Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00486-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00486-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2014-00486-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de febrero de 2024
Radicación: 66001233300020140048601 (3324-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00486-01 (3324-2020)
Demandante: Francisco Javier Salazar Montoya
Demandado: E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios, cooperativas de trabajo asociado y empresas
temporales -Médico General
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2.020) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Francisco Javier Salazar Montoya instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra de la E.S.E Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio 1510 del 22 de julio de 2014, por medio del cual
la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas negó la existencia de la relación
laboral y el pago de las prestaciones salariales y sociales dejadas de cancelar desde
el 2 de enero de 2005 hasta la fecha de presentación de la demanda (21 de
noviembre de 2014), cuando se desempeñó como médico general del ente
mencionado. De manera subsidiaria, se aplique la excepción de inconstitucionalidad
y considere lo previsto en los artículos 23 y 53 de la Constitución Política.
A título de restablecimiento del derecho, que se declare que entre él y el hospital
demandado existió una relación laboral subordinada y, como consecuencia, que el
segundo está obligado a pagar las diferencias salariales resultantes entre lo que
recibió y lo devengado por un empleado de planta con sus mismas funciones, la
prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y las demás
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prestaciones a que tenía derecho.
Que reconozca las indemnizaciones por falta de pago de los salarios y prestaciones
sociales y por mora en la cancelación de las cesantías; compense las sumas
pagadas por los aportes a la seguridad social en salud, pensión y riesgos
profesionales e indexe y ajuste los valores y acreencias reconocidas y, que la
demandada dicte un acto administrativo en el que lo vincule a su planta de personal.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas como
médico general entre el 2 de enero de 2005 y la fecha de presentación de la
demanda (21 de noviembre de 2014), de manera ininterrumpida.
Que su vinculación a la entidad fue a través de las cooperativas de trabajo asociado
Multifuncional de Servicios Profesionales COOMULTISERPRO, Seleccionemos de
Colombia SERSALUD UT y Servicios Temporales Empacamos S.A., con quienes
suscribió acuerdos cooperativos de trabajo asociado, contratos de trabajo o de obra
o labor determinada.
Que, a pesar de tener este tipo de vinculación, en la práctica, su empleador fue el
ente hospitalario, pues atendió sus órdenes e instrucciones, cumplió el horario
impuesto y el reglamento interno de trabajo, usó uniforme, atendió las directrices
del gerente y del jefe de consulta externa de la E.S.E. y presentó los respectivos
informes sobre la ejecución de sus funciones.
Que sus actividades eran iguales a las de un médico de consulta externa del
programa de asistencia domiciliaria, tenía turnos de ocho horas diarias todos los
días de la semana, incluidos los domingos y festivos. Y que, por eso existió una
verdadera relación laboral con el hospital demandado.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida por auto del 3 de junio de 2015 y notificada a la entidad
demandada, quien se opuso a las pretensiones, argumentando que no tuvo ningún
vínculo legal, reglamentario o contractual con el demandante y que no podía definir
si hizo parte de las empresas cooperativas con las que contrató la prestación de
servicios o actividades profesionales y asistenciales en varias anualidades.
Que la parte demandante no acreditó la subordinación, el direccionamiento o
instrucción en sus actividades, la sujeción a un horario o al reglamento interno de
trabajo y no lo pudo hacer, porque no recibió ninguna orden y la entidad no impuso
o programó los turnos de los prestadores externos, aquellos eran convenidos con
las empresas contratistas; además, las funciones encomendadas al demandante
estaban comprendidas en los servicios que contrató con las empresas privadas.
Que no ejerció ningún tipo de vigilancia o control sobre el actor pues el personal
asociado a la cooperativa prestadora de los servicios tenía una persona particular
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encargada de la supervisión técnica y, solamente, se ceñían a las guías de atención
en salud.
Propuso como excepciones, la falta de legitimación en la causa por pasiva, la
proposición jurídica incompleta y la prescripción trienal de las prestaciones.
