Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01867-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01867-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01867-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
8 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01867-00
Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Ocho [8] de mayo de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01867-00
Demandante: GERARDO ALONSO HERRERA HOYOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Tema: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 31 de marzo de 2025, el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos interpuso acción
de tutela y, aunque no manifestó qué derecho fundamental estimaba vulnerado, se
infiere que pretende la protección del acceso a la administración de justicia.
La referida garantía constitucional la consideró vulnerada por parte del Tribunal
Administrativo de Nariño, con ocasión de la sentencia de 4 de julio de 2023,
mediante la cual esa corporación declaró improcedente la acción de tutela
identificada con el radicado 52001-33-33-002-2021-00126-00/01.
1.2. Pretensión
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
Se le ordene al tutelado que siempre dé trámite a las tutelas presentadas en
adelante sin que pueda negar las tutelas o decir que no proceden se le aclare al
tutelado que las acciones de tutela están por encima de las acciones populares por
mandato legal y CONSTITUCIONAL […]1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
1 Transcrito con posibles errores ortográficos del texto original.
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01867-00
Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
• El señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos presentó, ante el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, escrito en el que señaló que:
el accionado - NOTARIO2- no Cuenta en el Inmueble donde presta sus servicios
públicos, con profesional interprete y profesional guía interprete de planta, tal como
lo ordena ley 982 de 2005, art 5, 8. Ni cuenta con convenio o contrato con entidad
idónea autorizada por el ministerio de educación nacional para atender población
objeto ley 982 de 2005, además de no contar con señales visuales, sonoras ni
alarmas luminosas según lo manda la ley referida 982 de 2005.
• Por lo anterior solicitó:
Se ordene al ACCIONADO, a que contrate un profesional interprete y un profesional
guía interprete PROFESIONALES de planta en el inmueble de la entidad accionada
donde ofrece el servicio al público a fin de cumplir ley 982 de 2005, art 5,8 en un
término NO MAYOR A 30 DIAS o contrate con entidad idónea AUTORIZADA, por el
ministerio de educación nacional ,a fin q cumpla art 5, 8 ley 982 de 2005, se ordene
que instale señales sonoras, visuales , auditivas, alarmas etc como lo manda ley 982
de 2005, a fin que no continue vulnerando derechos colectivos de la ley 472 de 1998
y otros que determine el juez 2 Se ordene por parte del Juez, en sentencia ordenar
una póliza para el cumplimiento de la orden dada en sentencia, de ampararse mi
acción, art 42 ley 472 de 1998 y se ordene al accionado, informe un extracto de la
sentencia en prensa nacional […].
• El juzgado en mención adecuó el trámite a una acción de tutela, y el 9 de junio de
2023 decidió negar el mecanismo, al considerar que las notarías habían adoptado
las medidas necesarias para la prestación del servicio, sin distinción de capacidad,
y con supervisión de la entidad correspondiente.
• El 4 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó lo dispuesto por
su a quo, para en su lugar declarar la improcedencia del mecanismo constitucional,
al exponer que, como lo pretendido por el actor era el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los artículos 5. º y 8. º de la Ley 982 de 2005, la solicitud
de amparo no cumplía con el requisito de agotamiento de todos los medios de
defensa judicial, comoquiera que el tutelante pudo ejercer la acción de
cumplimiento.
• El 12 de julio de 2023 fue notificada la decisión de segunda instancia y la tutela
fue radicada el 31 de marzo de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el sub examine se infiere que los cargos contra el Tribunal Administrativo de
Nariño devienen de la decisión que adoptó al interior de la acción de tutela
52835333302-2021-00126-01 [13.272], sin embargo, el accionante no desarrolló
ninguna trasgresión frente a esa determinación, más allá de advertir:
EL MAGISTRADO TUTELADO CREE QUE NO ES PROCEDENTE UNA TUTELA
PARA AMPARAR DERECHOS FUNDAMENTALES Y NEGO MI TUTELA […]
PRETENSIONES se le ordene al tutelado que siempre dé trámite a las tutelas
presentadas en adelante sin que pueda negar las tutelas o decir que no
2 Notaria Primera del Círculo de Pasto, Notario Tercero del Círculo de Pasto y Notario Segundo del
Círculo de Túquerres.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
proceden se le aclare al tutelado que las acciones de tutela están por encima de las
acciones populares por mandato legal y CONSTITUCIONAL […].
