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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01990-00

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01990-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela efectiva de la parte accionante. En consecuencia, Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 7 de septiembre de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm. 18001-23-31-000- 2010-00336-01. www.consejodeestado.gov.co 23 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-01990-00 Accionante: María Inés Campo Cantero y otros Tercero: Ordenar la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta todo lo expuesto en las consideraciones que anteceden. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01990-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01990-00
Accionante: María Inés Campo Cantero y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la
administración de justicia y tutela efectiva. Responsabilidad del Estado por
muerte de erradicador de cultivos ilícitos al caer en un campo minado.

Decisión: Se concede el amparo solicitado al encontrarse configurados los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo decide la acción de tutela
que instauraron María Inés Campo Cantero, Inés Campo Cantero; Dora Dilma
Muelas Campo, Erika Yasmín Muelas Muelas, Francy, Idaly Muelas Muelas, Luis
Alberto Muelas Campo, María Beneda Campo y Yurdin Daniela Ulchir Muelas,
actuando por conducto de apoderado, contra la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de
justicia y tutela efectiva, con la expedición de la sentencia del 7 de septiembre de
2023 dentro del proceso de reparación directa seguido bajo el radicado 18001-
23-31-000-2010-00336-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos
En el año 2006, el señor Juan Bautista Muelas Campo se vinculó al programa
presidencial contra cultivos ilícitos, financiado por el Gobierno Nacional, a través
de la empresa Empleamos S.A.

El 1 de diciembre de 2009, los familiares del señor Juan Bautista Muelas
recibieron una llamada realizada por la empresa Empleamos S.A., a través de la
cual se les informó que su familiar perdió la vida cuando cayó en un campo
minado dentro de los cultivos ilícitos donde realizaba la actividad de erradicación.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01990-00
Accionante: María Inés Campo Cantero y otros

Por lo anterior, los accionantes presentaron demanda de reparación directa
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, el
Ministerio del Interior y de Justicia, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, la Agencia Presidencial para la Acción Social, la
Dirección Nacional de Estupefacientes y la Cooperativa Empleamos S.A., para
que se declarara la responsabilidad patrimonial de las referidas entidades por el
accidente que produjo la muerte del señor Juan Bautista Muelas Campo,
mientras realizaba la actividad de erradicación de cultivos ilícitos.

En primera instancia, mediante sentencia del 6 de julio de 2017, el Tribunal
Administrativo del Caquetá declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Agencia
Presidencial para la Acción Social, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la
Cooperativa Empleamos S.A.

Sumado a lo anterior, declaró administrativamente responsable a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional; como consecuencia
de ello, los condenó solidariamente a pagar a los demandantes las sumas de
dinero por concepto de perjuicios morales y materiales.

La anterior decisión fue apelada por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, y
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del
7 de septiembre de 2023, la revocó para en su lugar negar las pretensiones de
la demanda, al considerar que la única entidad legitimada para ser demandada
era la empresa que contrató al señor Juan Bautista Muelas Campo (Q.E.P.D).

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante manifestó que en la sentencia cuestionada se decretó la falta
de legitimidad en la causa por pasiva de las entidades demandadas y en
consecuencia, no se realizó el análisis de la responsabilidad que podría recaer
sobre ellas, desconociendo que el tema objeto de estudio giró en torno a una
labor concreta y a cargo del Estado como lo es la erradicación de cultivos ilícitos.

De conformidad con lo anterior, sostuvo que al proferir la sentencia del 7 de
septiembre de 2023 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incurrió en los siguientes defectos:

2.2.1. Desconocimiento del precedente: al considerar que existe precedente
de esa misma Subsección1, en el que se ha sostenido que, sin lugar a dudas, la
erradicación de cultivos ilícitos en zonas de alto riesgo recae en cabeza del
Estado y, dependiendo de los elementos fácticos, se debe estudiar bajo el título
de imputación (objetiva) riesgo excepcional o (subjetiva) falla en el servicio.

1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B,

sentencia de 10 de febrero de 2021, radicación 50001-23-31-000-2006-00937-01(54381)
consejero ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

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Por otro lado, manifestó que discrepa de la aplicación de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia al dar un valor mayor a la relación contractual
existente entre el señor Juan Bautista con Empleamos S.A., separándose del
origen sobre el cual surgió dicha relación laboral, como lo es el plan de
erradicación de cultivos ilícitos en cabeza del Gobierno Nacional que contrató a
la empresa para que personas ajenas al conflicto cumplieran con dicha labor.

2.2.2. Defecto sustantivo: al respecto indicó que el Consejo de Estado no tuvo
en cuenta que la Ley 554 del 2000 y la Convención de Ottawa, suscrita por
Colombia, han sido claras en establecer que los organismos nacionales y las
fuerzas militares tienen obligaciones frente a los ciudadanos, por lo que no
existían argumentos para revocar la sentencia de primera instancia en la que se
declaró la responsabilidad del Estado.

En ese orden de ideas, el Tribunal desconoció que se demostró una falla en el
servicio por parte de las fuerzas militares y castigó severamente a quienes ya
eran víctimas de una tragedia.

2.2.3. Defecto fáctico: existió una indebida valoración del material probatorio
obrante en el expediente, por cuanto la autoridad judicial accionada limitó su
estudio a la ejecución de la labor para la cual fue contratada la víctima, dejando
de un lado que las pruebas se centraron en demostrar la ausencia de seguridad
por parte de las entidades demandadas, desconociendo la naturaleza de las
funciones adquiridas por el Estado en la erradicación de cultivos ilícitos.

