Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01194-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01194-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01194-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01194-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
20 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de
fondo porque se acreditó cumplimiento de requisitos generales; además, se identificaron y
sustentaron las causales específicas alegadas / DEFECTO SUSTANTIVO – Se configura
en este caso, por aplicación indebida de las reglas de prescripción del contrato de seguro.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por Seguros del Estado S.A. contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 7 de marzo de 20231, Seguros del Estado S.A. interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 17 de
noviembre de 2022, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-
36-034-2015-00664-01. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben
textualmente):
1Se advierte que, el 3 de mayo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
PRIMERA. De manera respetuosa solicito al Honorable Consejo de Estado, que
sean tutelados los derechos fundamentales de mi mandante al debido proceso, a
la tutela judicial efectiva y a la recta administración de justicia, así como los
demás que directa o indirectamente encuentre vulnerados con ocasión del
examen que realice, como consecuencia de la vía de hecho que frente a Seguros
del Estado S.A. se configuró con la expedición de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección “A” del
17 de noviembre de 2022 19 , en Sala integrada por los Magistrados Alfonso
Sarmiento Castro, Juan Carlos Garzón Martínez y Bertha Lucy Ceballos Posada,
al condenarse a la aludida aseguradora con fundamento en el contrato de seguro
contenido en la póliza de responsabilidad civil profesional 33-03-101013728,
Cuando había prescrito la acción derivada del contrato de seguro y había
operado la exclusión por estar demostrado el contagio del paciente con bacteria
hospitalaria en las instalaciones del asegurado.
SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior, solicito DEJAR SIN
EFECTOS frente a Seguros del Estado S.A., la sentencia de segunda instancia
de fecha 17 de noviembre de 2022 y la aclaración de la misma de fecha 9 de
febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera, Subsección “A” dentro del proceso número
11001333603420150066400, adelantado por María Inés Rodríguez y otros contra
el Hospital Santa Clara ESE (hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente ESE) y otros, por considerarse una decisión ilegítima que desconoce los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la recta
administración de justicia, por incurrir en una vía de hecho por defectos tanto de
orden sustantivo como fáctico.
TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera, Subsección “A” , proferir una nueva sentencia de segunda instancia
dentro del proceso con radicado 11001333603420150066400, en la que se
estudie de fondo y razonadamente las pruebas aportadas al proceso, en especial
el contenido en la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional bajo
número 33-03-101013728 y así poder determinar de manera acertada su alcance
conforme las exclusiones pactadas en el contrato de seguro y a los términos de
prescripción ordinaria.
1.2 Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
Tras haber sufrido una caída en su residencia, el 27 de febrero de 2012, el señor
Misael Duarte Romero fue trasladado por sus familiares a la ESE Hospital Santa
Clara de Bogotá, en donde se le diagnosticó inicialmente un «cuadro crónico
progresivo de compromiso de funciones mentales superiores hasta afasia
ideomotora y sensitiva asociado compromiso motor y sensitivo focal». El 22 del
mismo mes y año, el paciente fue aislado y empezó a recibir tratamiento con
antibiótico, debido a que contrajo el virus hospitalario klebsiella pneumoniae. Al día
siguiente broncoaspiró y sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo cual agravó su
condición médica y provocó su paso a la unidad de cuidados intensivos de dicho
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
hospital. Debido al deterioro de su estado de salud, el 20 de noviembre de 2012,
falleció.
En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora María Inés
Rodríguez Ortega y otros familiares 2 presentaron demanda contra la Nación –
Ministerio de Salud y de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de
Salud, el Distrito Capital de Bogotá y el Hospital Santa Clara ESE (hoy Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE), para que se declarara la
responsabilidad patrimonial por los daños atribuidos a la falla en la prestación del
servicio médico que desembocó en el fallecimiento del señor Misael Duarte
Romero.
En dicho proceso se llamó en garantía a Seguros del Estado S.A. Al contestar el
llamamiento, la aseguradora propuso las excepciones de prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro y de exclusión por infección hospitalaria.
El Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 31 de enero de
2020, (i) declaró administrativamente responsable al Hospital Santa Clara y lo
condenó a indemnizar a los demandantes por los perjuicios causados; (ii)
estableció que «[l]a llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A. deberá
responder hasta por el monto de la póliza N°33-03-101013728 de responsabilidad civil
profesional», pues la reclamación por el paro cardiorrespiratorio estaba cubierta por
el seguro; (iii) exoneró de responsabilidad a la Superintendencia Nacional de Salud
y al Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Salud y (iv) negó las demás
pretensiones de la demanda.
La decisión fue apelada por los entonces demandantes, quienes pidieron que
también se declarara responsables a la Superintendencia Nacional de Salud y a la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, y que se reconsiderara la indemnización
concedida en primera instancia; por la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente ESE, que se centró en la ausencia de responsabilidad del entonces
Hospital Santa Clara, y por Seguros del Estado S.A., que alegó (i) que no se
reunían los requisitos para afectar la póliza; (ii) que la acción de derivada del
contrato de seguro prescribió y (iii) que la póliza contiene una exclusión por
infección hospitalaria.
2Luz Dary Duarte Rodríguez, Daney Duarte Rodríguez, Yency Enith Duarte Rodríguez, Juan
Carlos Duarte Rodríguez, María Lizeth Duarte Rodríguez y Javier Antonio Duarte Rodríguez.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en
sentencia del 17 de noviembre de 2022, modificó el fallo apelado para duplicar el
monto de la indemnización que la «Subred Integrada de Servicios de Salud» debía
pagarles a los demandantes por concepto de perjuicios morales 3 , en
consideración a que el daño no devino de la pérdida de oportunidad «de
sobrevivencia», sino del fallecimiento del paciente, derivado de la inadecuada y
defectuosa prestación del servicio médico.
De otra parte, confirmó la decisión del juzgado, en cuanto negó el resarcimiento
del daño a la vida de relación y el lucro cesante. Así mismo, confirmó la decisión
de exonerar de responsabilidad a la Superintendencia Nacional de Salud y a la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, al igual que la condena impuesta a
Seguros del Estado, respecto de la cual consideró que estaba obligada «a dar
cumplimiento al contrato de seguro contenido en la póliza de responsabilidad civil
profesional (…) hasta el límite asegurado por cuenta de la condena impuesta en
esta sentencia».
