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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03769-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03769-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03769-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

3 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03769-01
Demandantes: Andrea Lizeth Gómez León y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03769-01
Demandantes: ANDREA LIZETH GÓMEZ LEÓN Y OTROS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Acción de tutela orientada a obtener información pública, la
creación de cargos en la Rama Judicial y el restablecimiento de la
salud de trabajadores. Improcedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por los demandantes contra la sentencia del
22 de agosto de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, resolvió:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito de la
subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 22 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Andrea
Lizeth Gómez León, Andrés Arenas Espíndola, Aura María Iza Gómez, Belisario Bravo
Silva, Donato Pugliese Acevedo, Édgar Giovanny Lozano Ariza, Elkin Eduardo Mejía,
Esperanza García Ramírez, Gladys Giomar Castro Plata, Irene Cabrera García, Johana
Marcela Duarte Pulido, Johanna Alexandra Gómez Gualdrón, Julián Rozo Ospina
Morales, Lady Johana Leal Monroy, Margarita María Granados Conde, Marietha
Alexandra Amado Camacho, Marisol Valenzuela Martínez, Mary Lucy Rodallega Peña,
Maycin Yesenia Gómez Carrillo, Mery Janeth Suárez, Michael Johan García, Noryda
Amparo Rico Mendoza, Omaira Arenas Serrano, Rosa Marín Lozada, Yamel Rocío
Gómez Barajas y Zoraya Tapias Barajas pidieron la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y a la salud.

A juicio de los demandantes, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de (i) que no se les ha suministrado información relacionada con datos estadísticos
de algunos despachos judiciales, (ii) la omisión de crear cargos en el Centro de Servicios de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, donde, a su
juicio, ahí una carga laboral excesiva, y (iii) la afectación de su salud por el alto volumen de
actividades que deben desarrollar.
2. Pretensiones
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-03769-01.

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Demandantes: Andrea Lizeth Gómez León y otros

Los tutelantes formularon de manera textual las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR nuestros derechos fundamentales al TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y
JUSTAS, a la IGUALDAD y a la SALUD vulnerados por los accionados como consecuencia de la
negativa e insuficiencia presentada frente a la reestructuración y adecuación de la planta de personal
del CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA […].

SEGUNDO: Se suministre a los hoy actores copia de los informes estadísticos o de rendimiento
rendidos por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado
de Bucaramanga, Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito de
Adolescentes de Bucaramanga, Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Bucaramanga.

TERCERO: Se suministre a los hoy actores copia de los resultados de los estudios realizados por los
accionados a nivel nacional y seccional para la creación de cargos en la Rama Judicial.

CUARTO: Se proceda a la inmediata reestructuración, adecuación y ampliación de la planta de personal
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bucaramanga de manera proporcional con las cargas laborales que se manejan a nivel nacional y a
nivel seccional debidamente sustentadas y justificadas.

QUINTO: Se adopten por parte de los accionados las medidas radicales y definitivas que pongan fin a
la problemática que de antaño se vive en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga y que ha sido amplia y reiteradamente
puesta en su conocimiento.

SEXTO: Se gestionen y realicen las actuaciones necesarias para el restablecimiento de la salud física
y mental de los servidores del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga.

Asimismo, los demandantes pidieron que «en el evento de que se avale y autorice la adopción
de medidas transitorias y/o temporales, se ordene que éstas sean continuas y sin interrupciones
o suspensiones superiores a un mes».

3. Hechos

En la solicitud de amparo los demandantes (que ascienden a 27) indicaron que tienen la
condición de servidores judiciales y trabajan en el Centro de Servicios de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, dependencia
encargada de apoyar a los 57 juzgados de conocimiento que integran el Sistema Penal
Acusatorio en esa ciudad y de vigilar y decidir las solicitudes que formulan las personas
privadas de la libertad en las cárceles ubicadas en su jurisdicción.

