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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03933-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03933-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Elmer Ubaque Madrid. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que archive el proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-03933-01. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Elmer Ubaque Madrid Demandado: Presidente de la República Radicado: 11001-03-15-000-2025-03933-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03933-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de julio de 2025

Demandante: Elmer Ubaque Madrid
Demandado: Presidente de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03933-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03933-00
Demandante: ELMER UBAQUE MADRID
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela por presunta vulneración de derechos fundamentales

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 20 de junio de 20251, el señor Elmer Ubaque Madrid, actuando en nombre propio,
ejerció acción de tutela contra el presidente de la República, en la que pretende el
amparo de sus derechos fundamentales, sin mencionar específicamente cuáles.

Al respecto, refirió que el primer mandatario ha hecho un uso indebido de la red
social «X» por cuanto ha realizado publicaciones que no guardan relación alguna
con las funciones propias de su cargo, generando así desinformación en la
sociedad. Puntualmente, señaló su inconformidad con la publicación del 20 de junio
de 2025, en la que propuso la entrega de una papeleta en las próximas elecciones
presidenciales para la aprobación de una Asamblea Nacional Constituyente.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1 que la corte constitucional como autoridad y guardián de la constitución diga si o
no el presidente de Colombia puede hacer y llamar a una asamblea nacional
constituyente y bajo que art constitucional lo dice por que yo no lo encontrado en
ninguna parte

2 Señores magistrado solicito que sentencia de la corte en Colombia faculta al
presidente hacer asamblea nacional constituyente

1 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de

la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
1

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Demandante: Elmer Ubaque Madrid
Demandado: Presidente de la República
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3 La constitución en el art 375 habla de MECANISMOS PARA REFORMAR LA
CONSTITUCION y ART 376 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ES
CLARA EN SU CONTENIDO Y PIDO QUE EL PRESIDENTE , no coja las redes
sociales para llamar al pueblo y desinformar cuestiones normativas y legales y la
gente VE como es el presidente comience en la redes sociales a desinformar que el
presidente si puede convocar una asamblea por que el lo dijo y es donde viene las
instigaciones amenazas insultos atentados por que el señor gustavo petro solo
utiliza es para desinforma y es por eso la corte constitucional debe ser garante en la
información que este dice asi pido que se retracte y diga que el no puede convocar
a ninguna asamblea nacional constituyente que es el pueblo quien puede hacerlo y
no el y tampoco puede entregar ninguna papeleta

4 Que se limite a no publicar mensajes que no sean los pertinente a la función del
cargo esto no viola los limite el derecho a la libertad de expresión o de información

5 Pido que la corte sea clara a los colombianos sobre la decisión de una asamblea
nacional constituyente

6 Que articulo dice que se entregue papeleta y de que2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El 20 de junio de 2025, el presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo
Francisco Petro Urrego publicó a través de su cuenta personal en la red social «X»
un mensaje en que indicó lo siguiente:

El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años,
cuando en la constitución se ordenó hacer una ley del estatuto del trabajo, orden
desde entonces incumplida.

Se que falta mucho. pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crie
como hombre libre y dirigente y a la que permanezco leal.

Ahora hay que cumplir la ley, convocaré al empresariado del país para que
acordemos la aplicación real de la ley, ya no más códigos sustantivos del trabajo de
adorno.

Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca
la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes
obedeció al poder soberano que es el pueblo.

El constituyente ha sido ya convocado desde la presidencia, creo que es necesaria
esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria,
Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del
pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del congreso. Sin pueblo no hay justicia
social.

No llenamos una plaza de odio, llenamos todas las plazas del país, una y otra vez,
llenas de esperanza. El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo, quienes
están con él, quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable, ahora
ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas.

Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional
constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que
el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado

2 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz.

El sábado, con el pueblo trabajador de Antioquia, celebraremos esta gran victoria.
La ley de la reforma laboral.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El señor Elmer Ubaque Madrid manifestó que el presidente de la República solo
debía utilizar su cuenta en la red social «X» para publicar actuaciones, logros, metas
y eventos de la presidencia, más no para atacar, insultar u hostigar, tal como lo hizo
con el mensaje del 20 de junio de 2025, en el que expresó que el Congreso de la
República era el enemigo del pueblo.

