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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01699-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01699-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Asamblea de Cundinamarca. SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia, de conformidad con lo señalado en esta providencia. TERCERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela de conformidad con lo expuesto en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01699-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

8 de junio de 2023

Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01699-00
Demandante: CARLOS ERNESTO CASTAÑEDA RAVELO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por
no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor
Carlos Ernesto Castañeda Ravelo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Esto, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La tutela

2. El accionante, actuando nombre propio, presentó acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B1. Con la solicitud de amparo la
parte actora pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al trabajo en condiciones justas y a los principios de favorabilidad, indubio pro operario y
la condición más beneficiosa para el trabajador.

3. En sentir del señor Castañeda Ravelo, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se configuró con el auto del 20 de octubre de 2022, providencia que
negó la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia de segunda instancia del 5 de
mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B2.

4. En esta última decisión se revocó la sentencia del 10 de diciembre de 2018,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C que había declarado la nulidad del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947, emitida por

1
La tutela se presentó el 10 de abril de 2023.
2
En el trámite de los procesos acumulados identificados con los radicados 25000-23-25-000-2010-00909-
00/1/2 y 25000-23-25-000-2012-01005-00/1.

1
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Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00

la Asamblea de Cundinamarca. En su lugar, se determinó que sobre la norma en cuestión
había operado el fenómeno del decaimiento de los actos administrativos.

1.1. Pretensión constitucional

5. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales invocados.

SEGUNDO: Ordenar a la parte accionada que dentro de un término de cuarenta y
ocho horas siguientes a la notificación del fallo, proceda pronunciarse de fondo sobre
las aclaraciones y/o adiciones y elevadas por el suscrito dentro del proceso. (SIC).

1.2. Hechos y providencias proferidas en el trámite del proceso ordinario

6. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia de
la siguiente manera:

7. El artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947, expedida por la Asamblea de
Cundinamarca, concedió un incremento salarial del 20% a aquellos empleados y obreros
que hubieran prestado, durante 20 años o más, sus servicios a ese ente territorial3.

8. El 5 de octubre de 2010, la señora Diana Patricia Rojas Porras interpuso demanda
de nulidad contra el referido artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947. En similar
sentido, el 4 de mayo de 2012, el Ministerio de Educación Nacional también controvirtió
la misma disposición4.

9. Ambos demandantes alegaron que, al momento de proferir la ordenanza, la
Asamblea de Cundinamarca estaba facultada para adoptar la decisión de establecer
sobresueldos de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 76 de la
Constitución Política de 1886 [original] y el artículo 54 del Acto Legislativo 03 de 1910.
Sin embargo, sostuvieron que, a partir de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de
1968, se eliminó esta potestad a las asambleas departamentales. Además, sostienen
que la Constitución Política de 1991 estableció que el régimen prestacional de los
servidores públicos de las entidades territoriales sería fijado por el Gobierno Nacional.
En consecuencia, no pueden las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad. Por lo tanto, en criterio de los demandantes, la norma debía ser declarada nula.

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 10 de diciembre

3
Artículo 5. Los empleados y obreros del Departamento que hayan cumplido veinte años o más, al servicio
de Cundinamarca, que no hayan sido pensionados y que se hallen en el ejercicio de sus funciones con
una antigüedad no menor de cinco años, sin solución de continuidad, tendrán derecho a un aumento del
veinte por ciento del sueldo o jornal que devenguen.//La Gobernación procederá a liquidar en el
presupuesto las partidas correspondientes, quedando ampliamente facultada para hacer las operaciones
del caso, a fin de dar cumplimiento a esta disposición, la cual regirá desde el día primero de julio próximo.
4
Las demandas fueron acumuladas y las providencias principales fueron emitidas en el trámite del
expediente identificado con el número de radicación 25000-23-25-000-2010-00909-00/1/2.

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de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la
nulidad del artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947, expedida por la Asamblea de
Cundinamarca. Para fundamentar su decisión, el a quo ordinario explicó que la
competencia para fijar el régimen salarial de los empleos del sector territorial era
concurrente entre el legislador y el gobierno nacional. Concretamente, sostuvo que el
primero determina los parámetros generales y sobre estos el segundo fija los elementos
propios del régimen salarial y prestacional. Por ende, concluyó que el artículo 5 de la
referida ordenanza desconoció la Constitución Política de 1991, dado que las entidades
territoriales ya no tienen la competencia para crear prestaciones sociales y sobresueldos
para su empleados y trabajadores.

11. Inconforme con lo anterior, los terceros intervinientes [Sindicato Unitario Nacional
de Trabajadores del Estado SUNET, Carlos Ernesto Castañeda Ravelo, Jaime Raúl
Taborda Mejía y Hernán Egberto Peralta Garzón] y el Departamento de Cundinamarca
interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. En síntesis, los recurrentes
alegaron que la sentencia de primera instancia desconoció los derechos adquiridos de
los funcionarios del Departamento de Cundinamarca.

12. El recurso de alzada fue conocido en segunda instancia por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Esa autoridad judicial, mediante sentencia del 5 de
mayo de 2022, revocó la decisión de primer grado. En su lugar, negó las pretensiones
de los demandantes porque consideró que sobre el artículo 5 de la Ordenanza N.º 013
de 1947 había operado el fenómeno jurídico del decaimiento de los actos administrativos.
Lo anterior, porque concluyó que la misma fue derogada tácitamente por el artículo 11
del Acto Legislativo 01 de 1968.

13. La Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación para fundamentar su
decisión, explicó que el acto demandado fue proferido a la luz del ordenamiento vigente
al momento de su entrada en vigor, por lo cual no podría hablarse de un acto viciado de
nulidad. Sobre este punto expresamente se sostuvo:

Por ende, contrario a lo expuesto por el a-quo, no es cierto que el artículo 5 de la
Ordenanza 13 de 1947 se encuentre viciado de nulidad, dado que, como se vio,
para el momento en que fue proferida, las Asambleas Departamentales tenían la
competencia de proferir este tipo de actos administrativos de índole salarial.