2.2. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«PRIMERO: Se solicita respetuosamente Amparar los derechos de los
señores Maria Inés Campo Cantero; Dora Dilma Muelas Campo quien
actúa en nombre y representación de sus hijas menores Erika Yasmin
Muelas Muelas y Francy Idaly Muelas Muelas; Luis Alberto Muelas
Campo, María Beneda Campo y Yurdin Daniela Ulchir Muelas, por las
razones aquí esbozadas, que se encuentran en congruencia con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, y especialmente, porque vulnera los
derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación, al acceso a la
justicia, al debido proceso.

SEGUNDO: Que se revoque la sentencia proferida por el CONSEJO DE
ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B- proceso de reparación directa, Radicado No.
18-001-23-31-000 2010-00336-01 (60185), mediante providencia del 07 de
septiembre de 2023.

TERCERO: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN A que emita una sentencia en un plazo
razonable de 30 días, acorde con la Jurisprudencia que rige la protección
de los derechos constitucionales de los demandantes en el proceso de
reparación directa y que descansa en la interpretación que se ha elaborado

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por el Honorable Consejo de Estado, e incluso por la misma Corte
Constitucional» (sic en toda la cita).

2.3. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por el Despacho sustanciador y se ordenó
notificar a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado como
accionada y a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército
Nacional, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la empresa
Empleamos S.A. como terceros con interés en el resultado del proceso.

2.4.1. El magistrado Martín Bermúdez Muñoz, en su condición de ponente de la
decisión cuestionada2, manifestó que no participará en la acción de tutela de la
referencia como parte ni como tercero y acatará estrictamente las disposiciones
que se adopten.

2.4.2. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional rindió
informe3 en el que manifestó que la decisión judicial adoptada en la sentencia
objeto de reproche estuvo alineada a los preceptos legales, se realizó una
valoración detallada y minuciosa de las condiciones de tiempo modo y lugar en
las que ocurrieron los hechos, que le permitieron concluir que la Policía Nacional
no tenía la legitimación en la causa por pasiva por cuanto el hecho presentado
se trató de un accidente de trabajo en virtud de un contrato laboral y quedó claro
que el empleador surtió una reparación a la familia.

Así las cosas, consideró que no se configuró una vía de hecho o circunstancia
que atente contra los derechos fundamentales invocados en protección y no se
demostró la existencia de un perjuicio irremediable, por lo que solicitó negar las
súplicas de la demanda.

2.4.3. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional manifestó
que no se vulneró ningún derecho fundamental de la parte accionante por cuanto
la autoridad judicial accionada respetó el precedente jurisprudencial aplicable al
caso objeto de estudio por lo que solicitó negar el amparo constitucional
requerido.

2.4.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
solicitó ser desvinculado del proceso por falta de legitimidad en la causa por
pasiva, por cuanto no puede intervenir en las decisiones judiciales ni incurrió en
alguna omisión que pueda generar alguna vulneración a los derechos
fundamentales invocados en protección.

2 Índice 10 del aplicativo SAMAI.
3 Índice 11 del aplicativo SAMAI.

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El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la empresa
Empleamos S.A., guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a establecer si la providencia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 7 de septiembre
de 2023 se incurrió en las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial de desconocimiento del precedente, defecto
sustantivo y defecto fáctico.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De

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ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
identificados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la última providencia cuestionada (25 de
octubre de 2023) y radicación de la acción de tutela (23 de abril de 2024).

3.3.1.4. El asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia del desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y
defecto fáctico, en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

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Al respecto, se advierte que la parte invocó como causales específicas de
procedibilidad el desconocimiento del precedente, el defecto sustantivo, y el
defecto fáctico.

3.4. El desconocimiento del precedente como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto de tal
disposición4, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical5, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior6.

4 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
5 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.

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Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso7. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación8.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia,
dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente9.

7 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
8 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
9 En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente
importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de
extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.

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En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.

3.4.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto

La parte accionante, manifiesta que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado desconoció su propio precedente sobre la responsabilidad del
Estado por la omisión en el deber de protección de las personas que se dedican
a la actividad de la erradicación de cultivos ilícitos, sin justificar los motivos por
los cuales se apartó de este.

En ese orden de ideas, citó la sentencia del 10 de febrero de 2021, proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado identificada con el
radicado 50001-23-31-000-2006-00937-01 (54.381), en la que se analizó un caso
con hechos similares, donde el señor Heriberto Ríos Herrera al realizar las
labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, fue víctima de una mina
antipersona que le ocasionó graves trastornos de estrés postraumático, pérdida
de la visión del ojo izquierdo y de la audición en el oído izquierdo.

Para determinar la responsabilidad del Estado, la Sala realizó el siguiente
análisis:

«1. No hay lugar a dudas que la labor de erradicación de cultivos ilícitos –en
este evento, en zona de alto riesgo- recae, con todos sus peligros, en cabeza
del Estado, razón por la cual se estima que en este caso, prima facie, el título
de imputación debe ser el de riesgo excepcional10. Dicho título requiere para
su declaración de: i) una actividad lícita pero riesgosa a cargo de la Nación;
y ii) un menoscabo o detrimento patrimonial o extrapatrimonial que haya sido
producto de la concreción del riesgo de dicha actividad, que la persona
afectada no tiene la obligación de soportar por no existir causa jurídica que
así lo justifique.

1. No obstante, la jurisprudencia de la Sección Tercera11 también ha
señalado que en aquellos eventos en que se acredite que la entidad
demandada no obró con diligencia en la prestación del servicio o, que en el
peor de los casos, omitió algún deber a su cargo, el juez contencioso
administrativo debe declarar la falla del servicio, a fin de lograr la prevención
o evitación de este tipo de conductas, lo cual se logra a través de la
realización del reproche respectivo.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia de 21 de noviembre de 2018, radicación 50001233100020070032201 (47.628),
magistrado ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia de 14 de febrero de 2019, exp. 47.392. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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▪ Deberes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional
respecto de la erradicación de cultivos ilícitos

2. La misión primordial de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional consiste en contribuir “a las metas del Gobierno Nacional en su
política de lucha contra el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, a
fin de neutralizar las actividades relacionadas y conexas con este delito, que
afecten a la comunidad nacional e internacional”12.