Previa solicitud de los entonces demandantes, mediante providencia del 9 de
febrero de 2023, el referido Tribunal aclaró y corrigió el fallo del 17 de noviembre
de 2022, a fin de complementar el nombre de la entidad demandada conforme se
destaca: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE; adicionar
el apellido Ortega a la señora María Inés Rodríguez; corregir el nombre de
«Hernesto» por «Hernestor» e incrementar a 100 smmlv la indemnización por
perjuicios morales reconocida a todos los demandantes distintos a la señora
Rodríguez Ortega, por cuanto acreditaron ser hijos —y no «hermanos», como se
había consignado en la sentencia— del señor Misael Duarte Romero.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora considera que la autoridad judicial accionada incurrió en las
siguientes causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales:
1.3.1. Defecto sustantivo, por indebida aplicación de los artículos 1081, 1072 y
1131 del Código de Comercio, lo que llevó al Tribunal a concluir de manera errada
3 Pasó de 50 a 100 smmlv para la cónyuge, María Inés Rodríguez, y de 25 a 50 smmlv para los
«hermanos», con excepción del señor Juan Carlos Duarte Rodríguez, cuya indemnización quedó
igual porque el a quo ya le había reconocido 50 smmlv.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
que en la controversia planteada por la señora María Inés Rodríguez Ortega y
otros debía aplicarse la prescripción extraordinaria en lugar de la prescripción
ordinaria.
Explicó que el artículo 1080 del Código de Comercio consagra dos clases de
prescripción: ordinaria y extraordinaria, las cuales no pueden ser aplicadas «a
gusto del fallador». La ordinaria es por el término de dos años, que se cuenta a
partir del conocimiento que tenga el interesado del hecho base de la acción; y la
extraordinaria de cinco años, para quien no pudo conocer el hecho.
En tal sentido, sostuvo que en el caso que dio lugar a la sentencia objeto de
amparo, el asegurado, Hospital Santa Clara ESE (hoy Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente ESE), quien tenía la posibilidad de ejercer la
acción derivada del contrato de seguro, conoció del hecho base desde el momento
en que fue citado a la conciliación extrajudicial —24 de octubre de 2014—. De ahí
que cuando presentó el llamamiento en garantía —4 de noviembre de 2016—, ya
se había superado el plazo de dos años previsto en el Código de Comercio, para
la configuración de la prescripción ordinaria. Además, Seguros del Estado S.A. no
fue citado a la audiencia de conciliación extrajudicial.
En su lugar, afirmó la parte actora, el Tribunal aplicó inadecuadamente el artículo
1081 del Código de Comercio, pues «resolvió arbitrariamente» aplicar la
prescripción extraordinaria, a pesar de que sus propias consideraciones
apuntaban a lo contrario: aplicar la prescripción ordinaria.
Insistió en que quedó acreditado que la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente ESE conoció del siniestro —la reclamación de la víctima en los
términos del artículo 1131 del Código de Comercio— y, en consecuencia, el
fallador debió aplicar la prescripción ordinaria, ya que la extraordinaria, según lo
señala el Consejo de Estado, en providencia citada en el fallo objeto de tutela, es
aplicable para la propia víctima, quien, en este caso, ni siquiera ejerció la acción
directa.
Alegó que tanto la jurisprudencia como la doctrina especializada han señalado de
manera armónica que la correcta interpretación de los artículos 1081 y 1131 del
Código de Comercio conduce a la conclusión —desconocida por el Tribunal— de
que la prescripción de la acción directa de la víctima es de cinco años e inicia su
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
cómputo desde el momento en que ocurre el hecho externo imputable al
asegurado, mientras que la prescripción respecto del asegurado es la de dos
años, es decir, la ordinaria, e inicia su cómputo desde cuando la víctima le formula
una petición judicial o extrajudicial de reparación.
Dijo que la sentencia enjuiciada aplicó los artículos 1081, 1131 y 1072 del Código
de Comercio de «manera manifiestamente errada», en tanto que «sacó del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable su decisión judicial», por
lo que no se trata de una diferencia interpretativa de las disposiciones, sino de una
decisión carente de fundamento jurídico, que «parece dictada caprichosamente,
con desconocimiento de la ley, y que por tanto compromete el derecho
fundamental al debido proceso a la tutela judicial efectiva y a la recta
administración de justicia de Seguros del Estado S.A.».
Igualmente, acusó al Tribunal de «efectuar una interpretación y aplicación
[ir]razonable de los artículos 1036, 1046, 1047, 1056, 1081 y 1131 del Código de
Comercio y el artículo 1602 del Código Civil», en el sentido de que omitió
pronunciarse respecto del alcance del contrato de seguro en el caso concreto y de
si el asegurador debía asumir las consecuencias económicas de los hechos
reclamados por los demandantes.
Concluyó con que no se examinaron las circunstancias particulares de la póliza,
en especial, la exclusión por las reclamaciones derivadas de organismos
patógenos.
1.3.2 Defecto fáctico, puesto que el Tribunal, al descartar la prescripción ordinaria
y aplicar la extraordinaria, desconoció las siguientes pruebas aportadas al
proceso:
• La conciliación extrajudicial radicada el 24 de octubre de 2014 por los
demandantes en el proceso de reparación directa.
• La presentación del llamamiento en garantía a Seguros del Estado S.A.
efectuado el 4 de noviembre de 2016.
Adujo que el Tribunal, a pesar de contar con los elementos fácticos y probatorios,
resolvió la controversia de forma arbitraria, al punto de que sus propias
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
consideraciones apuntaban a lo contrario: aplicar la prescripción ordinaria en vez
de la extraordinaria, pues estaban acreditados los supuestos de la primera.
De otra parte, señaló que también se configuró un defecto fáctico porque, aun
cuando quedó demostrado que se presentó una infección hospitalaria que afectó
al paciente y de que esta constituía una exclusión pactada en el contrato de
seguro, el Tribunal desconoció ese hecho, afectó la póliza y condenó a la
aseguradora.
