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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-1999-01387-02

Extraña: hecho del tercero y de la víctima como eximentes de responsabilidad. SOLIDARIDAD

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-1999-01387-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia del 13 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así: PRIMERO. Declarar solidariamente responsables a Empresas Municipales de Cali – Emcali EICE ESP y a Energizar Ltda., por los perjuicios morales y materiales causados al señor Jhon Jairo Cardona Gaviria a causa de las lesiones sufridas por electrocución el día 22 de mayo de 1997, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a Empresas Municipales de Cali – Emcali EICE ESP y a Energizar Ltda. al pago de los siguientes valores: Por concepto de perjuicios materiales, la suma de seiscientos setenta y cuatro millones ciento noventa mil quinientos veinte pesos ($674.190.520). 42 Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260) Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali Acción: Reparación directa Por concepto de perjuicios morales, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del fallo. TERCERO. Energizar Ltda., deberá pagar a Empresas Municipales de Cali – Emcali EICE ESP el 100% del valor total de la indemnización que éste último cancele al demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería deberá pagar a Energizar Ltda. el 100% del valor total de la indemnización que éste último cancele al demandante o a Empresas Municipales de Cali – Emcali EICE ESP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. Declarar probada la excepción de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, propuesta por la compañía de seguros Previsora S.A. SEXTO. Sin condena en costas. SÉPTIMO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-1999-01387-02

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

23 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandado: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

DAÑOS CAUSADOS POR CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA-Teoría del riesgo. CAUSA
EXTRAÑA- Hecho del tercero y de la víctima como eximentes de responsabilidad. SOLIDARIDAD
LEGAL ART. 2344 CC-Concausalidad. SOLIDARIDAD LABORAL ART. 34 CST-Responsabilidad
solidaria entre el beneficiario del trabajo o dueño de la obra y el contratista independiente.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por
Energizar Ltda. contra la sentencia del 13 de marzo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la
demanda respecto a la accionada Emcali y declaró solidariamente responsables a
los llamados en garantía Energizar Ltda. y Carlos Humberto Gómez y/o CH
Ingeniería.

SÍNTESIS DEL CASO

Jhon Jairo Cardona Gaviria formuló demanda de reparación directa contra
Empresas Municipales de Cali – Emcali, por responsabilidad sin falta, debido a las
lesiones por él sufridas a causa una descarga eléctrica, cuando estaba ejecutando
labores como trabajador de una obra contratada por la entidad.

ANTECEDENTES

La demanda

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

El 25 de junio de 19991, Jhon Jairo Cardona Gaviria presentó demanda contra
Empresas Municipales de Cali – Emcali, para que se hicieran las siguientes
declaraciones:

PRIMERO. - Que Empresas Municipales de Cali, Emcali E.I.C.E. E.S.P., es
administrativamente responsable sin falta de las lesiones causadas al señor Jhon
Jairo Cardona Gaviria, dentro del marco de las circunstancias de que da cuenta los
hechos de la demanda.

SEGUNDA. - Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a
Empresas Municipales de Cali, Emcali E.I.C.E. E.S.P., a pagar al demandante señor
Jhon Jairo Cardona Gaviria, la suma de quinientos millones de pesos
($500.000.000.), moneda corriente, por concepto de perjuicios materiales, monto
que deberá actualizarse por el período comprendido entre el 22 de Mayo de 1.997 y
el momento en que quede ejecutoriado el fallo.

TERCERA. - Que condene igualmente a Empresas Municipales de Cali, Emcali
E.I.C.E. E.S.P., a pagar al señor Jhon Jairo Cardona Gaviria doce mil gramos oro
(12.000), por concepto de perjuicio morales, los cuales se deberán cubrir con el
precio que este metal tenga en el momento de ejecutoria de la sentencia.

CUARTA. - Que al fallo se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176
y 177 del C.C.A.

Hechos

En sustento de sus pretensiones, la demanda relató los hechos que se compendian
así2:

El demandante afirma que entre Empresas Municipales de Cali – Emcali y la
sociedad Energizar Ltda. se suscribió el contrato de obra n.° CE-075-97, por el cual
se encargaba y se obligaba a la sociedad contratista a realizar el refuerzo de los
circuitos de Colón (3.10.001.0.7) entre otros. Luego de haber adelantado
previamente un comité de programación y la visita técnica en conjunto, el contratista
y la sección de interventoría de Emcali acordaron la necesidad de contratar personal
adicional, dada la magnitud del trabajo a ejecutar. Así, la sociedad Energizar Ltda.
contrató personal del ingeniero Carlos Humberto Gómez (CH Ingeniería).

El 22 de mayo de 1997 se realizaron las labores de ejecución del contrato; siendo
las 8:20 a.m., comenzaron por parte del personal de Emcali las maniobras
necesarias para desenergizar el circuito y a las 8:30 de la mañana el interventor de
Emcali confirmó que la línea ya estaba sin energía, por lo cual autorizaron a los

1 Folio 74, c. 1.
2 Folios 68 a 71, c. 1.

2

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

trabajadores del contratista iniciar labores. Luego de realizar la prueba de ausencia
de tensión por parte del ingeniero Carlos Humberto Gómez, los señores Harold
Gómez y Germán Idárraga, a ambos lados de la línea, comprobaron que esta no
tenía energía en ninguno de sus lados.

El demandante, Jhon Jairo Cardona Gaviria, procedió a iniciar labores por orden del
Ingeniero Carlos Humberto Gómez en los puentes verticales ubicados en la carrera
29A con calle 18 y sin ningún percance, por no haber presencia de energía en la
línea. El señor Jhon Jairo Cardona Gaviria realizó la misma tarea en la carrera 29A
con calle 19 y para retirar el último juego de puentes verticales, retiró sin
inconvenientes el puente del centro, encontrándose la línea desenergizada. No
obstante, cuando procedió a retirar uno de los puentes laterales en el mismo sitio
que estaba maniobrando, fue realimentado el circuito por parte de Emcali,
ocasionando con ello el accidente donde resultó herido.

El demandante alega que el área de trabajo para el día en que ocurrió el accidente
debía quedar sin energía, obligación que recaía en la entidad contratante, Emcali.
Agrega que el interventor de la obra, Carlos Alberto Ramírez Morales, designado
por Emcali, y la misma entidad contratante, desconocieron por negligencia los
puntos fronterizos de los circuitos eléctricos, ocasionando con ello el accidente
donde el señor Jhon Jairo Cardona Gaviria recibió una descarga eléctrica que le
provocó una incapacidad laboral definitiva del 62.30 por ciento.

Contestación de la demanda

La entidad Empresas Municipales de Cali – Emcali contestó la demanda3, se opuso
a las pretensiones y manifestó que esa entidad no tenía relación ni culpa alguna con
los perjuicios causados al señor Jhon Jairo Cardona. Argumentó que el afectado
era empleado de Energizar Ltda. y no de Emcali y, conforme al contrato No. GE-
075-97, la entidad no debe responder por las lesiones que sufrió el señor Cardona,
pues no se comprometió contractualmente a ello sino que, entre lo pactado, fue
Energizar la que se obligó a pagar por su cuenta el valor de las indemnizaciones
que de acuerdo con las leyes debe cumplir.

6 Folios 272 a 3, c. 1.

3

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

Emcali también afirmó que el señor Cardona se encontraba desarrollando
actividades por fuera del sitio acordado por los interventores para realizar trabajos
en ese día, siendo culpa de su empleador la ocurrencia del incidente al no atender
la organización y los procedimientos pactados sobre la ejecución de la obra.
Procedimientos según los cuales el interventor de Emcali Carlos Ramírez –previa
confirmación del grupo de maniobras– iba informando al capataz de Energizar a lo
largo de la zona de trabajo, punto por punto, que ya se podía iniciar labores; pero
este al llegar a la esquina de la carrera 29A con calle 17, se encontró ya con el
accidente del señor Cardona, siendo entonces que la víctima se encontraba
abriendo unos puentes verticales sin el visto bueno del interventor de Emcali.

A su vez, alegó la entidad demandada que era al interventor de Emcali a quien le
correspondía verificar la ausencia de tensión en los puntos de trabajo, por lo que
esta labor fue realizada por cuenta y riesgo del personal de Energizar. Además,
aclaró que en el sitio del accidente no había tensión eléctrica porque las maniobras
que estaba realizando el grupo Emcali implicaban que al término de estas el punto
quedaba energizado, al no formar parte del área de los trabajos contratados con
Energizar. Por último, con su escrito de contestación la accionada formuló
llamamiento en garantía contra la compañía de seguros Previsora S.A.4 y solicitó la
vinculación como litisconsorte de Energizar Ltda.5.

Por su parte la compañía de seguros Previsora S.A., llamada en garantía por
Emcali, contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones de esta, indicando que
no hay ningún nexo causal entre los hechos y perjuicios reclamados en la demanda
con alguna acción u omisión de Emcali. Ejerció entre sus excepciones contra la
demanda la de culpa exclusiva de la víctima, por considerar que fue el demandante
quien de manera culposa generó el hecho cuya responsabilidad pretende endilgar
a la entidad, puesto que ejecutó actividades por fuera de la zona asignada y sin
esperar la autorización que debía dar el interventor del contrato. Igualmente, contra
el llamamiento en garantía propuso como excepciones la ausencia de prueba del
contrato de seguro –porque la entidad pública se limitó a aportar la carátula de la
póliza y las condiciones generales, sin que se pueda conocer la verdadera extensión
y alcance del clausulado del contrato–; la inexistencia de la obligación por falta de

4 Folios 195 a 199, c. 1.
5 Folios 200 a 202, c. 1.
6 Folios 272 a 4, c. 1.

4

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

cobertura contractual –sin embargo, aquí sus argumentos se relacionan con hechos
de otra entidad asegurada, ajena a este proceso– y la prescripción del seguro de
responsabilidad civil extracontractual –tomando en cuenta la fecha en la que la
entidad asegurada tuvo conocimiento del siniestro–.

De igual forma, la empresa Energizar Ltda. contestó la demanda7 como llamado en
garantía8, se opuso a las pretensiones de la demanda y explicó que el punto del
accidente estaba por fuera del área de trabajo acordada en la visita técnica previa
a la ejecución de las obras y, así, tanto el contratista como el subcontratista no
podían iniciar labores sin la orden expresa del interventor de Emcali. Ejerció entre
sus excepciones la de culpa exclusiva de la víctima, argumentando que el punto del
accidente se encontraba por fuera del área asignada, siendo esto de pleno
conocimiento del ingeniero Carlos Humberto Gómez y del personal bajo su
dirección, por lo que el señor Jhon Jairo Cardona había actuado bajo su propia
responsabilidad y riesgo, sin tener en cuenta la orden de iniciación de los trabajos
que debía ser impartida solamente por Carlos Ramírez –interventor de Emcali–,
después de efectuadas todas las maniobras para dejar desenergizadas las redes
correspondientes al área de trabajo.

Energizar Ltda. también contestó a los hechos de la solicitud de intervención
litisconsorcial9 y ejerció entre sus excepciones la no configuración del litisconsorcio
necesario10, diciendo que es su caso se presentaba un litisconsorcio facultativo, en
tanto a Energizar Ltda. le asiste interés en el resultado del proceso, por el accidente
de trabajo del demandante, su comparecencia al mismo no es indispensable para
decidir de fondo la controversia planteada en el caso. Igualmente, se opuso al
llamamiento en garantía “para integrar el litisconsorte necesario”, afirmando la
existencia de una caducidad, porque la sociedad Energizar Ltda. había sido llamada
en garantía después de aproximadamente 8 años de haber sucedido el siniestro.
Por último, formuló llamamiento en garantía contra el ingeniero Carlos Humberto

7 Folios 311 a 327, c. 1.
8 En la sentencia de primera instancia se aclara que: “En relación al llamamiento en garantía que se realizó

frente a ENERGIZAR LTDA, resulta oportuno precisar que si bien EMCALI EICE ESP solicitó hacer comparecer
a la empresa ENERGIZAR LTDA, bajo intervención adhesiva o litisconsorcial o litisconsorcio necesario, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de providencia del 25 de noviembre de 2005 (fl. 257-258),
admitió su vinculación a través de la figura del llamamiento en garantía establecida en el artículo 57 del C.P.C.,
sin que las partes hubiesen recurrido esta decisión” [Fundamento jurídico 1.5.].
9 Folios 325 a 327, c. 1.
10 Folios 322 a 324, c. 1.

5

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

Gómez y/o CH Ingeniería Ltda.11.