14. Pese a lo anterior, en la sentencia ordinaria de segunda instancia se determinó
que esta disposición había perdido su fuerza ejecutoria desde 1968 porque con la
entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de ese año desaparecieron los fundamentos de
derecho que lo justificaban. En este sentido, en esta providencia se explicó lo siguiente:

Lo anterior no es óbice para que el Departamento de Cundinamarca examine la
aplicación de esta normativa, dado que los empleados públicos que hayan ingresado
a la administración con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968
no tienen derecho a que sea aplicada la Ordenanza 13 de 1947 y, por lo mismo
puede, mediante el medio de control de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del
derecho «depende del caso en concreto», solicitar a la jurisdicción de lo contencioso

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administrativo la anulación de aquellos reconocimientos que se efectuaron con
fundamento en este acto administrativo, ya que resulta evidente su derogación tácita
por el actualmente competente para fijar el régimen salarial.

15. Una vez proferida la sentencia ordinaria de segunda instancia, algunos terceros
intervinientes del proceso ordinario presentaron solicitudes de aclaración y/o adición de
la decisión. Estas peticiones en síntesis sostenían que en el fallo:

a. No analizó las figuras del decaimiento y derogatoria tácita,
b. No especificó los efectos de la sentencia,
c. Las citas que se mencionan en la sentencia, y las conclusiones a las cuales se
llega con base en las mismas, resultan contradictorias y
d. El derecho establecido en el artículo 5 de la Ordenanza N.º 13 de 1947 es de
naturaleza salarial y, por ende, pese a la derogatoria tácita que se analizó, debe
respetarse su vigencia y validez, concretamente, el reconocimiento de los
derechos adquiridos.

16. Mediante auto de 20 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B negó las solicitudes presentadas porque consideró que no se alegó que la
sentencia contuviera frases, conceptos o expresiones que ofrecieran motivos de duda.
Además, porque en la providencia se resolvieron la totalidad de los puntos objeto de la
controversia y no se observó que entre lo manifestado en la parte motiva o considerativa
y lo ordenado en la parte resolutiva exista contrariedad.

17. En ese sentido, en el auto se explicó que pese a ser una demanda de simple
nulidad, en la sentencia ordinaria de segunda instancia se explicó al Departamento de
Cundinamarca que debía emprender las acciones judiciales pertinentes para dejar sin
efectos los sobresueldos reconocidos. Sobre este punto expresamente se sostuvo:

En tal sentido, se precisó, en cuanto a los efectos de la sentencia que, si bien no se
declaraba la nulidad de la norma acusada, ello no era óbice para que el departamento
de Cundinamarca examinara la aplicación de esta normativa, pues, se demostró, que
los empleados públicos que hayan ingresado a la administración con posterioridad a
la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968 no tienen derecho a que sea aplicada
la Ordenanza 13 de 1947.

1.3. Sustento de la vulneración

18. El señor Carlos Ernesto Castañeda, tercero interviniente en el proceso ordinario y
actor de la presente acción constitucional, alegó que la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos procedimental absoluto, sustantivo, error inducido y
desconocimiento del precedente judicial.

19. Sobre el defecto procedimental absoluto la parte actora sostuvo que en la
fijación del litigio se dejó sin señalar que en la providencia se haría un pronunciamiento

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expreso sobre los efectos de la vigencia del artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947.
Por ende, considera que sobre este aspecto no tuvo la oportunidad de pronunciarse. En
este punto recalcó que, a su juicio, las citas que se mencionan en la sentencia, y las
conclusiones a las cuales se llega con base en las mismas, no tienen relación con lo que
se estableció en la fijación del litigio.

20. Respecto del defecto material o sustantivo, el accionante adujo que en la
sentencia se estableció que sobre la disposición controvertida había operado una
derogatoria tácita en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de
1968. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que en el artículo 57 de esa misma reforma
constitucional se estableció que las asambleas departamentales podían establecer las
escalas de remuneración de sus empleados.

21. El señor Castañeda Ravelo sostuvo que la providencia censurada incurrió en un
error inducido porque en la plataforma Samai existe constancia que al proceso se
aportó un memorial en el que se introdujo la tesis del decaimiento de los actos
administrativos. Por ende, en su sentir, aunque no se menciona este documento, es
evidente que el mismo llevó a error a los consejeros de Estado que profirieron la
sentencia ordinaria de segunda instancia.

22. Finalmente, para el actor, en la providencia censurada se desconoció el
precedente judicial que el mismo Consejo de Estado, Sección Segunda ha proferido en
relación con los principios de in dubio pro operario y favorabilidad. La Sala considera
importante resaltar que el accionante no enunció las providencias que considera
desconocidas ni explicó las reglas jurisprudenciales desatendidas.

1.4. Trámite de la acción de tutela

23. Mediante auto del 13 de abril de 2023, el magistrado ponente admitió la tutela y
dispuso notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B como autoridad
accionada. Igualmente, en esa providencia se ordenó vincular como terceros con interés
en las resultas del proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca5, a Diana Patricia
Rojas Porras6, al Ministerio de Educación Nacional7, a la Asamblea de Cundinamarca8 y
al Departamento de Cundinamarca.