Que pese al aumento de la población carcelaria en el país y a la creación de juzgados
penales de conocimiento, la planta de personal del mencionado centro de servicios no se
ha incrementado adecuadamente lo que hace que deban soportar una carga laboral
excesiva que les ha generado quebrantos de salud.

Señalan que deben efectuar reparto de 8 juzgados2, lo que implica la creación de los
expedientes digitales y los ingresos a los despachos, tramitar todas las providencias que
dicten los juzgados penales de Bucaramanga (cuyo promedio anual asciende a 22.780),
notificarlas en los diferentes establecimientos carcelarios, contestar las acciones
constitucionales que se surtan en su contra, surtir las «actuaciones de talento humano de
28 empleados» y tramitar todos los procesos archivados que ingresan nuevamente a los
2 No los individualiza.

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despachos, entre otras actividades.

4. Fundamentos de la acción de tutela

Los tutelantes expusieron en la solicitud de amparo que el aumento de la carga laboral
ha sido constante en los últimos tiempos, lo que ha desencadenado estancamientos que
impiden «estar medianamente al día» y que deban acudir a los Ministerios del Trabajo y de
Justicia y del Derecho y a la Procuraduría General de la Nación para poner en
conocimiento esa situación, sin embargo, no han obtenido solución a esa problemática,
pues las autoridades se limitan a indicar que « durante esta vigencia se ha presentado una
mayor demanda y acumulación de inventarios en ciudades como Bogotá, Medellín, Ibagué y
municipios de Cundinamarca y Antioquia, que reportan unos inventarios de 25.369, 20.653,
16.465 y 16.388», y que es de público conocimiento que el represamiento es una dificultad
de todos los despachos judiciales del país.

Que hay dependencias que tienen un número de procesos muy inferior a los que
manejan, como «el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito
Especializado de Bucaramanga y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales
del Circuito de Adolescentes».

Adujeron que, si bien el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander ha adoptado
medidas para superar la problemática, estas han sido temporales, de ahí que cuando
terminen se pierda el avance, situación que los desmotiva y hace que otros servidores
judiciales no quieran laborar en el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga.

Que se han creado cargos en los juzgados a los que asisten, pero no en el referido
Centro, lo que ha desencadenado que los asuntos se decidan con mayor celeridad en los
despachos judiciales y que su dependencia «se convierta en un cuello de botella» porque
no los logra tramitar oportunamente, dificultad por la que la Corte Constitucional y el
Tribunal Superior de Bucaramanga han exhortado a los Consejos Superior de la
Judicatura y Seccional de la Judicatura de Santander para que adopten las medidas
pertinentes para superarla.

Indicaron que ante el elevado número de actividades que deben realizar, se han visto en
la necesidad de organizarse y priorizar algunos trámites y distribuir tareas que involucran
un volumen de expedientes adicional al que ya tienen, el cual se normalizaría con 17
servidores judiciales más. Asimismo, la excesiva carga laboral hace que su «salud y hoja
de vida pendan de un hilo» y que hayan sido incapacitados en varias oportunidades,
novedades que en su mayoría no se reportan por temor a represalias.

5. Intervenciones

El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander señaló que las funciones que le
otorga el artículo 101 de la Ley 270 de 1996 no se relacionan con las pretensiones de los
tutelantes, esto es, la creación de cargos en la Rama Judicial, pues es una competencia
del Consejo Superior de la Judicatura.

Que, mediante los «Acuerdos Nos. CSJSAA24-216, CSJSAA24-216 y CSJSAA24-217 del 24
de julio de 2024, se dispuso el traslado transitorio de tres (03) cargos de Escribiente Municipal
del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga al Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bucaramanga a partir del 1 de agosto de 2024 al 13 de diciembre de 2024», lo que denota que

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se han adoptado medidas para superar las deficiencias en la prestación del servicio.

La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo frente a las
pretensiones relacionadas con la entrega de informes estadísticos, dado que no le fueron
solicitados previamente, y con la súplica de crear cargos, dado que el juez constitucional
carece de competencia para ello, ya que una medida de ese tipo debe estar precedida
de estudios estadísticos y financieros.

