Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2016-00304-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2016-00304-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2016-00304-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022)
Demandante: Armando Pinilla Rincón
Demandado: E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá
Tema: Relación laboral encubierta/Médico general
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia de 16 de
junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la
cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada de cobro de lo no debido, pago e inexistencia de subordinación y, en
consecuencia, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda: Se propusieron las siguientes:
• Que se declare la nulidad del acto administrativo No. 2990 del 5 de octubre de
2015, expedido por la Empresa Social del Estado2 Hospital La Misericordia de
Calarcá – Quindío, por medio del cual negó el reconocimiento de los derechos y
acreencias laborales reclamados por el señor Armando Pinilla Rincón por el
período comprendido entre el 1 de febrero de 2012 hasta el 29 de abril de 2015.
• Como consecuencia, se declare que entre la E.S.E Hospital La Misericordia de
Calarcá – Quindío y el señor Armando Pinilla Rincón existió una relación laboral
encubierta.
11.DemandaPoder.pdf Expediente digital.
2 En adelante E.S.E.
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Demandante: Armando Pinilla Rincón
• Que se declare que la relación laboral encubierta se dio por terminada de
manera injusta y unilateralmente por la entidad.
• Consecuencialmente se reconozca y pague al señor Armando Pinilla Rincón: i)
el reajuste o incremento de todos los salarios que percibió entre el 1 de febrero
de 2012 y el 29 de abril de 2015, en el equivalente a lo devengado en ese período
un médico general hospitalario del área de urgencias gineco-obstetricias en la
E.S.E; ii) todas las prestaciones sociales reajustadas a la liquidación pertinente y
de conformidad al reajuste salarial que devengaba un médico general del área
de urgencias gineco-obstetricias; iii) el pago de las prestaciones asistenciales de
seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con el salario
devengado por un médico general del área de urgencias gineco-obstetricias; iv)
pago de horas extras, recargos nocturnos, dominical y festivos; v) pago por la no
consignación de las cesantías; y, vi) se declare la ineficacia o ilegalidad del
despido y se ordene el consecuente reintegro al cargo.
• Subsidiariamente, en caso de no prosperar el reintegro, solicitó que se condene
a la demandada a la indemnización por el despido sin justa causa y al pago de
las prestaciones sociales liquidadas con base en la escala salarial de un cargo
de igual o superior jerarquía al de un médico general hospitalario del área de
urgencias gineco-obstetricias.
• Que se dé cumplimiento a la condena impuesta de acuerdo con lo establecido
en el artículo 192 del CPACA, se condene a la demandada al pago de costas
procesales y agencias en derecho en favor del demandante.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
Se dice en la demanda que, Armando Pinilla Rincón laboró en la E.S.E Hospital
La Misericordia de Calarcá – Quindío en el cargo de médico general hospitalario
en el área de urgencias gineco-obstétricas, desde el 1 de febrero de 2012 hasta
el 29 de abril de 2015, «sin que llegare a presentar inconveniente alguno con su
labor (…) y sin que se presentara solución de continuidad».
En el desarrollo del servicio, el actor siempre recibió órdenes del director o de la
parte administrativa de la E.S.E, en cuanto a su horario, cantidad, modo, forma y
lugar de trabajo.
El servicio de médico general en el área de urgencias gineco-obstétricas es
constante en la E.S.E, por lo que resulta ser una necesidad permanente y no
ocasional o esporádica; aunado al hecho que los horarios de trabajo fueron
generalmente con recargo nocturno, dominical y festivo.
Que la entidad lo contrató por medio de terceros o cooperativas de trabajo tales
como Cooperativa de Trabajo Asociado «ZARZALUD», el sindicato de
trabajadores de servicios varios y las Empresas de Servicios Temporales (EST)
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Soluciones Efectivas S.A.S y Temporalmente. Por tanto, pese a que el servicio
fue ejecutado a su favor, el pago de los salarios y demás emolumentos fueron
cancelados por diferentes empresas de servicios temporales.
El 5 de mayo de 2015 la última empresa de servicios temporales que fungió como
intermediaria de la relación laboral, le notificó que su contrato con la E.S.E había
terminado a partir del 28 de abril del 2015.
Por lo anterior, en el mes de septiembre de 2015 presentó reclamación
administrativa, con la finalidad que le fueran reconocidos sus derechos laborales.
Sin embargo, dicha solicitud fue respondida de forma negativa mediante acto
administrativo No. 2990 de 5 de octubre del mismo año.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Se ponen de presente como normas vulneradas las siguientes: de la Constitución
Política los artículos 1, 2, 4, 11, 13, 25, 43, 53, 54 y 300 numeral 6; artículo 4 y
siguientes de la Ley 4 de 1992; artículos 5, 137, 177 y 178 de la Ley 1437 de
2011; artículo 71 de la Ley 50 de 1990; artículo 59 de la Ley 1438 de 2011;
artículo 18 de la Ley 1751 de 2015; artículo 21 de la Ley 909 de 2004; Decreto
770 de 2005; Decreto 785 de 2005; Decreto 1227 de 2005 y artículo 6 del Decreto
4369 de 2006.
A partir de la normativa en cita, aduce que constitucionalmente se ha consagrado
la protección fundamental del derecho al trabajo como una prerrogativa que
protege la dignidad humana y los fines esenciales del Estado. Añadiendo que
dicha protección se extiende a las personas naturales que realizan funciones
propias de las entidades del Estado, con la configuración de los elementos
esenciales de una relación laboral y en las mismas condiciones que el personal
de planta de la entidad.
Alegó que, en el caso bajo estudio, la ejecución de las actividades realizadas por
el demandante no fue autónoma, porque estas eran inherentes a la E.S.E y
existió continuidad en su servicio. De ahí que la entidad demandada no podía
desmejorar sus condiciones laborales o encubrir la relación laboral con la
aplicación de figuras jurídicas distintas, tales como las empresas de servicios
temporales, pues con ello se desconocieron los preceptos legales y
constitucionales que protegen el trabajo en Colombia. Por tanto, su resarcimiento
solo es posible con el pago en favor del actor de las acreencias laborales y
prestaciones sociales acorde con la realidad laboral que existió entre las partes
y las sanciones establecidas por la ley para ese caso.
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1.4. Contestaciones de la demanda3
1.4.1 A través de apoderado judicial, la E.S.E Hospital la Misericordia de
Calarcá, contestó la demanda manifestando su oposición a todas las
pretensiones invocadas, al considerar que el actor no tiene derecho a exigir el
pago de las prestaciones sociales, pues con las pruebas allegadas no se advierte
la configuración de la relación laboral encubierta.
Expresó que, si bien el demandante prestó sus servicios en el centro hospitalario,
este fue realizado por medio de empresas de servicios temporales, por lo que no
recibió órdenes del director de la entidad para su desarrollo.
No era cierto que la entidad hubiera desnaturalizado el tipo de contratación, ya
que en ningún momento ha violentado el orden jurídico nacional en la realización
de las actividades contratadas. Al tiempo que las actividades realizadas por el
demandante se debieron a las necesidades de la entidad y a la imposibilidad de
satisfacerlas con su personal de planta.
Por último, propuso como excepciones las siguientes: i) falta de litisconsorte
necesario; ii) falta de legitimación por pasiva; iii) cobro de lo no debido; iv) pago;
v) inexistencia de subordinación; vi) prescripción; vii) caducidad de la acción; viii)
buena fe; ix) falta de jurisdicción y competencia y x) genérica.
1.4.2 La llamada en garantía LIBERTY SEGUROS S.A.4 contestó la demanda y
el llamamiento, manifestando que no le consta la existencia del vínculo laboral
que se alega existió entre las partes del proceso, dado que no fungió como
extremo de dicho contrato.
Por lo tanto, se atiene a lo que se encuentre «debidamente probado en el
expediente» y se opuso a la prosperidad de las pretensiones que se dirigen en
su contra, entre tanto «el demandante no demuestre haber reunido la totalidad
de los requisitos exigidos por la legislación para declarar la existencia de un
contrato de trabajo».
Por último, propuso como excepciones las siguientes: i) inexistencia de la
obligación demandada por inexistencia de contrato de trabajo; ii) inexistencia de
subordinación como elemento esencial de configuración de la relación laboral
reclamada; iii) inexistencia de solidaridad entre la E.S.E Misericordia y Soluciones
Efectivas Temporal S.A.S; iv) inexistencia de la obligación demandada por
inexistencia de los elementos que constituyen un contrato laboral; v) inexistencia
de la obligación de indemnizar por inexistencia de causa jurídica: vi) falta de
legitimación material en la causa por pasiva por parte de la E.S.E Hospital la
Misericordia; vii) inexistencia de subordinación como elemento esencial para la
configuración del contrato realidad; viii) improcedencia del reconocimiento de
3 24.ContestacDemanda.pdf Expediente digital
4 CONTESTACION DE DEMANDA Y LLTO GTÍA.pdf
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intereses moratorios; ix) prescripción trienal de las prestaciones laborales
reclamadas; x) cobro de lo no debido e intento de enriquecimiento sin causa; xi)
caducidad, compensación, prescripción y pago y xii) genérica.
1.4.3. La llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A. manifestó su
oposición a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar
que el acto administrativo demandado es legal.
Alegó que la empresa de seguros no cuenta con responsabilidad jurídica sobre
los hechos de la demanda, pues las cláusulas de las pólizas suscritas entre las
partes amparan «los salarios y prestaciones sociales» en caso de perjuicios que
se llegaren a ocasionar por el incumplimiento de las obligaciones del contratista
con sus trabajadores, lo cual no ocurre en el presente caso. Por último, como
excepciones al llamamiento, expresó las siguientes: i) exclusión de las pólizas
por ausencia de cobertura; ii) exclusión de emolumentos diferentes a salarios y
prestaciones; iii) exclusión de sanción moratoria; iv) límite del valor asegurado; v)
disponibilidad de valor asegurado, limitación de responsabilidad de seguros del
estado al monto de la suma asegurado por concepto de responsabilidad civil.
Artículo 1079 y 1111 del código de comercio; vi) condiciones generales y
exclusiones de las pólizas.
