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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02022-00

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02022-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Emiliano Agustín Cera Vega contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 16 de noviembre de 2023, en el proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 47001 23 31 003 2009 00212 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02022-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

18 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 02022 00
Demandante: Emiliano Agustín Cera Vega
Demandada: Nación- Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado
Civil y Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial1

Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por Emiliano Agustín Cera Vega contra la
sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado el 16 de noviembre de 2023, en el proceso de reparación
directa identificado con el número único de radicación 47001 23 31 003 2009 00212
01, por estimar que se encuentra incursa en la causal prevista en el numeral 5.° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. Índice 1 SAMAI.
2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 02022 00

I. ANTECEDENTES

La demanda de reparación directa

1. Emiliano Agustín Cera Vega presentó demanda contra la Nación — Consejo
Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y Rama Judicial, en
ejercicio de la acción de reparación directa3, con base en las siguientes
pretensiones:

“[…] 1.1. La Nación - Consejo Nacional Electoral - Registraduría Nacional del Estado
Civil, es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios
causados a Emiliano Agustín Cera Vega por la falla del servicio, con motivo del
defectuoso funcionamiento de dichos organismos, consistentes en el no otorgamiento
de su credencial de diputado del departamento de Magdalena el día 5 de diciembre
de 2003, para el periodo electoral del primero (1) febrero de 2004 al treinta y uno (31)
de diciembre de 2007.

Subsidiariamente, se declare administrativamente responsable a la Nación Rama
Judicial - Jurisdicción Contencioso Administrativa; por los daños y perjuicios causados
al accionante, por la falla en el servicio, con ocasión del incumplimiento de la obligación
contenida en el inciso primero del párrafo del artículo 64 de la Constitución política
modificado por el acto legislativo 01 de 2003, artículo 14 el cual contempla el plazo
perentorio de dar trámite y decisión a la acción electoral en el término máximo de un
año.

1.2.- Condénese, en consecuencia, a la Nación - Consejo Nacional Electoral -
Registraduría Nacional del Estado Civil, o en su lugar, a la Nación - Rama Judicial -
Jurisdicción Contencioso Administrativa a pagar, como reparación del daño
ocasionado en los siguientes emolumentos:

1.2.1. Daños morales:

La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de
un mayor valor que resulte de la aplicación de las reglas de la equidad, de la ley o la
jurisprudencia, para la época de la sentencia.

1.2.2. Daños materiales:

1.2.2.1.- Los honorarios, prestaciones sociales y demás conceptos económicos, no
percibidos desde el día primero (1 0) de enero de 2004 hasta el día catorce (14) de
junio de 2005, fecha en la cual tomó posesión de su cargo, en razón a la sentencia
del 17 de marzo de 2005 debidamente ejecutoriada proferida por el Consejo de
Estado, en la cual se resolvió declarar la nulidad del acta parcial del formulario-26 del
5 de diciembre de 2003, por cuanto en esta fue elegido el señor Carlos José Pepín
Romero, quien para la fecha se encontraba inhabilitado.

3 Prevista en el artículo 86 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso

Administrativo”.

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1.2.2.2.- La actualización de las sumas relacionadas y demás que sugieren y se
probaron en el proceso, desde la fecha de su causación hasta cuando se produzca el
pago real y efectivo de éstas.

1.2.2.3.- El valor de las costas Y agencias en derecho no menos del 35% del valor de
la condena, en la cuantía que resulte de las bases que se prueben en el curso del
proceso […]”

En subsidio, el pago de las agencias se hará con la aplicación de los artículos octavo
de la ley 153 de 1.887 y 164 del Código de Procedimiento Civil.

1.3.- En el lucro cesante se incluirán los intereses compensatorios de la falta del uso
del capital representativo de la indemnización que, según el artículo 1615 del Código
Civil, se está debiendo desde la causación de cada suma dineraria, las cuales se
pagarán al igual que el capital, en pesos valor constante.

