Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02082-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02082-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02082-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
25 de julio de 2024
Demandante: Sonia Ramos Reina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02082-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02082-00
Demandante: SONIA RAMOS REINA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo. Niega solicitud de amparo por inexistencia
de mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora
Sonia Ramos Reina, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1.º del
numeral 2.º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 del 6 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 29 de abril de 2024 a través de la aplicación de
radicación de tutelas en línea de la Rama Judicial, la señora Sonia Ramos
Reina interpuso acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, presuntamente lesionados por el presidente de la República, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y el Consejo Superior de la Judicatura.
Sostuvo que las mencionadas garantías constitucionales le han sido
vulneradas con ocasión de la presunta mora judicial en resolver el recurso de
apelación que «esta varado o estancado porque la Sala transitoria del Tribunal
Administrativo del Meta no está funcionando, llevando mi proceso ya casi tres
(3) años, pendiente que decidan el recurso de segunda instancia, afectando
mis intereses jurídicos como ciudadana y usuaria del servicio de administración
de justicia»1.
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
1 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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Demandante: Sonia Ramos Reina
Demandados: Presidencia de la República y otros
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PRIMERO: Que se tutelen mis derechos fundamentales vulnerados de acceso real a la
administración de justicia, debido proceso, igualdad, y demás que su señoría encuentre
transgredidos.
SEGUNDO: Que Se ordene al señor Presidente de la República de Colombia doctor
Gustavo Petro Urrego, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y al Consejo Superior de la Judicatura que disponga cada uno de lo de su
competencia para que cese la vulneración de mis derechos, y se me garantice el acceso
real de administración de justicia, disponiendo como mínimo lo siguiente:
1. Que de manera inmediata se inicie la prestación del servicio en el Tribunal
Administrativo del Meta – Sala Transitoria, o sala de conjueces.
2. Que se cree la Sala Transitoria en el Tribunal Administrativo del Meta que conozca de
los procesos de segunda instancia de las demandas por el reconocimiento del factor
salarial de bonificación judicial dentro de la competencia territorial de dicho tribunal2.
La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Sostuvo que 31 de agosto de 2018 ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Fiscalía General de la Nación, para
que se le reconociera la bonificación como factor salarial.
Indicó que el proceso correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio, al que se le asignó el radicado 50001-33-33-
007-2018-00353-00, y que fue fallado el 26 de julio de 2021 accediendo a las
pretensiones de la demanda.
Afirmó que el 17 de agosto de 2021, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada y el 1º de septiembre de la misma anualidad se
dispuso el envío del expediente al superior, pero ha transcurrido casi tres años
y aún no se ha resuelto porque la «sala transitoria del Tribunal Administrativo
del Meta no está funcionando».
Mencionó que mediante el Acuerdo PCSJA23-12034 del 17 de enero de 20233,
se crearon entre otros, «[...] la Sala Transitoria en la Sección Segunda en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prorrogada mediante Acuerdo
PCSJA23-12055 del 31 de marzo de 2023, a partir del 17 de abril hasta el 15 de
diciembre de 2023, de igual manera se crearon dos (02) Salas Transitorias en el
Tribunal Administrativo del Antioquia, y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, cada una con tres Despachos, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca conoció de los procesos de segunda instancia del Huila, Guajira,
Caquetá, Cauca, Caldas, y Valle del Cauca»4.
Señaló que se discrimina a la población judicial que por jurisdicción depende del
Tribunal Administrativo del Meta (Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés y Guainía)
«y no se crea la sala transitoria como si ha existido para Bogotá, Antioquia y
Valle del Cauca y en la vigencia 2024 otra vez se nos discrimina y sólo le crea
2 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
3 «Por el cual se crean unos cargos con carácter transitorio para tribunales y juzgados, a nivel
nacional, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
4 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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sala para Bogotá, Cali y Medellín, cuando la garantía del servicio debe ser para
todos los trabajadores del país».
Sostuvo que la población judicial de Caquetá, Cauca, Huila, Guajira y Caldas,
ya gozaron del servicio de administración de justicia a través de la Sala
Transitoria, y que los procesos de esos distritos es inferior a los que están a
cargo del Tribunal Administrativo del Meta, «es decir en aplicación del Acuerdo
PCSJA24-12140 del 24, que ordena la remisión de procesos al Valle del Cauca
nuestros procesos serían de los últimos en ser tramitados, y dada la capacidad
de repuesta de las salas creadas, numéricamente queda evidenciado que este
año ni siquiera iniciaran el tramite de los de la jurisdicción del Meta»5.
Mencionó el Tribunal Administrativo del Meta, actualmente tiene 76 procesos
sin contar los que se encuentran en el Consejo de Estado pendientes de
resolver impedimentos, lo que demuestra que la Sala Transitoria del Valle a la
que se trasladaron los procesos del circuito judicial del Meta, no tiene la
capacidad para atenderlos, máxime que también tiene a cargo los procesos de
Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, Guajira, Nariño, Risaralda y Valle.
