Salazar Montoya prestó sus servicios como médico
general en el área de consulta externa del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
ESE desde el 2 de enero de 2005 hasta el 21 de noviembre de 2014, sin
interrupciones y su labor era supervisada por la gerencia y coordinadora del área
de consulta externa, además, sus funciones eran equivalentes a las de un médico
de planta, diferenciándose solo en el tipo de contrato y salario.
2) El actor presentó una demanda para que se declarara la existencia de una
relación laboral con el hospital y el consecuente reconocimiento y pago de
acreencias.
3) El 28 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió
sentencia y negó las pretensiones de la demanda por considerar que el demandante
no aportó suficientes pruebas que demostraran los elementos esenciales de una
relación laboral, en particular la subordinación y dependencia2.
4) El demandante apeló esa decisión3 y, a través de sentencia de 29 de febrero de
2024, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó el
fallo de primera instancia por las mismas razones4.
2
El tribunal evidenció que Salazar desempeñó sus labores a través de la intermediación de las
Cooperativas de Trabajo Asociado Multifuncional de Servicios Profesionales (COOMULTISERPRO)
y tenía aportes simultáneos a fondos de pensiones por parte de múltiples empleadores por lo cual
no prestaba servicios de manera exclusiva para el hospital y ello contradijo la afirmación de una
relación laboral continua y exclusiva.
La autoridad judicial consideró que los horarios y condiciones de trabajo eran establecidos por las
cooperativas y no por el hospital, y que Salazar tenía autonomía en la disposición de su tiempo y ello
no corresponde a una relación laboral típica que implique subordinación directa.
3
El actor argumentó que su relación laboral con el Hospital Santa Mónica cumplía con los elementos
esenciales de subordinación, dependencia y remuneración, aunque fuera encubierta mediante
contratos con cooperativas y empresas de servicios temporales.
4
La Sala consideró que la evidencia presentada no fue suficiente para demostrar que el señor
Francisco Salazar estaba bajo subordinación o dependencia del hospital.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01937-01
Demandante: Francisco Javier Salazar Montoya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2. Los fundamentos de la vulneración
El actor afirmó que las sentencias del Tribunal Administrativo de Risaralda y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrieron en un
defecto fáctico porque analizaron indebidamente las pruebas a partir de las cuales
“se tendría convencimiento de la existencia de un contrato realidad”.
Para el demandante las autoridades demandadas omitieron los testimonios de los
señores Pio Eugenio Vélez y Diana Matilde López, quienes afirmaron que él cumplía
con un horario continuo y recibía órdenes por parte de la coordinación del hospital
por lo cual se probó la dependencia y subordinación para declarar la existencia de
una relación laboral.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas respetuosamente solicito al Señor Juez con el fin de que se
protegiera mi derecho fundamental al debido proceso, igualdad, al trabajo
y a la primacía de la realidad sobre las formas; se dejé sin efectos las
sentencias de primera instancia proferida por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, del mecanismo de
control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No.
66001-23-33-000-2014-00486-01; y la sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado en su Sección segunda, Mp. JORGE
IVAN DUQUE GUTIERREZ, el 29 de febrero de 2024, notificado por
correo electrónico el 11 de marzo de 2024. Y en su lugar, dicten una nueva
sentencia de acuerdo con derecho, en el cual se reconozca la existencia
del contrato realidad en el periodo comprendido entre el 2 de enero de
2005 hasta el 21 de noviembre de 2014, y se le concedan las demás
suplicas de la demanda.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI –mayúsculas del original).
Las pruebas documentales y testimoniales no permitieron establecer con claridad las condiciones de
la prestación de servicios ni la relación de subordinación requerida para considerar la existencia de
una relación laboral.
Esta Corporación revisó los contratos y certificaciones aportadas por el demandante, que mostraban
que prestó servicios como médico general a través de varias empresas temporales y cooperativas,
pero estas no demostraban una relación laboral directa con el hospital, a su vez los testimonios
indicaron que seguía un horario y una programación establecidos, pero no se presentó evidencia
suficiente de que estos fueran impuestos directamente por el hospital y no por las cooperativas o
empresas intermediarias.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01937-01
Demandante: Francisco Javier Salazar Montoya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
4. Actuación en primer grado
Mediante auto de 16 de mayo de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió el proceso de acción de tutela, ordenó la notificación de los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo de Risaralda y de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y vinculó al director del Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas ESE por asistirle interés en el resultado del proceso.
Las autoridades judiciales demandadas no presentaron informes de respuesta en el
proceso de acción de tutela de la referencia.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 13 de junio de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
La demanda no cumplió con los criterios necesarios para determinar la relevancia
constitucional en atención a que busca reabrir el debate probatorio que ya fue objeto
de decisión en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
La parte actora pretendió continuar un debate ya resuelto y reiteró argumentos
previamente discutidos y resueltos en el proceso judicial, lo cual va en contra del
propósito de la acción de tutela, que no debe ser utilizada como una instancia
adicional o un recurso para reabrir una valoración probatoria.