1.4.- La Nación - Consejo Nacional Electoral - Registraduría Nacional del Estado Civil
o en su defecto, Nación — Rama Judicial - Jurisdicción Contencioso Administrativa, de
los términos de los artículos 176 177 y 178 del CCA, ordenando perentoriamente el
pago de intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, de
conformidad con el mandamiento de la Corte Constitucional que declaró parcialmente
exequible el artículo 177del CCA, sentencia C - 188 del 24 de marzo de 1999. M. P.
Dr. Jorge Gregorio Hernández.

1.5.- El fallo ordenará que de todo pago se impute primeramente el valor de los
intereses, de conformidad con el artículo 1653 del Código Civil […]”

Presupuestos fácticos

2. La parte demandante del proceso ordinario, indicó, en síntesis, los siguientes
hechos para fundamentar sus pretensiones:

2.1. Emiliano Agustín Cera Vega inscribió su nombre para la elección de los
miembros de la Asamblea del Departamento del Magdalena para el periodo electoral
comprendido entre 2004 y 2007, la cual se llevó a cabo el 26 de octubre de 2003.

2.2. La Comisión Escrutadora Departamental declaró, el 5 de diciembre de 2003, la
elección de los diputados del Departamento del Magdalena, en la que resultó elegido
Carlos José Pepín Romero.

2.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida en
segunda instancia el 17 de marzo de 2005, declaró la nulidad de la elección de
Carlos José Pepín Romero por considerar que se encontraba incurso en una causal
de inhabilidad y, en consecuencia, Emiliano Agustín Cera Vega fue llamado a
ocupar la curul, tomando posesión del cargo el día 14 de junio de 2005.

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Normas violadas y concepto de violación

3. La parte demandante del proceso ordinario invocó como normas violadas, las
siguientes:

• Artículo 2, 4, 13, 90, 264, 265 y 365 de la Constitución Política.
• Artículos 1, 82, 86 y 206 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844.
• Artículos 2 y 8 Ley 153 de 15 de agosto de 18875.
• Artículo 16 y siguientes de la Ley 446 de 7 de julio de 19986.

4. La parte demandante del proceso ordinario explicó el concepto de violación, en los
siguientes términos7:

4.1. Indicó que se produjo una falla en el servicio por parte de la Nación- Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en la medida que: i)
declarar la elección de un candidato inhabilitado; y ii) la declaratoria de nulidad del
acto mediante el cual resultó elegido Carlos José Pepín Romero, da cuenta que se
produjo una actuación defectuosa que le generó una serie de daños materiales y
morales.

4.2. Asimismo, adujo que la Nación-Rama Judicial incurrió en una defectuosa
administración de justicia por mora judicial toda vez que, de acuerdo con el artículo
264 de la Constitución Política, el proceso de nulidad electoral debió tramitarse en
un año y, en su lugar, tardó un año, cinco meses y catorce días sin ninguna
justificación.

Sentencia de 22 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena dentro del proceso de reparación directa identificado con el
número único de radicación 47001 23 31 003 2009 00212 01

5. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la sentencia de 22 de
noviembre de 2017, resolvió:

4 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
5 “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
6
“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,
se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
7 Cfr. Índice 19 SAMAI.

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“[…] 1.- DECLÁRESE no probadas las excepciones denominadas falta de congruencia
en las facultades otorgadas en el poder y pretendido por el apoderado; falta de
legitimación en la causa por parte de la Nación -Rama Judicial; improcedencia de la
acción de reparación directa, falta de especificación y justificación en los daños y
perjuicios pretendidos y caducidad de la acción, propuestas por los apoderados de la
Nación- Rama Judicial y Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2.- NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones señaladas en la parte considerativa de esta providencia.

3.- ABSTENERSE de condenar en costas a la parte vencida. […]8”

Consideraciones del Tribunal

6. Declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada
denominadas falta de congruencia en las facultades otorgadas en el poder y
pretendido por el apoderado; falta de legitimación en la causa por parte de la Nación
-Rama Judicial; improcedencia de la acción de reparación directa, falta de
especificación y justificación en los daños y perjuicios pretendidos y caducidad de la
acción de reparación directa.