3. Respecto de las funciones que tiene a su cargo dicha dirección, el
artículo 40 del Decreto 1512 de 200013 -vigente a la fecha de ocurrencia del
hecho dañoso- definió las siguientes:

1. Cumplir la política nacional en materia de lucha contra las drogas.

2. Cumplir lo acordado por el Gobierno Nacional en convenios de
cooperación nacional e internacional en materia de lucha contra el
tráfico de drogas.

(…).

6. Reducir la oferta de drogas mediante los siguientes procesos:

a) Fumigación aérea y técnica de cultivos ilícitos de coca, amapola y
marihuana, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

b) Operaciones de interdicción a nivel nacional tendientes a la
localización y destrucción de laboratorios de procesamiento de
drogas, el control al ingreso y desvio de sustancias químicas, el control
al tráfico y distribución de drogas y el desmantelamiento de las redes
del narcotráfico.

7. Direccionar la reducción de la demanda de drogas, mediante programas
de prevención.

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley y los reglamentos
(negrillas adicionales)».

Sobre el particular, la Sala observa que el precedente citado por el accionante
trata de una persona que al realizar las labores de erradicación manual de
cultivos ilícitos fue víctima de una mina antipersona y en cuanto a este aspecto
se puede predicar una coincidencia fáctica.

Sin embargo, las situaciones objeto de los pronunciamientos judiciales difieren
en un aspecto relevante, y es que, en el fallo objeto de reproche se indicó que
a pesar de que existió un daño antijurídico, la empresa empleadora del señor
Juan Bautista Muelas Campos pagó una indemnización, y que en esta
oportunidad no resultaba procedente determinar quién es el causante del daño,
sino quién debe indemnizarlo-

12 Consultar realizada el 3 de diciembre de 2020 en:
https://www.policia.gov.co/direcciones/antinarcoticos#resena-historica
13 Disposición normativa vigente al momento de ocurrencia del hecho dañoso.

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En ese sentido, consideró que quien debe pagar es la sociedad Empleamos S.A.
a la cual prestaba sus servicios el señor Muelas Campos, porque el fallecimiento
encaja en lo que el artículo 1 de la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina
de Naciones considera un accidente de trabajo, y que, dado que esta indemnizó
a las víctimas no había lugar a acceder a las pretensiones.

En ese orden de ideas, al existir una diferencia fundamental en el aspecto fáctico
entre uno y otro caso, no hay lugar a predicar un desconocimiento del precedente.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»14.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

14 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:

Eduardo Montealegre Lynett.

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(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»15.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presenta un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoce las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoce la
normativa aplicable o porque se desconoce una sentencia con efectos erga
omnes.

En el caso concreto, de acuerdo con los argumentos presentados por la parte
accionante, se estaría ante el primer supuesto, esto es, porque se realizó una
interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad, pues no
desarrolló los dos recursos de apelación, no planteó ni resolvió un problema
jurídico y no realizó ningún estudio sobre la presunta responsabilidad del estado
pese a ser el objeto de la demanda, se desarrolló en la primera instancia y fue
planteado en los recursos de apelación de la policía y el ejército nacional.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración de un defecto sustantivo en el
caso concreto

Para la parte accionante, la autoridad judicial desconoció su propia línea al existir
una amplia jurisprudencia de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que ha establecido que cuando se trata de casos de daños causados
a las personas que prestan los servicios de erradicación de cultivos ilícitos de
forma manual víctimas de las minas antipersona, siempre se ha realizado el

15 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.

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estudio sobre la responsabilidad del Estado, por lo que, desconocer esta
situación, resulta incongruente y violatoria de derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, esta Sala de Subsección hará transcripción lo resuelto
en el fallo de primera instancia, y referencia al contenido de los recursos de
apelación y el fallo de segunda instancia cuestionado a través de esta acción de
tutela, para poder determinar si, como lo señala el accionante, la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo.

Así las cosas, se observa que en el fallo de primera instancia el Tribunal
Administrativo del Caquetá consideró lo siguiente:

«Conforme al material probatorio, se encuentra probado que el 01 de
diciembre de 2009, el señor JUAN BAUTISTA MUELAS CAMPO se
encontraba trabajando como erradicador de cultivos ilícitos en la vereda San
Isidro del municipio de La Montañita - Caquetá, cuando se detonó una mina
antipersona que le produjo la muerte en forma instantánea.

En el presente asunto se estudia la responsabilidad que puede asistirle al
Estado por omisión o negligencia, teniendo en cuenta que se imputa una
omisión de cuidado frente al Grupo Móvil de Erradicación al que pertenecía
el señor JUAN BAUTISTA MUELAS CAMPO, ya que la fuerza pública no
prestó el servicio de seguridad a que estaba legalmente obligada, o mejor
no lo prestó como le era exigible.

Para la Sala es evidente la falla en el servicio por parte de la fuerza pública,
pues siendo la encargada de la protección y vigilancia de los erradicadores,
no verificó en debida forma la presencia de minas antipersona o artefactos
explosivos improvisados en el sitio donde se estaban realizando las
erradicaciones manuales, sometiendo con ello a un peligro inminente a los
trabajadores en misión de la empresa EMPLEAMOS S.A. que colaboran con
el Estado en la erradicación de los cultivos ilícitos, a quienes conforme lo
indica los documentos CONPES 3669 sobre Política Nacional de
Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la
Consolidación Territorial, debe proveer la seguridad necesaria, a fin de evitar
que resulten heridos o muertos en su labor.

