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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00009-02

Fecha
2 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00009-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación y, en su lugar, NEGAR el amparo pretendido, conforme a las consideraciones precedentes. 38 Véase índice 00015 de SAMAI, Exp. 11001-03-15-000-2025-00009-01. C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez (E1). Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-02 Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00009-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

2 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dos (02) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00009-02
Accionante: Hanna Dimelsa Escobar Correa1
Accionado: El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego

Tema: Acción de tutela. Requisitos de procedibilidad. Solicitud de
retracto. Contexto en el cual se producen los actos de
comunicación. Dinámicas de la interacción en redes sociales.
Derechos a la libertad de expresión, participación ciudadana,
igualdad, buen nombre y honra. REVOCA SENTENCIA. NIEGA
AMPARO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el presidente de la República en
contra de la sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025),
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se accedió al amparo solicitado.

ANTECEDENTES

La señora Hanna Dimelsa Escobar Correa, mediante apoderado judicial, promovió
acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales al buen nombre,
honra, dignidad, libertad de expresión, participación ciudadana, oposición política,
así como a no ser discriminada ni estigmatizada. Además, solicitó la protección de
su integridad personal y psicológica, derechos que considera vulnerados por la
publicación realizada por el presidente de la República en la red social X.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

1 Se advierte que, aunque en el escrito de tutela y en la decisión de primera instancia el nombre de la tutelante

se registró como Hannah Escobar Correa, en la copia del documento de identidad aportado como anexo a dicho
escrito (fl. 41, índice 00002 de SAMAI, Gestión Otros Despachos) se observa que su nombre correcto es Hanna
Dimelsa Escobar Correa.

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Que la señora Hanna Escobar Correa tiene amplios conocimientos y vasta
experiencia en el sector salud, ha liderado y asesorado diversas iniciativas de
oposición política-ciudadana a las reformas a la salud promovidas por el Gobierno
del presidente Gustavo Petro Urrego, y se ha consolidado como una de las críticas
más influyentes respecto a la crisis de ese sector, la cual atribuye a acciones y
omisiones del Gobierno Nacional.

Que ha tenido amplia difusión en medios de comunicación masiva y que su canal
principal de divulgación es su cuenta en la red social X (@Missmelindres), la cual
cuenta con más de 24 mil seguidores y cuya finalidad es exponer su opinión,
oposición al Gobierno y defensa de la salud.

Que, además, en redes sociales, se dedica a la divulgación pedagógica sobre
tácticas de propaganda y marketing político digital. A través de este espacio, ha
informado al público sobre las estrategias comunicacionales impulsadas desde el
Gobierno Nacional, promoviendo la conciencia crítica.

Que el 6 de octubre de 2024, el señor Gener Úsuga, a quien calificó de activista
«pro-gobierno» y dijo que se dedica a contradecir a sus opositores, publicó en la red
social X una imagen que destacaba a los más importantes activistas digitales del
«petrismo» en la cual etiquetó al presidente de la República, publicación que registró
217,9 mil visualizaciones, 2 mil «me gusta» y mil «retweets».

Que el 20 de diciembre de 2024 la accionante republicó la imagen con la leyenda
«Dejaré esto por acá y me retiraré lentamente. Espero que les sea de muchísima
utilidad para comprender las dinámicas de la propaganda alrededor de
@petrogustavo y la jerarquía que se maneja en la misma».

Que la publicación también fue citada por el periodista y humorista Daniel Samper
Ospina (@DanielSamperO) en su cuenta de la red social X, quien denunció haber
sido hostigado por el grupo de activistas mencionados en la imagen. En su tweet
dijo: «Alguien se ha sentido alguna vez hostigado por alguno de ellos?».

Que a las 6:00 p. m. del 21 de diciembre de 2024, la usuaria @julibmoya publicó un
mensaje dirigido a ella, mencionado explícitamente su nombre y su lugar de trabajo,
Edelman Colombia. El tweet se efectuó en los siguientes términos: «Le exijo a la
señora Hanna Escobar Correa @Missmelindres funcionaria de @EdelmanCol
borrar este trino o me veré obligada a interponer la denuncia respectiva en fiscalía.
Yo no hago parte de ningún grupo con jerarquía».

Que a las 7:00 p. m. del mismo día, el presidente de la República publicó en su
cuenta de X el siguiente mensaje en el que, según la actora, aludió tanto a ella como
al periodista Daniel Samper Ospina, haciendo referencia a la publicación realizada
por la usuaria @julibmoya:

«Este tipo de listados de militantes de organizaciones de izquierda,
publicados, semejan a los tiempos donde unos narcos, unidos a generales y

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senadores, hacían listados de militantes de la UP que amanecían después,
asesinados.

La constitución dice que nadie puede ser discriminado por sus ideas políticas,
esta extrema derecha nazi, aupada por periodistas como Daniel Samper y
otros, solo trazan un camino que Colombia no debe volver a recorrer: el del
exterminio del diferente.

Como avanzamos en la transformación de Colombia y sacamos la gente del
hambre, al fuerza más oscura y más retardataria afila sus colmillos.

La discriminación es un delito. Le solicito a @FiscaliaCol establecer una
unidad especia[l] de investigación contra la amenaza y la discriminación
política.

No hace mucho, Nazis como estos que perfilan militantes de izquierda,
hicieron asesinar a 300.000 campesinos a través de la discriminación y el
sectarismo político y después, asesinaros a más de 5.000 militantes de la UP.

No se les puede permitir solo porque la izquierda está en el gobierno por el
voto popular, que repitan la historia (…)».

Que en esta publicación fue tildada por el presidente como «Nazi» y fue vinculada
con los «hechos de genocidio político» perpetrados por grupos paramilitares, sin un
mínimo de justificación fáctica ni base en criterios de razonabilidad. De esta manera,
considera que menoscabó su nombre, honra y dignidad, pues no existen apelativos
peores que los utilizados, más aún cuando provienen de la primera autoridad del
país, quien merece la mayor credibilidad entre el público general.

