Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02074-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02074-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02074-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de junio de 2024
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02074-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02074-00
Demandante: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
La sala resuelve la acción de tutela formulada por el Departamento de Cundinamarca
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro, de conformidad
con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021
y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El Departamento de Cundinamarca, a través del director operativo de la Dirección de
Defensa Judicial y Extrajudicial – Secretaría Jurídica1, radicó acción de tutela el 26 de
abril de 2024 con el fin de que se le ampare su derecho fundamental al debido proceso.
La mencionada garantía la consideró transgredida con las sentencias de 10 de
diciembre de 2018 y 5 de mayo de 2022, dictadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, «Sala Transitoria» y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, respectivamente, por medio de las cuales en primera instancia se
accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad promovido por la ciudadana
Diana Patricia Rojas Porra y el Ministerio de Educación Nacional contra el
1
De conformidad con la Resolución de nombramiento 000050 de 11 de enero de 2024 y el acta de
posesión 000063 de 17 de enero de 2024, adjuntas al escrito de tutela, y en ejercicio de la función
delegada por el Gobernador del Departamento de Cundinamarca por Decreto Departamental No. 0083
de 2024.
1
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Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
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Departamento de Cundinamarca, y en sede de apelación se revocó la decisión del a
quo, para, en su lugar, denegar las súplicas. La referida causa se identificó con el
radicado 25000-23-25-000-2010-00909-02.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
PRIMERO: Se ampare el derecho fundamental enunciado de manera no taxativa, el
cual resultó vulnerado con la sentencia proferida en primera y segunda instancia, del
10 de diciembre de 2018 y 5 de mayo de 2022, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA y el CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B, respectivamente, dentro del medio de control de simple nulidad y
restablecimiento del derecho, Exp. Nº 25000232500020100090900.
SEGUNDO: Dejar sin valor y efectos la sentencia del CONSEJO DE ESTADO –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B, de 5 de mayo de 2022.
TERCERO: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B que en el término de ley, profiera la sentencia en segunda
instancia, analizando los precedentes dictados por la Corte Constitucional.2
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La parte accionante indicó que la ciudadana Diana Patricia Rojas Porras y el Ministerio
de Educación Nacional demandaron la nulidad del artículo 5. ° de la Ordenanza 13 de
19473.
Del asunto conoció en primer grado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, «Sala
Transitoria» que, con sentencia de 10 de diciembre de 2018 accedió a las pretensiones
de la demanda al señalar, en síntesis, que si bien en vigencia de la Constitución
Política de 1886 la entidades territoriales tenían la competencia para fijar el régimen
salarial y prestacional de los funcionarios, lo cierto es que a partir de la expedición del
Acto Legislativo 1 de 1968 y en regencia de la Constitución Política de 1991, dichos
entes perdieron la competencia por cuanto se radicó en cabeza del legislador y el
Gobierno Nacional.
El recurso de apelación fue desatado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B mediante providencia de 5 de mayo de 2022, en el sentido de revocar
2 Cita del texto original con posibles errores.
3
Norma que estableció para los empleados del Departamento de Cundinamarca el aumento del 20%
del sueldo devengado a quien cumpliera 20 años al servicio continuo de la entidad territorial. Dicha
ordenanza se creó a partir de las facultades establecidas en la Constitución Política de 1886, el Acto
Legislativo 3 de 1910 y el Acto Legislativo 1 de 1945.
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lo decidido por el a quo, para, en su lugar, denegar las súplicas del medio de control
ordinario, con fundamento en las siguientes consideraciones:
(i) Pese a que las atribuciones de las Asambleas Departamentales para fijar la
escala salarial de los empleados del nivel territorial se sustentaban en la
Constitución Política de 1886 y en los Actos Legislativos 3 de 1910 y 1 de 1945, las
modificaciones de orden constitucional introducidas con el Acto Legislativo 1 de
1968 y la Constitución actual, la facultad se trasladó en forma exclusiva al Congreso
de la República y al Gobierno Nacional.
(ii) Debido a que la Ordenanza 13 de 1947 se dictó a partir de las facultades legales
vigentes de la época, la norma demandada se encuentra viciada de nulidad, pero,
como «el tránsito constitucional no excluye de manera automática la normativa
expedida en vigencia de la Constitución Política de 1886 […] no es dable declarar
su nulidad, por lo menos no por esa particularidad».