Asimismo, la designada curadora ad litem del señor Carlos Humberto Gómez de la
sociedad CH Ingeniería Ltda. –llamado en garantía por Energizar Ltda.– contestó la
demanda12, aclarando la imposibilidad de localización de su defendido a pesar del
registro comercial existente y manifestó frente a los hechos que no hay prueba
alguna de que Carlos Humberto Gómez tuviera relación contractual con Energizar
Ltda. y Emcali E.I.C.E. E.S.P. Por lo cual, expuso que no se oponía a las
pretensiones de la demanda principal, pero sí al llamamiento en garantía y,
consecuentemente, objetaba la posibilidad de que su defendido pague el valor de
los perjuicios materiales y morales a los que pudiere ser condenado Energizar Ltda.

Sentencia de primera instancia

El 13 de marzo de 201913, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda respecto a la accionada
Emcali y declaró solidariamente responsables de los daños sufridos por el
demandante a los llamados en garantía Energizar Ltda. y Carlos Humberto Gómez
y/o CH Ingeniería. Consideró que en el momento que aconteció el accidente el señor
Jhon Jairo Cardona Gaviria se encontraba haciendo labores que solo le
correspondía ejecutar al personal de Emcali –abrir puentes verticales– y además
las estaba realizando en un lugar posterior al límite del área de trabajo, por fuera de
la zona que había sido desenergizada para la ejecución de la obra contratada. En
ese sentido, afirmó que el señor Cardona sufrió un accidente de trabajo cuando
pretendió abrir unos puentes verticales en cumplimiento de una orden impartida por
el señor Harold Gómez Morales, quien dijo ser el jefe de personal del subcontratista
Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería.

De igual manera, señaló que el accionante consideró el actuar de Emcali y su
interventor como negligente y omisivo, pero que la entidad demandada demostró
que sus trabajadores cumplieron a cabalidad las medidas de seguridad que debían
ser adoptadas para garantizar la ejecución de la obra, siguiendo paso a paso las
maniobras que fueron programadas para desenergizar el área de la obra que de

11 Folios 330 a 332.
12 Folios 72 a 74, c. 2.
13 Folios 466 a 479, c. 5.

6

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

acuerdo con el contrato GE-075-97 sería objeto de refuerzo o cambio de calibre. Y
concluyó que en este caso se configuró el eximente de responsabilidad denominado
hecho de un tercero, diciendo que la causa del accidente no fue la realimentación
del circuito donde maniobraba el señor Jhon Jairo Cardona Gaviria, ni el
desconocimiento de los puentes fronterizos, sino el hecho de que la empresa
subcontratista CH Ingeniería, representada legalmente por Carlos Humberto
Gómez, le ordenó realizar labores que le correspondía ejecutar única y
exclusivamente al personal de Emcali –intervenir puentes verticales– por fuera del
área de trabajo, es decir, en una zona que no estaría desenergizada.

De esta manera el fallador indicó que en el presente caso no se encontraba
demostrada una responsabilidad de Emcali desde el punto de vista del régimen
subjetivo de la falla del servicio, ni tampoco una responsabilidad bajo el título de
imputación de riesgo excepcional, porque el hecho del tercero rompe el nexo causal
con la entidad pública. Así pues, decidió denegar las pretensiones respecto de
Empresas Municipales de Cali – Emcali y declaró solidariamente responsables por
las lesiones que sufrió Jhon Jairo Cardona Gaviria a Carlos Humberto Gómez y/o
CH Ingeniería y a la sociedad Energizar Ltda.; esto último, por considerar que en
virtud del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, tenía una solidaridad laboral
con el subcontratista, como quiera que la actividad desarrollada por el demandante
al momento del accidente, en principio, debió ser ejecutada por Energizar, acorde
con su actividad económica y lo pactado en el contrato GE-075-97.

Recurso de apelación

La sociedad Energizar Ltda. formuló recurso de apelación 14. Sostuvo que en la
decisión se le condenó solidariamente sin desarrollar ningún análisis frente a la
culpa de la víctima por no realizar las pruebas inherentes a las reglas de prevención,
e ignorando que la entidad contratante Emcali tuvo una incidencia determinante, así
como la dirección y control de las maniobras de riesgo que ocasionaron el daño. Por
lo que reclama que dicha entidad estatal no puede ser exonerada de la solidaridad
laboral de que trata el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

Agregó también que el fallo no realizó un análisis del riesgo creado y que Emcali

14 Folios 481 a 487, c. 5.

7

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

tenía el control del elemento de riesgo que generó una lesión, así hubiese sido por
error de ubicación o una imprudencia de la víctima, por negligencia, impericia o
confianza profesional. Finalmente, estimó que no se hizo un análisis de la excepción
basada en la teoría del riesgo excepcional sobre la culpa de la víctima y que
tampoco hubo un estudio de la póliza que Emcali contrató con la compañía de
seguros Previsora, aduciendo también que en este caso existió una falla al no
supervisar el interventor el desarrollo de las maniobras y observar que no se podía
dar la orden de iniciarlas por considerar que uno de los trabajadores se encontraba
posiblemente en un nodo equivocado.

Trámite de segunda instancia

El 11 de junio de 2019, el Tribunal concedió el recurso de apelación 15. El 16 de
agosto de 2019, este despacho admitió el recurso de apelación 16. Con auto del 25
de noviembre de 2019, el Despacho corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto si
así lo solicitaba. La demandada Emcali presentó sus alegatos de segunda
instancia17 y solicitó confirmar la sentencia apelada, insistiendo en que los
argumentos del fallo fueron los correctos. Por otra parte, la apelante y los demás
llamados en garantía, así como el demandante y el Ministerio público, guardaron
silencio18

CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 25 de junio de 1999 19, el régimen aplicable es
el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266
del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos
interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se
regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo
308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones

15 Folio 507, c. 5.
16 Folio 511, c. 5.
17 Folios 515 a 519, c. 5.
18 Folio 530, c. 5.
19 Folio 74, c. 1.

8

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código
seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el
CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no
regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa, está instituida para conocer y juzgar
las controversias cuando se demande la reparación de un daño cuya causa sea una
acción u omisión de una entidad estatal, según los artículos 82 y 86 del CCA. El
Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto
de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
pues esta supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 del CCA, esto es,
$118.230.00020 21.

Acción procedente

3. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo 22, en este caso por
responsabilidad originada en hechos atribuidos a una entidad estatal (art. 90 CN y
art. 86 CCA).

Demanda en tiempo

20 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 1999, $236.460, por 500.
21 Asimismo, mediante auto del 28 de julio de 2004, el Consejo Superior de la Judicatura declaró que la
competencia para conocer del presente proceso le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
22 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303
y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].
9

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

4. El término para formular pretensiones en reparación directa es de dos (2) años,
de conformidad con el artículo 136, literal 8, del CCA. Término que se cuenta a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o
de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o
por cualquier otra causa.

La demanda se interpuso en tiempo –25 de junio de 1999, según da cuenta el sello
de radicado ante la oficina de despacho judicial23– porque el incidente sucedió el 22
de mayo de 1997 y el término de caducidad se extendió hasta el lunes 24 de mayo
de 1999 –el 23 de mayo fue un día inhábil, por ser domingo–. En efecto, como la
solicitud de conciliación se presentó el 24 de mayo de 1999 24, el término de
caducidad se suspendió desde ese día hasta el 24 de junio de 1999, conforme a lo
dispuesto por el artículo 60 de la Ley 23 de 199125, fecha en la que se declaró fallida
la conciliación26. Al día siguiente se reanudó el conteo por un (1) día faltante, es
decir hasta el 25 de junio de 1999, mismo día en que se presentó el escrito de
demanda.

Legitimación en la causa

5.1. El señor Jhon Jairo Cardona Gaviria se encuentran legitimado en la causa por
activa, dado que sobre él recae el interés jurídico en el asunto que se debate en
este proceso, puesto que se vio afectado en su integridad por la descarga eléctrica
recibida mientras desarrollaba labores en líneas eléctricas administradas por
Emcali.

5.2. Empresas Municipales de Cali – Emcali EICE ESP, está legitimada en la causa
por pasiva, toda vez que es la entidad frente a las que se reclama responsabilidad
por haber realimentado el circuito eléctrico que ocasionó el accidente al
demandante.

23 Folio 74, c. 1.
24 Folio 82, c. 1.
25 El inciso 2 del artículo 60 de la Ley 23 de 1991 (modificado por el artículo 80 de la Ley 446 de 1998), dispone

que: “El término de caducidad no correrá desde el recibo de la solicitud en el despacho del Agente del Ministerio
Público, hasta por un plazo que no exceda de sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de caducidad se
entenderá adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria”.
26 Folios 63 a 67, c. 1.

10

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

5.3. Por su parte, la compañía de seguros Previsora S.A. se encuentra legitimada
en la causa por la existencia de una condena eventual contra sus intereses, ante el
posible vencimiento de Emcali EICE ESP en este proceso, en virtud de la póliza de
responsabilidad civil No. 274086 contratada por la entidad demandada con esta
aseguradora.

5.4. También existe una legitimación en la causa de Energizar Ltda., por cuanto le
es endilgada una posible responsabilidad patrimonial, como consecuencia del
accidente de trabajo sufrido por el demandante y especialmente en esta instancia,
debido a los reparos impugnativos de la apelación, en donde se reclama una
obligación de solidaridad laboral en cabeza de esta sociedad.

Ahora bien, en este caso se observa que en la sentencia impugnada se realizó la
siguiente aclaración:

En relación al llamamiento en garantía que se realizó frente a ENERGIZAR LTDA,
resulta oportuno precisar que si bien EMCALI EICE ESP solicitó hacer comparecer
a la empresa ENERGIZAR LTDA, bajo intervención adhesiva o litisconsorcial o
litisconsorcio necesario, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de
providencia del 25 de noviembre de 2005 (fl. 257-258), admitió su vinculación a
través de la figura del llamamiento en garantía establecida en el artículo 57 del
C.P.C., sin que las partes hubiesen recurrido esta decisión.

De esta manera, el fallador indicó que Energizar Ltda. se encontraba vinculado a
este proceso en calidad de llamado en garantía, pero acepta que Emcali no formuló
llamamiento en garantía contra esta sociedad, sino que solicitó su comparecencia
como litisconsorte necesario. No obstante, en el auto del 25 de noviembre de 2005,
el a quo resolvió:

PRIMERO.- Llamar en garantía a la compañía de seguros La Previsora S.A., y a la
firma ENERGIZAR, considerándolas como litisconsortes necesarios de las
Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP, parte demandada dentro del
presente proceso. (Subrayado fuera de texto)

En el mismo sentido, la empresa Energizar Ltda. presentó oposición a la solicitud
de intervención litisconsorcial27 y además en sentencia de primera instancia el
Tribunal condenó directamente a esta empresa y absolvió a quien aparentemente
era su llamante, es decir, Emcali EICE ESP; cuando el objeto de la intervención de

27 Folios 322 a 326, c. 1.

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un llamado en garantía dentro de un proceso es que este acuda solamente para
auxiliar a su llamante y defenderse de la obligación de indemnizar o rembolsar lo
pagado por él, en caso de resultar condenado 28. Con lo cual, resulta claro que el
juzgador materialmente le dio a Energizar Ltda. el trato de un sujeto que interviene
como extremo de la relación jurídico procesal y no como un tercero llamado en
garantía por el demandado Emcali. Razón por la cual esta Sala estudiará el caso
atendiendo el tratamiento sustancial que se le ha dado en el proceso a Energizar
Ltda. como interviniente litisconsorcial en cumplimiento del principio de congruencia.

Del mismo modo se observa que Energizar Ltda. indicó, en su contestación a la
demanda, que para este litigio no se presenta un litisconsorcio necesario sino uno
facultativo porque, en su criterio, la posible obligación resarcitoria de carácter
solidario, no exige su citación y comparecencia como indispensable para decidir el
fondo de la controversia planteada con la demanda. Sin embargo, la Sala advierte
que en el presente caso tiene lugar respecto de Energizar Ltda. una intervención
como litisconsorte de tipo cuasinecesario, figura consagrada en el inciso 3, del
artículo 52 del CPC29, que se caracteriza porque no es obligatoria la comparecencia
del otro sujeto y aunque no participe o no haya sido citado, los efectos de la
sentencia lo cobijan30.

