Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02074-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02074-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02074-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02074-01
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-
Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido
el 20 de junio de 2024, por el Consejo de Estado-Sección Quinta que declaró
improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 26 de abril de 2024, el departamento de Cundinamarca, a través de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, que alegó vulnerado por el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sala
Transitoria, al proferir las sentencias del 5 de mayo de 2022 y 10 de diciembre de
2018, respectivamente, dentro de medio de control de nulidad1 , que promovió la
Nación-Ministerio de Educación Nacional y otra contra el solicitante.
En virtud del amparo, solicita que el derecho alegado sea tutelado y, en
consecuencia, se infirme la providencia del 5 de mayo de 2022, que negó las
1 Identificado con número de radicado: 25000-23-25-000-2010-00909-00/02.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
Solicitante: Departamento de Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
pretensiones. Pide que se ordene al Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B a proferir una nueva decisión.
2. Hechos relevantes
El Ministerio de Educación Nacional y la ciudadana Diana Patricia Rojas Porras
demandaron la nulidad del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947 2 , norma que
estableció el beneficio de un aumento del 20% del sueldo devengado a quien
cumpliera 20 años al servicio continuo como empleado en la entidad territorial.
El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sala de Transición que, por sentencia del 10 de diciembre de 2018,
accedió a las pretensiones. Sostuvo que, aunque en vigencia de la Constitución
Política de 1886 las entidades territoriales tenían la facultad de fijar el régimen salarial
y prestacional de sus funcionarios, ahora en virtud del Acto Legislativo 01 de 1968 y
de la Constitución Política de 1991, esa competencia se radicó en cabeza del
legislador y el Gobierno Nacional por lo que la Ordenanza 13 de 1947 debía ser
declarada nula.
El departamento de Cundinamarca y los terceros intervinientes3 presentaron recurso
de apelación. El asunto fue conocido en segunda instancia por el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B que, por sentencia del 5 de mayo de 2022, revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que, aunque en principio la norma demandada desconoce la normativa
constitucional vigente, esta no se encuentra viciada de nulidad, pues para el
momento en que se profirió, los entes territoriales tenían la competencia de dictar los
actos administrativos de tipo salarial.
Sostuvo que la norma demandada fue derogada tácitamente por el artículo 11 del
Acto Legislativo 01 de 1968, por haber desaparecido del mundo jurídico las normas
constitucionales que sirvieron de base para su expedición. Puntualizó que,
tratándose de los empleados públicos que ingresaron a la entidad territorial después
2
Dicha ordenanza se creó a partir de las facultades establecidas en la Constitución Política de 1886, el Acto
Legislativo 3 de 1910 y el Acto Legislativo 1 de 1945.
3
El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET, Carlos Ernesto Castañeda Ravelo, Jaime
Raúl Taborda Mejía y Hernán Egberto Peralta Garzón.
3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
Solicitante: Departamento de Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
de la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968, estos no tienen derecho a la
aplicación de la Ordenanza 13 de 1947. Sin embargo, indicó que dependiendo del
caso, el departamento de Cundinamarca puede hacer uso del medio de control de
nulidad y/o nulidad y restablecimiento del derecho, para buscar la anulación de los
reconocimientos que se efectuaron con fundamento en el acto administrativo que se
pretenda demandar, precisamente por la derogatoria tácita de la Ordenanza 13 de
1947, efectuada por Acto Legislativo 01 de 1968 y el nuevo régimen constitucional.
En virtud de lo anterior, los terceros intervinientes solicitaron la aclaración y/o adición
del fallo. En auto del 20 de octubre de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó la solicitud, debido a que la sentencia reprochada no
advertía frases o expresiones que ofrecieran motivo de duda, además, que todos los
puntos planteados en el recurso de apelación habían sido resueltos. Señaló que, a
pesar de que la sentencia del 5 de mayo de 2022 no se declaró la nulidad de la
ordenanza, ello no impedía que el departamento de Cundinamarca examinara la
aplicación de esta respecto de los empleados públicos que hayan ingresado con
posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968 que no tenían derecho
a que se les aplicara dicha normatividad.
Por último, indicaron que no se advierten incongruencias entre la parte motiva y
considerativa y lo ordenado en el resuelve, pues en el fallo se señaló que el acto
acusado produjo efectos durante el tiempo que estuvo vigente, en la medida que
actualmente se encuentra derogado tácitamente por el Acto Legislativo 01 de 1968 y
la Constitución Política de 1991.
3. Fundamentos de la solicitud
El solicitante adujo que la providencia reprochada goza de relevancia constitucional
pues vulneró su derecho fundamental al debido proceso, el cual no pudo ser debatido
en las instancias ordinarias y la decisión amenaza las condiciones laborales de 384
servidores vinculados a la entidad territorial y a los futuros que tengan la expectativa
del reconocimiento de dicha prima de antigüedad.
