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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02107-00

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02107-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Aceptar a la Aseguradora Allianz Seguros S.A. como coadyuvante de la parte accionante, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no se impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02107-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02107-00
Accionante: La Previsora S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra la sentencia que confirmó de manera parcial la
decisión de primer grado que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, proferida dentro del proceso de reparación directa. Análisis de los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y decisión sin motivación.

Decisión: Negar el amparo de tutela porque no se demostraron los defectos
alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por La Previsora S.A., actuando por intermedio de
apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, ocurrida con ocasión de la
expedición de la providencia del 22 de febrero de 2024 dentro del proceso de
reparación directa bajo el radicado 76001-33-33-018-2013-00320-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

Los señores Marco Tulio Obando Vallejo y otros, presentaron demanda en contra
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Hospital Universitario
del Valle Evaristo García, Fiduprevisora - Patrimonio Autónomo de Remanentes
Caprecom Liquidado, La Previsora S.A., Allianz Seguros S.A., Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A, Axa Colpatria Seguros S.A. y QBE Seguros S.A a
fin de que se les declararan patrimonialmente responsable por los perjuicios
derivados de la muerte del señor Julián Andrés Obando Sánchez que se dio el
26 de diciembre de 2011, mientras se encontraba recluido en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02107-00
Accionante: La Previsora S.A.

El proceso correspondió al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali,
que mediante sentencia del 9 de septiembre de 2019 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó
parcialmente la decisión de primera instancia, en la medida que modificó el
numeral quinto y en consecuencia condenó a La Previsora a rembolsar al INPEC
las sumas que deba pagar con ocasión de la condena impuesta hasta el límite
del valor asegurado en la póliza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1089 del Código de Comercio.

2.2. Fundamentos jurídicos

La parte accionante sostuvo que el Tribunal, en la decisión cuestionada, incurrió
en un defecto sustantivo por indebida interpretación de los artículos 1072, 1081
y 1131 del Código de Comercio porque debió aplicar la prescripción ordinaria de
2 años y no la extraordinaria de 5 años.

En ese sentido, para la Previsora el término prescriptivo de las acciones
derivadas del contrato de seguro, inició el 13 de noviembre de 2012 y culminó el
13 de noviembre de 2014, toda vez que el conocimiento del siniestro lo tenía el
INPEC al momento que la víctima le formula petición judicial o extrajudicial.

Por otra parte, señaló que en la decisión objeto de cuestionamiento hubo
desconocimiento del precedente proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil del 25 de mayo de 2011, con radicado 5001-31-03-003-2004-
00142-01 M.P. Pedro Octavio Munar Cadena y del Consejo de Estado, Sección
Tercera en sus sentencias del 29 de marzo 2022, con radicado 25000-23-36-000-
2016-02235-01 (67159). M.P. Guillermo Sánchez Luque; 1º de marzo de 2023,
con radicado 41001-23-31-000-2011-00338-01 (67240). M.P. Martín Bermúdez
Muñoz; así como también en la sentencia de tutela proferida el 20 de junio de
2023, con radicado 11001-03-15-000-2023-01194-00. M.P. María Adriana Marín.

Finalmente, indicó que se configuró el defecto de decisión sin motivación, toda
vez que la decisión judicial era contradictoria porque si bien reconocía que el
INPEC como asegurado tuvo conocimiento cuando le formularon petición
extrajudicial, esto es, el 13 de noviembre de 2012, lo cierto es que, sin explicación
alguna decidió aplicar la prescripción extraordinaria.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«6.1. PRIMERO. Que se AMPAREN los derechos fundamentales a la
IGUALDAD (Art. 13 C.P.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.) y ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.) a favor de mi
representada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

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6.2. SEGUNDO. Que se AMPARE cualquier otro derecho fundamental
constitucional que se estime vulnerado o amenazado de la lectura de los
hechos y las pruebas con base en la facultad oficiosa del juez constitucional
de tutela y el principio iura novit curia.

6.3. TERCERO. Que como consecuencia de la declaración que antecede,
se ORDENE DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 026 del 22 de febrero
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca con
ponencia del Magistrado Víctor Adolfo Hernández Díaz dentro del proceso
de reparación directa adelantado por Marco Tulio Obando Vallejo y Otros en
contra de la Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”
y Otros bajo el radicado No. 76-001-33-33-018-2013-00320-01.