Por su parte, citó la sentencia T-621 de 2019, sin realizar alguna consideración al
respecto.
1.5. Trámite de la acción
El 7 de abril de 2025 el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, y ordenó
notificar, como demandado, al Tribunal Administrativo de Nariño3. Además, vinculó
como terceros al «Juzgado 2. ° Administrativo del Circuito Judicial de Pasto4 y a las
partes e intervinientes del expediente 52001-33-33-002-2021-00126-015», para
que, si lo consideraban, intervinieran en el trámite del presente mecanismo.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Nariño, solicitó declarar que en este caso se
configuró la «cosa juzgada», comoquiera que el Consejo de Estado, en la tutela
11001-03-15-000-2024-02139-00/016, ya se refirió frente a las pretensiones del
tutelante7, en el sentido de declarar la improcedencia del mecanismo, en ambas
instancias8, por falta de relevancia constitucional e inmediatez.
1.6.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, por
intermedio del juez instructor, expuso que la tutela «es además improcedente al
estar injustificada la inactividad del accionante en el extenso lapso aludido y carecer
de inmediatez».
3 El 8 de abril de 2025 la Secretaría General de esta Corporación notificó al tribunal accionado.
4 El 8 de abril de 2025 la Secretaría General de esta Corporación notificó al Juzgado 2. °
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto.
5 El 10 de abril de 2025 la Secretaría General de esta Corporación notificó a: Notaria Primera del
Círculo de Pasto, Notario Tercero del Círculo de Pasto y Notario Segundo del Círculo de Túquerres
6 La pretensión en el proceso 11001-03-15-000-2024-02139-00/01 fue: «SE ORDENE AL TRIBUNAL
TUTELADO QUE COMPRENDA EN DERECHO QUE SI PROCEDE MI TUTELA Y ME AMPARO
EN TUTELA RESUELTA POR EL H CONSEJO DE ESTADO RADICADA EXP 52001 23 31 000
2005 01150 01, MP JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE, ACTOR
FUNDACIÓN JURIDICA POPULAR DE COLOMBIA CONTRA INVIAS Y OTROS FECHADA 12
DE OCTUBRE DE 2005, en esta tutela se ampara la accion y se consigna que la tutela se ampara,
pues ... NO SOLO RESULTA INVIABLE ACUDIR A LA ACCION POPULAR POR EL TIEMPO QUE
SE PUEDE DEMORAR, SINO TAMBIÉN POR LA NATURALEZA DE LOS
DERECHOS INVOLUCRADOS... Y DETERMINO EN QUÉ CASOS UN CIUDADANO PUEDE
PEDIR EL AMPARO BAJO TUTELA... SE ORDENE AL TUTELADO AMPARAR MI TUTELA SE
ORDENE AL TUTELADO RESPETAR EN DERECHO LAS TUTELAS SIN OLVIDAR SU
IMPORTANCIA LEGAL» [transcrito del texto original con posibles errores ortográficos].
7 «SE ORDENE AL TRIBUNAL TUTELADO QUE COMPRENDA EN DERECHO QUE SI PROCEDE
MI TUTELAY ME AMPARO EN TUTELA RESUELTA POR EL H CONSEJO DE ESTADO
RADICADA EXP 52001 23 31 000 2005 01150 01, MP JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE, […]
NO SOLO RESULTA INVIABLE ACUDIR A LA ACCION POPULAR POR EL TIEMPO QUE SE
PUEDE DEMORAR, SINO TAMBIÉN POR LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS
INVOLUCRADOS […] Y DETERMINO EN QUÉ CASOS UN CIUDADANO PUEDE PEDIR EL
AMPARO BAJO TUTELA […]
8 Primera instancia la conoció la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y
segunda instancia la Subsección B de esa misma Sección.