Que, como consecuencia de la publicación, fue objeto de ataques masivos y
coordinados en su contra, que incluyeron amenazas, acoso, difamación y
hostigamiento. En muchos de los mensajes, se aludió a su empleador con el
propósito de generarle una afectación laboral y un daño en su reputación.

Que, además, su cuenta de la red social fue suspendida temporalmente, lo que
evidencia un intento de silenciarla, deslegitimarla, excluirla del debate político y
discriminarla, desconociendo su derecho a la libre participación, libre expresión y
oposición política ciudadana.

Concluyó que las afirmaciones del presidente de la República escapan del debate
público razonable y exceden los límites permitidos a los funcionarios públicos,
afectando gravemente tanto sus derechos fundamentales como los principios
democráticos de deliberación y pluralismo, y constituyeron un acto de
estigmatización que carece de fundamento jurídico y proporcionalidad.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen sus derechos fundamentales, ordenando al presidente
tomar las siguientes medidas: (i) eliminar la publicación que dio lugar a esta acción,
(ii) ofrecer disculpas públicas, reconociendo el daño ocasionado a sus derechos
fundamentales y (iii) publicar el pronunciamiento de las disculpas en su cuenta
personal de la red social X y en las cuentas oficiales de las redes sociales de la

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Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El 15 de enero de 20252 el magistrado sustanciador de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción, ordenando la notificación
al presidente de la República y negando la práctica de las pruebas solicitadas.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El presidente de la República3, a través de apoderada, manifestó que las
expresiones emitidas fueron parte de la libertad de expresión que en un estado
democrático incluye la libertad de opinión y que esta permite a los líderes políticos
debatir abiertamente sobre decisiones y posturas políticas, sin que ello implique una
vulneración de derechos fundamentales. Que se trató de una apreciación personal
subjetiva, relacionada con la acción de enlistar o perfilar a militantes de ideología de
izquierda. Que bajo ningún punto de visa podría entenderse dirigida a vincular a la
accionante con los nazis o con actos de genocidio político perpetrados en Colombia
por grupos paramilitares.

Que tales expresiones no buscaron imputar delitos ni evidenciaron un claro interés
ofensivo y difamatorio respecto de la accionante, pues se enmarcaron dentro de un
contexto de opinión en la red social X, donde la señora Escobar Correa es figura de
público conocimiento; por lo que en ese contexto, explicó que la Constitución
proscribe la discriminación por ideas políticas y sustentó su postura en situaciones
fácticas de la historia colombiana cuando se hacían listas de militantes de la Unión
Patriótica que fueron asesinados.

Que, en un caso similar, el Consejo de Estado determinó que las personas que
tienen un amplio reconocimiento público o ejercen altos cargos al interior del Estado,
no se encuentran en una relación de asimetría para enfrentar el debate público, por
lo cual debe demostrarse la afectación con las declaraciones recibidas4.

Que sus palabras fueron proferidas en el escenario de la defensa del Gobierno a
los proyectos de transformación social, incluido el de reforma a la salud, como una
manifestación legítima sobre la existencia de dos ideologías en oposición, por lo
que es equivocado afirmar que su opinión perseguía la afectación de derechos
fundamentales de la actora y la descalificación de su posición ideológica y política.

Que lo expuesto se refirió a la corriente política en general y no estuvo dirigido
específicamente a la accionante en su calidad personal; e incluso hizo referencia a
otras personas que promueven esa misma ideología. Que no está demostrado el

2 Véase índice 00004 de SAMAI, Gestión en otros despachos.
3 Véase índice 00012 de SAMAI, Gestión en otros despachos.
4 Para el efecto, citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Exp. 11001-

03-15-000-2024-02507-00. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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daño concreto causado con sus manifestaciones y tampoco este fue puntualizado
en el escrito de tutela de manera que merezca protección judicial.

Que no señaló de nazi a la accionante ni indicó que esta estuviera alineada con
movimientos inspirados en Adolf Hitler ni que tuviera nexos con grupos
paramilitares, sino que enfatizó que por ningún motivo el ordenamiento jurídico
colombiano permite la discriminación por razones ideológicas o políticas, lo que
forma parte de un intercambio legítimo de posiciones en el marco de una
democracia pluralista.

SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia del 31 de enero de 2025 la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado5 amparó parcialmente los derechos fundamentales
invocados por la accionante, protegiendo su derecho a la honra, buen nombre,
libertad de expresión, participación ciudadana e integridad personal y la igualdad.

En consecuencia, ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que
en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la providencia,
eliminara la publicación del 21 de diciembre de 2024 y ofreciera disculpas públicas
a la accionante. Para el cumplimiento de esta orden, las disculpas debían publicarse
y permanecer en las cuentas oficiales de redes sociales de la Presidencia de la
República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así
como en la cuenta personal @petrogustavo.

Como fundamento de su decisión, consideró que no era exigible el requisito de
rectificación de la información previsto en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991,
pues este solo está contemplado cuando se trata de información difundida por
particulares en ejercicio del periodismo.

En relación con el problema de fondo, expresó que la publicación realizada por el
presidente de la República en la red social X atentó gravemente contra los derechos
fundamentales de la accionante porque la relacionó injustificadamente con
actividades que evidentemente constituyen una agresión a aquellos, sin que pudiera
entenderse que las manifestaciones realizadas se hubieran enmarcado en el poder-
deber de comunicación con la Nación, ni dentro del margen de libertad para
intervenir en los debates políticos frente a los participantes en igualdad de
condiciones.

Que los derechos fundamentales de la accionante sí se vieron afectados por las
manifestaciones del señor presidente, dado que contenían una referencia clara e
inequívoca a ella, en tanto se trató de una respuesta a su publicación y que una vez
el señor presidente publicó la nota, fue identificada por los demás usuarios de la red
social y atacada masivamente, lo cual posteriormente generó la suspensión de su
cuenta en X.