1.4.4. La llamada en garantía Soluciones Efectivas Temporal S.A.S.5 sostuvo
su oposición a todos los hechos y pretensiones que fundamentan una posible
responsabilidad de la empresa. Ya que no se puede predicar su solidaridad
respecto a las actuaciones de la E.S.E, comoquiera que la prestación de su
servicio se enmarca en la Ley 50 de 1990 y las prestaciones sociales exigidas
por el demandante se encuentran canceladas.
Propuso como excepciones de mérito las siguientes: i) falta de jurisdicción o
competencia; ii) buena fe; iii) cobro de lo no debido o inexistencia de la obligación;
iv) falta de legitimación en la causa por pasiva; v) caducidad; vi) prescripción; vii)
cumplimiento de las obligaciones contractuales como contratista y ausencia de
responsabilidad; viii) cumplimiento de las obligaciones contractuales como
empleador; ix) compensación.
1.4.5. Temporalmente S.A.S, llamada en garantía, no se pronunció en esta
etapa procesal.
1.5. Sentencia de primera instancia6
El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión, dictó sentencia
el 16 de junio de 2022, declarando la nulidad del acto administrativo demandado
y accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda (sin condenas en
costas). Así, en la parte resolutiva de la providencia en mención se dispuso lo
5 CONTESTACIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.pdf
6 Índice 102 del aplicativo SAMAI Expediente digital primera instancia.
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siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la
entidad demandada, denominadas (i) cobro de lo no debido, (ii) pago, e, iii)
inexistencia de subordinación.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido
en el oficio (sic) No. 2990 del 05 de octubre de 2015, por el cual la ESE
Hospital la Misericordia de Calarcá denegó el reconocimiento de la existencia
de un contrato realidad y del tiempo de servicios con fines pensionales.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho se dispone:
a) CONDENAR a la ESE Hospital la Misericordia de Calarcá a reconocer,
liquidar y pagar al señor Armando Pinilla Rincón el valor equivalente a la
totalidad de prestaciones sociales que se reconocen a los empleados
vinculados legalmente por parte de la entidad y que desempeñan similar
función (médico general), tomando como base para dicha liquidación los
honorarios contractuales pactados a favor del contratista en cada uno de los
contratos celebrados con las empresas de servicios temporales y/o
cooperativas, liquidación que deberá comprender desde el 1º de septiembre
de 2012 al 29 de abril de 2015, con deducción de los tiempos de interrupción
entre cada contrato.
De la liquidación que resulte de lo anterior, la ESE Hospital la Misericordia de
Calarcá restará el valor de lo pagado por concepto de prestaciones sociales
por Soluciones Efectivas Temporal SAS y SERVYSA, para los períodos
contractuales en las que estuvo vinculado el accionante como trabajador en
misión. Lo anterior para efectos de no incurrir en un doble pago.
b) CONDENAR a la ESE Hospital la Misericordia de Calarcá a que
determine mes a mes si existen diferencias entre los aportes que debieron
efectuar y los realizados por la respectiva empresa tercerizada por los
períodos en los que el demandante estuvo vinculado, esto es, del 1º de
septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012 y del 09 de enero de 2013 al
30 de abril de 2015. Para ello, la ESE demandada deberá tomar cada período
contractual del demandante para calcular su ingreso base de cotización (IBC)
pensional mes a mes, teniendo en cuenta los honorarios pactados en cada
contrato, y si existe diferencia entre los aportes realizados por la empresa
contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo
de pensiones donde se encuentre afiliado el demandante la suma faltante por
concepto de aportes a pensión en el porcentaje que le correspondería como
empleador. A su vez la parte actora tendrá la carga de cancelar o completar
el aporte, según sea el caso, en el porcentaje que le incumbía como
trabajador.
QUINTO: CONDENAR a la ESE Hospital la Misericordia de Calarcá a indexar
las sumas que resulten a favor del demandante de conformidad con lo
señalado en el último inciso del artículo 187 del CPACA, con la fórmula
establecida en esta providencia.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: NEGAR las pretensiones elevadas ante los entes llamados en
garantía: Soluciones Efectivas Temporal SAS, Temporalmente SAS, Liberty
Seguros y Seguros del Estado.
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OCTAVO: CONDENAR a la parte demandada a dar cumplimiento a la
sentencia y reconocer los intereses moratorios una vez ejecutoriada esta
providencia y hasta la fecha de su pago total o definitivo, según lo previsto en
los artículos 192 y 195 del CPACA.
NOVENO: Sin costas en esta instancia».
Para arribar a las anteriores conclusiones, el a quo consideró que con el material
probatorio allegado se constataron los elementos necesarios para declarar la
existencia de la relación laboral encubierta.
Sobre la prestación personal del servicio señaló que se probó con las distintas
pruebas documentales aportadas al proceso, tales como las certificaciones de
prestación de servicios y las copias de los contratos. Donde se extrae que,
Armando Pinilla Rincón, en virtud de los contratos celebrados con el sindicato de
trabajadores de Oficios Varios SERVYSA y Soluciones Efectivas Temporal S.A.S,
prestó sus servicios como médico general hospitalario de partos en los períodos
comprendidos entre el 1 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012
(mediante SERVYSA) y del 9 de enero de 2013 al 30 de abril de 2015 (mediante
Soluciones Efectivas Temporal S.A.S). añadió que no se probó la prestación del
servicio desde 1 de febrero de 2012, tal y como alegaba el demandante.
En punto a la remuneración indicó que era suficiente para su acreditación los
montos pactados en cada uno de los contratos, los extractos bancarios y las
certificaciones que se encuentran en el expediente.
En torno a la subordinación refirió que se configura a partir de la prueba
documental, los testimonios y el interrogatorio de parte. En efecto, expuso que el
demandante laboró como médico general hospitalario del servicio de partos en
la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá, donde se encontraba sujeto al
cumplimiento de horarios, órdenes y bajo la supervisión permanente de los
superiores jerárquicos tanto del área médica (especialista en ginecobstetricia),
como administrativa, lo que se traducía en la fijación de turnos.
Sostuvo que, si bien la testigo Gloria Mercedes Patiño Marín manifestó que la
programación del servicio era realizada por una persona que trabajaba
directamente en la empresa de servicio temporal, no pudo señalar su nombre,
mientras que el testigo Rafael Ignacio López dijo que era el «doctor Pardo –
médico de planta del hospital» quien se encargaba de realizar los turnos.
Resaltó que, la actividad para la cual fue contratado el demandante representó
una función inherente al objeto de la entidad demandada, por tratarse del servicio
público de salud. Al tiempo que fueron de carácter periódicas y permanentes,
prolongándose por más de dos años, lo que desvirtúa la autonomía e
independencia propia de la actividad contractual por extralimitar el concepto del
término «estrictamente indispensable».
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También señaló que si el actor tuviera contratos de prestación de servicios de
manera concomitante a la ejecución del servicio en favor de la entidad, no impide
la declaratoria de la relación laboral encubierta, en la medida en que «la misma
modalidad contractual le permitía (…) celebrar contratos de prestación de
servicios con similar objeto en otras entidades de salud, teniendo claro que el
análisis que aquí se realiza es solo respecto de las relaciones ejecutadas por el
demandante con el ente demandado».
Producto de lo anterior, dispuso la nulidad del acto acusado y el pago en favor
del actor de la totalidad de las prestaciones sociales que se le reconocen a los
empleados vinculados legal y reglamentariamente que desempeñan similar labor
(médico general hospitalario) durante los períodos comprendidos entre el 1 de
septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012 y del 9 de enero de 2013 a 30 de
abril de 2015.
Negó la solicitud de devolución de dineros cancelados por concepto de aportes
en salud y riesgos profesionales, por su improcedencia al constituirse como
aportes obligatorios de naturaleza parafiscal y el pago del auxilio de transporte,
auxilio de alimentación, prima de servicios, bonificación por servicios prestados,
horas extras, entre otros, ya que tales rubros resultan ser factores salariales para
quienes tienen la connotación de empleados públicos, lo que no se obtiene con
la declaratoria del contrato realidad. Además, se negó el reintegro por despido
sin justa causa y la sanción mora, dado el carácter constitutivo de la sentencia.
En cambio, sobre la devolución de los aportes cotizados en pensión, teniendo de
presente que el actor prestó sus servicios mediante empresas de servicios
temporales y/o cooperativas, se estimó en primera instancia que «la forma
correcta de ordenar su pago a título de restablecimiento del derecho es
determinando mes a mes si existen diferencias entre los aportes que debieron
efectuar y los realizados por la respectiva empresa tercerizada; para lo cual la
ESE demandada deberá tomar cada período contractual del demandante para
calcular su ingreso base de cotización (IBC) pensional, mes a mes, teniendo en
cuenta el honorario pactado en cada contrato, y si existe diferencia entre los
aportes realizados por la empresa contratista y los que se debieron efectuar,
deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones, donde se encuentre afiliado el
demandante, la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el
porcentaje que le correspondería como empleador, en el período en que se
demostró la relación laboral.
Por otra parte, resolvió desfavorablemente la solicitud de llamamiento en
garantía, porque la relación jurídico-procesal entre las llamadas con la entidad
enjuiciada resultaba ajena a la sustancial y principal objeto del proceso. La cual,
además, tiene como efecto una sentencia de carácter constitutiva de derechos.
En todo caso, expuso que ninguna de las pólizas suscritas entre la entidad y las
empresas llamadas ampara el resarcimiento o pago de salarios y prestaciones
sociales como resultado de una condena judicial ante la declaratoria de
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existencia de un contrato realidad.
1.6. Recursos de apelación
1.6.1. la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá7 presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, a fin de que fuera revocada y
en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda. Como argumentos de
la inconformidad, dijo lo siguiente:
• Hubo una indebida valoración del material probatorio, lo que conllevó que se
tuviera por acreditado el elemento de subordinación en el caso bajo estudio, pues
no se valoraron en debida forma las declaraciones de los testigos de la parte
demandante y las relaciones contractuales que tuvo con la E.S.E Redsalud
Armenia, de las cuales se concluye que no existió subordinación en la prestación
de sus servicios.
Los testigos Luz Clarena Santana Sierra y Rafael López, contrario a lo afirmado
por el a quo, no presenciaron la mayoría de las situaciones que el actor narra en
la demanda y sus dichos se fundamentan en suposiciones. Puntualmente, la
testigo Santana solo coincidió un año de servicio con el demandante y adujo no
presenciar la mayoría de los hechos.