Considera que el fallo controvertido incurrió en desconocimiento del precedente
respecto de la sentencia C-571 de 2004 de la Corte Constitucional en la que se
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
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establece la regla de la presunción de existencia de la legislación anterior, según la
cual «el tránsito constitucional no conduce a la desaparición de las normas expedidas
durante la vigencia de la Constitución derogada y, por tanto que la “legislación
preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que no se oponga a los
dictados de la nueva Carta Política” […]».
En virtud de lo anterior, sostuvo que el Acto Legislativo No. 01 de 1968 no tenía la
potencialidad de derogar tácitamente la norma en comento, en la medida que en
aquel no se realizó un pronunciamiento concreto respecto de las supuestas normas
modificadas o sustituidas por este. Por tanto, la decisión cuestionada falló en contra
de la regla jurisprudencial mencionada.
Sostuvo que la decisión reprochada no se refirió a la regulación salarial adoptada por
las asambleas desde la Ordenanza 13 de 1947 ni a la nueva regulación constitucional
de los derechos laborales adquiridos por los servidores del ente territorial. Tampoco
se tuvo en consideración que en el Acto legislativo No. 01 de 1968 no hizo referencia
expresa a la derogatoria de ese régimen salarial y que esta norma no cumple con los
requisitos señalados por la Corte Constitucional para cumplir con este tipo de
derogatoria, estos son: “(i) cuando una norma jurídica posterior resulta incompatible
con una anterior, o (ii) cuando se produce una nueva regulación integral de la
materia”.
Sostiene que la decisión no respetó el precedente jurisprudencial horizontal e hizo
referencia a una providencia del Consejo de Estado. Con base en esta sostuvo que
hay incompatibilidad entre una ley nueva y una anterior cuando exista i) igualdad de
materia en ambas leyes, ii) identidad de los destinatarios de sus mandatos y iii)
contradicción e incompatibilidad entre los fines de los preceptos. Sostiene que estos
requisitos no se cumplen entre la Ordenanza y el Acto legislativo mencionados, por
lo que no tiene lugar la derogatoria tácita determinada. Afirmó que en la sentencia C-
571 de 2004, la Corte Constitucional consideró que no existe derogatoria tácita en
bloque, salvo que exista un estudio de fondo acerca de la constitucionalidad de las
normas.
En virtud de lo anterior, estima que la sentencia del Consejo de Estado no se
pronunció de fondo respecto de la validez de la Ordenanza 13 de 1947, al dejar en
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
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Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
libertad al departamento de Cundinamarca para que en su criterio demande los actos
administrativos que reconocieron la prima de antigüedad con fundamento en que la
ordenanza amenaza la estabilidad jurídica en cuanto a las prestaciones de 384
empleados, ya que los funcionarios judiciales que conozcan de esas acciones de
nulidad pueden incurrir en fallos contradictorios.
Afirma que la solicitud cumple con el requisito de inmediatez, en la medida que un
tercero presentó un recurso extraordinario de revisión con el fin de que se anulara la
sentencia 5 de mayo de 2022, el cual se declaró infundado mediante providencia del
17 de abril de 2024. Además, que la administración actual del departamento de
Cundinamarca, al asumir funciones el 1 de enero de 2024, encontró una condición
institucional compleja en relación con la situación de 384 servidores del
departamento que se afectaron con la «derogatoria tácita», por lo que ha debido
evaluar los aspectos jurídicos y judiciales para contener los efectos del fallo. En esa
medida presentó 267 demandas de nulidad de los actos de reconocimiento de la
prima de antigüedad y tiene 117 casos por definir ante la incertidumbre de la validez
de la Ordenanza 13 de 1947
4. Trámite de primera instancia
El 2 de mayo de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a las
autoridades judiciales accionadas, así como a Diana Patricia Rojas Porras, a la
Nación-Ministerio de Educación Nacional, a Hernán Egberto Peralta Garzón, Alfredo
Beltrán Sierra, Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y Jaime Raúl Taborda Mejía y a la
a la Organización Sindical Sintraestatales Seccional Bogotá, en calidad de terceros
con interés.
Por auto del 24 de mayo de 2024 se ordenó vincular a la Asociación de Educadores
de Cundinamarca-ADEC y a la Asociación de Servidores Públicos del Órgano de
Control de Colombia-ASDECCOL, quienes también fungieron como terceros con
interés en el proceso ordinario y coadyuvaron los recursos de apelación presentados
contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sala Transitoria.