3
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Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Por su parte, envió los enlaces virtuales para acceder al expediente 52001-33-33-
02-2021-00126-00/01
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Precisión previa
Por cuestión metodológica, y con el fin de establecer el problema jurídico a resolver,
esta Sala advierte desde ya que con la contestación del Tribunal Administrativo de
Nariño se trajo a colación un argumento que se refiere a la configuración de la cosa
juzgada constitucional, en atención a que a su juicio ya se adelantó una tutela en la
que se pretendía lo mismo que hoy discute, sin embargo, esta Colegiatura considera
que dicho cargo no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que la pretensión
del actual mecanismo constitucional9 difiere de los solicitado en el expediente11001-
03-15-000-2024-02139-00/0110. Luego, como se cumple los presupuestos de
identidad de objeto y causa11.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a esta sección determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante por parte
del Tribunal Administrativo de Nariño con ocasión de la sentencia proferida en
segunda instancia el 4 de julio de 2023.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, y de encontrarlos superados, (iii) el caso
concreto.
9 Se le ordene al tutelado que siempre dé trámite a las tutelas presentadas en adelante sin que
pueda negar las tutelas o decir que no proceden se le aclare al tutelado que las acciones de tutela
están por encima de las acciones populares por mandato legal y CONSTITUCIONAL […].
10 La pretensión en el proceso 11001-03-15-000-2024-02139-00/01 fue: «SE ORDENE AL
TRIBUNAL TUTELADO QUE COMPRENDA EN DERECHO QUE SI PROCEDE MI TUTELA Y ME
AMPARO EN TUTELA RESUELTA POR EL H CONSEJO DE ESTADO RADICADA EXP 52001 23
31 000 2005 01150 01, MP JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE, ACTOR
FUNDACIÓN JURIDICA POPULAR DE COLOMBIA CONTRA INVIAS Y OTROS FECHADA 12
DE OCTUBRE DE 2005, en esta tutela se ampara la acción y se consigna que la tutela se ampara,
pues ... NO SOLO RESULTA INVIABLE ACUDIR A LA ACCION POPULAR POR EL TIEMPO QUE
SE PUEDE DEMORAR, SINO TAMBIÉN POR LA NATURALEZA DE LOS
DERECHOS INVOLUCRADOS... Y DETERMINO EN QUÉ CASOS UN CIUDADANO PUEDE
PEDIR EL AMPARO BAJO TUTELA... SE ORDENE AL TUTELADO AMPARAR MI TUTELA SE
ORDENE AL TUTELADO RESPETAR EN DERECHO LAS TUTELAS SIN OLVIDAR SU
IMPORTANCIA LEGAL» [transcrito del texto original con posibles errores ortográficos].
11 En cuanto a la figura procesal de la cosa juzgada constitucional y la temeridad, ver SU-397 de
2022 y SU-027 de 2021, respectivamente, ambas de la Corte Constitucional.
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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Mecanismo constitucional contra sentencia de tutela
Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que en el presente
caso la solicitud de amparo no cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva
consistente en que «no se trate de tutela contra decisión de tutela».
Ello, en atención a que la parte actora busca, a través de la presente acción
constitucional, que se examine el contenido de la decisión adoptada por Tribunal
Administrativo de Nariño en el fallo constitucional de segunda instancia de 4 de julio
de 2023.
Sobre el punto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para
controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, «por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a
un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
14 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
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las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva,
se tornan definitivas»16.