Para el a quo la acción de tutela no puede ser empleada como un mecanismo para
insistir en los cargos de inconformidad con la providencia cuestionada, la cual se
profirió con autonomía e independencia en el análisis de las pruebas allegadas por
las partes al proceso con atención de las reglas de la sana crítica y los parámetros
de la lógica y la experiencia.
7. Impugnación
El actor presentó impugnación y le fue concedida con auto de 5 de julio de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01937-01
Demandante: Francisco Javier Salazar Montoya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Como planteamiento en contra de la sentencia de primera instancia el demandante
afirmó que, contrario a lo decidido, la acción de tutela sí superó el requisito de
relevancia constitucional porque su caso trata sobre el error “excepcional y
protuberante” que cometió la autoridad demandada en la valoración de las pruebas
porque omitió los testimonios y documentos que demostraban la subordinación y
dependencia en la relación laboral.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
delimitación del asunto y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Delimitación del asunto.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01937-01
Demandante: Francisco Javier Salazar Montoya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las sentencias
proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los
argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido
de la providencia de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de
decisión de la presente providencia.
Lo anterior, aunado a que esa sentencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y trabajo,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 29 de febrero de 2024
proferida por esa autoridad judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no. 66001-23-33-000-2014-00486-01.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse
con el requisito de relevancia constitucional con fundamento en lo siguiente:
1) Para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional,
la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar varios
elementos, siendo uno de ellos que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional a las del proceso ordinario en que fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger
derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente
a la decisión judicial.
2) Para el actor en la providencia judicial atacada se incurrió en un defecto fáctico,
no obstante, para esta Sala resulta claro que los fundamentos que soportaron la
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01937-01
Demandante: Francisco Javier Salazar Montoya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
acción de tutela se dirigieron de manera exclusiva a discutir argumentos que ya
fueron expuestos en la apelación que presentó en el proceso ordinario, los cuales
fueron debatidos y decididos en el trámite procesal correspondiente.
3) Los planteamientos de la demanda de tutela para invocar la configuración de
tales defectos son una insistencia de aquellos expuestos en el curso del proceso
ordinario, según los cuales la decisión cuestionada valoró indebidamente las
pruebas que daban cuenta de los elementos de subordinación y dependencia
necesario para declarar la existencia de una relación laboral entre el señor
Francisco Javier Salazar Montoya y el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
ESE.
4) En efecto, la parte demandante apeló la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda y expuso así las razones de contradicción que sirvieron
de fundamento a la acción de tutela:
“En la sentencia motivo de apelación el Honorable Magistrado manifiesta
que la Sala sustentará la tesis de considerar que no se demostró la
configuración de todos los elementos de la relación laboral,
particularmente la subordinación o dependencia continuada, lo anterior,
teniendo en cuenta la carga probatoria que le asiste a la parte
demandante, cuando pretende desvirtuar una relación cooperativa de
trabajo o la prestación de servicios temporales en beneficio de una entidad
pública. (...).
En el caso de mi poderdante si se demuestra, la prestación personal del
servicio, una remuneración o contraprestación económica y una
subordinación y dependencia, amén de la permanencia de la labor antes
referida, quedarían desvirtuados los contratos de prestación de servicios
y en su lugar surgiría la existencia de una verdadera relación laboral de la
que se derivan derechos salariales y prestacionales. En cuanto a la
prestación personal del servicio, se evidencia que el señor Francisco
Javier Salazar se ha desempeñado y se desempeña, como Médico
General con vinculación a través de contrato individual de trabajo con
diferentes Empresas temporales, las cuales, desde el 1 de abril de 2005
hasta la actualidad, le han asignado como sitio de trabajo la E.S.E.
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, a lo cual se acredita igualmente
con lo manifestado por el señor Pio Eugenio Vélez, Diana Matilde López
Gaviria, Sanery Toro Restrepo, en la declaración rendida en la audiencia
de pruebas llevada a cabo en el presente asunto, cuando afirma que él
señor Francisco Javier Salazar ha prestado sus servicios profesionales
como médico para la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
desarrollando las funciones propias de los médicos de planta de dicha
entidad en el servicio de consulta externa; así mismo indicó que los
elementos de trabajo con los que el demandante trabajaba, eran
suministrados por el Hospital. (...).