Sobre este asunto, la Corporación ya ha tenido oportunidad de referirse a las
similitudes y diferencias de este tipo de intervención con los denominados
litisconsorcio facultativo y necesario, regulados por el artículo 50 y 52 del CPC,
respectivamente:

Además, esta modalidad se identifica con el litis consorcio necesario en que en una
y en otra la sentencia vincula al tercero y lo afecta, pero se diferencian en que en el
litis consorcio cuasinecesario no se requiere que todos los sujetos comparezcan al
proceso para proferirla; y se parece al litis consorcio facultativo en que el sujeto
voluntariamente puede concurrir o no al proceso, pero difiere del mismo por cuanto
si no comparece al proceso la sentencia es uniforme y lo vincula. Con todo, el
interviniente cuasinecesario puede presentarse al proceso en el estado en que se
encuentre, siempre que no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia,
y procede su actuación con todas las prerrogativas de parte, tal y como lo indica el
artículo 52 del C. del P. Civil31.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de julio de 2010. Rad. 38259.
29 El inciso 3 del artículo 52 del C. de P. C. establece: “Podrán intervenir en el proceso como litisconsortes de

una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una determinada relación
sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para
demandar o ser demandados en el proceso”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de mayo del 2004. Rad. 15321.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de febrero de 2012. Rad. 20810.

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Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también ha señalado que “esta
intervención litisconsorcial (…) se presenta cuando el interviniente sostiene con una
de las partes una determinada relación sustancial que habrá de ser afectada por la
sentencia”32 y ha explicado que su “ejemplo más destacado es el de las obligaciones
solidarias, respecto de las que no es necesaria la constitución del litisconsorcio,
porque la relación jurídico-procesal está válidamente constituida sin las presencia
de todos los litisconsortes, pero con la prevención de que una sentencia
condenatoria, solo podría hacerse valer en el patrimonio de quien fue parte”33.

En este caso, Energizar Ltda. sostiene una relación con Emcali EICE ESP, por virtud
del contrato de obra en cuya ejecución ocurrió el accidente de trabajo sufrido por el
demandante y sus intereses pueden verse afectados ante una posible
responsabilidad solidaria con su contratante. Por lo que a pesar de que la
comparecencia de Energizar en el proceso no es indispensable, los efectos jurídicos
de la sentencia pueden comprometer la relación contractual que tiene con Emcali.

En ese orden de ideas, la sociedad Energizar Ltda. se encuentra legitimada en la
causa e interviene en este proceso como litisconsorte cuasinecesario de la parte
pasiva.

5.4. De otro lado, Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería Ltda. está legitimado
en la causa porque es el llamado a responder con su patrimonio frente al pago de
la posible indemnización a la que resulte condenado Energizar Ltda.

II. Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si Empresas Municipales de Cali – Emcali es
patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos por Jhon Jairo Cardona
Gaviria, como consecuencia de los daños causados a él por electrocución mientras
desarrollaba labores en líneas eléctricas administradas por esta entidad.

32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de octubre de 2000. Rad. 5387.
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de diciembre de 2019. Rad. 05736-31-

89-001-2004-00042-01.
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III. Análisis de la Sala

Como la sentencia solamente fue recurrida por la llamada en garantía Energizar
Ltda., la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Régimen de responsabilidad del Estado aplicable en daños causados por la
conducción de energía eléctrica

7. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa en afirmar que en caso
de daños ocasionados por las redes de energía eléctrica controladas por el Estado,
por regla general se está frente a una responsabilidad sin falta, al ser la conducción
de energía eléctrica una actividad peligrosa en donde la responsabilidad de la
entidad estatal dueña de las redes y prestadora del servicio de energía queda, en
principio, establecida con fundamento en el régimen de responsabilidad objetivo por
riesgo excepcional, a menos que se acredite una causal exonerativa de
responsabilidad34. Incluso, fue esta especie de actividad la que abrió paso a la
consideración de la teoría del riesgo excepcional, en la jurisprudencia del Consejo
de Estado35:

En efecto, la conducción de energía eléctrica, mediante cables de alta tensión, ha
sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa, y fue, precisamente, en
casos referidos a la existencia de daños causados como consecuencia de su
realización, que se dio aplicación a la teoría del riesgo excepcional, por primera vez,
por parte del Consejo de Estado.36

7.1. En lo concerniente al título de imputación del riesgo excepcional, aplicable al
caso concreto, de antaño esta Sección ha señalado que basta con la materialización
del riesgo creado por la administración, para que le resulte imputable el daño, dado
el carácter objetivo de este título de imputación37:

Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la
responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen
aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a
los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En
efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño

34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de agosto de 2009. Rad. 17957. [Fundamento jurídico

4].
35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de enero de 2003. Rad. 12955. [Fundamento jurídico

1].
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 2 de febrero de 1984, expediente

2744. Actor: Enrique Mejía Ruiz.
37 Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, expediente 10024.

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resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido
refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo
excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta
Política.

(…)

No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla
presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma
prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de
causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la
actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de
falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es,
fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

7.2. De igual forma, en otra oportunidad al referirse a la responsabilidad del Estado
por la instalación y funcionamiento de redes eléctricas de alto voltaje, la Corporación
consideró que el Estado debe responder ante la realización del riesgo creado,
cuando construye una obra o presta un servicio público38:

En primer término, es preciso afirmar que cuando el Estado, en cumplimiento de sus
deberes y fines constitucionales y legales de servir a la comunidad y promover la
prosperidad general, construye una obra o presta un servicio público utilizando
recursos o medios que por su propia naturaleza generan un peligro eventual o un
riesgo excepcional para la vida, la integridad o los bienes de los asociados, está
llamado a responder por los daños que se produzcan cuando dicho peligro o riesgo
se realice, por cuanto de no hacerlo estaría imponiendo a las víctimas, en forma
ilegítima, una carga que vulneraría el principio constitucional de igualdad frente a las
cargas públicas que están llamados a soportar todos los administrados, como
contraprestación por los beneficios que les reporta la prestación de los servicios
públicos.

En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la
legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una típica
responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la administración
solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor
o culpa exclusiva y determinante de la víctima.

7.3. Por otro lado, en cuanto a la teoría del riesgo creado, a partir de la doctrina
nacional, esta Sala ha dicho lo siguiente39:

“La doctrina del riesgo creado puede ser sintetizada de esta manera: quien se sirve
de cosas que por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a
terceros, debe responder por los daños que ellas originan. La teoría que analizamos
pone especial atención en el hecho de que alguien “cree un riesgo”, “lo conozca o
lo domine”; quien realiza esta actividad debe cargar con los resultados dañosos que
ella genere a terceros, sin prestar atención a la existencia o no de una culpa del

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2001, exp. 11162, M.P. Alier E. Hernández

Enríquez.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Rad. 17130 y 19791 (acumulados).

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responsable. (…)

“Por nuestra parte, pensamos que la correcta formulación de la teoría del riesgo
debe ser realizada sobre la base del llamado “riesgo creado”, es decir, en su
formulación más amplia y genérica.

“Quien introduce en el medio social un factor generador de riesgo potencial para
terceros, se beneficie o no con él, debe soportar los detrimentos que el evento
ocasione. Esto es una consecuencia justa y razonable del daño causado, que
provoca un desequilibrio en el ordenamiento social y pone en juego el mecanismo
de reparación. Así como en otro tiempo se sostuvo que el hombre debía responder
solamente por sus actos culposos, hoy es razonable pensar que también deba
reparar los daños que son fruto de una actividad riesgosa, sea la misma normal o
anormal, le reporte o no un beneficio de cualquier índole.”40

“El régimen de imputación del riesgo excepcional halla asidero y fundamento, en el
concepto de daño antijurídico (art. 90 C.P.), en la medida que éste impone el
reconocimiento del deber de indemnizar ante la constatación efectiva de un daño o
lesión jurídica a un bien jurídicamente tutelado, que la persona no se encuentra en
la obligación de soportar, dado que ese detrimento se impone con transgresión del
principio de igualdad ante las cargas públicas, como quiera que, en estos eventos,
se somete por parte de la administración pública – a través de una actividad lícita
y/o legítima– a la persona a un riesgo de naturaleza especial, excepcional y
extraordinario que desborda, necesariamente, el parámetro de riesgo permitido41 –
asumido- al interior del conglomerado social.

“Como se aprecia, la teoría del “riesgo creado” resulta aplicable a eventos en los
cuales no sólo se somete a una persona a la existencia de un riesgo que desborda
la normalidad, como consecuencia del uso de instrumentos o elementos para la
prestación de un determinado servicio o actividad (v.gr. instalaciones públicas o de
policía, armas de dotación oficial, automotores oficiales, etc.), sino que también
puede, eventualmente, configurarse el título objetivo de riesgo, en aquellos eventos
en que la administración pública, en desarrollo de una actividad legítima del poder
público, crea y libera, en cabeza de un particular, un determinado riesgo que excede
los límites de normalidad a los que generalmente se encuentra sometido y, por
consiguiente, en el supuesto de que se ocasione un perjuicio, éste es el producto
directo del rompimiento de las cargas públicas y, consecuencialmente, del principio
de igualdad (artículo 13 C.P.).

40 Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad Civil por el riesgo o vicio de las cosas”, Ed. Universidad, Buenos

Aires, 1983, págs. 38 y 43.
41 “Las más elemental distinción que puede efectuarse en relación con las repercusiones que determinada

conducta acarrea permite distinguir entre sus ventajas y sus desventajas; sobre esta clasificación, ha surgido el
concepto de “riesgo” con el cual se alude al desfavorable devenir de un suceso, o la posibilidad de que una
acción traiga consigo desventajosas consecuencias.
“(…) Para que un riesgo pueda ser considerado como permitido no basta tan solo que la actividad de la cual
emana represente considerables beneficios sociales frente a un mínimo de peligrosidad sino que es
indispensable la absoluta indeterminación de potenciales víctimas de ese riesgo residual; por ello, en el
hipotético evento de que anticipadamente pudieran ser individualizadas las víctimas de una actividad peligrosa
ella debería ser prohibida porque su desarrollo no puede prevalecer frente a la inminente lesión de un
individuo… Como postulado general puede decirse que todas aquellas actividades desarrolladas dentro de lo
que socialmente se considera riesgo permitido no pueden dar lugar a reproche jurídico de ninguna naturaleza,
aun en el evento de que generen lesiones a particulares; por el contrario, son desaprobadas todas aquellas
conductas que exceden el riesgo permitido, lo cual cobija no solo aquellas actividades que han sido
desplegadas a pesar de ser socialmente prohibidas, sino también las que siendo toleradas han sido
ejecutadas sin la observancia de las normas de cuidado previamente establecidas para la minimización
del riesgo… En consecuencia, cualquier actuación conforme a las previsiones vigentes que genere un riesgo
será tolerada en cuanto no exceda los límites preestablecidos, mientras que toda conducta con la cual se genere
un peligro mayor del permitido será considerada como generadora de un riesgo jurídicamente desaprobado si
eleva el riesgo mínimo tolerado.” (destaca la Sala) Cf. Reyes Alvarado, Yesid “Imputación Objetiva”, Ed. Temis,
Bogotá, Pág. 92, 93 y 160.
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“Si se analiza con detalle el fundamento de la responsabilidad por actividades
peligrosas, se tiene que la misma se origina en la concreción de un riesgo derivado
de la ejecución de una acción específica o del uso de elementos o instrumentos que
llevan envuelta una determinada probabilidad de ocasionar un perjuicio42.

“Entonces, la responsabilidad del Estado puede serle imputada o atribuida mediante
la formulación de la teoría del riesgo, esto puede ser a través de dos vías,
claramente diferenciables: i) a través del perjuicio ocasionado por la concreción de
un riesgo excepcional que desborda el marco de la normalidad- por parte de la
administración, bien derivado de determinada cosa o instrumento, o el advenido de
una específica actividad pública– o ii) mediante la realización de un daño derivado
de la materialización del riesgo que emana de una actividad peligrosa”43.

7.4. De esta manera, conforme lo ha sostenido en diversas oportunidades esta
misma Sección44, debe señalarse que la actividad de generación, distribución y
comercialización de energía eléctrica es en sí misma una actividad lícita del Estado,
a través de la cual somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo
excepcional y que, por lo tanto, podría llegar a generar perjuicios45. Y, en el mismo
orden de ideas, el régimen de imputación aplicable en la responsabilidad del Estado
por casos de daño provocado con ocasión de la conducción de energía eléctrica es
prevalentemente el de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, en el cual
corresponde al Estado probar la inexistencia de nexo causal o la ocurrencia de una
causa extraña, para exonerarse de responsabilidad.