(…)

En ese orden de ideas, en el caso concreto se evidencia una responsabilidad
del Estado, que debió materializar su deber de cuidado frente a los
erradicadores y cerciorarse oportuna y diligentemente de que el terreno
donde iban a cumplir su labor estuviera libre de minas antipersona o
artefactos explosivos improvisados, pues no se puede perder de vista que
cuando un ciudadano es contratado para erradicar cultivos ilícitos no está
asumiendo más carga que la de su propio trabajo, mas no asume las cargas
que corresponden a los uniformados en cumplimiento de sus funciones,
como equivocadamente lo quiere hacer ver el apoderado de la Policía
Nacional.

Así las cosas, no hay duda de que el Estado en cabeza de la Nación -
Ministerio de Defensa Ejército Nacional y Policía Nacional debe responder
por la muerte del señor JUAN BAUTISTA MUELAS CAMPO, como quiera
que los demandantes no se encuentran en la obligación de soportar las
consecuencias de las estrategias repudiables de las que hacen uso los
grupos armados al margen de la Ley para contrarrestar a las Fuerzas
Militares y la intervención estatal.

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Por tanto, no puede afirmarse que el hecho dañoso es imputable a un
tercero, cuando está de por medio el imperativo constitucional a la fuerza
pública de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos,
máxime, cuando se trata de civiles que se encargan de labores peligrosas
como lo es la erradicación de cultivos ilícitos, que requiere el
acompañamiento constante y efectivo de la fuerza pública».

En escrito de apelación, la Policía Nacional sostuvo que no fue responsable del
fatídico suceso en que perdió la vida el señor Juan Bautista Muelas Campo
(Q.E.P.D), por cuanto la víctima de manera voluntaria decidió vincularse a la
actividad de erradicador de cultivos ilícitos y fue contratado por Empleamos S.A.,
empresa elegida por el Gobierno Nacional para seleccionar el personal que
desarrollaría dicha actividad, razón por la cual conocía los riesgos que implicaba
la labor convenida y decidió asumirlos.

Asimismo, expuso que no se puede perder de vista que existía un vínculo laboral
entre el señor Bautista Muelas y Empleamos S.A., por lo que, dicha empresa
tenía la obligación de afiliar a la víctima al sistema de seguridad social y por tanto,
se encontraba en su cabeza la obligación de indemnizar a la familia ya que el
deceso ocurrió cuando desempeñaba la labor para la cual fue contratado,
situación que precisamente ocurrió con el pago de $100.000.000 por concepto
de perjuicios materiales y morales.

Por su parte, el Ejército Nacional indicó que el daño padecido por los
demandantes obedeció a una causa ajena a la entidad, no existieron pruebas
que demostraran que en la zona existían los artefactos explosivos ni que la
comunidad de la zona hubiese manifestado tal situación y tampoco puede
desconocerse que el ejército ha logrado grandes avances en el desminado
humanitario.

En ese orden de ideas, expuso que para el caso concreto no puede desconocerse
que los causantes de la tragedia fueron los miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia -FARC-, es decir que el daño fue generado por el
hecho de un tercero, situación que rompe el nexo de causalidad.

Así las cosas, se advierte que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, al resolver en segunda instancia los recursos de apelación propuestos
por la Nación Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional, sostuvo lo
siguiente:

«12.- La Sala revocará la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, porque la única legitimada para responder
por el daño ocasionado a las víctimas es la empresa que contrató al
trabajador para ejercer labores de erradicación; está demostrado que la
empleadora pagó la indemnización por el accidente de trabajo y, de
acuerdo con la ley, ella está legitimada para repetir contra el tercero
causante del daño; con esta decisión no se está determinando quién
es el causante del daño, sino quién debe indemnizarlo, es decir, la
empresa empleadora de la víctima directa.

(…)

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22.- De acuerdo con lo anterior, la empresa Empleamos S.A., que es la
única llamada a responder por haber tenido una relación laboral con la
víctima directa, ya indemnizó el accidente de trabajo. Los documentos
“Acta de pago de indemnización por muerte del 13 de mayo de 2010” y
“Recibo de finiquito de indemnización-póliza de seguro de vida en grupo
(muerte e indemnización adicional por muerte accidental)” indicaron que
reparaban los perjuicios materiales y morales producidos con ocasión del
accidente de trabajo, y tienen naturaleza de transacción.

Por último, la Sala advierte que la empresa empleadora tiene la posibilidad
de repetir contra el causante del daño, si este es un tercero, en virtud del
artículo 12 del Decreto 1771 de 1994». Negrilla fuera del texto.

A partir de lo anterior, se advierte que la autoridad judicial que profirió la sentencia
objeto de reproche no hizo ningún análisis acerca de la responsabilidad de los
entes demandados, ni acerca del alcance de la indemnización, sino que se limitó
a constatar que en el caso concreto existió una indemnización por parte de la
empresa empleadora, y a partir de ello, se abstuvo de realizar un análisis de
responsabilidad del Estado.

La Sala considera que el estudio realizado por la Subsección B, de la Sección
Tercera del Consejo de Estado desconoció postulados mínimos de
razonabilidad en cuanto se limitó a realizar un ejercicio automático acerca
de la existencia de una indemnización para la familia de la víctima, para de
ahí abstenerse de realizar un estudio acerca de la responsabilidad del Estado.