3. Sustento de la vulneración
La parte accionante manifestó que se viola el derecho de acceso a la
administración de justicia al mantener los procesos estancados «porque no
existe el juzgado, porque no se tiene la sala transitoria, y regresa al Despacho
de origen (que le fue aceptado el impedimento), y quedan a la espera de que le
asignen conjuez, y por último regresa a juzgado transitorio luego de días o
meses de perdida de término judicial injustificada».
Manifestó que en «los asuntos judiciales de los trabajadores de la rama judicial
(empleados y funcionarios) falla la rama ejecutiva y judicial, al negar un servicio
esencial a un grupo de ciudadanos sometiéndolos a un trato discriminatorio
respecto de los demás ciudadanos de Colombia, que si tienen juzgados y
tribunales permanentes a los cuales recurrir buscando justicia».
Precisó que el primer mandatario y sus ministros no pueden propiciar la
vulneración de derechos fundamentales al adoptar medidas discriminatorias en
contra de un grupo de ciudadanos, como en este asunto, pues es una carga del
Estado brindar una justicia pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de
los asuntos que se sometan a su conocimiento, que en este caso no se
cumplen.
Sostuvo que se han adoptado medidas en los juzgados y salas transitorias y a
los del departamento del Meta, hasta ahora se les incluyó en la Sala del
Tribunal Administrativo del Valle, que como ya se indicó es ineficiente, ineficaz
en cuanto no atiende realmente la necesidad de administración de justicia
porque no tiene la capacidad para resolver la cantidad de procesos de los
nueve distritos judiciales que le fueron asignados, máxime que la sola
5 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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jurisdicción del Tribunal Administrativo del Meta, con los procesos existentes
requiere de una Sala Transitoria exclusiva para ese territorio.
4. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante auto del 13 de junio de 2024, se declararon infundados los
impedimentos manifestados por los magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez,
Gloría María Gómez Montoya y Luis Alberto Álvarez Parra para conocer de la
acción de tutela de la referencia.
Por auto del 25 de junio de 2024, se admitió la solicitud de tutela, se ordenó la
notificación del presidente de la República, de los ministros de Justicia y del
Derecho y de Hacienda y Crédito Público, del Consejo Superior de la Judicatura
y del director Ejecutivo de Administración Judicial.
A su vez, se ordenó comunicar a los representantes de la Unidad de Asistencia
Legal (División de Procesos, División de Cobro Coactivo y Grupo de
Sentencias), Unidad de Presupuesto (División de Ejecución Presupuestal,
División de Tesorería, División de Contabilidad), la Unidad de Recursos
Humanos (División de Asuntos Laborales), la Unidad de Planeación (División de
Programación) de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, al fiscal General de la Nación, al presidente y a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Meta y a las Salas
Transitorias y la de Conjueces de esta corporación, así como al juez Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, al Juzgado Transitorio
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio y a los demás
intervinientes en el proceso ordinario 50001-33-33-007-2018-00353-01, como
terceros con interés en las resultas de este proceso.
5. Informes
Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes
intervenciones:
5.1. Presidencia de la República
Adujo que su representada no tiene la autoridad para ordenar el funcionamiento
de un juzgado, ya que la estructura de la Rama Ejecutiva está diseñada para
administrar políticas públicas a través de entidades como Ministerios y
Departamentos Administrativos, sin incluir la Rama Judicial en sus atribuciones.
Explicó que, aunque el presidente tiene la responsabilidad constitucional de
ejecutar las leyes, esta no le otorga la facultad de intervenir en asuntos internos
judiciales, razón por la que la acción constitucional debe declararse
improcedente y en subsidio negarse las pretensiones.
Señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto las
reclamaciones que formula la accionante no le son imputables ni por acción ni
por omisión ni hacen parte de sus atribuciones legales.
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5.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La coordinadora del grupo de Tutelas de la Subdirección Jurídica solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto lo pretendido por
la parte actora no es competencia de esa cartera, toda vez que la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados surge de una supuesta
omisión por parte del Tribunal Administrativo del Meta en dar celeridad a la
segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 50001-33-33-007-2018-00353-00/01.
Afirmó que el debate corresponde a una probable actuación desplegada por
parte del Tribunal Administrativo del Meta para resolver la segunda instancia,
que es propia de sus funciones y competencias, por tanto, ese ente ministerial
no es la autoridad que está vulnerando o amenazando derecho alguno de la
demandante.
Agregó que no funge como administrador ni operador de la Dirección Ejecutiva
de la Rama Judicial, en esa medida, es claro que se encuentra impedido para
interferir en las competencias de entidades distintas y que hacen parte de otro
sector.
Indicó que no hay razones para la vinculación del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en este caso, en razón a que no tiene injerencia alguna en las
actuaciones que sean desplegadas dentro de un proceso judicial por el Tribunal
Administrativo del Meta, por tanto, carece de legitimación en la causa por
pasiva, y en esa medida solicitó ser desvinculado.
5.3. Ministerio de Justicia y del Derecho
La apoderada judicial manifestó que esa cartera no ha vulnerado los derechos
fundamentales demandados, además de que los hechos y situaciones
expuestas no guardan relación alguna con las funciones y competencias
constitucionales, legales y reglamentarias asignadas, por lo que consideró que
se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Adicionalmente, señaló que de conformidad con el Decreto 1427 de 2017, ese
ente ministerial tiene por objeto formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la
política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad
jurídica, drogas, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la
criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del
delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, la promoción de la cultura de
legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, deberes que no guardan
relación alguna con las solicitudes y peticiones de la parte actora, las que se
reiteran, tampoco se dirigen a esa entidad.
