Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02271-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02271-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02271-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
20 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02271-00
Accionante: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la sociedad La Previsora S.A.
Compañía de Seguros contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La sociedad La Previsora S.A. Compañía de Seguros solicitó, a través de
apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 22 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de reparación
directa con el número de radicación 76001-33-33-017-2013-00083-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Señalóque la Red de Salud del Oriente E.S.E. tomó con la sociedad La
Previsora S.A. Compañía de Seguros un seguro de responsabilidad civil, de acuerdo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02271-00
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
con el artículo 11311 del Código de Comercio2, que quedó documentado en la póliza
de seguro de responsabilidad civil núm. 1004431.
2.2. Relató que el 10 de octubre de 2012, los señores Luciano Luligo Campo, Diego
Fernando Luligo Zúñiga, Alexander Luligo Zúñiga, Álvaro Zúñiga Campo, Héctor
Zúñiga Campo, Joel Zúñiga Campo, María Clelia Zúñiga Campo, Ana Milena
Zúñiga Campo, José Gilber Zúñiga Campo, Edgar Zúñiga Campo, Noraldo Zúñiga
Campo, Guido Zúñiga Campo y Noralba Zúñiga Campo presentaron, mediante
apoderado judicial, solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
Dieciocho Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali, autoridad que el 10 de
diciembre de ese mismo año declaró fallido el trámite conciliatorio y expidió la
constancia dando por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2.3. Agregó que, a través de auto de 29 de abril de 2013, el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Cali admitió, luego de ser remitida por competencia
desde el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa, presentada por los señores mencionados en
el numeral anterior, contra la Red de Salud del Oriente E.S.E. - Hospital Carlos
Holmes Trujillo de Cali, el Hospital de San Juan de Dios de Cali, el Hospital
Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., para que se les declarara
responsables administrativa y extracontractualmente por los perjuicios acaecidos
con el fallecimiento de la señora Maura Zúñiga Campo como consecuencia de la
presunta falla en la prestación del servicio médico.
2.4. Manifestó que, pese a que habían transcurrido más de dos años después de la
solicitud de conciliación extrajudicial formulada por las víctimas el 10 de octubre de
2012, el 2 de octubre de 2015 la Red de Salud del Oriente E.S.E., a través de
apoderado judicial, solicitó llamar en garantía a la sociedad La Previsora S.A.
Compañía de Seguros.
2.5. Informóque mediante auto interlocutorio de 6 de mayo de 2016 el Juzgado
Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali admitió el llamamiento en garantía, y
ordenó notificarla, de acuerdo con el artículo 199 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20113.
2.6. Indicó que el 21 de junio de 2016 contestó, dentro del término de ley, la demanda
y el llamamiento en garantía, excepcionando, entre otras cosas, la prescripción de
las acciones derivadas del contrato de seguro.
1
“[…] ARTÍCULO 1131. <OCURRENCIA DEL SINIESTRO>. <Artículo subrogado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990.
El nuevo texto es el siguiente:> En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que
acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima.
Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial […]”. [Subrayado
original del texto]
2
Decreto 410 de 27 de marzo de 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio”.
3
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
2.7. Refirió que el 24 de mayo de 2019 el Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito de Cali declaró administrativa y extracontractualmente responsable a La
Red de Salud del Oriente E.S.E. - Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali, por los
perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la pérdida de
oportunidad de la señora Maura Zúñiga Campo, ocurrida el 4 de noviembre de
2010 y, en consecuencia condenó a La Previsora S.A. “[…] a pagar a LA RED DE
SALUD DEL ORIENTE ESE – HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO las
sumas que con ocasión de este fallo tenga que cubrir, hasta en la proporción
convenida en la póliza de seguros No. 1004431 […]”.
2.8. Precisó que presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, y que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la sentencia de 22 de
febrero de 2024, dispuso modificar el numeral segundo de la decisión de primera
instancia, relacionado con las sumas de dinero que debía pagar la Red de Salud
del Oriente E.S.E. – Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali y frente a los demás
numerales confirmó la decisión.