Hecho del tercero y de la víctima como eximentes de responsabilidad

8.1. El hecho del tercero es una de las causales excluyentes de responsabilidad,
que impide atribuir el daño al sujeto contra quien se erige la pretensión resarcitoria.
Esta causa extraña tiene lugar si se acredita que el daño provino de un sujeto que
es ajeno, tanto a la entidad demandada como a la propia víctima 46. Por ello, para
que genere efectos liberatorios, se exige que ese tercero no sea un dependiente de

42 “El concepto amplio de riesgo creado como factor de atribución nos lleva a propiciar que él debe tener

aplicación no sólo cuando el daño ha sido causado por una cosa riesgosa, tal como lo contempla en su parte
pertinente el art. 1113, C.C., sino incluso cuando se trate de actividades riesgosas…Cabe tener muy presente
lo siguiente, a pesar de que parezca algo sobreentendido. Este factor de atribución exige siempre la presencia
de una cosa o actividad riesgosa, calificada ésta como un prius, y no por el mero hecho de haber originado un
daño. Por ello no se trata de un factor de tipo residual que pueda justificar la reparación de cualquier daño.
Insistimos en la necesidad de la creación de un riesgo como requisito ineludible para su funcionamiento.”
VÁSQUEZ Ferreyra, Roberto A. “Responsabilidad por daños”, Ed. Depalma, Buenos Aires, Pág. 210.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007, expediente: 16.399 (R-94-948)

actor: Maximiliano Quiñónez Montaño y otros. Consejero ponente: Enrique Gil Botero.
44 Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el 15 de marzo de 2001,

exp. 11.162, M.P. Alier E. Hernández Enríquez y el 31 de mayo de 2007. exp. 16.898 M.P. Enrique Gil Botero,
entre muchas otras.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de enero de 2011. Rad. 18940.
46 Cft. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, rad. 17179.

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la Administración, vinculado a la demandada o al servicio que presta 47, y que su
conducta sea causa única, exclusiva y determinante del daño 48.

8.2. Por su parte, el hecho de la víctima también impide la imputación en el juicio de
responsabilidad y ocurre cuando la persona lesionada, con su conducta, produce o
contribuye a la generación de su propio daño o a su agravación; excluyendo de la
responsabilidad al demandado en el primer caso o graduando su obligación de
reparar en el segundo –eventos de concausalidad–49.

Además, el hecho del tercero y de la víctima, como causales exonerativas de
responsabilidad que son, deben reunir las características propias de una causa
extraña50, por tanto, se exige su imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad
respecto de la demandada.

8.3. Frente a la imprevisibilidad, la jurisprudencia ha señalado que es imprevisible
aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito
o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para
evitarlo, de todas maneras, acaeció, con independencia de que hubiese sido
mentalmente figurado, o no, previo a su ocurrencia51.

8.4. La irresistibilidad se da cuando al agente estatal, en funciones propias del
servicio o vinculadas con este, le resulta imposible sobreponerse a las
consecuencias del imprevisto a pesar de haber realizado todas las actuaciones que
le eran exigibles y de haber utilizado todos los medios de que disponía. Teniendo
en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el
fenómeno mismo, pues el demandado podría, en determinadas circunstancias,
llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí
mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código
Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas
condiciones, podrían ser evitados52.

47 Cft. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 2008, rad. 16530.
48 Cft. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011, rad. 19067.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010. Rad. 17179.
50 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 1997, Rad. 10.385 [fundamento

jurídico 13] y sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693 [fundamentos jurídicos 11-13],
51 Cft. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 2008. Rad. 16530.
52 Ibidem.

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8.5. La exterioridad se concreta en que el acontecimiento o circunstancia que el
demandado invoca como causa extraña debe ser «ajeno jurídicamente» a éste. Es
decir, debe tratarse de un suceso por el cual esa parte no tenga el deber jurídico de
responder, más allá de que, desde el punto de vista físico, se trate de un suceso en
el que la entidad demandada o alguno de sus agentes no haya tenido intervención
directa y de que no haya sido parte en la causación física del daño. Dicho en otras
palabras, el daño debe ser ajeno, exterior o extraño a los deberes u obligaciones
jurídicas del demandado53.

Hecho de la víctima como eximente de responsabilidad en daños causados
por electrocución

9. La jurisprudencia de la Sala ha dispuesto una serie de elementos específicos en
el caso de daños causados por conducción de energía eléctrica, para determinar si
la víctima es el sujeto a quien debe imputársele el daño. En ese sentido, ha
establecido las siguientes reglas54:

La jurisprudencia que ha desarrollado la Sala en relación con la responsabilidad del
Estado por los daños causados por electrocución puede ayudar a señalar algunas
reglas simples, que contribuyen a definir, en los casos concretos, cuál es el sujeto a
quien deba imputarse el daño. Así:

a) Se ha considerado que el daño es imputable de manera exclusiva a la víctima
cuando la actividad (conducción de energía eléctrica) se cumple dentro de las
normas reglamentarias, cuyo fin no es otro que minimizar sus riesgos y es la víctima
quien propicia la materialización de esos riesgos irreductibles, que no se habrían
producido en condiciones normales. Así lo consideró la Sala, por ejemplo, al negar
las pretensiones indemnizatorias por la muerte de un trabajador que se electrocutó
al hacer contacto con un transformador de energía en el momento en que pretendía
atar unos cables de teléfono al poste que lo sostenía55; también fue ese el raciocinio
frente a los daños sufridos por personas, que a pesar de tener entrenamiento previo
en el manejo de la energía eléctrica, omiten toda precaución56.

53 Ibidem.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de abril de 2012. Rad. 23602.
55 Sentencia de 21 de septiembre de 2000,Exp. 13.138 “la muerte del señor José Leonel Rodas es un hecho

ajeno a la entidad, que sólo tuvo una intervención pasiva en el daño, toda vez que aunque la conducción de
energía eléctrica es una actividad de por sí riesgosa, en el caso concreto el transformador de la energía no
generaba un riesgo concreto para la víctima, quien no habría sufrido el daño si hubiera actuado de manera
prudente. Es decir, la actividad jurídicamente relevante en este caso no fue la conducción de la energía sino la
aproximación imprudente de la víctima al transformador, en relación con el cual éste conocía su peligrosidad”.
56 Sentencia de 29 de enero de 2004, Exp. 25000-23-26-000-1994-09916-01(14590). Se resolvieron las
pretensiones formuladas por los parientes de un agente de la Policía quien falleció como consecuencia de una
descarga eléctrica producida por el contacto de la estructura de una antena de radio de banda ciudadana, que
estaba instalando con otro compañero, con cables de alta tensión, ubicados al lado de la edificación. Se negaron
las pretensiones de la demanda porque los cables estaban ubicados a una distancia y altura adecuada de la
edificación del distrito de Policía. Se consideró que para la solución del caso debían tenerse en cuenta tres
circunstancias: “las características de la antena que iba a ser instalada, la existencia, de tiempo atrás, de las
cuerdas de alta tensión y la experiencia de la víctima en este tipo de actividades”. Valorados esos aspectos se
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b) Cuando la entidad responsable de la actividad riesgosa omite el cumplimiento
estricto de las normas reglamentarias adoptadas con el fin de reducir esos riesgos
y éstos se materializan y causan daños a las personas, hay sin duda una
responsabilidad patrimonial de la entidad, inclusive, cabe predicar esa
responsabilidad frente a eventos fortuitos, es decir, ajenos a una falla pero
inherentes a la propia actividad. No obstante, habrá lugar a reducir el valor de la
indemnización cuando la víctima con su actuación se expuso a dicho riesgo57.

c) No son, por lo tanto, imputables a la víctima, de manera exclusiva ni concurrente,
los daños que se producen como consecuencia de la actividad riesgosa, bien que
constituyan un caso fortuito o respondan a una falla del servicio y la intervención de
la víctima sea meramente pasiva. No podrá reprocharse a la víctima una actuación
que corresponda al desarrollo normal de su vida, cuando esa actuación permitió la
materialización de un riesgo que no tenía porqué existir. Han sido solucionados de
esa manera, por ejemplo, todos aquellos eventos de daños por electrocución
producidos al manipular un objeto metálico en un sitio en el cual no debía haber
ningún riesgo, pero que produjo un daño como consecuencia de la indebida
ubicación de redes eléctricas58.

En este sentido, es necesario examinar la actuación de la víctima, para establecer
si la misma resulta ser la causa única, exclusiva y determinante del daño. O para
verificar si al menos la conducta de la víctima contribuyó al aumento del riesgo
generado por el ente territorial demandado y, en tal caso, disminuir el monto de la
indemnización reclamada por los demandantes.

concluyó que “la conducta del agente Herrera Beltrán revela una notoria imprudencia, dado que, por el peso y
longitud de la antena, era previsible que, al ser manipulada solamente por dos personas, no pudiera ser
controlada por éstas. Mas aún, cuando existía la posibilidad de que, de caerse el aparato, hiciera contacto con
las cuerdas de alta tensión que pasaban al lado de la edificación. La existencia de dicha líneas no era
desconocida para los miembros de la estación, como tampoco su peligrosidad. Por la experiencia como radio
operador del agente Herrera Beltrán, así como su permanencia en el distrito de policía, podía exigirse de él una
conducta dirigida a tomar medidas razonables para evitar el daño, dado que conocía la estructura de la antena
y el peligro que implicaban las cuerdas de alta tensión”.
57 En sentencia del 26 de agosto de 1994, Exp: 9310 se redujo la condena proferida contra la entidad demandada

en el caso de una persona que se electrocutó cuando cortaba un árbol que hacía contacto con los cables de la
energía por falta de mantenimiento de los sectores aledaños a las redes eléctricas. Consideró la Sala que había
lugar a reducir la indemnización porque la víctima actuó de manera negligente al no solicitar primero el retiro de
los cables. En la sentencia del 3 de febrero de 2000, Exp: 12.552 se condenó a la entidad demandada con
fundamentó en el régimen de responsabilidad objetiva, porque una red conductora de energía que pasaba por
una finca cayó sobre la cerca eléctrica que había en la misma, aumentando su voltaje. No obstante, se redujo
la indemnización porque se consideró que la víctima había obrado imprudentemente al manipular la cerca a
pesar de haber sido advertida de que se hallaba energizada.
58 Sentencia de 6 de julio de 2005, Exp. 250002326000199309281-01(13949), La víctima trató de ayudar a una

persona que manipulaba un tubo metálico, el cual hizo contacto con las cuerdas de energía, produciendo una
descarga eléctrica. Se consideró en la providencia que “la actuación de la víctima no fue la causa eficiente del
daño. En efecto, el hecho de manipular una varilla de hierro en una terraza no implica, de acuerdo a las reglas
de la experiencia, que se esté exponiendo al riesgo de ser electrocutado. El riesgo fue creado únicamente por
la cercanía de las instalaciones eléctricas a la construcción; si éstas hubieran guardado la distancia
reglamentaria, el hecho de levantar la varilla de hierro no implicaría riesgo alguno. Lo contrario, equivaldría a
aplicar la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada entre nosotros por la doctrina y la
jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad…Por ello, la Sala considera
que no se presentó la culpa de la víctima como causal de exoneración y, que la misma, tampoco fue causa
concurrente del daño”.

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Acción: Reparación directa

Solidaridad legal en eventos de concausa

10. En los eventos de concausalidad, la jurisprudencia de esta Corporación 59 con
fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil60 ha determinado que existe
solidaridad entre quienes concurren a la producción del daño. Por su parte, la Corte
Suprema de Justicia también ha explicado esta regla y para casos de daños
ocasionados en desarrollo de una actividad peligrosa61:

Por mandato legal, cuando un delito o culpa es cometido por dos o más personas,
cada uno de sus autores responde solidariamente por los perjuicios causados -
artículo 2344 del Código Civil-, regla cuya aplicación comporta que, tratándose de
daños irrogados en ejercicio de una actividad peligrosa, todos los intervinientes en
dicha actividad queden solidariamente obligados, frente a -la víctima, a la reparación
de tales perjuicios.

En tal hipótesis se suscita un evento de solidaridad pasiva, de origen legal, cuya
primordial característica radica en que cada uno de los deudores responde frente al
acreedor por la totalidad de la deuda, queda obligado a su pago íntegro, como si se
tratara de un solo deudor, y por lo mismo, el acreedor puede reclamar de todos, o
de cualquiera de ellos, la satisfacción de la prestación debida.

De verificarse el pago total o parcial, por uno de los deudores solidarios, la obligación
se extingue en todo, o en la parte satisfecha, respecto de todos ellos, subrogándose
el solvens en los derechos del acreedor frente a los restantes codeudores, con sus
privilegios, accesorios, y acciones, pero circunscritos a la parte o al interés que a
cada uno de los codeudores corresponda en la deuda, entre quienes ésta se
divide consiguientemente a prorrata de la cuota o interés que en ella tengan, porque
la garantía de la solidaridad no se traspasa al codeudor subrogatario.

