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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02198-01

Fecha
27 de agosto de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02198-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Primera que negó el amparo de los derechos fundamentales de Cosme Evelio Henao Ospina, en la solicitud de tutela presentada contra el presidente de la República, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02198-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02198-01
Demandante: Cosme Evelio Henao Ospina
Demandado: Presidencia de la República

Temas: Tutela contra el presidente de la República por intervención
realizada el 1 de mayo de 2024, refiriéndose al Movimiento M-19.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Cosme Evelio Henao Ospina en contra
de la sentencia proferida el 3 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Cosme Evelio Henao Ospina promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la vida, paz, seguridad personal y políticos,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de la intervención realizada por el
presidente de la República en la manifestación pública convocada por algunas de las
centrales obreras para la conmemoración del día del trabajo, el 1 de mayo del
presente año, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, refiriéndose a la bandera del
Movimiento M19.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) En la alocución y refiriéndose a las banderas del Movimiento M19, el presidente de
la República, entre otras cosas, dijo lo siguiente: «[…] esa bandera que ahora dicen que
está prohibida, que ahora dicen que no podemos sacar, que es un pecado el movimiento
político que levantó esa bandera después que habían asesinado a Carlos Pizarro unos días
antes, después que había desaparecido Jaime Bateman, después que habíamos andado en
cadena por los páramos de Colombia gritando libertad y democracia, después de que tantos
centenares de muchachos y muchachas que querían un mejor país murieron después del
exilio, después de la tortura, después de las cárceles, esa misma bandera que era la bandera
del pueblo el 19 de abril de 1970 cuando le robaron las elecciones a la Anapo. Esa misma

1 Ver índice 2 de Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02198-01
Demandante: Cosme Evelio Henao Ospina

bandera volvió a ganar, volvió a triunfar el 9 de diciembre de 1990 y ganó la mayoría de la
Asamblea Nacional Constituyente, así que no señores de la oligarquía, esa bandera no se
guarda, no se esconde, esa bandera se levanta y va a continuar levantada porque hicimos
algo que debe quedar escrito ya en la historia de la cual venimos, de la cual viene el
movimiento popular entre otras muchas raíces y puentes, en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991 derogamos los jóvenes de esa bandera y otras fuerzas políticas,
derogamos la Constitución vetusta, anacrónica, premoderna de 1886. Los que vinieron a esta
plaza parecieran ser nostálgicos de la Constitución de 1886, su estado de sitio y su estatuto
de seguridad con el que condenaban a miles de jóvenes simplemente por querer un país
democrático...y ahora henos aquí, un Presidente de esa misma bandera culminando el ciclo
[…]» (sic)

ii) El primer mandatario vulneró sus derechos fundamentales «[…] tanto por las
alusiones al significado y reivindicación de la bandera del movimiento M19 […], como por el
hecho de enarbolar y ondear la bandera de esa agrupación política, otrora levantada en
armas contra el Estado colombiano, junto con la bandera de la república de Colombia, se ha
incurrido en una clara apología de la lucha armada, se ha vulnerado la dignidad del símbolo
patrio por excelencia y con este proceder se han afectados mis derechos fundamentales a la
vida, y a vivir con seguridad institucional, en un Estado de derecho, bajo principios
democráticos, en paz, con vigencia del orden jurídico y poder ejercer libremente y sin
intimidaciones mis derechos políticos […]». (sic)

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] En vista de que el Presidente de Colombia, doctor Gustavo Pedro Urrego, en su
alocución del pasado 1o de mayo señaló́ expresamente “, así́ que no señores de la
oligarquía, esa bandera no se guarda, no se esconde, esa bandera se levanta y va a
continuar levantada porque hicimos algo que debe quedar escrito ya en la historia de la
cual venimos, de la cual viene el movimiento popular...”, solicito que se adopten las
medidas necesarias para remover esa amenaza directa del Jefe del Estado contra
quienes, como yo, no compartimos su ideario ideológico y político, ni hacemos parte del
movimiento M19.

Como las conductas señaladas pueden constituir faltas disciplinarias o penales, solicito
se envíe copia de lo resuelto a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de
Acusaciones a la Cámara. […]» (sic).