24. En el auto admisorio también se decidió vincular como terceros con interés, por
haber tenido igual condición en el proceso ordinario a las siguientes personas: Sindicato
Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, a la Asociación de Educadores de
Cundinamarca, a Hernán Egberto Peralta Garzón, a Jaime Raúl Taborda Mejía, a Nilson

5
Corporación judicial que emitió el fallo ordinario de primera instancia en el trámite del proceso en el que
se expidió la providencia que se censura mediante la presente acción de tutela.
6
En su calidad de parte demandante del proceso ordinario en el que se expidió la providencia que se
censura mediante la presente acción de tutela.
7
En su calidad de parte demandante del proceso ordinario en el que se expidió la providencia que se
censura mediante la presente acción de tutela.
8
Corporación que expidió la disposición demandada en el proceso ordinario en el que se expidió la
providencia que se censura mediante la presente acción de tutela

5
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Almanza Montero y a Rafael Eduardo Rubio Cardozo. Por su parte, se dispuso la
vinculación al proceso de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los
términos del artículo 610 del CGP.

25. También se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dejara
constancia en el expediente 25000-23-25-000-2010-00909-02 de la existencia de la
presente acción de tutela. Lo anterior, para que cualquier persona que hubiese sido
parte, interviniente o estuviese interesado en ese proceso se enterará de la existencia
de esta solicitud de amparo9. Finalmente, en el auto admisorio, se negó la solicitud de
medida provisional.

26. Con posterioridad al auto admisorio, el Despacho sustanciador advirtió que no se
vinculó al señor Alfredo Beltrán Sierra, quien intervino en el proceso ordinario en calidad
de tercero. Por ende, mediante auto del 16 de mayo de 2023, se procedió en tal sentido.

1.5. Intervenciones

27. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
los siguientes informes:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

28. El magistrado titular del despacho ponente de la providencia censurada mediante
este mecanismo constitucional, rindió informe en el que manifestó que no advierte
vulneración de derecho fundamental alguno. Por el contrario, sostiene que la solicitud de
amparo está encaminada a proponer un debate como si se tratara de una tercera
instancia. Esto, en la medida que lo planteado por la parte actora ya fue considerado,
controvertido y juzgado en el escenario que correspondía, esto es, el medio de control
de simple nulidad.

29. En consecuencia, solicitó que se denegaran las pretensiones de la solicitud de
amparo.

1.5.2. Ministerio de Educación Nacional

30. Esta entidad rindió informe en el que se hizo un recuento genérico de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial sobre el requisito de la subsidiaridad. Luego, solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela.

1.5.3. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca

31. En el informe rendido por el representante de esta asociación se manifestó que
se compartían los argumentos propuestos por la parte actora. En este sentido, se señaló

9
El cumplimiento de esta orden consta en el índice 126 del proceso electrónico.

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que se deben dejar sin efectos las sentencias proferidas en el proceso ordinario pues,
en su criterio, afectan los derechos adquiridos de los empleados del Departamento de
Cundinamarca, en especial los de los docentes.

1.5.4. Asamblea Departamental de Cundinamarca

32. El presidente de la Asamblea Departamental de Cundinamarca manifestó que esa
corporación no ha incurrido en irregularidad alguna porque la Ordenanza N.º 13 de 1947
fue proferida de acuerdo con las facultades que le otorgó la Constitución de 1886 y el
Acto Legislativo 03 de 1910, aplicables y vigentes para ese momento. En este sentido,
solicitó que se declare su falta de legitimación por pasiva y se desvincule del presente
proceso.

1.5.5. Departamento de Cundinamarca

33. El secretario jurídico de la Gobernación de Cundinamarca rindió informe en el que
manifestó que el auto que negó la solicitud de aclaración y/o adición no resuelve los
presupuestos de fondo que se plantearon y que estima siguen siendo necesarios. En
este sentido, considera oportuno que la corporación judicial accionada aclare los
siguientes aspectos que son consecuencia de la sentencia del 05 de mayo de 2022:

A. Una vez la sentencia sujeta de aclaración requerida en este libelo, cobre
ejecutoria, ¿el Ente Territorial debe seguir cancelando emolumentos
correspondientes a sobresueldo del 20% a los trabajadores que se les reconoció este
beneficio laboral, hasta que se revoquen los actos de contenido particular y concreto
de cada servidor público, según los postulados de la revocatoria de los actos
administrativos de carácter particular y concreto?
B. Se manifiesta por su despacho que se configuró un decaimiento del acto
administrativo la ordenanza 13 de 1947, derogado tácitamente por el artículo 1 del
acto legislativo 01 de 1968 por ausencia de presupuestos facticos que provocaron la
expedición del acto y su sustento jurídico; Sin embargo, ¿esto sería causal para
reintegro de rubros cancelados posteriores al año 1968?
C. ¿Cuáles son los efectos jurídicos y alcance de la declaratoria del fenómeno de
decaimiento de la Ordenanza No 13 de 1947, en lo que respecta al derecho adquirido
de los empleados que han sido beneficiados de este sobre sueldo?

1.5.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C remitió el enlace del expediente ordinario y aportó prueba del cumplimiento de la orden
que se le impuso en el auto admisorio de dejar constancia en el proceso ordinario de la
existencia de la presente acción de tutela.

1.5.7. La señora Diana Patricia Rojas Porras, una de las demandantes del proceso de
nulidad simple en el que se profirió la decisión controvertida por medio de esta tutela, no
pudo ser notificada a las direcciones que constaban en el expediente ordinario. Por ende,
la Secretaría General la notificó por aviso, según consta en el índice 332 del expediente
electrónico de este proceso. Igualmente, como ya se señaló, en el proceso ordinario el

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca también dejó registrada anotación en el que se
le informó a todas las parte e intervinientes de la existencia de la presente acción de
tutela. Pese a lo anterior, la tercera con interés guardó silencio.

1.5.8. Los demás intervinientes del proceso ordinario, pese a haber sido enterados de la
existencia de esta tutela, guardaron silencio.