5 Véase índice 00016 de SAMAI, Gestión otros despachos.

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Que la publicación de la accionante incluía a un conjunto de personas como
integrantes de un grupo que apoya al presidente y su política en materia de salud,
en la cual solamente se repetía otra publicación proveniente de quienes apoyaban
las políticas de aquel, realizada para evidenciar su influencia efectiva en la opinión
pública y, que el primer mandatario la equiparó con un perfilamiento de personas
similar al realizado por responsables de delitos de lesa humanidad e incluyó
expresiones que exceden amplia y gravemente su derecho a la opinión, con mayor
razón cuando existe una relación asimétrica entre los involucrados, en atención al
impacto de las comunicaciones del funcionario accionado.

Que la publicación efectuada contradice el deber de respeto por la dignidad de
quienes ejercen su derecho de controvertir las políticas de gobierno y generan que
el debate pacífico y respetuoso de ideas que debe promover el primer mandatario
se convierta en una confrontación violenta dirigida a agredir personalmente a sus
participantes y a excluirlos de la discusión.

IMPUGNACIÓN

El accionado impugnó la decisión6, considerando que la accionante no solicitó una
rectificación previa, siendo esta exigible a las personas que difunden habitualmente
información, así el emisor sea un funcionario público. Según su criterio, el
incumplimiento de este requisito conlleva la improcedencia de la acción.

Que en la providencia recurrida no se expresó de qué manera se materializó la
afectación de los derechos fundamentales invocados (buen nombre, honra, libertad
de expresión, participación ciudadana, igualdad e integridad). Además, que la
actora no aportó elementos de prueba que dieran cuenta de esa vulneración, ni
explicó las transgresiones concretas al buen nombre y a la honra y que el mensaje
no contiene una expresión ofensiva o grosera contra la peticionaria del amparo.

Que el fallo partió de premisas equivocadas y carentes de sustento jurídico y fáctico,
al considerar el solo uso de las palabras «Nazi» y «genocidio» había causado una
afectación a sus derechos fundamentales. Que estas fueron mal interpretadas y se
les otorgó una connotación negativa que en la práctica restringe absolutamente su
uso.

Que, en este contexto, el uso de estas palabras no está prohibido por la Constitución
y fueron empleadas como un recurso lingüístico típico del discurso político, para
cuestionar que la accionante considerara como propagandistas a personas afines a
su proyecto político, sin ningún tipo de criterio, lo que no implicó la connotación
negativa otorgada en la sentencia impugnada.

Que el fallo otorgó una carga peyorativa y ofensiva a la expresión «Nazi», pese a
que dicha interpretación no se ajusta a la intención original ni al contexto en el que
fue emitido el mensaje del 21 de diciembre de 2024, lo que fue ratificado con las
declaraciones emitidas el 07 de febrero de 2025 por parte del primer mandatario;

6 Índice 00022 de SAMAI, Gestión otros despachos.

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quien en ningún momento trasgredió los límites que se han impuesto al emitir
opiniones.

Que con el fallo se impusieron cargas irrazonables al emisor de una opinión,
puntualmente, justificar el uso de sus expresiones y abstenerse de utilizar términos
en el marco de sus discursos políticos. Además, que la sentencia atribuía
consecuencias generadas por actos de terceros (como la suspensión de la cuenta
y los mensajes de otras personas), lo que constituye una limitación a la libertad de
expresión y escapa del ámbito de control del emisor.

Que se desconoció el alcance y los límites a la libertad de expresión al determinar
indebidamente que el poder-deber del señor presidente se desbordó solamente por
el empleo de la palabra «Nazi» desvinculándola de su intención original y del
contexto en el que fue emitida. Que se ignoró, además, que la accionante se auto
reconoce como una persona con amplia influencia y reconocimiento en la red social
X.

Que contrario a lo considerado por la Sección en este caso sí estamos ante una
persona con amplio reconocimiento y capacidad de interpelación; por lo cual no se
presenta una asimetría entre interlocutores.

Que el contenido del mensaje del 21 de diciembre de 2024 es constitucional, y que
el hecho de que las opiniones puedan ser contundentes o incluso críticas no las
convierte en ataques personales, sino en expresiones propias de un debate
democrático y plural.

Por lo anterior, solicitó revocar los primeros dos ordinales de la sentencia y declarar
improcedente la acción, por falta de agotamiento del requisito de procedencia
aplicable al caso o, subsidiariamente, negar el amparo.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la impugnación presentada, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) la solicitud de rectificación como requisito de procedibilidad; (ii) se hará
una breve referencia a los derechos invocados como vulnerados y (iii) se
solucionará el caso concreto.

La solicitud de rectificación como requisito de procedibilidad

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela para que toda
persona pueda reclamar ante las autoridades judiciales, en todo momento y lugar,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Se trata,
pues, de un mecanismo expedito que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se caracteriza por ser subsidiario, inmediato, sencillo, específico,

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eficaz e informal7.

La Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de rectificación es una
condición especial de procedencia de la tutela en casos de tensiones o conflictos
entre la libertad de expresión y prensa y los derechos a la honra y el buen nombre8.
De allí que, tratándose de acciones de tutela dirigidas contra medios de
comunicación, este requisito excepcional se sustenta en el artículo 20 superior y el
numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 19919. En este sentido, para que
exista un pronunciamiento de fondo es preciso que se haya solicitado previamente
la rectificación de las informaciones inexactas o erróneas emitidas por el medio de
comunicación accionado10.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado las siguientes subreglas, aplicables
a la rectificación:

«(...) (i) la rectificación debe tener el mismo alcance, despliegue, difusión y
tiempo de duración que la publicación reprochada; (ii) previa verificación de los
hechos, el emisor del mensaje debe proceder a rectificar la información
publicada en un término razonable; (iii) la carga de la prueba le corresponde a
quien solicita la rectificación, salvo que se trate de afirmaciones amplias e
indeterminadas, caso en el cual aquella se invierte; (iv) la rectificación se
circunscribe al contenido informativo o, en su defecto, a los fundamentos
fácticos en los cuales se basan las opiniones emitidas; y, (v) la rectificación se
constituye en la reparación constitucional de los derechos vulnerados»11
(subrayas de la Sala).

