Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06460-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06460-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06460-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de marzo de 2025
Demandante: Josías Fiesco Agudelo
Demandado: Presidente de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06460-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06460-00
Demandante: JOSÍAS FIESCO AGUDELO
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Temas: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen
nombre y a la protesta
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El 25 de noviembre de 20242, el señor Josías Fiesco Agudelo, actuando en
nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Presidente de la República en la
que pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
honra, al buen nombre y a la protesta.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de los
pronunciamientos realizados por el Presidente de la República, el señor Gustavo
Petro Urrego, en un evento social y replicados en su cuenta de la red social «X» el
23 de noviembre de 2024, en los que tildó de «victimarios» a los convocantes de las
marchas programadas para el día siguiente.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1. TUTELAR los derechos fundamentales a la dignidad humana, protesta, honra y
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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Demandante: Josías Fiesco Agudelo
Demandado: Presidente de la República
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buen nombre consagrados en los artículos 35 y 15 de la Constitución, los cuales
fueron vulnerados por las declaraciones del Presidente de la República GUSTAVO
PETRO URREGO, a las personas que convocamos la marcha el pasado 23 de
noviembre.
2. ORDENAR, al Presidente de la República GUSTAVO PETRO URREGO, a
rectificarse, pedir perdón por sus declaraciones en las que acusa de victimarios a
miembros de la oposición política.
3. ORDENAR, al Presidente de la República GUSTAVO PETRO URREGO a
comprometerse a respetar los derechos de la oposición política y desistir de sus
declaraciones deshonrosas. Y a realizar un curso en derechos humanos para
garantizar su compromiso.
4. LLAMAR LA ATENCIÓN, al Presidente de la República GUSTAVO PETRO
URREGO, por cuanto ya existía otro de fallo de tutela, por hechos similares en el
que se le ordena pedir disculpas por afirmar que los que gritan “Fuera Petro” son
asesinos, y el mandatario continúa vulnerando los derechos fundamentales de la
oposición. (Radicado No: 11001-03-15-000-2024-04386-00.)3.
1.3. Hechos
4. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes
para la decisión que se adoptará en la sentencia:
5. El señor Josías Fiesco Agudelo, en calidad de activista político de oposición,
promovió una protesta en contra del Gobierno Nacional a través de redes sociales
y distintos medios de comunicación4. La manifestación pública estaba programada
para el 24 de noviembre de 2024.
6. El día anterior a la marcha en mención, el Presidente de la República se
pronunció sobre el hecho en un evento social en Chimichagua, Cesar, en el cual
indicó: «[…] Mañana marcharán, convocan los victimarios, los que quieren que esta
injusticia siga padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una
reivindicación para las víctimas, los que quieren que las hijas de los campesinos
terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine
levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra
[…]».
7. Asimismo, dicho video fue replicado por el Presidente de la República en su
cuenta personal de la red social «X» el 23 de noviembre de 2024, el cual acompañó
de la siguiente afirmación:
Pueden marchar porque lo vamos a permitir. Ni una mujer violada, ni un gas
3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 Al respecto, adjuntó un enlace que dirige a su cuenta personal en la red social «Instagram», en el
que a través de un video convocó las manifestaciones.
https://www.instagram.com/reel/DCRrWonJYee/?utm_source=ig_web_copy_li
nk&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
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lacrimógeno, ningún joven con sus ojos destrozados, ninguna tortura, ni miles de
detenidos. Sientan mis queridos y queridas manifestantes que es vivir en
democracia.
1.4. Fundamentos de la vulneración
8. El actor mencionó que, al identificarse como un activista político de oposición,
es titular de derechos fundamentales a la dignidad humana, a la protesta, al buen
nombre y a la honra, los cuales estaban siendo vulnerados por parte del Presidente
de la República al realizar dichas declaraciones, en las que se utilizaron expresiones
ofensivas y maliciosas, adjudicándole actividades deshonrosas y afectando su
reputación.
9. Expuso que al ser el Presidente de la República, tenía la obligación de ser
garante de los derechos fundamentales de cada ciudadano, de acuerdo con lo
exigido por la Constitución Política, sin excusarse en la libertad de expresión.
10. Por último, señaló que las declaraciones del presidente como funcionario
público, según la Corte Constitucional, pueden tener mayor impacto en el imaginario
colectivo, e incluso en su conducta. Además, pueden producir situaciones
discriminatorias, de hostilidad y de violencia contra quienes convocan las marchas
al llamarlos «victimarios de campesinos».
1.5. Trámite en primera instancia
11. Por auto del 5 de diciembre de 2024, la magistrada Gloria María Gómez
admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como accionado
al Presidente de la República y vinculó como tercero con interés al Departamento
Administrativo de la República (DAPRE).
12. Por otra parte, en consideración a que, en la Sala llevada a cabo el 30 de
enero de 2025, el proyecto de fallo del radicado de la referencia fue improbado, se
dispuso remitir el expediente al magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, por ser quien
sigue en orden alfabético con la posición que obtuvo la mayoría de votos.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Presidente de la República
13. La apoderada judicial del presidente explicó que la acción constitucional
resulta improcedente, en razón a que no había agotado de forma previa la solicitud
de retractación como requisito previo de procedibilidad, de conformidad con el
numeral 7.º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
14. De acuerdo con la verificación realizada por el área de correspondencia de
la entidad, se expidió certificado con radicado CERT24-004760 / GFPU 13081012
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del 6 de diciembre de 2024, en la que se indicó que no se había recibido ninguna
solicitud de rectificación por parte del accionante, por lo que no se satisfizo el
requisito de subsidiariedad.