Así pues, en consideración a que la ley establece que la generación de un daño
deriva la obligación de las personas que lo causaron a repararlo solidariamente, la
indemnización de ese detrimento se puede perseguir frente a cualquiera de las
personas que concurren a la causación del daño y por la totalidad del monto62 –con
base en el 1571 del C.C.63–. Y no impide la declaratoria de la responsabilidad
solidaria el hecho de que todas las personas que infieren el daño estén o no
demandadas en el proceso, ya que por efectos de la misma institución jurídica de la

59 Cft. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de julio de 1988. Rad. 5084. En el mismo sentido:

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2017. Rad. 37651.
60 “Artículo 2344. Responsabilidad solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas,

cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas
las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.
61 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de enero de 2005. Rad.

54001310300419950160-01. [Fundamento jurídico 2.]
62 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2017. Rad. 37651.
63 “Artículo 1571. Solidaridad pasiva. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios

conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de
división”.
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solidaridad basta con que se encuentre uno de los causantes del daño como
litisconsorte de la parte pasiva; lo que no obsta para que este se subrogue en los
derechos de la víctima y solicite el rembolso de lo pagado en el monto
correspondiente a su codeudor solidario.

Solidaridad laboral entre el beneficiario del trabajo o dueño de la obra y el
contratista independiente

11. En torno a resolver los argumentos de apelación, la Sala considera necesario
analizar lo relativo a la responsabilidad compartida por el contratante y el contratista
independiente, en relación con la solidaridad laboral determinada en el artículo 34
del Código Sustantivo del Trabajo. En concreto, esta norma establece lo siguiente:

Artículo 34. Contratistas independientes. (Modificado por el artículo 3 del Decreto
2351 de 1965).

1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no
representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la
ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de
terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos
con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el
beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas
a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente
responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta
para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que
repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente
responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de
los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas
no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas. (Subrayas fuera
de texto).

Antes de analizar la solidaridad establecida por la norma en cita, es necesario
puntualizar que un contratista independiente se entiende como aquella persona
natural o jurídica que se compromete, a través de un contrato oneroso, a realizar
una obra o a prestar un servicio en favor de otra persona natural o jurídica con quien
contrate, asumiendo los riesgos propios de la actividad a su cargo y debiendo
ejecutarla bajo sus propios medios, con una libertad y autonomía técnica y
directiva64. Por sus características, la ley laboral considera al contratista
independiente como un verdadero empleador respecto de la fuerza de trabajo que

64 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 24 de abril de 1997. Rad. 9435.

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necesite contratar para desarrollar su encargo y no le da un trato de simple
representante, ni de intermediario, del contratante beneficiario de la obra o
servicio65. Pues con este último el contratista “no se compromete a llevar
trabajadores, sino a lograr por su cuenta y riesgo a cambio de un precio, el objetivo
propuesto, de forma que en este orden de ideas su actividad económica no es la
intermediación laboral, sino la especialidad que les permite construir la determinada
obra o lograr la prestación del servicio”66.

Lo mencionado entonces tiene gran trascendencia en punto a la responsabilidad
solidaria establecida en el artículo 34 del CST, en cabeza del beneficiario del trabajo
o dueño de la obra y el contratista independiente o entre aquel beneficiario y los
subcontratistas. Solidaridad que se ha entendido en el derecho del trabajo como
una garantía especial frente al caso hipotético en que el empleador se encuentre
insolvente o pretenda substraerse de sus obligaciones67, dentro de las cuales se
encuentran tanto el pago de los salarios y las prestaciones, así como las
indemnizaciones de los trabajadores.

11.1. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en considerar
que la solidaridad del artículo 34 del CST se deriva de la naturaleza protectora del
derecho laboral y, en virtud de ese interés tuitivo, un tercero que no es parte en el
contrato de trabajo debe responder por la carga obligacional que tenga con él su
verdadero empleador. Así, esta figura tiene por objeto evitar las consecuencias
negativas asociadas a la efectividad de los derechos laborales de los trabajadores68.
Y esa garantía, por supuesto, también busca conjurar las dificultades en las que
puede verse envuelto el trabajador en sus reclamaciones, cuando es tanto el
contratista como el subcontratista quienes no tienen capacidad económica para
responder a las acreencias laborales:

No debe perderse de vista que la razón histórica que inspiró la consagración
normativa de la solidaridad que hoy ocupa la atención de la Sala, fue evitar que los
derechos de los trabajadores fueran burlados cuando los grandes empresarios
contrataran la ejecución de una o más obras y los contratistas o subcontratistas no
tuvieren la solvencia económica para responder por las acreencias laborales
causadas, de tal manera que pudiera acudirse a obligar al beneficiario de ella a

65 Ibíd.
66 Ibíd.
67 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de octubre de 2013. Rad. 41848.
68 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 29 de enero de 2024. Rad. 96864.

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satisfacerlas, facultándole a su vez la acción de repetición por lo pagado69.

11.2. Ahora bien, como se extracta del artículo 34 del CST, esta figura de protección
laboral tiene lugar solamente cuando convergen dos requisitos fácticos: (i) la
existencia de un beneficiario del trabajo o dueño de la obra, distinto a quien la
ejecuta y (ii) que las labores encomendadas al contratista independiente no sean
extrañas a las actividades que normalmente desarrolla el beneficiario. Así lo ha
explicado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:

En este orden, la solidaridad de que trata dicha preceptiva supone la existencia de
un encargo al contratista, esto es, el desarrollo de un servicio o la realización de una
obra y, además, que las actividades entre el contratante o dueño de la obra y la
contratista sean afines, similares, conexas o complementarias, así se desprende de
los dos supuestos previstos en la disposición que se acaba de reproducir, lo que
significa que no cualquier actividad desarrollada por el contratista o el trabajador
puede generar el pago solidario de las obligaciones laborales. En este sentido se
precisó en la sentencia CSJ SL3774-2021:

«Recuérdese que en los términos del artículo 34 del CST, son dos los requisitos
para que proceda la solidaridad del contratante frente a su contratista, a saber: ser
beneficiario de la obra o del servicio contratado y, que las actividades ejecutadas
por la contratista a favor de la contratante no se traten de labores extrañas a las
actividades normales de esta última (CSJ SL3718-2020)

Al respecto, la Sala ha reiterado que las actividades contratadas deben ser afines
con las labores propias y ordinarias de la parte contratante; y que no cualquier
actividad desarrollada por el contratista o el trabajador puede generar el pago
solidario de las obligaciones laborales»70.

11.3. Como consecuencia de la anterior regla y especialmente la de afinidad entre
actividades desarrolladas, presupuesto para que opere la solidaridad en comento,
es necesario advertir las distintas circunstancias que pueden tener lugar en las
relaciones entre contratante, contratista independiente y subcontratistas
independientes, a efectos de establecer una posible solidaridad laboral. Situaciones
estas que el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria ya ha tenido oportunidad de
comentar:

El artículo 34 del CST, que fuera subrogado por el artículo 3° del decreto 2351 de
1965, contempla estas situaciones:

La del contratista independiente que realiza, por cuenta de otro, una obra o la
prestación de un servicio determinados, sin que exista afinidad entre la prestación
debida y las actividades o negocios del contratante. El contratista es el único
responsable frente a sus trabajadores por las obligaciones laborales de sus

69 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 26 de septiembre de 2000. Rad. 14038.
70 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 29 de noviembre de 2022. Rad. 86844.

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subordinados; y, desde luego, el contratante no compromete su patrimonio frente a
ellos.

La del contratista independiente que realiza una obra o servicio determinados en
beneficio de una persona cuya actividad empresarial o mercantil es afín con la obra
o el servicio contratado. Esa afinidad implica, según la ley laboral, la garantía de la
solidaridad, que compromete a los dos sujetos, contratante y contratista, de manera
solidaria, en el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de los
trabajadores.

La de los subcontratistas independientes, sin importar el número o, en otros
términos, sin que importe cuan extensa sea la cadena de contratos civiles de obra o
de prestación de servicios. La solidaridad legal laboral del beneficiario de la obra o
del servicio con los subcontratistas dependerá de si existe o no afinidad entre la obra
o servicio contratado y la actividad empresarial o mercantil del contratante inicial (…)
Corresponde esa última situación a la hipótesis del numeral segundo del artículo 34
citado, que impone la solidaridad, sin que importe el número de subcontratos, pero
atendiendo sí a la reseñada afinidad.

(…)

[J]urídicamente la norma impone la solidaridad a los subcontratistas sin limitación
alguna. Toda la cadena de subcontratos es, en la práctica mercantil o de negocios,
una delegación del servicio o de la ejecución de la obra; y como es el trabajador
quien realiza el trabajo, ni siquiera cuando se prohíbe subcontratar la ley permite
que desaparezca la garantía que para el subordinado ofrece la institución de las
obligaciones solidarias71. (Negrilla y subrayas fuera de texto).

Con base en ello, se recalca que no solo basta la existencia de un encargo al
contratista en beneficio de otra persona, para que opere la solidaridad laboral de
que trata el artículo 34 del CST. Es necesaria la afinidad o conexidad entre las
actividades normales de la empresa o negocio del beneficiario de la obra o trabajo,
con la actividad a desarrollar que encarga al contratista independiente.

11.4. En la misma línea, sumado a lo anteriormente dicho, tampoco hay que perder
de vista que el fin protector de la figura de solidaridad laboral no deslinda de la
responsabilidad solidaria al contratista independiente cuando este subcontrata la
labor encargada, puesto que debe entenderse a partir del mismo artículo 34 del
CST, que él es un verdadero beneficiario de los servicios prestados por el empleado
del subcontratista. Lo contrario significaría limitar la interpretación de la norma
laboral, restando efectividad a la garantía dispuesta en ella:

La acusación que se le hace al ad-quem de interpretar con error el Artículo 3º del
Decreto 2351/65, que modificó al 34 del CST., se hace consistir en que tal precepto
sólo hace solidariamente responsable de los derechos laborales del trabajador al
dueño de la obra y al contratista o a aquél y el sub-contratista, mas no al contratista

71 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de junio de 2002. Rad. 17573.

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y al subcontratista.

La Sala se permite observar que el Tribunal no equivocó la inteligencia de dicha
norma cuando dedujo responsabilidad solidaria del contratista y subcontratista
demandados porque analizada detenidamente esa normatividad y desentrañando
su espíritu, es necesario concluir que para eventos como el aquí ocurrido, el
contratista debe ser mirado, pues realmente lo es, como un beneficiario de los
servicios prestados por el trabajador a través del subcontratista ya que no debe
perderse de vista el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral; por
consiguiente lo que se predique del contrato entre el dueño de la obra y el
beneficiario del trabajo o de la prestación del servicio, (…) no puede perjudicar al
trabajador del subcontratista pues frente a aquél, se repite, el contratista tiene que
ser considerado como beneficiario del servicio personal que presta el trabajador
como que a la postre se aprovecha, aunque sea indirectamente, de la labor
ejecutada por el trabajador72.

Luego es dable concluir que la solidaridad laboral establecida en el artículo 34 del
CST no solo se predica del dueño de la obra o beneficiario inicial del servicio,
respecto de las obligaciones con los trabajadores del contratista o de los
subcontratistas. Sino que también existe una responsabilidad solidaria en los
mismos términos en cabeza del contratista independiente, frente a las obligaciones
laborales con el personal empleado por el subcontratista, puesto que reviste la
calidad de un efectivo beneficiario de sus labores.

11.5. En resumen, el beneficiario del servicio o el dueño de la obra que desarrolla
el contratista independiente, no es el empleador formal de los trabajadores
requeridos por el contratista o los subcontratistas y no ejerce una subordinación
laboral frente a estos ni respecto de los trabajadores, “de suerte que solo es
acreedor de un resultado o de un concreto servicio”73. Pero a la luz del pluricitado
artículo 34 del CST, el beneficiario de las labores del trabajador del contratista o
subcontratista independiente compromete su responsabilidad, manteniendo una
obligación solidaria en la efectividad de las remuneraciones, prestaciones,
indemnizaciones y derechos laborales de que son titulares los empleados del
contratista independiente o de los subcontratistas74. Y esta responsabilidad solidaria
está sujeta a que la obra o servicio contratado esté destinado a “cubrir una
necesidad propia, normal, ordinaria, conexa o complementaria”75 de la respectiva
empresa o negocio del contratante.

72 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 27 de octubre de 1989. Rad. 3321. En

el mismo sentido: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 18 de agosto de 2021.
Rad. 61641.
73 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 24 de abril de 1997. Rad. 9435.
74 Ibidem.
75 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 29 de enero de 2024. Rad. 96864.