6.4. CUARTO. Que como consecuencia de la declaración que antecede, se
ORDENE al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca PROFERIR UNA
DECISIÓN DE REEMPLAZO de la Sentencia No. 026 del 22 de febrero de
2024 proferida dentro del proceso de reparación directa adelantado por
Marco Tulio Obando Vallejo y Otros en contra de la Nación – Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC” y Otros bajo el radicado No. 76-
001-33-33-018- 2013-00320-01; y, en su lugar, se tenga en cuenta los
términos de prescripción bienal». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 6 de mayo de 2024, a través
del cual ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como
accionado y a la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC,
Hospital Universitario del Valle Evaristo García, a la Fiduprevisora – Patrimonio
Autónomo de Remanentes Caprecom Liquidado, Allianz Seguros S.A., Mapfre
Seguros Generales de Colombia S.A, Axa Colpatria Seguros S.A. y QBE Seguros
S.A como terceros con interés en el resultado del proceso.

2.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, manifestó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados porque la decisión objeto de
cuestionamiento fue proferida con apego al ordenamiento jurídico y al precedente
jurisprudencial.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el término de prescripción extraordinaria se
contabilizó desde el 13 de noviembre de 2012, con la solicitud de conciliación
extrajudicial pero también es cierto que el plazo iniciado corresponde a los 5
años.

2.4.2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC solicitó se
rechace por improcedente la acción de tutela, dado que no cumple con el
requisito de subsidiariedad porque la accionante tiene a su disposición otros
mecanismos de los cuales aún no ha hecho uso.

Por otro lado, sostuvo que lo que pretende la parte actora con la interposición de
la acción de tutela es una tercera instancia para revivir una discusión que ya fue
zanjada por su juez natural.

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Acción de Tutela
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Accionante: La Previsora S.A.

2.4.3. la Fiduprevisora – Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom
Liquidado requirió se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.4. La aseguradora Allianz Seguros S.A. presentó coadyuvancia a los
argumentos presentados por la entidad accionante, con la aclaración que tal
posición se adopta única y exclusivamente para que se resuelva conforme a
derecho la eventual configuración de prescripción del contrato de seguro
propuesta por la accionante, sin que se modifique ningún otro aspecto de la
sentencia objeto de cuestionamiento en sede de tutela.

2.4.5. Los señores Marco Tulio Obando Vallejo, Yeison Mauricio Obando
Sánchez, Dione Sánchez Montenegro y Anyi Natalia Obando Sánchez
solicitaron se rechace por improcedente la acción de tutela, toda vez que es un
mecanismo residual y no una instancia adicional.

Por otra parte, manifestaron que independiente de que el término de prescripción
extintivo fuera de 2 años o de 5 años, dicho interregno se interrumpió con la
presentación de la demanda. En ese sentido no operó el fenómeno prescriptivo
así se diera aplicación de la prescripción ordinaria de 2 años.

2.4.6. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa.

3.2.1. De la solicitud de coadyuvancia

Por conducto de apoderado judicial, la aseguradora Allianz Seguros S.A. solicitó
ser vinculada al proceso como coadyuvante del accionante dentro de la demanda
de tutela, figura respecto de la cual el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991,
dispone:

«ARTICULO 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes.
La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

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Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la Sala).

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la coadyuvancia surge
en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda
realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante (…)»1.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala tendrá como coadyuvante a la
aseguradora Allianz Seguros S.A. en los términos señalados en precedencia, sin
que ello implique la posibilidad de realizar planteamientos o reclamaciones
distintas a las formuladas en la demanda de tutela, toda vez que una vez revisado
el material probatorio allegado al proceso se observa que hizo parte en el proceso
ordinario en cuestión.

3.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia del 22 de
febrero de 2024 incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento de
precedente y decisión sin motivación.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

1 Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2010.

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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la providencia del 22 de febrero de 2024.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración ius fundamental
como consecuencia del defecto sustantivo en que presuntamente incurrió la
autoridad judicial demandada.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

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3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición2, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical3, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior4.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el

2 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
3 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
4Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
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asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso5. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación6.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente7.

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen

5 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
6 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente
importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de
extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
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manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.