15. Expresó que la acción tutelar debía ser denegada, dado que las
declaraciones realizadas por el Presidente de la República no se inscriben en el
ámbito de interpretación y alcance atribuido por el actor. Explicó que dichas
declaraciones se emitieron como una opinión frente a las marchas convocadas para
el 24 de noviembre de 2024 y que, en su criterio, «están lideradas por personas y
movimientos que históricamente han defendido intereses contrarios a los esfuerzos
de su administración por garantizar la justicia social, proteger los derechos de las
víctimas del conflicto armado y combatir las desigualdades estructurales».
16. También consideró que las expresiones como «victimarios» o «hijas e hijos
de campesinos», entre otros, fueron recursos discursivos para subrayar lo opuesto
a los modelos y formas de gobierno que representan los opositores, sin que dichas
declaraciones puedan interpretarse como una forma de persecución a los
manifestantes.
17. Finalmente, sostuvo que la presente solicitud de amparo se estructura en una
interpretación descontextualizada del actor frente a las palabras del primer
mandatario, pues en ellas se limitó a emitir una crítica contra quienes representan
intereses opuestos, pero sin mediar ningún interés de afectar los derechos del
accionante o de los participantes en dichas marchas.
1.6.2. Josías Fiesco Agudelo
18. El actor argumentó que no era posible acceder a la solicitud de la parte
accionada de declarar la improcedencia de la acción de tutela, dado que los
pronunciamientos del Presidente de la República contenían declaraciones injuriosas
y calumniosas que vulneraban sus garantías fundamentales.
19. Adujo que no era exigible el requisito de rectificación, pues este se encuentra
previsto para el caso de tutelas contra particulares, en especial contra medios de
comunicación por la difusión de información errónea o inexacta al realizar
declaraciones públicas en las que se utilizan aseveraciones ofensivas, maliciosas o
deshonrosas que afectan la reputación.
20. Por otro lado, puso de presente que la justificación otorgada por la apoderada
judicial del Presidente de la República en torno a la libertad de expresión, debía
revisarse de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la cual
ha indicado que «el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos
tiene mayores limitaciones a las que ostenta cuando lo ejerce un ciudadano común,
porque puede llegar a tener un mayor impacto en el imaginario colectivo».
21. En consecuencia, pidió que se accediera a las pretensiones presentadas en
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el escrito inicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
22. Esta Sala es competente para conocer de la acción tutelar presentada por el
señor Josías Fiesco Agudelo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 12.° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.º del
Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Presidente de la República.
2.2. Cuestión previa
23. El accionante alegó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre y a la protesta. No obstante, la
Sala no se pronunciará sobre la afectación del primero de ellos, comoquiera que su
transgresión solo se configuraría, en el caso concreto, como consecuencia de la
amenaza o vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre.
2.3. Legitimación en la causa
24. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
25. La Sala advierte que el señor Josías Fiesco Agudelo está legitimado en la
causa por activa para interponer la presente acción. Lo anterior, porque al sentirse
miembro de la oposición y por haber convocado las marchas del pasado 24 de
noviembre de 2024, consideró que las declaraciones hechas por el Presidente de la
República vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
protesta, a la honra y al buen nombre.
26. Por su parte, se evidencia que el Presidente de la República, el señor
Gustavo Petro Urrego, está legitimado en la causa por pasiva en este proceso, por
ser la persona que pronunció las afirmaciones que, en criterio de la parte actora,
vulneró sus garantías constitucionales.
2.4. Problema jurídico
27. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta, el material probatorio
aportado, el informe presentado por la parte accionada y los argumentos esgrimidos
por el accionante, corresponde a la Sala resolver, inicialmente, si en el presente
caso se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
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28. Adicionalmente, se determinará si la frase objeto de debate vulneró los
derechos fundamentales invocados por el actor. Así las cosas, los problemas
jurídicos que se deberán resolver en esta providencia son los siguientes:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela?
• ¿El Presidente de la República, el señor Gustavo Petro Urrego, vulneró los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del señor Josías Fiesco
Agudelo con el pronunciamiento realizado el 23 de noviembre de 2024 en un
evento social y replicado en su red social «X»?
• ¿El Presidente de la República, el señor Gustavo Petro Urrego, vulneró el
derecho fundamental a la protesta con el pronunciamiento realizado el 23 de
noviembre de 2024 en un evento social y replicado en su red social «X»?
Para el efecto se estudiará: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) los requisitos
generales de procedibilidad de la solicitud de amparo objeto de estudio, y de
superarse, (iii) el caso en concreto.
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
29. La acción de tutela es un instrumento constitucional, preferente y sumario,
establecido para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Según el
artículo 86 de la Constitución Política, toda persona, sin necesidad de apoderado
judicial, puede interponer esta acción para reclamar ante cualquier juez la protección
inmediata de sus derechos, cuando considere que estos se encuentran vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de autoridades o excepcionalmente de
particulares.
30. Tanto la Constitución, como el Decreto 2591 de 1991, establecen que la
acción de tutela es un mecanismo judicial residual, informal, autónomo y subsidiario.
Sobre esta última característica, es importante precisar que la Carta Política
condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa
judicial (idóneo y eficaz), salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como un
mecanismo transitorio.
2.6. Procedencia de la acción de tutela en este asunto
31. En el informe rendido por el Presidente de la República se pidió declarar la
improcedencia de la acción de tutela, en razón a que no había agotado de forma
previa la solicitud de rectificación como requisito previo de procedibilidad, de
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conformidad con el numeral 7.º del artículo 42 del Decreto 2591 de 19915.
32. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la procedibilidad de la acción de
tutela para la reivindicación de los derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre
debe atender la previa solicitud de rectificación establecida en el artículo 42.7 del
Decreto 2591 de 1991 siempre que se trate de información difundida por medios de
comunicación o particulares en ejercicio del periodismo. La Sala observa, entonces,
que la señora Díaz Suárez no estaba llamada a agotar el presente requisito, toda
vez que: (a) el demandado no ejerce el periodismo, y (b) las publicaciones que
dieron origen al recurso de amparo no fueron realizadas por un medio de
comunicación6.
33. A su vez, esta Sala de decisión7 ha reconocido que la solicitud de rectificación
únicamente procede en casos de acciones de tutela en contra de medios de
comunicación o por quienes ejerzan el periodismo.
34. En este caso, el accionante no estaba en la obligación de solicitarle al
Presidente de la República la rectificación de sus palabras como requisito de previo
de procedencia para interponer la presente acción de tutela, dado que el señor Petro
Urrego no es periodista ni ejerce dichas funciones en medios de comunicación.
35. También se satisface el requisito de subsidiariedad, por cuanto la acción
penal no excluye el ejercicio autónomo de la acción de tutela. Como lo ha sostenido
la Corte Constitucional, si bien en estos asuntos también resulta procedente el inicio
de un proceso penal ante una eventual configuración de los delitos de injuria y
calumnia, lo cierto es que el ejercicio de dicha acción solo aplica frente a casos
especialmente serios en los que otros mecanismos de protección resultan
insuficientes.
36. Por otro lado, el juez constitucional puede otorgar una dimensión
constitucional al análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales
del accionante, que no necesariamente se garantiza con el ejercicio de la acción
penal. En efecto, la acción de tutela proporciona una protección más amplia, en
tanto permite que el juez analice la posible violación de los derechos alegados por
el señor Fiesco Agudelo, frente a afirmaciones que no necesariamente se tipifiquen
como injuriosas o calumniosas. Además, es un mecanismo célere y eficaz para el
5
ARTÍCULO 42. PROCEDENCIA. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos: (…) 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones
inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de
la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 2020. Postura reiterada en las siguientes providencias:
T-921 de 2002, T-959 de 2006, T-110 de 2015, T-593 de 2017, T-695 de 2017, T-117 de 2018, SU-
274 de 2019 y SU-355 de 2019.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 12 de diciembre de 2024. Radicado núm.
11001-03-15-000-2024-04858-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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restablecimiento de dichas garantías, en caso de que estas hayan sido vulneradas
con las afirmaciones del máximo dignatario8.
37. Finalmente, se cumple con el requisito de inmediatez, debido a que las
declaraciones emitidas por el Presidente de la República fueron proferidas el 23 de
noviembre de 2024, mientras que la solicitud de amparo fue interpuesta el 25 del
mismo mes y año.
2.7. Derecho a la libertad de expresión y sus dimensiones
38. En el presente caso, el análisis se enfocará en estudiar la libertad de
información y opinión, debido a que el caso objeto de estudio no se enmarca en
alguna de las otras hipótesis.
39. Frente a la libertad de información, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional9 ha reiterado que dicha garantía constituye el derecho de toda
persona a recibir información veraz e imparcial. La primera característica exige que
lo que se comunica sea verificable y plausible, lo que constituye una carga para el
emisor10. La segunda, que se debe realizar un esfuerzo razonable por informar a la
audiencia sobre las diferentes aristas, versiones y perspectivas que existen sobre
un mismo suceso.
40. Por su parte, la libertad de opinión protege la publicación y divulgación de
pensamientos, opiniones e ideas personales de quien las expresa. En ese orden,
todas las formas de opinión, ya sea de índole política, científica, histórica, moral o
religiosa, están comprendidas dentro de dicha garantía.
41. Sin embargo, las cargas de veracidad e imparcialidad no resultan aplicables
a las opiniones, debido a que la falsedad o veracidad solo se predica respecto a los
hechos y no sobre los juicios de valor. Además, la opinión es un producto subjetivo
y parcializado, que pertenece al ámbito de conciencia del transmisor, por ende, sus
límites son mucho más reducidos11.
42. Lo anterior no quiere decir que su esfera de protección sea absoluta. En
estos asuntos, el máximo tribunal constitucional ha determinado que:
constituyen límites a la libertad de opinión (i) la prohibición de publicar discursos de
odio y (ii) la prohibición de incurrir en conductas de acoso, persecución,
hostigamiento o ciberacoso. Así mismo, este tribunal ha aclarado que aun cuando
las expresiones de cualquier contenido y tono están prima facie amparadas, la
libertad de opinión no protege los insultos y las expresiones abiertamente
8 Corte Constitucional, Sentencia T-593 de 2017.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-242 de 2022. Postura reiterada en las sentencias SU-056 de
1995, T-904 de 2013, T-015 de 2015 y T-177 de 2019.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 13 de junio de 2024. Radicado núm. 11001-03-
15-000-2024-02507-00. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-218 de 2009.
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irrazonables y desproporcionadas y manifiestamente vejatorias que tengan una
“intención netamente dañina”, es decir, aquellas que “meramente pretenden
despreciar o desvalorizar a la persona”. De otra parte, ha precisado que en
ocasiones una opinión lleva de forma explícita o implícita un contenido informativo
sobre los hechos en los cuales está basada. En estos eventos, dichas expresiones,
esto es, “los contenidos fácticos en los que se funda esa opinión”, deben contar con
“un mínimo de fundamentación fáctica”12.