Se celebró audiencia inicial el 25 de noviembre de 2016, en la que se fijó el litigio,
se agotó la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la audiencia
para su práctica. Surtido el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término
oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del veintiocho (28) de
febrero de dos mil veinte (2.020), negó las pretensiones, considerando que el
demandante no probó el vínculo contractual o asociativo que suscribió con las
cooperativas de trabajo con las que la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas contrató los servicios de carácter asistencial profesional durante las
vigencias 2006, 2007, 2008 y 2012, que servían de sustento para reclamar el
reconocimiento de la relación laboral encubierta.
Que si bien las empresas ETEMCO S.A. y Servitemporales certificaron que el señor
Francisco Javier Salazar Montoya laboró para ellas entre el 6 de septiembre de 2012
y el 16 de enero de 2013 y el 17 de enero y el 22 de mayo de 2013, respectivamente,
a través de contratos de obra o labor y que prestó sus servicios como médico para
la E.S.E. demandada, aquello no era suficiente para establecer de manera clara
cuanto tiempo estuvo vinculado y bajo qué términos se presentó, siendo necesario
analizar la temporalidad de tales vinculaciones para determinar la práctica irregular
de la tercerización laboral.
Que merecía especial atención que el único contrato de prestación de servicios
suscrito entre el demandante y la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
tuvo una duración de seis meses, iniciando el 15 de abril de 2005 y el 31 de
diciembre del año mencionado y, que, en ese período, la Cooperativa Multifuncional
de Servicios fue quien realizó los aportes a pensiones, según el extracto del Fondo
de Administración Pensional Porvenir S.A. Y, que existían períodos en los que dos
empleadores realizaban cotizaciones de manera concomitante y mensual.
Que los testimonios dieron cuenta de ciertas situaciones del ejercicio como médicos
en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, pero no ofrecían información
precisa en cuanto a las fechas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
vinculación del demandante, situaciones de las cuales no se tiene prueba adicional.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación argumentando que sí
acreditó los elementos de la relación laboral con la entidad demandada, pues la
E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y diferentes cooperativas
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suscribieron múltiples contratos de prestación de servicios asistenciales, vigentes
desde el 2005 hasta la fecha de interposición del recurso.
Que su verdadero empleador es el ente hospitalario y, en ese orden, es quien debe
asumir el pago de las prestaciones salariales y sociales a las que tiene derecho,
teniendo en cuenta la prohibición a las entidades públicas de utilizar empresas de
servicios temporales para vincular de manera permanente trabajadores para
atender los servicios a su cargo.
Que las pruebas documentales y testimoniales permiten evidenciar que el
demandante se desempeñaba como médico general de la E.S.E. Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas desde el 15 de abril de 2005 hasta la fecha de
interposición del recurso de apelación, a través de la intermediación de empresas
de servicios temporales.
Solicitó revocar la decisión de primera instancia para en su lugar conceder.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Mediante auto del 25 de noviembre de 2020 se admitió el recurso y de conformidad
con el art. 247 de la ley 1437 de 2011, se dio traslado por el término de 10 días para
la presentación de los alegatos de conclusión, posteriormente se corrió el mismo
término para el Ministerio Público.
La parte demandante reiteró que se desempeñó como médico general en el área
de consulta externa desde el 2005 como lo manifestaron los testigos, con turnos
que eran programados por la gerencia de la E.S.E., que recibía capacitaciones y
órdenes de la dirección y que debía solicitar cualquier cambio en sus turnos a la jefe
de enfermería de planta encargada de esa labor.
Que, durante este tiempo se acreditó que prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital
Santa Clara de Dosquebradas a través de la intermediación y/o intervención de
diferentes empresas temporales.
La parte demandada afirmó que el demandante no expuso con claridad la acción
u omisión atribuida a la entidad a partir de la cual fundamenta la transgresión de sus
derechos; tampoco acreditó los extremos laborales y, de esta manera, la prestación
continua, ininterrumpida y permanente de sus servicios profesionales, que sus
afirmaciones son generalizadas y no cuentan con ningún respaldo probatorio.