Explicó que la carátula y los numerales 23, 24 y 29 de las condiciones generales
de la póliza prevén como eventos exceptuados las «reclamaciones por
organismos patogénicos», y que la misma sentencia reconoció que el paciente
sufrió una infección intrahospitalaria y, sin embargo, no estudió las exclusiones de
la póliza para establecer su aplicación en el caso objeto de examen.
2. Trámite impartido e intervenciones
En auto del 24 de marzo de 2023, previo requerimiento 4 a la accionante, el
despacho sustanciador admitió la demanda y ordenó que aquel se notificara a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, como parte demandada, y a los terceros con interés 5 .
Asimismo, dispuso notificar la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
a través de la magistrada encargada del Despacho ponente, señaló que se remitía
a las consideraciones expuestas en la sentencia reprochada, toda vez que el
ponente de la decisión fungió como magistrado hasta el 22 de noviembre de 2022.
2.2. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá pidió que se declarara
improcedente la tutela, porque no se incurrió en vulneración de los derechos
fundamentales reclamados.
4 Mediante providencia del 13 de marzo de 2023, el Despacho sustanciador requirió al apoderado
judicial de Seguros del Estado S.A. para que aportara los documentos que acreditaran la
representación legal y las facultades conferidas al poderdante. Una vez cumplió con el
requerimiento se admitió la demanda.
5 En consecuencia, se dispuso vincular a quienes fueron parte en el proceso ordinario, esto es, los
señores María Inés Rodríguez Ortega, Luz Dary Rodríguez, Hernestor Daney Duarte Rodríguez,
Yency Enith Duarte Rodríguez, Juan Carlos Duarte Rodríguez, María Lyceth Duarte Rodríguez y
Javier Antonio Duarte Rodríguez, así como a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, la
Superintendencia Nacional de Salud, el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Salud y la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. (antes Hospital Santa Clara E.S.E.).
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Igualmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva con fundamento
en que dicha entidad «no es la competente para resolver la pretensión expuesta
en la presente acción», por no ser el superior de las autoridades judiciales
accionadas.
2.3. El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, dado que dicha entidad no es competente para
resolver la solicitud de la accionante.
2.4. El apoderado de los demandantes en el proceso de reparación directa se
opuso a las pretensiones de la tutela, sin embargo, no aportó el poder especial
que lo habilitara para intervenir en este proceso, razón por la cual la Sala se
abstiene de considerar su intervención.
2.5. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. Solo en caso de que se cumplan,
se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si se configuraron o no los
defectos sustantivo y fáctico atribuidos a la sentencia del 17 de noviembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-034-
2015-00664-01, y si, como consecuencia de ello, se deben conceder el amparo
solicitado por Seguros del Estado S.A.
2. Análisis de la Sala
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia con la que culminó el proceso de reparación directa data del 17
de noviembre de 2022 y fue objeto de aclaración y corrección en providencia del 9
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de febrero de 2023, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 7 marzo
siguiente, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
decisión cuestionada y de su corrección. Este término resulta razonable, sin
necesidad de considerar la fecha de notificación de las providencias.
2.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario y, en todo caso, los hechos que se discuten
por vía de tutela no se ajustan a ninguno de los recursos extraordinarios previstos
en la Ley 1437 de 2011.
2.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.4. De la relevancia constitucional. Previo al estudio del cumplimiento de este
presupuesto en el caso concreto, la Sala estima necesario referirse brevemente al
alcance de la relevancia constitucional.
La jurisprudencia constitucional y el mismo Consejo de Estado han sido enfáticos
en afirmar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota por el hecho de señalar los derechos fundamentales vulnerados y de que se
identifiquen los defectos contra la providencia. No. Se requiere que la solicitud de
amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y coherente y (ii) que no se
utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las
establecidas por el legislador.
Esta premisa se ajusta al precedente6 reiterado de la Corte Constitucional que, de
manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario
para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación
propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es
inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de
corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad, salvo
que la decisión desborde el alcance de los derechos fundamentales de una parte.
6 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
• Análisis de relevancia constitucional en el caso concreto
En lo referente a la prescripción del contrato de seguro, la cuestión que aquí se
discute tiene relevancia constitucional, toda vez que los argumentos de la parte
demandante se dirigen a cuestionar la razonabilidad del examen realizado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en la
providencia del 17 de noviembre de 2022, puesto que se le enrostra la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a
la «recta administración de justicia».
La conclusión de la Sala no se cimienta en el simple hecho de que en la demanda
se enuncia una serie de derechos como conculcados, sino porque la parte actora
cumplió con el requisito de carga argumentativa en la sustentación de los defectos
sustantivo y fáctico atribuidos a la providencia, en clave del debate sobre la
prescripción; además, las razones señaladas dan cuenta de que no se está
utilizando este mecanismo de protección constitucional como una instancia
adicional al proceso ordinario. De un lado, porque en la primera instancia no se
resolvieron los argumentos de la prescripción propuestos en el llamamiento en
garantía; en segundo lugar, si bien el Tribunal se refirió al asunto, en la tutela se
ataca constitucionalmente la juridicidad, interpretación y aplicación que se hizo de
las normas del contrato de seguro, con lo cual, en criterio de la parte actora, se
habría desbordado el margen de la autonomía judicial.
Ciertamente, la solicitud de amparo sostiene que el Tribunal aplicó a su antojo y
con desconocimiento de las pruebas sobre el conocimiento del siniestro, un
término de prescripción que no estaba llamado a gobernar el asunto, toda vez que,
en sentir de la aseguradora, debió aplicar la prescripción ordinaria, pero de
manera incoherente y sin una justificación de respaldo eligió la extraordinaria.