En ese sentido, se considera que ello entraña una lectura arbitraria de un principio
en la valoración del daño que se conoce como compensatio lucri cum damno,
que, en palabras de esta corporación consiste en lo siguiente:

«Para definir este asunto debe tenerse presente que la compensatio lucri
cum damno –que significa que el lucro obtenido por el damnificado se
compensa con el daño-, a diferencia de la compensación, que es un modo
de pago o extinción de una obligación, tiene una estrecha relación con la
regla de la indemnización plena, y opera cuando con ocasión del daño
producido al afectado concurre, a su vez, un lucro o beneficio, y este
elemento ha de tenerse en cuenta para establecer la necesidad de disminuir
la tasación del perjuicio resarcible.

De hecho, y como regla general, la producción de un daño genera para la
víctima una afectación, disminución o reducción patrimonial y/o
extrapatrimonial; sin embargo, esta regla de experiencia no es absoluta,
porque existen casos en los que la víctima queda en una situación no tan
precaria o incluso mejor de la que tenía antes de la realización del hecho,
esto es, cuando se presenta una concurrencia entre el daño y una ventaja
para la víctima, como consecuencia del mismo hecho.

El tratadista Adriano De Cupis, la define como “la disminución proporcional
que el daño experimenta cuando con él concurre un lucro (ventaja), o con
otras palabras, la reducción del montante del daño resarcible por la
concurrencia de un lucro. Es un fenómeno que completa el estudio hasta
ahora realizado respecto de la determinación del contenido del daño”.

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A su turno, Arturo Alessandri Rodríguez, dice al respecto que “… el beneficio
o provecho que el delito o cuasidelito procure a la víctima sí que autoriza
una reducción de la indemnización, porque entonces el daño sólo asciende
a lo que reste después de deducirles el valor de ese provecho o beneficio, y
la reparación, como hemos dicho, no puede ser superior al daño
efectivamente sufrido por la víctima. De ahí que en caso de deterioro de
unas mercaderías, el autor del deterioro debe abonar la diferencia entre el
valor de ellas y el precio en que se vendieron al martillo, y que en caso de
animales muertos por un tren, el autor de la muerte sólo deberá indemnizar
el valor de los animales previa deducción del beneficio que el dueño haya
podido obtener de sus restos….”

De esta manera, la compensatio lucri cum damno aplica en aquellos eventos
donde el daño y el incremento patrimonial de quien lo padece tienen origen
en el mismo hecho causal, y ambos -el daño y el lucro- son consecuencia
directa e inmediata de éste.

Como es bien sabido, el daño constituye un requisito esencial de la
obligación de indemnizar y, por regla general, para que pueda hablarse de
responsabilidad debe acreditarse la ocurrencia de un daño antijurídico
imputable al Estado. Según definición de la jurisprudencia nacional, el daño
es “…la lesión, la herida, la enfermedad, el dolor, la molestia, el detrimento
ocasionado a una persona en su cuerpo, en su espíritu o en su
patrimonio…”, y para que sea indemnizable debe ser personal, determinado
o determinable, cierto -no eventual- y que recaiga sobre un bien
jurídicamente tutelado.

Por estas mismas características, la finalidad de la indemnización plena de
los perjuicios es que la víctima quede reparada, de tal forma que su
situación, de ser posible, se conserve como estaba antes del evento dañoso,
de allí que el perjudicado solo debe recibir el equivalente al perjuicio
efectivamente sufrido. Por tal razón, en el evento de que el afectado reciba
alguna ventaja, lucro o provecho con la ocurrencia del hecho, ésta habrá de
tenerse en cuenta al momento de cuantificar la indemnización, siempre que
exista una relación directa entre el daño y el lucro.

Por tanto, la compensatio lucri cum damno tiene por finalidad la reparación
integral de la víctima frente al daño sufrido, ya que, como se indicó, el hecho
tampoco puede generarle un enriquecimiento ni convertirse en fuente de
lucro; por tanto, se impone determinar o concretar y cuantificar la medida o
monto del perjuicio que experimenta el patrimonio del afectado, así como las
posibles ventajas o beneficios que surgieron del mismo hecho, pero no para
que opere técnicamente una compensación, como modo extintivo de una
obligación, sino para tenerla en cuenta al momento de calcular el perjuicio a
resarcir, con el fin de establecer, ahora sí de manera concluyente, el
menoscabo sufrido en el patrimonio del afectado, como consecuencia del
daño.

En los términos indicados, la figura que se analiza guarda perfecta armonía
con el art. 16 de la ley 446, al cual también están vinculados los árbitros,
como jueces que son: “Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso
que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños
irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación
integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.” En estos
términos, la compensatio lucri cum damno no es, por tanto, una forma de

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aplicación de la excepción de compensación, porque tiene una naturaleza
jurídica distinta, presupuestos y finalidades diferentes, que se resumen de
la siguiente manera:

En primer lugar, la compensatio lucri cum damno es una forma, técnica o
instrumento al servicio de la valoración de los daños, mientras que la
compensación es una forma de extinguir las obligaciones. Esto significa que
si bien la primera autoriza al juez, cuando establece el monto del perjuicio,
para que descuente de alguna suma que representa el valor del daño los
posibles beneficios recibidos con el mismo hecho causante; la segunda es
una forma de extinguir las obligaciones, no una manera de cuantificar daños,
e incluso opera por ministerio de la ley, y no requiere declaración judicial,
sino su simple constatación fáctica.

En segundo lugar, la compensatio lucri cum damno sólo aplica cuando un
mismo hecho genera tanto un perjuicio como un beneficio a la misma
persona que reclama indemnización, de modo que la valoración que hace el
juez no se aleja de la ponderación de los efectos de ese, y sólo ese, hecho
dañoso, del cual se derivan dos efectos: uno negativo y otro positivo, ambos
para el afectado. La compensación, en cambio, no se circunscribe al crédito
y a la deuda que surgen de un mismo acto jurídico, sino a cualquier crédito
y deuda que existe entre esas partes, y en principio adquirido en cualquier
época.