(iii) En todo caso, para el ad quem resultaba evidente que se estaba frente a una
derogatoria tácita del artículo demandado, lo cual implicaba que el Departamento
de Cundinamarca podía acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para
solicitar la nulidad y/o la nulidad y restablecimiento del derecho respecto de los actos
a través de los cuales se realizaron los reconocimientos que se efectuaron con
sustento en la Ordenanza 13 de 1947, «ya que resulta su derogación tácita por el
actualmente competente para fijar el régimen salarial».
(iv) En ese orden, precisó que había operado el fenómeno del decaimiento respecto
de la ordenanza reprochada «dado que fue tácitamente derogada por el artículo 11
del Acto Legislativo 01 de 1968, concretamente, porque desaparecieron las
circunstancias fácticas que determinaron la expedición del acto, en este caso, la
desaparición del mundo jurídico de las normas constitucionales que sirvieron de
sustento para la expedición del acto acusado».
Frente a la anterior decisión, los terceros intervinientes4 solicitaron la aclaración y/o
adición del fallo, al reprochar los siguientes aspectos:
(i) no se analizó las figuras del decaimiento y derogatoria tácita; (ii) no se especificó los
efectos de la sentencia; (iii) las citas que se mencionan en la sentencia, y las
conclusiones a las cuales se llega con base en las mismas, resultan contradictorias; y
(iv) el derecho establecido en el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947 es de naturaleza
salarial y, por ende, pese a la derogatoria tácita que se analizó, debe respetarse su
vigencia y validez, concretamente, el reconocimiento de los derechos adquiridos.
La anterior solicitud fue negada con providencia de 20 de octubre de 2022 luego de
concluir que:
4
El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET, Carlos Ernesto Castañeda Ravelo,
Jaime Raúl Taborda Mejía y Hernán Egberto Peralta Garzón.
3
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(i) De los argumentos de las solicitudes de aclaración y/o adición, no se advertían
reproches relacionados con que la sentencia tuviera frases, conceptos o expresiones
de ofrecieran motivo de duda. Además, precisó todos los puntos objeto del recurso de
alzada fueron objeto de pronunciamiento y, con fundamento en ello, se estableció que
para el momento en que fue expedida la ordenanza demandada, la Asamblea del
Departamento de Cundinamarca contaba con la facultad para proferir la ordenanza
ese tipo de actos, debido a que el tránsito constitucional no excluía automáticamente
las normas dictadas en regencia de la Constitución de 1886.
(ii) Frente a los efectos de la providencia de 5 de mayo de 2022, en dicho proveído se
resaltó que, si bien no se declaraba la nulidad de la norma censurada, ello no impedía
que el Departamento de Cundinamarca «examinara la aplicación de esta […] pues, se
demostró, que los empleados públicos que hayan ingresado a la administración con
posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968 no tienen derecho a que
sea aplicada la Ordenanza 13 de 1947».
(iii) Finalmente, indicó que «no se observa que entre lo manifestado en la parte motiva
o considerativa y lo ordenado en la parte resolutiva exista contrariedad, máxime,
cuando se indicó con plena claridad que el acto acusado produjo efectos durante el
tiempo en que estuvo vigente, dado que, actualmente, se encuentra derogado
tácitamente por el Acto Legislativo 01 de 1968 y la Constitución Política de 1991».
1.4. Fundamentos de la solicitud5
Como primera medida, la parte actora indicó que el asunto es relevante
constitucionalmente debido a que se circunscribe a la transgresión del derecho al
debido proceso del Departamento de Cundinamarca, prerrogativa que, a juicio del ente
accionante, «no tuvo la oportunidad de ser debatida en las instancias ordinarias y que,
como efecto, amenaza de forma grave las condiciones laborales de 384 servidores
vinculados a la entidad territorial y futuras de quiénes ostentan la expectativa de
acceder al reconocimiento de la prima de antigüedad».
Lo anterior, con sustento en que las autoridades censuradas incurrieron en
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional contenido en la
sentencia C-571 de 2004, a partir del cual se estableció la regla de la presunción de
existencia de la legislación anterior, consistente en que «el tránsito constitucional no
conduce a la desaparición de las normas expedidas durante la vigencia de la
Constitución derogada y, por tanto que la “legislación preexistente conserva toda su
vigencia en la medida en que no se oponga a los dictados de la nueva Carta Política”
[…]».