1.5.9. Coadyuvantes

34. Es menester poner de presente que dentro del trámite de la presente acción
constitucional se presentaron 302 escritos de coadyuvancias con unas características y
argumentos similares. En estas intervenciones, las personas manifestaron que al ser
funcionarios del Departamento de Cundinamarca que tienen más de 20 años de servicio
en el ente territorial fueron afectados por la decisión tomada por la corporación judicial
accionada. Esto, porque gozaban del incremento salarial fruto de la Ordenanza N.º 013
de 1947.

35. Por ende, sostienen que, en el fallo ordinario de segunda instancia, el Consejo de
Estado no dio una orden expresa sobre el camino a seguir con los reconocimientos
salariales realizados y sobre lo que consideran gozan de un derecho adquirido.

36. Finalmente, aducen que existe una incongruencia entre la parte considerativa y la
resolutiva en la decisión controvertida porque cuando se fijó el litigió no se señaló que se
iba a estudiar la vigencia de la Ordenanza N.º 013 de 1947.

37. A continuación, la Sala relaciona los coadyuvantes, quienes presentaron escrito
de intervención en sentido similar:

COADYUVANCIAS

William Bermúdez Liliana Orozco Rojas
Rafael Eberto Rivas Castañeda María Cristina Ruiz Peña
José Fernando León Serrato Sonia Maritza Castillo Cubillos
Marta Elena Zamudio Rodríguez Consuelo García Vanegas
Azucena Rodríguez Fagua Myriam Esperanza Roa Castañeda
Saul Antonio Rojas Sanabria José Hernando Serrano Serrano
Jaime Alberto Serrato Forero Luis Eduardo Castro Castro
Luz Marina Góngora Ríos Angela Margarita Morales Diaz
Vilma Edith Moreno Acosta Orlando Bustos Páez
Álvaro Uriel Sánchez Guayacán Nancy Marcela Posada Baquero
Edwin Rolando Algecira Mahecha Alejandro Forero Orrego
Elsa Eulalia Gómez Luque Efraín Cárdenas Ortega
Maribel Andrade Parra Clara Inés Flórez Cifuentes
Alirio Moreno Vargas Gloria Yaneth Gil Bustos
Daniel Montaña Olga Yadira Sanabria Neira

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COADYUVANCIAS

Yamile Farah Manzanera Sandra Victoria Olarte Rujana
Alonso Muñoz Castillo German Cubillos Romero
Jesús Alberto Escorcia Castillo Mariluz Quevedo Quevedo
Jorge Ricardo Pérez Gómez Rubén Daniel Gómez Velásquez
William Calderón Robledo José Ulises Queruz
Jesús Alberto Escorcia Castillo Juan Carlos Coy Carrasco
Luis Crescencio Martínez Aldana Ligia Romero Ariza
Blanca Lucy Alfonso Saldaña Blanca Leonor Bernal Aponte
Sergio Enrique Salazar Caicedo Patricia Chaparro Cañón
Gilberth Anilio Martínez Varela Gonzalo Augusto Cruz Rodríguez
Jairo Herrera García Celmira Rodríguez Góngora
Flor Elizabeth Cabra Rincón Marisol Martínez Triana
José del Carmen Ramírez Romero Gloria Yaneth Gil Bustos
Jesús Alberto Escocia Castillo María Elvira Alfonso Ortiz
Carlos Alfonso Triviño Díaz Martha Lilia Ballesteros Ortiz
Esmeralda Vásquez Guzmán Beatriz Marina Ríos García
Elcy Mery Parrado Parrado Myriam Jacqueline Ronderos Saavedra
José Antonio Gutiérrez Duran Alba lucia Guerrero
Sandra Constanza Puentes Millán Alba luz Pinto Vargas
Luz Mary Martínez Agudelo Nohora Luz Delgado Rivera
Jairo Prieto Daza German Barragán Ramírez
Elda Roció Rodríguez Cajamarca Blanca Ramírez de Salazar
Adriana Piedad Cruz Sáenz Elsy Janeth Méndez Rodríguez
Henry Francisco Rojas Ardila Jaime Alfredo Chapetón Rozo
Roberto Moreno Medina Jenny Teresa Devia Cifuentes
Aida Consuelo Gómez Valbuena Mireya Carrasco Hernández
Sofía Ramos Cortés Manuel Hugo Orjuela Zamora
Armando Beltrán Peñuela Beatriz Yadira Ávila Méndez
José Jainer Méndez Peña Martha Morales Roldan
Gloria Stella González Mora Constanza Cubides Lugo
Elizabeth Forero Prieto Ciro Munévar Amoretegui
Armando Reyes Montenegro Durby González Rodríguez
Héctor Jesús Ordoñez Caicedo Elsy Janeth Méndez Rodríguez
Oscar Armando Wilches Lozano José Mauricio Rodríguez Rodríguez
Jesús Ordoñez Caicedo Rafael Alonso Díaz Díaz
Héctor Jesús Ordoñez Caicedo Cecilia Ángel Camacho
Rosalinda Melo Sanabria Olga Lucia Reyes Ramos
Mauricio Delgadillo Diaz Olga Lucia Chavarro Rozo
Jose Jiovany González Romero Juan Alberto Ordoñez Escobar
Angela Clemencia Ramírez Cárdenas Martha Patricia Ocampo Guarín
Aura Yamile Lizarazo Sonia Patricia Montoya Vargas
Ildefonso Moreno Capera Álvaro Gallego Castillo
Carlos Enrique Barrera Cubillos Flor Rocío Campos Verjan
Pedro José Rodríguez Moreno Adalgisa Álvarez Yepes

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Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
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Subsección B
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COADYUVANCIAS