En tercer lugar, la compensatio lucri cum damno es una institución jurídica
atípica, porque no tiene fundamento legal, sino doctrinario y jurisprudencial,
pese a que encaja perfectamente en el concepto de reparación integral, que
sí tiene asidero normativo; la compensación, en cambio, es una figura típica,
cuya regulación tiene fundamento normativo civil y comercial.

En cuarto lugar, la compensatio lucri cum damno no opera de pleno derecho,
porque sólo existe en la media en que el juez que valora el daño encuentra
acreditado que el hecho produjo también un beneficio para el mismo
afectado; mientras que la compensación aplica por ministerio de la ley, de
modo que no exige declaración judicial –como la anterior- sencillamente
porque el art. 1714 del código civil dispone que “La compensación se opera
por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores; y
ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus
valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades
siguientes...”.

En quinto lugar, la compensatio lucri cum damno no tiene requisitos o
condiciones legales de procedibilidad, por razones que se deducen de la
diferencia anterior, aunque sí debe cumplir con algunas condiciones
mínimas, pero creadas por la jurisprudencia: i) que el hecho reprochable
haya producido tanto un perjuicio como un lucro en cabeza de la misma
persona, ii) que se trate del mismo hecho, generador de los dos efectos;
nunca de circunstancias distintas, y iii) que el juez declare su ocurrencia. La
compensación, en cambio, tiene otros requisitos, además previstos en la ley,
y predicables de la deuda: “i) Que sean ambas de dinero o de cosas
fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, ii) que ambas deudas
sean líquidas; iii) que ambas sean actualmente exigibles.” –art. 1715 CC.-

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En sexto lugar, la compensatio lucri cum damno no supone la preexistencia
de una deuda a cargo de las partes ni la existencia de un crédito a cargo de
las mismas; simplemente porque el hecho dañoso es el constitutivo de un
presupuesto para que sea el juez quien valore si origina la obligación de
responder por los perjuicios. En este horizonte, el hecho imputable al
demandado, y el daño y el lucro que nacen en cabeza del actor ocurren casi
en el mismo momento fáctico u ontológico –pero no necesariamente-. La
compensación, en cambio, supone la preexistencia de un crédito-deuda
anterior y la existencia de otro crédito-deuda posterior, necesario para que
surja, de pleno derecho, la extinción total o parcial de la primera relación.

En séptimo lugar, la compensatio lucri cum damno exige de la valoración o
apreciación judicial para su aplicación; mientras que la compensación es
objetiva, porque opera frente a deudas y créditos de dinero o cosas
fungibles, indiscutibles, líquidos, exigibles, “… y aún sin conocimiento de los
deudores…”. –art. 1715 CC.-»16.

A partir de lo anterior, se puede advertir que en la providencia objeto de la acción
de tutela se confundió el análisis del quantum del perjuicio, con el de la
responsabilidad extracontractual del Estado.

En ese sentido, es menester recordar que, una vez establecida la existencia del
daño, lo siguiente que debe estudiar, en los procesos de reparación directa, es si
existe responsabilidad del Estado o de sus agentes, para en ese momento entrar
a atribuir de manera específica dicha responsabilidad, lo que implica determinar
quién debe indemnizar.

Precisamente la doctrina ha expuesto que en esta clase de procesos se
acumulan unas pretensiones de carácter declarativo, con unas de carácter
reparador (que pueden tener un contenido económico o no). Al respecto, Juan
Gabriel Rojas sostuvo:

«El mecanismo de control de reparación directa se concreta mediante
la acumulación ordinaria de pretensiones. En un primer momento,
surgen las pretensiones que imputan responsabilidad y, en un
segundo lugar, aquellas que buscan la reparación, asociadas a la
petición de condena por los daños y perjuicios causados. Esta
designación se explica en gran medida debido a que la pretensión de
reparación no está ligada una previa pretensión de declaración de
nulidad de un acto administrativo o de un contrato. Se encuentra
exclusivamente precedida, insistimos en ello, por la imputación de
responsabilidad, que actúa como punto de partida para la reparación
directa del daño atribuido al demandado»17.

En ese orden de ideas, se evidencia que la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado decidió no realizar el estudio de la responsabilidad, pues
se limitó a indicar que con su decisión no determinaba el causante del daño sino

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de

marzo de 2011, expediente 37.695, magistrado ponente: Enrique Gil Botero.
17 Juan Gabriel Rojas, Curso esencial de derecho contencioso administrativo, Bogotá, Tiran Lo

Blanch, 2024, pp. 112-113.

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la entidad que debía indemnizarlo, con fundamento en que la víctima había
suscrito un contrato laboral con Empleamos S.A.

Así las cosas, esta Sala considera que la accionada desconoció que, en el
proceso de reparación directa, lo que se pretendía como primera medida era la
declaratoria de responsabilidad por la presunta omisión del ejército y la policía
nacional, de realizar la tarea de desminado en el terreno donde se desarrollaban
las actividades de erradicación manual de cultivos ilícitos, pues precisamente
para obtener una reparación integral, es necesario el conocimiento de la verdad
y en caso de que se encuentre probado un daño antijurídico que sea atribuible
por acción u omisión al Estado, además del reconocimiento de daños materiales,
las víctimas también pretenden medidas simbólicas que hacen parte de los
perjuicios no materiales, como lo es el reconocimiento de la responsabilidad del
Estado, situación con la que además se pueden buscar las garantías de no
repetición.