En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Segunda Subsección
B, al oponerse al amparo adujo que la solicitud de tutela es improcedente porque no
cumple con el requisito de inmediatez y el de subsidiariedad en tanto que el
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
Solicitante: Departamento de Cundinamarca
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ciudadano Carlos Ernesto Castañeda Revelo presentó un recurso extraordinario de
revisión. Sostuvo que operó el fenómeno de la cosa juzgada pues el señor Castañeda
Revelo había presentado una solicitud de tutela4 que conoció la Sección Quinta y la
Subsección B de la Tercera de la Corporación, en la que también intervino el
Departamento de Cundinamarca en calidad de tercero con interés y expuso el mismo
argumento que se planteó en este trámite, respecto a la incertidumbre de los
derechos adquiridos de 300 empleados con ocasión del artículo 5 de la Ordenanza
13 de 1947.
Sostuvo que la facultad de modificar los salarios de las entidades territoriales ahora
radica en el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, por lo que la
Ordenanza que creó una prima de antigüedad se encuentra en contradicción con el
ordenamiento jurídico vigente.
La Nación-Ministerio de Educación Nacional también solicitó que se declare
improcedente el amparo. El escrito no sustentó en debida forma el derecho que
aduce vulnerado ni los defectos descritos, por lo que no cumple con los requisitos de
relevancia constitucional ni subsidiariedad, por contar con la posibilidad de presentar
recursos ordinarios.
La Asociación Sindical de Administrativos-ASOADMINISTRATIVOS solicitó que se
acceda a las pretensiones del amparo. Sostuvo que la decisión reprochada somete
a los servidores y a la Administración Departamental de Cundinamarca a
incertidumbre jurídica, al señalar que frente a la Ordenanza 1 de 1947 operó el
fenómeno de la derogatoria tácita, pues previo a ella se venía reconociendo el
sobresueldo prescrito en esa Ordenanza.
La Asociación de Educadores de Cundinamarca-ADEC también solicitó que se
despache de forma favorable las pretensiones formuladas. Sostuvo que la
derogatoria tácita no fue un tema en el objeto de litigio fijado por la autoridad.
Considera que la decisión es confusa y contraria a otros pronunciamientos de la
corporación, los cuales referenció. Agregó que en materia laboral opera el principio
4
Identificada con el rad. nº. 11001-03-15-000-2023-01699-00/01. Se profirió fallo de segunda instancia del 6 de
octubre de 2023 que negó el amparo.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
Solicitante: Departamento de Cundinamarca
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in dubio pro operario, por lo que no se puede lesionar los derechos de los empleados
actuales beneficiarios del aumento del 20% de su asignación básica.
El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado-SUNET también pidió que
se acojan las pretensiones. Sostuvo que la autoridad no tuvo en consideración la
presunción de subsistencia de la legislación preexistente respecto de la cual no se
puede predicar que la Constitución de 1991 derogó en bloque la legislación anterior.
Agregó que actualmente cursa un proyecto de ley que busca preservar los derechos
otorgados a los empleados públicos del departamento de Cundinamarca. En un
escrito adicional, solicitó tener en cuenta la relevancia constitucional del asunto y el
perjuicio que le genera, a los funcionarios del Departamento, la decisión reprochada.
Sin la debida observancia al principio de pre existencia, de la relevancia
jurisprudencial y de la naturaleza de las normas que regulan el tema analizado.
Pidieron la protección de sus derechos laborales adquiridos, sindicales, al diálogo, la
concertación y a la estabilidad salarial.
Carlos Ernesto Castañeda Ravelo sostuvo que la solicitud cumple con los requisitos
generales y formales para su procedencia. Agregó que la derogatoria tácita,
considerada por la autoridad, es contradictoria con la regla de la presunción de
subsistencia de la legislación preexistente.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E remitió
copia del expediente digital del proceso ordinario. El resto de las partes guardaron
silencio respecto de la solicitud.
Mediante sentencia del 20 de junio de 2024, el Consejo de Estado-Sección Quinta
declaró improcedente la solicitud, al considerar que no satisface el requisito de
relevancia constitucional. Sostuvo que el debate presentado por el solicitante se
circunscribe a una interpretación meramente legal. La inconformidad se basa en un
presunto error de la autoridad por no pronunciarse de fondo respecto del asunto.
Empero, el hecho de que esta no haya declarado la nulidad de la Ordenanza
enjuiciada, no implica que no se haya pronunciado de fondo.
Por lo contrario, la providencia reprochada indicó que la Ordenanza 13 de 1947 se
dictó a partir de las facultades legales vigentes de la época y que, aunque está
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
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viciada de nulidad, por no estar acorde con el régimen constitucional y legal vigente,
no es dable declarar su nulidad de forma absoluta precisamente por el tránsito
constitucional de la normativa expedida en vigencia de la Constitución Política de
1886. La Sala no encontró evidenciada la vulneración del derecho que aduce el
solicitante. Determinó que: «(i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal; (ii) carece de la carga argumentativa elevada a un rango
constitucional; y (iii) no se evidencia una vulneración palmaria derivada de la
sentencia de 5 de mayo de 2022, que implique la intervención del juez de tutela.»
