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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06460-02

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06460-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de marzo de 2025 que profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la protesta del señor Josías Fiesco Agudelo, por las razones expuestas en esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06460-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06460-02
Accionantes: Josías Fiesco Agudelo
Accionado: Presidente de la República

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06460-02
Accionante: Josías Fiesco Agudelo
Accionado: Presidente de la República de Colombia

Tema: acción de tutela para la protección del derecho fundamental a la protesta.
Subtema 1: declaraciones del señor presidente de la República como actuación que
vulnera derechos fundamentales. Subtema 2: marchas del 23 de noviembre de 2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir el
recurso de impugnación interpuesto por el señor presidente de la República de
Colombia en contra de la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por la Sección
Quinta de esta corporación.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Josías Fiesco Agudelo presentó acción de tutela con la pretensión de amparo
de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la protesta, a la honra y al
buen nombre, los cuales consideró vulnerados por el señor presidente de la República
debido a las expresiones que dicha autoridad emitió en relación con la convocatoria a
la marcha del 23 de noviembre de 2024.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos de la tutela

1. El señor Josías Fiesco Agudelo participó, en su condición de activista político,
como convocante de las marchas del 23 de noviembre de 2024 realizadas en contra
del Gobierno nacional. El 22 de noviembre del mismo año, durante un evento
efectuado en el municipio de Chimichagua (Cesar), el señor presidente de la República
expresó lo siguiente:

Mañana marcharán, convocan los victimarios, los que quieren que esta injusticia siga
padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una reivindicación para las
víctimas, los que quieren que las hijas del campesino terminen en los burdeles de la gran
ciudad, o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano
de sangre o a su hermano de tierra, a otro ser humilde.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06460-02
Accionantes: Josías Fiesco Agudelo
Accionado: Presidente de la República

Y nosotros decimos que pueden marchar porque se nos vamos a permitir: ni un gas
lacrimógeno, ni una mujer violada, ningún joven con pérdida de ojo, ninguna persona
aprisionada, ninguna persona tratada de terrorista, como hicieron con centenares de
miles de jóvenes que quisieron protestar hace tres o cuatro años en este país.
[…]1.

2. Las anteriores declaraciones fueron registradas por diferentes medios de
comunicación, entre otros titulares, los siguientes: «Marcharán los victimarios: Petro
arremete contra quienes saldrán a marchar […] en rechazo a su Gobierno»2, en la
revista Semana; y «Presidente Petro sobre las manifestaciones de la oposición:
Marcharán los que quieren que las hijas del campesinado terminen en los burdeles de
la gran ciudad»3, en El Tiempo.

3. Por su parte, el señor presidente Gustavo Petro Urrego publicó, el 23 de noviembre
de 2024, en su cuenta personal de la red social X, el video en el que expresó las
anteriores declaraciones con la siguiente afirmación: «Pueden marchar porque lo
vamos a permitir. Ni una mujer violada, ni un gas lacrimógeno, ningún joven con sus
ojos destrozados, ninguna tortura, ni miles de detenidos. Sientan mis queridos y
queridas manifestantes que es vivir en democracia».

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

4. El señor Josías Fiesco Agudelo formuló en el escrito de tutela4, como
consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana,
a la protesta, a la honra y al buen nombre, las pretensiones que se citan a continuación:

2. ORDENAR, al Presidente de la República GUSTAVO PETRO URREGO, a
rectificarse, pedir perdón por sus declaraciones en las que acusa de victimarios a
miembros de la oposición política.
3. ORDENAR, al Presidente de la República GUSTAVO PETRO URREGO a
comprometerse a respetar los derechos de la oposición política y desistir de sus
declaraciones deshonrosas. Y a realizar un curso en derechos humanos para garantizar
su compromiso.
4. LLAMAR LA ATENCIÓN, al Presidente de la República GUSTAVO PETRO URREGO,
por cuanto ya existía otro de fallo de tutela, por hechos similares en el que se le ordena
pedir disculpas por afirmar que los que gritan “Fuera Petro” son asesinos, y el mandatario
continúa vulnerando los derechos fundamentales de la oposición. (Radicado No: 11001-
03-15-000-2024-04386-00)5.

5. Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante argumentó que el
requisito de subsidiariedad previsto en el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591
de 1991 se encuentra superado, porque la autoridad accionada no es un medio de

1 Ver el siguiente enlace de la página web de la presidencia de la República de Colombia:
https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Palabras-del-presidente-Gustavo-Petro-Urrego-en-la-entrega-de-
tierras-a-familias-desplazadas-por-violencia-241123.aspx.
2 Ver el siguiente enlace: https://www.semana.com/politica/articulo/marcharan-los-victimarios-petro-arremete-

contra-quienes-saldran-a-marchar-este-23-de-noviembre-en-rechazo-a-su-gobierno/202419/.
3 Ver el siguiente enlace: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/presidente-petro-sobre-manifestaciones-de-la-

oposicion-marcharan-los-que-quieren-que-las-hijas-del-campesino-terminen-en-los-burdeles-de-la-gran-ciudad-
3402350.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06460-00, índice 2, certificado núm. 8933DCAB0C7A3AC1
FF33E8C8974295A9 4F3DA7C1CF9CC49A BA39CDEB945847DE.
5 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela.