Que las pretensiones de la demanda no son procedentes porque el actor busca que
se reconozcan los emolumentos laborales que fueron pagados por las empresas
temporales con las que se vinculó a través de contratos de trabajo o de tipo
asociativo.
Que, las pruebas demostraban que el demandante no presentó ninguna
reclamación o inconformidad sobre el pago de salarios o prestaciones sociales,
pudiéndose concluir que actuaba de manera autónoma desde el punto de vista
técnico y administrativo y, que no fue obligado a suscribir ningún arreglo salarial o
cooperativo.
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Que la contratación con terceros obedece a razones económicas en beneficio del
patrimonio estatal y no a meras discrecionalidades del funcionario, lo cual cuenta
con respaldo del Ministerio de la Protección Social.
Que, las partes no tuvieron ningún vínculo legal, reglamentario o contractual, que
su labor en la entidad fue como trabajadora en misión de las empresas con las que
adquirió los servicios asistenciales y técnicos, a las que les canceló las liquidaciones
y compensaciones correspondientes.
La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado, conceptuó
solicitando confirmar la sentencia, en la medida que el demandante no probó que
se encontraba bajo una relación de orientación y mando, de tal forma que no podía
ejercer de forma libre y autónoma su actividad, por encontrarse sujeto a las órdenes
de los superiores.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de
la prestación de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, el actor
tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con
ocasión de esa relación.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el
actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
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subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
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Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
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107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».
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133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación número:
68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
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Radicación: 66001233300020140048601 (3324-2020)
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer:
Que el señor Francisco Javier Salazar Montoya celebró un contrato de prestación
de servicios con la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas con el objeto de
«prestar sus servicios profesionales como médico general, en el programa de
Atención Domiciliaria a pacientes con patologías crónicas, de acuerdo al plan de
actividades que fijará y supervisará la E.S.E. Además realizar el seguimiento al logro
de las metas establecidas en las actividades de protección específica, detección
temprana y atención de las enfermedades de interés en salud pública».
El valor de este fue de $ 15.000.000. y el plazo fue del 15 de abril de 2005 al 31 de
diciembre del mismo año2.
Que la entidad demandada suscribió contratos de compraventa de servicios
asistenciales, los cuales se resumen así:
• Contratos No. 002 y 013 de 2005, 001, 003, 012 y 013 de 2006 y 003 de
20073 con la Cooperativa Multiactiva de Servicios Profesionales
COOMULTISERPRO, con el objeto de «prestar los servicios de carácter
asistencial con sus asociados, que requiera la E.S.E. para las diferentes
áreas del hospital».
• Contrato 014 de 2007 con la empresa Seleccionemos de Colombia Ltda.,
para la «venta de servicios para la ejecución parcial de procesos que
corresponden a las áreas de consulta ambulatoria, internación, urgencias y
administrativa», cuya vigencia fue del 1 de febrero al 31 de mayo de 20074.
• Contrato 019 de 2014 con el Consorcio Servi-Salud, que tuvo por objeto:
«suministrar y administrar el personal profesional en el área médico
asistencial, para cumplir con los contratos que tiene la ESE». La vigencia de
este acuerdo fue por cuatro meses iniciando el 30 de junio de 20145.
Se aportó también el contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre el
demandante y la empresa SERSALUD U.T con fecha de inicio 1 de enero de 2009
donde se indicó que el sitio de trabajo sería la E.S.E demandada en el cargo de
médico general.
Se tiene certificación expedida por la entidad demandada, donde se observa que
esta suscribió acuerdos con las empresas denominadas Servicios de Salud y
Bienestar U.T., ETEMCO S.A.S., TEMPOCCIDENTE, Resultados y Beneficios
S.A.S. y Misión Plus S.A.S., para adquirir el suministro de personal de apoyo,
administración y profesional del área médico asistencial entre los años 2010 y
20176.
