Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01937-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01937-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01937-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de junio de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01937 00
Accionante: Francisco Javier Salazar Montoya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01937 00
Accionante: FRANCISCO JAVIER SALAZAR MONTOYA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y CONSEJO
DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier
Salazar Montoya, en contra de las sentencias proferidas el 28 de febrero
de 2020 y el 29 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 66001 23 33 000 2014 00486 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Francisco Javier Salazar Montoya, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:
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Accionante: Francisco Javier Salazar Montoya
“[…] solicito al Señor Juez con el fin de que se protegiera mi derecho
fundamental al debido proceso, igualdad, al trabajo y a la primacía de
la realidad sobre las formas; se dejé sin efectos las sentencias de
primera instancia proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, del mecanismo de control de
nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 66001-23-
33-000-2014-00486-01; y la sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado en su Sección segunda, Mp. JORGE
IVAN DUQUE GUTIERREZ, el 29 de febrero de 2024, notificado por
correo electrónico el 11 de marzo de 2024. Y en su lugar, dicten una
nueva sentencia de acuerdo con derecho, en el cual se reconozca la
existencia del contrato realidad en el período comprendido entre el 2
de enero de 2005 hasta el 21 de noviembre de 2014, y se le concedan
las demás súplicas de la demanda […]”. (Mayúsculas originales del
escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas como médico general en el área de consulta
externa, desde el 2 de enero de 2005 al 21 de noviembre de 2014 de
manera ininterrumpida, sin solución de continuidad en la ejecución de sus
labores. Agregó que las labores ejecutadas se efectuaron conforme las
instrucciones y bajo el control del gerente y la coordinadora del área.
Señaló que las funciones desarrolladas eran iguales a las de un médico
de consulta externa de planta, diferenciándose solamente en dos
aspectos, esto es, en la modalidad del contrato y en el salario devengado.
Aseveró que no tenía autonomía suficiente y siempre estaba supeditado
a los horarios, órdenes y demás directrices determinadas por la gerencia
del hospital y que “(…) [la] relación laboral se pretendió encubrir por los
contratos de obra o labor, y en algunas oportunidades contratos de misión
firmados por diferentes cooperativas de trabajo asociado como lo son:
Empacamos S.A, Consorcio Servi-Salud, Centro de Empleos Temporales
de Colombia S.A.S. SERSALUD UT, MULTIFUNCIONAL DE SERVICIOS
PROFESIONALES, COOMULTISERPRO CTA, SERVITEMPORALES (…)”2.
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Anotó que los servicios laborales se prestaron de manera personal, bajo
la continuada subordinación y dependencia, con turnos de 8 horas todos
los días de la semana, y que las labores se cumplían en las mismas
condiciones que las de los trabajadores de planta.
Manifestó que, actuando por conducto de apoderado, promovió demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la E.S.E. Hospital
Santa Mónica de Dosquebradas con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo contenido en el oficio nro. 1510 del 22 de julio de
2014, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales a las que, estima, tiene derecho.
Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó “(…) que me
pagaran la indemnización por el no pago oportuno de los salarios y
prestaciones sociales en los términos del art. 52 del Decreto 2127 de
1945, la indemnización moratoria de conformidad con lo previsto en el
art. 13 de la ley 344 de 1996; que se paguen las cesantías y las
diferencias entre el salario pactado en el contrato y aquello que perciben
los servidores de planta; que a lo anterior se agreguen los siguientes
emolumentos: prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones,
prima de navidad, que se ordene compensar lo que coticé al sistema de
seguridad social, que se indexen todas las sumas; que además se incluya
la indemnización por despido injusto; que se ordene reintegrar al
demandante y que se condene a la entidad en costas y agencias en
derecho (…)”3.
Indicó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Risaralda que, en sentencia proferida el 28 de febrero
de 2020 negó las pretensiones al considerar que el hoy accionante no
probó el vínculo contractual o asociativo que suscribió con las
cooperativas de trabajo con las que la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas contrató los servicios de carácter asistencial profesional
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durante las vigencias 2006, 2007, 2008 y 2012, lo que servía de sustento
para reclamar el reconocimiento de la relación laboral encubierta.