Ilsa María Villamil Acuña Olga María Duran Sandoval
Claudia Lorena Cruz Ruiz Rosa Helena Grajales Giraldo
Pedro Yesid Guzmán John Perilla Peñaloza
Modesto Buitrago Amarillo Martha Ruth Pérez Fuentes
Orlando Rangel Arrieta Ana Lucy Herrera Rodríguez
Marylu Calderón Jiménez Sandra Isabel Linares Colmenares
Freddy Gustavo Orjuela Hernández, Sulma Parra Medina
María Trinidad Pachón Rodríguez Liliana Triana Cuellar
Sandra Liliana Betancourt Duarte Nelson Gonzalo Gutiérrez
Javier Alonso Morales Sierra Leonel Iván Garzón Ramírez
María Victoria Gómez Martha Cecilia Vega Guarín
Carlos Robayo Martin Yarith Emilce Maldonado Matiz
Jorge Ricardo Cubillos Garzón Nohora Beatriz Manrique Carrillo
Libia Mojica Silva Lina Rocío Vera Sánchez
Beatriz Elena Gámez Calderón Luz Mar Gutiérrez Orjuela
Diana Beatriz Aponte Novoa Clara Inés Rojas González
Marleny Urbina Hernández Liliana Triana Cuellar
Sandra Patricia Martínez Ruíz Martha Yolanda Castiblanco Caicedo
José Flaminio Ortiz Caviedes Luz Mary Zamudio Mora
Malen Saavedra Estupiñán Sonia Patricia Montoya Vargas
María Constanza Cruz Prieto Sandra Xenia Castaño Durango
Juan Manuel Acero Pinilla Myriam Ordoñez Muñoz
María del Consuelo Infante Cruz Ana Graciela Leyva Cruz
Juan Carlos Vega Zuluaga Luis Fernando Orozco Molina
Elda Lucía Álvarez Barbos Sandra Inés Lozano
Néstor Augusto Rodríguez Elsi Helena Martínez Bustamante
Esperanza Castañeda Neiva Nohora Isabel Velásquez
Julio César Romero Rojas Ruth Alonso Rodríguez
Flor Amelia Cruz Prieto Luz Dary Ordoñez Medina
Hernán Giovanny Peñuela Saldaña Luisa Marina Rodríguez Núñez
Yesid Rail Barahona Sandoval Víctor Hugo Villamil Mendieta
Hever Arturo Rojas Muñoz José Ricardo Herrera Gómez
José Antonio Pulido Nelson Darío Sánchez Guerra
Elsa Teresa Mora Mora Fainory Jaidid Charry Montaña
Nydia Milena Garzón Saza Alberto Aguirre Marroquín
Jeannette Martínez Lucy Esperanza Nieto Almanza
Marlen Rocío Ontibón Romero Nelly Laiton Poveda
Luis salvador Pisciotti Ubaque Lucy Esperanza Nieto Almanza
Jorge González Francia Helena Zambrano Orjuela
Nubia Patricia Lara Vargas Carlos Enrique Barrera Cubillos
Oswaldo Pantano Bello María Alexandra Abello Gómez
María Graciela Rico Espinosa Marlon Sierra Baquero
Sandra Lourdes Torres Mancera Yancly Lilia Carrasco Hernández
Vilma León Bejarano Adriana María Ortegón Rodríguez

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Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00

COADYUVANCIAS

Rafael Aragón Ospina Cielo Almanza Cortés
Benicio Sánchez Peñalosa Lorena Forero Salcedo
Juan Mauricio Soto Angarita Martha Esperanza Rojas Posada
Jhoana Vanegas Díaz María Cristina Abello Gomez
Hernando Sabarain Gómez Cortes Nicanor Triana Medina
Fredy Leonardo Prieto Prieto Nelsy Rosas
Tulia Amparo Rodríguez Santos Leonidas Padilla Infante
Epifanio Ojeda Páez Libia Rogelis Diaz
Dora Mireya Suarez Armero Ruby Stella Caldas Barahona
German José Martínez Wilches Ana Yolanda Prieto Prieto
Dora Yaneth Vanegas Rodríguez Fernando Orozco Molina
Emelina Muñoz Olaya Cecilia Ordoñez Saavedra
Jairo Romero Novoa Isidro Jiménez Moreno
Flor Angela Garzón Sánchez Nelsy Rosas
Jaime Cortés Yamile Gamboa Vivas
Elvia Edith Segura Rubio Hilda Liliana Parra Bustos
Luz Mayerly Calderón de Moya Clemencia Páez Nieto
Miler Polania Cuellar Mariluz Sánchez Casallas
Álvaro Iván Neira Medellín Ernesto Medrano Bitar
Leonor Marciales Avendaño Martha Mónica Barbosa Rodríguez
Omar Hernando Gil Suarez Henry Wilson Bustos Cubillos
María Polonia Diaz Quevedo Luis Hernando Riveros Riveros
Helber Antonio Fuentes Viloria Lina Rocío Vera Sánchez
María Pilar Rodríguez Farfán Luis Hernando Mendoza Rojas
Dora Mireya Suarez Armero Luz Nelly González Useche
German Cubillos Romero Fabiola Pardo Pardo
Angela Garzón Sánchez Mario Daniel Barbosa Rodríguez
Saturia Rodríguez Barbosa Dora Contreras
Ana Crispina Torres Acosta Juan Francisco Méndez Laspriella
Luz Dary Rusinque Silva Fidel Fredy Laverde Aguilar
Francisco Antonio Hernández Rodríguez Gloria Inés Bernal Rosas
Blanca Flor Molina Sánchez Oscar Guerrero Gómez
Luis Guillermo Montenegro Motta José Melo Martínez
Luis Román Bolagay Zambrano Martha Lucia Ureña Torres
Stella Castillo Morales Gilberto González Suarez
Blanca Lilia Rodríguez Cortes Gelly Tatiana Kalvo Cifuentes
Jorge Abel Pedraza Novoa José Ricardo Camacho Martínez
Nelson Rafael Plazas Medina Lilia Teresa Barón Rodríguez
Luis Alberto Ayala Quintero Gloria Inés Cantor Gutiérrez
Liliana Astrid Mantilla González Claudia Patricia Gómez Cabrera
Alirio Moreno Vargas Clara Inés Díaz Gaitán
Alfredo Alfonso López Diaz Ilse Liliana Araque Hernández
Nilson Almanza Montero Olga Leonor Panqueba Cely
Antonio Hartmann Mesa Yolanda Fonseca Vigoya