2.9. Alegóque la decisión de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, por cuanto incurrió en defecto sustantivo, en desconocimiento del
precedente y en una decisión sin motivación
2.10. Frente al defecto sustantivo señaló que la autoridad judicial accionada realizó
una interpretación errónea de los artículos 1072, 1081 y 1131 del Código de
Comercio, porque, aunque era aplicable la prescripción ordinaria de dos (2) años,
aplicó la prescripción extraordinaria de cinco (5) años, vulnerando los derechos
fundamentales mencionados.
2.11. Afirmó que la decisión objeto de la presente acción de tutela desconoció el
precedente jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sobre la interpretación del
artículo 1081 del Código de Comercio, y la aplicación de la prescripción ordinaria
y extraordinaria en materia de seguros. Entre las sentencias que considera
desconocidas enlistó las siguientes: de 20 de junio4 y 1.º de marzo de 20235 y, de
29 de marzo de 20226 del Consejo de Estado y, de 25 de mayo de 20117 de la
Corte Suprema de Justicia.
4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección A de la Sección Tercera. Radicación: 11001-03-
15-000-2023-01194-00, M.P. María Adriana Marín.
5
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección B de la Sección Tercera. Radicado 41001-23-31-
000-2011-00338-01 (67240)., M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección C de la Sección Tercera. Radicado 25000-23-36-
000-2016-02235-01 (67159), M.P. Guillermo Sánchez Luque.
7
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 5001-31-03-003-2004-00142-01, M.P. Pedro Octavio
Munar Cadena.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02271-00
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
2.12. Aludió que la decisión se profirió sin motivación al ser claramente
contradictoria porque aseguró que la Red de Salud del Oriente E.S.E. como
asegurado tuvo conocimiento del hecho desde que le formularon la petición
extrajudicial, pero sin “[…] explicación alguna e interpretando de forma incorrecta
una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
derivando de ello una confusión entre la acción directa de la víctima con la acción
del asegurado, decidió aplicar la prescripción extraordinaria […]”.
2.13. Finalmente, sostuvo que “[…] la argumentación efectuada por la autoridad
jurisdiccional es abiertamente contradictoria e injustificable, pues, a pesar de que
en el proceso se vinculó a La Previsora S.A. Compañía de Seguros con
fundamento en el ejercicio de la ACCIÓN DEL ASEGURADO (RED DE SALUD
DEL ORIENTE E.S.E.) y así lo reconoce el ad quem al referirse a éste como el
llamante en garantía, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, sin
explicación alguna, decidió aplicar las reglas normativas y jurisprudenciales que
gobiernan la acción directa que tiene la víctima contra la compañía aseguradora
de conformidad con el artículo 1133 del Código de Comercio subrogado por el
artículo 87 de la Ley 45 de 1990 […]”. [Negrilla original del texto].
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. Que se AMPAREN los derechos fundamentales a la
IGUALDAD (Art. 13 C.P.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.) y ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.) a favor de mi
representada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.
6.2. SEGUNDO. Que se AMPARE cualquier otro derecho fundamental
constitucional que se estime vulnerado o amenazado de la lectura de los
hechos y las pruebas con base en la facultad oficiosa del juez constitucional
de tutela y el principio iura novit curia.
6.3. TERCERO. Que como consecuencia de la declaración que antecede, se
ORDENE DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 24 del 22 de febrero de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca con ponencia
del Magistrado Víctor Adolfo Hernández Díaz dentro del proceso de
reparación directa adelantado por LUCIANO LULIGO CAMPO Y OTROS en
contra de la RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. - HOSPITAL CARLOS
HOLMES TRUJILLO Y OTROS bajo el radicado No. 76001-33-33-017-2013-
00083-01.
6.4. CUARTO. Que como consecuencia de la declaración que antecede, se
ORDENE al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca PROFERIR UNA
DECISIÓN DE REEMPLAZO de la Sentencia No. 24 del 22 de febrero de
2024 proferida dentro del proceso de reparación directa adelantado por
LUCIANO LULIGO CAMPO Y OTROS en contra de la RED DE SALUD DEL
ORIENTE E.S.E. - HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO Y OTROS bajo
el radicado No. 76001-33-33-017-2013-00083-01; y, en su lugar, se tenga en
cuenta los términos de prescripción bienal ordinaria que se predican respecto
5
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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
del asegurado (RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.) en el presente caso
de conformidad con los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio […]”.