Que a través del Acuerdo PCSJA22-12028 del 28 de diciembre de 2022 fueron creados
2 cargos en el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bucaramanga, y con el Acuerdo PCSJA23-12124 de 2023 se dispuso el
traslado de 4 servidores judiciales a esa dependencia y la creación de 2 plazas más,
situación de la que se colegía que se han adoptado medidas para superar la alta carga
laboral que tienen los tutelantes.

Los Juzgados Primero al Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bucaramanga adujeron que conocían del represamiento del Centro de Servicios de esos
despachos judiciales, y aunque se han emitido medidas, como la creación transitoria de
algunos cargos y el traslado temporal de algunos empleados de otras áreas, allí deben fijarse
empleos de manera permanente para hacerle frente a la problemática.

La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura pidió que se denegaran las pretensiones de los tutelantes en lo que le
concierne, porque no ha vulnerado derecho fundamental alguno de ellos, ya que sus
funciones no se relacionan los hechos expuestos en el escrito inicial, lo que, dice, hace
imperioso declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Señaló que la jurisprudencia ha advertido que el juez de tutela carece de competencia
para modificar la infraestructura de la Rama Judicial, pues para ello debe contarse con
estudios financieros y estadísticos que escapan de la esfera de conocimiento de aquel,
de ahí que no sea dable acceder al amparo deprecado.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 22 de agosto de 2024,
denegó la petición de desvinculación que formuló la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, porque su vinculación fue como «tercero
con posible interés», y declaró improcedente la acción de tutela por no ser el mecanismo
instituido para reformar la estructura de la Rama Judicial, pues para ello es menester
contar con estudios técnicos y financieros que acrediten su viabilidad, presupuesto que
no se satisface en el sub lite.

Que, además, el represamiento y la carga laboral que reprochan los demandantes es una
situación generalizada al interior de la Rama Judicial, pues presenta problemas
estructurales que obstaculizan la labor jurisdiccional de manera adecuada, por lo que las
aseveraciones de aquellos no involucran prima facie transgresión de preceptos
constitucionales3.

3 El a quo no se pronunció sobre las pretensiones de entregarles a los demandantes una información pública y

restablecerles su salud.

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7. Impugnación

Los demandantes impugnaron el fallo de primera instancia y señalaron que debe
ordenarse de manera urgente a los demandados que adopten medidas efectivas para
superar el represamiento de expedientes que padece el Centro de Servicios de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por los
demandantes para ordenarle a las autoridades accionadas que les entreguen los «informes
estadísticos o de rendimiento» de algunas dependencias de los Juzgados Penales de
Bucaramanga y «de los resultados de los estudios realizados por los accionados a nivel nacional
y seccional para la creación de cargos en la Rama Judicial»; disponer el incremento de la planta
de personal del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bucaramanga; y restablecer la salud de los tutelantes.

La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada, que declaró improcedente la
acción de tutela, toda vez que los accionantes no acreditaron haber solicitado de los
demandados «copia de los informes estadísticos o de rendimiento rendidos por el Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bucaramanga,
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito de Adolescentes de
Bucaramanga, Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga»;
el juez constitucional carece de la potestad de ordenar la creación de cargos en los
despachos judiciales del país y no se probaron las afecciones de salud invocadas en el
escrito inicial.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) las generalidades de la acción de
tutela, (ii) la subsidiariedad, (iii) los derechos fundamentales de acceso a la información
pública y de petición, (iv) la procedencia de la acción de tutela en controversias
relacionadas con la salud de los trabajadores y, finalmente, (v) al análisis del caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.

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3. La subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Esto quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional
de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe
ser el último recurso, no el primero.

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.

4. Derechos fundamentales de acceso a la información pública y de petición

Los artículos 15 y 74 de la Constitución Política establecen que a toda persona le asiste la
prerrogativa de recibir información «veraz e imparcial» y de «acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley», en su orden. Este último precepto también está
contemplado en los artículos 19 (numeral 24) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 13 (numeral 15) de la Convención Americana de Derechos Humanos (tratados
ratificados por Colombia, mediante las Leyes 74 de 19686 y 16 de 19727, respectivamente).