43. Ahora bien, no sobra agregar que la libertad de opinión también debe
ejercerse dentro de los límites generales de la libertad de expresión, que han sido
reconocidos a nivel internacional y por la Corte Constitucional13, a saber: (i) la
pornografía infantil, (ii) la incitación al genocidio, (iii) la propaganda de la guerra, (iv)
la apología del odio que constituya incitación a la violencia, y (v) la incitación al
terrorismo.
2.8. Límites a la libertad de opinión de los funcionarios públicos
44. Como se expuso anteriormente, las opiniones gozan de una mayor
discrecionalidad respecto de la información, pues a través de aquellas se expresan
pensamientos, ideas y creencias. Sus límites son los mismos que se imponen en el
ejercicio de la libertad de expresión, sin que se les aplique la carga de veracidad e
imparcialidad exigidas a la libertad de información.
45. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que, en
sociedades democráticas, es legítimo y constituye un deber de las autoridades
estatales, pronunciarse acerca de cuestiones de interés público. No obstante, su
libertad de expresión es más restringida debido a las funciones sociales que
desempeñan. Esto, porque su ejercicio puede tener un impacto mucho mayor en el
imaginario colectivo, debido al grado de confianza que las personas suelen tener en
las afirmaciones de quienes ocupan los cargos más representativos14.
46. En ese orden, es deber de los funcionarios públicos constatar los hechos en
los que se fundan sus opiniones de manera razonable y con mayor diligencia que la
empleada por los particulares, para evitar que los ciudadanos y otros interesados
tengan una versión distorsionada o manipulada de los hechos.
47. Además, en palabras de la Corte Constitucional15, los funcionarios públicos
«deben considerar que tienen una posición de garante frente a la sociedad», razón
por la cual sus declaraciones deben ser más prudentes y respetuosas. Es decir, no
pueden desconocer los derechos fundamentales de las personas o constituir formas
de injerencia o de presión lesiva en el ejercicio de las garantías de aquellos que
contribuyen a la deliberación pública y a la difusión del pensamiento.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-155 de 2019. Postura reiterada en sentencias T-578 de 2019 y
T-281 de 2021.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-355 de 2019.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-1037 de 2008.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-386 de 2021.
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48. De conformidad con lo anterior, para la Sala, la libertad de expresión de los
funcionarios públicos implica el ejercicio de un derecho fundamental y, asimismo,
envuelve responsabilidades políticas. Esto, habida cuenta de que las
manifestaciones que puedan realizar los servidores públicos contribuyen, de
manera significativa, a formar la opinión pública16.
49. Es claro entonces que las manifestaciones hechas por los funcionarios
públicos acarrean deberes y su alcance varía dependiendo del tipo del discurso
empleado, el contexto en el que se haga y los medios utilizados. Al respecto, la
Corte Constitucional ha determinado lo siguiente:
Dentro de los discursos especialmente protegidos se encuentran los
relacionados con: (i) asuntos políticos o de interés público, (ii) funcionarios
públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos
públicos y (iii) expresión de elementos esenciales de la identidad o dignidad
personales. En contraposición, entre los discursos prohibidos o expresamente
excluidos se encuentran: (i) la propaganda en favor de la guerra, (ii) la apología
del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación
a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo
de personas por cualquier motivo, (iii) la pornografía infantil y (iv) la incitación
directa y pública a cometer genocidio17.
50. En definitiva, la libertad de expresión, y con ella, la libertad de opinión ejercida
por parte del Presidente de la República, tiene un carácter más restrictivo en
comparación con los particulares, debido a la calidad que ostentan los servidores
públicos. Por esta razón, el análisis de una posible extralimitación en sus funciones
debe ser más estricto.
2.9. Los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra
51. El artículo 15 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental al
buen nombre, como aquel que protege la reputación, buena fama, mérito o
apreciación de los miembros de una sociedad. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el alcance de dicha garantía es proporcional a la ascendencia que
tienen las personas en la sociedad, razón por la cual «no está en posición de
reclamar respeto y consideración a su buen nombre quien ha incurrido en actos u
omisiones que de suyo generan el deterioro del concepto general en que se tiene al
interesado»18.
52. Por su parte, el derecho fundamental a la honra está reconocido en el artículo
16 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2024. Radicado núm.
11001-03-15-2024-04386-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-386 de 2021.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-471 de 1994. Ver también, sentencia T-229 de 2019 en la que
se indicó que difícilmente pueden considerarse lesionados los derechos fundamentales a la honra y
buen nombre cuando es la persona quien directamente le ha impuesto el desvalor a sus conductas
y ha perjudicado su propia imagen ante la colectividad.
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21 de la Constitución Política y ha sido definido como la estimación o deferencia con
la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad, en
razón a la dignidad humana19.
53. Las anteriores garantías se pueden ver conculcadas con la publicación y
divulgación de opiniones e información falsa o insultante de las personas, de forma
que se desdibuje su prestigio frente a los demás. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha declarado que no toda expresión ofensiva constituye una
transgresión de estos derechos, por lo que solo tienen relevancia constitucional si
se genera una afectación tangible y desproporcionada del «patrimonio moral» del
afectado20.
54. Para determinar si las expresiones tienen la potencialidad de vulnerar los
derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de los convocantes a las
marchas de la oposición, en necesario estudiar el alcance de las afirmaciones, es
decir, si estas son genéricas o específicas.
