Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02085-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02085-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02085-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02085-00 (3346)
Demandantes: Maribel Alejandra Moreano Pai y otra
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Temas: Responsabilidad del Estado por daños sufridos por miembros de
la fuerza pública. Naturaleza y alcance del recurso extraordinario
de revisión. Improcedencia para reabrir el debate probatorio.
DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 la señora Maribel
Alejandra Moreano Pai –quien actúa en nombre propio y en representación de su
hija VSGM2– en contra la sentencia proferida el primero (1. °) de noviembre de dos
mil veintitrés (2023) por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C3,
para lo cual invocó la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que en la madrugada del 7 de septiembre de 2010, en el corregimiento de
Balalaika del municipio de Santa Cruz de Guachavés (Nariño), un grupo de
miembros de la Policía Nacional fue atacado por insurgentes del ELN, causando la
muerte, entre otros, del patrullero Misael Andrés Gutiérrez Fierro.
2. Que por los daños y perjuicios causados con la muerte del precitado patrullero,
su compañera permanente Maribel Alejandra Moreano Paí y su menor hija,
demandaron en reparación directa con el fin de que se declare administrativamente
responsable a Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y mediante
sentencia de 3 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Nariño negó las
pretensiones; decisión que fue confirmada en providencia de 1.º de noviembre de
2023, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
3. Mediante providencia del 1.º de noviembre de 2023, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones.
1 La presentación del recurso se efectuó el 23 de abril de 2024, según la anotación efectuada por la Secretaría
General de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 La Sala reservará la identidad de la menor y de aquellos datos que permitan identificarla.
3 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 3 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Nariño
dentro del trámite del medio de control de reparación directa identificado con el radicado núm. 52001-23-31-
000-2012-00242-01 (59889).
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4. Para sustentar su decisión, la Sala expuso, en síntesis, las siguientes razones:
5. Afirmó que solo analizaría el elemento de la imputación jurídica, dado que el daño
antijurídico —la muerte del patrullero— fue declarado probado en primera instancia
y no fue objeto de reproche en el recurso de apelación.
6. Indicó que la carga de probar la falla corresponde a la parte demandante y que
el juez debió verificar, con base en las pruebas, si existió incumplimiento de un
deber a cargo del Estado y si dicha omisión fue determinante en la causación del
daño. Para ello, dijo que era necesario contrastar el contenido obligacional que, en
abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado con
el grado de cumplimiento u observancia de este por parte de la autoridad
demandada.
7. Con fundamento en el Informe de Novedad del 7 de septiembre de 2010,
consideró que el ataque fue súbito e imprevisto, ejecutado con explosivos, uno de
los cuales causó la muerte del patrullero. Que dicho informe no fue controvertido,
por lo que debía otorgársele pleno mérito probatorio; con fundamento en aquel,
concluyó que no se acreditó la existencia de alertas previas de inteligencia ni
omisiones en la preparación, entrenamiento o dotación del escuadrón EMCAR 45,
cuyos integrantes eran policías especializados y capacitados para el desarrollo de
operaciones en zona rural.
8. Consideró que, aunque la parte demandante alegó la configuración de una falla
del servicio por el desconocimiento del protocolo contenido en el documento
«Política Estratégica Operacional y del Servicio de Policía II – Desarrollo operativo
de las Unidades del Orden Táctico y Operacional» (2008), en lo relativo a la
conformación del grupo —según el cual los escuadrones móviles de carabineros
debían integrarse por 120 hombres, distribuidos en tres secciones de 40
uniformados cada una. No obstante, en el operativo estuvo conformado por 25
efectivos, de manera que, no se demostró la existencia de un nexo causal entre
dicha circunstancia y el resultado dañoso.
9. Dijo que no podía inferirse que, de haber contado con los 40 efectivos
reglamentarios por sección, el ataque se hubiera evitado o que su resultado hubiese
sido distinto, cuando se trató de un atentado súbito e imprevisible, sin alertas previas
ni antecedentes en la zona, perpetrado además mediante el uso de explosivos de
alto impacto.