Adicionalmente, este requisito no solo es exigible cuando se solicite el amparo de
los derechos fundamentales respecto de la vulneración o amenaza por cuenta de
un medio de comunicación tradicionalmente comprendido, pues la jurisprudencia lo
ha extendido a los siguientes supuestos:

«(...) (i) cuando la información circula a través de los medios masivos de
comunicación; (ii) cuando es difundida por comunicadores sociales, sin
consideración de que estos tengan o no vínculos con un medio de
comunicación; (iii) cuando el emisor no es comunicador social o periodista, pero
se dedica habitualmente a la difusión de información; y (iv) cuando la persona
que realiza la publicación, primero, no tiene la condición de comunicador social
y, segundo, no cumple ese rol dentro del grupo social. Este último evento, en el
que la jurisprudencia constitucional no había exigido la obligación de pedir la
rectificación antes de acudir ante el juez de amparo, cobra especial importancia
en aquellos casos, como el presente, en los que la difusión de la información es
masiva, precisamente, por el volumen de receptores de la misma»12. (subrayas
de la Sala).

7 Al respecto, Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-452 del 12 de diciembre de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera.
9 Decreto 2591 de 1991. «Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones

de particulares en los siguientes casos: (…) 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma».
10 Corte Constitucional. Sentencia T-004 del 14 de enero de 2022. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-593 del 25 de septiembre de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-121 del 14 de noviembre de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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De los derechos reclamados como vulnerados

• Derechos a la honra y al buen nombre

Ambos están protegidos en el derecho internacional y en el derecho interno
colombiano como derechos fundamentales.

El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que
nadie será objeto de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques. De igual manera se
establece la protección en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en
su artículo 17 y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos «Pacto de San José de Costa Rica».

En la Constitución Política, el artículo 2 establece que las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.

La Corte Constitucional ha definido la honra como «la estimación o deferencia con
que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad, en
razón a su dignidad humana»13 y que puede resultar vulnerado tanto por información
errónea como por opiniones tendenciosas que producen daño moral tangible a su
titular14. Ha dicho sin embargo que:

«(…) no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser
considerada como imputación deshonrosa”, puesto que las afirmaciones que se
expresen deben tener la virtualidad de “generar un daño en el patrimonio moral
del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal
que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el
curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste
tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo
esencial del derecho”15»16.

• El derecho a la libertad de expresión

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que «(...) la libertad de
expresión es uno de los pilares sobre los cuales está fundado el Estado, que
comprende la garantía fundamental y universal de manifestar pensamientos,
opiniones propias y, a la vez, conocer los de otros»17.

En relación con este derecho, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos dispone que: «[t]odo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,

13 Sentencia T-022 de 2017.
14 Ibid.
15 Sentencia T-714 de 2010, siguiendo la providencia C-392 de 2002.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-007 de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
17 Sentencia T-1037 de 2010 y T-117 de 2018. Cfr. Sentencia T-244 de 2018.

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el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión» (corchetes de la Sala).

También se encuentra en el artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en el artículo 19.1 del del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. En este último, en el siguiente sentido:

«(…) [n]adie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho (…)
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar
sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente
fijadas por la Ley”».

La Constitución Política de 1991 estableció en el artículo 20 que «[s]e garantiza a
toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación» (corchetes de la Sala).

Sobre su alcance, la Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones dentro
de la libertad de expresión: la libertad de opinión, que protege «(...) la transmisión
de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se
expresa»18, y la libertad de información, que ampara «(...) la comunicación de
versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios,
personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de
lo que está ocurriendo».19

Para determinar el grado de protección de la libertad de expresión cuando entra en
conflicto con los derechos de terceros, la jurisprudencia constitucional ha
establecido ciertos parámetros: (i) quién comunica; (ii) sobre qué o quién se
comunica; (iii) a quién se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v) por qué medio se
comunica20. En ese escenario, se ha señalado que deben valorarse
cuidadosamente las características específicas de cada medio y el contexto en el
que este se usa en cada caso concreto, porque «(...) los parámetros
constitucionales deben analizarse en conjunto en cada caso y no de manera
inconexa, ya que todos ellos están relacionados directa o indirectamente, por lo que
sólo su valoración agregada permitirá resolver de forma adecuada la tensión entre
derechos»21.

Cabe precisar que tales parámetros no constituyen una lista taxativa de todos los
aspectos que se deben tener en cuenta al momento de resolver un conflicto entre
el derecho a la libertad de expresión y los derechos de terceras personas, pues
como se ha aceptado jurisprudencialmente:

18 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-546 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19 Ibid.
20 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-155 del 4 de abril de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
21 Ibid.

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«(...) las particularidades de cada caso pueden ser infinitas, por lo que
tales parámetros, lejos de constituirse en unos criterios cerrados y
definitivos, sólo son una guía, (...) para orientar la labor del juez al resolver
cada caso, quien siempre debe partir de la especial protección que tiene
el derecho a la libertad de expresión en nuestro ordenamiento y, por tanto,
encontrar el remedio judicial más adecuado para no sacrificar
innecesariamente tal derecho y garantizar el máximo margen posible de
expresión libre de cualquier interferencia»22 (subrayas de la Sala).

De allí que, por ejemplo, en la Sentencia T-386 de 202123, distinguió entre
afirmaciones genéricas y específicas, señalando que únicamente las segundas
vulneran derechos fundamentales:

«(i) Afirmaciones genéricas: Son aquellas emitidas de forma tal que hacen
referencia a un género en general, sin la intención de involucrar a una persona
o grupo determinado o determinable, debido a su imprecisión y vaguedad.
(ii) Afirmaciones específicas: Son aquellas emitidas de manera que permiten
identificar que la manifestación involucra a un individuo o grupo de individuos,
ya sea porque quien emite la información lo determina claramente o porque, a
través de un ejercicio deductivo, es posible establecer su identidad».