El acceso a la información pública involucra aspectos propios de la democracia
participativa, pues permite que las personas ejerzan control ciudadano a las actividades
que adelantan las autoridades y conozcan de los resultados obtenidos por ellas. Cabe
advertir que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1712 de 2014 « […] toda información en
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado[8] es pública […]», con las excepciones
previstas en el ordenamiento jurídico, como la relacionada con la salud pública y la
seguridad nacional (artículo 19 ibidem).

Ahora bien, uno de los instrumentos que prevé el ordenamiento jurídico para que las
personas puedan acceder a la información pública es el derecho de petición de que trata
el artículo 23 de la Constitución Política, el cual es fundamental y faculta a todas las
personas a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, las cuales deben
brindar una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.

El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos

4 «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
5 «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
[…]».
6 «Por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos

Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”».
7 «Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa

Rica”, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969».
8 Condición de tienen todas las entidades públicas y demás personas señaladas en el artículo 5º ibidem.

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los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la posibilidad
de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los particulares,
según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna, es decir, en
las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de fondo o
contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia, debe
entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable al
solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de competencia para
pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el
destinatario quede exento de pronunciarse.

El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.

Por su parte el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 fijó los términos para resolver las
distintas modalidades de peticiones, así:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y
so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes
a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes
a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los
efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se
entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la
ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

5. Procedencia de la tutela para ordenar la creación de cargos en la Rama Judicial

El numeral 2º del artículo 257 de la Constitución Política establece que el Consejo
Superior de la Judicatura es el encargado de «[c]rear, suprimir, fusionar y trasladar cargos
en la administración de justicia», para lo cual debe asegurarse que la partida presupuestal
asignada no sea superada. Asimismo, el numeral 3º de esa norma le otorga la potestad
de «[d]ictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de
justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos
cargos».

Dichas prerrogativas fueron reproducidas en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, que
también establece que le compete al Consejo Superior de la Judicatura la elaboración del
proyecto de presupuesto que debe presentar al Gobierno Nacional, al cual está sujeta al
momento de crear cargos en los diferentes despachos judiciales del país, pues debe
asegurarse de que no exceda el monto fijado para ese propósito.

9 La Ley 1755 de 2015 reguló el Derecho Fundamental de Petición y sustituyo un título del CPACA, que comprendió el

artículo 14.

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En razón a los parámetros técnicos a los que está sujeta la creación de cargos en la
Rama Judicial, la acción de tutela es improcedente para ese fin puesto que además de
que es una prerrogativa propia del Consejo Superior de la Judicatura, la creación de
empleos exige contar con conceptos técnicos y financieros que den cuanta de la
necesidad de la medida, tal como lo precisó esta Corporación10, así:

La demandante pretende que las entidades demandadas dispongan de manera inmediata la creación
de la Sala Transitoria en el Tribunal Administrativo del Meta para que conozca de los procesos de
segunda instancia de las demandas presentadas por el reconocimiento del factor salarial de la
bonificación judicial.

Al respecto se hace necesario precisar que a través de este mecanismo constitucional no es viable
atender pretensiones relativas a la implementación de la infraestructura judicial, como la creación de
una sala transitoria para un tribunal, pues para ello se requiere estudios presupuestales y técnicos por
autoridad competente que acrediten la necesidad de general una medida de esta naturaleza, y que, a
su vez, garantice la disponibilidad presupuestal.