Sostuvo que según las disposiciones de la Ley 270 de 1996, la Rama Judicial
es independiente y autónoma en el ejercicio de su función de administrar
justicia y, ningún superior jerárquico, en el orden administrativo o jurisdiccional,
ni tampoco las autoridades administrativas, están habilitados por la ley para
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exigir, a un funcionario judicial, con el fin de imponerle las decisiones o criterios
que deba adoptar en sus actuaciones o providencias.
Por lo anterior, solicitó que se le desvinculara del trámite de la acción de tutela
de la referencia, en tanto (i) no existe ninguna relación jurídica sustancial ni
fáctica entre éste y la parte actora que implique responsabilidad alguna en la
afectación de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados, (ii) se
configura, respecto de esa cartera ministerial, falta de legitimación en la causa
por pasiva, y (iii) en este caso no existe vulneración alguna, por parte del
Ministerio de Justicia y del Derecho, de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados.
5.4. Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
El apoderado judicial solicitó que se declare probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Sostuvo que según el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial es «el órgano técnico y administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con
sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura», en ese orden, le corresponde adelantar las labores
necesarias para el funcionamiento de la Rama Judicial, por consiguiente, de sus
despachos judiciales; por tanto, solo presta los servicios de carácter
administrativo para el funcionamiento de la Rama Judicial.
Señaló que las decisiones frente a la creación, modificación o supresión de
cargos y despacho judiciales es competencia del Consejo Superior de la
Judicatura y de los Consejos Seccionales, por ende, carece de legitimación por
pasiva en el presente asunto, toda vez que no puede disponer ni ordenar la
puesta en funcionamiento de los despachos judiciales que solicita la accionante.
5.5. Consejo Superior de Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico (UDAE)
La directora de la UDAE, solicitó que se declarará la improcedencia de la acción
de tutela dado que no se cumple con el requisito de procedibilidad y de manera
subsidiaria, que se negara el presente amparo, toda vez que se ha garantizado
la atención en las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por
servidores judiciales y otros servidores públicos con régimen salarial similar.
Precisó que este mecanismo constitucional resulta improcedente para disponer
la creación de cargos y despachos judiciales en la Rama Judicial del poder
público.
Sostuvo que la accionante centra su solicitud en la creación de la Sala
Transitoria en el Tribunal Administrativo del Meta con el fin de atender asuntos
en segunda instancia, frente a lo cual indicó que en un caso de iguales
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pretensiones a las expuestas, en reciente pronunciamiento de esta
corporación6, se precisó lo siguiente:
Al respecto, la Sala debe anotar que el juez constitucional carece de facultades para
resolver pretensiones relativas a la implementación de la infraestructura judicial, pues, no
es factible ejecutar medidas como, la creación de un juzgado de descongestión,
únicamente con base a la petición de un demandante, pues, debe estar apoyado en
estudios estadísticos, presupuestales y técnicos por autoridad competente, que corroboren
la necesidad de la implementación de una medida de esta naturaleza, y que a su vez,
garantice la disponibilidad presupuestal.
El Consejo Superior de la Judicatura cuenta con programas para consolidar la carga de
procesos que se encuentran en los diferentes despachos judiciales del territorio nacional,
razón por la cual, con la información que se recaude, se encuentra facultada para adelantar
diferentes actuaciones, entre estas, la adopción de medidas de descongestión.
Sostuvo que la Corte Constitucional7 ha manifestado que el fenómeno de la
mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia en aquellos casos en los que la dilación del trámite de
una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino
en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.
Adujo que del escrito de tutela no se evidencia sustento alguno que le lleve a
concluir a la accionante que se encuentra en alguno de los supuestos previstos
en el artículo 63A de la Ley 270 de 19962, con fundamento en lo cual, el juez de
tutela se vea compelido a dictar una orden tendiente a que se altere el orden
asignado al recurso presentado por el representado de la parte activa de este
amparo.
Destacó que para el caso que nos ocupa, el legislador ha previsto en el numeral
6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, el mecanismo de Vigilancia Judicial
Administrativa, el cual está reglamentado en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011;
por lo tanto, la actora puede acudir a este mecanismo ante el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta, para que proceda a dar el correspondiente
trámite por parte del Tribunal Administrativo del Meta frente al proceso
identificado con el radicado número 50001-33-33-007-2018-00353-00.
Manifestó que se han adelantado las siguientes medidas:
Acuerdo PCSJA22-11918 de 2022, dispuso la creación transitoria del Juzgado
402 Transitorio Administrativo del Circuito de Villavicencio, con competencia
sobre los procesos originados en reclamaciones salariales y prestacionales de
los servidores de la Rama Judicial y demás entidades con régimen salarial
similar, proveniente de los circuitos judiciales administrativos de Santa Marta y
Villavicencio.