7. Sobre la excepción de caducidad de la acción consideró que “[…] la sentencia que
anuló la elección del señor CARLOS JOSÉ PEPÍN ROMERO, y en virtud de la cual
el actor pudo ocupar una curul en la Duma Departamental, quedó ejecutoriada el día
2 de junio de 2005, es decir, a partir de esa fecha el actor tuvo conocimiento del daño
cuya reparación pretende a través de esa vía judicial. Así pues, para para presentar
la demanda de manera oportuna, tenía hasta el día 3) de junio de 2007 y, como
quiera que en el presente asunto se presentó el día tres (3) de noviembre de 2005,
es claro que se hizo de manera oportuna […]”.

8. Determinado lo anterior y después de realizar un recuento de los hechos y las
pruebas obrantes en el expediente, consideró que no se probó la falla en el servicio,
en la medida en que:

8.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil no desconoció las funciones propias
que le han sido otorgadas por el ordenamiento jurídico en los procesos de elección

8 Cfr. Índice 19 SAMAI.

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popular, en cuanto llevó a cabo la dirección y organización de las elecciones para
efectos de elegir, entre otros, a los diputados que conformarían la Asamblea para el
Departamento del Magdalena para el periodo 2004-2007.

8.2. El Consejo Nacional Electoral consideró que no incumplió sus funciones
constitucionales ni legales, toda vez que si bien el artículo 265 de la Constitución
Política le atribuye la función de revocar la inscripción de candidaturas ante la
existencia de inhabilidades, cuando se realizó la inscripción de la candidatura de
Carlos José Pepín Romero no existía plena prueba de que estuviera incurso en una
causal de inhabilidad prevista en el numeral 3.° del artículo 33 de la Ley 617 de 2000,
toda vez que no se advirtió que en sede administrativa se haya ventilado dicha
situación o que las autoridades demandadas se hubieran abstenido de realizar
alguna acción desde el punto de vista de sus competencias.

8.2.1. Asimismo, consideró que no se había concretado un riesgo excepcional o que
Emiliano Agustín Cera Vega hubiera sufrido un desequilibrio frente a las cargas
públicas que el Estado impone a todos los ciudadanos para efectos de dar posibilidad
a la estructuración de un daño especial.

8.3. Por último, respecto de la Rama Judicial, consideró que no se presentó un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que no se hizo
referencia a errores contenidos en una providencia judicial, sino a una presunta
negligencia en cumplir los términos para decidir la acción de nulidad electoral, lo
cual, no sucedió en el presente asunto, comoquiera que la parte demandante no
desplegó actividad probatoria tendiente a demostrar la mora judicial alegada y que,
a su juicio, le causó un daño injustificado.

Recurso de apelación

9. Emiliano Agustín Cera Vega presentó recurso de apelación, en el que solicitó se
revoque la sentencia proferida, en primera instancia y, en su lugar, se accedan a las
pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos9:

9 Cfr. Índice 19 SAMAI.

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9.1. Reiteró que se presentó una falla en el servicio por la omisión en que incurrieron
las autoridades demandadas en el procedimiento electoral que dio lugar a declarar
la nulidad del acto que declaró la elección de Carlos José Pepín Romero,
ocasionándole perjuicios del orden material y morales los cuales deben ser asumidos
por el Estado “[…] ya que constituyen una responsabilidad patrimonial por falla en el
servicio electoral […]”.

9.2. Por último, indicó que “[…] resulta en forma notoria, que la decisión o fallo
atacado por medio del presente libelo, es plena y objetivamente contrario a la
realidad fáctico legal demostrada en el expediente contentivo de este proceso […]”.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

10. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la
sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023, en segunda instancia, resolvió10:

“[…] PRIMERO DECLÁRASE PROBADA DE OFICIO la excepción de caducidad de
la acción frente a las pretensiones dirigidas contra el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda dirigidas contra la Rama
Judicial.

TERCERO: Abstenerse de condenar en costas a la parte vencida […]”

Consideraciones de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado

Sobre la caducidad de la acción

11. Consideró que, de acuerdo con el artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, el término de caducidad de dos años de la acción de reparación
directa debía ser contabilizado a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa causante del daño.