Obra certificación laboral expedida por Servitemporales S.A., en la que se indicó
que el demandante laboró para la compañía con contratos de obra o labor
2 ff. 70 a 73 del Cuaderno Principal 1.
3 ff. 112-145 del Cuaderno Principal 1.
4 ff. 148 a 152 ibidem.
5 ff. 210 a 212 del Cuaderno Principal 2.
6 ff. 329 a 33 del Cuaderno Principal 3.
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contratada prestados a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas como
médico general, con fecha de ingreso el 17 de enero de 20137.
Por su parte, ETEMCO S.A.S., certificó que el señor Francisco Javier Salazar
Montoya estuvo vinculado a la empresa desde el 6 de septiembre de 2012 hasta el
16 de enero de 2016 mediante contratos de obra o labor, desarrollando actividades
asistenciales como médico, en cumplimiento de los acuerdos negociales que pactó
la empresa con el ente hospitalario demandado8.
Las anteriores pruebas dan cuenta en primer lugar que la E.S.E. Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas suscribió múltiples contratos para el suministro de
personal médico y asistencial con cooperativas de trabajo asociado y empresas de
servicios temporales. En segundo lugar, que el demandante prestó sus servicios
como médico general a la entidad demandada, inicialmente, a través de diferentes
modalidades de vinculación, esto es, por contrato de prestación de servicios directo
con esta entre el 15 de abril y el 31 de diciembre de 2005 y, posteriormente, por
intermedio de cooperativas de trabajo asociado o empresas temporales y, como
trabajador en misión, con ocasión del contrato individual de trabajo, desde la
terminación del acuerdo referenciado y el 21 de noviembre de 2014.
En cuanto al segundo período, la Subsección considera que si bien se presentaron
certificaciones acerca de su vinculación tanto con la empresa SERVITEMPORALES
S.A como con ETEMCO S.A.S, no obra otro medio de prueba conducente que dé
cuenta de las características y condiciones de la labor desempeñada en la entidad
demandada, así como la forma en que se desarrolló el vínculo con las cooperativas
de trabajo asociado o las empresas de servicios temporales contratistas de la E.S.E
en las que ejerció su labor como médico general en el aludido hospital.
De esta forma, si bien es cierto esta corporación en múltiples oportunidades9 ha
abordado el estudio de la relación laboral encubierta frente a entidades estatales
cuando aquellas acuden a la intermediación laboral, concretamente, a través de
cooperativas de trabajo asociado, entendiendo que existe un vínculo y sometimiento
subordinado y, que aquel, ocurre con el tercero contratante de la labor, en el
presente asunto, a partir de las pruebas no logra probarse algo más allá que el
vínculo existente, sea asociativo, contractual o laboral entre el demandante y las
diferentes empresas de trabajo asociado o temporales pues no se tienen mayores
elementos para determinar las circunstancias en que se desarrollaron dichas
vinculaciones ni los periodos en que se llevaron a cabo las mismas.
Se insiste que de la documentación se establece que la demandada suscribió
múltiples contratos para el suministro de personal médico y asistencial con
cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales; sin embargo,
no logra identificarse con precisión las condiciones y particularidades de las
vinculaciones entre el demandante y las diferentes compañías temporales o
cooperativas de trabajo, imposibilitándose, de esta forma, el análisis de si existió o
no alguna clase de intermediación o tercerización laboral, en los términos
7 f. 69 del Cuaderno Principal 1.
8 F. 309 del Cuaderno Principal 3.
9 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 2012-00153-01 (2277-2016); del 28 de abril
de 2022, expediente 2014-00384-01 (2728-2021) y del 27 de abril de 2016, expediente 2012-00241 (2525-
2014).
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pretendidos en el proceso.