Esta distinción puede contrastarse con lo expuesto en la sentencia T-1191 de
200424, en la que, si bien se analizó la vulneración del derecho al buen nombre y a
la honra, es posible establecer una conexión con el análisis de los discursos en
ambos casos, puntualizando que «[e]n lo que concierne a la alegada amenaza de
los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de las
organizaciones actoras, la Sala encuentra que esa falta de individualización de los
posibles afectados por los discursos presidenciales lleva a concluir que no se
presentó un riesgo cierto y objetivo en cabeza de los demandantes».
De esta manera, se refuerza el criterio según el cual, en ausencia de una
individualización clara o de un grupo determinable, las afirmaciones genéricas no
constituyen una vulneración directa de derechos fundamentales. En contraste, las
afirmaciones específicas sí pueden causar dicha afectación, como se planteó en la
Sentencia T-386 de 2021.

• Derecho a la igualdad y no discriminación

En este punto, cabe destacar que tanto a nivel interno como internacional existen
diferentes instrumentos normativos que tienen como fin prever que toda persona,
sin distinción alguna, disfrute de sus derechos, incluido el derecho a ser protegido
contra la discriminación.

En este sentido, el artículo 13 de la Constitución Política precisa que todas las
personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón
de sus opinión política o filosófica.

22 Ibid.
23 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
24 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Este derecho se materializa de diversas formas como el principio de igualdad ante
la ley, el principio de igualdad en el contenido de la ley, la igualdad en la aplicación
de la ley y en el derecho a la no discriminación.

• Derecho a la integridad personal y a la participación ciudadana

Los derechos fundamentales a la integridad personal y a la participación ciudadana
son pilares esenciales en un Estado democrático. Ambos garantizan la protección y
el ejercicio pleno de la dignidad humana, asegurando que las personas puedan vivir
libres de amenazas y participar activamente en la vida política y social. La
interrelación entre estos derechos resulta fundamental como condición para el
ejercicio efectivo de la ciudadanía y de la democracia.

El derecho a la integridad personal está directamente relacionado con el derecho
a la vida y a la seguridad personal, los cuales pueden verse en riesgo debido a
amenazas o circunstancias especiales. Es así, que la Corte Constitucional en
Sentencia T-190 de 2014, definió este derecho como:

«(…) aquel que faculta a las personas para recibir la protección adecuada por
parte de las autoridades cuando quiera que estén expuestas a riesgos
excepcionales que no tiene el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los
niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida,
el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad
ante las cargas públicas (…). En consecuencia, con base en él los ciudadanos
`pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de
protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la
materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o
integridad personal, que no tiene el deber jurídico de soportar (…)»25.

Por su parte, el derecho a la participación ciudadana se relaciona con la
participación política, la posibilidad de elegir y ser elegido y, en general, con la
facultad de intervenir en las decisiones en los distintos estamentos del estado
democrático. También comprende el derecho a vigilar y controlar la gestión pública,
sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el
Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad26.

Caso concreto

El recurrente centra su inconformidad con la decisión de primera instancia en los
siguientes aspectos: (i) sostiene que la acción debió ser declarada improcedente
debido a la ausencia de una solicitud previa de rectificación; (ii) afirma que la primera
instancia concedió la tutela sin explicar de manera clara cómo se materializó la
vulneración de los derechos invocados en la realidad fáctica; (iii) cuestiona la
interpretación dada al uso de las palabras «Nazi» y «genocidio», señalando que no

25 C.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 Cfr. Art. 270 de la Constitución Política.

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se ajustó a su intención original, sino que fueron consideradas fuera de contexto,
cuando en realidad eran recursos lingüísticos; y (iv) objeta que se le haya impuesto
al emisor de una opinión la obligación de controlar los actos de terceros, lo que
considera una carga desproporcionada.

Sobre el primer punto de reproche, el accionado afirma que contrario a lo decidido
en primera instancia, el agotamiento de la solicitud previa de rectificación era
exigible, incluso tratándose de un funcionario público pues, aunque este «(...) estaba
inicialmente previsto para las declaraciones emitidas por medios de comunicación
y periodistas, hoy se entiende que es aplicable a personas que difunden
habitualmente información, sin diferenciar si es un particular o un funcionario
público».

La Sala en este punto coincide con el fallador de primera instancia que consideró
no exigible el requisito, porque, aunque se invoca el amparo de los derechos a la
honra y el buen nombre:

a. Tal como lo consideró esta Subsección en la Sentencia de 17 de octubre de
202427, las expresiones de los funcionarios públicos llevan implícito el ejercicio del
poder-deber de comunicación, y por tanto tienen un mayor grado de responsabilidad
en cuanto a que dichas expresiones atiendan al respeto de los derechos de las
personas; sumado a que, lo que aquellos comunican tiene un impacto en la
sociedad en razón a la credibilidad y confianza de la ciudadanía en dichos actores.

b. Porque lo solicitado es que se suprima la publicación que originó la acción y se
ofrezcan disculpas públicas luego, el reproche sobre el que se fundamenta la
solicitud de amparo no tiene que ver con la veracidad del contenido de la
publicación sino con la connotación que a este le asigna la actora y la repercusión
en sus derechos a la libertad de expresión, participación, integridad y demás que
reclama.

El segundo motivo de impugnación se refiere al alcance del amparo concedido, pues
considera que no se explicó de manera clara cómo se materializó la lesión de los
derechos fundamentales en el caso concreto.

En efecto, la decisión de primera instancia señaló de manera general que el
accionado vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión,
participación ciudadana, igualdad e integridad personal. Sin embargo, no analizó
detalladamente cómo, dentro del núcleo de protección de cada uno de estos
derechos, la acción considerada vulneradora impactó específicamente en cada uno
de ellos.

Por el contrario, se limitó a afirmar que las expresiones utilizadas por el presidente
excedieron gravemente su derecho de opinión frente a los usuarios de la red social,
ignoraron la relación de asimetría existente entre él y la accionante y fomentó la

27 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2024. Exp. 11001-03-

15-000-2024-04825-00. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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violencia política.

No se trata de imponer una carga probatoria al accionante, pues ello contradice la
naturaleza de la acción constitucional, pero el amparo de un derecho que se
considera amenazado o lesionado debe partir de la valoración de unos elementos
que sumariamente justifiquen la intervención del juez constitucional.