Así, agregó que la mencionada regla también impacta en lo que atañe a los actos
legislativos, reconocidos como instrumentos para «reformar la Constitución», por lo
que respecto del Acto Legislativo 1 de 1968, «no tenía la potencialidad de derogar
5
Citas del texto original con posibles errores.
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normas o hacer desaparecer normas expedidas durante la vigencia del orden
constitucional anterior, de forma automática».
En ese sentido, resaltó que las judicaturas demandadas fallaran en contravía de la
mencionada regla de la Corte Constitucional al adoptar las decisiones que definieron
las dos instancia del medio de control ordinario, lo cual, se demostraba con el
señalamiento que realizó el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B al
resolver la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia de 5 de mayo de 2022,
en el sentido de indicar que, si bien con el fallo no se declaró la nulidad de la Ordenanza
13 de 1947, lo cierto era que las personas que se vincularon a la administración con
posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 1 de 1968, no tenían derecho a que se
les aplicara el referido acto.
Tal criterio, a su juicio, constituye un «golpe de facto» al marco jurídico y a la validez
de la Ordenanza 13 de 1947 con sustento en su derogatoria tácita ante la regencia del
Acto Legislativo 1 de 1968, sin consideración a la directriz estipulada en la sentencia
C-571 de 2004, puesto que «no se hizo referencia expresa a la derogatoria de ese
régimen salarial, como tampoco contemplaba normas que directamente impidieran ser
armonizadas con la realidad normativa existente en el específico campo de la
asignación salarial de los servidores públicos del departamento».
Es decir, explicó que en las providencias reprochadas no se realizó el análisis referente
a si la Ordenanza 13 de 1947 contenía normas que hayan sido modificadas o
sustituidas por el Acto Legislativo 1 de 1968 pese a que esta era la única vía para
poder afirmar la derogatoria tácita, comoquiera que tal consecuencia solo tiene lugar
en los siguientes supuestos fácticos: «(i) cuando una norma jurídica posterior resulta
incompatible con una anterior, o (ii) cuando se produce una nueva regulación integral
de la materia», lo cual no se cumple en el asunto objeto de atención.
Así, recalcó que, la inobservancia de la regla establecida en la sentencia C-571 de
2004 genera inseguridad jurídica e incertidumbre por cuanto la ausencia de
pronunciamiento sobre el fondo del debate por parte del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B sobre la validez de la Ordenanza 13 de 1947, y dejar en
libertad al Departamento de Cundinamarca para que, a en criterio, «demande los actos
administrativos que reconocieron la prima de antigüedad con fundamento en la
[o]rdenanza, amenaza la estabilidad jurídica en cuanto a las prestaciones de 384
empleados, por cuanto las autoridades judiciales que conocen de esas acciones de
nulidad podrían, en ejercicio de su autonomía judicial, emitir fallos contradictorios»
Adicionalmente, sugirió que otra de las consecuencias de no acatar o desvirtuar la
mentada regla constitucional, es que en virtud de la tesis de la derogatoria tácita el
Departamento de Cundinamarca ha dejado de pagar la prima de antigüedad a un
número importante de servidores públicos, cuando podría efectuar tales erogaciones
si se hubiera dado aplicación a la subsistencia de la norma preexistente, esto es, la
Ordenanza 13 de 1947.
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Refirió que también se desconoció la sentencia de 21 de mayo de 2009 dictada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado6, respecto de la cual se limitó a citar el siguiente
aparte:
Interesante resulta tomar en cuenta los siguientes tres parámetros que la doctrina
suministra para determinar la incompatibilidad entre la ley nueva y la anterior, los cuales,
por lo demás, deben ser concurrentes: a) igualdad de materia en ambas leyes, b)
identidad de los destinatarios de sus mandatos y c) contradicción e incompatibilidad
entre los fines de los preceptos.
De otro lado, afirmó que se supera el requisito relativo al agotamiento de todos los
medios de defensa judicial, teniendo en cuenta que se ejerció el medio de control de
nulidad y frente a la decisión de segunda instancia de dicho proceso se solicitó la
aclaración y adición de la sentencia.