[Negrilla original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 14 de mayo de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a los señores Luciano
Luligo Campo, Diego Fernando Luligo Zúñiga, Alexander Luligo Zúñiga, Álvaro
Zúñiga Campo, Héctor Zúñiga Campo, Joel Zúñiga Campo, María Clelia Zúñiga
Campo, Ana Milena Zúñiga Campo, José Gilber Zúñiga Campo, Edgar Zúñiga
Campo, Noraldo Zúñiga Campo, Guido Zúñiga Campo y Noralba Zúñiga Campo,
a la Red de Salud del Oriente E.S.E. - Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali, al
Hospital de San Juan de Dios de Cali, al Hospital Universitario del Valle Evaristo
García E.S.E. y al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Hospital de San Juan de Dios de Cali solicitó, a través de su director
general, la desvinculación del presente trámite constitucional, porque desconoce
las actuaciones adelantadas por la sociedad La Previsora S.A. e igualmente no
conoce sobre lo resuelto en segunda instancia, teniendo en cuenta que la
condenada fue la Red de Salud del Oriente E.S.E. - Hospital Carlos Holmes
Trujillo de Cali.
5.2. Agregóque sus funciones no están relacionadas con lo pretendido por la
accionante, esto es proferir una decisión en reemplazo de la sentencia de 22 de
febrero de 2024, que por el contrario tiene competencia para la atención en salud
en el segundo nivel de complejidad de los usuarios afiliados a las EPS con
quienes suscribe contrato.
5.3. El
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca informó, a través del
magistrado ponente de la decisión de 22 de febrero de 2024, que no se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, que por
el contrario la providencia se profirió con base en los argumentos que
debidamente soportan que no se configuró la prescripción de la acción derivada
del contrato de seguro de responsabilidad.
5.4. Explicó que el término de prescripción de la acción comenzó a contabilizarse
desde el 10 de octubre de 2012, es decir, desde la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial presentada por los demandantes, pero que la
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02271-00
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
prescripción aplicable al caso concreto era extraordinaria por lo que la notificación
de la acción del 21 de junio de 2016 se hizo oportunamente, lo que quiere decir
que la decisión de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa se
profirió con estricto apego a la ley y los criterios jurisprudenciales.
5.5. ElJuez Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali solicitó que se le
exonerara de toda responsabilidad porque la decisión de primera instancia se
profirió luego de que se culminaran todas las etapas procesales y, a través de
sentencia de 24 de mayo de 2019 se accedieron a las suplicas de la demanda.
5.6. La Red de Salud del Oriente E.S.E. - Hospital Carlos Holmes Trujillo de
Cali refirió, a través de apoderada judicial, que solo tuvo conocimiento del
reclamo cuando se le notificó de la demanda con el lleno de sus requisitos, pues
solo hasta ese momento tenía la certeza de que debía vincular a su aseguradora,
y es por esa razón que no ocurrió el fenómeno jurídico de la prescripción.
5.7. Señaló que el término de prescripción se comienza a contar desde el momento
en que la aseguradora tuvo conocimiento del litigio, esto es, 14 de julio de 2015,
fecha en la que el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali notificó el
auto admisorio de la demanda de reparación directa con radicado núm. 76001-
33-33-017-2013-00083-00/01, de acuerdo con lo que reposa en el folio 327 del
cuaderno principal del expediente de ese proceso.