Con estos presupuestos, corresponde a esta Sala analizar si efectivamente los
derechos invocados por la accionante resultaron amenazados o lesionados con la
actuación del accionado, partiendo de que, efectivamente, el 21 de diciembre de
2024 el presidente de la República realizó la publicación del mensaje citado por la
accionante, aunque fue posteriormente eliminada de la cuenta del accionado.

Dicha publicación se hizo citando un tweet de la señora Juliana Beltrán
(@julibmoya), que a su vez contenía una captura de pantalla de la publicación
realizada por la accionante (@Missmelindres), en la que, además de solicitarle que
borrara el trino, agregó: «(Por favor etiquétenla porque me tiene bloqueada la
cobarde)»28. Según esta precisión, el mensaje publicado por el accionado en la red
social X no relacionó de manera directa el contenido de la publicación de la señora
Hanna Escobar Correa y si su usuario aparecía allí fue por la referencia que hizo la
usuaria Juliana Beltrán.

En otras palabras: en la dinámica de interacción de X existe la posibilidad de
retweet, que implica la mención del autor de una publicación, siempre y cuando no
se trate de un usuario bloqueado. En el caso que se analiza, la usuaria
@Missmelindres no fue mencionada desde la cuenta del accionado, porque su
publicación -la del presidente- respondió al post de @julibmoya, usuaria bloqueada
por la accionante.

Aclarada la dinámica de interacción de la red social en el caso concreto, para la
Sala es necesario analizar el contexto en el que se llevó a cabo la publicación del
tweet y sus apreciaciones posteriores, a fin de desentrañar, como solicitó el
accionado, la intención original de la manifestación. Para ello, debe considerarse
que no es válido, extraer o analizar términos de manera aislada, sin tener en cuenta
el conjunto del discurso al que pertenecen.

En este punto, conviene resaltar que, según la jurisprudencia constitucional, el
derecho a la libertad de expresión es un derecho complejo y, por tanto, «cualquier
expresión o palabra debe analizarse en el contexto en el cual se produce y en el
uso que de estas haga el emisor, pues de esto depende lo que se quiera decir con
ellas»29. Al respecto, la Corte enfatiza que:

«Los jueces constitucionales no deben ocuparse de la existencia de una
palabra. Deben ocuparse de cuál sea el uso que se le dé, la manera de
emplearla. (…) Es la manera cómo se usen las herramientas lingüísticas lo que

28 https://x.com/julibmoya/status/1870576798632903008?s=48&t=T3do-JXVhd9GVEReO8HTzA. Visto: 31 de

marzo de 2025.
29 Corte Constitucional. Sentencia T-155 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera

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definirá que se quiere decir o hacer con ellas”30

7.6.3. Así entonces, la tarea del juez constitucional consiste en verificar si un
acto lingüístico, interpretado en contexto, esto es, más allá del significado literal
de las palabras, afecta los derechos fundamentales de una persona».

Al constatar el pronunciamiento del señor Petro Urrego, se advierte que la expresión
reprochada hace parte de una publicación en la cual se abordó, además de esa
frase, una consideración sobre el riesgo de etiquetar y descalificar a determinados
sectores políticos, en los siguientes términos:

«Este tipo de listados de militantes de organizaciones de izquierda,
publicados, semejan a los tiempos donde unos narcos, unidos a generales y
senadores, hacían listados de militantes de la UP que amanecían después,
asesinados.

La constitución dice que nadie puede ser discriminado por sus ideas políticas,
esta extrema derecha nazi, aupada por periodistas como Daniel Samper y
otros, solo trazan un camino que Colombia no debe volver a recorrer: el del
exterminio del diferente.

Como avanzamos en la transformación de Colombia y sacamos la gente del
hambre, al fuerza más oscura y más retardataria afila sus colmillos.

La discriminación es un delito. Le solicito a @FiscaliaCol establecer una
unidad especia[l] de investigación contra la amenaza y la discriminación
política.

No hace mucho, Nazis como estos que perfilan militantes de izquierda,
hicieron asesinar a 300.000 campesinos a través de la discriminación y el
sectarismo político y después, asesinaros a más de 5.000 militantes de la UP.

No se les puede permitir solo porque la izquierda está en el gobierno por el
voto popular, que repitan la historia» (subrayas de la Sala).

Luego, el jefe de Gobierno, durante la inauguración del Complejo Científico para la
Investigación en Ciencias de la Salud y la Vida de la Universidad Industrial de
Santander (UIS), el 7 de febrero del presente año, se pronunció sobre las
declaraciones que dieron origen a la presente tutela y señaló:

«El criminal en el poder es un genocida, no puede haber genocida sin poder.
Los genocidas son aquellos que desde el crimen se adueñan del poder. Hay
quienes todavía dicen que el fascismo, que los nazis –el Consejo de Estado me
pide una retractación, pero es que equivocó algo que yo quiero aclarar-.

Hay nazis y hay actitudes nazis, así la persona no sepa que es un nazi. Claro
que hacer una circular en donde se premia a los militares con medallas y con
ascensos y con bonificaciones por presentar bajas es nazi, es nazi, así no
queramos decirlo de frente, porque su resultado fue un genocidio desde el
poder, no cualquier criminal por ahí en una calle, que muchos los hay, pero
estos eran desde el poder.

Los nazis son criminales desde el poder, no ideólogos, y se deben tratar como
tal. Son criminales y deben ser rechazados. Y claro que una actitud nazi es
andar mirando y poniendo en listas y con nombres, como hacían con los judíos,

30 Corte Constitucional. Sentencia T-691 de 2012. MP. María Victoria Calle Correa.

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al ponerles el brazalete amarillo para identificarlos en las calles, para que las
jaurías blancas les pegarán de garrotazos y hasta los mataran y rompieran sus
vidrios como en la noche de los cristales, y los llevarán al final a la solución final
a los campos de concentración para morir en los campos de gas: judíos
socialistas, comunistas y gays conjuntamente.