10. Negó la prosperidad del reproche relativo a la presunta falta de apoyo oportuno,
al considerar que este se produjo aproximadamente dos horas y media después de
iniciado el hostigamiento y resultó eficaz para repeler a los insurgentes, para lo cual,
se valoraron las particulares condiciones geográficas de la zona. Indicó que el
municipio se encuentra ubicado en la cordillera Occidental, a más de 2.600 metros
de altitud, en la parte central del departamento de Nariño, a 108 kilómetros de Pasto,
con una extensa área boscosa —superior a 21.500 hectáreas—, predominio de
terrenos pendientes, limitada infraestructura vial y asentamientos mayoritariamente
dispersos, circunstancias que dificultaban el acceso y la reacción inmediata.
11. En cuanto al título de imputación denominado riesgo excepcional, señaló que el
patrullero se vinculó voluntariamente a la Policía Nacional y que su muerte en
combate constituía un riesgo propio del servicio, asumido al ingresar a la institución,
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a lo que indicó que tampoco se probó que hubiera sido expuesto a un peligro
superior al inherente a su función.
12. Analizó los testimonios rendidos por la señora Aura Elisa Burgos Carrascal —
civil que se encontraba en el corregimiento de Balalaika la noche de los hechos y
los de los señores Oswaldo Armando Cabrera Gómez y Robinson Amariles,
compañeros policiales del señor Misael Andrés Gutiérrez que sobrevivieron al
ataque.
13. Señaló que, si bien la señora Aura Elisa Burgos manifestó haber escuchado
disparos y explosiones la noche del ataque, indicando que se trataba de una
estación de policía con pocos agentes —aproximadamente siete— frente a un
número considerable de hombres armados, y que en el pueblo se comentaba sobre
amenazas previas contra el puesto policial, su declaración presentaba
inconsistencias. En efecto, resultaba poco razonable que hubiese observado
directamente los hechos en medio de un ataque con explosivos; el número de
uniformados referido no coincidía con otras pruebas que daban cuenta de la
presencia de 17 o 18 policías; y, además, en el lugar no funcionaba una estación de
policía permanente, sino una unidad móvil.
14. También evidenció discrepancias entre su versión y la del subcomandante de
la Sección, Oswaldo Armando Cabrera Gómez, quien negó la existencia de alertas
previas y sostuvo que el grupo estaba adecuadamente entrenado y dotado.
15. Expuso que a pesar de que el patrullero Robinson Amariles afirmó que hubo
advertencias ignoradas, falta de dotación y apoyo tardío del Ejército; tales
afirmaciones fueron consideradas contradictorias frente a otras pruebas, que
indicaban ausencia de amenazas específicas, adecuada preparación y apoyo
oportuno dadas las condiciones de la zona.
16. Concluyó que estos testimonios carecían de mérito probatorio suficiente y que
no se acreditó ni la falla del servicio ni la exposición a un riesgo superior, por lo que
las pretensiones no estaban llamadas a prosperar.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
17. La señora Maribel Alejandra Moreano Pai –actuando en nombre propio y en
representación de su hija menor– interpuso recurso extraordinario de revisión4 al
estimar que la sentencia incurrió en la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
18. Considera que se encuentra demostrada la responsabilidad de los comandantes
y del ministro de Defensa por la omisión en el deber de protección frente a una
amenaza inminente, pese a disponer de medios logísticos, operativos y de inteligencia
suficientes para reforzar la zona y prevenir el ataque.