5.8. Finalmente,agregó que “[…] es evidente que, si la ley busca sancionar el
comportamiento de la Asegurada, en este caso, Red de Salud del Oriente ESE,
para declararle precluida la oportunidad de llamar a su Aseguradora, debe tener
en cuenta el orden fáctico que realmente sucedió, y este no es otro, en donde se
ejemplifica, que una vez la entidad es notificada de la demanda con el lleno de
sus pretensiones, se tiene por enterada y procede de inmediato a radicar
llamamiento en garantía […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20159, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
8
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
9
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02271-00
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
de 6 de abril de 202110, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
201911.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Hospital San Juan de Dios de Cali.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200612, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […].” [Negrilla fuera del texto]
9. En este contexto, la Sala considera que al Hospital San Juan de Dios de Cali sí
le asiste la legitimación en la causa por pasiva en esta oportunidad porque
intervino dentro del proceso de reparación directa con número único de radicación
76001-33-33-017-2013-00083-00/01, que es objeto de la presente tutela, razón
por la cual se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
10
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
12
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02271-00
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del
precedente y en una decisión sin motivación.
11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201213, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial14, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
14
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02271-00
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absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución15.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”16 que encaje en
dichos parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. La sociedad La Previsora S.A. Compañía de Seguros solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 22 de
febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación
76001-33-33-017-2013-00083-00/01.
15
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
16
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02271-00
Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
21. En cuanto al requisito de procedencia de relevancia constitucional, cabe recordar
que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental17 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones18.
19
22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces20.
23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación21, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto]
17
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
18
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
19
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
20
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
21
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202222 precisó, en
relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles
eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto]
25. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202323.
26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales24.
27. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
sustantivo, en un desconocimiento del precedente y en una decisión sin
motivación.
29. Frente al defecto sustantivo señaló que la autoridad judicial accionada realizó
una interpretación errónea de los artículos 1072, 1081 y 1131 del Código de
Comercio, porque, aunque era aplicable la prescripción ordinaria de dos (2) años,
aplicó la prescripción extraordinaria de cinco (5) años, vulnerando los principios y
los derechos fundamentales mencionados.
23
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
30. Afirmó que la decisión objeto de la presente acción de tutela desconoció el
precedente jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sobre la interpretación del
artículo 1081 del Código de Comercio y la aplicación de la prescripción ordinaria y
extraordinaria en materia de seguros. Entre las sentencias desconocidas enlistó
las siguientes: de 20 de junio25 y 1.º de marzo de 202326 y, de 29 de marzo de
202227 del Consejo de Estado y, de 25 de mayo de 201128 de la Corte Suprema
de Justicia.
31. Encuanto a que es una decisión sin motivación adujo que por un lado se
aseguró que la Red de Salud del Oriente E.S.E. como asegurado tuvo
conocimiento del hecho desde que le formularon la petición extrajudicial, pero sin
“[…] explicación alguna e interpretando de forma incorrecta una sentencia de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia derivando de ello una
confusión entre la acción directa de la víctima con la acción del asegurado,
decidió aplicar la prescripción extraordinaria […]”.
32. Sostuvo que “[…] la argumentación efectuada por la autoridad jurisdiccional es
abiertamente contradictoria e injustificable, pues, a pesar de que en el proceso se
vinculó a La Previsora S.A. Compañía de Seguros con fundamento en el ejercicio
de la ACCIÓN DEL ASEGURADO (RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.) y así
lo reconoce el ad quem al referirse a éste como el llamante en garantía, el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, sin explicación alguna, decidió aplicar
las reglas normativas y jurisprudenciales que gobiernan la acción directa que tiene
la víctima contra la compañía aseguradora de conformidad con el artículo 1133
del Código de Comercio subrogado por el artículo 87 de la Ley 45 de 1990 […]”.
[Negrilla y mayúscula original del texto]
33. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural y iii) la pretensión guarda relación con un asunto de contenido económico.
34. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección A de la Sección Tercera. Radicación: 11001-03-
15-000-2023-01194-00, M.P. María Adriana Marín.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección B de la Sección Tercera. Radicado 41001-23-31-
000-2011-00338-01 (67240)., M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección C de la Sección Tercera. Radicado 25000-23-36-
000-2016-02235-01 (67159), M.P. Guillermo Sánchez Luque.
28
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 5001-31-03-003-2004-00142-01, M.P. Pedro Octavio
Munar Cadena.