Asimismo, se pronunció sobre el llamado a atender la Asamblea Nacional
Constituyente, frente a la cual señaló que desconocía lo consagrado en el artículo
376 de la Constitución3, pues violaba el procedimiento constitucional y buscaba
imponer un mandato imperativo sin respetar los mecanismos legales.

A su vez, se refirió sobre la consulta popular, respecto de la cual adujo que, si bien
se planteó bajo la excusa de ser una excepción de inconstitucionalidad, ello iba en
contravía de la Carta Política y lo pretendido era «[…] hacer un auto golpe a la
constitución4».

A manera explicativa sobre sentencias iniciadas en contra de funcionarios públicos
por publicaciones en sus redes sociales personales, trajo a colación una decisión
de tutela fallada en contra del expresidente Iván Duque Márquez, en la cual se
amparó el derecho a la libertad religiosa, tras la publicación en su cuenta personal
de la red social «Twitter», en la que se unió a la celebración de los 101 años de la
consagración de la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia.

Finalmente, como fundamento jurídico citó los artículos 375 y 376 Constitucionales
y la Ley 1757 de 2015, artículos 1, 2, 4 y 20, literal E.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 3 de julio de 2024, la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte demandante5 y, como parte demandada, al presidente de la
República6.

3 «ARTICULO 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el

Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea
Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.

Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera
parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de
los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en
suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término
señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.
4 Transcripción literal que puede contener errores».
5 Índice 7 de Samai. La notificación fue realizada en el siguiente buzón web:
elmerubaque@hotmail.com.
6 Índice 7 de Samai. La notificación fue remitida a: notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.

3

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1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:

1.6.1. Presidente de la República

A través de memorial allegado el 10 de julio de 2025, la apoderada judicial del primer
mandatario señaló que se procedió a verificar con el Grupo de Correspondencia de
la Presidencia si el actor había radicado alguna solicitud de manera previa a la
acción tutelar con el mismo propósito, frente a lo cual se recibió respuesta el 7 de
julio del presente año mediante certificado CERT25-003140 / GFPU 13081012, en
el que se indicó que no se había recibido petición alguna.

Por lo tanto, advirtió que el mecanismo constitucional resultaba improcedente
debido a que: i) el actor no cumplió con el requisito de procedibilidad de
subsidiariedad pues, previo a la interposición de la acción de tutela no adelantó
ninguna gestión dirigida a que el presidente de la República subsanara las causas
de la aparente violación de sus derechos. Concretamente, no acudió al ejercicio del
derecho de petición, acorde con la interpretación que el mismo Consejo de Estado
ha dado a dicho mecanismo dentro del radicado 11001-03-15-000-2023-03485-00
y, ii) no existe legitimación en la causa por activa en razón a que las actuaciones y
manifestaciones del presidente de la República que el accionante acusa como
violatorias de sus derechos no estaban dirigidas de manera personal, ni acreditó de
qué manera se veían afectadas sus garantías.

De igual forma, explicó que las pretensiones deprecadas debían ser negadas, por
cuanto: i) las declaraciones genéricas no vulneran los derechos de manera
particular y concreta de acuerdo al precedente del Consejo de Estado en las
sentencias 11001-03-15-000-2024-06460-00 y 11001-03-15-000-2025-00009-02; ii)
no existió violación de garantía alguna del accionante y, iii) las declaraciones del
primer mandatario se erigieron como una intervención de carácter político, en donde
el presidente presentó públicamente una propuesta.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción tutelar presentada
por el señor Elmer Ubaque Madrid de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 12. °
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1. º del
Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el presidente de la República.

2.2. Cuestión previa

El 11 de julio de 2025, el señor Elmer Ubaque Madrid solicitó la apertura de un
incidente de desacato, en atención a la falta de cumplimiento de la providencia del
3 de julio del mismo año. Al respecto, indicó que:

4

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Demandante: Elmer Ubaque Madrid
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[e]l fallo ordeno en el termino de 2 días para responder una vez notificado la acción
de tutela el cual fue 4 de julio del 2025 a las 10:28 am hoy 10 de julio la presidencia
de la republica no respondió y anexo evidencia o retractación publica de lo dicho
pero siguió utilizando las redes presidenciales y ministros y personal de gobierno el
apoyo de la asamblea por el presidente sin importar el fallo del despacho de la
magistrada , afectado la constitución y las leyes y derechos y garantías
fundamentales , provocando desinformación en las redes si no se le pone control a
la utilización de redes oficiales del estado sin control7.