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comunicación ni un particular que ejerza el periodismo, de manera que no es
obligatorio agotar la petición de rectificación previa.

6. Adujo que el señor presidente utilizó expresiones «ofensivas y maliciosas» y le
adjudicó actividades deshonrosas, como la «prostitución de poblaciones vulnerables»,
a un número indeterminado de personas, activistas y líderes de la oposición que
convocaron a la marcha del 23 de noviembre de 2024, toda vez que según el primer
mandatario, el deseo de estas personas «es que las campesinas terminen en burdeles
y [que] los campesinos [se] mat[en] entre ellos con fusiles».

7. Abordó el alcance del derecho a la protesta y su importancia de acuerdo con la
Corte Constitucional, y sostuvo que el cargo de presidente de la República implica una
responsabilidad mayor por representar la unidad de la Nación y por procurar el
cumplimiento de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en virtud de los
mandatos constitucionales previstos en el artículo 188 superior.

8. Indicó que el señor presidente debe ser «en extremo cuidadoso y prudente» para
garantizar el mencionado derecho, pues violó las obligaciones adquiridas por Colombia
en materia de derechos humanos con la conducta reprochada y desprestigió a quienes
convocaron a la marcha con calificativos como «victimarios de campesinos».

9. Agregó que el derecho a la libertad de expresión del señor presidente no es excusa
para que tenga una «lengua puntiaguda y descontrolada», ya que dicha libertad tiene
limitaciones cuando se trata de funcionarios públicos a quienes se impone mayor
prudencia y respeto, y que las declaraciones reprochadas no se encasillan en alguna
de las modalidades de discursos protegidos6, sino en uno de los expresamente
prohibidos, atinente a la apología al odio que constituya incitación a la discriminación,
a la hostilidad y a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas. En ese
sentido, expuso:

Las declaraciones del Presidente como funcionario público, según la Corte
Constitucional pueden tener mayor impacto en el imaginario colectivo, e incluso en su
conducta, dado el grado de confianza que tienen las personas en quienes ocupan los
cargos más representativos.
El efecto, las declaraciones del Presidente pueden producir quienes convocamos a la
marcha es la incitación a la discriminación, hostilidad y violencia contra el mencionado
grupo de personas.
Lo anterior es evidente por cuanto en el imaginario colectivo, especialmente en el de los
seguidores del Presidente, los que integramos a la oposición somos supuestamente
“victimarios de campesinos”, lo que puede provocar hostilidad y/o violencia por unas
declaraciones que carecen de todo tipo de fundamento y prudencia 7.

2.3. Trámite Procesal

10. La tutela correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 5 de diciembre de 20248, en el que admitió la
solicitud de amparo, vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la

6
Corte Constitucional, sentencia T-179 de 2019.
7 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06460-00, índice 4, certificado núm. AC1550000513A2D1
CFEEBBF1E293566E 4FF799375DABF7D9 A3FA91FEDBBDA0D7.
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República (DAPRE), tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda de
tutela y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

11. El señor presidente de la República de Colombia contestó9 que el accionante no
agotó, antes de acudir a la tutela, la solicitud de rectificación como requisito de
procedibilidad, en los términos exigidos en el numeral 7 del artículo 42 del Decreto
2591 de 1991 y en las sentencias del 28 de julio de 2022 de la Corte Suprema de
Justicia y T-121 de 2018 de la Corte Constitucional.

12. Afirmó que las declaraciones emitidas por el primer mandatario el 22 de noviembre
de 2024 no se «inscriben en el ámbito de la interpretación y el alcance atribuido por el
actor», toda vez que estas se emitieron como una opinión frente a las marchas
convocadas y son legítimas, pues, a juicio del señor presidente, las marchas estaban
lideradas por personas y movimientos que históricamente han defendido intereses
contrarios a los esfuerzos de la administración por garantizar la justicia social y
proteger las víctimas del conflicto armado.

13. Argumentó que las manifestaciones controvertidas fueron proferidas como una
crítica política a sus opositores, y que las expresiones «victimarios» o «hijos e hijas de
campesinos» fueron recursos discursivos para subrayar lo contrario a los modelos o
formas de gobierno actual, sin que pudieran interpretarse como barrera a las marchas
o persecución a los organizadores. Destacó que en la misma alocución el primer
mandatario también enunció que se garantizaba la democracia para todos y que, por
ende, los promotores tenían la posibilidad de hacer sus marchas sin estigmatizaciones
ni represiones.