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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
35. Se considera que parte accionante expuso los mismos argumentos que en el
proceso de reparación directa y en el recurso de apelación y no está exponiendo
que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el
juez de segunda instancia, en el proceso contencioso, confirmó la sentencia de
primera instancia que condenó a la accionada a pagarle a la Red de Salud del
Oriente E.S.E. la suma de dinero que con ocasión de su responsabilidad deba
pagar y hasta en la proporción convenida en la póliza de seguros núm. 1004431.
36. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la providencia
cuestionada:
“[…] Motivo de disenso relacionado con la prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro.
Afirma LA PREVISORA S.A. que la Red de Salud del Oriente E.S.E. llamó en
garantía por fuera de los 2 años siguientes al conocimiento del siniestro.
Para la llamada, conforme a lo estipulado por el artículo 1081 del Código de
Comercio, la prescripción ordinaria para interponer las acciones derivadas de
un contrato de seguro corresponde a un término de 2 años. Adicionalmente,
el artículo 1311 ibídem señala que, en los eventos en que se discuta la
configuración de la responsabilidad civil extracontractual, el término de
prescripción, para el caso del asegurado, se contará desde el momento en
que la víctima efectúe la reclamación judicial o extrajudicial.
[…]
Para resolver el motivo de inconformidad, es necesario precisar que, de
acuerdo a lo consagrado por el artículo 108129 del Código de Comercio, las
acciones derivadas del contrato de seguro, tienen un término de prescripción
ordinaria u extraordinaria, según corresponda.
Adicionalmente, el artículo 131130 ibídem determina que la contabilización del
término de prescripción establecido para la acción derivada del contrato de
seguro de responsabilidad civil, para el caso de las aseguradoras, se contará
desde el momento en que la víctima efectúe la reclamación judicial o
extrajudicial.
29
ARTÍCULO 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo
rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o
debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el
momento en que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes.
30
ARTÍCULO 1131. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el
hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al
asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.
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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Ahora bien, conforme a la interpretación efectuada a dicho precepto por parte
de la Corte Suprema de Justicia, la prescripción aplicable a la acción derivada
del contrato de seguro de responsabilidad, corresponde a la de clase
extraordinaria.
[…]
En este escenario, si bien, como lo planteó, la llamada en garantía, el término
de prescripción de la acción se empezó a contabilizar el 10 de octubre de
2012, con la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la parte
actora; resulta igualmente cierto que el plazo que se inició correspondía a los
5 años establecidos para la prescripción extraordinaria, por lo cual, la
notificación de la acción del 21 de junio de 2016 se hizo en forma oportuna.
En consecuencia, no prospera la inconformidad planteada.
En lo concerniente a las condiciones o límites establecidos en la póliza, se
tiene que la condena en primera instancia las tuvo en cuenta, pues refiere que
la suma que deba cubrir la aseguradora será hasta la proporción convenida
en la póliza de seguros No. 1004431.
En consecuencia, por los argumentos expuestos en precedencia, se
modificará el numeral segundo de la sentencia proferida en primera instancia
[…]”. [Negrilla y mayúscula original del texto, y subrayado fuera del texto].
37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por la jurisdicción contenciosa administrativa y
no se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
38. De hecho, lo que se aprecia es que el juez al analizar la ocurrencia del
fenómeno jurídico de la prescripción frente a la acción que se deriva del contrato
de seguro, siendo este el motivo de inconformidad de la accionante en este
mecanismo de amparo, concluyó que este no ocurrió porque de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia el término de prescripción
aplicable en este caso es la extraordinaria que corresponde a 5 años.
39. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la
sana crítica.
40. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. Esta
oportunidad lo perseguido por la accionante es controvertir el análisis probatorio
efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una
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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
desnaturalización de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una
tercera instancia.
41. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”31.
42. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial”; ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos […]”32. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos
persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada
la tutela contra providencias judiciales […]”33.
43. Confundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal presentada por el
Hospital San Juan de Dios de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
31
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
32
Ibid.
33
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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