55. Sobre este asunto, en la sentencia T-088 de 2013, el máximo órgano
constitucional estableció su distinción de la siguiente manera:
(i) Una afirmación genérica es aquella que es emitida en una forma indeterminada,
esto es, que en la misma se describa un género pero no se distingue ni se concreta,
de tal manera que no pueda conocerse hacia quien está dirigida. En dicha afirmación
la intención del autor no es involucrar a nadie en particular ni a un grupo determinado
o determinable, pues lo general implica imprecisión, vaguedad, y mal podría
pensarse que a través de aquella se vulneren derechos personales. Por ende, para
la jurisprudencia constitucional, no puede generar la vulneración de los derechos al
buen nombre de una persona o a un grupo de ellas.
(ii) Una afirmación específica es aquella que se refiere concretamente a una persona
o grupo de personas, o la que permite al intérprete su fácil identificación. En este
tipo de afirmaciones, “la intención de quien busca informar o dar a conocer una
situación particular, es involucrar a un individuo o a un grupo de ellos en lo que se
transmite al público, aun cuando no se mencionen directamente su nombre o sus
nombres, pues basta con que se permita al interprete la posibilidad de deducir de
quien o de quienes se trata; es decir la vulneración del derecho se presenta, cuando
se determina el sujeto o cuando se hace fácilmente determinable”.
56. Por lo anterior, solo si la intención del emisor es involucrar a una persona
individualizada o a un grupo determinado o determinable, la afirmación es específica
y tiene la capacidad de transgredir los derechos fundamentales al buen nombre y a
la honra de los involucrados.
57. Al respecto, resultan relevantes los siguientes antecedentes
19 Corte Constitucional, Sentencia T-242 de 2022.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-2013 de 2024, T-714 de 2010, T-102 de 2019, T-022 de 2017 y
T-244 de 2018.
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jurisprudenciales. De un lado, en la ya citada Sentencia T-088 de 2013, la Corte
Constitucional descartó la vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre
de la Comunidad Indígena Resguardo Yaguará II. Este pueblo consideró que una
publicación periodística del diario El Tiempo le atribuyó a la comunidad cierta
participación en actos de despojo de tierras por parte de las FARC. Para los
accionantes, el hecho de que el artículo de prensa hiciera referencia a
«comunidades indígenas de San Vicente del Caguán» y de «los Llanos del Yarí»,
permitía identificar al resguardo, en tanto se trataba de una comunidad indígena con
presencia en las zonas geográficas mencionadas. Sin embargo, la Corte desestimó
tal interpretación, pues «de los elementos incluidos en el artículo y del contexto del
mismo no es posible para el lector identificar una acusación en contra de la
comunidad, ni tampoco contra el grupo de comunidades indígenas de San Vicente
del Caguán».
58. En el mismo sentido y más recientemente, la Subsección C de la Sección
Tercera21, la Subsección B de la Sección Segunda22 y la Sección Quinta23 del
Consejo de Estado, respectivamente, también han establecido ciertas pautas para
analizar si opiniones presidenciales pueden vulnerar el derecho a la honra y buen
nombre de manifestantes.
59. En el primer caso, la Subsección C de la Sección Tercera indicó que las
afirmaciones realizadas por el máximo dignatario, durante una ceremonia religiosa
en homenaje a las víctimas del Covid-19, en las que aludió a la relación entre las
manifestaciones públicas y las muertes a causa de tal enfermedad, no eran
afirmaciones específicas. En efecto, expresar que «las aglomeraciones son el caldo
de cultivo para que esta enfermedad se disemine exponencialmente […] más de 10
mil muertes se hubiesen podido evitar si no hubiésemos tenido aglomeraciones en
las últimas seis o siete semanas», no constituían expresiones específicas frente a
las organizaciones que convocaron a algunas de las marchas realizadas durante el
estallido social.
60. Luego, para la Sala de Decisión, las afirmaciones se realizaron en un
contexto en el que no se pretendía responsabilizar a sujetos determinados por el
número de contagios o decesos y, en esa medida, no eran afirmaciones específicas
que tuvieran el alcance de vulnerar el buen nombre o la honra de los accionantes.
61. En el segundo caso, la Sección Quinta también concluyó que las
afirmaciones que hizo el Presidente de la República relativas a señalar que «son los
asesinos los mismos que gritan fuera Petro» representaban opiniones personales,
las que fueron emitidas de manera genérica, sin individualizar a alguna persona en
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1 de octubre de 2021. Radicado
núm. 11001-03-15-000-2021-04934-00. M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 17 de enero de 2025.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2024-04825-01. M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2024. Radicado núm.
11001-03-15-2024-04386-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
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particular. De allí que estas no fueran susceptibles de vulnerar los derechos a la
honra y buen nombre de los accionantes que se sintieron aludidos por las
afirmaciones realizadas por el jefe de Estado.
2.10. El derecho fundamental a protesta
62. La Constitución Política de Colombia garantiza el derecho de las personas a
reunirse y manifestarse pública y pacíficamente24. Dicha garantía ha sido
reconocida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como una de las varias
manifestaciones que tiene la libertad de expresión. Su función es «llamar la atención
de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre
las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos
en cuenta por las autoridades»25.
63. A su vez, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha definido la protesta como «una forma de
acción individual o colectiva a expresar ideas, visiones o valores de disenso,
oposición, denuncia o reivindicación»26.
64. Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reconocido que el
goce de dicha garantía debe ser pacífico, sin violencia, ni armas ni alteraciones
graves al orden público27. Por lo anterior, solo las manifestaciones pacíficas tienen
protección constitucional.
2.11. Caso en concreto
65. El señor Josías Fiesco Agudelo, quien se identifica como activista político de
la oposición, presentó acción de tutela contra el Presidente de la República, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen
nombre, a la honra y a la protesta, con ocasión del discurso que profirió el Jefe de
Estado en un evento político en el que tildó de «victimarios» a los convocantes y
participantes de las marchas del 24 de noviembre de 2024.