Aseguró que se satisface el análisis de la exigencia de la inmediatez con la cual se
acudió a esta sede tutelar, dentro del cual ha de tenerse en cuenta que se ejerció el
recurso extraordinario de revisión7 contra el fallo de 5 de mayo de 2022, el cual fue
admitido declarado infundado con providencia de 17 de abril de 2024. Además, indicó
que también se solicitó la aclaración y adición de la referida decisión, lo cual se desató
con el auto de 20 de octubre de 2022.
Sumado a lo anterior, adujo que la administración actual del Departamento de
Cundinamarca asumió funciones el 1. ° de enero de 2024 y se encontró con una
«condición institucional compleja en relación con la situación de los 3844 servidores
del Departamento que se afectaron con la determinación de “derogatoria tácita”», por
lo que en los tres primeros meses del año en curso ha debido evaluar con detenimiento
todos los aspectos jurídicos y judiciales para contener los efectos del fallo cuestionado.
En ese orden, adujo que el ente territorial ha presentado 267 demandas de nulidad de
los actos de reconocimiento de la prima de antigüedad y tienen 117 casos por definir
ante la incertidumbre de la validez de la Ordenanza 13 de 1947, circunstancias que
solicita considerar para efectos de revisar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
Finalmente, precisó que: (i) en esta acción de tutela se alega una irregularidad procesal
debido a que considera que la resolución judicial cuestionada vulnera su derecho al
debido proceso; (ii) se identificaron de manera razonable los hechos origen de la
transgresión en los hechos y antecedentes expuestos en el escrito de tutela; y (iii) no
se trata de una acción de tutela contra una decisión de la misma naturaleza.
6
Expediente 25000-23-31-000-2008-00007-01.
7
Al revisar los documentos allegados al expediente de la tutela de la referencia, se advierte que el
recurso extraordinario de revisión fue ejercido por el señor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y fue
asignado por reparto a la Sala Cuarta Especial de Decisión, la cual preside el magistrado Pedro Pablo
Vanegas Gil.
6
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1.5. Trámite de la acción de tutela
1.5.1. Con auto de 2 de mayo de 2024 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener
como autoridades accionadas al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria «o quien la reemplazó».
En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional,
se ordenó vincular a la señora Diana Patricia Rojas Porras, a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional [demandantes en el proceso de nulidad], a los señores Hernán
Egberto Peralta Garzón, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y
Jaime Raúl Taborda Mejía, así como a la Organización Sindical Sintraestatales
Seccional Bogotá8 [terceros en el proceso de nulidad].
1.5.2. Mediante proveído de 24 de mayo de 2024 se ordenó la integración de la
Asociación de Educadores de Cundinamarca -ADEC y a la Asociación de Servidores
Públicos del Órgano de Control de Colombia – ASDECCOL, debido a que también
fungieron como terceros con interés en el proceso ordinario y coadyuvaron los
recursos de apelación presentados contra la sentencia de primer grado.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:
1.6.1. Asociación Sindical de Administrativos - ASOADMINISTRATIVOS
Con memorial suscrito por la representante legal de la asociación, luego de exponer el
criterio del Consejo de Estado en relación con la seguridad jurídica que se procura con
las decisiones judiciales sobre actos administrativo de carácter general, lo cual no debe
afectar la validez de los actos de contenido particular expedidos con base en una
norma abstracta que es declarada nula con posterioridad, indicó que la sentencia de 5
de mayo de 2022 dejó en incertidumbre al Departamento de Cundinamarca y a sus
servidores públicos al señalar que frente a la Ordenanza 1 de 1947 operó el fenómeno
jurídico de la derogatoria tácita.
En ese sentido, manifestó coadyuvar la acción de tutela ejercida por el Departamento
de Cundinamarca.
1.6.2. Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado - SUNET9
El representante legal del sindicato concordó con la entidad accionante al asegurar
que la providencia de 5 de mayo de 2022 es desconocedora de la regla establecida
8
Hoy Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado- SUNET.
9
Antes SINTRAESTATALES.
7
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por la Corte Constitucional concerniente a la presunción de subsistencia de la
legislación preexistente, teniendo en cuenta que con la vigencia de la Constitución de
1991 no se derogó en bloque la legislación anterior.