Rafael López, por su parte, expresó desconocer los extremos contractuales del
servicio del actor, al tiempo que expuso que solo había un médico general por
turno en la entidad, lo que impide que hubiera compartido espacios en la
prestación del servicio. De forma que, todo lo indicado por el declarante se
fundamenta en comentarios del demandante, mas no en su conocimiento directo
de los hechos.
Por lo anterior, no se acreditó la existencia de subordinación de la entidad sobre
el actor en la prestación de su servicio. En cambio, este último estuvo vinculado
a los terceros Zarsalud y Soluciones Efectivas.
Tampoco se valoró la variabilidad de los honorarios recibidos por el demandante,
que eran indicativos de la movilidad de los turnos que mensualmente realizaba
y, por tanto, denotan su autonomía en la prestación de su servicio.
No se tuvo en cuenta en la sentencia que, según la jurisprudencia del Consejo
de Estado, para que se reconozca la existencia del contrato realidad, se exige
«una fuerza probatoria superior cuando el actor, como ocurre en este caso,
ejecuta una profesión liberal».
1.6.2. La parte demandante8 presentó recurso de apelación parcial en contra de
la sentencia de primera instancia, expresando lo siguiente:
7 Índice 106 del aplicativo SAMAI Expediente digital primera instancia.
8 Índice 105 del aplicativo SAMAI Expediente digital primera instancia.
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Demandante: Armando Pinilla Rincón
• Frente a la responsabilidad de las aseguradoras llamadas en garantía, discrepó
que el tribunal de instancia haya negado su responsabilidad argumentando
«escuetamente» que la sentencia tiene un efecto constitutivo, pero no analizó
con detenimiento todos los detalles de las pólizas de seguro y lo que se probó
dentro del proceso, que conllevó a la declaratoria de la relación laboral
encubierta.
• Difiere que, aunque Soluciones Efectivas Temporal S.A.S hizo parte integral de
la litis por pasiva, no se le condenó por el servicio prestado en favor de la E.S.E
Hospital la Misericordia de Calarcá. De esa manera, era necesario que se
condenara a la empresa al pago de los beneficios laborales a los que tiene
derecho el demandante.
• Alegó que, en la sentencia de primera instancia se incurrió en un error por
disponer el pago de las prestaciones sociales en favor del actor con base en los
honorarios que percibía. En tanto que el demandante no prestó sus servicios
como contratista, sino como empleado al servicio de empresas tercerizadas. Por
tanto, aduce que el pago de las prestaciones sociales debe realizarse con base
en los salarios completos recibidos mes a mes.
Añadió que el a quo erró al considerar que no constituyen prestaciones sociales
el auxilio de transporte, auxilio de alimentación, prima de servicios, bonificación
por servicios prestados, horas extras, entre otros, pues ello es contrario a los
preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales que protegen el derecho
a la igualdad y disponen cuales son los factores que constituyen salario para
liquidar las prestaciones sociales. Por lo cual, es necesario que se reconozca y
pague al actor los emolumentos que hubiera recibido como empleado público de
la planta de personal de la entidad.
• Alegó que no se le dio el debido valor probatorio a las vinculaciones que tuvo el
demandante en favor de la E.S.E a través de la empresa «ZARSALUD CTA». En
su criterio, esta vinculación estuvo probada, siendo la primera con la que laboró
en misión el actor en la E.S.E desde febrero del año 2012 al 15 de agosto de
2012 mediante los contratos 2012-0036 y 2012-072. De modo que, al no existir
interrupciones en las vinculaciones suscitadas entre las partes, es pertinente el
reconocimiento y pago a su favor de todos los emolumentos laborales a los que
tienen derecho los médicos de planta de la entidad en el período laborado.
1.7. Trámite en segunda instancia
Luego de admitirse en segunda instancia los recursos de apelación presentados
por las partes mediante proveído del 15 de septiembre de 2023 9, el procurador
delegado de intervención tercera ante el Consejo de Estado rindió concepto10, en
el cual solicitó que se confirmara la sentencia de primer grado, al considerar que
9 Visible en Índice 08 del aplicativo SAMAI de segunda instancia.
10 Visible en Índice 16 del aplicativo SAMAI de segunda instancia.
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se acreditó la relación laboral encubierta en el presente caso con los elementos
probatorios que se aportaron.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes consideraciones,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso12, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante o, cuando ambas partes hubieran
apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. No obstante, en
el presente caso, como cada una de las partes presentó recurso de apelación en
aspectos puntuales de la decisión de primera instancia, la competencia en
segunda instancia se ceñirá a lo dispuesto en los recursos.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Entre Armando Pinilla Rincón y la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá
existió una relación laboral encubierta en el período en que prestó sus servicios
como médico general en el área ginecobstetra, aún en el tiempo en que lo hizo
por medio de empresas tercerizadas de trabajo?
• De encontrarse acreditada la existencia de la relación laboral encubierta, se
debe determinar:
i) ¿acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal?;
ii) ¿el demandante tiene derecho al pago de las prerrogativas laborales
que reclamó en el recurso de alzada tales como auxilio de transporte,
auxilio de alimentación, prima de servicios, bonificación por servicios
prestados, horas extras?;
iii) ¿los emolumentos laborales reconocidos deben ser liquidados con
fundamento en los honorarios percibidos o con los salarios
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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devengados por un empleado público de la entidad con las mismas
funciones?;
iv) ¿las aseguradoras llamadas en garantía están llamadas a responder
por las pretensiones de la demanda?;
i) ¿Soluciones Efectivas Temporal S.A.S como supuesta contratista del
demandante debe ser condenada en el proceso?.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,13 constituye, junto con otros principios convencionales,14 un axioma laboral
de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
13 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
14 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa
Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede
matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de
las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se
materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del
prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera
idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los
servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
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No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política15.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de
la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles,
entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como
término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se
exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias
que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza
parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
15 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-
000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201616, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización17, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término18.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
16 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
17 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera
del texto)
18 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
2.4. De las cooperativas de trabajo asociado
Con ocasión a esas cooperativas la Ley 79 de 1998, señaló que su finalidad no
era otra que la de proveer de herramientas al sector cooperativo para poder
integrarse y desarrollarse de manera activa en la economía nacional, en pro de
la comunidad y del interés general, a través de la protección y vigilancia de dicho
sector; definiéndola en su artículo 70 como «aquellas que vinculan el trabajo
personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la
prestación de servicios».
Sobre ellas la Corte Constitucional en sentencia C-645 de 2011 señaló «[…] Las
cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un
grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo
sus propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos
[…] sus miembros deben sujetarse a unas reglas que son de estricta observancia
para todos los asociados, expedidas y aprobadas por ellos mismos, respecto del
manejo y administración de la misma, su organización, el reparto de excedentes,
los aspectos relativos al trabajo, la compensación, y todos los demás asuntos
atinentes al cumplimiento del objetivo o finalidad para el cual decidieron asociarse
voluntariamente que, en este caso, no es otro que el de trabajar conjuntamente
y así obtener los ingresos necesarios para que los asociados y sus familias
puedan llevar una vida digna».
En el Decreto 4588 de 2006, «por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado», se
reguló lo atinente a cuando se considera desnaturalizado el trabajo asociado y
las prohibiciones para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales en los artículos 16 y 17, así:
Artículo 16. Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea
enviado por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar
servicios a una persona natural o jurídica, configurando la prohibición contenida
en el artículo 17 del presente decreto, se considerará trabajador dependiente
de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo.
Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no
podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo
de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a
terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de
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que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero
beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen
relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias
de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa
y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado.
Así las cosas, se concluye que se desnaturaliza la finalidad con la que se crearon
las cooperativas, cuando son utilizadas para encubrir el desarrollo de relaciones
laborales subordinadas, estructurándose los tres elementos del contrato de
trabajo, cuales son: (i) prestación de un trabajo en forma personal, (ii)
subordinación, y (iii) contraprestación por la labor ejecutada.
2.5. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
El material probatorio recaudado en el proceso demuestra lo siguiente:
• Reclamación administrativa presentada, mediante apoderado, por Armando
Pinilla Rincón a la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá – Quindío19 en la
cual solicitó el reconocimiento de una relación laboral encubierta en el período
en que prestó sus servicios como médico general hospitalario del área de
urgencias gineco-obstétricas en la E.S.E mediante empresas tercerizadas de
trabajo. Como consecuencia de ello, solicitó el reconocimiento y pago del
reajuste de los salarios y prestaciones sociales, horas extras, horas con recargo
nocturno, dominical y/o festivo, entre otros emolumentos.
• Oficio No. 2990-2015 mediante el cual el gerente de la E.S.E Hospital la
Misericordia de Calarcá20 respondió negativamente el derecho de petición
presentado por Armando Pinilla Rincón, por considerar que no existió ninguna
relación laboral encubierta.
• Contratos suscritos entre la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá y la
cooperativa «ZARSALUD CTA»:
No. Contrato Inicio Fin Objeto del contrato Valor del contrato
/Ordenes de
prestación de
servicios
2012-003621 16 de 15 de agosto En virtud del presente objeto $370.296.539
febrero de de 2012 el contratista, se obliga a
2012 ejecutar y desarrollar de
forma integral los procesos y
subprocesos de consulta e
interconsulta en ginecología
y obstetricia de la E.S.E
19 11.DerechPetición.pdf Expediente Digital
20 12.RespuestDerecPetición.pdf Expediente Digital
21 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 132
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Hospital la Misericordia,
desarrollando en forma
continua las actividades
propias y especializadas de
dicho servicio las (24) horas
efectivas día, durante el
término de ejecución del
contrato.