Mencionó que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación con el objetivo que se determinara “(…) si entre el acá
demandante y la entidad demandada existió o no una verdadera
subordinación laboral encontrándose sometida a una auténtica relación
laboral y si, en tal virtud se generó el derecho a que le fueran reconocidas
las prestaciones laborales reclamadas (…)”4.
Expuso que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 29 de febrero de 2024 confirmó el fallo de primera instancia
al considerar que “(…) frente a la prestación del servicio directamente con
la entidad demandada, se tiene que este se suscribió con el propósito de
brindar su asistencia profesional en el programa de atención domiciliaria.
De este acuerdo contractual se evidencia que el demandante se ocupaba
de una actividad especifica y de campo a cargo del hospital mas no, de
actividades propias y cotidianas del personal asistencial de la entidad.
Además, si se analizan las declaraciones de los señores Diana Matilde
López Gaviria, Pio Eugenio Vélez Sáenz, Luz Adriana Ordoñez, y Sanery
Toro Restrepo, se logra determinar de manera general que el demandante
se desempeñó como médico general de la ESE Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas (…)”5.
Adujo que en la sentencia de segunda instancia se presentan varias
equivocaciones que originan una vía de hecho en cuanto al análisis de las
pruebas obrantes en el proceso, lo que conduce a la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso comoquiera que “(…) no se hizo
un correcto análisis de las pruebas pues con solo el acervo probatorio
obrante en el expediente, se tendría convencimiento de la existencia de
un contrato realidad (…)”6.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Sostuvo que “(…) tampoco se hizo un correcto análisis de la prueba
testimonial de los señores: Pio Eugenio Vélez, en la cual constaba que el
acá accionante cumplía un horario continuo y recibía ordenes por parte
de la Coordinación del Hospital; ni el testimonio que en iguales
condiciones rindió la señora Diana Matilde López, en el cual también se
puede colegir que el señor SALAZAR, laboró en la ESE Hospital Santa
Mónica cumpliendo turnos de 8 horas, dependiendo de la necesidad del
servicio, a cargo de las órdenes y directrices de la médica y/o enfermera
de turno (…)”7.
Resaltó que “(…) en estos mismos testimonios recibidos se puede colegir
que preste mis servicios para la ESE Hospital santa Mónica cumpliendo
turnos de 8 horas, dependiendo de la necesidad del servicio y que las
órdenes y directrices estaban a cargo de la médica coordinadora del
Hospital o de la enfermera en jefe del Hospital (…)”8.
Alegó que “(…) el Consejo de Estado no analizó entonces que se
encontraban acreditados los supuestos que configuraban mi relación
laboral, encontrando que se probó que presté mis servicios como Médico
General, labor que comporta el cumplimiento de calidades especiales,
esto de conformidad con la respuesta dada por la E.S.E. demandada al
suscrito, en donde reconocen que laboré para esta entidad como médico
general (…)”9.
Agregó que “(…) en lo referente a la subordinación, el Consejo de Estado
pasó por alto su propio precedente jurisprudencial, en el cual mi actividad
era el de médico general, y en este sentido, la jurisprudencia manifiesta
que la naturaleza del cargo desempeñado por su calidad y las funciones
que ejerció el suscrito, al encontrarse plenamente establecida la función
de médico general en el área de consulta externa en la ESE Hospital Santa
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8
Ibidem.
9
Ibidem.
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Mónica de Dosquebradas como se desprende de las certificaciones
laborales y las pruebas testimoniales (…)”10.