Agregó que también se desatendió el principio de conservación del derecho «según el
cual los tribunales constitucionales deben siempre buscar conservar al máximo las
disposiciones emanadas del Legislador, en virtud del respeto al principio democrático»,
lo cual puede ser aplicable al analizar la legalidad o vigencia de la Ordenanza 13 de
1947, en atención a que sobre dicha norma los diputados tienen la representación de
las mayorías ciudadanas del Departamento de Cundinamarca.
Informó que actualmente se tramita un proyecto de decreto mediante el cual se
pretende establecer una «prima de antigüedad» por parte del Gobierno Nacional, con
lo que se preservaría el derecho otorgado a los empleados públicos del mencionado
ente territorial. Ello, derivado de un acuerdo suscrito entre el departamento accionante
y las asociaciones sindicales que afilian a sus empleados.
Finalmente, solicitó que se concedan las pretensiones elevadas en la presente acción
de tutela.
1.6.3. Ministerio de Educación
El director de la Oficina Jurídica de la entidad, luego de exponer de manera extensa
los parámetros que han de tenerse en cuenta para determinar la procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, señaló que esta solicitud de amparo no
cumple con los requisitos generales de relevancia constitucional y de subsidiariedad
al no acreditarse la vulneración alegada y contar con los medios ordinarios ante la
jurisdicción contencioso administrativo.
Agregó que la parte actora tampoco acreditó la configuración de una causal especial,
esto es, la existencia de un defecto en la providencia censurada, a partir de lo cual se
pueda concluir que se vulneraron los derechos fundamentales del extremo activo,
máxime, porque en el análisis de este mecanismo de amparo se debe actuar con
prudencia con el fin de evitar la invasión de la esfera funcional del juez natural de la
causa, y de respetar los principios de autonomía e independencia judicial.
Por lo anotado, el ministerio solicitó que se declare la improcedencia de la acción.
1.6.4. Asociación de Educadores de Cundinamarca - ADEC
El representante legal de esa persona jurídica reprochó que en la sentencia de 5 de
mayo de 2022 se hubiere realizado un pronunciamiento sobre la derogatoria tácita del
artículo 5. ° de la Ordenanza 13 de 1947, pese a que ello no fue establecido al
momento de fijar el objeto del litigio, puesto que, con ocasión de tal manifestación, el
Departamento de Cundinamarca ha negado el reconocimiento del derecho que tienen
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los empleados vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 1 de 1968, y ha iniciado demandas con el propósito de logar la nulidad de
los actos por los cuales se reconoció el derecho a percibir la «prima de antigüedad»
que tiene el carácter de «elemento salarial».
Adicionó que, en la sentencia de 27 de octubre de 2011 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, se indicó que la «reforma del año 1968, en
materia de salarios solo implicó el cambio de autoridad legitimad para regular la
materia; por ende, no resulta razonable deducir que, ipso jure, ocurre una derogatoria
tácita». También invocó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 11 de
septiembre de 2003, en la cual se precisó que «hasta tanto el Gobierno no reglamente
esta materia, no puede predicarse de disposiciones como la que hoy nos ocupa, una
derogatoria tácita por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores».
Trajo a colación un antecedente del Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad que
en sentencia de 14 de marzo de 2013 dispuso la nulidad del Acuerdo 13 de 1983
expedido por el Concejo municipal de Valle de Upar, que había creado la «prima de
antigüedad» para los empleados del mencionado ente territorial, empero, dispuso que
se continuara con su pago.
En ese orden, solicitó que acceda a las pretensiones de la demanda.
1.6.5. Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
El tercero con interés allegó un memorial con el cual manifestó la solicitud de amparo
de la referencia cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
De otro lado, refirió que la sentencia reprochada es contraria al concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 11 de septiembre de 2023 en el
cual se expresó el criterio sobre la regla de respeto a la normatividad preexistente a la
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, en el sentido de indicar que
resulta aplicable a la reforma constitucional de 1968.