6. Procedencia de la acción de tutela en controversias relacionadas con la salud de
los trabajadores

La jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando la tutela está relacionada con
quebrantos de salud de un trabajador y con ella se pretende obtener unas condiciones
laborales adecuadas, es procedente el amparo dado que esas afecciones lo ubican en
un estado de vulnerabilidad manifiesta que hace necesario un pronto análisis de la
problemática. Al respecto, la Corte Constitucional11 sostuvo:

[…] la accionante se encuentra en estado de debilidad manifiesta por su condición de salud […]. Frente
a su estado de salud, la señora Peña explicó y acreditó en el trámite de tutela que tiene varias
enfermedades de origen laboral que afectan su desempeño en su trabajo como enfermera. En efecto,
la ciudadana demostró que desde el año 2015 presentó molestias en sus brazos, razón por la que debió
ser atendida en múltiples ocasiones por su EPS y los médicos tratantes le recomendaron evitar ciertos
movimientos, no manipular cargas pesadas y hacer pausas activas, entre otras medidas. Además, en
el trámite de tutela se constató que la accionante actualmente continua en tratamiento para sus
enfermedades por medio de la ARL Positiva, lo cual dificulta su búsqueda de trabajo.

[…]

En consecuencia, a partir de las condiciones de salud de la accionante […], se advierte una situación
de debilidad manifiesta, debido a que: (i) actualmente se encuentra en tratamiento médico relacionado
con varias enfermedades que le impiden el desarrollo de sus labores profesionales.

[…] particularmente en casos en que la accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral
reforzada en razón de que se encuentra en condición de debilidad manifiesta […], la acción de tutela
perderá su carácter subsidiario para convertirse en el mecanismo de protección principal12. Entonces,
la protección procederá de manera definitiva, en aras de no imponer una carga desproporcionada a la
accionante, en consideración a que “experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante
para soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial” 13.

Así las cosas, en virtud de lo expuesto se concluye que en casos en los que el trabajador
tenga la condición de sujeto de especial protección constitucional en razón a quebrantos
de salud, la tutela es el instrumento adecuado para obtener la protección de sus garantías
superiores presuntamente vulneradas por el empleador.

10 Sección Quinta, sentencia de 25 de julio de 2014, M. P. Ómar Joaquín Barreto Suárez, expediente 11001-03-15-

000-2024-02082-00.
11 Sentencia T-094 de 2023, M. P. Natalia Ángel Cabo.
12 Ibídem.
13 Sentencia SU-047 de 2017, reiterada por la Sentencia T-052 de 2020.

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Cabe advertir que quien invoque dicha condición, está en el deber de acreditar las
afecciones de salud, en virtud de la carga probatoria que le asiste a los tutelantes, pues
quien promueve el amparo está en la obligación de indicar los hechos que resultan
relevantes para decidirla y demostrarlos, comoquiera que ello no solo lo exige el artículo
1414 del Decreto 2591 de 1991 sino también la jurisprudencia constitucional, que sobre el
particular ha dicho que «[…] quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe
demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la determinación del juez,
obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho […]»15.

En otro pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional16 señaló lo siguiente sobre
el deber de satisfacer la carga probatoria en sede de tutela:

[…] esta Corporación ha establecido que el amparo es procedente cuando existe el hecho cierto,
indiscutible y probado de la violación o amenaza del derecho fundamental alegado por quien la ejerce.
Por consiguiente, el juez no puede conceder la protección solicitada simplemente con fundamento en
las afirmaciones del demandante […].

En ese orden de ideas, la Corte ha señalado que la decisión judicial “no puede ser adoptada con base
en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en
efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el
caso particular es improcedente la tutela.” 17

En ese orden de ideas, la acción de tutela es procedente para dirimir controversias
relacionadas con la salud de los trabajadores, para lo cual ellos deben acreditar así sea
de manera sumaria sus afecciones de salud, en virtud de la obligación que prevista en el
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.

7. Caso concreto.

7.1 Procedencia de la tutela en relación con las pretensiones de ordenar la entrega
de información pública

En la solicitud de amparo los demandantes piden que se ordene a las autoridades
accionadas que les entreguen «copia de los informes estadísticos o de rendimiento rendidos
por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de
Bucaramanga, Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito de
Adolescentes de Bucaramanga, Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Bucaramanga».