66. De la revisión del expediente, se advierte que durante un evento oficial del
Gobierno en Chimichagua – Cesar, el Presidente de la República, indicó:
«[…] Mañana marcharán, convocan los victimarios, los que quieran que esta
injusticia siga padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una
reivindicación para las víctimas, los que quieren que las hijas de los campesinos
24 ARTÍCULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo
la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio a este
derecho.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-366 de 2013.
26 Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organización de Estados Americanos. Protesta
y Derechos Humanos. Publicado en septiembre de 2019.
27Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1 de octubre de 2021. Radicado
núm. 11001-03-15-000-2021-04934-00. M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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terminen en los burdeles de la gran cuidad o que el hijo del campesino termine
levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra
[…]».
67. De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala analizar si el Presidente de
la República vulneró los derechos al buen nombre, a la honra y a la protesta del
accionante, al realizar las anteriores declaraciones en un evento público y replicarlas
en su cuenta de «X».
68. Para ello, la Sala, primero, determinará si las afirmaciones del máximo
dignatario constituyen informaciones u opiniones, y, a partir de ello, indicará si estas
se ajustan a los límites generales de la libertad de expresión. Luego, concluirá si en
el caso concreto tales expresiones vulneran los referidos derechos fundamentales
del accionante.
2.11.1. Las declaraciones del Presidente de la República son opiniones, las
cuales no corresponden a un «discurso prohibido o excluido»
69. Como se expuso, la Constitución y el derecho internacional de los derechos
humanos le reconoce a los funcionarios públicos el ejercicio de su libertad de
expresión. En virtud de esta garantía, los servidores pueden, entre otras cosas,
«transmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés
general»28 (libertad de información) o expresar y difundir sus pensamientos u
opiniones (libertad de opinión).
70. En este último caso, se reconoce el derecho del servidor público de formular
«apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales» 29. Estas
opiniones no exigen que se cumpla con las cargas de veracidad e imparcialidad,
usualmente asociadas a la libertad de información. Sin embargo, el servidor debe
ajustarse a los límites generales de la libertad de expresión, a saber, los siguientes
discursos prohibidos o excluidos: (i) la prohibición de pornografía infantil, (ii) la
incitación al genocidio, (iii) la propaganda de la guerra, (iv) la apología del odio que
constituya incitación a la violencia y, (v) la incitación al terrorismo.
71. Pues bien, en el caso concreto, las expresiones realizadas por el Presidente
de la República en un evento social y replicados en su cuenta de la red social «X»
el 23 de noviembre de 2024, constituyen opiniones.
72. En efecto, el propósito del Jefe de Estado de no era transmitir información
sobre algún hecho o suceso, sino manifestar su desacuerdo con las ideas y causas
que defienden los opositores de su partido político y de su política de gobierno, de
conformidad con sus apreciaciones subjetivas.
28Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1 de octubre de 2021. Radicado
núm. 11001-03-15-000-2021-04934-00. M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
29 Ibid.
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73. Esto, debido a que en su intervención se refirió a diversos acontecimientos
del país, para luego, expresar un juicio subjetivo sobre las motivaciones que, en su
criterio, inspiran a quienes habrían de participar en la marcha del 24 de noviembre
de 2024 convocada en contra de su gobierno. Así las cosas, la intención del
Presidente no era atribuir algún tipo de responsabilidad jurídica a los convocantes
de las marchas de la oposición, sino cuestionar su idoneidad moral, por perseguir
una causa distinta a la suya.
74. Para la Sala, es claro que esta declaración no se presentó como un hecho
cierto o auténtico, sino como un juicio de valor propio y subjetivo del Presidente de
la República. Por tanto, dichas afirmaciones fueron realizadas en ejercicio de la
libertad de opinión, y no con la finalidad de transmitir información sobre un hecho o
acontecimiento.
75. Al tratarse de una opinión, la Sala advierte que estas no corresponden a un
discurso prohibido o excluido. Ciertamente, prima facie, no es posible concluir que
la expresión reprochada por el actor pueda catalogarse como un acto de pornografía
infantil, incitación al genocidio, propaganda de guerra, apología al odio que
constituya incitación a la violencia ni incitación al terrorismo.
76. En relación con esto último, es importante recordar que el simple hecho de
que una opinión resulte provocadora, ofensiva o estigmatizante, no constituye una
expresión prohibida. Por el contrario, para que se considere discurso de odio, es
necesario que las afirmaciones inciten «específicamente a la violencia o a otra
acción similar»30 en contra de la víctima. En otras palabras, el discurso de odio
requiere que «se utilice la opinión como arma para generar una conducta violenta
en contra de la víctima»31. Ninguno de esos elementos está presente en los
pronunciamientos del Presidente de la República ni se derivan razonablemente de
estos.
77. En tales términos, las declaraciones hechas por el Presidente de la República
no son, prima facie, expresiones prohibidas o excluidas del ejercicio del derecho
fundamental a la libertad de opinión, en tanto no constituyen un discurso prohibido
por la libertad de expresión. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan
potencialidad de vulnerar derechos de terceros, como en este caso, la honra y el
buen nombre del accionante.
