Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02139-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02139-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02139-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02139-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02139-00
Accionante: Gerardo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA – Improcedencia
/ no se acreditaron los supuestos para su procedencia excepcionalísima
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Gerardo Herrera contra el
Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 30 de abril del año en curso, el señor Gerardo Herrera instauró demanda de
tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.
Considera que este fue vulnerado por el Tribunal accionado al proferir la sentencia
del 4 de julio de 2023, al interior del proceso con número de radicado 52001-33-33-
002-2021-00126-01.
2.
En ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos,
el accionante formuló demanda en contra de los notarios Primero y Tercero del
Círculo de Pasto y Segundo del Círculo de Túquerres, con el propósito de que se les
ordenara realizar la contratación de un profesional intérprete y un profesional guía
intérprete de planta para la prestación de sus servicios en las instalaciones físicas
de las respectivas notarías. Lo anterior, en aras de garantizar el acceso y a la
adecuada prestación de la función notarial a las personas en situación de
discapacidad.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02139-00
Accionante: Gerardo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.
Por auto del 1º de junio de 2023, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pasto resolvió adecuar el asunto para que fuera
tramitado como una acción de tutela. Estimó que si bien las pretensiones formuladas
en la demanda giran en torno a decisiones susceptibles de ser adoptadas en el
trámite de una acción popular, lo cierto es que el debate planteado no solo versa
sobre derechos de carácter colectivo, sino también sobre derechos fundamentales
individuales, como el derecho a la igualdad. Prerrogativa que además se invocó
respecto de personas sordas y sordociegas de los municipios de Pasto y Túquerres,
las cuales son consideradas sujetos de protección constitucional reforzada.
4.
Una vez surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado en mención, a
través de fallo dictado el 9 de junio de 2023, negó la solicitud de amparo
constitucional.
5.
Mediante sentencia del 4 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño
revocó la decisión de primera instancia. En su lugar, resolvió declarar la
improcedencia de la acción de tutela por estimar que no cumplía con el requisito
general de subsidiariedad. Sostuvo que aunque el a quo decidió adecuar el asunto
a una acción de tutela, la revisión de la solicitud presentada por el actor evidenciaba
que en realidad lo que se pretendía era hacer efectivo el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los artículos 5 y 8 de la Ley 982 de 20052. Para lo cual
el accionante tiene a su alcance otro mecanismo judicial idóneo y eficaz: la acción
de cumplimiento prevista en la Ley 393 de 1997, cuyo ejercicio además exige un
requisito mínimo de procedibilidad.
6.
El demandante solicitó aclarar y adicionar el fallo de segunda instancia, bajo el
argumento de que la acción popular y la acción de tutela son autónomas y se pueden
impetrar simultáneamente si así lo desea el interesado. Dicha solicitud fue negada
por auto del 19 de julio de 20233. Por un lado, el Tribunal consideró que la situación
alegada por la parte actora no es de aquellas que admitan aclaración. Por otra parte,
indicó que la providencia tampoco es susceptible de adición, comoquiera que la
decisión que en ella se adoptó fue la de declarar improcedente la acción de tutela,
sin que se adoptara ninguna determinación de fondo.
7.
El accionante reprochó que el Tribunal enjuiciado ni siquiera mencionó el tipo de
acción que refiere como procedente. En ese sentido, las pretensiones están
encaminadas a que se ordene a la autoridad accionada que “comprenda en derecho”
que la acción de tutela sí procede. Como fundamento de ello, hizo alusión a un fallo
de tutela proferido por el Consejo de Estado4 en el que se indicó que en estos casos
la acción de tutela resulta ser procedente, dado que acudir a la acción popular se
2 “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y
sordociegas y se dictan otras disposiciones.”
3 Ese proveído fue comunicado a las partes por correo electrónico el 31 de julio de 2023.
4 Al interior del expediente con radicado número 52001-23-31-000-2005-01150-01.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02139-00
Accionante: Gerardo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
torna inviable no solo por el tiempo en que puede tardar en ser resuelta,
sino también por la naturaleza de los derechos involucrados.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
8.