Pues claro que una persona que aquí haga listados de personas con nombre
propio y hasta direcciones de gente que milita simplemente o en la lucha social
o en el liderazgo estudiantil o en la comunicación social por redes y que las
publique para que se estigmatice como los Aurelianos en Cien años de Soledad,
a los Arcadios, con una marca en la frente para que sean asesinados después,
como eran las listas que presentaba el fiscal general de la nación, Luis Camilo
Osorio; al director general del Departamento Administrativo de Seguridad, Jorge
Noguera que entregaba después a 'Jorge 40', para que los listados aparecieran
después manchados de sangre con los cuerpos de los nombres que se
escribían en ese listado.

(...)

Por eso le agradezco señor rector, que usted dedique una parte de los
presupuestos de su universidad y de su tiempo y de su profesorado
conjuntamente con el ministerio de Educación y ahora vamos a hablar más en
particular del tema para que se puedan instalar a través de arquitecturas no
convencionales rápidas, mientras se hacen este tipo de arquitecturas que
demoran un tiempo los servicios de educación superior pública y gratuita en el
Catatumbo de Colombia. (...)»31 (subrayas de la Sala).

Finalmente, el presidente, a través de su cuenta personal @petrogustavo, realizó la
siguiente publicación el 14 de febrero:

«Conforme al fallo del Consejo de Estado del 31 de enero de 2025, notificado
el 7 de febrero de 2025. Manifiesto lo siguiente:

Como demócrata reconozco la importancia de mantener la presunción de
legalidad de las decisiones judiciales, por lo que me permito reiterar como lo
dije el 07 de febrero de 2024, no siempre que se usa la palabra “Nazi” se está
sindicando a alguien de ser genocida o un criminal de guerra. Pero no puedo
pasar por alto cuando alguien estigmatiza a los electores, por el solo hecho de
simpatizar con mis ideas y defender mi proyecto de gobierno. Eso es pasar por
encima del voto popular mayoritario en Colombia y perseguir la diferencia por
estar en desacuerdo, es “perfilar” la democracia.

Yo no llamé genocidas o criminales de guerra a quienes con el escudo de la
libertad de opinión estigmatizan y rotulan a la izquierda y al progresismo.
Estigmatizar la diferencia por estar en desacuerdo, es “perfilar” la democracia.
Mi mensaje fue interpretado de tal forma que no se ajusta a la intención original
ni al contexto en el que fue emitido el 21 de diciembre»32 (subrayas de la Sala).

Visto lo anterior, la Sala considera que la expresión reprochada debe estudiarse en

31 Presidencia de la República (2025). Palabras del presidente Gustavo Petro Urrego en la inauguración del

nuevo Complejo Científico para la Investigación de las Ciencias de la Salud y la Vida de la Universidad Industrial
de Santander. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Palabras-del-presidente-Gustavo-Petro-Urrego-
en-la-inauguracion-del-nuevo-Complejo-Cientifico-250207.aspx.
32 https://x.com/petrogustavo/status/1890597599599567187?s=48. Visto: 31 de marzo de 2025.

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relación con el contexto en el que fue emitida, incluyendo el discurso pronunciado
durante la inauguración del Complejo Científico, así como la posterior publicación
del 14 de febrero de 2025. A partir de ello, se concluye que, si bien el discurso puede
contener términos que, desde una perspectiva ética o política, resulten
cuestionables o controversiales, ello no implica necesariamente que sean
jurídicamente reprochables, especialmente cuando su propósito no es la
estigmatización, sino la defensa de la diferencia y el derecho a disentir.

La frase recriminada se dio en el marco de un discurso de opinión33, en el cual el
presidente buscaba señalar una preocupación legítima, como se dijo antes, sobre
el riesgo de etiquetar y descalificar a determinados sectores políticos, lo que podría
traducirse, en su juicio, en una afectación a la pluralidad y al ejercicio de la
democracia misma.

Por lo tanto, el mensaje no puede desligarse del contexto en el que fue emitido ni
de la intención subyacente a la protección de la diversidad de opiniones en el debate
público, pues estos son elementos de la función comunicativa del lenguaje,
fundamentales en el caso concreto para encontrar la amenaza o no de los derechos
invocados.

Sumado a lo dicho, y referidos a los motivos de inconformidad tres y cuatro, esto
es, al uso de un recurso lingüístico y a la carga injustificada que se le impuso por
hechos de terceros, debe tenerse en cuenta que la defensa argumentó que la
terminología empleada hace parte de un recurso lingüístico literario permitido en el
debate político, que no aludió directamente a la accionante, ni su expresión tuvo la
intención de causar daño a sus derechos fundamentales, en los siguientes términos:

«(...) En este contexto, el empleo de esas palabras sólo indicó la existencia de
una postura que se opone de manera abierta e inequívoca este tipo de
mensajes que totalizan y cercenan el debate entre visiones contrarías, pero
nunca se buscó dar la connotación negativa que les dio la Sección en el fallo
impugnado. Una vez se analizan los elementos que sugiere la Corte
Constitucional y el contenido del mensaje del 21 de diciembre de 2024, es claro
que el mensaje objeto de cuestionamiento (i) no contiene afirmaciones o
acusaciones concretas en contra de la accionante (todas son afirmaciones
generales), (ii) utiliza formas y recursos lingüísticos propios de los discursos
políticos, (iii) no está formulado en un tono grosero u ofensivo y (iv) las
expresiones (a) “nazi” y (b) “exterminio” son recursos retóricos propios de este
tipo de discursos.

Por lo anterior, resulta incompresible la postura de la Sección respecto del
mensaje emitido en la Red Social X el 21 de diciembre de 2024, donde no se
indicó que la accionante fuese Nazi en el sentido literal de la palabra o que
estuviese liderando un exterminio físico de personas, debido a que solo
estableció una comparación para evidenciar la divergencia de posturas entre

33 Al respecto, remitirse a la decisión del 27 de agosto de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02198-01, C.P.