A juicio de la Sala, dichas razones le imprimen al asunto una importancia
iusfundamental propia de la relevancia constitucional, pues supone examinar si la
decisión del Tribunal se ajusta a una correcta interpretación y aplicación de las
disposiciones aplicables al caso, pues de haberse equivocado en la selección de
la prescripción se afectarían los derechos fundamentales invocados como al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
No ocurre lo mismo con el defecto sustantivo, en lo atinente a que la sentencia
omitió pronunciarse sobre el alcance del contrato de seguro a partir de la
aplicación de los artículos 1036, 1046, 1047, 1056, 1081 y 1131 del Código de
Comercio y 1602 del Código Civil, porque en sentir de la demandante no hizo un
examen de la póliza y de la exclusión de las reclamaciones. Tampoco se llega a
esa conclusión del defecto fáctico, en cuanto se afirma que se acreditó una
exclusión de los riesgos contenidos en la póliza —infección hospitalaria—, que fue
reconocida por el Tribunal y, sin embargo, condenó a la aseguradora a asumir el
pago de la obligación.
Esta Subsección encuentra que estos últimos reparos se orientan a reabrir el
debate de instancia para insistir en un aspecto que fue definido razonablemente
por el Tribunal y que se ajusta coherentemente al análisis que se hiciera de la
causa del daño.
La sentencia cuestionada descartó la tesis de la primera instancia de que el daño
causado fuera una pérdida de oportunidad y, en su lugar, consideró que este
correspondía a la muerte del paciente, que se produjo por múltiples causas, entre
ellas la infección hospitalaria. Y aun cuando las enfermedades por agentes
patógenos se encontraban dentro de las exclusiones y condiciones de la póliza, el
Tribunal determinó que aquella no fue la única causa eficiente del daño; de ahí
que no pudiera exonerar de responsabilidad a la asegurada por ese hecho.
Por tanto, carece de veracidad la afirmación de que el Tribunal omitió estudiar los
efectos del contrato de seguro y las exclusiones contenidas en la carátula y en las
condiciones generales de la póliza o de las pruebas de la infección hospitalaria,
como se afirma en la tutela con el único fin de que el juez constitucional vuelva
sobre un aspecto definido y que no corresponde a un juicio arbitrario, irracional o
contraevidente por parte de la autoridad judicial demandada. Al contrario, la
providencia hizo un análisis integral de las pruebas de la causa del daño y del
contrato de seguro para concluir la existencia de una concausa en la muerte y, en
esa lógica, la imposibilidad de considerar la exclusión del amparo aseguraticio. Así
se advierte en la sentencia:
En efecto, la entidad medica no fue diligente ante las enfermedades emergentes
y la atención hospitalaria fue determinante para la causación del daño por el que
se demanda, porque:
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
-. Después del quinto día de hospitalización el paciente fue diagnosticado con
neumonía, la cual fue producto de una bacteria nosocomial: klebsiella
multirresistente. Patología con la que contaba el paciente cuando sufrió el paro
cardiorrespiratorio. Al momento de ser trasladado a la UCI aún contaba con la
patología, pues no había culminado con el tratamiento.
-. A pesar de las indicaciones dadas por el servicio de fonoaudiología de dieta
líquida y acompañamiento para el paciente por el cuadro compatible con
dermatopolimiositis, el hospital no tenía prevista una dieta de este tipo. En
consecuencia, el 23 de marzo de 2012, suministró al paciente alimentos sólidos y
sin el debido acompañamiento.
-. Pese al cuadro compatible de dermatopolimiositis, el diagnóstico de la
enfermedad sólo se registró un mes después – 16 de abril de 2012- de haberse
practicado la biopsia muscular ordenada el 6 de marzo de 2012, en abierto
desconocimiento del parámetro de continuidad de la historia clínica7. Situación
que impidió el conocimiento de la patología del paciente por el grupo medico
asistencial para que pudiera tomar las medidas pertinentes en pro de sus
adecuadas condiciones de salud.
Con todo esto, la Sala encuentra que, si bien la muerte del señor Misael Duarte
Romero no fue inmediata al paro cardiorrespiratorio sufrido el 23 de marzo de
2012, lo cierto es que esta se produjo por el deterioro de salud del paciente a
partir de este momento, fecha en la cual reflejaba el siguiente cuadro médico: i)
falla ventilatoria hipoxemica, ii) broncoaspiración, iii) dermatomiositis, iv)
neumonía nosocomial por Klebsiella multirresistente en tratamiento, v) dermatitis
por contacto e vi) hiperplasia prostática benigna. Por lo anterior, es claro que la
actuación del cuerpo médico durante la permanencia del paciente en el centro
asistencial demandado excluye la diligencia y cuidado con que debió actuar,
pues en lugar de velar por asegurarle un mejor estado de salud, la deficiente
atención médica se convirtió en causa eficiente de su muerte. Es de recordar que
el diagnóstico inicial -hematoma subdural izquierdo- era compatible con la vida y
no representaba mayor peligro para su integridad.
Por consiguiente, se procederá a modificar la decisión de primera instancia, dado
que, en criterio de esta subsección, la muerte del señor Misael Duarte Romero
devino de la inadecuada y defectuosa prestación del servicio médico del Hospital
Santa Clara E.S.E.
No hay duda entonces de que el daño fue atribuido a la negligencia médica
aunada a las condiciones de salud del paciente, y no simplemente a la infección
intrahospitalaria. De ahí que no puede afirmarse que la sentencia es irracional o
que desconoce los elementos expuestos por la sociedad demandante.
Además, al resolver el llamamiento en garantía, el Tribunal analizó e hizo énfasis
en que la exclusión no era aplicable en el caso concreto por las mismas razones
vertidas sobre el daño y la imputación, es decir, porque no fue la única causa que
llevó al fallecimiento del paciente:
7 Conclusión del dictamen pericial rendido por el médico cirujano Enrique Ayala Pérez y el
concepto Técnico Científico rendido por la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la
Secretaría de Salud de Bogotá. (Cita original del Tribunal).
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Frente a la postura de la asegurada para revocar su condena como llamado en
garantía por la exclusión por una infección hospitalaria, la Sala considera que no
le asiste razón porque a pesar de que el paciente se contagió al interior de la
institución hospitalaria con la Klebsiella multirresistente, la causa eficiente de la
muerte fue el conjunto de acciones y omisiones en que incurrió el personal
médico del Hospital Santa Clara E.S.E., como se explicó anteriormente en líneas
precedentes.