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00

COADYUVANCIAS

José Gustavo Moreno Pulido Nubia Stella Castaño Suarez
Martha Janeth García Pinzón Consuelo Del Socorro Restrepo López
Mirella Sepúlveda Hernández Daniela Alejandro
Karin Miriam Moncada Padilla Néstor Raúl Niño Villaquiran

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

38. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

39. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

40. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor
Carlos Ernesto Castañeda Ravelo se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto,
porque figura como tercero en el proceso de nulidad simple N. ° 25000-23025-000-2010-
00909-00/01. Por tanto, puede interponer la presente acción para reclamar la protección
de los derechos fundamentales que considera vulnerados con ocasión de la providencia
censurada mediante la presente acción de tutela.

41. Por su parte, esta Colegiatura considera que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B está legitimada en la causa por pasiva al ser la autoridad que
profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

42. Finalmente, la Asamblea de Cundinamarca solicitó declarar su falta de
legitimación por pasiva respecto del presente proceso. La Sala no accederá a esta
petición porque la corporación político-administrativa no fue vinculada como accionada
al proceso, sino como tercera como interés. Lo anterior porque fue la que expidió la
Ordenanza N.º 013 de 1947.

2.3. De las coadyuvancias presentadas

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43. La figura de la coadyuvancia en la acción de tutela está prevista en el inciso 2 del
artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991. Esta disposición señala «Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».

44. Sobre esta figura jurídico procesal, la Corte Constitucional, en la sentencia T-269
de 201210, reiterada en la T-269 del 29 de marzo de 201811, consideró que los terceros
con interés legítimo pueden intervenir en el proceso como coadyuvantes, apoyando las
razones presentadas por el actor, por persona o autoridad demandada, armonizando el
papel de los terceros con los principios de informalidad y prevalencia de lo sustancial que
rigen el proceso.

45. En este orden de ideas, la Sala aceptará como coadyuvantes a los ciudadanos
identificados en el párrafo 36 de esta providencia porque cumplen con los requisitos
constitucionales para tal reconocimiento. En efecto, estas personas sustentaron su
interés en el resultado del proceso apoyando y complementando la fundamentación de
la parte actora tendiente a que se deje sin efectos las providencias censuradas mediante
el presente mecanismo de amparo. Además, estos argumentos no son contrarios a lo
pretendido por el accionante.

2.4. Problema jurídico

46. Antes de plantear el problema jurídico la Sala considera necesario precisar que
en el escrito de tutela el actor señaló que la presente acción de amparo tenía como
finalidad controvertir el auto del 20 de octubre de 2022, en el que se negaron las
solicitudes de aclaración y adición de la sentencia ordinaria del 05 de mayo de 2022.

47. Sin embargo, de un estudio de los argumentos invocados por el accionante, los
coadyuvantes y los defectos especiales señalados; se advierte que los reproches
cuestionan tanto lo decidido en la sentencia de segunda instancia como lo determinado
en el auto que negó su aclaración y adición. Por ende, el problema jurídico será
planteado teniendo en cuenta este aspecto.

48. Así las cosas, lo primero que la Sala deberá analizar es si se superan los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. De
encontrarse superados los mismos, la Sala estudiará el siguiente problema jurídico:

49. ¿La autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental absoluto,
sustantivo, error inducido y desconocimiento del precedente judicial al proferir la
sentencia del 5 de mayo de 2022 y el auto del 20 de octubre de 2022? Estas decisiones
fueron proferidas en el marco del proceso ordinario de simple nulidad contra el artículo 5
de la Ordenanza N.º 013 de 1947.

10
Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 2012.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2018.

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50. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, los cuales, de
encontrarse superados junto con las demás exigencias, se procederá al análisis de (iii)
el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

51. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
fallo de 31 de julio de 201212. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema13. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales14.

52. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201415. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia16 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial17.

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
16
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
17
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del
procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la

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53. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

54. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más
de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

55. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

56. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional y
el de subsidiariedad, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad

57. El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como un presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 199118.

eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii)
Violación directa de la Constitución.
18
ARTICULO 6. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

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58. La jurisprudencia estableció que, debido al principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir
a esta acción constitucional.

59. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico
para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con
diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en
la improcedencia de este mecanismo19.

60. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el
restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la autoridad
judicial competente decide de fondo la acción correspondiente»20.

61. Dicho lo anterior, la Sala entrará a decidir si en el presente caso el asunto superó
el requisito de la subsidiariedad.

2.6.1. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso en concreto

62. En consideración al requisito de subsidiariedad para la Sala es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios por tratarse de una acción de tutela que
controvierte tanto el auto que negó la solicitud de aclaración y adición como la sentencia
de segunda instancia que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra el fallo
dictado en primer grado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C21.

63. No obstante, pone de presente la Sala, que la parte actora, en su escrito de tutela
manifestó que las providencias ordinarias censuradas habían incurrido en un defecto
procedimental absoluto porque en la fijación del litigio se dejó sin señalar que en la

19
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-
000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-
2021-04731-00.
20
Ver, Corte Constitucional, sentencias T-336 de 2009, T-130 de 2010 y T-318 de 2017.
21
En el trámite del proceso de simple nulidad con radicados 25000-23-25-000-2012-01005-00/01 y 25000-
23025-000-2010-00909-00/01.