Mediante auto de 6 de mayo de 2024, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada; (iii) vincular a los
notarios Primero y Tercero del Círculo de Pasto y Segundo del Círculo de Túquerres,
en calidad de terceros con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado; y (v) requerir al Tribunal Administrativo de Nariño
que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado
número 52001-33-33-02-2021-00126-012.
9.
El Tribunal Administrativo de Nariño5 solicitó desestimar la solicitud de amparo, en
tanto no se acreditó ninguno de los supuestos establecidos para que proceda la
acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza. Señaló que la decisión
acusada se ajusta a derecho, pues tiene como fundamento el marco normativo que
resultaba aplicable al asunto.
10.
El Notario Segundo del Círculo de Túquerres6 pidió su desvinculación del trámite
de tutela por estimar que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no
profirió la providencia objeto de reproche constitucional.
11.
El Notario Tercero del Círculo de Pasto 7 indicó que su oficina cuenta con
medidas e instrumentos que permiten el acceso y la atención a los servicios
notariales a todas las personas que lo requieran, con inclusión de aquellas en
condición de discapacidad. Situación que fue acreditada en el proceso que se
cuestiona. Por tanto, adujo que las determinaciones adoptadas en el marco de ese
asunto se encuentran conforme a derecho. Sumado a lo anterior, aseveró que la
presente acción de tutela tampoco cumple con los presupuestos para que proceda,
por lo que solicitó negar el amparo constitucional deprecado.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
12.
La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el Notario
Segundo del Círculo de Túquerres, puesto que el mismo ostentó la calidad de parte
demandada en el proceso que se cuestiona en la acción constitucional de la
referencia. En esa medida, le asiste un interés legítimo para intervenir en el presente
trámite, en tanto podría verse afectado con la decisión que adopte el juez
constitucional ante un eventual amparo.
5 Intervención digital contenida en 2 folios.
6 Intervención digital contenida en 3 folios.
7 Intervención digital contenida en 2 folios.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02139-00
Accionante: Gerardo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
D. Análisis del caso concreto
13.
Revisados los elementos de juicio obrantes en el expediente, la Sala advierte
que la solicitud de amparo no acredita el cumplimiento de los supuestos para que
proceda la acción de tutela interpuesta contra una providencia de la misma
naturaleza. De ahí que deba declararse su improcedencia.
14.
La Corte Constitucional ha indicado que, por regla general, este tipo de amparos
son improcedentes, pues admitir lo contrario implicaría prolongar indefinidamente los
procesos de tutela, en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce
efectivo, cierto y oportuno de los derechos fundamentales.
15.
No obstante, el Alto Tribunal Constitucional ha admitido su procedencia
excepcionalísima, siempre que: (i) se acrediten los requisitos genéricos de
procedencia del amparo constitucional interpuesto en contra de una providencia
judicial, (ii) la demanda de tutela no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo que pretende cuestionar; (iii) se demuestre a través de una exigente carga
argumentativa que la providencia acusada fue producto de una situación de fraude
y; (iv) no exista otro mecanismo ordinario o extraordinario para resolver la
controversia planteada8.
16.
De acuerdo con lo expuesto, el presente asunto se torna improcedente, toda vez
que no satisface los presupuestos generales de procedencia de tutela contra
providencia judicial atinentes a la inmediatez y la relevancia constitucional. Aunado
a que tampoco se alegó ni se probó que la decisión de tutela objeto de reproche
fuera el resultado de una situación fraudulenta.
17.
En lo que respecta al primero de tales requisitos, esta Corporación ha señalado
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela contra providencias
judiciales es de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia que
se cuestiona, debido a que, es desde ese momento que el accionante conoce la
decisión y puede advertir la posible vulneración de sus derechos fundamentales.
18.
Esta Sala ha expresado que excepcionalmente, procede contabilizar dicho
término desde la ejecutoria de la decisión, únicamente en los casos en que se
hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una
solicitud de aclaración, de corrección o de adición de una decisión o, incluso, un
incidente de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes. Dicha
excepción se justifica porque los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esa
clase de solicitudes podrían tener incidencia o modificar el alcance de la decisión
que se reprocha en sede de tutela. Por tanto, en principio, también tendrían que ser
objeto de cuestionamiento.