De manera que el Tribunal no echó de menos, ni hizo un análisis carente de
sentido, como lo afirma la asegurada. Lo que se presenta es una inconformidad
con la decisión, discusión para la cual la tutela deviene improcedente.
Por consiguiente, se reitera que el debate sobre la causa de la muerte y la
exclusión de los daños producidos por las infecciones intrahospitalarias como
riesgo asegurable del contrato de seguro, no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
2.2. Del defecto sustantivo
El defecto sustantivo es una forma auténtica de violación directa de la ley (norma),
que, a su vez, ocurre por falta de aplicación, por indebida aplicación o por
interpretación errónea.
Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juzgador
ignora su existencia o porque, a pesar de que la conoce, no la aplica a la solución
del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta la
existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el
tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador examina la
norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que
resuelve. Ese es un evento típico de violación por falta de aplicación, no de
interpretación errónea, debido a que la norma por no haber sido aplicada no
trascendió al caso y no se hizo valer en la parte resolutiva de la sentencia.
La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto jurídico que se
hace valer se aplica, a pesar de no ser pertinente para resolver el asunto que es
objeto de decisión. Por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso,
no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada
inconstitucional.
Y, finalmente, la interpretación errónea sucede cuando la norma que se aplica es
la que regula el asunto por resolver, pero el juzgador le da un alcance errado y,
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
aun así, la aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un
sentido que no le corresponde.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional considera que el defecto sustantivo
se presenta cuando8: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable
al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
y la ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que
se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma
se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son
necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al
caso concreto es desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación
fáctica a la que se aplicó.
• Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto
En efecto, le asiste razón a la parte actora al reprochar la sentencia del Tribunal
por aplicar de manera contraevidente las reglas que rigen la prescripción de las
acciones derivadas del contrato de seguros. Aun cuando hizo una adecuada
selección e interpretación sistemática de las normas, en cuanto explicó
correctamente sus diferencias y su aplicación en general, se equivocó en su
aplicación en el caso concreto, toda vez que en forma injustificada e inconexa con
la motivación, luego de referirse a los eventos en que operan la prescripción
ordinaria y la extraordinaria, decidió aplicar la segunda, a pesar de que sus
argumentos estaban dirigidos a respaldar la primera.
A ello se suma que el Tribunal no explicó ni justificó de ninguna manera por qué
en ese caso debía definirse el asunto por la senda de la prescripción
extraordinaria y no la ordinaria, valga insistir, aun cuando hizo una adecuada
explicación de las figuras y que, como se alega en la demanda de tutela, el
examen parecía dirigido a concluir que se trataba de un evento de prescripción
ordinaria.
Nótese que Seguros del Estado S.A., en calidad de llamada en garantía por el
entonces Hospital Santa Clara E.S.E., propuso la excepción de prescripción con
8 Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
fundamento en que entre el momento en que el Hospital tuvo conocimiento del
hecho base de la acción, lo cual ocurrió con la reclamación que hicieron las
víctimas por la convocatoria a la audiencia de conciliación el 24 de octubre de
2014, y la fecha en que se radicó el llamamiento en garantía —4 de noviembre de
2016—, transcurrieron más de los dos años previstos para el ejercicio de la
acción.
En la sentencia de primera instancia, el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá se
refirió al llamamiento en garantía, pero guardó absoluto silencio sobre la excepción
de prescripción, y se limitó a estudiar la cobertura de la póliza para concluir que se
cubrían hechos anteriores que hubieran sido reclamados durante la vigencia de la
póliza.
Entre otras razones, Seguros del Estado S.A. protestó contra la sentencia de
primer grado, porque no estudió la excepción de prescripción, la que, en su sentir,
se encontraba acreditada. Por esa misma razón, insistió en los argumentos para
que se declarara configurada.
El Tribunal se ocupó de ese aspecto en los siguientes términos:
Ahora, para establecer si en este caso se presentó la prescripción de la acción
derivada del contrato del seguro en los términos del artículo 1081 del Código de
Comercio, deberá entenderse como primera medida la distinción entre la
prescripción ordinaria y extraordinaria. Entonces, mientras en la primera se
atiende a un criterio subjetivo, esto es, la calidad de la persona contra quien corre
el término (denominado el interesado); en la segunda se atiende a un criterio
objetivo, toda vez que opera contra toda clase de personas, independientemente
de que conociera o no el momento de la ocurrencia del siniestro. En ese orden, la
prescripción extraordinaria será de cinco años contados desde el momento en
que ocurrió el siniestro, término que correrá contra toda clase de personas;
mientras que la prescripción ordinaria será de dos años contados desde que el
interesado tuvo conocimiento del hecho que da lugar a la acción.
La lectura del artículo 1081 de la ley mercantil, debe ser compaginada con las
disposiciones del artículo 1072 y 1131 del Código de Comercio, los que
disponen:
Artículo 1.072.- Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado
Artículo 1.131. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro
en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a
partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al
asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición
judicial o extrajudicial.
El artículo 1131 ibídem precisa que, en el seguro de responsabilidad, la
prescripción correrá respecto de la víctima a partir del momento en que acaezca
15
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
el hecho externo imputable al asegurado, es decir, desde el momento en que
nace el respectivo derecho, ante lo cual operará la prescripción extraordinaria.
Seguidamente, establece que frente al asegurado los términos de
prescripción le comenzarán a correr cuando la víctima, esto es, la persona
que sufrió el siniestro, le formula petición judicial o extrajudicial, es decir,
cuando haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la
acción, por lo que la prescripción ordinaria será de dos años para el
interesado. (Resaltado de esta Subsección) En estos términos también se
pronunció el Consejo de Estado, así:
“Una misma persona puede ser tomador, asegurado y beneficiario del
contrato de seguro si en ella se dan todas las características propias de
dichas calidades19 y, la prescripción, variará en cada una de ellas de
acuerdo al momento en que tuvieron conocimiento del hecho que da lugar
a la acción, que en el caso del asegurado, se reitera, dichos términos
comenzarán a correr cuando la víctima le formula la petición judicial o
extrajudicial, y por otra parte, como ocurre en el sub examine, frente a
la víctima -Ecopetrol S.A.- cuando acaezca el
hecho externo imputable al asegurado -ALG Ingenieros Ltda. En este
último evento se deberá dar aplicación de la prescripción
extraordinaria.”