1.6.6. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
El actual magistrado titular del despacho ponente de la sentencia de 5 de mayo de
2022 indicó que este mecanismo constitucional es improcedente por cuanto no se
supera el estudio del requisito de subsidiariedad, en tanto, al momento en que elaboró
este informe, en la Sección Quinta de esta Corporación cursaba un recurso
extraordinario de revisión promovido contra la mencionada decisión judicial, promovido
por el señor Carlos Ernesto Castañeda Revelo, el cual no se había resuelto.
Adujo que en el asunto sub examine se configuró el fenómeno jurídico de la cosa
juzgada debido a que el mencionado ciudadano Castañeda Revelo ejerció una anterior
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acción de tutela contra la providencia de 5 de mayo de 2022, asunto que fue conocido
por las Secciones Quinta10 y Tercera, Subsección B11, el cual culminó con una decisión
negativa, y dentro del cual el Departamento de Cundinamarca intervino en calidad de
tercero con interés al exponer la misma situación de incertidumbre respecto de los
derechos adquiridos por alrededor de 300 empleados en relación con el derecho
establecido en el artículo 5. ° de la Ordenanza 13 de 1947.
Agregó que tampoco se satisfizo el requisito de inmediatez comoquiera que «la
demanda de tutela de la referencia se presentó casi dos años después de la supuesta
vulneración».
Por último, en relación con el fondo del asunto, explicó lo siguiente:
Conforme con la línea de interpretación acogida por la Corte, cuando se genera un
conflicto entre normas de distinto rango, siendo la norma superior también la posterior,
en estricto sentido no se está en presencia de un caso de derogatoria tácita, sino de
invalidez sobrevenida de la preceptiva inferior. Es claro que, aún cuando para resolver
tal incompatibilidad convergen los dos principios lex posterior derogat prior y lex superior
derogat inferior, como se anotó, razones de seguridad jurídica impone que tal antinomia
se resuelva aplicando preferentemente el criterio jerárquico sobre el temporal, debiendo
el interprete autorizado proceder a declarar la invalidez de la norma que genera el
conflicto.
En lo que al caso en concreto respecta, es evidente que la competencia para fijar los
salarios y prestaciones contenida en la Constitución de 1886 fue modificada
sustancialmente por el Acto Legislativo 01 de 1968 y la Constitución de 1991, por lo que
los entes territoriales no tienen dicha competencia en tanto en el nuevo entramado
constitucional se radicó en el legislador y el gobierno nacional, lo que genera entonces
una contradicción u oposición manifiesta entre el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947
que creó una «prima de antigüedad» del 20% y este último ordenamiento Superior.12
1.7. Manifestación de impedimento
En Sala de 13 de junio de 2024, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil manifestó
estar impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal
n. ° 4ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.13 Al respecto, indicó:
4. Lo anterior, por cuanto el 8 de junio de 2023 participé como ponente de un fallo de
tutela proferido por la Sección Quinta de esta corporación cuyo litigio versó sobre una
10
Resolvió la primera instancia de la anterior acción de tutela con sentencia de 8 de junio de 2023 en el
sentido de declarar la improcedencia por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y de
subsidiariedad, fallo que fue ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, dentro del expediente
11001-03-15-000-2023-01699-00.
11
Resolvió la segunda instancia con sentencia de 6 de octubre de 2023 al revocar la decisión de primer
grado, para, en su lugar, denegar la solicitud de amparo.
12
Cita del texto original con posibles errores.
13
«Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: […] 4. Que el funcionario
judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de
cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del
proceso. […]» (Énfasis propio).
10
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solicitud de amparo interpuesta contra la providencia judicial del 5 de mayo de 2022
dictada en segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado y que en el presente asunto también es cuestionada por el departamento de
Cundinamarca.
5. Por tanto, considero que en dicha providencia de la cual fui ponente manifesté mi
opinión jurídica sobre el asunto de la referencia, al haber versado sobre el mismo fallo
contra el cual se formulan cargos en la acción constitucional de la referencia.
6. Igualmente, consideró oportuno por razones de transparencia poner de presente que
también fui ponente de la sentencia del 17 de abril del presente año. En esta providencia
la Sala Especial de Decisión No. 4 resolvió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el ciudadano Carlos Ernesto Castañeda contra la sentencia que también
es censurada en esta acción de tutela.