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providencia se haría un pronunciamiento expreso sobre los efectos de la vigencia del
artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947. En este sentido, para complementar su
argumento, sostuvo que no existía correspondencia entre la parte motiva y la
considerativa de la decisión censurada.

64. Conforme a lo anterior, se puede concluir que, en criterio de la parte actora, la
autoridad judicial accionada al resolver la segunda instancia y negar la solicitud de
aclaración conculcó el principio de congruencia de la sentencia. Es este orden, la Sala
resalta que para controvertir la violación al citado principio y alegar que un fallo que puso
fin a un proceso ordinario incurrió en esta irregularidad, el legislador dispuso el recurso
extraordinario de revisión.

65. En este orden, esta Colegiatura encuentra que, reiterando el criterio expuesto por
esta Sección en anteriores oportunidades, el dictar una providencia que no guarda
relación con lo solicitado, implica una violación al principio de congruencia, lo cual
encuadra en una de las causales de nulidad originada en la sentencia, por lo que, contra
ella procede el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley
1437 de 2011, específicamente por la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250
de la referida norma.

66. Dentro del contexto expuesto, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha
indicado que debe aceptarse que la causal 5ª del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se configura, entre otras
razones, cuando al demandado se le condena por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma o en la fijación del litigio.

67. Con lo expuesto recuerda la Sección que el recurso extraordinario de revisión22 ,
regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, es un medio de impugnación excepcional que permite
revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e invalidarlas ante la demostración
inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley.

68. Según el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión23 procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo

22
Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias de: (i)
3.11.2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes
Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7.4.2015 Sala Especial de Decisión No. 27.
Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00577-00 y; (iii)
3.11.2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes
Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.
23
Ver al respecto la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 12 de septiembre de 2019.
M.P. Luís Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2019-03291-01, sentencia del 14 de febrero de
2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-04760-00, sentencia del 12 de diciembre de
2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2019-03853-01.

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Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos y, debe interponerse mediante demanda que debe reunir
los requisitos prescritos por el artículo 162 de ese mismo Estatuto Procesal, con
indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los
documentos necesarios y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y pretenda hacer valer (artículo 252).

69. De ese modo, para esta Sala la parte actora cuenta con el recurso extraordinario
de revisión para someter a criterio del juez ordinario si en la sentencia del 5 de mayo de
2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B se adoptó una
decisión incongruente al existir contradicción entre la fijación del litigio y lo decidido en la
parte resolutiva.

70. Realizada la anterior precisión, la Sala considera que, respecto de los defectos
sustantivo, error inducido y desconocimiento del precedente judicial; se supera el
requisito general de la subsidiaridad. Lo anterior porque los argumentos planteados para
fundamentar estos yerros no configuran ninguna de las causales establecidas en el
artículo 250 del CPACA, que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, ni
tampoco el de unificación jurisprudencial. Por ende, se proseguirá con el estudio de los
demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial en la relación con estos defectos.

2.7. Estudio del requisito de la relevancia constitucional

71. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término
«relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200524. En esta providencia se
señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se
cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra
la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes25. (Subrayado fuera de texto).

24
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar
que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para
controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es
procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de
orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
25
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.

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72. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos
avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta
exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202226, el Alto Tribunal unificó los criterios que
se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional. La Sala los expondrá estos parámetros en el siguiente gráfico para mayor
entendimiento:
Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se
cumple con los cometidos de la relevancia constitucional

Respeto por las competencias de las jurisdicciones. El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.

Relevancia constitucional -
La protección de la autonomía e independencia de los La controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica: La
jueces. tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se

sentencia Corte
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden,
se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los

Constitucional 2022
jueces naturales”.

la preservación de la específica finalidad de la acción de Carga argumentativa mínima: La acción de tutela debe plantear argumentos
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera
los derechos fundamentales. grave un derecho fundamental.

la prevención del uso indebido de la acción como una El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe
instancia adicional de los procesos adelantados ante las ser estricto lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
jurisdicciones competentes o para la solución de actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
discusiones de naturaleza eminentemente legal fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar
una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal.

73. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201427, adoptó de manera expresa la
posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

74. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional
de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un
instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

75. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202228 modificó
la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia

26
A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y
segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de
tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.
Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de
tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión
preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque
no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los
temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la
necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una
garantía constitucional.

76. De esta manera, esta Sala de Decisión, planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

77. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si
en el presente caso el asunto reviste o no relevancia constitucional, de conformidad con
los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.

2.7.1. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso en concreto

78. Esta Sala considera, que la discusión planteada carece de relevancia
constitucional porque lo perseguido por el actor se circunscribe a reabrir un debate
zanjado ampliamente en el proceso ordinario de nulidad.

79. En efecto, el actor, y los coadyuvantes que concurrieron a la presente acción
constitucional, consideran que la sentencia de segunda instancia incurrió en un error
inducido por tener en cuenta un memorial en el que supuestamente se introdujo la tesis
del decaimiento de los efectos de la Ordenanza N.º 013 de 1947.

80. No obstante lo anterior, la Sala no encuentra que en el escrito de tutela o en los
memoriales de coadyuvancia se haya explicado los motivos por los que la corporación
judicial accionada haya sido víctima de un engaño y la manera como el mismo la condujo
a tomar una decisión desacertada. En este sentido es evidente que no existe una carga
argumentativa suficiente del porqué se configura este defecto. No basta con señalar que

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al aplicarse la tesis del decaimiento de actos administrativos29 el juez incurrió en un error,
debe explicarse en que consistió este yerro y las circunstancias de hecho y derecho en
que el juzgador fue llevado al mismo. En este caso, ni siquiera se explicó cuál fue y quién
interpuso el memorial en el que supuestamente se llevó a engaño a la corporación judicial
accionada.