Acuerdo PCSJA2312034 de 2023, dispuso la creación transitoria del Juzgado
402 Transitorio Administrativo del Circuito de Villavicencio, medida que fue
prorrogada con el Acuerdo PCSJA23-12055 de 2023, hasta el 15 de diciembre
de 2023, indicando los asuntos a evacuar, así como las metas mensuales.
6 Citó la sentencia del Consejo de Estado, del 15 de abril de 2024 con radicado 11001-03-15-
000-2024-00583-00.
7 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02082-00
Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024, adoptó unas medidas transitorias en
tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional; se dispuso la creación
transitoria, hasta el 13 de diciembre de 2024, de 16 juzgados administrativos,
entre ellos uno para el Circuito Judicial Administrativo de Villavicencio,
adicionalmente, 3 salas transitorias para atender los asuntos originados en las
reclamaciones salariales y prestacionales de los servidores de la Rama Judicial
y demás entidades con régimen salarial similar, en los Tribunales
Administrativos de Antioquia, Cundinamarca y Valle, a este último se le asignó
la competencia de los asuntos provenientes de los distritos judiciales
administrativos de Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño,
Risaralda y Valle.
Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024, dispuso que los despachos creados
continuarán conociendo de los procesos que quedaron en el inventario final de
los juzgados y las salas transitorias que operaron en el 2023 y los demás que le
sean asignados por reparto.
Con fundamento en lo anterior, señaló que a la fecha ya fueron creadas tres
salas transitorias para atender los asuntos originados en las reclamaciones
salariales y prestacionales de los servidores de la Rama Judicial y demás
entidades con régimen salarial similar, las cuales tienen competencia respecto
de los asuntos provenientes del Distrito Judicial del Meta, conforme con las
capacidades técnicas, económicas y financieras existentes del Consejo
Superior de la Judicatura.
5.6. Fiscalía General de la Nación
La apoderada judicial solicitó que se declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva, que se le desvinculara del presente trámite y que se
declarara la improcedencia de la acción por falta del requisito de subsidiariedad.
Precisó que la acción de tutela resulta improcedente porque la accionante no da
cuenta de haber agotado la reclamación en sede administrativa y no sustentó la
ocurrencia del perjuicio irremediable.
Explicó que la actora para cuestionar la falta de impulso procesal en el trámite
de la segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 5001-33-33-007-2018-00353-01, cuenta con otros mecanismos
idóneos, como la vigilancia judicial administrativa reglamentada en el Acuerdo
PSAA1-8716 de 2011, para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente.
5.7. Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Villavicencio
El juez manifestó que, la señora Sonia Ramos Reina busca a través de este
mecanismo que se cree la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta
para que tramite los procesos en segunda instancia en el ámbito de su
competencia.
Informó que mediante Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024, el
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Consejo Superior de la Judicatura adoptó unas medidas transitorias en
tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional, creando desde el 5 de
febrero y hasta el 13 de diciembre de 2024, entre otros, el Juzgado 404
Administrativo Transitorio de Villavicencio, con competencia en los circuitos
judiciales de Villavicencio, Florencia, San José del Guaviare y Granada – 2
circuitos judiciales asignados recientemente por el acuerdo del 10 de mayo de
2024, con el objeto de tramitar los procesos derivados de las reclamaciones
salariales y prestacionales contra la Rama Judicial y entidades de régimen
similar, que estuvieran a cargo de los despachos transitorios que operaron en el
2023 y los recibidos por reparto, estableciendo que se debía proferir 30
sentencias mensuales y /o autos que pongan fin al proceso.
Explicó que la creación de la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del
Meta, escapa de la competencia de ese juzgado, pues ello corresponde única y
exclusivamente al Consejo Superior de la Judicatura, luego del estudio de la
demanda de justicia y de las necesidades del servicio.
Resaltó que a través del Acuerdo No. CSJMEA24-40 del 14 de febrero de 2024,
se creó la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle a partir del 5 de
febrero hasta el 13 de diciembre de 2024, para conocer de los procesos en
primera y segunda instancia originados en las reclamaciones salariales y
prestacionales promovidas por los servidores judiciales y otros servidores
públicos con régimen similar, así como los que reciban por reparto,
provenientes de los distritos judiciales administrativos de Caldas, Caquetá,
Cauca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Risaralda y Valle los cuales se deberán
resolver, por distrito administrativo, en estricto orden de inventario, a partir de
aquél que tenga el menor número de procesos.
Indicó que es evidente que se estableció una Sala Transitoria para el Tribunal
Administrativo del Meta, pero no exclusiva, pues debe conocer también de los
procesos de los departamentos de Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, La Guajira,
Nariño, Risaralda y Valle.
5.8. Tribunal Administrativo del Meta
5.8.1. La presidenta de esa corporación, informó que durante el presente año
en los procesos a cargo de conjueces por temas relacionados con
reclamaciones salariales y prestacionales de los servidores judiciales y demás
empleados públicos con régimen similar, entre ellos, el caso concreto de la
accionante, se han adelantado las siguientes actuaciones:
En Sala Plena Administrativa 001 del 18 de enero de 2024, se acordó realizar la
convocatoria para conjueces correspondiente a la presente anualidad.
Por Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 se adoptó unas medidas
transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional, y, entre
otros, dispuso la creación de la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del
Valle.