8 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02139-00
Accionante: Gerardo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
19.
Revisado el expediente requerido, la Sala observa que el accionante pidió
adición y aclaración respecto del fallo que se cuestiona en la presente tutela. Dicha
solicitud fue negada por auto del 19 de julio de 2023, el cual fue comunicado a las
partes por correo electrónico el 31 de julio siguiente, por lo que se entiende notificado
el 2 de agosto de ese año9. Por consiguiente, en este caso el cómputo del término
de seis meses debe empezar a contabilizarse desde el término de ejecutoria de la
decisión acusada, esto es, el 8 de agosto de 2023. En consecuencia, dicho plazo
feneció el 8 de febrero de 2024.
20.
Sin embargo, la demanda de tutela fue formulada solo hasta el 30 de abril de
2024, es decir, cuando ya se encontraba vencido el término para acudir al juez
constitucional, sin que se haya expresado una justificación válida y significativa para
dicho retardo.
21.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la solicitud de amparo tampoco
acredita el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que
carece por completo de carga argumentativa10, pues el actor se limitó a cuestionar
que a pesar de que el Tribunal accionado declaró la improcedencia de la acción de
tutela por existir otro medio judicial idóneo y eficaz para obtener el interés
perseguido, no indicó el mecanismo que consideró procedente.
22.
Esa afirmación además de ser contraria a la realidad, en tanto la autoridad le
indicó el mecanismo judicial procedente y su marco normativo, tampoco se orienta a
estructurar la ocurrencia de algún defecto del cual se pueda predicar alguna
transgresión del derecho fundamental que se invoca.
23.
En otras palabras, el accionante no explicó con claridad de qué forma la
autoridad enjuiciada incurrió en algún yerro que comporte una vulneración a algún
derecho fundamental y, en esa medida, merezca ser susceptible de protección por
el juez constitucional.
24.
Esa falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa, también pone en
evidencia la ausencia de un ejercicio tendiente a demostrar que la decisión adoptada
en la providencia que se acusa es el resultado de una situación fraudulenta.
9 De conformidad con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, “la notificación personal se entenderá realizada una
vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo
el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al
mensaje.”
10 El Consejo de Estado ha indicado de manera reiterada como uno de los requisitos generales alusivos a la
procedencia formal de la acción de tutela interpuesta en contra de una providencia judicial, que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para verificar ello, es necesario examinar que el actor
motive con suficiencia argumentativa las razones por las que la decisión judicial objetada se presenta o proyecta
como una afectación a un derecho o garantía fundamental, que impida reclamar a esa providencia una personería
del Estado en la solución de los conflictos, evitando de esta manera abrir paso a una instancia adicional al proceso
judicial en el cual fue proferida la providencia.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02139-00
Accionante: Gerardo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
25.
La Corte Constitucional 11 ha sido enfática en señalar que
cuando se pretende dejar sin efectos una sentencia de tutela, la parte promotora de
la acción debe demostrar -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y
coherentes- por un lado, que el juez constitucional incurrió en un actuar doloso o
extremadamente negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la
labor de administrar justicia. Y, por otro lado, que el fallo acusado no puede ser
admitido debido a que resulta evidentemente incorrecto.
26.
Como se vio anteriormente, en el escrito de tutela el accionante no esgrimió
argumento alguno encaminado a probar una situación de fraude, así como su
incidencia en la decisión adoptada por la autoridad enjuiciada, lo que refuerza la
improcedencia del amparo constitucional deprecado.
27.
En las condiciones anotadas, no se avizora alguna situación que amerite la
intervención del juez de tutela, mucho menos en un asunto que ya hizo tránsito a
cosa juzgada, debido a su no selección por la Corte Constitucional mediante auto del
26 de septiembre de 2023, que fue notificado el 10 de octubre siguiente.
28.
Por lo reseñado anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la presente
acción de tutela.
29.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
11 Al respecto, ver sentencia T-322 de 2019.
12 VF
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02139-00
Accionante: Gerardo Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace o.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.