• «Convenio individual de afiliado partícipe de contrato sindical» suscrito entre el
Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios «SERVYSA» y Armando Pinilla
Rincón22, de cuya lectura no se precisa su fecha de suscripción, pero se
estipularon los siguientes aspectos: cargo a ejecutar médico, en las instalaciones
del Hospital la Misericordia de Calarcá Quindío y como obligaciones a realizar
por el afiliado partícipe se establecieron las siguientes:
« (…) A) El servicio que en forma personal presta en su calidad de afiliado, no
implica Relación Laboral alguna con el Sindicato, el Literal 9 del artículo 5 del
decreto 1429 de 2010, establece: ".....El reglamento deberá incluir lo pertinente
a las COMPENSACIONES O participaciones y deducciones para los Afiliados
Participes a que haya lugar.....", ΕΙ Ministerio del Trabajo en su cartilla sobre
contrato Sindical del 28 de abril de 2010, estableció: el afiliado participe en la
ejecución del contrato sindical no es trabajador del sindicato, y por ende no se
encuentra el elemento esencial de la subordinación. B) el Afiliado Participe,
durante la ejecución del contrato sindical, se encuentra en un plano de igualdad
frente a la distribución de los ingresos provenientes del contrato, al punto que
recibe compensaciones y son sujetos de ciertas deducciones. C) El coordinador
del contrato sindical, delegado por la presidente o representante legal del
sindicato, es su más jefe inmediato para los efectos de su competencia. D)
Cualquier reclamación se sujeta y se resuelve de acuerdo a las normas que
rigen el contrato sindical, los Estatutos, Regímenes y reglamento. E) Contribuir
con los aportes en las formas previstas en los Estatutos. F) Acatar y cumplir las
orientaciones, recomendaciones y disposiciones relacionadas con la actividad
a realizar dentro del contrato sindical celebrado entre el sindicato y la entidad.
G) Estará afiliado al contrato sindical por el término de duración del contrato
firmado con la entidad contratante según su causa o razón. H) Trabajar de
acuerdo con las exigencias de comportamiento, puntualidad y disciplina
establecidas por el sindicato colaborando con todo lo relacionado con las
normas de presentación, aseo, higiene, seguridad y calidad de trabajo. I)
Observar el cuidado y diligencias necesarias para el correcto desempeño de
sus actividades. J) Guardar estricta reserva de todo lo que llegue a su
conocimiento por razones de su convenio y cuya comunicación a otros pudiese
causar perjuicio a la entidad contratante o al sindicato. K) Actuar siempre con
sentido social, humano, con lealtad, responsabilidad y respeto a los valores
éticos y morales de la persona; y demás obligaciones contempladas en el
reglamento interno del contrato sindical (…)».
• Oficio No. 4090 de 20 de octubre de 201623, mediante el cual el sindicato de
Trabajadores de Oficios Varios «SERVYSA», en respuesta a derecho de petición
presentado por la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá, expuso que
Armando Pinilla Rincón era afiliado partícipe del contrato sindical suscrito con
dicho hospital a través de un «convenio individual de afiliado partícipe de un
22 24.ContestacDemanda.pdf Expediente digital. Pág. 38.
23 24.ContestacDemanda.pdf Expediente digital. Pág 14.
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contrato sindical» en el período comprendido entre «el 1 de septiembre de 2012
al 31 de diciembre de 2012».
• Nóminas de pago expedidas por el sindicato de trabajadores de oficios varios
«SERVYSA» en favor de Armando Pinilla Rincón, en septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 201224.
• Contratos suscritos entre la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá y
Temporalmente S.A.S:
No. Contrato Inicio Fin Objeto del contrato Valor del contrato
/Ordenes de
prestación de
servicios
2012-07225 9 de julio de 15 de agosto El contratista se obliga para $46.000.000
2012 de 2012 con el contratante a ejecutar
los procesos y subprocesos
misionales de la E.S.E
Hospital la Misericordia.
2013-00926 2 de enero 31 de enero El contratista se obliga para $386.474.511
de 2013 de 2013 con el contratante a
2013-03127 1 de febrero 28 de febrero suministrar personal $410.249.811
de 2013 de 2013 asistencial en misión para
2013-009028 1 de marzo 31 de agosto desarrollar actividades $2.632.919.793
de 2013 de 2013 propias
• Contrato de trabajo por duración de la obra o labor celebrado el 1 de febrero de
201329 entre Temporalmente S.A.S y Armando Pinilla Rincón, en el cual se
estipuló lo siguiente: cargo a ejecutar médico, lugar de desempeño de labores
E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá de Armenia Quindío, fecha de inicio
de labores 1 de enero de 2013, salario básico $1.769.551; como obligaciones a
realizar por el trabajador se establecieron las siguientes:
« (…) a) A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de
trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio
mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR
o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios
laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo
Oficio, durante la vigencia de ese contrato; c) Cumplir las funciones del cargo
y los parámetros establecidos en este contrato de trabajo de manera cuidadosa
y diligente en el lugar, tiempo y condiciones que el EMPLEADOR le señale; d)
guardar estricta reserva de todo cuanto llegue a su conocimiento por razón de
su oficio y cuya comunicación a otras personas pueda causar perjuicio al
EMPLEADOR; e) abstenerse de llegar embriagado, afectado por ingerir
bebidas alcohólicas o bajo los efectos de alucinógenos, drogas psicoactivas o
cualquier otra sustancia que afecte los sentidos o de ingerir bebidas
24 6.NóminasPago.pdf Expediente Digital
25 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 125
26 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 104
27 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 97
28 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 88
29 4.ContratosTrabajo.pdf Expediente Digital. Pág. 1
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embriagantes o sustancias alucinógenas o psicoactivas en el sitio de trabajó,
aun por la primera vez; f) dar aviso oportuno al EMPLEADOR cuando por
cualquier circunstancia no pudiere concurrir al trabajo. f) dar aviso oportuno al
EMPLEADOR cuando por cualquier circunstancia no pudiere concurrir al
trabajo. La enfermedad debe comprobarse mediante certificado médico
expedido única y exclusivamente por la EPS a la cual este afiliado, el
TRABAJADOR. Así mismo el TRABAJADOR se obliga a entregar la
incapacidad con la correspondiente la epicrisis para la transcripción de la
misma por parte del EMPLEADOR; g) abstenerse de disponer de información
o material del trabajo del EMPLEADOR sin previa autorización de este; h)
acatar y cumplir las normas sobre salud ocupacional de EMPLEADOR; i)
cumplir con las demás obligaciones legales y reglamentarias; j) todas las
demás que sean propias a la naturaleza del cargo desempeñado (…)».
• Certificados de pago expedidos por Temporalmente S.A.S en favor del señor
Armando Pinilla Rincón en los meses que comprenden entre enero a agosto de
201330.
• Certificado expedido por el representante legal de Temporalmente S.A.S y
dirigido a la gerencia E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá el 28 de octubre
de 201631, en el cual se deja constancia que el señor Armando Pinilla Rincón fue
vinculado en calidad de empleado en misión de Temporalmente S.A.S en la
modalidad de contrato por obra o labor, realizando «mensualmente la
cancelación de salarios por medio de transferencia electrónica a la cuenta
registrada por el empleado (…)».
• Contratos suscritos entre la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá y
Soluciones Efectivas Temporal S.A.S:
No. Contrato Inicio Fin Objeto del contrato Valor del contrato
/Ordenes de
prestación de
servicios
2013-25732 1 de 30 de El contratista se obliga $449.000.000
septiembre septiembre de para con el
de 2013 2013 CONTRATANTE, a
2013-27533 1 de octubre 31 de octubre suministrar personal $425.000.000
de 2013 de 2013 asistencial en misión para
2013-32934 1 de 30 de desarrollar actividades $450.000.000
noviembre de noviembre de propias del objeto social de
2013 2013 la E.S.E Hospital
2013-39635 1 de 31 de Misericordia. $455.000.000
diciembre de diciembre de
2013 2013
30 24.ContestacDemanda.pdf Pág. 126
31 24.ContestacDemanda.pdf Pág. 125
32 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 78
33 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 68
34 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 58
35 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 47
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Radicado: 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022)
Demandante: Armando Pinilla Rincón
2014-00836 1 enero de 30 de $4.914.316.390
2014 septiembre de
2014
2014-42937 1 de 30 de El contratista se obliga $580.000.000
noviembre de noviembre de para con el
2014 2014 CONTRATANTE, a
2014-48738 1 de 31 de suministrar personal $477.000.000
diciembre de diciembre de asistencial en misión para
2014 2014 desarrollar actividades
2015-00739 2 de enero de 30 de junio de propias del objeto social de $3.580.441.902
2015 2015 la E.S.E Hospital
Misericordia.
• Contrato de trabajo de duración de la obra o labor celebrado el 1 de septiembre
de 201340 entre Soluciones Efectivas Temporal S.A.S y el señor Armando Pinilla
Rincón, en el cual se estipuló lo siguiente: cargo a ejecutar médico, lugar de
desempeño de labores Hospital La Misericordia de Calarcá de Armenia Quindío,
fecha de inicio de labores el 1 de septiembre de 2013, salario básico $1.418.976;
como obligaciones a realizar por el trabajador se establecieron las siguientes:
«(…) a) A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de
trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio
mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR
o sus representantes, y b) A no prestar directa: ni indirectamente servicios
laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo
Oficio, durante la vigencia de este contrato; c) Cumplir las funciones del cargo
y los parámetros establecidos en este contrato de trabajo de manera cuidadosa
y diligente en el lugar, tiempo y condiciones que el EMPLEADOR le señale; d)
guardar estricta reserva de todo cuanto llegue a su conocimiento por razón de
su oficio y cuya comunicación a otras personas pueda causar perjuicio al
EMPLEADOR; e) abstenerse de llegar embriagado, afectado por ingerir
bebidas alcohólicas o bajo los del EMPLEADOR sin previa autorización de este;
e) abstenerse de llegar embriagado, afectado por ingerir bebidas alcohólicas o
bajo los efectos de alucinógenos, drogas psicoactivas o cualquier otra
sustancia que afecte los sentidos o de ingerir bebidas embriagantes o
sustancias alucinógenas o psicoactivas en el sitio de trabajo, aun por la primera
vez; f) dar aviso oportuno al EMPLEADOR cuando por cualquier circunstancia
no pudiere concurrir al trabajo. La enfermedad debe comprobarse mediante
certificado médico expedido única y exclusivamente por la EPS a la cual este
afiliado el TRABAJADOR. Así mismo el TRABAJADOR se obliga a entregar la
incapacidad con la correspondiente la epicrisis, para la transcripción de la
misma por parte del EMPLEADOR; g) abstenerse de disponer de información
o material del trabajo del EMPLEADOR sin previa autorización de este; h)
acatar y cumplir las normas sobre salud ocupacional de EMPLEADOR; i)
cumplir con las demás obligaciones legales y reglamentarias; j) todas las
demás que sean propias a la naturaleza del cargo desempeñado (…)».