El 6 de febrero de 2024, la secretaría de la corporación por instrucción de la
presidencia, solicitó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE,
información sobre el consolidado de los procesos que a cargo de los Conjueces
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(originados en reclamaciones salariales y prestacionales de servidores judiciales
y otros servidores públicos con régimen similar) en los distritos judiciales
administrativos de Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, La Guajira, Nariño, Risaralda y
Valle. Solicitud reiterada el 7 de marzo de 2024, para calcular la gestión de los
procesos correspondientes a este Distrito Judicial Administrativo, de cara a la
regla sobre el orden en que debían resolverse.
En Sala Plena Administrativa Extraordinaria 005 del 8 de febrero de 2024, se
decidió continuar con el trámite de convocatoria de conjueces para la presente
anualidad a fin de propender la evacuación de los procesos hasta que llegue el
turno a este Distrito.
Por Circular 002 del 27 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle y
el Consejo Seccional de la Judicatura del mismo, dispusieron las directrices para
la remisión y devolución de expedientes. Comoquiera que en su contenido no
tuvo en cuenta específicamente al Distrito Judicial Administrativo del Meta, se
entendió que ello obedecía a la regla de evacuación a partir de aquel que tenga
menor número de inventarios, la cual imponía que este Distrito no contara con
una asignación de procesos por parte del Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle, por tener el mayor número de expedientes.
El 7 de marzo de 2024, la presidenta del Tribunal Administrativo del Meta se
comunicó con el magistrado coordinador de la Sala Transitoria, y con el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle, y se aclaró que la omisión del Distrito Meta
en el contenido de la circular se trató de un error involuntario, por lo que se debía
remitir procesos (sin indicar un número) a través del aplicativo SAMAI de acuerdo
con las instrucciones impartidas en aquella.
En Sala Plena Administrativa 008 del mismo 7 de marzo de 2024, se decidió
remitir inicialmente 100 procesos que estuvieran para sentencia y que los
procesos faltantes se irían alistando para ser enviados paulatinamente.
El 8 de marzo de 2024, se remitió al Tribunal Administrativo del Valle 100
expedientes para fallo, que se materializaría una vez la CETIC realizara los
ajustes en la plataforma SAMAI para cumplir las instrucciones de la Circular 002.
El 19 de marzo de 2024 culminó la remisión de los primeros 100 expedientes que
se encontraban para sentencia, en estricto orden cronológico desde el más
antiguo en dicha etapa procesal.
El 22 de marzo de 2024 se recibió la circular CSJMEC24-19 del Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta, dirigida a Magistrados y Jueces de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Villavicencio y San José del
Guaviare, que solicitaba información sobre «la cantidad de procesos que tienen
en el inventario de conjueces, tanto, los tribunales administrativos, como los
juzgados administrativos, y que no han sido distribuidos a los despachos
transitorios», con el fin de «identificar la carga asignada a los conjueces en
relación con los trámites de reclamaciones salariales y prestacionales de los
servidores de la Rama Judicial y demás entidades con régimen salarial similar».
El 2 de abril de 2024, se respondió al Consejo Seccional de la Judicatura del
Meta, que a esa fecha se contaba con 500 procesos y que existían 154 procesos
pendientes de regresar del Consejo de Estado con decisión sobre los
impedimentos remitidos.
El 8 de abril de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta responde al
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, que «se acordó enviar procesos
que están para emitir sentencia, de los cuales, ya se enviaron 100. Estarían en
esta misma condición 107 procesos, que serían los de mayor vocación para
remitir por parte de este Distrito Judicial Administrativo del Meta».
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El 9 de abril de 2024, se informó tanto al Tribunal Administrativo del Valle como al
Consejo Seccional de la Judicatura del mismo Distrito, sobre la totalidad de
procesos a cargo de conjueces en ese Distrito (6002) y 154 que el Consejo de
Estado remitiría una vez resolviera los impedimentos de los magistrados, más los
que se reciben en segunda instancia del Juzgado Transitorio de Villavicencio).
El 12 de abril de 2024, la UDAE envío resumen de las estadísticas de los
procesos remitidos a los Conjueces originados por reclamaciones salariales para
el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2023, conforme
con los reportes de los funcionarios responsables del diligenciamiento en el
Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial.
El 17 de abril de 2024, se profirieron 147 autos fijando fecha de sorteo de conjuez
en igual número de procesos que carecían de conjuez ponente, mientras se
obtenía respuesta definitiva a la asignación de procesos para remitir a sala
transitoria. Los sorteos se realizaron el 24 y 26 de abril de 2024.
En Sala Plena Administrativa Extraordinaria 012 del 18 de abril de 2024, se
decidió remitir los demás expedientes que se encontraban para fallo (108
procesos) a la Sala Transitoria del Valle, incluidos aquellos que contaran con
proyecto de sentencia registrado, y se excluyó los expedientes en los que se
contara con orden por vía de tutela, pues el cumplimiento le correspondía al
respectivo conjuez y su sala de decisión (sólo uno estaba en esa condición con
orden de tutela).