Señaló que “(…) en virtud a los supuestos fácticos descritos en la acción
tutelar, que evidencian la relevancia constitucional por debatirse un
derecho pues se atacan decisiones judiciales porque se está
desconociendo o contrariando derechos fundamentales fijados por la
Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sentencias de tutela,
(…) se debe estudiar el desconocimiento del precedente como causal
específica de procedibilidad de la acción de amparo contra providencias
judiciales, derivado de la aplicación directa de una regla que tiene su
origen en la propia Carta Política, y cuya infracción conduce a la
vulneración de una norma de raigambre superior (…)”11.
Anotó que la vulneración de sus derechos fundamentales se deriva de la
decisión de las autoridades judiciales accionadas, al denegar las súplicas
de la demanda, sin el análisis detallado de las pruebas.
Finalmente arguyó que “(…) nos encontramos contra una violación al
debido proceso por defecto sustancial al no realizar un análisis detallado
de las pruebas (…)”12.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 19 de abril de 2024 a través de la ventanilla
virtual de esta Corporación13 y correspondió por reparto a la Sección
Primera que, por auto del 26 de abril de 202414 requirió al señor Francisco
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11
Ibidem.
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Conforme constancia secretarial. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01937 00.
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Accionante: Francisco Javier Salazar Montoya
Javier Salazar Montoya para que (i) determinara con claridad la
providencia judicial contra la cual presentaba la acción de tutela y (ii)
señalara el número de radicado del proceso en la que se profirió.
3.2. Por escrito radicado el 8 de mayo de 202415 a través de la ventanilla
virtual de esta Corporación, el accionante indicó que radicaba la solicitud
de amparo en contra de las sentencias proferidas el 28 de febrero de 2020
y el 29 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda y
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
el radicado nro. 66001 23 33 000 2014 00486 00/01, que promovió en
contra de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.
3.3. Por auto del 16 de mayo de 202416, esta Sección admitió la acción
de tutela y dispuso notificar17 a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Risaralda y la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado, como parte accionada, así como vincular18 a la E.S.E.
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, como tercero interesado en el
resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Risaralda y/o al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para que allegaran
copia digital o el hipervínculo de consulta del proceso identificado con el
radicado nro. 66001 23 33 000 2014 00486 00/01.
3.4. El gerente de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas allegó
escrito19 en el que solicitó que se niegue la orden de dictar nueva
sentencia por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda y que se
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radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01937 00.
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Esta orden se cumplió el 23 de mayo de 2024. Visto en el índice 14 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
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Esta orden se cumplió el 23 de mayo de 2024. Visto en el índice 14 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
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Accionante: Francisco Javier Salazar Montoya
declare la improcedencia de la solicitud de amparo, comoquiera que no se
han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Manifestó que la vía constitucional es especial y no puede ser utilizada
como una instancia adicional a la que se acuda cuando una de las partes
está inconforme con la decisión de un juez de la República, para discutir
nuevamente los asuntos de índole probatorio o de interpretación
normativa que dieron origen a la controversia, comoquiera que los jueces
cuentan con autonomía e independencia y en sus providencias gozan de
potestad para valorar las pruebas allegadas al proceso atendiendo las
reglas de la sana crítica y los parámetros de la lógica y la experiencia.
Indicó que “(…) al hacer un análisis del expediente del proceso objeto de
reproche y comparándolo con los hechos y las pretensiones de la presente
acción constitucional, la parte actora pretense que se analicen de nuevo
las pruebas que se aportaron en su momento, por lo que se estaría
quebrantando la seguridad jurídica con la que cuentan las sentencias de
los jueces de la república, toda vez que, en las etapas que se surtieron
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se le dio valor
probatorio a cada prueba tanto documental como testimonial, como lo
narran en las sentencias de primera y segunda instancia, haciendo un
análisis en sus consideraciones (…)”.
3.5. El Tribunal Administrativo de Risaralda remitió el expediente del
proceso ordinario20, pero no se pronunció sobre los hechos de la acción
de tutela.
3.6. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, guardó
silencio.