Al respecto, mediante auto de 20 de junio de 2024 se declaró fundada la manifestación
de impedimento por haber elaborado la ponencia de la sentencia de 17 de abril de
2024 mediante la cual la Sala Especial de Decisión Cuarta del Consejo de Estado
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión ejercido contra el proveído de
5 de mayo de 2022.
Ello, debido a que, tal como lo indicó el respetado togado, es evidente que con la
providencia de 17 de abril de 2024 participó en el debate ordinario, puesto que en ese
marco analizó si la decisión reprochada adolecía de una nulidad por haber incurrido
en incongruencia externa e interna, en síntesis, por haber abordado lo relativo a la
declaratoria de la derogatoria tácita de la ordenanza 13 de 1947, pese a que ello no
fue solicitado en la demanda y tampoco fue determinado en el planteamiento del
problema jurídico del proceso de nulidad simple.
Por lo anterior, se ordenó separar al magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil del
conocimiento del asunto de la referencia.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el
Departamento de Cundinamarca contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otro, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La Sala anuncia que, de conformidad con la manifestación expresa realizada
por la Asociación Sindical de Administrativos - ASOADMINISTRATIVOS en el
memorial de intervención, se tendrá a dicha entidad como coadyuvante del extremo
11
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accionante en el asunto de la referencia por presentar una relación sustancial con las
partes, lo que a su vez acredita un interés legítimo en el resultado de este proceso
debido a que la decisión que se tome le puede afectar.
Lo anterior encuentra respaldo en el inciso 2. ° del artículo 13 del Decreto 2591 de
1991, norma que es del siguiente tenor:
ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante
del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho
la solicitud.
En todo caso, se aclara que esta participación se limita a reforzar la actuación de la
parte actora y con el ánimo de agenciar ese derecho ajeno, no en procura de un
beneficio propio, tal como lo indicó la Corte Constitucional en el auto A401-20:
Sin embargo, el coadyuvante interviene dentro del proceso a partir de las facultades que
son permitidas, en cuanto apoya con su actuación a una de las partes. En efecto,
“aquellos no reclaman un derecho propio para que sobre él haya decisión en el proceso,
sino un interés personal en la suerte de la pretensión de una de las partes”. Se trata de
intervenir para afianzar y “sostener las razones de un derecho ajeno”.
2.2.2. De otro lado, se indica que, en el caso de superar el análisis de los requisitos
adjetivos de procedencia de la tutela contra providencia judicial, el caso concreto se
estudiaría únicamente en relación con la sentencia de 5 de mayo de 2022, pese a que
la parte actora también demandó la decisión de primer grado del medio de control
ordinario. Ello, debido a que con la providencia de segunda instancia el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B se puso fin a la causa natural.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia
de 5 de mayo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, a través de la cual se definió el medio de control de nulidad identificado
con el radicado 25000-23-25-000-2010-00909-02.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades del defecto alegado; y (iv) el caso concreto.
12
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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 17, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. En cuanto a la relevancia constitucional, la Sala advierte que, en el sub
examine no se cumple el presupuesto de la referencia, marco en el cual los
argumentos expuestos por el Departamento de Cundinamarca no satisfacen las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de
junio de 2022.
En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».
14 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
16
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
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Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.18
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el asunto objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
18
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
14
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asunto meramente legal y/o económico19; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo
eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales».20
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de los
casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general” 21.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»22.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más riguroso 23,
es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión arbitraria por
parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos fundamentales,
toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de cierre.
2.5.1.1. Ahora bien, al descender al análisis de los cargos esbozados por el
Departamento de Cundinamarca, se advierte que el asunto se circunscribe a un debate
de interpretación meramente legal, al haberse cimentado en que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, al limitarse a señalar que en el caso concreto operó
la derogatoria tácita de la ordenanza 13 de 1947, desconoció la sentencia C-571 de
2004 que estableció la regla de la presunción de existencia de la legislación anterior,
así como en el fallo de 21 de mayo de 2009 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado24, inobservancia que genera inseguridad jurídica por cuanto la ausencia de
pronunciamiento sobre «el fondo del debate» sobre la validez del referido acto dejó en
19
Sentencia SU-103 de 2022.
20
Sentencia SU-573 de 2019.
21
Ibídem.
22
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
23
Sentencia SU-573 de 2019.
24
Expediente 25000-23-31-000-2008-00007-01.