El 19 de abril de 2024 se envió el segundo grupo de 108 expedientes que
estaban para sentencia, y el 8 y 21 de mayo del año en curso, se remitieron los
proyectos que estuviesen registrados para facilitar y agilizar la labor de la sala
transitoria al magistrado ponente que le correspondió cada expediente.
El 08 de mayo de 2024, se realizó una capacitación virtual para los conjueces
que ingresaron el presente año y entre quienes se sortearon los 147 procesos
atrás relacionados. Asimismo, se acordó con este grupo de conjueces hacer un
plan piloto que permitiera detectar soluciones viables para aumentar la
productividad en los egresos, con un seguimiento mensual el último jueves hábil
de cada mes iniciando la primera reunión en junio.
El 29 de mayo de 2024 se realizó sorteo de conjueces en 121 procesos (19 de
primera instancia y 102 de segunda instancia), procesos que carecían de 1 o 2
conjueces de sala, según el proceso.
El 26 de junio de 2024 se sortearon conjueces en 104 expedientes,
correspondientes a 64 sorteos para designar conjuez ponente y 108 sorteos para
designar conjueces de sala.
El 27 de junio de 2024, la presidenta de la corporación se reunió nuevamente con
los conjueces que ingresaron este año para hacer la evaluación conjunta del
trámite dado a los procesos, quienes informaron que el primer ingreso al
despacho para sentencia lo acordaron hacer el día 28 de junio de este año y que
tomarán las medidas necesarias para poder proyectar y proferir las decisiones de
fondo que correspondan de manera oportuna.
Con fundamento en lo anterior, afirmó que ese tribunal ha cumplido con la
medida transitoria dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, que goza
de presunción de legalidad.
Precisó que revisadas las actuaciones del proceso presentado por la
accionante, con radicado 50001-33-33-007-2018-00353-00, consultable en
SAMAI, se observa que (i) el 22 de septiembre de 2021 los magistrados de esa
corporación se declararon impedidos para conocer del asunto; (ii) el 28 de abril
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de 2022, el Consejo de Estado aceptó el impedimento y fue devuelto el 4 de
agosto de 2022; (iii) el 6 de octubre de 2022 se realizó sorteo de conjueces; (iv)
el 9 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación; (v) el 18 de
enero de 2024 en Sala Plena Administrativa por unanimidad se decidió no
ratificar al conjuez José Ignacio Osorio; y, (vi) el 19 de abril de 2024 se realizó
la remisión al Tribunal Administrativo del Valle.
Resaltó que la remisión del proceso de la demandante obedeció al
cumplimiento del Acuerdo No. PCSJA24-12140 de 2024, en virtud de los cuales
se dio prelación a aquellos procesos que ya se encontraban en etapa de proferir
la sentencia, y resulta más favorable la certeza del cumplimiento de metas por
parte de la Sala Transitoria.
Por otro lado, en relación con la pretensión relacionada con la creación de una
Sala Transitoria en ese Distrito Judicial, esa corporación carece de competencia
para adoptar una decisión sobre el particular; no obstante, dentro de las
competencias nuestras se remitió oficio dirigido a la presidenta del Consejo
Seccional de la Judicatura Meta reiterando la solicitud de creación de la Sala
Transitoria para el Distrito Judicial Administrativo del Meta, la cual, fue remitida
por competencia a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, frente a lo
cual la respuesta fue que no era posible contemplar una sala transitoria, debido
a las restricciones presupuestales según la certificación de la Unidad de
Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
5.8.2. El magistrado del Despacho 2 del Tribunal Administrativo del Meta,
se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento jurídico.
Indicó que el Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 dispuso la
creación de salas transitorias en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo a fin de que se continuara conociendo de los procesos originados
en las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por los servidores
judiciales y otros servidores públicos con régimen similar, que quedaron en el
inventario final de las salas transitorias que operaron en el 2023 y los demás
asignadas por reparto.
Afirmó que correspondió a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del
Valle conocer de los procesos relacionados con las reclamaciones salariales y
prestacionales promovidas por servidores judicial pertenecientes al distrito
judicial del Meta, tal como quedó contemplado en el acuerdo previamente
citado; por tanto, reiteró que esa colegiatura no es competente para adelantar
tales procesos, ni para crear salas transitorias en el Tribunal Administrativo del
Meta, razón por lo que la presente acción constitucional no está llamada a
prosperar.
5.8.3. Los representantes de la Unidad de Asistencia Legal (División de
Procesos, División de Cobro Coactivo y Grupo de Sentencias), Unidad de
Presupuesto (División de Ejecución Presupuestal, División de Tesorería,
División de Contabilidad), la Unidad de Recursos Humanos (División de
Asuntos Laborales), la Unidad de Planeación (División de Programación) de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
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Judicatura, las Salas Transitorias y la de Conjueces de esta corporación, así
como el juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19918 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20159, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Cuestión Previa
Previo a resolver el fondo del asunto se advierte que la Presidencia de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia
y del Derecho, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía
General de la Nación solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
En relación con la Presidencia de la República y los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y de Justicia y del Derecho, si bien fueron demandadas, no
puede desconocerse que la creación de las Salas Transitorias de los distintos
despachos judiciales es de competencia del Consejo Superior de la Judicatura,
entidad que, a su vez, tiene a su cargo el plan nacional de descongestión, razón
por la que se accederá a su desvinculación.