3.7. El expediente ingresó al despacho para fallo el 31 de mayo de 202421.
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Accionante: Francisco Javier Salazar Montoya
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199122 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,23 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202124, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201925 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26:
4.2.1. El señor Francisco Javier Montoya, actuando por conducto de
apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas,
pretendiendo lo siguiente:
“[…] 1. Que se declare la nulidad de la decisión del oficio nro. 1510
del 22 de julio de 2014 expedido por el gerente del Hospital de Santa
Mónica de Dosquebradas ESE, por medio del cual se niega la relación
laboral del señor FRANCISCO JAVIER SALAZAR MONTOYA con esa
entidad y el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnización durante el período comprendido entre el 2 de enero de
2005 y hasta la fecha.
2. Que en subsidio de la anterior declaración y por ser el acto
demandado contrario a la Constitución Nacional se declare la
22
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
23
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
24
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
25
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
26
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 66001 23 33 000 2014 00486 00/01. Visto en
el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
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Accionante: Francisco Javier Salazar Montoya
excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Carta
y se le dé aplicación a los artículos 25 y 53 de la Carta.
3. Declarar que entre el señor FRANCISCO JAVIER SALAZAR
MONTOYA, en calidad de empleado, y la ESE HOSPITAL SANTA
MÓNICA DE DOSQUEBRADAS, en condición de empleador, se
presentó una relación laboral por el período comprendido entre el 2
de enero de 2005 y hasta la fecha.
Que a título de restablecimiento del derecho se ORDENE a la E.S.E.
HOSPITAL SANTA MÓNICA DOSQUEBRADAS a reconocer a favor del
señor Francisco Javier Salazar Montoya a título de indemnización de
perjuicios los siguientes conceptos:
1. La indemnización por el no pago oportuno de los salarios y
prestaciones sociales en los términos del artículo 52 del Decreto 2127
de 1945, modificado por el artículo 1 del Decreto Ley 797 de 1949.
2. La indemnización por el no reconocimiento y pago de cesantías en
el equivalente a un día de salario por cada día de retardo en su pago
(artículo 2 Ley 244 de 1995) o por no haberlas consignado
oportunamente a un fondo como lo establece el artículo 13 de la Ley
344 de 1996. A pagar lo que corresponda por cesantías conforme a
los artículos 5 del Decreto 1045 de 1978 y demás leyes
complementarias y sus respectivos intereses.
3. A pagar lo que corresponda por la diferencia del salario devengado
por un empleado de planta con las mismas funciones ejecutadas por
la parte actora.
4. A pagar lo que corresponda por prima de servicio.
5. A pagar lo que corresponda por vacaciones previstas en la ley
Decreto 1045 de 1978 y el artículo 45 C.S.T.
6. A pagar lo que corresponda por prima de vacaciones de acuerdo
con lo previsto en la ley (Decreto 1045 de 1978 demás normas
complementarias).
7. A pagar lo que corresponda por prima de navidad prevista en la ley
(Decreto 1045 de 1978, demás normas complementarias).
8. A pagar los demás salarios y prestaciones que se le reconozcan a
un empleado de planta de la Empresa Social del Estado Hospital Santa
Mónica conforme a la ley y lo que demuestre.
9. A compensar lo que el actor pagó al sistema de seguridad social,
que como trabajador que correspondía pagarlo a la empresa
demandada.
10. A pagar las sumas reconocidas indexadas desde la fecha de la
causación a la fecha de pago (…).
11. Que se condene a la entidad al pago de la indemnización por
despido injustificado.
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Accionante: Francisco Javier Salazar Montoya
12. Que se ORDENE a la entidad accionada a que realice un nuevo
acto administrativo en el cual vincule directamente a la parte actora
como personal de planta de la entidad accionada E.S.E. HOSPITAL
SANTA MÓNICA […]”. (Mayúsculas originales del escrito de la
demanda).
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Cuarta de Decisión que, en sentencia proferida el 28 de
febrero de 2020, negó las pretensiones al concluir que “(…) los
argumentos expuestos por la parte demandante, no encuentran asidero
o respaldo probatorio en las pruebas que obran en el proceso, en
consecuencia, no se demostró en el caso bajo estudio que el demandante
prestó directamente sus servicios a la ESE Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas (…)”.