Si bien la parte actora se refirió al auto en mención como una sentencia, se le debe
explicar que esta solamente se trata de la providencia por medio de la cual el juez
constitucional accedió a estudiar su caso y revisar cada una de sus particularidades
con el propósito de fallar de fondo.

Así las cosas, el auto no constituye una decisión definitiva que resuelva un problema
jurídico o analice los supuestos que, a juicio del actor, vulneran sus derechos
fundamentales. Por ello, no es posible exigir el cumplimiento del auto admisorio, en
tanto este únicamente informa a la contraparte de la existencia del proceso para
que pueda intervenir y le otorga el término de 2 días para que pueda ejercer su
derecho de defensa, aportando argumentos y/o documentos que sustenten sus
dichos.

En consecuencia, no hay lugar a dictar un auto que requiera pruebas previo a la
apertura de incidente de desacato, ya que no existe sentencia favorable sobre la
cual se deba revisar su incumplimiento, ni orden alguna que requiera de los poderes
sancionatorios del juez para demandar su cumplimiento.

Por lo tanto, se le ordenará a la Secretaría General del Consejo de Estado que
archive el radicado 11001-03-15-000-2025-03933-01, que se inició como trámite de
desacato, pues como ya se ha referido, no existe un incumplimiento sobre el cual el
juez de tutela deba pronunciarse.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿El señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República vulneró los
derechos fundamentales del señor Elmer Ubaque Madrid con ocasión del
pronunciamiento realizado el 20 de junio de 2025 en su cuenta personal de
la red social «X»?

Para el efecto se estudiarán: (i) las generalidades de la acción de tutela y, (ii); el
caso concreto.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Generalidades de la acción de tutela

7 Transcripción literal que puede contener errores.

5

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Demandante: Elmer Ubaque Madrid
Demandado: Presidente de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03933-00

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos judiciales pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demande la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

2.5. Caso concreto

El señor Elmer Ubaque Madrid alegó la vulneración de sus garantías
fundamentales, con ocasión de la publicación realizada el 20 de junio de 2025 por
el presidente de la República, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego en su cuenta
personal de la red social «X», acerca de la posibilidad de entregar una papeleta
para convocar una Asamblea Nacional Constituyente durante las próximas
elecciones presidenciales.

Al respecto, mencionó que ello desconocía lo consagrado en los artículos 375 y 376
de la Carta Política, pues violaba el procedimiento constitucional establecido y
buscaba imponer un mandato imperativo sin respetar los mecanismos legales.

Además, advirtió que el presidente debía utilizar sus redes sociales para publicar
actuaciones, logros, metas y eventos de la presidencia, más no para atacar, insultar
u hostigar, tal como lo hizo con el mensaje del 20 de junio de 2025.

Esta Sala de Decisión recuerda que la acción de tutela se instituyó en el artículo 86
de la Constitución como un mecanismo judicial de naturaleza excepcional, para que
cualquier persona pudiera reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales ante las autoridades judiciales pertinentes, los cuales pueden verse
amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o
particular.

Si bien la especial categoría de estos derechos exige que el modelo procedimental
de la tutela esté desprovisto de requisitos formales y ofrezca, de manera ágil una
protección efectiva y oportuna al titular del derecho afectado, el juez constitucional
necesita conocer por lo menos cuáles son las garantías que el accionante considera
afectadas y los hechos que configuran la vulneración.

6

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Del escrito tutelar se observa que, la parte actora manifiesta su inconformismo con
el mensaje publicado por el primer mandatario, así como el manejo que le da a su
cuenta personal en la red social por el contenido que plasma en ella, sin embargo,
puntualmente, el actor se refiere a una situación incierta que no ha sucedido ni se
tiene certeza de que se haga realidad, pues, de darse, se remontaría al año 2026.