Con base en lo anterior, la Sala considera que en el asunto bajo estudio debe
atenderse la prescripción extraordinaria, la cual es de cinco años y comienza a
correr cuando la víctima, esto es, la persona que sufrió el siniestro, formula
petición judicial o extrajudicial de indemnización por la situación o circunstancia
lesiva al tercero.
Como en el presente asunto la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó
ante la Procuraduría General de la Nación el 24 de octubre de 2014, la Sala
advierte que los 5 años de la prescripción extraordinaria finiquitarían en octubre
de 2019. Sin embargo, a 19 de febrero de 2018, la compañía aseguradora ya
había sido vinculada al proceso por la admisión del llamamiento en garantía, no
hay lugar a declarar probada la prescripción del contrato de seguro.
Como puede verse, el juez de segundo grado consideró todas las normas
relacionadas con la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros
e, incluso, el entendimiento que de dicha figura ha hecho la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Ese análisis del Tribunal, la Sala extrae las siguientes
conclusiones:
• Para las acciones derivadas de los contratos de seguros, existen dos tipos
de prescripción: ordinaria y extraordinaria.
• La prescripción ordinaria es de dos años y parte de un criterio subjetivo
referido a la calidad de la persona contra quien corre —el interesado—.
• La extraordinaria es de naturaleza objetiva y tiene un término de cinco años.
Corre contra toda clase de personas.
• Para la víctima aplica la prescripción extraordinaria desde el momento en
que ocurre el hecho imputable al asegurado.
16
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
• Para el asegurado la prescripción es ordinaria y se cuenta desde que la
persona que sufrió el siniestro le formula una petición judicial o
extrajudicial.
• En otras palabras, para el asegurado la prescripción es de dos años y se
cuenta desde que haya conocido o debido conocer el hecho base de la
acción.
• Esa tesis fue respalda con un pronunciamiento del Consejo de Estado.
Pese a haber arribado a las conclusiones señaladas, al momento de aplicar la
prescripción en el caso concreto el tribunal, inesperadamente determinó que el
estudio debía hacerse conforme a la prescripción extraordinaria y así hizo el
cómputo del término para descartar su existencia.
Evidentemente, en el juicio del Tribunal existe una contradicción y un problema de
justificación interna, pues las premisas de la argumentación son contrarias a la
lógica aplicada, en la medida en que luego de afirmar que al asegurado se le
cuenta la prescripción desde que conoció el hecho o debió conocerlo, supuesto
que encaja en la prescripción ordinaria, en la definición del caso hizo uso de la
prescripción extraordinaria —aun cuando había aseverado que esta era aplicable
a las víctimas y no al asegurado—, sin ofrecer razones que justificaran ese
disenso.
Con otras palabras, la sentencia contiene una adecuada justificación externa,
puesto que seleccionó adecuadamente las disposiciones que regían la discusión y
explicó de manera razonable y sistemática las normas jurídicas del caso; sin
embargo, la adecuación de tales premisas al caso concreto desbordó la
razonabilidad y el margen de autonomía judicial, dado que, a pesar de enfocarse
en la prescripción ordinaria para el asegurado, estudió y decidió la excepción
propuesta sobre la base de la prescripción extraordinaria, se insiste, sin justificar
esa disociación.
Nótese que el artículo 1131 del Código de Comercio —que alude a la forma en
que se computa la prescripción para las partes del seguro de responsabilidad civil
extracontractual—, citado y considerado por el propio Tribunal demandado, señala
que el siniestro frente al asegurado se entiende ocurrido «desde cuando la víctima
17
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
le formula la petición judicial o extrajudicial». Y si el artículo 10819 del Código de
Comercio contiene dos prescripciones que se aplican (i) a partir del conocimiento
que se tuvo o debió tener del hecho base de la acción o (ii) para todas las
personas desde que nace el derecho por la eventual imposibilidad de haber
conocido el hecho, según se infiera del análisis que hizo la sentencia del ad quem,
no parece razonable ni coherente que frente a quien se afirmó que tuvo
conocimiento del hecho y no es la víctima directa, se desconozca la premisa
normativa referente a la prescripción ordinaria.
Por tanto, si el interesado, es decir, el asegurado, tuvo conocimiento del hecho
desde que le fue formulada la petición extrajudicial —citación a la conciliación
como requisito de procedibilidad—, es razonable que el Tribunal asociara ese
evento con la prescripción ordinaria de dos años, por lo que no tiene sentido que
hubiera aplicado la extraordinaria, como si la aseguradora fuera la víctima o se
estuviera ante el ejercicio de la acción directa de esta contra la aseguradora.
La anterior interpretación se aviene a diferentes pronunciamientos del Consejo de
Estado. Veamos.
En sentencia del 21 de noviembre de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, al resolver un recurso de apelación en un proceso de
reparación directa, desestimó los argumentos de la aseguradora de que se había
configurado la prescripción ordinaria, precisamente porque no transcurrió el
término de dos años. Esto dijo la sentencia:
En este caso, el cómputo de la prescripción inició su conteo a partir del 5 de
mayo de 2011, momento en que la IPS tuvo conocimiento de las pretensiones de
los demandantes por vía extrajudicial, pues ese día se presentó solicitud de
conciliación extrajudicial y uno de sus requisitos, de conformidad con el artículo 6
del Decreto 1716 de 2009125, era remitir previamente una copia de la petición a
las entidades convocadas. Bajo esa lógica, cuando Liberty Seguros fue llamada
en garantía -enero de 2012-, la acción derivada de la póliza no había
prescrito, pues no había vencido el término de 2 años establecido en el
9 ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se
derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o
extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el
interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y
empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes.