36 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 36
37 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 25
38 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 14
39 COPIA DE LOS CONTRATOS DEL HOSPITAL CON LAS TEMPORALES Y COOPERATIVAS.pdf 2.C.D
ContratsHospital Expediente Digital. Pág. 1.
40 4.ContratosTrabajo.pdf Expediente Digital. Pág. 8
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Demandante: Armando Pinilla Rincón
• Contrato de trabajo de duración de la obra o labor celebrado el 1 de enero de
201441 entre Soluciones Efectivas Temporal S.A.S y el señor Armando Pinilla
Rincón, en el cual se estipuló lo siguiente: cargo a ejecutar médico, lugar de
desempeño de labores Hospital La Misericordia de Calarcá, fecha de inicio de
labores 1 de enero de 2014, salario básico $1.6390.827; como obligaciones a
realizar por el trabajador se establecieron las siguientes:
« (…) a) A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de
trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio
mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR
o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios
laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo
Oficio, durante la vigencia de este contrato; c) Cumplir las funciones del cargo
y los parámetros establecidos en este contrato de trabajo de manera cuidadosa
y diligente en el lugar, tiempo y condiciones que el EMPLEADOR le señale; d)
guardar estricta reserva de todo cuanto llegue a su conocimiento por razón de
su oficio y cuya comunicación a otras personas pueda causar perjuicio al
EMPLEADOR; e) abstenerse de llegar embriagado, afectado por ingerir
bebidas alcohólicas o bajo los efectos de alucinógenos, drogas psicoactivas o
cualquier otra sustancia que afecte los sentidos o de ingerir bebidas
embriagantes o sustancias alucinógenas o psicoactivas en el sitio de trabajo,
aun por la primera vez; f) dar aviso oportuno al EMPLEADOR cuando por
cualquier circunstancia no pudiere concurrir al trabajo. La enfermedad debe
comprobarse mediante certificado médico expedido única y exclusivamente por
la EPS a la cual este afiliado el TRABAJADOR. Así mismo el TRABAJADOR
se obliga a entregar la incapacidad con la correspondiente la epicrisis para la
transcripción de la misma por parte del EMPLEADOR; g) abstenerse de
disponer de información o material del trabajo del EMPLEADOR sin previa
autorización de este; h) acatar y cumplir las normas sobre salud ocupacional
de EMPLEADOR; i) cumplir con las demás obligaciones legales y
reglamentarias; j) todas las demás que sean propias a la naturaleza del cargo
desempeñado (…)».
• Contrato de trabajo por duración de la obra o labor celebrado el 1 de enero de
201542 entre Soluciones Efectivas Temporal S.A.S y Armando Pinilla Rincón, en
el cual se estipuló lo siguiente: cargo a ejecutar médico, lugar de desempeño de
labores Hospital la Misericordia de Calarcá, fecha de inicio de labores el 1 de
enero de 2015, salario básico $1.791.385. Con las mismas obligaciones que los
anteriores.
• Constancia de salarios cancelados al señor Armando Pinilla Rincón por parte
de Soluciones Efectivas Temporal S.A.S para los meses comprendidos entre
septiembre – diciembre de 201343, marzo – diciembre de 201444 y pago de
primas junio y diciembre de 201445.
41 24.ContestacDemanda.pdf Expediente Digital. Pág. 50
42 4.ContratosTrabajo.pdf Expediente Digital. Pág. 12
43 24.ContestacDemanda.pdf Pág. 59
44 24.ContestacDemanda.pdf Pág. 60
45 24.ContestacDemanda.pdf Pág. 79
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Demandante: Armando Pinilla Rincón
• Liquidación de prestaciones sociales del señor Armando Pinilla Rincón en los
períodos comprendidos entre el 1 de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de
2013 y 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 46 realizados por
Soluciones Efectivas S.A.S.
• Circular 009 del 10 de octubre de 201447, expedida por el gerente de la E.S.E
Hospital La Misericordia y dirigida a médicos, enfermeras y paramédicos -entre
los que se encuentra el señor Armando Pinilla Rincón, se les solicita comunicarse
con la Oficina de Talento Humano para definir en qué fecha realizaran el curso
RGP AVANZADO.
• Certificado expedido el 28 de abril de 201548 por Soluciones Efectivas Temporal
S.A.S. y dirigido al señor Armando Pinilla Rincón, mediante el cual se le notifica
la terminación del contrato de trabajo que suscribió con la empresa, a partir del
28 de abril de 2015.
• Certificado expedido por el subgerente del Hospital demandado el 15 de
noviembre de 2016, en el cual se dejó constancia que Armando Pinilla Rincón
prestó sus servicios como médico general contratista en el área de consulta
externa, urgencias y hospitalización, desde el 1 de abril de 2013 hasta el 30 de
junio de 2013 y del 1 de enero de 2016 hasta la fecha de suscripción del
certificado.
• En la audiencia de pruebas llevada a cabo en primera instancia, fueron
recaudados los testimonios de los señores Luz Clarena Santana Sierra, Rafael
López y Gloria Mercedes Patiño Marín. Asimismo, fue practicado interrogatorio a
la parte demandante.
Dicho lo anterior y teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial
referenciado en el acápite precedente, procederá la Sala a resolver los recursos
de apelación, realizando el estudio de los elementos necesarios para acreditar la
existencia de la relación laboral encubierta.
La prestación personal del servicio del demandante como médico en favor de
la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá, se constata en el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 al 28 de abril de 2015, salvo
interrupciones, a partir del siguiente material probatorio que obra en el
expediente:
• Para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de
diciembre de 2012, obra el oficio No. 4090 de 20 de octubre de 201649, proferido
por el sindicato de Trabajadores de Oficios Varios «SERVYSA», en el que se
46 7.LiquidacPrestacSocials.pdf Expediente Digital
47 5.Circular009.pdf Expediente Digital
48 10.OficiosSolucionsEfectivs.pdf Expediente digital
49 24.ContestacDemanda.pdf Expediente digital. Pág 14.
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Demandante: Armando Pinilla Rincón
indica que Armando Pinilla Rincón era afiliado partícipe del contrato suscrito por
el sindicato con el Hospital la Misericordia a través de un convenio individual.
Adicionalmente, en las pruebas se encuentra copia del «Convenio individual de
afiliado partícipe de contrato sindical» suscrito entre el Sindicato de Trabajadores
de Oficios Varios «SERVYSA» y Armando Pinilla Rincón50, donde se precisa que
el cargo a desarrollar por el actor era el de médico en las instalaciones del
Hospital La Misericordia de Calarcá – Quindío.
Ahora en dicho documento no se precisa su fecha de celebración y duración,
empero en el oficio No. 4090 de 20 de octubre de 2016, se hace alusión al período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, y
también obran en el plenario copia de las nóminas de pago del sindicato
«SERVYSA» en favor del demandante por las labores ejecutadas en las
instalaciones de la E.S.E demandada en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 201251, lo que acredita suficientemente la prestación
de su servicio en este período.
• Durante el tiempo transcurrido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto
de 2013, se prueba en el proceso la prestación del servicio del demandante como
médico con los contratos de prestación de servicios suscritos entre la E.S.E
Hospital La Misericordia de Calarcá y Temporalmente S.A.S, así como el contrato
de trabajo de duración de la obra o labor celebrado entre ésta y el actor.
• En el lapso comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 al 30 de abril de
2015, se acreditó la prestación del servicio del demandante a partir de los 8
contratos de prestación de servicios suscritos entre la E.S.E Hospital La
Misericordia de Calarcá y Soluciones Efectivas Temporal S.A.S y los 3 contratos
de trabajo de duración de la obra o labor suscritos entre ésta y el actor el 1 de
septiembre de 2013, 1 de enero de 2014 y 1 de enero de 2015.
En cuanto a la afirmación del recurso de apelación del demandante relacionada
con que existió una indebida valoración probatoria en la sentencia de primer
grado, por no acreditarse sus vinculaciones en el período comprendido entre
febrero y agosto de 2012, que se dieron a través de los contratos 2012-0036 y
2012-072 suscritos con ZARSALUD CTA; la Sala considera que fueron suscritos
entre la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá y ZARSALUD CTA entre el 16
de febrero de 2012 y el 15 de agosto de 2012, sin que de su contenido se pueda
advertir la contratación del demandante.
De la misma manera, se considera que con los testigos tampoco se logra
establecer las condiciones que rodearon la prestación del servicio del
demandante como médico del Hospital La Misericordia. En efecto, la declarante
Luz Clarena Santana Sierra sobre este aspecto afirmó «Pregunta: Nos precisa
50 24.ContestacDemanda.pdf Expediente digital. Pág. 38.
51 6.NóminasPago.pdf Expediente Digital
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Demandante: Armando Pinilla Rincón
¿en qué tiempo fue que usted prestó servicios y que reconoce que también
conjuntamente lo prestó con él? Contestó: Yo estuve en Calarcá aproximadamente un
año, pero es otro que es (…) como entre el 2011 y el 2012, 2013. Yo trabaje un año, año
y medio creo con el hospital Pregunta: ¿Usted tiene presente cuál era la forma de
vinculación laboral del señor Armando Pinilla para el tiempo que prestó sus servicios y
que usted reconoce que también conjuntamente los prestó con usted? Contestó: En el
caso mío, yo estaba vinculada con una empresa de Zarzal. En el caso del doctor Pinilla
no tengo claro su vinculación».