No obstante, de las pruebas allegadas al trámite constitucional de la referencia y de lo
expuesto en la solicitud de amparo, no se evidencia que los tutelantes hayan solicitado a
los demandados esa información, es decir, no han empleado el instrumento previsto en
el ordenamiento jurídico para obtener la información pública pretendida, esto es, el
derecho de petición.

Así las cosas, la Sala evidencia que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad
en relación con las pretensiones de los accionantes de ordenar que se les entreguen los
informes estadísticos pedidos, pues a pesar de que, se reitera, cuentan con el derecho
de petición para tal fin, no lo han empleado, omisión que hace improcedente la acción de
14 «En la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho

que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la
amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud […]».
15 Corte Constitucional, sentencia T-571 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
16 Sentencia T-620 de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 Sentencia T-264 de 11993; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03769-01
Demandantes: Andrea Lizeth Gómez León y otros

la referencia sobre el particular.

7.2 Procedencia de la tutela para ordenar la creación de cargos en el Centro de
Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bucaramanga.

En la solicitud de amparo los actores piden que se ordene a las autoridades accionadas
ampliar la planta de personal del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, comoquiera que la carga laboral que
allí se maneja es alta, su personal es insuficiente para adelantar oportunamente las tareas
y se presentan una acumulación de trabajo significativa, que les ha provocado problemas
de salud.

Sobre el particular y conforme a lo explicado en líneas precedentes, para la Sala la acción
de tutela es improcedente, por cuanto la creación, fusión y modificación de empleos en
los despachos judiciales son potestades del Consejo Superior de la Judicatura que deben
estar precedidas de conceptos técnicos y presupuestales que den cuenta de la necesidad
de adoptar esas medidas, los cuales no fueron aportados y no se tiene certeza de su
existencia, de ahí que el juez de tutela no pueda pronunciarse sobre el particular.

Es de anotar que el artículo 257 de la Constitución Política prevé que la creación de
cargos en la administración de justicia no puede superar la partida presupuestal
asignada, mandato que el juez de tutela no tiene la posibilidad de proteger, ya que no
administra los recursos de la Rama Judicial y tampoco se le indicó que existan recursos
para ello.

En ese orden de ideas, la Sala constata que la acción de tutela es improcedente sobre la
pretensión analizada, lo que impone confirmar la sentencia impugnada sobre el particular.

7.3 Restablecimiento de la salud física y mental de los demandantes

A lo hasta ahora expuesto, debe sumarse que en la solicitud de amparo se pide que se
«gestionen y realicen las actuaciones necesarias para el restablecimiento de la salud física y
mental de los servidores del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga», por cuanto la excesiva carga laboral
de esa dependencia les ha originado afecciones de salud.

Al analizar las pruebas aportadas por los accionantes, la Sala observa que no están
acreditadas las afecciones de salud a las que hacen alusión los demandantes, pues solo
obran unos actos administrativos relacionados con el inventario de varias dependencias
judiciales y cifras en las que no se establecen su fuente, lo que denota incumplimiento de
la carga demostrativa por parte de aquellos.

Esa omisión probatoria impide que la acción de tutela sea procedente para analizar la
súplica de restablecer la salud de los accionantes, pues, como se vio, para habilitar la
procedencia de la acción de tutela es necesario acreditar, así sea de manera sumaria,
la situación de debilidad manifiesta de los accionantes.

En virtud de lo anterior, la acción de tutela también es improcedente respecto de la súplica
analizada.

En ese orden de ideas, como (i) los demandantes no acreditaron que hayan solicitado de

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Demandantes: Andrea Lizeth Gómez León y otros

las autoridades accionadas «copia de los informes estadísticos o de rendimiento rendidos por
el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de
Bucaramanga, Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito de
Adolescentes de Bucaramanga, Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Bucaramanga»; (ii) el juez constitucional carece de la potestad de ordenar la creación de
cargos en los despachos judiciales del país y (iii) tampoco se probaron las afecciones de
salud invocadas en la acción de tutela, esta resulta improcedente, situación por la que se
confirmará la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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