18
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
artículo 1081 del Código de Comercio. Por lo anterior y como no prospera el
único argumento de apelación en torno a este punto, se impone confirmar lo que
decidió el Tribunal Administrativo.10 (Destaca la Sala)
En sentido similar, en providencia del 29 de marzo de 2022, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado afirmó:
De conformidad con el artículo 1081 C.Co la prescripción de las acciones que se
derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser
ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de dos años y
empezará a correr desde el momento en que el interesado, esto es, quien
deriva algún derecho del contrato de seguro, como la aseguradora, el
tomador, el asegurado o el beneficiario del contrato de seguro (numerales 1, 2 y
3 del artículo 1047 C.Co)11, haya tenido o debido tener conocimiento del hecho
que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de cinco años,
correrá contra toda clase de personas - incapaces (artículos 2530.1 y 2541 CC) y
todos aquellos que no hayan tenido o podido tener conocimiento del siniestro12 –y
empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho13.
Aunque refiriéndose a una discusión ocurrida en desarrollo de un contrato de obra,
en sentencia del 1º de marzo de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado explicó lo siguiente sobre la aplicación de la prescripción
ordinaria o extraordinaria en materia de seguros:
9.4.- En desarrollo de esta disposición, y teniendo en cuenta las precisiones
hechas por la jurisprudencia, se debe considerar:
9.4.1.- Que el término de prescripción se contabiliza desde que la administración
tiene conocimiento del hecho o desde el momento en el que razonablemente
debió tenerlo, pues a esto se refiere la norma cuando indica que transcurre
desde cuando el interesado <<haya tenido o debido tener conocimiento del
hecho>: o está probado claramente cuando lo conoció, como ocurre en este
caso, o ese conocimiento puede deducirse de otras circunstancias, como del
examen del plazo dentro del cual debía cumplirse la obligación y la advertencia
del incumplimiento que la entidad debió deducir luego de que el mismo venció.
(…)
9.4.3.- Que el acto administrativo que hace efectiva la garantía contra la
compañía de seguros debe proferirse en el término ordinario de dos años, puesto
que la prescripción se contabiliza desde que la entidad asegurada conoció o
debió tener conocimiento del hecho y esta circunstancia excluye el término de
prescripción extraordinaria de cinco años, el cual se contabiliza a partir de su
ocurrencia, y solo opera cuando se evidencia que la entidad no conoció ni pudo
conocer la circunstancia que le genera el derecho.14
10 Radicado 08001-23-31-003-2011-00949-01 (60840). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
11 Cita original de la providencia: Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia
del 7 de julio de 1977, Gaceta Judicial CLV, n°. 2396 [fundamentos jurídicos 3 y 4].
12 Cita original de la providencia: Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia
del 7 de julio de 1977, Gaceta Judicial CLV, n°. 2396 [fundamento jurídico 4.b].
13 Radicado 25000-23-36-000-2016-02235-01 (67159). M.P. Guillermo Sánchez Luque.
14 Radicado 41001-23-31-000-2011-00338-01 (67240). M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
19
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha
señalado en múltiples ocasiones que la prescripción ordinaria es aplicable por
regla general al asegurado, mientras que a la víctima únicamente se le aplica la
extraordinaria. En otros casos, ha avalado en sede de tutela las mismas
interpretaciones de los jueces ordinarios.
Por ejemplo, al resolver una demanda de casación contra la decisión de un
tribunal que declaró la prescripción ordinaria dentro del llamamiento en garantía
contra la aseguradora que fue convocada por el asegurado y no fue demandada
en ejercicio de la acción directa, la Corte Suprema de Justicia descartó que el juez
de segundo grado hubiera incurrido en violación directa de la ley, por aplicación
indebida de los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio. De hecho, en esa
oportunidad, la Corte sostuvo que la prescripción extraordinaria aplica para la
víctima cuando ejerce la acción directa y, en consecuencia, no casó la sentencia,
porque lo pretendido con el recurso extraordinario era que se aplicara la
prescripción extraordinaria a la aseguradora, en relación con las pretensiones que
adujo el asegurado. Esto dijo la sentencia de casación:
2. El artículo 1081 citado, efectivamente, prevé que la prescripción de las
acciones derivadas del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen
podrá ser ordinaria o extraordinaria; que la primera de ellas será de dos años y
empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido
tener conocimiento del hecho que da base a la acción; mientras que la segunda
será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse
desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Empero, el artículo 1131 idem, concerniente, igualmente, con el instituto de la
prescripción, concretamente, con el seguro de responsabilidad civil, fijó un
referente adicional que, sin duda, incide decididamente en la clase de extinción
del derecho y el destinatario de la misma. A partir de esta concurrencia normativa
fueron naciendo importantes criterios sobre qué clase de prescripción debía
aplicarse a la víctima y desde cuándo contaba el mismo.
En ese contexto, la Corte emprendió el estudio de algunos de los aspectos
referidos y, de manera clara, plasmó su parecer en los siguientes términos: “la
aplicación de una y otra de esas formas de prescripción extintiva depende de la
persona que ejerza la respectiva acción o intente la efectividad de algún derecho
y de la posición que ella tenga en relación, precisamente, con el hecho que
motive la acción o con el derecho que persigue” (sentencia 017 de 19 de febrero
de 2002, Exp. No. 6011).
(…)
De la evocación efectuada surgen prontamente y sin dubitación alguna,
postulados de las siguientes características: i) la prescripción prevista en el
artículo 1131 del C. de Co., en tratándose de un seguro de responsabilidad civil,
cuando la víctima acciona es, sin duda, de cinco años, o sea, la extraordinaria; ii)
que, por lo mismo, la consagración de dicho aspecto temporal deviene,
claramente, demarcada por matices objetivos y no subjetivos; iii) esto último
20
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
significa que el término cuenta a partir del acaecimiento del siniestro o el hecho
imputable al asegurado, independientemente que lo haya conocido o no el
afectado; además, corre frente a toda clase de personas, inclusive los incapaces.
Aflora así mismo y de manera incontestable, que tratamiento normativo de
semejante talante impone la concurrencia de un elemento imprescindible,
definitivo, en verdad, para fijar el sentido de la decisión reclamada, como es que
la víctima haya sido quien acometió la acción judicial en contra de la
aseguradora, o sea, comporte el ejercicio de un accionar directo (artículos 84 y
87 de la Ley 45 de 1990); en otros términos, los efectos favorables que el actor
pretende derivar de la norma invocada podrán producirse siempre y cuando la
litis involucre como demandante al agredido y como demandada a la
aseguradora y, por supuesto, concierna con el seguro de responsabilidad civil.