Frente a la prestación del servicio directamente con la entidad demandada, se tiene
que este se suscribió con el propósito de brindar su asistencia profesional en el
programa de atención domiciliaria. De este acuerdo contractual se evidencia que el
demandante se ocupaba de una actividad específica y de campo a cargo del
hospital mas no, de actividades propias y cotidianas del personal asistencial de la
entidad.
Además, si se analizan las declaraciones de los señores Diana Matilde López
Gaviria, Pio Eugenio Vélez Sáenz, Luz Adriana Ordoñez y Sanery Toro Restrepo,
se logra determinar de manera general que el demandante se desempeñó como
médico general de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, pero no se
obtienen mayores detalles al respecto.
En ese sentido, los señores Pio Eugenio Vélez Sáenz y Diana Matilde López Gaviria
indicaron que ingresaron a la institución médica demandada en el 2008 y 2005,
respectivamente, y, que, en esas anualidades conocieron al señor Salazar Montoya,
sin saber cuál era la modalidad en la que se vinculó a la institución y las condiciones
de la remuneración.
Indicaron que el demandante atendía un horario y una programación impuestos por
la entidad, en los turnos diseñados para el servicio asistencial habitualmente de
ocho horas diarias, que debía acatar las instrucciones y órdenes de la jefe de
enfermería encargada de la rotación de los médicos y de la asignación de agenda
y solicitar permiso para ausentarse.
Por su parte, las señoras Luz Adriana Ordoñez y Sanery Toro Restrepo afirmaron
que desconocían los períodos en los que se vinculó el demandante a la E.S.E.
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y no tenían claridad frente a la forma o
figura contractual que dio lugar a la prestación del servicio por parte del profesional
de la salud.
La primera de las mencionadas, jefe de enfermería coordinadora de consulta
externa, señaló que el demandante no cumplió ningún horario de trabajo, su
programación era variable y dependía de la oferta de horas de las empresas
temporales que suministran el personal médico y asistencial, quienes coordinaban
las agendas con los prestadores.
Que no tramitó ningún permiso o autorización de ausencia del médico Francisco
Javier Salazar Montoya, pues, en su función, únicamente, recibía el reporte de la
novedad de la empresa externa y el reemplazo o la reprogramación.
La segunda, del área jurídica administrativa de la entidad, detalló el proceso de
contratación de servicios asistenciales con las empresas temporales, la
interventoría y supervisión de la que es objeto, pero nunca se refirió al caso
específico del demandante.
En ese sentido, la Sala considera que existen contradicciones en cuanto a si el
profesional atendía o no un horario o si ejecutó su labor de manera independiente
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según su disponibilidad. Tampoco se logra acreditar la sujeción a órdenes o
instrucciones, por parte del contratista en el período aquí revisado frente al ente
demandado y la necesidad de solicitar permiso o agotar algún trámite previo en caso
de requerir ausentarse de sus tareas.
Si bien se tiene prueba de algunas situaciones aisladas en ese sentido, por ejemplo,
las agendas de uno o dos días de 2005 con programaciones de máximo 8 o 9 horas,
estas denotan es una prestación esporádica y temporal de los servicios de consulta
de medicina general o consulta externa.
Es pertinente resaltar que, aunque en otras oportunidades, esta Sala de decisión
condenó a las empresas prestadoras de servicios de salud por el encubrimiento de
relaciones labores con personal vinculado como médicos generales al ser esta una
actividad propia del giro ordinario de estas entidades, en este caso, no existen
elementos probatorios contundentes sobre el tiempo, modo y lugar en que el
demandante ejecutó su labor.
Así, al realizar una valoración integral de los medios de prueba, se advierte que, si
bien es claro que el actor prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas como médico general, no se tiene certeza de las condiciones en que
desarrolló esa labor o de las circunstancias y términos en que se suscitaron los
diferentes vínculos con las compañías de trabajo asociado o empresas de servicios
temporales.
Por tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del recurso
de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida en su escrito expuso
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no
se impondrá condena en costas en esta instancia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte
(2.020) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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