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La Presidencia de la República2 solicitó negar la tutela al estimar que el hecho
del primer mandatario de expresar sus opiniones políticas, y exhibir las banderas de
grupos indultados y perdonados por el Estado colombiano, es el legítimo ejercicio del
derecho fundamental a la libertad de expresión del que es titular toda la ciudadanía,
ciñéndose a lo establecido en la Constitución Política, sin que ello trasgreda sus
límites. Actos que, además, se llevaron a cabo con un ánimo constructivo, en el que
se reconoció la importancia de la reinserción, la resocialización y la paz en la
sociedad colombiana.

2 Ver índice 16, 18 y 20 de Samai.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02198-01
Demandante: Cosme Evelio Henao Ospina

De acuerdo con lo reclamado por el demandado, no existe una omisión o acción que
le sea imputable, y que implique la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

El presidente compartió opiniones que, aunque puedan ser interpretadas de distintas
formas, incluso como polémicas, no implican ataques personales o directos contra
individuos o funcionarios públicos concretos ni un intento de enaltecer actividades
delictivas de un grupo en concreto. Dichas expresiones demuestran la facultad del
primer mandatario de participar en el discurso público de manera activa y crítica, con
pleno respeto y la convicción en su posición, lo cual ejemplifica cómo un líder puede
expresar puntos de vista personales sin transgredir los límites de la ética pública.

Los hechos cuestionados no ultrajaron en ningún momento los símbolos patrios, pues
en el discurso proferido, el presidente no mencionó una modificación o alteración de
estos, ya que solo se presentó la bandera de un grupo al cual, a través de las Leyes
77 de 1989 y 7 de 1992, se le otorgó un indulto que le permite gozar en la actualidad
de los similares derechos a los que tienen todos los ciudadanos en Colombia, en
desarrollo del derecho a la igualdad.

En el sistema constitucional colombiano, como en el interamericano de derechos
humanos, se reconoce la protección especial del discurso político sobre asuntos de
interés público, así como de aquel proferido por funcionarios públicos en el ejercicio
de sus funciones.

1.3 Sentencia de primera instancia3

El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 20 de junio de 2024 negó el
amparo de los derechos fundamentales del demandante, al considerar que del
discurso expuesto por el presidente de la República el 1 de mayo de 2024, no se
observa de modo alguno una defensa o alabanza a la violencia o al uso de las armas,
en los términos en que lo alegó.

1.4. Escrito de impugnación4

Cosme Evelio Henao Ospina impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en
los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la solicitud de tutela – derecho
a la libre expresión; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

3 Ver índice 22 de Samai.
4 Ver índice 26 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02198-01
Demandante: Cosme Evelio Henao Ospina

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20005 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20196, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Procedencia de la solicitud tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo de
defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos
por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único
medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela
el dispositivo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio
conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u
omisiones que los amenacen o vulneren.

2.2.1 Del derecho a la libre expresión

La libertad de expresión esta preceptuada en la Constitución Política como la garantía
«a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar
y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos
son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura […]»7.

A partir de tal premisa fundamental, la Corte Constitucional ha fijado su criterio en
cuanto a la libertad de expresión, a través de pronunciamientos como en la sentencia
T-391 de 2007, en la que la referida corporación judicial sostuvo:

«[…] El artículo 20 de la Carta Política consagra simultáneamente varios derechos y
libertades fundamentales distintos, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de
la Carta Política, se ha de interpretar a la luz de los tratados e instrumentos internacionales
de derechos humanos que obligan a Colombia y que contienen disposiciones sobre el

5 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
6 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
7
Artículo 20

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02198-01
Demandante: Cosme Evelio Henao Ospina