Es oportuno señalar que en sentencia de 10 de febrero de 2021 identificada con
el radicado 05001-23-31-000-2010-00511-00, la misma Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en un caso con identidad fáctica, indicó
lo siguiente:

«El 23 de diciembre de 2008, la señora Cynthia Martínez Mora en
representación de su hijo John Jairo Meléndez Martínez (quienes no figuran
como demandantes en el presente caso) recibieron el pago de una
indemnización por accidente de trabajo de la empresa Empleamos S,A, por
un valor de 90 millones de pesos. Al respecto obra: i) acta de pago de
indemnización (folio 131 y 132, c,1), ii) cheque número 1017 fl. 133 c,1 , iii)
recibo de finiquito de indemnización póliza de seguro de vida en grupo a
favor a favor de Cynthia Martínez Mora quien recibió la indemnización en
representación de su hijo John Jairo Meléndez Martínez.

(…)

85. En relación a la Empresa Empleamos, si bien se encuentra legitimada,
no se encuentra acreditado que haya tenido alguna injerencia en la
irrogación del daño, ya que su labor se limitó a la contratación del personal
para hacer la labor de erradicación de cultivos ilícitos. De hecho, Acción
Social (como empresa beneficiaria de la labor) y la Fuerza pública eran los
encargados de la gestión de su seguridad y las condiciones para ejercer tal
actividad.

86. Luego, el litigio se centrará en analizar la responsabilidad de Acción
Social (hoy Departamento Administrativo de la Prosperidad Social) y el
Ministerio de Defensa-Ejército y Policía Nacional»18. Negrilla de la cita

Así, por ejemplo, también lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T-041
de 2023 en sede de revisión, al analizar un caso sobre la responsabilidad del
Estado por los daños causados por una mina antipersonal a una persona que
ejercía la función de erradicación de cultivos ilícitos, concluyó lo siguiente:

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10

de febrero de 2021, magistrado ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

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«La Sala Primera de Revisión encuentra que con la sentencia de 21 de mayo
de 2021, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente y en
un defecto fáctico por (i) no analizar el caso a partir del precedente de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en materia de responsabilidad
patrimonial del Estado derivada de daños causados por minas
antipersonales a civiles que desarrollan actividades de erradicación manual
de cultivos ilícitos, y (ii) por interpretar, erróneamente que, por la suscripción
de un contrato laboral con un empleador privado, el señor Arcadio Restrepo
Arce asumió un riesgo ligado a una actividad propia de la lucha que el Estado
ha fijado en materia de cultivos ilícitos»19.

Para llegar a esa conclusión, la Corte Constitucional analizó precisamente 3
sentencias proferidas por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, dentro de las que se encuentra la citada en precedencia,
en las que se estableció lo siguiente:

«En la primera sentencia (de 21 de noviembre de 2018), la Subsección B de
la Sección Tercera, en segunda instancia, estudió una demanda de
reparación presentada por los familiares de seis personas que se
desempeñaban como erradicadores voluntarios de cultivos ilícitos y que el 2
de agosto de 2006 fallecieron por la explosión de una mina antipersonal
sembrada por las FARC-EP. Luego de plantear el problema jurídico, la
Subsección señaló que “la labor de erradicación de cultivos ilícitos –en este
evento, en zona de alto riesgo- recae, con todos sus peligros, en cabeza del
Estado, razón por la cual se estima que en este caso el título de imputación
debe ser el de riesgo excepcional”, y que el al (sic) tratarse de un régimen
objetivo, el Estado debe responder así no hubiera falla de su parte (“no
puede haber exoneración con la sola prueba de la diligencia o prueba del
cumplimiento de los deberes a cargo”). En el caso concreto, señaló que “la
instalación de minas antipersonas en la Serranía de La Macarena tenía por
propósito torpedear el plan estatal de erradicación de cultivos ilícitos, con
independencia inclusive de quien lo llevara materialmente a cabo, si militares
o civiles; razón por la cual el daño resulta imputable al Estado en virtud de
la concreción del riesgo típico de la actividad peligrosa (…).”

En la segunda sentencia (de 10 de febrero de 2021), la Subsección B de la
Sección Tercera resolvió un recurso de apelación en el marco de un proceso
de reparación directa promovido por un señor -y familia- que, el 1 de marzo
de 2006, como voluntario, se encontraba realizando labores de erradicación
manual de cultivos ilícitos y fue víctima de una mina antipersonal instalada
por las FARC, que le causó graves lesiones en su integridad física. Entre
otras cosas, el demandante cuestionó que ese día los erradicadores
iniciaron sus labores sin que los agentes de la Policía Nacional hubieran
rastreado el lote y constatado que no hubiera minas (falla del servicio).
Después de establecer el problema jurídico, la Subsección reiteró la primera
sentencia (la de 21 de noviembre de 2018), en el sentido que la labor de
erradicación recae, con todos sus peligros, en cabeza del Estado, por lo que
el título de imputación debe ser el del riesgo excepcional, aunque la Sección
Tercera también ha señalado que cuando el Estado no obró con diligencia u
omitió un deber a su cargo, debe declararse la falla del servicio.

Así, al analizar el caso concreto determinó que no solo estaba demostrado
“que el daño causado al señor (…) se produjo durante la actividad de
erradicación manual de cultivos ilícitos y con ocasión de la misma, sino que

19 Corte Constitucional, sentencia T – 041 de 28 de febrero de 2023, magistrada ponente: Diana

Fajardo Rivera.