El testigo Rafael Ignacio López González por su parte sostuvo «Pregunta
Despacho: En primer lugar, usted hace cuánto lo conoce y porque conoce al señor
Armando y seguimos con lo que tiene que ver con lo que usted sepa o le conste en
relación con la prestación de servicio médico por parte de él. Contestó: Yo lo conozco
hace más o menos 12 o 13 años dado que fuimos compañeros de trabajo en el Hospital
de Calarcá, yo cumplía las mismas funciones que el médico hospitalario de sala de
partos y hacíamos turnos entonces. Pregunta: ¿Recuerda usted en qué fecha (…) tiene
conocimiento que lo recuerde a él (…) también haber prestado la misma actividad como
médico hospitalario en las Hospital Misericordia de Calarcá y hasta cuándo? Contestó:
Si lo conocí hace más o menos 12 o 13 años, no lo tengo muy presente, lo que sé es
que por esa época pues mi hija apenas tenía como un añito ella tiene 14 entonces yo le
calculo unos 13 años lo conozco y debí trabajar con él en el hospital no sé unos cinco o
seis años yo creo hasta que salí del hospital. (…) Pregunta: Él manifiesta en su
demanda que prestó sus servicios como médico hospitalario para el Hospital la
Misericordia de Calarcá por medio de las cooperativas o empresas de servicios
temporales, (…) ¿sabe usted o le consta quien suministraba los insumos o elementos
de trabajo al señor Armando Pinilla Rincón para cumplir sus funciones como médico
hospitalario? Contestó: Doctor yo como le digo, las funciones del doctor Pinilla, las mías
y las de los otros médicos de sala de partos eran exactamente las mismas, los elementos
médicos (…) Fonendoscopios, papelerías, todo era suministrado por el hospital».
Esos deponentes no expresan de manera clara y categórica que el demandante
haya prestado sus servicios en el lapso reclamado en el recurso de apelación y
tampoco dan nociones de la forma en qué fue vinculado. De tal manera que, se
itera, no hay medio de prueba dentro del plenario que demuestre la contratación
en los meses de febrero a agosto de 2012, por el contrario, el acervo probatorio
revela que su vinculación se dio con posterioridad.
En efecto, la testigo Gloria Mercedes Patiño Marín, quien fue representante legal
de la empresa Soluciones Efectivas Temporales SAS, precisó que el señor Pinilla
fue contratado para prestar sus servicios en el Hospital La Misericordia de
Calarcá desde el 1 de septiembre de 2013 hasta el 30 de abril de 2015, en los
siguientes términos «Contestó: (…) La Empresa Soluciones Efectivas temporal S.A.S.
realizó varios contratos con la Empresa Social del Estado Hospital de Misericordia de
Calarcá. (…) En estos contratos pues nosotros suministramos el personal (…) y dentro
del personal que suministramos asistencial pues estaba el doctor Armando Pinilla. Sí él
laboró con nosotros en varios en varios periodos de relación laboral. El primero fue el 1
de septiembre del 2013 al 31 de diciembre del 2013. El segundo fue el primero de enero
del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014 y el tercero fue el primero de enero del 2015
hasta el 30 de abril del 2015 (…) El señor pues laboraba sus turnos eran turnos rotativos
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turnos de 192 horas. De acuerdo a una programación que se hacía generalmente ellos
laboran turnos con el máximo de horas legales que son ocho horas. Tenía su descanso
dominical compensado, si bien es cierto no se le no se le no podría ser no el mismo
domingo, pero se le daban días entre semanas compensando el día domingo. Se le
pagaba todo lo relacionado con sus prestaciones sociales su seguridad social y su y su
salario básico mensual. El último contrato que tuvimos con el señor fue del primero de
enero del 2015 hasta el 30 de abril del 2015».
Y aunque ella refiere que inició labores el 1 de septiembre de 2013, la prueba
documental demuestra que lo fue en ese mismo día y mes, pero del año 2012,
de tal manera, que se encuentra únicamente probada la prestación del servicio
como médico del demandante en la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá
entre el 1 de septiembre de 2012 al 28 de abril de 2015.
Con los mismos medios probatorios se demuestra el segundo elemento de la
relación laboral, esto es, la contraprestación o remuneración, que se refiere a
las sumas de dinero recibidas por el demandante durante la ejecución de sus
actividades. Dichos montos se encuentran descritos taxativamente en los
contratos que celebró el actor para tal efecto, así como con los documentos
donde se le efectúan liquidaciones.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la facultad que le
asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato».
Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo
rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros
oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto
contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio contratado
e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al contratista con la
comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica
contenida de la subordinación»52.
En el caso concreto, la entidad apelante disiente de la decisión de primera
instancia, por considerar que en ella se realizó una indebida valoración de las
pruebas, lo que conllevó a que se acreditara el elemento de la subordinación a
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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su cargo en la prestación del servicio del demandante, sin en realidad estarlo.
Por lo tanto, es necesario establecer si se configuran o no los indicios que,
analizados en conjunto con las pruebas, permitan determinar la existencia del
requisito en mención para declarar la relación laboral encubierta. Para ello, se
tendrán en cuenta los criterios expuestos por esta Corporación en la sentencia
de unificación SUJ-025-CES2- 2021 en la que precisó como indicios los
siguientes:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por
la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo
que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada.
Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector
salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas
laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos
más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones
en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición
o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un
ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como
un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el
servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la
realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en
forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad,
puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos
los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo
23 del Código Sustantivo del Trabajo».
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los
siguientes ítems:
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Demandante: Armando Pinilla Rincón
i) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto de las pruebas documentales y los
testimonios rendidos en el proceso, se extrae que el demandante prestó sus
servicios en las instalaciones de la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá.
ii) Horario de trabajo: Contrario a lo sustentado por el a quo, para la Sala no se
encuentra probado de manera suficiente con las pruebas que el demandante
cumplió un horario impuesto por la E.S.E, mucho menos se logra advertir la
periodicidad de sus servicios o la autoridad que estructuraba los turnos.
En efecto, los testimonios recaudados en el proceso no fueron contestes y
uniformes entre sí al referirse sobre el horario en que Armando Pinilla Rincón
ejecutaba el servicio.
Así, la testigo Luz Clarena Santana Sierra adujo no tener claridad sobre los
turnos en los que desarrolló las actividades el actor, pero dijo que ella «iba
algunos días en la mañana, creo que iba dos veces a la semana en la mañana y
pues muchas de las mañanas lo encontraba a él», con lo que se extrae de su
relato que, aun desconociendo los turnos, le constaba la prestación del servicio
del demandante en las jornadas de la mañana durante los días de la semana,
pues adicionalmente expuso que nunca cumplió actividades los fines de semana
en la entidad así: «yo nunca trabajé domingos, festivos ni horas nocturnas en el
Hospital de Calarcá, iba a dos veces en la mañana, no eran de festivos ni nada
eran unos turnos que estaban asignados para esos días».
El testigo Rafael Ignacio López González por su parte manifestó que los turnos
de la mañana en los días de la semana eran realizados por el médico de planta
de la entidad: «éramos el doctor Gilberto Pardo, el médico de planta que hacía los días
entre semana y estábamos como médicos hospitalarios el doctor Pinilla creo que había
una doctora de apellido Oviedo y yo (…)»; mientras que los otros médicos con
vinculaciones distintas, tales como el actor, prestaban sus servicios en horarios
nocturnos, comprendidos entre las 7 pm a 7 am y los fines de semana en jornadas de
24, 36 o 48 horas: «era básicamente como mis mismos horarios, nosotros hacíamos
turnos nocturnos de lunes a viernes entre 7 de la noche y 7 de la mañana y turnos de
fines de semana que eran de 24 horas y a veces ocasionalmente se hacían 36 o 48
horas».
La testigo Gloria Mercedes Patiño Marín expuso que el servicio del actor era
realizado en turnos rotativos de 8 horas máximas diarias, lo que resulta contrario
a lo expuesto por Rafael Ignacio López González, quien manifestó que estos
eran de 12 horas nocturnas o jornadas de 24 o más.
De la misma manera, tampoco hubo coherencia en sus dichos sobre el personal
encargado de estructurar los turnos con los cuales el señor Armando Pinilla
Rincón desarrollaba el servicio. Lo que no permite colegir de manera clara, la
forma en cómo se concretaba la periodicidad de su servicio.
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En concreto, Luz Clarena Santana Sierra expuso no tener conocimiento sobre la
autoridad que los realizaba: «No sé cómo cuadran ellos sus turnos, no tengo claridad
si se lo asignaban». Rafael Ignacio López González, por su parte, manifestó que la
estructura de turnos «lo hacía el médico de planta del hospital el doctor Pardo», y, por
último, Gloria Mercedes Patiño Marín refirió que los turnos del servicio eran
realizados por el coordinador de la Empresa de Servicio Temporal, a partir de la
disponibilidad que previamente dieran a conocer los médicos, en los siguientes
términos: «por eso es que se requiere de ellos la disponibilidad y ellos se la pasan al
coordinador, que es el encargado de realizar los cuadros de turnos y él ya asigna los
turnos que la persona tenga que cumplir».
Adicionalmente, en el expediente no obra prueba documental que permita
corroborar la veracidad de las múltiples versiones que expusieron los testigos,
en el sentido de precisar el cumplimiento de un horario, su periodicidad o la
autoridad encargada de determinar los turnos. Por tanto, para la Sala no es dable
tener por acreditado, como se hizo en primera instancia, que con los elementos
de juicio obrantes en el plenario se pueda colegir el cumplimiento de un horario
por el demandante.
Y aun cuando en gracia de discusión se considere que el ejercicio de las
actividades convenidas lleven implícito, como es lógico, su concreción en un
espacio y tiempo determinado, lo cierto es que esta Subsección ha indicado que
el cumplimiento de horarios no lleva consigo, en sí mismo, el elemento de la
subordinación, pues entre las partes contratantes puede existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones
necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa
necesariamente la configuración de un elemento de subordinación»53.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Es de
recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación previamente
referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su inserción
en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre
que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el
cumplimiento de su objeto contractual».
En esos términos, en línea con lo sustentado por la entidad demandada en su
recurso, la Sala observa que dentro del proceso no existen elementos
probatorios con los cuales se pueda establecer que el demandante en la
ejecución de sus servicios estuvo sujeto al cumplimiento de directrices u órdenes
provenientes de la entidad, o que debía ejecutar las actividades con los
imperativos por ella impuesta.
53 Sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Así las cosas, al analizarse los testimonios recaudados en el proceso, se
considera que son incoherentes entre sí, al punto de no brindar certeza y claridad
sobre las condiciones de tiempo y modo en que el demandante desarrolló su
actividad como médico en la ESE demandada; por lo tanto, esos dichos no sirven
para acreditar la existencia de la subordinación, dado que no demuestran en las
condiciones y calidades requeridas la forma en que se direccionó y controló al
señor Pinilla en la ejecución de su labor como médico.