No aconteciendo así, lisa y llanamente, la disputa devendría gobernada por
disposiciones diferentes, pues es evidente que la que en esos términos prescribe
es la acción directa de la víctima contra la empresa aseguradora. O, para decirlo
más explícitamente, tal hipótesis concurre en la medida en que la reclamación
judicial involucre a la víctima como accionante y, en la parte demandada, a la
sociedad emisora del seguro.
(…)
5. Ahora, precisiones como las referidas en precedencia permiten señalar, en
primer lugar, que si la prescripción a la que apunta el artículo 1131 del Código de
Comercio está prevista con exclusividad para que el asegurador la pueda oponer
a la acción directa que acorde con el artículo 1133 ibídem en su contra llegase a
promover la víctima, de suyo resplandece que, por elemental lógica, la parte
actora debió haber hecho uso de ese puntual y específico recurso judicial, esto
es, haber promovido directamente contra la aseguradora el pertinente reclamo;
empero, contrariamente, en palabras del Tribunal, la accionante emprendió fue
una acción de responsabilidad civil extracontractual contra el causante del
perjuicio o sea, el asegurado, en los términos del artículo 2341 del Código Civil,
más no en contra de la Previsora S. A. Compañía de Seguros; de ahí surge,
claramente, que dicha empresa no fue convocada en calidad de demandada, lo
que, sin mayores disquisiciones puede concluirse que la aseguradora no soportó
reclamo judicial de la víctima.
Y si la empresa de seguros aparece vinculada a esta causa judicial, tuvo lugar
dicha convocatoria a raíz de la citación que en garantía que su propio asegurado
le formuló, hipótesis que comprometía al sentenciador a resolver dos relaciones,
como así lo contempla el artículo 57 del C. de P. C.: la una, surgida del reclamo
extracontractual formulado a la causante del daño (actores-empresa de aviación),
la otra, la asegurada (Tagua) y la aseguradora (la llamada en garantía –Previsora
S.A.-). Por supuesto, el llamamiento que la demandada efectúa a un tercero para
que responda por ella ante una eventual condena, no puede asimilarse o
equipararse a una acción directa de la víctima, muy a pesar de su vinculación al
proceso, pues, itérase, el nexo que determinó su inserción a la litis no provino de
la actora (afectada por el siniestro). Contrariamente, significativas diferencias
entre esas hipótesis ponen de presente que el llamamiento en garantía dista de
establecer una relación equiparable al ejercicio de la acción directa; por ejemplo,
a manera meramente explicativa, la llamada en garantía una vez sea vinculada al
proceso, no goza de traslado de la demanda y sus anexos, situación natural,
pues su vinculación derivó del nexo, legal o contractual, para con el llamante; la
relación subyacente que en este caso vincula a los demandantes con la
demandada es índole extracontractual, mientras que la que liga a la llamada en
garantía con el convocante es estrictamente contractual; el funcionario judicial al
momento de definir la instancia debe resolver el nexo existente entre el llamado y
el llamante, más no entre aquel y el actor. En fin, no existe entre la demandante y
la llamada en garantía una relación procesal de características similares a la
establecida entre aquella y la demandada.
21
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Así, palmario resulta que el ad-quem no pudo haber infringido el primero de los
indicados textos legales, sencillamente porque sin concurrir sus presupuestos
fácticos, concretamente, la acción directa, no tenía por qué hacer actuar la norma
invocada como ratio decidendi, y al no aplicar la disposición referida, menos
podía incurrir en una interpretación errónea de la misma15.
Todo lo razonado permite concluir a la Sala que se configuró el defecto sustantivo
alegado, pues, si bien cada operador judicial cuenta con un margen de
independencia que le permite interpretar con autonomía el ordenamiento jurídico,
en este caso la solución que el Tribunal dio al problema jurídico se apartó
injustificadamente de las disposiciones normativas en que se había apoyado. De
suerte que, incluso, se presentó (i) una falta de motivación porque no se explicó la
razón por la cual ante dos prescripciones eligió una en lugar de otra, sin que ello
pudiera deducirse de su juicio, y (ii) se arribó a una conclusión irrazonable, a partir
de las premisas mismas de la sentencia, de los casos que rigen una y otra forma
de extinción de las acciones del contrato de seguro. Es decir, la forma en que
procedió el Tribunal permite afirmar que hizo una interpretación contraevidente y
manifiestamente errada de la exposición de las normas contenida en la
providencia.
Por todo lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de Seguros del Estado S.A.
Como consecuencia, dejará sin efectos la sentencia proferida el 17 de noviembre
de 2022 —aclarada y corregida en providencia del 9 de febrero de 2023—, con el
fin de que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de
la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que estudie
nuevamente la excepción de prescripción formulada por Seguros del Estado S.A.,
y determine y justifique dentro de su margen de independencia y autonomía
judiciales la prescripción aplicable en el caso concreto.
Consecuente con ello, la Sala se abstendrá de examinar el defecto fáctico
alegado, dado que se fundamenta en el argumento común de la indebida
interpretación, aplicación y valoración del fenómeno de la prescripción del contrato
de seguro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de mayo de 2011, exp.
5001-31-03-003-2004-00142-01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.
22
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01194-00
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por
Seguros del Estado S.A., en lo atinente a los defectos sustantivo y fáctico,
respecto de la imputación del daño y las exclusiones del contrato de seguro, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de Seguros del Estado S.A., por la existencia de un
defecto sustantivo en el estudio de la excepción de prescripción del contrato de
seguro alegada en el llamamiento en garantía y el recurso de apelación
presentados por dicha aseguradora.
TERCERO. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022
—aclarada y corregida en providencia del 9 de febrero de 2023— por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, autoridad
judicial que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de
la presente providencia, deberá proferir una decisión de reemplazo en la que se
tenga en cuenta lo señalado en la parte motiva de este fallo.
CUARTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
QUINTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha del encabezado y
firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e
integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
23
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.