2.11.2. El Presidente de la República no vulneró los derechos al buen nombre
y a la honra del accionante, en tanto sus afirmaciones constituyen opiniones
generalizadas que no individualizan a un sujeto o grupo específico
78. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y de esta Corporación, el
ejercicio de la libertad de opinión de los funcionarios públicos, en especial del
30 Corte Constitucional, Sentencia T-386 de 2021.
31 Ibid.
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Presidente de la República, tiene unos límites y criterios más estrictos cuando
expresan opiniones que tienen relación con el debate público, debido a que
desempeñan una actividad de alto compromiso social. Por ende, sus
manifestaciones deben ser más prudentes y respetuosas con los derechos
fundamentales de terceros.
79. Al respecto, se han definido los siguientes estándares para la libertad de
expresión de los funcionarios: (i) las opiniones relacionadas con los asuntos y
debates de la esfera pública deben contar con un mínimo de justificación fáctica y
razonabilidad, (ii) están prohibidas las expresiones racistas o discriminatorias, (iii) la
comunicación con la sociedad debe contribuir a la defensa de los derechos
fundamentales de las personas, en particular, de aquellas que merecen protección
especial, y (iii) el discurso debe procurar proteger la honra, creencias, derechos y
libertades de los habitantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 de la
carta política32.
80. Así mismo, en lo que respecta a la eventual vulneración de los derechos a la
honra y al buen nombre, su prueba requiere «que exista una mínima identificación
de individuos contra quienes se dirigen las afirmaciones que se debaten, pues de lo
contrario, no podría verificarse si los conceptos y valoraciones que la sociedad ha
formado sobre ellos fueron distorsionados injustificadamente»33.
81. En tal sentido, la vulneración de los derechos a la honra y buen nombre debe
trascender la esfera interna del afectado. En otras palabras, la afirmación
cuestionada debe «generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad
no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al
ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica
pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella» 34. En ese
sentido, se requiere que las expresiones impliquen un «daño moral tangible»35.
82. En este caso, la Sala resalta que la opinión emitida por el Presidente de la
República, fue expresada de manera genérica, sin individualizar a alguna persona
en particular.
83. En el discurso, el Jefe de Estado aludió, de forma general, a quienes
«marcharán», a quienes «convocan», a «los que quieren que esta injusticia siga
padeciéndose en el país», «los que quieren que no haya una reivindicación para las
víctimas», «los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los
burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil
para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra». Ninguna de estas
expresiones permite identificar o individualizar de forma específica al señor Josías
32 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2024. Radicado núm.
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33 Corte Constitucional, Sentencia T-1191 de 2004.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2013.
35 Ibid.
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Fiesco Agudelo.
84. Así mismo, el contexto en el que se emitieron las afirmaciones cuestionadas
–un acto de gobierno de entrega de tierras en Chimichagua, Cesar– tampoco aporta
mayores elementos que permitan determinar los sujetos contra quienes se dirigían
las acusaciones36.
85. Ahora bien, aunque es cierto que el Presidente de la República hizo alusión
a quienes «convocan» y que esta Sala pudo comprobar que el accionante promovió
la marcha de 24 de noviembre de 2024 en sus redes sociales; no es menos cierto
que dicha prueba no es suficiente para afirmar que el primer mandatario se estaba
refiriendo específicamente al accionante o a alguna de las personas que
promovieron o convocaron la referida manifestación.
86. Entonces, aun cuando el accionante pueda sentirse aludido por las
referencias contenidas en el discurso del mandatario, de esas expresiones no es
posible concluir que las opiniones estuviesen dirigidas, de forma específica y
concreta, hacia el señor Josías Fiesco Agudelo. Se trata de afirmaciones generales
acerca de quienes participarían, como convocantes o como marchantes, en la
referida protesta. Sin embargo, de ello no se deriva una acusación determinada
susceptible de vulnerar los derechos a la honra y buen nombre del accionante.
87. Por tanto, Sala advierte que no le fueron vulnerados los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre del señor Josías Fiesco Agudelo, debido
a que las afirmaciones hechas por el Presidente de la República, en ejercicio de su
libertad de opinión, fueron realizadas de manera genérica, sin la potencialidad de
individualizar al accionante.
2.11.3. El Presidente de la República vulneró el derecho a la protesta del
accionante
88. La Sección Quinta considera que las afirmaciones realizadas por el
Presidente de la República el 23 de noviembre de 2024 y replicadas en su cuenta
de «X» sí vulneraron el derecho fundamental a la protesta del accionante, al tildar
de «victimarios», entre otras, a los convocantes y participantes de las marchas del
24 de noviembre de 2024, por las razones que pasan a explicarse:
89. Como se mencionó previamente, el discurso cuestionado fue proferido en
ejercicio de la libertad de opinión del Presidente de la República. Con todo, debido
a su calidad de servidor público y de máximo dignatario, sus declaraciones deben
ser analizadas con mayor rigor. Esto supone que sus opiniones deben contar con
una justificación fáctica mínima, para evitar cualquier forma de estigmatización o
discriminación, que pueda afectar los derechos fundamentales de las personas,
36En relación con el análisis del contexto en que fueron proferidas las afirmaciones, ver Corte
Constitucional, Sentencia T-1191 de 2004.
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como sucedió en este caso.
90. Los convocantes y participantes de las marchas de la oposición son
ciudadanos que, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta, deberían
poder manifestar públicamente su desacuerdo con las políticas del gobierno actual.
En este caso, el Presidente de la República estigmatizó a quienes convocaron y
marcharon el 24 de noviembre de 2024. En efecto, los tildó de «victimarios» y
consideró que son «los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el
país», «los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas», «los que
quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad
o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de
sangre o a su hermano de tierra».