Para efectos de determinar la amenaza, la Corte Constitucional ha señalado que la
misma debe ser «contundente, cierta, ostensible, inminente y clara8», lo contrario
llevaría a que cualquier hecho futuro e incierto fuera susceptible de tutela.

Por ello y en ocasión de la falta de determinación de los derechos fundamentales
que considera conculcados, esta Sección estima que no existe un hecho cierto
sobre el cual deba pronunciarse ni dictar orden alguna, pues no se observa
vulneración o perjuicio inminente que deba protegerse.

Por otro lado, se advierte que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y de esta Corporación9 en ejercicio del «poder-deber» que tiene el presidente de la
república de mantener un contacto permanente con los ciudadanos, a través de sus
discursos o intervenciones públicas, es posible distinguir dos escenarios: (i) las
manifestaciones que pretenden transmitir información objetiva a los ciudadanos
sobre asuntos de interés general; y (ii) las declaraciones en las que, más allá de la
transmisión objetiva de información, se indican cuestiones acerca de la política
oficial, defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca
de algún asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas
formuladas a partir de criterios personales10.

En el primero de los escenarios, en el que el presidente de la república tiene la
intención de presentar una información como auténtica, son exigibles las cargas de
veracidad e imparcialidad11, conforme al artículo 20 Superior12, para así evitar
cualquier tipo de manipulación en la construcción de la opinión pública.

En el segundo, no existe el propósito de transmitir una información, sino de exponer
una apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto; por lo que no es
exigible «la estricta objetividad»13. Sin embargo, en este último evento, las opiniones
deben ser formuladas a partir de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios
de razonabilidad; lo que, en criterio de la Corte Constitucional, conduce a la
«verificación del sustento de las mismas para evaluar si resultan totalmente
infundadas o si, por el contrario, ofrecen un sustento razonable que las haga dignas
de la protección a la libre expresión establecida en la Constitución14».

8 Corte Constitucional, M.P. Álvaro Tafur Galvis, Sentencia T-647 de 04.08.03. Ver otras: T-424 de

2011 y T-469 de 2014.
9 Entre otras, sentencia de octubre 1º de 2021, subsección C de la Sección Tercera (M.P. Jaime

Rodríguez Navas). Expediente radicado con el número: 11001-03-15-000-2021-04934-00(AC)
10 Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.
11 Al respecto, consultar, entre otras, la sentencia T-391 de 2007.
12 “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.
[Negrilla fuera del texto].
13 Corte Constitucional. Sentencias T-1191 de 2004 y T-276 de 2015.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.

7

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Por tanto, la manifestación en cuestión del presidente se presenta como una
apreciación subjetiva en la que además de indicar cuestiones sobre su política oficial
y defender su gestión, expresa su opinión acerca de la Asamblea Nacional
Constituyente y las acciones que se deberán tomar para el momento de las
elecciones presidenciales, pero, como ya fue referido anteriormente, se refiere a un
hecho futuro e incierto que cumple con los parámetros mínimos de objetividad,
veracidad, justificación fáctica y razonabilidad exigidos por el alto tribunal
constitucional, al tratarse de su opinión personal sobre el tema.

Así, se observa que la publicación realizada por el presidente de la República se
trató de una alocución general, en la que no se encuentra atacando de forma
determinada a algún ciudadano o grupo en particular, por lo que tampoco se
configuraría en una transgresión de derechos fundamentales el uso de sus redes
sociales, pues pese a que sus declaraciones son enérgicas, no promueven
violencia, insultos u hostigamiento, como lo aseveró el señor Ubaque Madrid.

Así las cosas, se recalca que por la temporalidad de los hechos alegados por el
actor no es posible amparar derechos que no han sido vulnerados o frente a los
cuales no existe una amenaza real. En consecuencia, se negará la solicitud de
amparo.

Finalmente, acerca de la pretensión de que sea la Corte Constitucional quien
indique si el presidente tiene o no la potestad de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente, debe advertirse que la acción tutelar no es el medio idóneo para
realizar dicha solicitud, pues como ya fue referido anteriormente, el mecanismo tiene
como objetivo proteger garantías fundamentales y no, absolver peticiones o dudas
en general.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Elmer Ubaque
Madrid.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que archive
el proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-03933-01.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

8

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

9

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