En este orden de ideas, se recuerda que es inaceptable que las decisiones del juez
de tutela puedan discutirse a través de otra acción de la misma naturaleza, pues
con ello se afectarían los principios de seguridad y coherencia del ordenamiento
jurídico.
Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 201517 ha establecido
unos supuestos para determinar que la solicitud de amparo constitucional es
procedente de manera excepcionalísima cuando se ataca una sentencia de tutela
solo en los siguientes casos:
Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
[diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver
la situación.
No obstante lo anterior, como no se presentan de manera concomitante las
anteriores situaciones que permitan el estudio de fondo del amparo deprecado, al
punto que el accionante ni siquiera aborda la consumación de tales presupuestos,
más allá de requerir que el tribunal accionado, en lo sucesivo, resuelva de fondo
todas las acciones de tutela a su cargo, la Sala declarará improcedente la presenta
acción de tutela por no superar el requisito adjetivo consistente en «que no se trate
de tutela contra decisión de tutela».
2.5.2. Por su parte, la Sala también considera que no se cumple el requisito de la
inmediatez, por las razones que a continuación se explican:
Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable18, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo19.
De acuerdo con lo anterior, esta sección20 ha considerado como plazo prudencial el
de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es la
16 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
18 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero
del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-
01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
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ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud de
protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite
es que se declara su improcedencia.
En el caso objeto de estudio, se podría inferir que la causa de trasgresión de su
derecho fundamental es la sentencia que definió la acción de tutela identificada con
radicado 52001-33-33-002-2021-00126-00/01, este requisito se debe estudiar a la
luz de la ejecutoria de esa providencia, esto es, la sentencia de 4 de julio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.
Al respecto, esta Colegiatura encontró que:
• La sentencia de 4 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño se notificó por el 12 de julio de 2023.
• Contra esta decisión se interpuso solicitud de adición y aclaración, cuyos
requerimientos fueron negados el 17 de julio de 2023.
• La ejecutoria de esta providencia operó el 8 de agosto de 202321.
• La solicitud de tutela se radicó el 14 de enero de 2025.
Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 31 de marzo de 2025, la
Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de las respectivas
providencias, un término superior a 6 meses, lo cual desatiende el plazo que,
tanto la Corte Constitucional como esta Sección, han considerado como prudencial
para presentar la solicitud de amparo constitucional.
En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como criterio auxiliar,
indicó que la acción de tutela será procedente:
Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto
por sus derechos, continúa y es actual22.
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
21 Si se tiene en cuenta los 3 días de ejecutoria, en concordancia con los 2 días que contempla el
inciso tercero del artículo 8. º del Decreto 806 de 2020, cuya vigencia se estableció de manera
permanente mediante la Ley 2213 de 13 de junio de 2022.
22 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
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En este orden de ideas, esta colegiatura considera como plazo prudencial el de seis
[6] meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual, para el
caso concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada.
Al respecto, cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del
derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a
quienes se les ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el
lapso en mención.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 23, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200524, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.
De igual manera se destaca que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, lo cual impone
al interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo justificación razonable,
carga que le corresponde alegar y demostrar a la parte accionante y que en este
asunto no se hizo.
Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la decisión que
se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea conocida en razón de
la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que la persona acuda ante
el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.
Ahora bien, la Sala resalta que en el presente asunto la parte accionante no probó
la imposibilidad de acceder o conocer la decisión que hoy se controvierte en sede
de tutela o la incapacidad de acudir a los medios digitales para presentar su caso
ante el juez constitucional.
Solo en casos excepcionales y debidamente acreditados es posible ponderar el
principio de la seguridad jurídica con el derecho de acceso a la administración de
justicia, pero como ya se expuso, ello no corresponde los supuestos fácticos aquí
analizados.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01867-00
Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por tratarse de una tutela contra decisión de la misma naturaleza e
inmediatez.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de cosa juzgada constitucional, que presentó el
Tribunal Administrativo de Nariño.
SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuese impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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