Véase, por ejemplo que la testigo Luz Clarena Santana Sierra, quien también
prestó sus servicios en la E.S.E demandada como médica especialista en
ginecobstetricia, y que compartió con el actor año y medio de servicios en la
entidad, no tuvo claridad sobre la fecha de ingreso del demandante: «No me
acuerdo fechas del doctor Armando Pinilla, (…) si usted me pregunta incluso a mí en
este momento la fecha es alta de ingreso y de salida no tengo la del doctor Pinilla, (…)
sé que trabajamos simultáneamente, pero no sé cuánto trabajó él específicamente».
Tampoco tuvo claridad sobre la forma de su vinculación, la jornada de prestación
del servicio o de la existencia de directrices e imposiciones sobre el actor
proveniente del personal interno de la E.S.E, pues al respecto sostuvo
«Pregunta: ¿Quién asignaba sus turnos doctora? Contestó: Me imagino que debía ser
el coordinador de ginecobstetricia que creo era el doctor Méndez en ese tiempo, el
doctor Méndez era funcionario del hospital o era una persona vinculada a una empresa
diferente, él era el coordinador de ginecobstetricia. Me imagino que también estaba con
la misma contratación mía, pero no puedo dar fe de eso, creo que él era del mismo
sistema que manejaba los otros especialistas, que me acuerdo no había especialistas
allá nombrados o algo así, la mayoría éramos por esa cooperativa y él era el doctor
Méndez, es ginecobstetra, por lo tanto, era coordinador de los ginecobstetras entonces
él asignaba esos turnos (…) Pregunta: Sírvase manifestar, si sabe si hay algún médico
de planta que haya estado haciendo lo mismo que hacía el doctor Armando Pinilla en el
hospital La Misericordia durante el tiempo que usted estuvo trabajando allá Contestó:
Entiendo, pues no puedo estar segura, pero el doctor Pardo que es un médico que
llevaba mucho tiempo allá, tenía entendido que como que si tenía vinculación con el
hospital».
De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que sus manifestaciones no resultan
del conocimiento directo de la situación particular del demandante, sino que son
producto de su imaginación, lo que torna su declaración en hipotética, incierta y
dudosa; sin que con ella pueda pensarse la existencia de la continuada
dependencia del actor con la ESE demandada.
Igual consideración se tiene de la valoración efectuada al dicho del testigo Rafael
Ignacio López González, pues si bien es cierto manifestó conocer al demandante
durante un período de 12 o 13 años, inclusive afirmó que se encontraba
prestando sus servicios en la E.S.E cuando aquel ingresó a la entidad, no precisó
los extremos temporales en los cuales de forma concomitante desarrollaron
funciones.
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Además, el testigo refirió haber prestado el servicio con el actor por un período
comprendido entre «cinco o seis años yo creo hasta que salí del hospital», cuando lo
cierto es que, dentro del plenario, únicamente se acreditó el cumplimiento de
actividades por el demandante por un lapso de 2 años y 7 meses54, lo que denota
la contradicción existente entre estas afirmaciones con la realidad fáctica
extraída de la prueba documental que reposa en el plenario.
Asimismo, a partir de las aseveraciones rendidas por Gloria Mercedes Patiño
Marín tampoco se logra determinar que conocía sobre las condiciones en que el
demandante prestó sus servicios a la demandada, ya que expresamente
manifestó no saber las funciones desarrolladas por este al expresar: «Pregunta
apoderado parte demandante: ¿Usted sabe qué era lo que hacía el doctor Armando
Pinilla en el hospital? ¿Cuáles eran sus funciones en el hospital La Misericordia cuando
estuvo vinculado a través de ustedes? Contestó: Específicas no podría decirle, (…) sé
que el doctor es un médico general y sé que trabajaba en el hospital, sé que estuvo en
el área de urgencias, sí, haciendo urgencias y supongo que consulta externa
hospitalización, lo que se requiriera en ese momento, pero pues específicamente las
funciones del doctor no podrían decirse».
De esa forma, aunque los testigos Luz Clarena Santana Sierra y Rafael Ignacio
López González expusieron que el demandante en el ejercicio de sus funciones
realizaban las mismas actividades del personal de planta de la E.S.E, lo cierto
es que sus dichos son insuficientes para acreditar tal evento, pues analizadas
sus declaraciones en conjunto, no brindan certeza y suficiencia sobre un
conocimiento cierto y directo de las actividades realizadas por el demandante,
dada las inconsistencias que ambos expusieron en puntos neurálgicos del caso,
tales como los extremos de la prestación del servicio, la duración de labores o la
continuidad del servicio.
Por otro lado, en las pruebas documentales tampoco obran órdenes,
memorandos, imposición de labores en cuanto al tiempo, modo y lugar por parte
de la entidad sobre el señor Armando Pinilla Rincón, a partir de los cuales se
logre advertir su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario del ente
demandado. Por el contrario, de las documentales solo se encuentran los
certificados de la prestación de servicios del demandante y la Circular 009 del 10
de octubre de 2014, por medio del cual el gerente de la E.S.E Hospital La
Misericordia les solicita, entre otros profesionales, al actor comunicarse con la
oficina de talento humano de la entidad para definir la fecha de realización del
curso RGP AVANZADO.
Si bien la circular55 en mención, en principio, puede constituir un requerimiento
al actor en el desarrollo del servicio, lo cierto es que en ella únicamente se le
indica sobre el agendamiento de una actividad a realizar, sin que pueda
54 Entre el septiembre de 2012 al 28 de abril de 2015.
55 Circular 009 del 10 de octubre de 2014.
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advertirse en ella elementos de juicio que respalden o denoten imposiciones para
tal efecto.
Adicionalmente, la Sala no logra advertir de la lectura de los contratos que
suscribió el demandante precisiones respecto de las características, elementos
y obligaciones propias de la labor desarrollada. De modo que, no se pueden
evidenciar imposiciones en su contra con las que se concluya que su servicio fue
direccionado por parte de la E.S.E.
Ahora, el demandante prestó sus servicios en un lapso mediante contrato
sindical con la organización de Trabajadores de Oficios Varios «SERVYSA», lo
que en principio no puede considerarse contrario a derecho, pues este tipo de
negocio se encuentra regulado en el artículo 482 del Código Sustantivo en los
siguientes términos «se entiende por contrato sindical el que celebren uno o varios
sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para
la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados[…]».
En tal sentido, el contrato colectivo sindical siempre se celebra por escrito, es
solemne, se suscribe entre uno o varios patronos y uno o varios sindicatos; quien
se obliga es el sindicato a través de su representante legal actuando en nombre
de los afiliados que participan en el contrato sindical; la relación jurídica entre
contratante y contratista es equitativa; se presentan dos tipos de relaciones: una
entre el afiliado y su sindicato y otra entre el sindicato y el contratante, aunque
en ocasiones la relación del afiliado con su sindicato puede convertirse en un
verdadero contrato individual de trabajo; y, finalmente, el sindicato de
trabajadores que suscriba un contrato sindical responde tanto por las
obligaciones directas que surjan del mismo, como por el cumplimiento de las que
se estipulen para sus afiliados, y tiene personería para ejercer tanto los derechos
como las acciones que le correspondan a cada uno de sus afiliados56.
De esta forma, a diferencia del contrato de trabajo el sindical no lleva implícito el
elemento de la subordinación, pues tiene la naturaleza del contrato civil de
prestación de servicios. Ello ha sido definido también por esta Corporación al
indicar que «el sindicato cumple una función doble en el escenario del contrato
sindical, a saber: (i) fungir como representante de los intereses de sus afiliados
ante la parte contratante y (ii) ser el responsable de los honorarios y demás
prestaciones que se deben pagar a favor de quienes ejecuten el acuerdo.»
Añadiendo que, por la esencia del este contrato, «[…] se desprende la no
configuración de una relación laboral entre las personas que lo ejecutan y el contratante,
56 La Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2011 dijo «la Sala resalta que el contrato sindical se caracteriza por
ser solemne, nominado y principal, realizado en ejercicio de la libertad sindical, que goza de autonomía administrativa
e independencia financiera por parte del sindicato. Adicionalmente, en virtud de él, (i) el sindicato contratista
responde porque sus afiliados presenten los servicios o ejecuten la obra contratada; (ii) el representante legal de la
organización sindical como encargado de suscribir el contrato sindical, ejerce la representación de los afiliados que
participan en el mismo; (iii) el sindicato se asimila, sin serlo como quedo dicho, a un empleador sin ánimo de lucro por
expresa disposición de la ley laboral y, (iii) en caso de disolución del sindicato de trabajadores que haya sido parte de
un contrato sindical, los trabajadores quedan facultados para continuar prestando sus servicios mientras dure la
vigencia del contrato y en las condiciones inicialmente estipuladas.».
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de manera tal que las obligaciones referentes a la seguridad social derivadas de éste,
corren por parte del sindicato.»57.
Para concluir, al formalizar un contrato colectivo sindical, los términos
establecidos no son de subordinación como en un contrato individual de trabajo,
sino que los términos de la negociación son producto de un acuerdo en igualdad
de condiciones entre el representante legal del sindicato y la empresa
contratante, que de acuerdo con el artículo 482 C.S.T. se convierte en un
sindicato patronal. De hecho, según el numeral 7° del artículo 5° del decreto 1429
de 2010, “El sindicato será el responsable de la administración del sistema de
seguridad social integral, tales como la afiliación, retiro, pagos y demás novedades
respecto de los afiliados partícipes”.
Bajo esta perspectiva, aunque el contrato sindical no implica subordinación, no
puede ser utilizado indebidamente para eludir las responsabilidades laborales e
ignorar los derechos de los trabajadores, ya que si esto sucede, se debe dar paso
al principio de la realidad sobre las formas, pues es inaceptable que se acuda a
esta figura para el suministro de personal para las actividades permanentes y
misionales de las empresas, convirtiéndose las organizaciones sindicales en
simples intermediarias.
Esta prohibición se advierte en la Ley 1429 de 201058, que, en su artículo 63,
dispuso lo siguiente: «El personal requerido en toda institución y/o empresa pública
y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar
vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan
intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los
derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas
laborales vigentes».