4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el hoy accionante presentó
recurso de apelación, y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 la confirmó,
pero bajo la siguiente conclusión:
“[…] al realizar una valoración integral de los medios de prueba, se
advierte que, si bien es claro que el actor prestó sus servicios a la
E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas como médico general,
no se tiene certeza de las condiciones en que desarrolló esa labor o
de las circunstancias y términos en que se suscitaron los diferentes
vínculos con las compañías de trabajo asociado o empresas de
servicios temporales […]”.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
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identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional27
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”28.
Lo anterior, implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional29.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
27
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
28
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
29
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
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Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades30:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia31. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.2. Caso Concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que32 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
30
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
31
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
32
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”. (Se
destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto de la providencia cuestionada, “circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en
la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
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instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
Ello, por cuanto, la petición de amparo está siendo utilizada por el
accionante para reabrir el debate probatorio que se surtió en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades
expuestas en sede constitucional están encaminadas a cuestionar la
valoración que las autoridades judiciales accionadas hicieron sobre las
pruebas obrantes en el expediente, en tanto que, alega que “(…) no se
hizo un correcto análisis de las pruebas pues con solo el acervo probatorio
obrante en el expediente, se tendría convencimiento de la existencia de
un contrato realidad (…)”33.
Al efecto, en el escrito de tutela sostuvo que “(…) [no] se hizo un correcto
análisis de la prueba testimonial de los señores: Pio Eugenio Vélez, en la
cual constaba que el acá accionante cumplía un horario continuo y recibía
órdenes por parte de la Coordinación del Hospital; ni el testimonio que en
iguales condiciones rindió la señora Diana Matilde López, en el cual
también se puede colegir que el señor SALAZAR, laboró en la ESE Hospital
Santa Mónica cumpliendo turnos de 8 horas, dependiendo de la necesidad
del servicio, a cargo de las órdenes y directrices de la médica y/o
enfermera de turno (…)”34.
En igual sentido, adujo que “(…) el Consejo de Estado no analizó entonces
que se encontraban acreditados los supuestos que configuraban mi
relación laboral, encontrando que se probó que presté mis servicios como
Medico General, labor que comporta el cumplimiento de calidades
especiales, esto de conformidad con la respuesta dada por la E.S.E.
demandada al suscrito, en donde reconocen que laboré para esta entidad
como médico general (…)”35.
33
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01937 00.
34
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01937 00.
35
Ibidem.
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Lo anterior, con el fin de insistir en que sí existió una relación laboral entre
el hoy accionante y la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas “(…)
en el período comprendido entre el 2 de enero de 2005 hasta el 21 de
noviembre de 2014 (…)”36, lo cual ya fue objeto de debate en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Al respecto, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la sentencia de segunda instancia controvertida, indicó lo siguiente37:
“[…] el demandante prestó sus servicios como médico general a la
entidad demandada, inicialmente, a través de diferentes modalidades
de vinculación, esto es, por contrato de prestación de servicios directo
con esta entre el 15 de abril y el 31 de diciembre de 2005 y,
posteriormente, por intermedio de cooperativas de trabajo asociado
o empresas temporales y, como trabajador en misión, con ocasión del
contrato individual de trabajo, desde la terminación del acuerdo
referenciado y el 21 de noviembre de 2014.
En cuanto al segundo período, la Subsección considera que si bien se
presentaron certificaciones acerca de su vinculación tanto con la
empresa SERVITEMPORALES S.A como con ETEMCO S.A.S, no obra
otro medio de prueba conducente que dé cuenta de las características
y condiciones de la labor desempeñada en la entidad demandada, así
como la forma en que se desarrolló el vínculo con las cooperativas de
trabajo asociado o las empresas de servicios temporales contratistas
de la E.S.E en las que ejerció su labor como médico general en el
aludido hospital.