particular. A la luz de tales instrumentos internacionales, se tiene que el artículo 20 de la
Constitución contiene un total de once elementos normativos diferenciables: (a) La libertad
de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin
limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión –sea oral, escrito,
impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el
derecho a no ser molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de
expresión stricto senso, y tiene una doble dimensión – la de quien se expresa, y la de los
receptores del mensaje que se está expresando. (b) La libertad de buscar o investigar
información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole, que junto con la libertad de
informar y la de recibir información, configura la llamada libertad de información. (c) La
libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos como información sobre
ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier medio de expresión; junto con la
libertad de buscar información y la libertad de recibirla, configura la llamada libertad de
información. (d) La libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre
hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de
expresión. Junto con los anteriores elementos, configura la libertad de información. (e) La
libertad de fundar medios masivos de comunicación. (f) La libertad de prensa, o libertad
de funcionamiento dichos medios masivos de comunicación, con la consiguiente
responsabilidad social. (g) El derecho a la rectificación en condiciones de equidad. (h) La
prohibición de la censura, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, (i) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del
odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial, (j) La prohibición de la pornografía infantil, y (k) La prohibición de
la instigación pública y directa al genocidio.
[…]
La Corte Constitucional ha adoptado esta justificación para la protección de la libertad de
expresión, al señalar que una de las funciones de ésta libertad dentro de los regímenes
democráticos consiste en que “permite buscar la verdad y desarrollar el conocimiento.
Cuando las diferentes opiniones y puntos de vista se enfrentan libremente en una
sociedad, es más fácil para sus miembros decidir cuál de todas es la más cierta o la más
adecuada, según el tipo de discusión que se esté dando. Este argumento, esbozado
originalmente por John Stuart Mill, señala, adicionalmente, que cuando una opinión se
toma por cierta, los desafíos libres a ella aseguran que las “verdades” sean corroboradas,
corregidas, complementadas o superadas. Privar a una sociedad del principio de la
libertad de expresión implica frenar el proceso colectivo de descubrimiento de la verdad
y, en gran medida, impedir el desarrollo del conocimiento. Para que esta función pueda
cumplirse a cabalidad no basta con el conflicto abierto entre interpretaciones de la
realidad. Permitir una especie de intercambio libre de ideas es necesario pero no es una
garantía suficiente, por sí sola, de que se llegará a la verdad puesto que una versiones o
posiciones pueden ser tan dominantes que las otras no sean divulgadas o lo sean
esporádica, aislada y débilmente. De ahí que esta función se puede cumplir en
condiciones de enfrentamiento equilibrado entre versiones antagónicas de la realidad.”
[…]»

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el presidente de la República vulneró los derechos
fundamentales del demandante con ocasión del discurso y actos realizados en la
manifestación pública convocada por algunas de las centrales obreras para la
conmemoración del día del trabajo, el 1 de mayo de 2024, en la Plaza de Bolívar de
Bogotá?

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02198-01
Demandante: Cosme Evelio Henao Ospina

2.4. Análisis de la Sala
Cosme Evelio Henao Ospina acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se adoptaran las medidas
necesarias para conjurar lo que representa una vulneración de quienes no comparten
el ideario político e ideológico del presidente de la República.

Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que el
discurso que profirió y el hecho haber enarbolado la bandera del movimiento M-19
junto con la de Colombia, constituyen una apología a la violencia y el uso de las
armas, ya que incita a sus seguidores a la violencia y a la continuidad de la lucha
armada, con pleno desconocimiento de que el presidente de la República es símbolo
de la unidad nacional.

Al respecto, llama la atención de la Sala el hecho que los argumentos traídos por el
demandante se dirigen a endilgar al presidente de la República acciones que, según
su entender, podría constituir conductas delictivas en contra de un sector de la
población colombiana; circunstancia respecto de la cual se advierte la improcedencia
de la solicitud de tutela, cuyo único objeto es velar por la protección de derechos
fundamentales en condición de amenaza o vulneración.

Así pues, examinados los apartes transcritos del referido discurso, no es posible
concluir que se vulnerara derecho fundamental alguno ni inferir que de tales
expresiones se haga apología a la violencia o división del país, en tanto provienen de
la mera liberalidad del presidente de la República y corresponden a su interpretación
de diferentes circunstancias que conforman simplemente su opinión personal
respecto a los asuntos mencionados.

Lo cual deja ver que los argumentos traídos por Cosme Evelio Henao Ospina, lejos
de configurar vulneración de derecho fundamental alguno, son la manifestación de
sus diferencias frente al discurso y los actos del primer mandatario, lo que también
resultan válidos, precisamente, bajo el amparo de su derecho a la libertad de
expresión.

Ahora, si la parte demandante insiste en que con las acciones descritas el presidente
de la República pudo incurrir una prohibición constitucional o legal que pudiera estar
preceptuada como un tipo disciplinario o penal, un pronunciamiento al respecto
resulta ajeno al juez de tutela por lo que, si así lo desea, puede acudir a las instancias
legales pertinentes.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la decisión del a
quo que negó el amparo de los derechos fundamentales de Cosme Evelio Henao
Ospina, en la solicitud de tutela presentada contra el presidente de la República.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02198-01
Demandante: Cosme Evelio Henao Ospina

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Primera que negó el amparo de los derechos fundamentales de
Cosme Evelio Henao Ospina, en la solicitud de tutela presentada contra el presidente
de la República, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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