19. Sostuvo que las decisiones de instancia vulneraron el debido proceso, el derecho
de defensa y el acceso efectivo a la administración de justicia, al desconocer el
principio de equilibrio en la valoración probatoria, esto es, el deber del juez de analizar
el acervo probatorio en su integridad, sin privilegiar unas pruebas y desechar otras sin
motivación suficiente; en su criterio, se omitió valorar de manera adecuada elementos
como testimonios, alertas tempranas, informes de contexto sobre la situación de
4 Véase índice 00002 de SAMAI.
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orden público, reportes de ciudadanos del sector, publicaciones en medios de
comunicación, informes de inteligencia, declaraciones de agentes policiales,
solicitudes de refuerzo y testimonios directos de quienes vivieron el ataque, lo que
configuraría un defecto fáctico por indebida apreciación del material probatorio y, a su
vez, un defecto sustantivo por la supuesta inaplicación de los estándares
jurisprudenciales sobre responsabilidad estatal en escenarios de riesgo previsible.
20. Añadió que, si bien los jueces gozan de autonomía para interpretar y valorar las
pruebas conforme a la sana crítica, dicha libertad no es absoluta ni arbitraria, sino que
está delimitada por parámetros constitucionales que impiden decisiones caprichosas
o carentes de motivación. En ese contexto, invocó la Sentencia C-879 de 2011 de la
Corte Constitucional, en la cual se desarrolla la libertad como principio, valor y derecho
fundamental, para sostener que la autonomía judicial debe ejercerse dentro de un
marco racional y garantista, compatible con el respeto del debido proceso y la
igualdad.
21. Señaló, además, que se incumplió el deber de emitir un pronunciamiento de fondo
sobre la demanda y en forma motivada, omisión que debe ser objeto de revisión,
habida cuenta de que toda sentencia debe fundarse en las normas aplicables, en la
realidad probada y en la valoración integral del acervo probatorio, incluidos los indicios
y las pruebas oportunamente aportadas.
22. Adujo que, si bien los miembros de la Policía Nacional asumen los riesgos
inherentes al enfrentamiento con grupos delincuenciales al momento de vincularse
a la institución, lo cierto es que nadie está obligado a lo imposible. En ese sentido,
sostuvo que el número de integrantes del grupo insurgente que perpetró el ataque
superaba ampliamente el de los efectivos asignados a la unidad ubicada en
Balalaika para el día de los hechos, y que, pese a ello, la entidad incumplió su deber
de reforzar la estación de policía, sometiendo a los uniformados a un riesgo que —
en su criterio— pudo y debió prevenirse o evitarse.
23. Afirmó que el salvamento de voto planteado en la providencia de primera
instancia respalda su postura, cuando este señala que la falencia en la
conformación de unidad móvil incidió en la seguridad y en el resultado de la
operación, con lo que se encuentra demostrada la falla en el servicio y la
responsabilidad del Estado por los perjuicios que se causaron.
24. Considera que la decisión desconoce el derecho de las víctimas a la verdad,
justicia y reparación integral, al cerrar el debate probatorio sin un análisis exhaustivo
y equilibrado, por lo que solicitó que en sede de revisión se declare la nulidad de la
sentencia y se adopte una nueva decisión que garantice plenamente el debido
proceso y el principio de equilibrio en la valoración de la prueba.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
25. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional5, pese a ser notificado
en debida forma, guardó silencio y la Procuraduría Tercera Delegada ante esta
Corporación no rindió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
5 Véase índice 00022 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
26. Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del primero (1. °) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023), proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, se configura la causal de revisión invocada por las
recurrentes.
27. Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
28. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada6. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
29. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada7. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente8.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular9.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada10.
30. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
6 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
8 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
10 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613).
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partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
31. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada se encuentre debidamente acreditada,
pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este mecanismo
extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en
la ley11.
Causal quinta de revisión
32. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
33. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia12.
34. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando: (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en
el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 13, que establece ocho
motivos específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan
irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido
proceso14, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido
distinta. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en
situaciones como:
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
12 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
13 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
14 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02085-00 (3346)
«(i) [el fallo] es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede
el principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha
sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no
le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»15.
35. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido16.
Sobre la motivación de las decisiones judiciales
36. Sobre la motivación de la sentencia, el artículo 187 del CPACA17, prevé:
«Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen […]».
37. El deber legal de motivar las providencias judiciales es una reafirmación del
principio de legalidad, entendido como el sometimiento del Estado al Derecho. De
allí que no basta con decidir los litigios a cargo de la Jurisdicción, sino que es preciso
explicitar las razones fácticas y jurídicas que fundamentan las decisiones, en los
términos del artículo 187 antecitado, es decir, con brevedad y precisión, para
garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de administración de
justicia.
38. En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la ausencia de motivación,
esta Corporación ha considerado:
«(…) la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de
motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente la carencia total
de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta; que
es improcedente con fundamento en dicha causal alegar situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada
de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas
aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque
de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de
texto)18.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
16 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
17 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Rad.
11001-03-15-000-2003-00133-00. Si bien en la providencia se alude a la causal «sexta», prevista en el artículo
188 del derogado Decreto 1 de 1984, aplicable al caso concreto, lo cierto es que dicha causal mantiene el mismo
contenido normativo en el régimen actual previsto en el CPACA.
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39. En síntesis, para que prospere el cargo de nulidad por falta de motivación solo
es admisible que, efectivamente, la judicatura no haya especificado ninguna razón
para el fallo. No obstante, también la Jurisprudencia ha reconocido la configuración
de la causal de nulidad cuando la decisión «[…] se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas»19. No obstante,
dicho estándar ha sido entendido en relación con vicios graves en los presupuestos
fácticos o en la base probatoria que sustenta la motivación. En cualquier caso, esto
no supone una nueva oportunidad para controvertir la apreciación de los hechos,
las pruebas y las razones expuestas por el fallador.
40. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
41. El reproche de las recurrentes parte de afirmar que la sentencia desconoció el
debido proceso y el principio de equilibrio en la valoración probatoria, al omitir —
según su dicho— el examen integral de las alertas tempranas emitidas por la
Defensoría del Pueblo, la condición de «zona roja» del sector donde ocurrió el hecho
dañoso, los informes allegados al expediente y las declaraciones de testigos directos,
elementos que, a su juicio, acreditaban la falla del servicio. A partir de ello,
estructuran el cargo bajo la configuración de un supuesto defecto fáctico y sustantivo,
constitutivo de una «vía de hecho» y de una negación de justicia por falta de
motivación.
42. No obstante, la Sala advierte, en primer término, que los primeros
cuestionamientos no se subsumen en ninguno de los supuestos legales y
jurisprudenciales que habilitan la prosperidad del recurso extraordinario de revisión.
Lejos de evidenciar una anomalía procesal originada en la sentencia, los argumentos
revelan una inconformidad con la apreciación probatoria realizada en las instancias,
lo cual desnaturaliza este mecanismo excepcional al pretender convertirlo en una
tercera instancia destinada a reabrir debates ya agotados.
43. En efecto, debe recordarse que el recurso extraordinario de revisión no debe
entenderse como una instancia para reabrir debates jurídicos o probatorios ya
decididos, ni tampoco para enmendar los errores judiciales como los casos de
inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la
norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de derecho) 20, sino
como un mecanismo excepcional para corregir errores sustanciales que afecten la
justicia material.
44. Esta Corporación ha establecido de manera contundente que, para que
proceda la nulidad en una sentencia que ha adquirido calidad de cosa juzgada,
debe existir una anomalía procesal presente en la misma providencia, y que dicha
irregularidad sea de tal trascendencia que, de no haberse producido, la decisión
hubiese sido diferente. En este sentido, se ha señalado que:
«[...] la invocación de cualquier causal que implique la nulidad originada en la
sentencia se requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Rad. 11001-03-
25-000-2017-00852-00.