El solicitante impugnó. Manifestó que no pretende que el juez constitucional le dé
gusto a la entidad sino que se ordene a las autoridades accionadas a que se
pronuncien de fondo. Sostuvo que la solicitud cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Reiteró los argumentos planteados en la solicitud y esgrimió que la
decisión no realizó el estudio del cargo propuesto ni analizó si en las sentencias
reprochadas se aplicó la regla de presunción de existencia.
Carlos Ernesto Castañeda Ravelo solicitó que se revoque el fallo de primera instancia
y que se acceda a las pretensiones. Sostuvo que la solicitud cumple con el requisito
de relevancia constitucional, cuando esta es evidente al existir 267 demandas en
curso. Sostiene que el fallo únicamente estudió los argumentos planteados por la
parte solicitante y no los esgrimidos por los terceros interesados. El Sindicato Unitario
Nacional de Trabajadores del Estado-SUNET manifestó su inconformidad con la
decisión y su coadyuvancia con las impugnaciones presentadas. El 3 de julio de 2024
se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Cuestión previa
Aunque la parte accionante interpuso la solicitud en contra el Consejo de Estado
Sección Segunda-Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sala
Transitoria, esta Sala solo analizará la sentencia del 5 de mayo de 2022, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en tanto fue la
providencia que puso fin al proceso ordinario.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
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Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
6. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 20 de junio de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Quinta, que declaró improcedente el amparo.
7. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C.Pol. y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental5. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela6.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
6 Ibidem.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
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Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela7.
Caso concreto
La sentencia reprochada fue proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B el 5 de mayo de 2022 y se notificó por edicto, según el aplicativo de
consulta de procesos de la Rama Judicial el 12 de agosto de 2022 (Índice 23,
SAMAI). El 20 de octubre de 2022 la autoridad profirió el auto que resolvió negar la
solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia mencionada, que se notificó a las
partes, vía correo electrónico el 22 de marzo de 2023, quedando debidamente
ejecutoriado el 30 de marzo de 2023. De conformidad con lo anterior, los seis meses
que la jurisprudencia ha previsto como un plazo razonable para su interposición se
agotó el 30 de septiembre de 2023. Como la solicitud de tutela se interpuso el 26
de abril de 2024, el amparo no cumple con el requisito de inmediatez por lo que la
tutela es improcedente.
El accionante sostiene que el amparo cumple con el requisito de inmediatez pues
uno de los terceros con interés presentó un recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia reprochada, el cual fue admitido el 14 de noviembre de 2023 y que la
administración actual del departamento de Cundinamarca asumió funciones el 1 de
enero de 2024 y se encontró con una condición institucional compleja.
Sin embargo, para la Sala, estos argumentos no son de recibo como eximentes del
cumplimiento del requisito de la inmediatez, en la medida que los reproches
7 Corte Constitucional, sentencia T-422 de 2018, C.P. Carlos Bernal Pulido.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
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Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
planteados en la solicitud de tutela se dirigen contra la sentencia del 5 de mayo de
2022 que dictó el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, por ello, la
inmediatez se debe calcular desde la notificación del auto que resolvió la solicitud
de aclaración y adición, fecha en que las partes conocieron de la decisión y que
originó la vulneración de derechos que se alega en este trámite. En este sentido la
Corte ha señalado que:
Específicamente en lo que tiene que ver con la inmediatez como requisito general de
procedencia, cabe insistir en que se trata de una exigencia de acuerdo con la cual la
acción debe ser instaurada oportunamente, en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración. La vocación de la tutela es la de servir
como instrumento para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la actuación u omisión de una
autoridad pública. Para que ello sea viable, es imperativo que las personas hagan uso
de la acción con la misma presteza con la que la jurisdicción constitucional debe
atenderla.8
Además, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, existe una mayor
protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el cumplimiento del
principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte ha indicado que:
El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido que por
esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción de tutela,
pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que lo anterior no
debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela en cualquier
momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción,
concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección
efectiva y actual de los derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término razonable,
pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen reglas estrictas e
inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de
tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un término razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar, en
cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se
relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el que se
produce la vulneración, (iii)la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos de la tutela
y (v) la actuación contra la que se dirige la tutela.
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Corte Constitucional, sentencia T-189-09
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02074-01
Solicitante: Departamento de Cundinamarca
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que
este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que el requisito de inmediatez tiene
una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales,
de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que
en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede
mantenerse en la incertidumbre indefinidamente (…)9 (Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 20 de mayo de 2024,
proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta que declaró improcedente el
amparo, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, pues
la solicitud no cumple con el requisito general de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por el Consejo
de Estado-Sección Quinta, que declaró improcedente la solicitud de tutela del
departamento de Cundinamarca contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sala Transitoria, en los
términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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