91. Todas esas expresiones o calificativos son expresiones vejatorias que, en
principio, tienen por único objeto desvalorizar a quienes participarían en la referida
marcha. A manera de ejemplo, la sola expresión «victimarios», tiene una
connotación abiertamente negativa. Al respecto, de acuerdo con el diccionario de la
Real Academia Española, victimarios se entiende como «homicidas, asesinos,
sicarios, matadores y criminales». Dicho calificativo adquiere mayor relevancia
cuando se emplea en un país como el nuestro, pues en el contexto mismo del
conflicto armado, por victimario puede entenderse al autor de toda clase de delitos,
incluso de lesa humanidad.
92. Por tanto, calificar a quienes ejercen su derecho a la protesta legítima de la
forma en que lo hizo el Presidente de la República, constituye una injerencia que
vulnera su derecho fundamental. Estos apelativos no garantizan un escenario
idóneo para su ejercicio, debido al alto grado de estigmatización que puede generar,
lo cual va más allá de simplemente cuestionar la afinidad política de los convocantes
y marchantes.
93. Ahora bien, la Sala no desconoce que el Presidente de la República tiene la
potestad de plantear debates políticos en los que defienda sus posturas frente a las
objeciones que se formulen en contra de su gobierno. Sin embargo, no por ello en
sus declaraciones puede emplear expresiones estigmatizantes o discriminatorias,
que puedan generar en el público la creencia de que sus opositores han cometido
actos delictivos, con el único fin de descalificar la protesta o quienes participan en
ella.
94. En relación con este punto, es importante agregar que, de conformidad con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, «las expresiones innecesarias a la
divulgación de una opinión se encuentran por fuera del ámbito constitucionalmente
protegido de la libertad de expresión»37. Para esta Sala, este es el caso de las
expresiones empleadas por el Presidente de la República. Los calificativos
vejatorios empleados no eran indispensables para el ejercicio de su libertad de
37 Corte Constitucional, Sentencia T-959 de 2006.
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opinión. Esto, porque sus afirmaciones en nada contribuyen a la deliberación política
sobre asuntos de interés general y, en todo caso, las críticas en contra de sus
opositores pudo haberlas formulado mediante mensajes respetuosos para
manifestar su inconformidad con las marchas convocadas por los miembros de la
oposición.
95. En tales términos, para la Sala, el discurso proferido por el primer mandatario
excedió los límites del ejercicio de la libertad de opinión de los funcionarios públicos
porque:
(i) La expresión «victimarios» no fue formulada con el mínimo de
justificación fáctica que se requiere ni ofrece un sustento razonable, ya
que no existe prueba o indicios de que la oposición haya cometido el
delito de homicidio o cualquier otro. Por lo tanto, el uso de dicha
expresión es desproporcionado.
(ii) Sus afirmaciones son discriminatorias, ya que con ellas se puede
estigmatizar, excluir, invalidar y desvalorizar las críticas de la oposición.
(iii) Su discurso no contribuye a la defensa de las garantías fundamentales
de las personas. Por el contrario, limita el ejercicio del derecho
fundamental a la protesta.
96. En conclusión, aunque la expresión «victimarios» pronunciada por el
Presidente de la República no vulnera los derechos a la honra y al buen nombre del
accionante, sí viola el derecho a la protesta del señor Fiesco Agudelo. Esto, habida
cuenta de que las expresiones empleadas por el Jefe de Estado para referirse a
quienes habrían de participar en las marchas del 24 de noviembre de 2024, exceden
los límites de la libertad de opinión reconocida a los funcionarios públicos en este
tipo de temas.
97. Ahora bien, la Sala advierte que a pesar de que la tutela tiene por objeto la
protección de los derechos fundamentales individuales del señor Josías Fiesco
Agudelo, los cierto es que debido a la naturaleza genérica del discurso proferido por
el Jefe de Estado, la vulneración del derecho a la protesta se predica de todos
aquellos que convocaron o participaron en las marchas del 24 de noviembre de
2024. Esto, porque razonablemente están cobijados por el discurso en el que fueron
tildados de «victimarios».
98. Por lo anterior, la Sala ordenará al Presidente de la República, el señor
Gustavo Petro Urrego, que ofrezca disculpas públicas por haber calificado como
«victimarios», «los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país»,
«los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas», «los que
quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad
o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de
sangre o a su hermano de tierra», a quienes, en su legítimo derecho a la protesta,
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participaron en las marchas del 24 de noviembre de 2024.
99. Para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá
publicarse en las cuentas de las redes sociales de la Presidencia de la República,
el DAPRE y la cuenta personal de «X» del primer mandatario «@petrogustavo».
100. Se pone de presente que no se ordenará la retractación, porque las
expresiones utilizadas por la autoridad accionada no fueron emitidas en el marco de
la libertad de información, sino en ejercicio de la libertad de opinión. Por lo tanto, la
medida más adecuada para la protección satisfactoria de los derechos
fundamentales amparados es la presentación de disculpas públicas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la protesta del accionante y de
quienes participaron en las marchas del 24 de noviembre de 2024.
SEGUNDO: ORDENAR al Presidente de la República, el señor Gustavo Petro
Urrego, que, en un término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
la presente providencia, ofrezca disculpas públicas por haber llamado
«victimarios», «los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país»,
«los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas», «los que
quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad
o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de
sangre o a su hermano de tierra», a quienes participaron en las marchas del 24 de
noviembre de 2024.
Las disculpas deberán publicarse en las cuentas de las redes sociales de la
Presidencia de la República, el DAPRE y la cuenta personal de «X» del primer
mandatario «@petrogustavo».
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salva voto
20
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Demandante: Josías Fiesco Agudelo
Demandado: Presidente de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06460-00
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
21
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