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 13 de octubre de 2020. C.P. Alberto Montaña Plata.
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providencia; que se trate de una anomalía procesal y que sea de tal
envergadura que, de no haberse presentado, la decisión a adoptar hubiera sido
distinta. No se admite, para este evento, que, so pretexto de aducir la violación
al debido proceso constitucional, se utilice el recurso extraordinario de revisión
para reabrir un debate jurídico o probatorio que se dio en la instancia
correspondiente»21 (subrayado para enfatizar).
45. Frente al reproche por supuesta falta de motivación, la Sala advierte que dicho
cargo tampoco está llamado a prosperar.
46. Contrario a lo señalado por las recurrentes, la sentencia examinó expresamente
la hipótesis de un ataque inminente previamente anunciado y concluyó que carecía
de respaldo probatorio, al no obrar en el expediente los informes de inteligencia
cuya existencia se alegaba. En dicha decisión se indicó:
«(…) Por manera que la hipótesis de la parte actora, sobre un hecho inminente
anunciado con antelación, al que el Ministerio de Defensa y la Dirección General
de la Policía Nacional hicieron caso omiso, carece por completo de asidero
suasorio, pues el supuesto informe de inteligencia referido en la demanda que
podría sustentarlo, no se asomó al plenario, con lo cual la omisión imputada a
la demandada, como determinante de la falla en el servicio, carece de todo
fundamento. En otras palabras, aun cuando el apelante alude a la
existencia de informes que advertían y hacían previsible el ataque, lo
cierto es que dentro del expediente no reposan las mentadas pruebas y,
antes bien, las demandadas hicieron hincapié en que con antelación a los
hechos no se habían recepcionado informes de inteligencia sobre
posibles atentados. (…)»22(Negrillas para enfatizar).
47. De manera puntual, citó la respuesta obrante a folio 135 del cuaderno 123, en la
cual el comandante Escuadrones Móviles de Carabineros (E) indicó que «con
antelación no se habían recepcionado informes de inteligencia sobre posibles
atentados, igualmente esa unidad [EMCAR 45] no elaboró informes de amenazas
ya que la comunidad no estaba al tanto de los posibles hechos»24.
48. Igualmente, se encuentra que la Sala valoró los testimonios de los policiales
que estuvieron presentes en los hechos y concluyó que no acreditaban la falla del
servicio en los términos planteados por la parte actora.
49. Tan cierto es ello que, ante el cuestionamiento planteado en la apelación por
presuntas falencias en la valoración probatoria, la Sala dejó expresamente
consignado que abordaría el examen específico de los testimonios rendidos en el
proceso, en particular los de la señora Aura Elisa Burgos Carrascal —quien se
encontraba en el corregimiento de Balalaika la noche de los hechos— y los de
Oswaldo Armando Cabrera Gómez y Robinson Amariles, compañeros del patrullero
fallecido que sobrevivieron al ataque. En desarrollo de ello, la providencia analizó
de manera individual y comparativa dichas declaraciones, las confrontó con los
demás elementos de convicción y les asignó el mérito probatorio que
razonadamente estimó pertinente.
50. No se configuró, entonces, una ausencia de motivación, sino una conclusión
adversa a las pretensiones y que, en todo caso, fue debidamente sustentada en el
análisis probatorio, sin que resulte jurídicamente viable, en el marco de este medio
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión. Sentencia de
3 de abril de 2018, Exp. 2012-00642-00
22 Véase folio 9 del archivo «43_520012331000201200242011SENTENCIASENTENCIA20231109200852», el
cual obra en el índice 00068 de SAMAI del radicado núm. 52001-23-31-000-2012-00242-01.
23 Véase nota al pie 38. Folio 9, ibid.
24 Véase folio 85 del archivo digital denominado «0002 2012-00242 1», obrante en el índice 00024 de SAMAI.
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extraordinario, cuestionar el mayor o menor mérito probatorio asignado a los
distintos medios de prueba, por tratarse de una actividad propia de la función
interpretativa y valorativa del juez natural.