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además está probado que la Policía Nacional, representada por la Dirección
Antinarcóticos, no adoptó las medidas de seguridad necesarias para el
desarrollo de una función riesgosa como la encomendada al demandante”,
porque dicha entidad no efectuó la verificación de los cultivos ilícitos para
detectar la instalación de artefactos explosivos (falla del servicio). Sin
perjuicio de lo anterior, la Subsección advirtió que aun si no se hubiera
configurado una falla en el servicio “también se encuentra comprometida la
responsabilidad de la Fuerza Pública a título objetivo, por cuanto sometió a
los erradicadores de cultivos ilícitos, y en este caso a la víctima concreta, a
un riesgo de carácter excepcional”, para lo cual volvió a citar la sentencia de
21 de noviembre de 2018. Por tanto, decidió modificar la sentencia de
primera instancia y declarar la responsabilidad del Estado (Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional) por los daños antijurídicos
probados.

En la tercera sentencia (también de 10 de febrero de 2021), la Subsección
B de la Sección Tercera estudió, en segunda instancia, una demanda de
reparación directa presentada por los familiares de un joven que murió
el 9 de febrero de 2008 por el accionar de una mina antipersonal cuando
realizaba, en el marco de un contrato de trabajo firmado con la
sociedad Empleamos S.A., labores de erradicación de cultivos ilícitos
en el municipio de Anorí, Antioquia. Después de plantear el problema
jurídico, la Subsección concluyó que el daño era imputable a las
acciones y omisiones de Acción Social y al Ministerio de Defensa
(Ejército y Policía Nacional) a título de falla del servicio, ya que
enviaron a los erradicadores a cumplir una labor de alto riesgo en
medio del conflicto armado sin ningún tipo de preparación, aunado a
que no inspeccionaron el terreno para determinar la presencia de
minas, más aún cuando se tenían conocimiento de que en la zona
existían campos minados. En todo caso, resaltó, “aun si no se hubiera
configurado una falla del servicio, en el sub lite, se encuentra comprometida
la responsabilidad de Acción Social (hoy DPS) y la Fuerza Pública a título
objetivo, por cuanto sometieron a los erradicadores de cultivos ilícitos, y en
este caso a la víctima concreta, a un riesgo de carácter excepcional.”»20.
negrilla fuera de texto.

Por todo lo expuesto, se concluye que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo, ya que, no realizó ningún
estudio sobre la responsabilidad de las entidades en el evento enjuiciado.

Se reitera que la providencia se limitó a señalar que en el caso concreto existió
una indemnización, sin entrar a analizar el subsiguiente aspecto que debió ser
abordado, una vez probado el daño, y es si había responsabilidad atribuible a
las entidades demandadas.

Al respecto se advierte que, si bien es cierto que el medio de control de
reparación directa es típicamente indemnizatorio, existe en el ámbito de
reparación integral un componente que no es esencialmente económico y es
justamente el del análisis y atribución jurídica del daño a la acción o la omisión
del Estado.

Por lo demás, tampoco se estudió si el quantum de la indemnización es suficiente
para reparar el daño material ocasionado por el deceso del señor Muelas Campo.

20 Ibidem.

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Se reitera que la providencia se limitó a pronunciarse sobre la existencia de un
contrato laboral entre la víctima (Q.E.P.D) con un empleador privado, esto es la
empresa Empleamos S.A., para ejercer las labores de erradicación manual de
cultivos ilícitos y realizó un análisis sobre la constatación de un accidente de
trabajo, en los términos del literal n) del artículo 1° de la Decisión 584 de 2004 de
la Comunidad Andina de Naciones, citó una sentencia de la Corte Suprema de
Justicia sobre ese mismo tema y finalmente hizo referencia a la indemnización
que realizó Empleamos S.A., al considerar que era la única entidad que debía
ser llamada a responder por haber tenido una relación laboral con la víctima
directa.

Lo anterior sería suficiente para tutelar los derechos de los accionantes, y para
dejar sin efectos la sentencia objeto de reproche. Sin embargo, es necesario
estudiar todos los cargos contenidos en el escrito de tutela, por lo que es preciso
analizar la configuración de un defecto fáctico.

3.6. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez.

b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»4.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez
que ordinariamente conoce de un asunto.

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3.6.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto

La parte accionante sostuvo que en la decisión objeto de cuestionamiento se
incurrió en la causal específica de procedibilidad de tutela contra providencia
judicial de defecto fáctico por indebida valoración probatoria, teniendo en cuenta
que la autoridad judicial accionada limitó su estudio a la ejecución de la labor para
la cual fue contratada la víctima, dejando de un lado que las pruebas se centraron
en demostrar la ausencia de seguridad por parte de las entidades demandadas,
lo que en últimas se traduce en una falla del servicio.

Sobre el particular, para la Sala es evidente que en el caso objeto de estudio la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en la
configuración de un defecto fáctico, pues al no realizar el estudio de la
responsabilidad del Estado, tampoco hizo un análisis de las pruebas aportadas
al proceso por la parte demandante para demostrar una falla en el servicio por la
presunta ausencia de seguridad por parte de las entidades demandadas.

En ese orden de ideas, esta Sala de subsección encuentra probado que en la
providencia objeto de reproche se incurrió, además del defecto sustantivo
invocado por la accionante, en el defecto fáctico por la no valoración de los
elementos probatorios aportados al proceso.

Por lo anterior, se amparan los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de
la señora María Inés Campo Cantero y otros.

En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 7 de septiembre 2023
proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado 18001-
23-31-000-2010-00336-01, en su lugar, se ordenará a la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que en el término de (20) veinte días
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión
en la que se tenga en cuenta todo lo expuesto en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
acceso a la administración de justicia y tutela efectiva de la parte accionante. En
consecuencia,

Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 7 de septiembre de 2023, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
medio de control de reparación directa con radicado núm. 18001-23-31-000-
2010-00336-01.

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Tercero: Ordenar la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de
esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en
cuenta todo lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Quinto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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