Juan Enrique Bedoya Escobar, en la cual al decidirse sobre una solicitud de tutela en el marco de una
manifestación efectuada por el presidente el 1.° de mayo de 2024, en la Plaza de Bolívar de Bogotá refiriéndose
a la bandera del movimiento M19 señaló: «Así pues, examinados los apartes transcritos del referido discurso,
no es posible concluir que se vulnerara derecho fundamental alguno ni inferir que de tales expresiones se haga
apología a la violencia o división del país, en tanto provienen de la mera liberalidad del presidente de la
República y corresponden a su interpretación de diferentes circunstancias que conforman simplemente su
opinión personal respecto a los asuntos mencionados».

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extremos opuestos, y donde se buscó resaltar su desacuerdo con que se
sindicara a ciertas personas de propagandistas ligados a una “jerarquía”
alrededor del Primer Mandatario, por el mero hecho que sean personas que
comparten su visión política e ideológica y que en ocasiones defiendan su
proyecto político, con el cual la accionante se encuentra en desacuerdo»34
(subrayado de la Sala).

Un símil es una figura retórica en la que se emplean expresiones o nexos
comparativos para mostrar la semejanza o la analogía entre dos elementos
(personas, objetos, ideas, conceptos, acciones, etc.). Este tipo de comparación no
emplea la lógica del lenguaje convencional, porque se relacionan cualidades de dos
términos que no tienen un vínculo natural35.

De acuerdo con lo expuesto, esta Subsección no encuentra acreditado que las
expresiones del accionado tuvieran por cometido afectar los derechos
fundamentales de la señora Hanna Escobar Correa; tampoco que se hubiese
configurado una lesión o amenaza que presupone la necesidad del amparo
constitucional, puesto que las manifestaciones del presidente no estuvieron
dirigidas de manera personal en contra de la accionante y, en virtud de las
dinámicas de las red social X, explicadas previamente, no es posible responsabilizar
a una persona por las acciones de terceros ajenos a ella, cuando no se está
realizando un señalamiento personal con la intención de causarle daño.

Lo anterior, a propósito de las consideraciones de la decisión de primera instancia,
pues allí se advirtió la vulneración de los derechos amparados porque «resulta clara
la existencia de una relación asimétrica entre el señor presidente de la República y
la actora»36. Al respecto, cabe destacar que según se relató en la solicitud de
amparo, la señora Hanna Escobar Correa es una influencer, con más de 24 mil
seguidores en su cuenta de X, reconocida como experta en temas relacionados con
el sector salud, líder y asesora de iniciativas de oposición política-ciudadana a la
reforma a la salud promovida por el Gobierno del señor Petro Urrego y divulgadora
pedagógica sobre tácticas de propaganda y marketing político digital37.

La asimetría entre los extremos de la presente actuación se diluye si se tiene en
cuenta que, para calificar una relación en esos términos, es preciso que la
distribución del poder sea desigual, asunto que no se puede examinar en abstracto,
porque el desequilibro de las partes implica tanto sus calidades como el contexto en
el que se desenvuelven.

Con esta premisa, no puede afirmarse que la disparidad entre la accionante y el
señor Petro Urrego sea clara, pues, pese a que el segundo es el Presidente, es
necesario tener en cuenta que la publicación cuestionada se enmarca en el ejercicio
de un poder diferente: el comunicativo o divulgativo y, en ese escenario, ambas

34 Pág. 12, índice 00025, Gestión otros Despachos.
35 Enciclopedia del lenguaje https://lenguaje.com/simil/. Según el Diccionario de la Lengua Española, «símil»
significa: «1. adj. p. us. semejante (‖ que semeja). (…) // 2. m. Comparación, semejanza entre dos cosas. (…)
//3. m. Ret. Producción de una idea viva y eficaz de una cosa relacionándola con otra también expresa, como
en el oro de tus cabellos por tus cabellos rubios».
36 Pág. 11, índice 00016, Gestión otros despachos.
37 Véanse los hechos 1 a 9 del escrito de tutela, disponible en el índice 00002 de SAMAI.

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partes tienen peso e influencia en las dinámicas de interacción, de manera que el
pronunciamiento del accionado impacta el discurso de la accionante, pero solo en
lo que se refiere al debate político, entre dos sujetos reconocidos en la red social X.

Por último, valga señalar que la parte actora promovió incidente de desacato frente
a la orden impartida en la primera instancia, alegando que la manifestación emitida
por el presidente el 14 de febrero de 2025 de en la cuenta de X, previamente citada,
volvía a estigmatizarla.

En dicha oportunidad, el Despacho a cargo de velar por el cumplimiento de la
sentencia que protegió los derechos fundamentales determinó que «(...) dado que
las objeciones de la parte incidentante se sustentan en una interpretación subjetiva
del contenido de la retractación, no existe mérito para abrir el incidente de
desacato»38.

Este punto pone de manifiesto la contradicción en la que incurre el juez de primera
instancia, pues al resolver el incidente consideró que el mensaje del 14 de febrero
de 2025 fue suficiente para dar por cumplida la orden, aun cuando de su lectura no
puede concluirse la existencia de un retracto.

Aunque se trata de una cuestión accesoria al objeto de la impugnación, es
fundamental tenerla en cuenta para reforzar la importancia del análisis contextual
del discurso al que las palabras pertenecen, pues, dando por cumplida la orden del
31 de enero de 2025, el juez constitucional de primera instancia reforzó el
argumento de esta Sala acerca de la función comunicativa de las manifestaciones
del accionado, estudiadas de manera integral.

En síntesis, no es posible desprender la amenaza o lesión de los derechos
fundamentales invocados, ni de los amparados, porque las expresiones objeto de
reproche se encuentran precedidas de un contexto y de una dinámica que pone de
presente la función comunicativa del discurso y la situación de igualdad en lo que a
la interacción en la red social X se refiere. Por ello, se revocará la sentencia
impugnada y se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil
veinticinco (2025), proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación y, en su lugar, NEGAR el amparo pretendido, conforme a las
consideraciones precedentes.

38 Véase índice 00015 de SAMAI, Exp. 11001-03-15-000-2025-00009-01. C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez

(E1).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-02

Segundo. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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