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No obstante, también es necesario dejar sentada una salvedad y es que esa
responsabilidad solidaria establecida en favor de los trabajadores por el valor de los
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, no
impide que el beneficiario del servicio o dueño de la obra “estipule con el contratista
las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores”76.Y
evidentemente, una estipulación en esos términos solo tiene efectos entre las partes
que así lo convienen, sin que pueda oponérsele su contenido al trabajador, quien
encuentra protegidos sus derechos bajo la regla de la responsabilidad laboral
solidaria.

Caso concreto

12. Energizar Ltda. sostiene en el recurso de apelación que su inconformidad con
la decisión de primera instancia descansa en que “se ignora la incidencia de Emcali
de las maniobras el día de los hechos”77 junto con el “no análisis del riesgo
creado”78, pues “Emcali tenía el control del elemento de riesgo que generara una
lesión, así hubiese sido por error de ubicación o imprudencia de la víctima”79.
Asimismo, reprocha que “no se analizó la excepción basada en la teoría del riesgo
excepcional sobre la culpa de la víctima propuesta en la contestación de la
demanda”80 y que la decisión sobre “las condenas impuestas parte de un análisis
equivocado cuando la consecuencia como lo han señalado las pruebas obedecen
a la culpa de la víctima, por no realizar las pruebas inherentes a las reglas de
prevención de o de oro cuando se trabaja en estos campos de riesgo”81.

De esta manera, a través de su apoderado, Energizar Ltda. centra el debate
indicando en el escrito de apelación que “[L]a discusión se encuentra si Emcali la
cobija culpa alguna, y si mi poderdante es responsable solidario por considerarlo
conforme al artículo 34 del C.S.T. como contratista solidario frente al
subcontratista”82. Y en ese orden reclama igualmente que “[n]o hubo un análisis de

76 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencias del 25 de mayo de 1968 [G.J., T. CXXVII,

n.° 2300-2302, p. 279-283]; 26 de septiembre de 2000, rad. 14038; 1 de marzo de 2010, rad. 35864 y 29 de
noviembre de 2022, rad. 86844.
77 Folio 485, c. 5.
78 Folio 486, c. 5.
79 Ibid.
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Folio 485, c. 5.

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las compañías de seguros La Previsora que en estos casos maneja una póliza
extensiva global a favor de Emcali”83.

Por lo tanto, la apelante no discute la existencia del daño, ni del accidente de trabajo
que encontró probados el a quo. Tampoco objeta la responsabilidad del
subcontratista Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería en la causación del
mismo, ni que el demandante recibió la descarga eléctrica en un lugar que se
encontraba por fuera de la zona contratada (situación además reconocida y
reiterada por Energizar Ltda. en su contestación de la demanda) y realizando
labores que le correspondía ejecutar única y exclusivamente al personal de Emcali
–intervenir puentes verticales–, hechos que encontró probados el fallador de
primera instancia. Bajo este contexto, la Sala estudiará el asunto de conformidad
con el artículo 357 CPC, advirtiendo que en el alcance de la apelación frente al
apelante único, el superior no tiene competencia para enmendar de la sentencia
impugnada alguna parte que no fue objeto del recurso, salvo en los puntos
íntimamente relacionados con la eventual reforma de la providencia, en los que sea
indispensable hacer modificaciones.

13.1. Para sustentar los hechos presentados en la demanda, el accionante aportó
con el escrito introductorio una copia del contrato de obra n.° GE-075-9784, suscrito
por Juan Fernando Burgos Escobar, como gerente de Empresas Municipales de
Cali, Emcali EICE, y Humberto Marmolejo García, representante legal de la
sociedad Energizar Ltda. En la primera cláusula se dispuso como objeto del contrato
el siguiente:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- EMCALI EICE encarga al CONTRATISTA
y éste se obliga a ejecutar para aquél de conformidad con las estipulaciones de este
contrato la(s) siguiente(s) obra(s) REFUERZO DE LOS CIRCUITOS COLON
(3.10.001.0.7), SALIDA SUBTERRANEA RIO LILI (3.17.006.0.7) Y EL BOSQUE
(3.99.015.0.7); cuyas cantidades aproximadas se indican en el anexo de precios y
cantidades que hace parte de este contrato.

El anterior contrato también fue aportado en copia por la demandada 85 y de él se
resalta que es un contrato pactado conforme al régimen especial propio de Emcali,
según la cláusula No. 19; también se observa que las partes pactaron en la cláusula

83 Folio 486, c. 5.
84 Folios 48 a 50 y 192 a 194, c. 1.
85 Folios 192 a 194, c. 1.

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No. 12, el ejercicio y funciones de un interventor, al cual se le asignaron entre sus
obligaciones las de “vigilar que el contratista ejecute las obras en todo de acuerdo
con los planos, normas y especificaciones”, “comprobar los trabajos y dimensiones
de la obra” y también “desempeñar todas las funciones inherentes al ejercicio de los
derechos que el (…) contrato le concede a Emcali”. E igualmente, en este contrato
de obra, dentro de las obligaciones a cargo del contratista enlistadas en la cláusula
sexta, se encuentra que Energizar Ltda. asumió la responsabilidad de pagar por su
cuenta el valor de las indemnizaciones que conforme a la Ley debe cubrir.

13.2. A su vez, la entidad demandada aportó con la contestación de la demanda el
oficio No. 186 del 21 de mayo de 1997, firmado por el ingeniero Carlos Gómez como
ingeniero de la Sección de Operación y Control de Emcali EICE86, en donde se
realiza un cronograma de las maniobras que se adelantarían el día 22 de mayo de
1997, para desenergizar el área donde se ejecutarían las obras pactadas en el
contrato n.° GE-075-97.

MANIOBRAS A REALIZAR EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO/97

8:00 AM
1- Prevenir circuito Colón
2- Abrir el seleccionador de la calle 14 carrera 38A/39 Nodo: 523-86-17
3- Abrir puentes horizontales el 17 No. 35-14 Nodo: 108-99-01
4- Cerrar el seleccionador del punto 2
5- Abrir puentes horizontales cra 35 el 18/19 Nodo: 119-94-80
6- Prevenir circuito Aranjuez
7- Cerrar s/w frontera el 19 cra 25A/25B Nodo: 110-83-70
3:00 PM

8- DEVOLVER MANIOBRAS

NOTA: Maniobras realizadas por Operación y Control para que la Sección
Interventoría Ing. Patricia Muñoz con la firma Energizar cambie conductor a 477
MCM sobre la cl 17 cra 32B/29A Proyecto CE-075-97 Circuito Colón.

13.3. La demandada igualmente aportó copia del oficio n.° 500204-0987-2001 del
14 de agosto de 200187, firmado por el ingeniero Carlos Gómez, de la Sección de
Operación y Control de Emcali EICE y dirigido a la señora Liliana Trujillo del
departamento jurídico de Emcali EICE con el asunto “maniobra circuito Colón” y en
él se informa lo transcurrido el día del accidente:

86 Folio 186, c. 1.
87 Folios 184 a 185, c. 1.

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Con relación al asunto de la referencia, le informamos, que revisando la bitácora de
operación del día 22 de mayo de 1997, aparece registrado lo siguiente:

Alrededor de las 8:00 AM se procede con las maniobras requeridas para la
realización de los trabajos de cambio de calibre programados por el área de
interventoría.

A las 8:17 confirman los Señores Evelio Correa y Carlos Gómez (linieros de
Emergencia) que fueron realizados los puntos 2, 3 y 4 de la maniobra programada.

A las 9:23 confirman el grupo mencionado, que fueron realizados los puntos 5, 6 y
7 de la maniobra. Todos los pasos descritos en la maniobra son coordinados por el
Ingeniero de Operación en turno, quien ordena y autoriza cada uno de ellos.

Inmediatamente a la terminación de las maniobras (9:23) de aislamiento del área de
trabajo, el Ingeniero de Operación en turno, le confirma al Sr. Carlos Ramírez, que
puede iniciar sus trabajos tomando primero las medidas de seguridad con el
personal contratista: Confirmando los sitios de seccionamiento, verificando ausencia
de tensión, y aterrizando en los puntos de trabajo. Las realimentaciones que se
realizaron, fueron coordinadas previamente con el Sr. Carlos Ramírez, quien
autorizaba su ejecución.

A las 9:27 se produjo disparo del Circuito Aranjuez, el cual estaba realimentando
parcialmente la carga del circuito Colón, a causa del accidente presentado al señor
JHON JAIRO CARDONA, quien se encontraba realizado trabajos en un área fuera
de lo programando para ese día Calle 19A Carrera 29A. En cruce con puentes
verticales que en estos momentos se encuentran abiertos, tal como se ilustra en
planos.

El área de los trabajos previamente definida con el personal de Interventoría estaba
comprendida entre los siguientes puntos:

Desde la Carrera 29A entre Calles 18 y 19A N# 1089480, que en esos momentos
existían unas cuchillas normalmente abiertas frontera del mismo circuito Colón.

Hasta la Calle 17 con Carrera 35 N# 1089901 y la Carrera 35 entre Calles 18 y 19
N# 1199480, como se ilustra en los planos…

13.4. El anterior oficio n.° 500204-0987-2001 del 14 de agosto de 2001 tiene como
anexo la bitácora de operación del día 22 de mayo de 199788, escrita y firmada por
el ingeniero electricista Jairo Palechor Herrera, según su propia declaración 89,
profesional del equipo de Emcali, quien se encontraba en turno de las funciones de
ingeniero de operación del sistema eléctrico y quien se encargó de realizar las
maniobras el día del incidente. En la mencionada bitácora se lee:

…Santiago de Cali
22 de mayo de 1997
Turno de 7:00 – 13:00
(…)

88 Folios 187 a 190, c. 1.
89 Folios 13 a 18 y 49 a 52, c. 3.

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Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

09:27 Disparo del cto Aranjuez (…) Informa el Ing Carlos Ramírez que hay
líneas primarias rotas entre los nodos 108.94.80 y 108.95.01 de la
Cra. 29A – Calle 19 y que el señor Jhon Jairo Cardona se accidentó
(…) El señor Cardona trabaja con la firma Energizar y estaba
realizando trabajos sobre cto Colón de acuerdo a las maniobras
realizadas a las 8:17 y 9:23, el Ing. Carlos Ramírez estaba enterado
que ese tramo a partir del nodo 108.94.80 quedaba caliente…

14. Con el contenido del oficio No. 186 del 21 de mayo de 1997, el oficio n.° 500204-
0987-2001 del 14 de agosto de 2001 y la bitácora de operación del 22 de mayo de
1997, se observa que se realizaron maniobras de desenergización y energización
del llamado “Circuito Aranjuez”. Lo que se acompasa con las respuestas a los
hechos de la demanda por parte de Emcali, especialmente lo consignado en el
hecho No. 16 de la misma:

16. Lo anterior se confirma con lo manifestado en el informe público donde
se indica “durante el lapso de la maniobra el circuito en su totalidad quedó
desenergizado y se procedió a realimentar la zona que no era de la influencia
de los trabajos, a través del circuito Aranjuez”.

Aunque la demandante no aporta el que llama “informe público”, este no es un
hecho controvertido, puesto que la entidad Emcali lo reconoció así al contestar la
demanda:

AL DIECISEIS
Es cierto pero se reitera y aclara que el nodo o punto del accidente no estaba
comprendido dentro del área de influencia de los trabajos encomendados a
la firma Energizar a través del contrato GE-075.97.

Circunstancia que además fue corroborada por el mismo ingeniero Jairo Palechor
Herrera, en su declaración dentro de este proceso, en la que se apoyó de un mapa
del lugar (resalta la Sala):

…La maniobra realizada el día 22 de mayo de 1997, se realizó de la siguiente
manera: a las 8:17 a.m. sobre el circuito colón el grupo de ingenieros de EMCALI
E.I.C.E, Correa y Gómez, comunicación vía radio con ellos en la calle 14 entre
carreras 39 y 38 A, se abre un seccionalizador 5-23 86-17 para abrir puentes
horizontales en el nodo 108 99 01 ubicados en la Calle 17 entre carreras 35 y 36.
Bueno, realizada esta manobra se cierra nuevamente el seccionalizador 5-23 86 17,
ubicado en la dirección antes anotada, es decir, normalicé el equipo, al normalizar
el equipo queda energizada como lo indica en el plano toda la zona pintada con color
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Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

verde punteada, quedando frío (desenergizado), es decir sin tensión o sin
energía la parte pintada con amarillo corrido y la parte verde corrido también
queda desenergizada, luego el grupo abre puentes horizontales en el nodo 119
94 80, en la carrera 35 entre calles 18 y 19 A, trabajos que se realizaron en frio
de acuerdo a lo anteriormente anotado [sic] a las 9:23 de la mañana se cierra el
switch frontera con circuito Aranjuez, nodo 101 83 70, quedando energizado
todo el ramal pintado con color verde corrido y continuando desenergizado el
color amarillo…90

Así, observando el mapa aportado por el ingeniero Palechor en su declaración 91,
dentro del ramal que menciona como “pintado de color verde corrido”, se encuentran
las líneas de red aérea ubicadas en la esquina de intersección entre la carrera 29 A
y la Calle 19 A., mismo lugar en donde el ingeniero señaliza con nota manuscrita
como “sitio del accidente”. Es decir que en las maniobras realizadas el 22 de mayo
de 1997, en un primer momento se encontraba desenergizado el punto donde
terminó ocurriendo el accidente que sufrió el demandante –entre los nodos
108.94.80 y 108.95.01– y este posteriormente el mismo fue realimentado.