12. En esa medida, consideró que el hecho atribuido al Consejo Nacional Electoral
y a la Registraduría Nacional del Estado Civil consistió en haber permitido que

10 Cfr. Índice 19 SAMAI.

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Carlos José Pepín Romero resultara elegido como diputado de la Asamblea
Departamental del Magdalena, a pesar de estar inhabilitado, es decir, que el
presunto daño se materializó cuando se declaró su elección, lo que ocurrió con la
expedición del formulario E-26 del 26 de octubre de 2003, el cual se notificó en
audiencia pública.

13. En consecuencia, determinó que la acción se encontraba caducada respecto del
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, toda vez
que “[…] el término para demandar vencía 27 de octubre de 2005 y la demanda fue
interpuesta, extemporáneamente, el 3 de noviembre de 2005 […]”.

Sobre la Nación – Rama Judicial

14. Consideró que el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones
dirigidas contra la Nación -Rama Judicial- porque no se acreditó la existencia de una
mora injustificada en el trámite del proceso de nulidad electoral iniciado contra el acto
de elección de Carlos José Pepín Romero ni que esta pudiera ser atribuible a los
agentes de la Rama Judicial.

15. Sin embargo, consideró que ninguno de los reparos del recurso de apelación
presentado por Emiliano Agustín Cera Vega atacó de manera concreta esta decisión,
en la medida que “[…] en el primer reparo, el demandante se limitó a insistir en la
existencia de un daño imputable a la RNEC y al CNE. En el segundo reparo, se limitó
a cuestionar de manera genérica la decisión de primera instancia sin atacar de
manera concreta ninguno de sus fundamentos […]”.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

16. Emiliano Agustín Cera Vega interpuso la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión11 contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 16 de noviembre de

11 Previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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2023, en el proceso de reparación directa identificado con el número único de
radicación 47001 23 31 003 2009 00212 01, por estimar que se encuentra incursa en
la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 201112.

17. Emiliano Agustín Cera Vega presentó las siguientes pretensiones13:

“[…] Se revise la providencia que confirmó el Consejo de Estado Sala de lo
Contenciosos Administrativo – Sección Tercera – Subsección B, de fecha 16 de
Noviembre de 2023, la sentencia de fecha 22 de Noviembre de 2017 emanada del
Tribunal Administrativo del Magdalena en el proceso radicado No. 47-001-2331-003-
2009-00212-01, debidamente notificada y ejecutoriada el día 2 de junio de 2005, dentro
del proceso del Proceso de Reparación Directa, promovida por mi poderdante contra
Nación – Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y la Rama
Judicial, por medio de la cual confirmó en su integridad el Consejo de Estado Sala de
lo Contenciosos Administrativo – Sección Tercera – Subsección B, en sentencia
expedida el 22 de Noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
se invalide y se dicte el correspondiente fallo sustitutivo del Proceso de Reparación
Directa del señor EMILIANO AGUSTÍ N CERA VEGA, por la violación al debido
proceso […]

18. Para sustentar la causal de revisión expuso los siguientes argumentos:

18.1. La sentencia recurrida no debió declarar probada de oficio la excepción de
caducidad de la acción de reparación directa respecto del Consejo Nacional Electoral
y la Registraduría Nacional del Estado Civil, toda vez que se interpretó en forma
indebida el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y el término de inicio
de la contabilización del término de caducidad de la acción de reparación directa y
con ello vulneró el debido proceso.

18.2. En efecto, argumentó que “[…] el Consejo de Estado para dictar sentencia y
declarar probada de oficio la caducidad del proceso, toma como fecha del hecho 26
de Octubre de 2003, día de la elecciones para Diputados, fecha esta errónea, debido
a que mi apadrinado en esa fecha no se encontraba elegido como Diputado, se le
reconoció su curul fue a partir del 17 de marzo de 2005, según fallo de sentencia del
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCIÓN QUINTA, radicado No. 47001233100020040001401, y radicado interno
No. 3505, quedando ejecutoriada el 2 de junio de 2005, y se posesionó el 14 de junio

12 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
13 Cfr. Índice 2 SAMAI.

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de 2005, lo que nos demuestra que la caducidad se da a partir del 2 de junio de 2007,
situación errónea por parte del Consejo de Estado […]”.