En el proceso se encuentra también probado que entre el 1 de septiembre de
2012 y el 31 de diciembre de 2012, el demandante prestó sus servicios como
médico en la ESE Hospital La Misericordia en virtud de un contrato sindical
celebrado con la organización de Trabajadores de Oficios Varios «SERVYSA»59,
quien de acuerdo con las copias de nóminas le pagó los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 201260, por la prestación de su servicio.
Sin embargo, de esas probanzas no es posible establecer la desnaturalización
del contrato sindical y tampoco se advierte en ellas la presencia de la continuada
dependencia del trabajador frente a la E.S.E demandada. Conclusión que se
llega al valorar bajo el principio de la sana crítica y en conjunto ese acervo
probatorio con los testimonios recaudados, pues la señora Luz Clarena Santana
57 Sentencia del 11 de mayo de 2020, Sección Segunda, Subsección B, rad. 11001-03-24-000-2016-00549-
00.
58 Por medio de la cual se «expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo».
59 24.ContestacDemanda.pdf Expediente digital. Pág. 38.
60 6.NóminasPago.pdf Expediente Digital
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Sierra expresó que no tenía claridad respecto a la forma de vinculación del señor
Pinilla y, Rafael Ignacio López por su parte, se refirió a una contratación con
cooperativas, que no dista de la que es objeto de estudio, sumado a que no
precisó la época en que ello se dio.
En cuanto a la contratación del demandante con las empresas Zarsalud,
Temporalmente S.A.S y Soluciones Efectivas Temporal S.A.S, se considera que
aunque el ordenamiento jurídico prohíbe que el trabajo asociado sea utilizado
indebidamente para evadir las obligaciones de carácter laboral que tengan las
entidades del Estado con los trabajadores dependientes o subordinados, lo cierto
es que para acreditar la existencia de una tercerización laboral, es necesario que
quien la pretenda acredite la configuración de los elementos esenciales de la
relación laboral subyacente61. Al respecto, esta Subsección62 en caso
precedente manifestó lo siguiente:
«De la cita anterior se colige que la finalidad, estructura y funcionamiento de
las Cooperativas de Trabajo Asociado son distintas a las de las empresas
comerciales y por consiguiente, es válido que el legislador defina para ellas un
régimen diferente, sin que ello implique el desconocimiento de los derechos
laborales constitucionalmente protegidos. Es decir, que el trabajo asociado no
puede ser utilizado indebidamente para eludir las obligaciones de carácter
laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, so pena de
comprometer su responsabilidad ante las autoridades correspondientes.
Luego entonces, en los eventos en que el asociado sea vinculado con otro ente,
pero por órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero,
y pretenda que en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formas se reconozca la existencia de una relación laboral, deberá acreditar
que se han consolidado los elementos propios de la misma, a saber,
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación»
(subrayas fuera de texto)
Con lo anterior, se extrae que, en el presente asunto, no existen elementos
probatorios con los cuales se pueda establecer la relación jurídica sustancial del
demandante con la cooperativa Zarsalud. Lo que imposibilita a la Sala establecer
con certeza en que consistió el objeto contractual pactado con esa empresa,
razón por la cual, se mantiene lo decidido por el a quo en este sentido.
Con respecto a la relación contractual del demandante con las empresas
Temporalmente S.A.S y Soluciones Efectivas Temporal S.A.S, se tiene probado
en el proceso que con la primera celebró un contrato de trabajo por obra o labor
con fecha de inicio de 1 de enero de 2013 y con la segunda suscribió iguales
contratos así: i) a partir del 1 de septiembre de 2013, ii) desde el 1 de enero de
2014, iii) desde el 1 de enero de 2014 sin establecerse fecha final de cada uno
61 A similar conclusión llegó esta Subsección en caso precedente: Sentencia de 14 de noviembre de 2024
radicación número: 50001-23-33-000-2013-00138-01 (3737-2023). M.P: Luis Eduardo Mesa Nieves
62 Sentencia del 5 de noviembre de 2020 radicación número: 76001-23-31-000-2011-01043-01
(1688-18) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
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de ellos en los textos de los contratos y ello se explica en la denominación que
se le dio a los mismos «por duración de la obra o labor, modalidad contractual
que se encuentra regulada en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo63.
Aun así, la Sala debe analizar si esas sociedades fungieron o no como simples
intermediarias (artículo 35 ibídem), teniendo en cuenta que a ellas se les ha
otorgado el carácter de auténtico empleador de los trabajadores en misión, y por
tal razón, son quienes cumplen con todas las obligaciones que surgen del
contrato de trabajo.
Asimismo, se tiene que la vinculación de trabajadores en misión conlleva a la
prestación de servicios transitorios a una empresa usuaria y por razones
excepcionales establecidas en la Ley 50 de 1990 artículo 77: i) cuando se trate
de labores transitorias consagradas en el artículo 6 del CST; ii) para reemplazar
personal en vacaciones, en uso de licencia o en incapacidad; y iii) para atender
incrementos en la producción y en la prestación de servicios, por un término de
seis meses prorrogables hasta por seis meses más. De tal manera que, si
pasado un año sigue la necesidad del servicio no se podrá prorrogar el contrato
con la misma empresa usuaria ni contratar a una nueva para el mismo servicio 64.
Así las cosas, en el presente caso se tiene que en los contratos suscritos por el
demandante con las mencionadas empresas si bien se prolongaron en el tiempo,
no es menos cierto que no se demostró que la usuaria fuera la verdadera
empleadora del trabajador.
Lo anterior, por cuanto en el texto de los contratos se estableció que el señor
Pinilla prestaría sus servicios como médico en la ESE demandada de
conformidad con las órdenes e instrucciones que le impartiera el empleador
(Soluciones Efectivas o Temporalmente SAS, según fuere el caso).
Igualmente los testigos si bien refirieron compartir labor con el demandante en
algunos períodos, lo cierto es que desconocieron su forma de vinculación, no
fueron claros ni precisos a la hora de indicar si en la ejecución de la actividad se
encontraba subordinado al ente hospitalario, pues nada expresaron respecto la
imposición de direccionamientos, órdenes, reglamentos o requerimientos
puntuales de parte del hospital que permitan advertir de manera suficiente y clara
su presencia en la ejecución de la labor como médico del demandante.
De las afirmaciones de los testigos no advierte la Sala cómo la entidad
demandada direccionaba al señor Pinilla, pues no existe forma de establecer que
ella le indicara la forma y el tiempo en que debía ejecutar los objetos
63 El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de
una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o
transitorio.
64
Artículo 6 del Decreto 4369 de 2006.
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contractuales, como tampoco de qué manera asignaba las funciones al
demandante.
Sumado a lo expuesto se tiene que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido
clara en expresar que no toda relación de servicios en los que medien actividades
de cumplimiento de deberes por parte del contratista implica necesariamente la
existencia de subordinación. Pues entre las partes del contrato de prestación de
servicios debe existir una relación de coordinación de actividades, donde el
contratista, aunque autónomo en el desarrollo de sus funciones, es libre de
someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la labor
encomendada, tales como: i) un horario; ii) el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o iii) tener que reportar informes sobre sus
resultados, tal y como ocurre en el presente caso, sin que ello transmute la
coordinación existente en subordinación765.
Así pues, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era el
demandante a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona y
el ente demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del
caso.
Al respecto, esta Subsección ha considerado que «si bien no puede decirse que
existe una prueba reina para demostrar el elemento de la subordinación y
dependencia continuada, esta Sala si ha considerado que para acreditar este
elemento de la relación laboral, deben aportarse aquellas que permitan acreditar
fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad, para la cual fue
contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía someterse
ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran»66.
De esa manera, aunque esta Corporación en decisiones precedentes ha
abordado el estudio de la relación laboral encubierta en el caso de entidades del
Estado cuando existe una intermediación laboral67, considerando que se
configura un vínculo laboral y subordinado del trabajador asociado o misión con
la empresa tercerizada de trabajo, lo cierto es que en el presente asunto, con las
pruebas que se trajeron al plenario, solamente se logra advertir la existencia de
los elementos de prestación personal del servicio y remuneración, a partir de la
vinculación, bien sea asociativo o laboral del demandante con las empresas
tercerizadas, pero excluyéndose, realizado el análisis de las pruebas, el
65
Sentencia de 14 de julio de 2022; Sección Segunda, radicado 2016-04522-01; C.P. William Hernández
Gómez.
66 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 0000701 C.P
Gabriel Valbuena Hernández.
67 Sentencia 29 de febrero de 2024; Sección Segunda, Subsección A, radicado 66001-23-33-000-2014-
00486-01 (3324-2020) C.P JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ.
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elemento de la subordinación, cuya carga le correspondía igualmente al
demandante. Por lo cual no se puede acreditar la existencia de la relación laboral
encubierta.
Por lo cual, aunque la Sala no pase por alto que las actividades que se afirman
realizadas por el demandante como médico general son inherentes a las
empresas prestadoras del servicio de salud, lo cierto es que en el presente caso,
a partir de los elementos de juicio obrantes, no se acreditó de manera clara y
suficiente que las actividades realizadas fueran direccionadas y desarrolladas de
manera subordinada; o que los contratos no se hubiesen realizado por la
imposibilidad transitoria de prestación del servicio de salud con el personal de
planta de la entidad.
Así las cosas, se estima que le asiste razón a la entidad demandada, en tanto
que con las pruebas aportadas al plenario no se acreditó la existencia del
elemento de subordinación sobre el servicio ejecutado por Armando Pinilla
Rincón. De manera que los argumentos planteados con precedencia son
suficientes para revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
En consecuencia, no hay lugar a estudiar el segundo problema jurídico.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.
En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CGP, por
tanto, no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se
sustentaron las razones esgrimidas por la parte actora en defensa jurídica de sus
intereses, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se declaró no probadas las
excepciones de cobro de lo no debido, pago e inexistencia de subordinación y,
en consecuencia, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
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Radicado: 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022)
Demandante: Armando Pinilla Rincón
presentada por Armando Pinilla Rincón en contra de la E.S.E Hospital la
Misericordia de Calarcá. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda;
conforme lo expresado en la motivación.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero de Estado en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley, y el art. 186 del CPACA.
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