3.5.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto

La parte accionante, manifiesta que la autoridad judicial accionada incurrió en un
desconocimiento del precedente proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil del 25 de mayo de 2011, con radicado 5001-31-03-003-2004-
00142-01 M.P. Pedro Octavio Munar Cadena y del Consejo de Estado, Sección
Tercera en sus sentencias del 29 de marzo de 2022, con radicado 25000-23-36-
000-2016-02235-01 (67159). M.P. Guillermo Sánchez Luque; 1º de marzo de
2023, con radicado 41001-23-31-000-2011-00338-01 (67240). M.P. Martín
Bermúdez Muñoz; así como también en la sentencia de tutela proferida el 20 de
junio de 2023, con radicado 11001-03-15-000-2023-01194-00. M.P. María
Adriana.

Respecto de la configuración del fenómeno de la prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro en la providencia objeto de la acción de tutela se
señaló lo siguiente:

«Para resolver el motivo de inconformidad, es necesario precisar que, de
acuerdo a lo consagrado por el artículo 1081 del Código de Comercio, las
acciones derivadas del contrato de seguro tienen un término de prescripción
ordinaria u extraordinaria, según corresponda.

Adicionalmente, el artículo 1311 ibidem determina que la contabilización del
término de prescripción establecido para la acción derivada del contrato de
seguro de responsabilidad civil, para el caso de las aseguradoras, se contará
desde el momento en que la víctima efectúe la reclamación judicial o
extrajudicial.

Ahora bien, conforme a la interpretación efectuada a dicho precepto por
parte de la Corte Suprema de Justicia, la prescripción aplicable a la acción
derivada del contrato de seguro de responsabilidad corresponde a la de
clase extraordinaria.

“(…) En realidad, el legislador nacional, al sujetar la prescripción de la acción
de la víctima contra el asegurador a la ocurrencia del hecho provocante del
daño irrogado, y no al enteramiento por parte de aquella del acaecimiento
del mismo, previó que el fenecimiento de dicha acción sólo podía producirse
por aplicación de la mencionada prescripción extraordinaria, contemplada
en el artículo 1081 del Código de Comercio. La elocuencia del artículo 1131
no deja espacio para la duda o hesitación, tanto que, expressis verbis, aludió
a la expresión “…fecha a partir”, lo que denota un comienzo, o sea el inicio
del decurso prescriptivo, para nada ligado a consideraciones subjetivas, el
cual es exclusivo para gobernar la prescripción de las acciones de la víctima,
queriendo significar con ello que no es conducente adicionarle otro, esto es
el asignado para el régimen ordinario (art. 1081 del C. de Co.), también en
forma privativa, en la medida en que ello sería tanto como mezclar
componentes antinómicos. O se tiene en cuenta el conocimiento, o no se

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tiene, desde luego con arreglo a criterios y a una hermenéutica fiable y,
sobre todo, respetuosa del espíritu de la normatividad y no sólo de su letra,
así ella sea diciente. De ahí que entre los criterios ‘conocimiento’ (art. 1081,
segundo inciso, ib.) y ‘acaecimiento’ (art. 1131 ib.), media una profunda
diferencia…. En apretada síntesis de lo dicho, conocer es entonces un plus,
una exigencia adicional, un agregado ex lege que el ordenamiento comercial
no efectuó, en razón de que le otorgó efectos prescriptivos al acaecimiento
o materialización del “…hecho externo imputable al asegurado (…).”

En este escenario, aunque la llamada en garantía, el término de prescripción
de la acción se empezó a contabilizar el 13 de noviembre de 2012, con la
solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la parte actora; es cierto
que el plazo iniciado corresponde a los 5 años establecidos para la
prescripción extraordinaria, por lo que, la notificación de la acción del 12 de
noviembre de 2015 se hizo oportunamente».

Sobre el particular, la Subsección no encuentra configurado el desconocimiento
de precedente judicial, puesto que si bien las providencias presuntamente
desconocidas por la autoridad judicial accionada están relacionadas con la
aplicación de la prescripción ordinaria en materia de responsabilidad civil
derivada de un contrato de seguros, no se advierte que se trate de providencias
de unificación o que ameriten una única interpretación del fenómeno de la
prescripción.

Por otra parte, se advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
sustentó de manera suficiente la providencia que hoy se cuestiona en las pautas
jurisprudenciales señaladas por la Corte Suprema de Justicia, aplicable al caso
concreto, por lo que no es dable entender que incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa.