Contestaciones al recurso extraordinario de revisión

Nación- Consejo Nacional Electoral

19. La Nación- Consejo Nacional Electoral14 solicitó declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión, toda vez que el argumento del recurrente “[…] parte de
una indebida interpretación que da el demandante a la sentencia cuestionada que
llevó a que la Sección Tercera del Consejo de Estado declarara de oficio la
CADUCIDAD […]”, lo cual, no da lugar a que se configure alguna causal de revisión
de nulidad

Nación -Registraduría Nacional del Estado Civil

20. La Nación -Registraduría Nacional del Estado Civil15 solicitó declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión, toda vez que: i) cumplió con las funciones
legales y constitucionales que le correspondía en la elección de diputados en el
Departamento del Magdalena y, en esa medida, no es responsable de la presunta
falla en el servicio; y ii) se pretende controvertir las consideraciones para declarar
probada la excepción de caducidad de la acción, lo cual no es procedente a través
del recurso extraordinario de revisión.

Nación - Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

21. La Nación -Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó
declarar infundado el recurso extraordinario de revisión16, toda vez que “[…] la
finalidad del recurso extraordinario de revisión NO es controvertir la decisión del juez
natural, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y/o de las pruebas en
que hubiera podido incurrir el fallador pues eso equivaldría a convertir el recurso
extraordinario en un juicio de legalidad, como en este caso se ha hecho en una
tercera instancia […]”.

14 Cfr. Índice 21 SAMAI. Mediante apoderado.
15 Cfr. Índice 23 SAMAI. Mediante apoderada.
16 Cfr. Índice 24 SAMAI. Mediante apoderada.

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Concepto del Ministerio Público

22. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

23. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos: i)
la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso
extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de
la Ley 1437 y; vi) el análisis de la causal de revisión, los cuales se desarrollarán a
continuación:

Competencia de la Sala

24. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión; ii) 249 ibidem17, sobre competencia para conocer los
recursos extraordinarios de revisión18; iii) 111 ibidem, en especial, el numeral 2.°19
sobre las funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; y iv) 29, en
especial, el numeral 1.° del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 20: esta Sala
es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia de 16 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección B de Sección
Tercera del Consejo de Estado.

Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión

25. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, que dispone:

17 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
18
En virtud del artículo 249 de la Ley 1437 no existe impedimento para que los Magistrados que suscribieron la
sentencia recurrida, participen en el proceso del recurso extraordinario de revisión, como ocurre en el caso sub
examine.
19 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
20 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria
de la respectiva sentencia […]”

26. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 16 de noviembre de 2023. Asimismo,
la sentencia quedó ejecutoriada el 15 de enero de 202421 y el recurso extraordinario
de revisión se interpuso el 24 de abril de 202422; es decir, dentro del término previsto
en el artículo 251 de la Ley 1437.

Problema jurídico

27. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver consiste
en determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437; en especial, si el disenso frente a la procedencia de la
excepción de caducidad de la acción declarada de oficio en el proceso ordinario, es
causal que genere la nulidad en la sentencia recurrida y, en consecuencia, si se
declara o no fundado el recurso extraordinario de revisión

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión

28. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 249 23 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251 ibidem, sobre
el término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del recurso.

29. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.

30. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia24, lo cual
no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y
presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,

21
Cfr. índice 40 de SAMAI en el proceso de reparación directa.
22 Cfr. índice 2 de SAMAI.
23 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
24 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José Gregorio

Hernández Galindo.

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excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el
imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.

31. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y
ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador,
sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca
evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar
equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para
controvertir juicios de valor del fallador25. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación26 ha considerado lo siguiente:

“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del
litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más

[…]

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada
[…]”.

32. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de
conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia por
la vía del recurso extraordinario que se analiza.

33. Los requisitos del recurso están enunciados en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes
requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; iv)
la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación 1100103150001998016401.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.

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interposición; y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y
solicitará las que pretende hacer valer.

34. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio
de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso
ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales circunstancias
taxativamente señaladas en la ley.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437

35. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, que prevé como causal de
revisión la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que no
se determinó cuáles son los eventos en los que se considera que configura la citada
causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha determinado los
fundamentos fácticos y jurídicos de su procedencia27.

36. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado28 ha considerado que son, a
modo enunciativo, las siguientes:

36.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia en firme.

36.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

36.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite

27
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único de
radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
28 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de

2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.

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correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

36.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.

36.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello se
pretermite íntegramente la instancia.
36.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos,
antes de la oportunidad debida.

36.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

36.8 Cuando la sentencia carece de motivación.

36.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley.

37. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, para
probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla general, no es
posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida
en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades procesales
se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el
artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código General
del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibidem, impone al juez de
declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia
[…]’”29.

38. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad
procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no
haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte demandante

29 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único de

radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.

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debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el
curso del proceso.

39. Asimismo, se ha considerado que la anomalía sea de tal magnitud que configura
un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la
decisión adoptada hubiese sido distinta30. Dentro de este grupo de anomalías se
encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen causal de nulidad
del proceso previstas en las normas procesales y que solo pudieron ser advertidas
en la sentencia; y ii) los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, lo cual excluye la
posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan al contenido
de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación de una
determinada norma.

40. Junto al criterio señalado supra se ha aceptado que, pueden existir otros motivos
no previstos en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen
de la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. Es decir, que la violación
al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En
este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario
a este derecho puede configurar la causal de revisión en comento.

41. En efecto, la jurisprudencia constitucional31 ha definido el derecho al debido
proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación
judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia y ha considerado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino
dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias
de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a
las personas el ejercicio pleno de sus derechos […]” de manera que ha resaltado que
el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del

30 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, número único

de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión número 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
00894-00.
31 Corte Constitucional, sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

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valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado,
como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

42. A su vez, conviene destacar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, mediante sentencia de 8 de mayo de 2018 32, señaló que la
causal de revisión consistente en la nulidad originada en la sentencia también puede
configurarse ante una violación del artículo 29 de la Constitución Política, cuando se
profiera una sentencia inhibitoria.

43. Por último, esta Corporación ha considerado que: i) “[…] No resulta acertado
plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una
apreciación errada de las pruebas […], pues todas estas observaciones escapan al
ámbito de la aludida causal […]”33; y ii) “[…] los errores de apreciación probatoria en
que haya podido incurrir […], son extraños al recurso extraordinario de revisión, pues
éste no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio. Lo anterior
tiene fundamento en la necesidad de evitar que el vencido en un proceso pueda, a
su capricho, reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada a la prueba
para pretender que se haga un nuevo y supuesto mejor juicio respecto de ella […]”34.

Análisis de la causal de revisión

44. La Sala procede a considerar si, en el caso sub examine, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a través
de los criterios jurisprudenciales citados en acápites anteriores, para la configuración
de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, en los
siguientes términos:

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-

01.
33 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P

Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12

de febrero de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación 11001032500020130172100;
ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de
noviembre de 2019, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, número único de radicación 11001032600020190001300;
iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de septiembre de
2021, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación 11001032800020210004400.

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44.1. Emiliano Agustín Cera Vega interpuso demanda contra la Nación Consejo
Nacional Electoral, la Registraduría Nacional de Estado Civil y la Rama Judicial, en
ejercicio de la acción de reparación directa, para obtener la reparación del daño
causado por la presunta falla en el servicio en la que incurrieron las autoridades
electorales al permitir que se declarara la elección de Carlos José Pepín Romero
como Diputado de la Asamblea del Departamento del Magdalena, a pesar de que
estaba inhabilitado. Asimismo, por la presunta mora judicial en el trámite del proceso
de nulidad electoral, lo que le causó perjuicios materiales y morales.

44.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia proferida, en primera
instancia, declaró no probadas las excepciones, entre ellas la de caducidad de la
acción y negó las pretensiones de la demanda, en síntesis, por considerar que el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil no
desconocieron las funciones propias que les han sido otorgadas por el ordenamiento
jurídico en los procesos de elección popular. Asimismo, respecto de la Rama Judicial
consideró que no se probó la mora judicial alegada.