15
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libertad al ente accionante, para que, en su criterio, «demande los actos
administrativos que reconocieron la prima de antigüedad».
Lo anterior deja al descubierto que la discusión que se propuso en este medio
subsidiario es, en síntesis, netamente de interpretación legal, comoquiera que su
inconformidad se ciñe al presunto error de la judicatura censurada al resolver el
proceso ordinario con fundamento en una fórmula que, a juicio del departamento
tutelante no le define la situación jurídica propuesta, debido a que no corresponde con
un pronunciamiento de fondo del asunto y le deja a su arbitrio la facultad de decidir si
demanda o no ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos por los
cuales reconoció el sobresueldo a sus empleados después de la expedición del Acto
Legislativo 01 de 1968.
En otras palabras, el hecho de que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado no hubiese declarado la nulidad solicitada, no implica la carencia
de un pronunciamiento como lo indica el extremo accionante, puesto que, contrario a
dicho argumento, en la sentencia reprochada se indicó de manera suficiente que,
debido a que la Ordenanza 13 de 1947 se dictó a partir de las facultades legales
vigentes de la época, la norma demandada se encontraba viciada de nulidad, pero,
como «el tránsito constitucional no excluye de manera automática la normativa
expedida en vigencia de la Constitución Política de 1886 […] no es dable declarar
su nulidad, por lo menos no por esa particularidad».25
Por ello, teniendo en cuenta los supuestos fácticos referidos, precisó que, de otro lado,
había operado el fenómeno del decaimiento respecto de la ordenanza reprochada,
comoquiera que «fue tácitamente derogada por el artículo 11 del Acto Legislativo 01
de 1968, concretamente, porque desaparecieron las circunstancias fácticas que
determinaron la expedición del acto, en este caso, la desaparición del mundo jurídico
de las normas constitucionales que sirvieron de sustento para la expedición del acto
acusado».
En ese orden, es claro que la sentencia de 5 de mayo de 2022 sí contó con una
decisión de fondo que, en definitiva, resolvió el asunto objeto de atención en la sede
ordinaria, independientemente de que ello no sea lo que esperaba el Departamento de
Cundinamarca, por lo tanto, se insiste, la autoridad reprochada falló en derecho pese
a que el extremo actor no se encuentre conforme con ello.
Pretender que esta sede se emplee como ejercicio de una tercera instancia del medio
de control de nulidad simple, con el fin de mantener indefinida en el tiempo la situación
jurídica del ente tutelante hasta lograr una resolutiva con la cual se encuentre a gusto,
pone en juego los pilares del servicio de la administración de justicia involucrados en
este caso, tales como el principio de legalidad, la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
25
Énfasis propio.
16
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Por ello, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se
transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester que
quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el concepto de la
violación que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de los
postulados constitucionales, que implique por parte de este juez un pronunciamiento
respecto al análisis que ha efectuado, además, por el máximo órgano de cierre en
esa materia.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que sin
lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de
reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.
Por ello, sin dar lugar a mayores disquisiciones, es evidente que la controversia
planteada no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que, las
inconformidades se circunscriben a atacar la decisión de una alta corte especializada
en asuntos laborales, por no analizar el caso en la forma en que la parte actora lo
señala, para efectos de acceder a una decisión consistente en la declaratoria de la
nulidad de una decisión de la administración.
Alegaciones que, claramente se enmarcan puntualmente en la controversia debatida
en el medio de control ordinario, por lo tanto, no están justificadas en una acreditada o
palmaria vulneración de garantías fundamentales en el sentido riguroso que señaló la
Corte Constitucional en las citadas sentencias de unificación 573 de 2019, 215 y 103
de 2022.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente
legal; (ii) carece de la carga argumentativa elevada a un rango constitucional; y (iii) no
se evidencia una vulneración palmaria derivada de la sentencia de 5 de mayo de 2022,
que implique la intervención del juez de tutela.26
2.6. Conclusión
La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el Departamento de
Cundinamarca contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el
26
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
17
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, «Sala Transitoria», por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: TENER en calidad de coadyuvante de la parte actora a la Asociación
Sindical de Administrativos - ASOADMINISTRATIVOS.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
Departamento de Cundinamarca contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, «Sala Transitoria».
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
18
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