15. Por lo tanto, para la Sala es evidente que el señor Jhon Jairo Cardona, el día 22
de mayo de 1997, se vio afectado por una descarga eléctrica recibida mientras se
encontraba realizando trabajos en el Cirtuito Aranjuez, que es operado por la
entidad Emcali. Lo anterior le provocó quemaduras en la cara, el cuello, brazo, mano
y tórax, de acuerdo con el informe patronal de accidentes de trabajo 92 y la historia
clínica93.

15.1. De esta manera, se tiene acreditado el hecho dañino –descarga eléctrica– y
el daño –lesiones sufridas por el señor Jhon Jairo Cardona el día 22 de mayo de
1997–, así como el nexo causal –que las afectaciones del señor Cardona fueron
producidas por electrocución, cuando se encontraba trabajando una línea de
energía eléctrica–. De igual forma, se encuentra demostrado que el señor Cardona
recibió la descarga eléctrica de una línea de energía que administra la entidad
Emcali.

15.2. No puede perderse de vista, que el señor Cardona se encontraba adelantando
trabajos por fuera de la zona establecida para ejecutar las obras contratadas entre

90 Folio 14, c. 3.
91 Folio 27, c. 3.
92 Folio 36, c. 1.
93 Folios 25 a 31, c. 1.

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Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

Emcali y Energizar Ltda. y por orden de su empleador, como se desprende de lo
declarado por el señor Harold Gómez Morales94, empleado de Carlos Humberto
Gómez y/o CH Ingeniería:

En ese sitio nos encontramos con el interventor de empresas Municipales que no
recuerdo el nombre, ahí esperamos el grupo de EMCALI hasta las 8: AM, cuando
llegó el grupo de EMCALJ, hablamos con el interventor y nos dirigimos hacía el
punto donde él nos dijo que podíamos aterrizar porque no había energía, seguimos
los puntos que se deben tocar para probar tensión y luego aterrizar, eso es una
protección que uno coloca, cuando ya lo hicimos le dimos la orden a la gente para
que empezara a trabajar. Después me fui con Jhon Jairo v un ayudante a abrir unos
puentes verticales porque el Interventor de EMCALJ, nos dijo que ya no había
problemas de ninguna clase. Cuando paramos la escalera para hacer la maniobra
le di la orden a los otros trabajadores de que se podían subir a los postes también.
Cuando Jhon Jairo Estaba arriba desarmando uno de los puentes metieron corriente
por otro lado del circuito y ahí fue cuando Jhon Jairo se quemó (...)...yo me
encontraba a un lado de la escalera dirigiendo a Jhon Jairo, diciéndole cómo
desarmar los puentes...

16. En todo caso, en este evento debe precisarse que debido a que el hecho se
produjo dentro del marco y como consecuencia del ejercicio de una actividad
riesgosa (conducción de energía a través de redes eléctricas), quien realiza este
tipo de actividad debe cargar con los resultados dañosos que ella genere a terceros,
sin que se requiera prestar atención a la existencia o no de una culpa de quien
ejecuta la actividad –como pretende atribuir el apelante a Emcali–, toda vez que
bajo este régimen de responsabilidad objetiva (riesgo excepcional), quien realiza
esta actividad solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo
por una causa extraña95.

16.1. Frente al particular, no es posible concluir que operó la causal excluyente de
responsabilidad consistente en el hecho del tercero alegada, puesto que un requisito
para la estructuración de este medio exceptivo es su exclusividad, y siendo que
Emcali era la única persona encargada de operar los circuitos de alta tensión del
municipio de Santiago de Cali y específicamente era quien se encontraba operando
los circuitos de Colón y Aranjuez, la descarga eléctrica que recibió el señor Jhon
Jairo Cardona no puede atribuirse de forma exclusiva al comportamiento de un
tercero, porque es causa adecuada del daño la materialización del riesgo de
electrocución que Emcali creó a través de la actividad peligrosa que desempeña
(conducción de energía mediante redes eléctricas).

94 Folios 1 a 6, c. 3.
95 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011, rad. 19067.

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16.2. Tampoco puede predicarse la existencia del hecho de la víctima como
eximente de responsabilidad en este caso, porque el señor Jhon Jairo Cardona no
fue quien propició la materialización del riesgo, ya que debió su presencia en el lugar
ajeno a la zona de trabajos contratada por Emcali –donde se produjo la descarga
eléctrica–, al cumplimiento de las órdenes a él impartidas por su empleador.
Además refuerza la inexistencia de una causa extraña en este caso, el que la
mencionada materialización del riesgo se produjo por hechos relacionados con la
ejecución de obras contratas por Emcali, por lo que no es una situación que sea
ajena o exterior a la entidad demandada.

17. Con todo, es evidente que en el daño sufrido por Jhon Jairo Cardona Gaviria
fue ocasionado por la materialización del riesgo creado por Emcali con el ejercicio
de la actividad peligrosa reseñada, pero con la demostrada intervención directa del
subcontratista de aquella entidad y empleador del lesionado (Carlos Humberto
Gómez y/o CH Ingeniería).

Para la Sala, Emcali crea el riesgo de electrocución no solo porque es quien tenía
a cargo la administración de las líneas de alta tensión y era quien prestaba el
servicio de energía eléctrica, sino por que introdujo un factor adicional, al contratar
una obra para cuyas labores era necesario realizar maniobras de energización y
desenergización de las líneas eléctricas. Aquí es importante señalar que no hay en
el plenario una prueba idónea, con la cual se demuestre que la electrocución se
produjo directamente por una realimentación a las líneas del circuito Aranjuez; no
obstante, dicha situación no impide que con la sola materialización del riesgo creado
por la actividad misma que desarrolla la administración, le resulte imputable el daño.

Igualmente, el subcontratista Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería, quien
fuera el empleador de Jhon Jairo Cardona Gaviria, expuso a la víctima al riesgo,
pues el señor Cardona se encontraba realizando labores en un lugar ajeno al área
de trabajo contratada por la entidad –zona para la cual no estaba prevista la
desenergización de las líneas que la comprendían– y dichas labores las realizó
siguiendo las órdenes de su empleador. En otras palabras, Carlos Humberto Gómez
y/o CH Ingeniería expuso al riesgo a Jhon Jairo Cardona Gaviria, y lo incrementó al
ordenarle trabajar unas líneas de energía que se encontraban por fuera de la zona

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Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

contratada para desarrollar la obra.

18.1. Como el daño se produjo al consumarse el riesgo fruto de la actividad
peligrosa que desempeñaba Emcali, en conjunto con la intervención de Carlos
Humberto Gómez y/o CH Ingeniería, por la asignación de labores a la víctima, nos
encontramos ante un evento de concausalidad, que en virtud del artículo 2344
genera una responsabilidad solidaria entre los varios causantes del daño.
Asimismo, existe entre Emcali y Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería, una
responsabilidad solidaria en virtud del artículo 34 del CST, al ser la entidad Emcali
la beneficiaria y dueña de la obra y porque las obras encomendadas por ella en
virtud del contrato de obra n.° CE-075-97 no son extrañas a las actividades que
normalmente desarrollaba y eran necesarias para la prestación del servicio público
de energía eléctrica, conforme al Acuerdo No. 14 del 26 de diciembre de 1996,
proferido por el Concejo de Santiago de Cali96 y que se encontraba vigente para la
fecha.

18.2. Lo anterior no desplaza, por supuesto, la responsabilidad solidaria que
también existe en este caso entre el contratista independiente Energizar Ltda. y el
subcontratista Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería, por cuenta de lo
establecido en el artículo 34 del CST. Pues la empresa contratista se beneficiaba
de las actividades desarrolladas por los trabajadores del subcontratista, como Jhon
Jairo Cardona Gaviria, ya que con ellas buscaba cumplir las prestaciones
contractuales a las que se obligó con la entidad Emcali y en consecuencia recibiría
una remuneración en contraprestación de las obras ejecutadas materialmente por
los trabajadores. Igualmente, su actividad normal era conexa con las labores
encomendadas por él al subcontratista Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería,
tal como se colige de la declaración rendida por el ingeniero Humberto Marmolejo
Gaviria, profesional quien dijo actuar en calidad de representante legal de Energizar
Ltda., y respondió positivamente a la afirmación de haber realizado varios contratos
con la sección de energía para el mantenimiento de redes de Emcali EICE 97; a su
vez, en el documento de pago de planilla ISS aportado por esta empresa al
expediente, se lee: “Energizar Ltda. trabajamos con energía”, acompañado con la

96 “Por el cual se dictan disposiciones en relación con la transformación de la Empresas Municipales de Cali –

Emcali en empresa industrial u comercial del municipio, se autoriza la constitución de unas sociedades de
servicios públicos oficiales y se dictan otras disposiciones”. Acuerdo disponible en la página web oficial del
Concejo de Cali: https://www.concejodecali.gov.co/
97 Folio 8, c. 3.

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Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

siguiente leyenda: “Proyectos, Instalaciones, Montajes, Subestaciones y Tableros
Eléctricos”.

Sumado a esto, como ciertamente alegó Emcali en su contestación de la demanda,
Energizar Ltda. asumió la responsabilidad por el riesgo de accidentes de trabajo
que tuvieran lugar, pues bajo su propio riesgo dicha sociedad se obligó a desarrollar
la obra encomendada y aceptó ser el único responsable ante la vinculación de
personal para su ejecución. En virtud de las cláusulas pactadas en el contrato de
obra n.° CE-075-97, entre las obligaciones de la sociedad Energizar Ltda. se
encontraban las siguientes:

…CUARTA: VALOR FISCAL DEL CONTRATO (…) PARAGRAFO TERCERO: En
el valor del contrato antes indicado están incluidos los honorarios del contratista y
éste será el único responsable por la vinculación de personal a la obra objeto del
Contrato, de la celebración de subcontratos y de la adquisición de materiales para
la misma, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo si que
EMCALI EICE adquiera responsabilidad alguna por tales actos.

(…)

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (…) b) El Contratista realizará la
obra con sus propios medios y con autonomía técnica y directiva. En consecuencia
no existirá vínculo laboral alguno entre EMCALI EICE y el personal del contratista ni
con este último. c) Son por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los gastos
que demande la preparación y correcta ejecución de las obras objeto de esta
contratación, tales como gastos de administración, mano de obra, materiales,
sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,

(…)

d) “el contratista se obliga a cumplir y hacer cumplir a sus subcontratistas y
trabajadores todas las disposiciones legales vigentes sobre seguridad social de los
trabajadores y empleados que presten sus servicios en la ejecución de las obras
materia de este contrato y pagar por su cuenta el valor de los gastos y aportes
correspondientes a salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que de
acuerdo con las leyes debe cubrir”.

(…)

e) El Contratista es responsable ante EMCALI EICE y ante terceros de todos los
daños y perjuicios que se causen con ocasión del contrato a personas o propiedades
en el desarrollo de los trabajos…

En ese sentido, Energizar Ltda. es solidariamente responsable junto con Carlos
Humberto Gómez y/o CH Ingeniería de las prestaciones laborales a que tiene
derecho Jhon Jairo Cardona Gaviria, con ocasión del accidente laboral que sufrió.
Esto con ocasión de la garantía establecida en el artículo 34 del CST y en tanto esta

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Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

sociedad se obligó con Emcali a pagar por su cuenta el valor de las indemnizaciones
a los trabajadores y empleados que prestaran sus servicios para la ejecución de las
obras contratadas, como es el caso del liniero Jhon Jairo Cardona Gaviria.

19. En resumen Emcali, Energizar Ltda. y Carlos Humberto Gómez y/o CH
Ingeniería, son solidariamente responsables de la obligación de indemnizar a Jhon
Jairo Cardona Gaviria por los perjuicios sufridos a causa de la plurimencionada
electrocución. Accidente de trabajo que se presentó mientras el lesionado ejecutaba
labores en líneas eléctricas de Emcali y en desarrollo del contrato de obra n.° CE-
075-97 suscrito por esta entidad y Energizar Ltda., quien a su vez subcontrato a
Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería.