44.3. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia
recurrida, realizó un recuento de los hechos, de la normativa aplicable al caso
concreto sobre la caducidad de la acción de reparación directa para concluir que: i)
de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el término
de caducidad “[…] debe ser contado a partir del día siguiente del acaecimiento del
hecho, omisión u operación administrativa causante del daño […]”; ii) el hecho
atribuido al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil
“[…] consistió en haber permitido que el señor Carlos José Pepín Romero resultara
elegido como diputado de la Asamblea Departamental del Magdalena, a pesar de
estar inhabilitado […]”; iii) el presunto daño se materializó cuando se declaró su
elección, lo que ocurrió con la expedición formulario E-26 del 26 de octubre de 2003,
el cual se notificó en audiencia pública; y iv) la acción estaría caducada porque el
término para demandar vencía 27 de octubre de 2005 y la demanda fue interpuesta
el 3 de noviembre de 2005.

44.4. Emiliano Agustín Cera Vega, en el recurso extraordinario de revisión, señaló
que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en nulidad
originada en la sentencia toda vez que, para declarar probada de oficio la excepción

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de caducidad de la acción de reparación directa, aplicó de forma indebida el artículo
136 del Código Contencioso Administrativo en cuanto al inicio de la contabilización
del término, comoquiera que tomó como fecha de inicio el día de las elecciones a la
Asamblea Departamental del Magdalena (26 de octubre de 2003), lo cual, a su juicio,
no es correcto, si se tiene en cuenta que adquirió su curul el 2 de junio de 2005,
cuando quedó ejecutoriada la sentencia de nulidad electoral proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, lo que, en su criterio, “[…] demuestra que la caducidad
se da a partir del 2 de junio de 2007, situación errónea por parte del Consejo de
Estado […]”.

45. Determinado lo anterior, esta Sala considera que el supuesto defecto no
corresponde a alguno de los presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían
viciar de nulidad la sentencia recurrida, en la medida que los argumentos del recurso
se encaminan a convertir esta etapa procesal en una tercera instancia, al pretender
revivir el análisis normativo, probatorio (en la medida que aportó una certificación
expedida por la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la información del
proceso de reparación directa)35 y los criterios jurisprudenciales adoptados en la
decisión recurrida sobre la excepción de caducidad de la acción de reparación directa
en cuanto a la forma de contabilización del término en los asuntos de responsabilidad
del Estado por hechos u omisiones de autoridades electorales, reproches que no son
propios de la causal y que escapan al objeto del recurso extraordinario de revisión.
Al respecto se ha considerado36:

“[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que
se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada
regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al
ámbito de la aludida causal […]”.

46. Por último, como se advierte, ninguno de los argumentos del recurso
extraordinario de revisión, se refieren al desconocimiento de las garantías previstas
del debido proceso.

Condena en costas

47. Vistos los artículos: i) 25537 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la

35 Cfr. Índice 8 SAMAI.
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
37 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.

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composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º38, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho; y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°39
sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°40 sobre las tarifas de las
agencias en derecho.

48. Atendiendo a que la condena en costas: i) está compuesta, por un lado, por la
totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y, por el otro,
por las agencias en derecho; ii) para su imposición debe tenerse en consideración
las reglas previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) de conformidad con el
numeral 8.° ibidem, solo habrá lugar cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación; y iv) en relación con la determinación
de las agencias en derecho tendrá en cuenta los criterios para su fijación y las tarifas
indicadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

49. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación.

Conclusiones de la Sala

50. La Sala declarará infundado el recurso propuesto, en la medida que no se
advierte la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437.

38 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
39 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro

del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
40 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. […]

Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Núm.
15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Emiliano Agustín Cera Vega contra la sentencia proferida, en
segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 16 de noviembre de 2023, en el proceso de reparación directa identificado con el
número único de radicación 47001 23 31 003 2009 00212 01, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ JORGE EDISON PORTOCARRERO
Consejero de Estado BANGUERA
Con salvamento parcial de voto Consejero de Estado

WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado (E) Consejero de Estado
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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