En ese sentido, pese a existir similitud fáctica, estima la Sala que ello no es
suficiente para que en ambos se oriente, de manera análoga, por cuanto existen
elementos de análisis que habilitan al juez administrativo para abordar una
lectura diferente a la controversia.

En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida

10
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por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»8.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la

8Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»9.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presenta un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoce las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoce la
normativa aplicable o porque se omite tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el
caso concreto

En el presente asunto la parte accionante alega que la providencia del 22 de
febrero de 2024 adolece de un defecto sustantivo por indebida interpretación de
los artículos 1072, 1081 y 1131 del Código de Comercio porque debió aplicar la
prescripción ordinaria de 2 años y no la extraordinaria de 5 años.

En relación con los argumentos presentados por la parte accionante para señalar
que se incurrió en un defecto sustantivo, esta sala considera que no tienen
asidero, pues la conclusión a la que llegó el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca para modificar el numeral 5.° de la sentencia objeto de cuestionamiento y,
en consecuencia determinar que no acaeció el fenómeno de prescripción
extintiva, no obedeció a un capricho o arbitrariedad, ni se fundamentaron en su
simple voluntad, sino que, por el contrario, se basaron en aplicación de la
prescripción extraordinaria de la acción derivada del contrato de seguro de
responsabilidad civil contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio,
razonamiento que fundamentó, a su vez, a partir de precedente jurisprudencial
de la Corte Suprema de Justicia, el cual se reitera que no se considera caprichoso
o arbitrario.

En ese sentido, para el Tribunal no operó la prescripción extraordinaria, toda vez
que el término se empezó a contabilizar el 13 de noviembre de 2012, con la
solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la parte actora y la
notificación de la acción se dio el 12 de noviembre de 2015, es decir, en la
oportunidad prevista para el efecto.

Así las cosas, para la Sala el Tribunal Administrativo del Valle Cauca, no incurrió
en una interpretación irracional de lo preceptuado en el artículo 1081 del Código
de Comercio porque lo que se evidencia en el asunto bajo examen es un estudio
lógico y plausible, de conformidad a las normas vigentes aplicables al asunto, por
lo que la divergencia de criterios en cuanto a la aplicación e interpretación de la
ley no puede considerarse per se, como violatoria de derechos fundamentales,
pues dicha manifestación corresponde únicamente al ejercicio de la función

9 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
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prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del contenido normativo de
los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.

En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales. Por lo tanto, al no hallarse estructurado
el defecto invocado, se negarán las pretensiones formuladas.

3.7. Decisión sin motivación como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional10 ha señalado que el defecto conocido como
«decisión sin motivación» se configura cuando la providencia atacada carece de
fundamentos fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una decisión
arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional11 ha establecido los criterios
que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por falta de
motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier
descuerdo que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y
con el fin de respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su
configuración procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o
inexistente y “se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir en una arbitrariedad12”.

Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional13 que cuando se señale que una
providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido el juez constitucional debe salvaguardar
el derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que además les
permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que
no sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial
que ostentan los administradores de justicia, situación que además conllevaría a
una flagrante violación del derecho al debido proceso.

3.7.1. Análisis de la presunta decisión sin motivación en el caso concreto

La Sala considera que en el presente asunto no se configura una decisión sin
motivación, toda vez que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confrontó
los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la hoy
accionante relacionados con la aplicación de la prescripción ordinaria de la acción
derivada del contrato de seguro y concluyó que en el caso concreto se debía
aplicar de la prescripción extraordinaria y no lo ordinaria como lo pretendía La
Previsora.

10 Sentencia C-590 de 2005.
11 Sentencia T-233 de 2007.
12 Sentencia T-709 de 2010.
13 Sentencia T-041 de 2018.

13
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Accionante: La Previsora S.A.

Ahora bien, es necesario señalar que el mismo reproche se reproduce en esta
sede constitucional, en la medida que pretende que se dé aplicación de la
prescripción ordinaria de 2 años.

Por lo anterior, la Sala negará el amparo constitucional reclamado por La
Previsora, toda vez que este pretende ejercer la acción de tutela como un medio
alternativo de protección ius fundamental que, lejos de proteger un derecho
vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones que fueron encomendadas a los jueces constitucionales por mandato
de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Aceptar a la Aseguradora Allianz Seguros S.A. como coadyuvante de
la parte accionante, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no se impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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