19.1. Pero, teniendo en cuenta que en este proceso únicamente se encuentran
vinculadas como litisconsortes de la parte demandada la entidad Emcali EICE y la
sociedad Energizar Ltda., esta Sala solo puede emitir declaratoria de
responsabilidad frente a ellas y no respecto de Carlos Humberto Gómez y/o CH
Ingeniería –quien es llamado en garantía–, por los daños causados al demandante
Jhon Jairo Cardona Gaviria. Siendo que “el litigio se traba entre demandante y
entidad demandada”98 y lo que corresponde frente al llamado en garantía es “una
pretensión de condena eventual (in eventum), es decir, que ella sólo cobra vigencia
ante el hecho cierto del vencimiento de la parte original”99, por lo que el objeto de la
intervención del llamado en garantía en el proceso es que este haga valer “su
defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar
o a rembolsar y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar
al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento”100 y en
ese orden existe otra relación accesoria a la principal con la que se zanja el litigio y
es “la relación que surge entre demandado y llamado en garantía, en la cual aquel
asume la posición de demandante frente a éste, de quien reclama un
reconocimiento económico con fundamento en una relación de garantía de origen
legal o contractual”101.

Lo anterior no impide, sin embargo, que Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería

98 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de marzo de 2012. Rad. 20460.
99 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de abril de 2018. N.° SC1304-2018.
100 MORALES Molina Hernando, Curso de derecho procesal civil. Editorial ABC, undécima edición, pág. 258.

Bogotá. 1991. Citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de julio de 2010. Rad. 38259.
101 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de marzo de 2012. Rad. 20460.

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Acción: Reparación directa

sea obligado a pagar el monto de la indemnización que deba sufragar su llamante.
Pues, como se demostró, el llamado en garantía fue concausante del daño y existe
una pretensión –formulada por Energizar Ltda., cuando solicitó su llamamiento al
proceso– de que este sea condenado al pago de los perjuicios materiales y morales
solicitados por el actor. En consecuencia, se condenará a Carlos Humberto Gómez
y/o CH Ingeniería a reembolsar las sumas que su llamante, Energizar Ltda., resulte
sujeta a pagar, como consecuencia de los daños sufridos por el demandante Jhon
Jairo Cardona Gaviria.

19.2. De otra parte, Emcali también llamó en garantía a la compañía de seguros
Previsora S.A. y para soportar dicha solicitud adjuntó la póliza y condiciones
generales del seguro contratado con ella por la entidad, documentos suficientes
para probar su vínculo, conforme al artículo 1046 del Código de Comercio102, según
el cual se entiende que el contrato de seguro se prueba por escrito o por confesión,
siendo prueba escrita la póliza del seguro. Así, la Sala encuentra improcedente la
excepción formulada por la compañía Previsora S.A., denominada ausencia de
prueba del contrato de seguro.

En ese sentido, obra en el expediente la póliza de responsabilidad civil No.
274086103, emitida por la compañía de seguros Previsora S.A. el 28 de agosto de
1995 y que tiene como tomador, asegurado y beneficiario a Empresas Municipales
de Cali – Emcali y cuya vigencia, renovada el 8 de agosto de 1996104, era desde 15
de agosto de 1996 hasta el 15 de agosto de 1997. Conforme a las condiciones
generales del seguro105, este amparaba al asegurado en “el pago de las
indemnizaciones de que puede resultar civilmente responsable por los perjuicios
patrimoniales que sufra a consecuencia de reclamaciones de terceros, presentadas
con base en las normas de la responsabilidad civil extracontractual” y dentro del
amparo se especificaban los siniestros cuyas consecuencias sean daños
personales, daños materiales y los perjuicios producidos como efecto de esos

102 “Artículo 1046. Prueba del contrato de seguro - póliza. El contrato de seguro se probará por escrito o por

confesión.
Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al tomador, dentro
de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el
cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador.
La Superintendencia Bancaria señalará los ramos y la clase de contratos que se redacten en idioma extranjero.
PARÁGRAFO. El asegurador está también obligado a librar a petición y a costa del tomador, del asegurado o
del beneficiario duplicados o copias de la pólizak.
103 Folio 176, c. 1.
104 Folio 174, c. 1.
105 Folios 177 a 183, c. 1.

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daños.

Igualmente, se encuentra en el “Amparo No. 02 a la póliza de responsabilidad civil
No. 274086 de la cual forma parte integrante”106, en el cual se establece lo siguiente:

Mediante el presente anexo y no obstante lo que se diga en contrario en las
condiciones generales de la Póliza, se reembolsarán al Asegurado las sumas que
debiere pagar en razón de la responsabilidad civil extracontractual y/o gastos
médicos por lesiones a personas o daños a propiedades de terceros resultantes
como consecuencia de labores realizadas a su servicio por Contratistas y
Subcontratistas independientes.

Agregado a lo anterior, en el “Amparo No. 04 a la póliza de responsabilidad civil No.
274086 de la cual forma parte integrante”107, se determinó la llamada “cobertura de
responsabilidad civil cruzada” en donde se estipuló que:

Queda entendido y convenido en adición a los términos y condiciones contenidas
en la Póliza o en sus anexos, que la cobertura de responsabilidad civil se aplicará al
Asegurado y a los Contratistas y Subcontratistas independientes, al servicio del
Asegurado, en la misma forma que si a cada uno de ellos se hubiera extendido una
Póliza por separado.

De lo pactado entonces se desprende que dentro de la cobertura del seguro se
encontraba obligada la aseguradora Previsora S.A. no solo a amparar a la entidad
contratante Emcali, sino a sus contratistas y subcontratistas independientes, frente
a la responsabilidad civil extracontractual surgida en cabeza de ellos. Por lo que la
Sala negará la excepción ejercida por Previsora S.A., denominada inexistencia de
la obligación por falta de cobertura contractual.

No obstante, tal como lo alegó en sus excepciones al llamamiento en garantía, en
el presente caso la compañía aseguradora no está llamada a pagar el perjuicio
sufrido por el demandante, como consecuencia de una condena a su llamante
Emcali, porque operó el fenómeno de la prescripción de que trata el artículo 1131
del Código de Comercio108, a partir del cual en los seguros de responsabilidad civil
la prescripción corre frente al asegurado desde cuando la víctima le formula la

106 Folio 182, c. 1.
107 Folio 183, c. 1.
108 “Artículo 1131. Ocurrencia del siniestro. (Subrogado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990) En el seguro de

responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable
al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello
ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”.
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Acción: Reparación directa

petición judicial o extrajudicial, en aplicación armónica109 con el artículo 1081 del
Código de Comercio110, que establece para el interesado111 un término de
prescripción ordinaria de 2 años.

En ese sentido, en el caso concreto se observa que la solicitud de conciliación
extrajudicial (punto de partida del mencionado lapso perentorio 112) fue presentada
por el hoy demandante el 24 de mayo de 1999 113, por lo que el término de
prescripción frente al asegurado Emcali corrió desde el 24 de mayo de 1999 hasta
el 24 de mayo de 2001. Sin embargo, la formulación del llamamiento en garantía
por parte de Emcali a la Previsora S.A. es del 23 de agosto de 2001114, tiempo para
el cual ya había operado la prescripción de que tratan los artículos 1131 y 1081 del
Código de Comercio. En estas condiciones se declarará la procedencia de la
excepción de prescripción formulada por la compañía aseguradora Previsora S.A.

20. En ese sentido, la Sala declarará patrimonialmente responsables a Empresas
Municipales de Cali – Emcali y a Energizar Ltda. por los perjuicios morales y
materiales del señor Jhon Jairo Cardona Gaviria, padecidos a causa de las lesiones
sufridas por electrocución el día 22 de mayo de 1997. Asimismo, con base en las
obligaciones asumidas con el contrato de obra n.° CE-075-97, se habilitará la
posibilidad de que Emcali solicite el reembolso de lo pagado contra Energizar Ltda.
E, igualmente, Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería deberá reembolsar lo que
llegare a pagar su llamante Energizar Ltda., por la condena a la que este se sujetará
de forma solidaria.

109 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de octubre de 2019. N.° STC13948-

2019
110 “Artículo 1081. Prescripción de acciones. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de

seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya
tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse
desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.
111 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de noviembre de 2021. N.° SC4904-

2021: “Está fuera de discusión que, en principio, solo son «interesados» las personas que derivan algún derecho
del contrato de seguro, entre los que estarían el asegurador y el tomador (art. 1037 C. de Co), así como el
asegurado y el beneficiario (art. 1047, num. 3° ib.)”.
112 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 2020. N.°. STC3916-2020.

En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 21 de noviembre de 2022. Rad. 60840
y Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 20 de junio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-01194-
00.
113 Folio 82, c. 1.
114 Folio 165, c. 1.

40

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

21.1. Advierte también la Sala que la apelante no objetó el valor de la condena
realizada en primera instancia, por lo que será actualizado el monto de condena y
solo frente a la suma de perjuicios materiales, puesto que los perjuicios morales se
fijaron en salarios mínimos. Con base en el indicador del índice de Precios al
Consumidor, se aplicará la siguiente fórmula:

Vp = Vh x índice final_
índice inicial

Donde:
Vp= Valor presente
Vh= Valor histórico

Índice115 final aplicable a la fecha de esta sentencia: 143,67 (julio de 2024)
Índice inicial a la fecha de la sentencia de primera instancia: 101,62 (marzo de 2019)

Vp= $697.281.204 143,67 (julio de 2024)_ = $ 985.813.723
101,62 (marzo de 2019)

21.2. Ahora bien, observa la Sala que el monto anterior, es decir novecientos
ochenta y cinco millones ochocientos trece mil setecientos veintitrés pesos ($
985.813.723), supera el valor de indemnización solicitado por el demandante en sus
pretensiones, es decir, quinientos millones de pesos ($500.000.000), por concepto
de perjuicios materiales. Por lo que, en cumplimiento del principio de congruencia116,
la sala ajustará el monto de indemnización en este rubro a lo solicitado en las
pretensiones de demanda y lo actualizará, así:

Índice117 final aplicable a la fecha de esta sentencia: 143,67 (julio de 2024)
Índice inicial a la fecha de presentación de la demanda: 106,55 (junio de 1999)

Vp= $500.000.000 143,67 (julio de 2024)_ = $674.190.520
106,55 (junio de 1999)

115 Estos factores corresponden a los índices de precios al consumidor que pueden ser consultados en DANE

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-
ipc/ipc-informacion-tecnica#indices-y-ponderaciones.
116 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 26 de octubre de 2017. Rad. 2458-15.
117 Estos factores corresponden a los índices de precios al consumidor que pueden ser consultados en DANE

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-
ipc/ipc-informacion-tecnica#indices-y-ponderaciones.
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Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

De esta manera, se actualizan los daños materiales por la suma de seiscientos
setenta y cuatro millones ciento noventa mil quinientos veinte pesos ($674.190.520).

El monto de la condena por concepto de perjuicios morales realizada en primera
instancia se mantendrá incólume, en tanto la misma no fue objeto de apelación y se
cuantificó en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

Costas

22. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que las
partes hayan actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia del 13 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar solidariamente responsables a Empresas Municipales de Cali
– Emcali EICE ESP y a Energizar Ltda., por los perjuicios morales y materiales
causados al señor Jhon Jairo Cardona Gaviria a causa de las lesiones sufridas por
electrocución el día 22 de mayo de 1997, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a Empresas
Municipales de Cali – Emcali EICE ESP y a Energizar Ltda. al pago de los siguientes
valores:

Por concepto de perjuicios materiales, la suma de seiscientos setenta y cuatro
millones ciento noventa mil quinientos veinte pesos ($674.190.520).

42

Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

Por concepto de perjuicios morales, la suma de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la ejecutoria del fallo.

TERCERO. Energizar Ltda., deberá pagar a Empresas Municipales de Cali – Emcali
EICE ESP el 100% del valor total de la indemnización que éste último cancele al
demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO. Carlos Humberto Gómez y/o CH Ingeniería deberá pagar a Energizar
Ltda. el 100% del valor total de la indemnización que éste último cancele al
demandante o a Empresas Municipales de Cali – Emcali EICE ESP, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. Declarar probada la excepción de prescripción de la acción derivada del
contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, propuesta por la
compañía de seguros Previsora S.A.

SEXTO. Sin condena en costas.

SÉPTIMO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

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Radicación: 76001-23-31-000-1999-01387-02 (64260)
Demandante: Jhon Jairo Cardona Gaviria
Demandados: Empresas Municipales de Cali – Emcali
Acción: Reparación directa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VR

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