81. En este mismo orden de ideas, la Sala considera que los reproches que sostienen
que las providencias ordinarias censuradas incurrieron en desconocimiento del
precedente judicial tampoco logran superar el requisito general de la relevancia
constitucional. Lo anterior porque, pese a que el actor sostuvo que se desconocieron las
sentencias que la misma Sección Segunda de esta Corporación ha proferido en relación
con los principios de in dubio pro operario y favorabilidad, no identificó las providencias
que supuestamente se desconocieron ni las reglas jurisprudenciales desentendidas.

82. En efecto, para la Sala lo cierto es que, de la argumentación aludida, no se
evidencia que se haga referencia a una regla de derecho determinante para resolver el
caso concreto, tampoco se mencionó la ratio decidendi que justifica la decisión adoptada
y ni siquiera, el obiter dicta. Por ende, se evidencia con relación al defecto de
desconocimiento del precedente aludido por el accionante, que aquel no cumple con la
primera exigencia necesaria para superar el requisito general de relevancia
constitucional, esto es, la carga argumentativa mínima.

83. En este punto, debe recordarse que esta Sala ha considerado que la parte que
invoca el desconocimiento de un precedente judicial identificar en su proceder
argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a
la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis
anterior; y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

84. Igual suerte corre el defecto material o sustantivo invocado por la parte actora en
el que se sostiene que la Corporación Judicial accionada no tuvo en cuenta el artículo
57 del Acto Legislativo 01 de 1968. Sin embargo, no basta con señalar que no se tuvo
en cuenta una disposición. En efecto, cuando se invoque el defecto sustantivo se debe
explicar de manera precisa y detallada porque la omisión de la valoración de la norma
hubiese llevado a que se tomara otra decisión.

85. Además de lo anterior, la Sala advierte que en la sentencia ordinaria de segunda
instancia se realizó un estudio integral de la reforma constitucional de 1968 para llegar a
la conclusión que la misma derogó de manera tácita el artículo 5 de la Ordenanza No.
013 de 1947. Por ende, es evidente que lo que se pretende mediante la presente acción

29
Es importante resaltar que la teoría del decaimiento de los actos administrativos es una figura
ampliamente conocida, estudiada y aplicada en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo. Por
ende, su uso no depende exclusivamente de la solicitud de alguna de las partes o intervinientes. Siempre
que en caso concreto, el juez encuentre los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para
su aplicación, deberá utilizarla.

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de tutela es que se realice de nuevo un estudio de los argumentos que sustentaron la
decisión de declarar que sobre la Ordenanza N.º 013 de 1947 había operado el fenómeno
del decaimiento del acto administrativo en virtud de la entrada en vigor del mencionado
acto legislativo.

86. Finalmente, la parte actora, los coadyuvantes y los terceros interesados han
sostenido que es importante que la corporación judicial accionada aclare los efectos del
fallo del 05 de mayo de 2022. Lo anterior, porque a su criterio afecta derechos adquiridos.
No obstante, la Sala advierte que, sobre este punto, de manera clara en la citada
providencia, y en el auto que negó la aclaración, se explicó con precisión los efectos de
dicha sentencia. Esto, de la siguiente manera:

Lo anterior no es óbice para que el Departamento de Cundinamarca examine la
aplicación de esta normativa, dado que los empleados públicos que hayan ingresado
a la administración con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968
no tienen derecho a que sea aplicada la Ordenanza 13 de 1947 y, por lo mismo
puede, mediante el medio de control de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del
derecho «depende del caso en concreto», solicitar a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo la anulación de aquellos reconocimientos que se efectuaron con
fundamento en este acto administrativo, ya que resulta evidente su derogación tácita
por el actualmente competente para fijar el régimen salarial.

87. En este orden, para Sala lo que pretende con esta última solicitud es que se vuelva
a realizar un estudio sobre los referidos efectos de la sentencia ordinaria, punto
examinado y resuelto por el juez natural. Por ende, es evidente que la presente acción
de tutela se interpone intentando que se realice un debate de tercera instancia sobre
este aspecto, el cual incluso ya fue objeto de pronunciamiento en el auto que resolvió
sobre la solicitud de aclaración y adición del fallo también reprochado. En este sentido,
este punto tampoco supera el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional.

88. No sobra agregar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa
juzgada y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad. En específico, cuando se pretende cuestionar por esta vía las decisiones
de los órganos de cierre en la materia, como ocurre en el caso concreto que se cuestiona
una decisión de la Sección Segunda de esta Corporación, especializada en asuntos
laborales. En este sentido, le corresponde a los accionantes realizar un ejercicio
hermenéutico a partir del cual se acredite que la sentencia reprochada constituye una
decisión arbitraria y desconocedora de sus garantías constitucionales, lo cual no ocurrió
en el caso concreto

89. En ese orden de ideas, esta Sección advierte que en el caso sub examine, no es
posible afirmar que las decisiones adoptadas por la autoridad accionada hayan incurrido
en una vulneración de garantías fundamentales, que amerite un nuevo estudio y
pronunciamiento por parte de un juez constitucional sin que con ello se lesione los
principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica. Se trata de la reiteración de los

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argumentos ya discutidos y que han quedado resueltos de manera razonable en el
proceso ordinario, haciendo uso de su propia autonomía, actividad que solo encuentra
su límite cuando el juzgador incurre en arbitrariedad o capricho, escenario que no se
advierte en el caso concreto.

2.8. Conclusiones

90. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Asamblea de
Cundinamarca.

SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia, de conformidad con lo señalado
en esta providencia.

TERCERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela de conformidad con
lo expuesto en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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