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Demandante: Francisco Javier Salazar Montoya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Ahora, en relación con la subordinación, los citados testigos afirman que
el señor Francisco Javier Salazar, se desempeñó como médico general
en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, cumpliendo un
horario, el cual “era entregado por la enfermera jefe coordinadora de
consulta externa.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI)
5) Tales argumentos fueron decididos por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la sentencia de 29 de febrero de 2024 en los siguientes
términos:
“(...) [Frente a la prestación del servicio directamente con la entidad
demandada, se tiene que este se suscribió con el propósito de brindar su
asistencia profesional en el programa de atención domiciliaria. De este
acuerdo contractual se evidencia que el demandante se ocupaba de una
actividad específica y de campo a cargo del hospital mas no, de
actividades propias y cotidianas del personal asistencial de la entidad.
Además, si se analizan las declaraciones de los señores Diana Matilde
López Gaviria, Pio Eugenio Vélez Sáenz, Luz Adriana Ordoñez y Sanery
Toro Restrepo, se logra determinar de manera general que el demandante
se desempeñó como médico general de la E.S.E. Hospital Santa Mónica
de Dosquebradas, pero no se obtienen mayores detalles al respecto.
En ese sentido, los señores Pio Eugenio Vélez Sáenz y Diana Matilde
López Gaviria indicaron que ingresaron a la institución médica
demandada en el 2008 y 2005, respectivamente, y, que, en esas
anualidades conocieron al señor Salazar Montoya, sin saber cuál era
la modalidad en la que se vinculó a la institución y las condiciones
de la remuneración.
Indicaron que el demandante atendía un horario y una programación
impuestos por la entidad, en los turnos diseñados para el servicio
asistencial habitualmente de ocho horas diarias, que debía acatar las
instrucciones y órdenes de la jefe de enfermería encargada de la rotación
de los médicos y de la asignación de agenda y solicitar permiso para
ausentarse. (...)
En ese sentido, la Sala considera que existen contradicciones en cuanto
a si el profesional atendía o no un horario o si ejecutó su labor de manera
independiente según su disponibilidad. Tampoco se logra acreditar la
sujeción a órdenes o instrucciones, por parte del contratista en el período
aquí revisado frente al ente demandado y la necesidad de solicitar
permiso o agotar algún trámite previo en caso de requerir ausentarse de
sus tareas.
Si bien se tiene prueba de algunas situaciones aisladas en ese sentido,
por ejemplo, las agendas de uno o dos días de 2005 con programaciones
de máximo 8 o 9 horas, estas denotan es una prestación esporádica y
temporal de los servicios de consulta de medicina general o consulta
externa. (...)
Así, al realizar una valoración integral de los medios de prueba, se
advierte que, si bien es claro que el actor prestó sus servicios a la E.S.E.
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas como médico general, no se
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tiene certeza de las condiciones en que desarrolló esa labor o de las
circunstancias y términos en que se suscitaron los diferentes vínculos con
las compañías de trabajo asociado o empresas de servicios temporales.”.
(negrillas adicionales - archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI).
6) Así entonces, la discusión planteada por el actor en la acción de tutela, según la
cual la providencia proferida por la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto fáctico porque no tuvo en cuenta el acervo probatorio que demostraba los
elementos de subordinación y dependencia de una relación laboral encubierta, en
particular los testimonios rendidos por los señores Pio Eugenio Vélez y Diana
Matilde López ya fue materia de análisis en la sentencia cuestionada.
7) A partir del análisis probatorio que el demandante invocó como errado, en un
claro ejercicio de autonomía judicial, el tribunal estableció que, si bien el actor prestó
sus servicios a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas como médico
general, no se demostró las condiciones en que desarrolló tales labores.
8) La autoridad demandada evaluó las pruebas presentadas, entre ellas incluyendo
los testimonios de Pio Vélez y Diana López y concluyó que no se probó la existencia
de una relación laboral subordinada por lo cual pretender reabrir este debate
mediante el ejercicio de la acción de tutela es buscar socavar la autonomía e
independencia de los jueces ordinarios.
9) La acción de tutela contra providencias judiciales debe enfocarse en la protección
de derechos fundamentales y no en corregir decisiones judiciales basadas en una
interpretación probatoria que se evidencia razonable, en este caso, el demandante
pretende que se revalúe la prueba, lo cual es una función del juez ordinario, no así
de este mecanismo de amparo.
10) Así las cosas, es claro que en este caso el actor pretende revivir la discusión
surtida en el proceso ordinario y resuelta por los jueces naturales en primera y
segunda instancia, por lo cual es evidente que buscó emplear la acción de tutela
como una tercera instancia para obtener una decisión favorable a sus intereses en
el proceso en que se profirió la providencia atacada.
11) Por consiguiente, en la medida que para el juez constitucional está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia, so pena de
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Demandante: Francisco Javier Salazar Montoya
Acción de tutela – Impugnación de fallo
desconocer la estructura de la administración de justicia, así como los principios de
seguridad jurídica y juez natural, se confirmará la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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