(…)
Frente a la prestación del servicio directamente con la entidad
demandada, se tiene que este se suscribió con el propósito de brindar
su asistencia profesional en el programa de atención domiciliaria. De
este acuerdo contractual se evidencia que el demandante se ocupaba
de una actividad específica y de campo a cargo del hospital mas no,
de actividades propias y cotidianas del personal asistencial de la
entidad.
Además, si se analizan las declaraciones de los señores Diana Matilde
López Gaviria, Pio Eugenio Vélez Sáenz, Luz Adriana Ordoñez y
Sanery Toro Restrepo, se logra determinar de manera general que el
demandante se desempeñó como médico general de la E.S.E. Hospital
Santa Mónica de Dosquebradas, pero no se obtienen mayores detalles
al respecto.
En ese sentido, los señores Pio Eugenio Vélez Sáenz y Diana Matilde
López Gaviria indicaron que ingresaron a la institución médica
36
Ibidem.
37
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01937 00.
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demandada en el 2008 y 2005, respectivamente, y, que, en esas
anualidades conocieron al señor Salazar Montoya, sin saber cuál era
la modalidad en la que se vinculó a la institución y las condiciones de
la remuneración.
(…)
Por su parte, las señoras Luz Adriana Ordoñez y Sanery Toro Restrepo
afirmaron que desconocían los períodos en los que se vinculó el
demandante a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y no
tenían claridad frente a la forma o figura contractual que dio lugar a
la prestación del servicio por parte del profesional de la salud.
(…)
En ese sentido, la Sala considera que existen contradicciones en
cuanto a si el profesional atendía o no un horario o si ejecutó su labor
de manera independiente según su disponibilidad. Tampoco se logra
acreditar la sujeción a órdenes o instrucciones, por parte del
contratista en el período aquí revisado frente al ente demandado y la
necesidad de solicitar permiso o agotar algún trámite previo en caso
de requerir ausentarse de sus tareas.
Si bien se tiene prueba de algunas situaciones aisladas en ese sentido,
por ejemplo, las agendas de uno o dos días de 2005 con
programaciones de máximo 8 o 9 horas, estas denotan es una
prestación esporádica y temporal de los servicios de consulta de
medicina general o consulta externa.
Es pertinente resaltar que, aunque en otras oportunidades, esta Sala
de decisión condenó a las empresas prestadoras de servicios de salud
por el encubrimiento de relaciones labores con personal vinculado
como médicos generales al ser esta una actividad propia del giro
ordinario de estas entidades, en este caso, no existen elementos
probatorios contundentes sobre el tiempo, modo y lugar en que el
demandante ejecutó su labor.
Así, al realizar una valoración integral de los medios de prueba, se
advierte que, si bien es claro que el actor prestó sus servicios a la
E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas como médico general,
no se tiene certeza de las condiciones en que desarrolló esa labor o
de las circunstancias y términos en que se suscitaron los diferentes
vínculos con las compañías de trabajo asociado o empresas de
servicios temporales […]”. (Se destaca).
En esa medida, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ordinario para controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez
natural de la causa, por lo que se concluye que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.
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Ahora, en cuanto al argumento expuesto en el escrito de tutela que “(…)
en lo referente a la subordinación, el Consejo de Estado pasó por alto su
propio precedente jurisprudencial, en el cual mi actividad era el de médico
general, y en este sentido, la jurisprudencia manifiesta que la naturaleza
del cargo desempeñado por su calidad y las funciones que ejerció el
suscrito, al encontrarse plenamente establecida la función de médico
general en el área de consulta externa en la ESE Hospital Santa Mónica
de Dosquebradas (…)”38, por lo que “(…) se debe estudiar el
desconocimiento del precedente como causal específica de procedibilidad
de la acción de amparo (…)”39, es preciso manifestar que el accionante no
cumplió con la carga de identificar cuál fue la regla jurisprudencial
desconocida que constituía precedente y que era aplicable a su caso.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 01937 00.
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competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Francisco Javier Salazar Montoya, según lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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