Ahora, frente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, se negará la solicitud, toda vez que la primera fue
demandada a través de este mecanismo constitucional, y es la competente para
la creación de las Salas Transitorias de los diferentes despachos judiciales; y
respecto de la Fiscalía General de la Nación, esta fue vinculada con interés en
las resultas del proceso, dado que conforma la parte pasiva del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho del cual se predica la presunta
mora judicial.
3. Problema jurídico
Según los hechos narrados en la demanda, el material probatorio que obra en
el expediente, y los informes presentados, se resolverán los siguientes
problemas jurídicos:
¿El presidente de la República, los ministros de Justicia y del Derecho y de
Hacienda y Crédito Público, el Consejo Superior de la Judicatura y el director
8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
9 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.
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Ejecutivo de Administración Judicial vulneraron los derechos fundamentales
a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
por no disponer la creación de Salas Transitorias para el Tribunal
Administrativo del Meta para que conozca de los procesos de segunda
instancia de las demandas presentadas por el reconocimiento del factor
salarial de la bonificación judicial?
El Juzgado Séptimo Administrativo de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta, infringieron los derechos fundamentales a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, de la
señora Sonia Ramos Reina, por la presunta mora en tramitar la segunda
instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 50001-33-33-007-2018-00353-01.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) de la procedencia de la acción de tutela, (ii) el derecho de acceso a la
administración de justicia, (iii) la mora judicial, y (iv) el estudio del caso
concreto.
4. De la procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 199110, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad), salvo que se
trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que
la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran
intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse
el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho11.
10 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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5. Derecho de acceso a la administración de justicia
El derecho de acceso a la administración de justicia se encuentra reconocido de
manera expresa en el artículo 229 de la Constitución Política. Hace referencia a
la posibilidad que tienen todas las personas residentes en el territorio de acudir,
en condiciones de igualdad, ante las autoridades judiciales con el propósito de
que ellas resuelvan sus conflictos jurídicos, los cuales se traducen en la
solicitud de protección o restablecimiento de derechos e intereses legítimos, o
en procurar la defensa del orden jurídico, de acuerdo con procedimientos
preestablecidos, y con el respeto de las garantías sustanciales y procesales
previstas en la ley para el efecto.
La Corte Constitucional ha manifestado que el derecho de acceso a la
administración de justicia tiene una doble connotación jurídica. Por una parte,
es base esencial del Estado Social de Derecho, y por otra es un derecho
fundamental de aplicación inmediata, el cual forma parte del derecho al debido
proceso12.
6. De la mora judicial
Para la Corte Constitucional13 y para esta Sección14 no todos los
incumplimientos en los términos para el ejercicio de la administración de justicia
son violatorios de los derechos fundamentales, será así cuando se presenta
mora judicial, y al analizar el plazo se observe que este no es razonable y la
demora es injustificada.
En tales términos, la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, en aquellos casos
en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos15.
Conforme a lo anterior, el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra
justificado cuando16:
a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial;
b) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de
congestión judicial; o
c) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.
12 Sentencia C- 1171 de 2005(M. P. Jaime Córdoba Triviño)
13 Sentencias T-693 A de 2011 y T-1154 de 2004.
14 Expediente 1100103150020140170701 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
15 Sentencia T - 1019 de 2010.
16 Sentencia T - 803 de 2012.
15
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Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra
justificado cuando17:
a) se presente un incumplimiento en los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente,
b) cuando se desborda el concepto de plazo razonable que involucra el análisis
sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta
de la autoridad competente y el análisis global del procedimiento, y,
c) exista falta de motivo o justificación razonable en aquel retraso.
7. Caso concreto
7.1. Sobre la creación de la Sala Transitoria para el Tribunal Administrativo
del Meta
La demandante pretende que las entidades demandadas dispongan de manera
inmediata la creación de la Sala Transitoria en el Tribunal Administrativo del
Meta para que conozca de los procesos de segunda instancia de las demandas
presentadas por el reconocimiento del factor salarial de la bonificación judicial.
Al respecto se hace necesario precisar que a través de este mecanismo
constitucional no es viable atender pretensiones relativa a la implementación de
la infraestructura judicial, como la creación de una sala transitoria para un
tribunal, pues para ello se requiere estudios presupuestales y técnicos por
autoridad competente que acrediten la necesidad de general una medida de
esta naturaleza, y que, a su vez, garantice la disponibilidad presupuestal18.
No obstante, cabe señalar que, de acuerdo con el material probatorio allegado
al proceso, el Consejo Superior de la Judicatura ha adoptado medidas para
atender las demandas por reclamaciones salariales y prestacionales de los
servidores de la rama judicial y demás entidades con régimen salarial similar, a
saber:
Acuerdo PCSJA22-11918 de 2022, que se dispuso la creación transitoria del
Juzgado 402 Transitorio Administrativo del Circuito de Villavicencio, para la
vigencia 2022.