51. De otra parte, debe ponerse de presente que los mismos reproches fueron
expuestos en el recurso de apelación —folios 95 y siguientes—, en el que se afirmó,
por ejemplo, que «(…) está probado que (…) el comandante de la Policía y el
Ministerio de Defensa omitieron su deber de PREVENIR LO PREVISIBLE (…) por
cuanto conocían del peligro inminente (…) y no suministraron los elementos
necesarios de protección (…). Igualmente, allí se sostuvo que «(…) si se valorara
integralmente las pruebas (…) especialmente la prueba documental que aparece a
folio 517 (…) son testigos presenciales (…) quienes en forma clara y diáfana
manifiestan existir la FALLA EN EL SERVICIO (…)»; e incluso se adujo que se
había «dictado una sentencia (…) por fuera del material probatorio (…) sin que se
haya garantizado la aplicación del principio de equilibrio en la valoración probatoria
(…)»25.
52. Con ello, es claro para la Sala que, por un lado, estos planteamientos ya
tuvieron respuesta en la sentencia de segunda instancia y, por el otro, que lo que
intenta la parte es reproducirlos en sede de revisión, lo que equivale a
desnaturalizar este mecanismo excepcional y convertirlo en una tercera instancia,
finalidad expresamente proscrita por la naturaleza y alcance del recurso
extraordinario.
53. En este punto, es preciso recordar que, el hecho de que la interpretación
efectuada por esta Corporación sea distinta a la de la parte demandante, de manera
alguna conlleva por sí misma la vulneración al debido proceso o la falta de
motivación.
54. La nulidad originada en la sentencia se circunscribe exclusivamente a la
ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la válida
conformación de ese acto procesal, considerada desde una perspectiva
estrictamente procedimental; es decir, se configura cuando falta un presupuesto de
carácter adjetivo necesario para que el fallo produzca los efectos jurídicos que el
ordenamiento le atribuye.
55. Esta nulidad, por tanto, no puede confundirse con la fundamentación jurídica o
probatoria allí efectuada, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a
cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia.
56. En lo que respecta a la existencia de un voto disidente en la decisión de primera
instancia tampoco representa una causal de nulidad ni una demostración de
ilegalidad del fallo. El salvamento de voto es una manifestación legítima del
pluralismo jurídico dentro de los tribunales colegiados y refleja la diversidad de
criterios, sin que ello afecte la validez de la decisión adoptada por mayoría. La
discrepancia interpretativa, por sí sola, no habilita la nulidad de un fallo judicial ni su
impugnación por vías extraordinarias, salvo que se acredite un error manifiesto de
hecho o derecho que se traduzca en una afectación real de las garantías procesales,
lo cual no se evidencia en el presente caso.
25 Véase folio 95 del archivo digital denominado «0005 2012-00242 1», obrante en el índice 00024 de SAMAI.
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57. En suma, no se acredita un vicio procesal originado en la sentencia, ni una
irregularidad de tal magnitud que, de no haberse presentado, hubiese conducido a
una decisión distinta. Los cargos se reducen a una discrepancia con la valoración
probatoria y con la interpretación jurídica adoptada, materias propias del juicio de
instancia. Por consiguiente, el recurso extraordinario de revisión será declarado
infundado.
Condena en costas
58. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
59. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
60. En este contexto, no procede la imposición de costas porque la parte
demandada, pese a haber sido debidamente notificada del auto admisorio del
recurso, no intervino en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario interpuesto por la
señora Maribel Alejandra Moreano Pai –actuando en nombre propio y en
representación de su hija menor– en contra de la sentencia proferida el primero (1.°)
de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, por las razones antes expuestas.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de reparación
directa al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el
sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02085-00 (3346)
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Firmado electrónicamente
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Firmado electrónicamente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente
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