Acuerdo PCSJA2312034 de 2023, dispuso la creación transitoria del
Juzgado 402 Transitorio Administrativo del Circuito de Villavicencio, medida
que fue prorrogada con el Acuerdo PCSJA23-12055 de 2023, hasta el 15 de
diciembre de 2023, indicando los asuntos a evacuar y las metas mensuales,
para garantizar un acceso oportuno a la administración de justicia.
Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024, dispuso la creación transitoria, hasta el
13 de diciembre de 2024, de dieciséis juzgados administrativos, entre ellos
17 Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.
18 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Subsección B, Sección Segunda. Sentencia de
tutela del 14 de marzo de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2023-06796-01. M.P. Juan Enrique Bedoya.
16
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uno para el Circuito Judicial Administrativo de Villavicencio, y tres salas
transitorias para atender los asuntos originados en las reclamaciones
salariales y prestacionales de los servidores de la Rama Judicial y demás
entidades con régimen salarial similar, en los Tribunales Administrativos de
Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, a este último se le asignó la
competencia de los asuntos provenientes, entre otros del distrito judicial
administrativo del Meta.
Con fundamento en lo anterior, se observa que a la fecha están creadas tres
salas transitorias para atender los asuntos originados en las reclamaciones
salariales y prestacionales de los servidores de la Rama Judicial y demás
entidades con régimen salarial similar, las cuales tienen competencia respecto
de los asuntos provenientes del Distrito Judicial del Meta.
Así las cosas, se evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura ha
adelantado actuaciones para descongestionar los asuntos que conocen los
distintos despachos judiciales originados de las reclamaciones salariales y
prestacionales de los servidores de la Rama Judicial; pero para la creación de
la Sala Transitoria exclusiva para el Tribunal Administrativo del Meta, que
pretende la actora, la acción de tutela resulta improcedente.
De otra parte, se tiene que frente al argumento de la accionante de que «en
aplicación del Acuerdo PCSJA24-12140 del 24, que ordena la remisión de
procesos al Valle del Cauca nuestros procesos serían de los últimos en ser
tramitados, y dada la capacidad de repuesta de las salas creadas,
numéricamente queda evidenciado que este año ni siquiera iniciaran el trámite
de los de la jurisdicción del Meta»19, lo que conlleva un trato desigual y
discriminatorio de los usuarios de la administración de justicia del distrito judicial
del Meta, cuenta con el medio de control de nulidad simple para controvertir
dicho acuerdo.
7.2. Sobre la mora judicial
Para la accionante la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, surge por la
presunta mora en resolver el recurso de apelación dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Fiscalía General de
la Nación.
Señaló que el 17 de agosto de 2021, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada y el 1º de septiembre de la misma anualidad se
envió al superior, pero ha transcurrido casi tres años y aún no se ha resuelto
porque la «sala transitoria del Tribunal Administrativo del Meta no está
funcionando».
Por su parte, la presidente del Tribunal Administrativo del Valle, adujo que
revisadas las actuaciones del proceso presentado por la accionante, con
19 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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radicado 50001-33-33-007-2018-00353-02, consultable en Samai, se observa
que (i) el 22 de septiembre de 2021 los magistrados de esa corporación se
declararon impedidos para conocer del asunto; (ii) el 28 de abril de 2022, el
Consejo de Estado aceptó el impedimento y fue devuelto el 4 de agosto de
2022; (iii) el 6 de octubre de 2022 se realizó sorteo de conjueces; (iv) el 9 de
noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación; (v) el 18 de enero de
2024 en Sala Plena Administrativa por unanimidad se decidió no ratificar al
conjuez José Ignacio Osorio; y, (vi) el 19 de abril de 2024 se realizó la remisión
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cumplimiento del Acuerdo No.
PCSJA24-12140 de 2024, dando prelación a aquellos procesos que ya se
encontraban en etapa de proferir sentencia.
Con fundamento en lo anterior, se advierte que el tribunal demandado no ha
incurrido en una dilación producto de su falta de diligencia o en la omisión
sistemática de sus deberes, pues se han surtido las etapas procesales
correspondientes con el fin de resolver el recurso de apelación en segunda
instancia.
Así las cosas, se reitera que es de conocimiento público la situación de
congestión judicial que agobia a los distintos despachos judiciales, por lo que,
de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional, debe tenerse en
cuenta que tal situación justifica el tiempo transcurrido, aunado por supuesto, a
las demás diligencias y actuaciones de carácter secretarial que se han surtido
dentro del proceso.
No obstante, la Sala considera que procesalmente no existen instituciones o
medios judiciales que le impongan un impulso a un proceso judicial cuando la
tardanza no es atribuible a una conducta caprichosa o arbitraria del funcionario
judicial; por tanto, no se encuentra configurada la presunta mora judicial que
pudiera conllevar la falta de decisión de fondo en el proceso de nulidad y
restablecimiento promovido por la actora con 2018-00353-00.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Desvincular del trámite de la referencia a la Presidencia de la
República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Justicia
y del Derecho.
SEGUNDO: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
TERCERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, frente a la
pretensión de crear una Sala Transitoria para el Tribunal Administrativo del
Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Negar la acción de tutela respecto a la mora judicial, al no
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Demandante: Sonia Ramos Reina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02082-00
encontrarse configurada.
QUINTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: Si no se impugna esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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