14. Adujo que las declaraciones se circunscribieron al ejercicio legítimo de la libertad
de expresión, en la modalidad de opinión, como una réplica; reflejan una postura
ideológica frente a proyectos políticos que representan visiones opuestas al gobierno;
y nunca se dirigieron de manera específica en contra del accionante. Además, destacó
la noticia de prensa reportada en el portal de la Presidencia de la República, que se
tituló «“Pueden marchar”, en el Gobierno del cambio la democracia es para todos:
presidente Petro a opositores», de la cual citó lo siguiente:

Nosotros decimos que pueden marchar, porque se lo vamos a permitir: ni un gas
lacrimógeno, ni una mujer violada, ningún joven con pérdida de ojo, ninguna persona
aprisionada, ninguna persona tratada de terrorista, como hicieron con centenares de
miles de jóvenes que quisieron protestar hace tres o cuatro años en este país».
[…]
«Reiteró que “pueden hacerlo, porque este gobierno garantiza una democracia que
nunca habían vivido, que no habían sentido”, aunque se debe tener en cuenta – expuso–
que “la democracia es para toda Colombia, la democracia no es para unos pocos, la
democracia es para el conjunto del pueblo.

15. Afirmó que el tutelante omitió determinados apartados de la intervención del 22 de
noviembre de 2024 y, por lo tanto, le atribuyó un alcance distinto, ya que no fue el
propósito indicar que los manifestantes hubieran cometido algún delito.

9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06460-00, índice 9, certificado núm. 938CE560285A3704
9315F7F1456ADDA7 A576EA2B4E7FAE4D 1DAF54F5962C911B.
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16. Por otra parte, abordó la judicialización de la política y la importancia que han
tenido las demandas en contra de declaraciones de servidores públicos de elección
popular y su utilización para resolver disputas que, en otros sistemas, pertenecen a la
esfera política. Al respecto, agregó lo siguiente:

Es esencial distinguir entre los posibles perjuicios a otros derechos fundamentales y el
derecho a la libertad de expresión, establecido en el artículo 20 de la Constitución. Los
jueces deben decidir si las declaraciones de los políticos son un uso legítimo de su
libertad de expresión o si, por el contrario, violan derechos de terceros, como el derecho
a la honra, la dignidad o la no discriminación en concreto. La evaluación debe ser
fundamentada y rigurosa, teniendo en cuenta el contexto y el contenido de las
declaraciones que distintas personas pueden considerar que los son ya sea como
individuos o como parte de una colectividad. Los mecanismos judiciales de la jurisdicción
constitucional son embudos de simplificación de los debates entre dos posibles
respuestas: culpable o inocente / responsable o no responsable.
Reducir la deliberación pública a esos extremos no es sano para un Estado Social de
Derecho, sin importar que el gobierno sea progresista, conservador o liberal. La
intervención judicial al tomar decisiones que cuestionan declaraciones políticas debe ser
en extremo cautelosas en no exceder sus competencias y evitar intervenir
indebidamente en la esfera política. La preservación de la separación de poderes y la
autonomía de las distintas ramas del Estado, principios fundamentales en un sistema
democrático, requiere este equilibrio.

17. Explicó que la política judicializada es una señal de «inmadurez» democrática del
país, en el que los actores políticos recurren a los jueces para dirimir conflictos y
proteger sus derechos. Agregó que es fundamental que esta tendencia no resulte en
una sobrecarga del sistema judicial o en la deslegitimación del debate público y la
deliberación, ya que la cantidad excesiva de demandas de tutela por «cualquier
afirmación descontextualizada» desvirtúa la naturaleza de este mecanismo de
protección constitucional.

18. Por último, indicó que, de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, los
ciudadanos deben respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, y que,
oponerse a la «alteridad» también implica participar en la vida política, cívica y
comunitaria por medio del ejercicio y el respeto a la libertad de expresión. Por lo
expuesto, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia o,
subsidiariamente, se nieguen las pretensiones de amparo.

19. El señor Josías Fiesco Agudelo presentó memorial10 en el que sostuvo que la
apoderada judicial de la autoridad accionada desconoce la ley y la jurisprudencia
constitucional, dada la inexigibilidad del requisito de rectificación previa en casos de
difusión de informaciones inexactas y erróneas. Además, reiteró que la libertad de
expresión tiene limitaciones cuando la ejercen funcionarios públicos. Posteriormente,
solicitó impulso procesal11.

20. La magistrada Gloría María Gómez Montoya de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en auto del 31 de enero de 2025, remitió el expediente de tutela al despacho

10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06460-00, índice 13, certificado núm. CE2F1590C2845823
BDF41BD3F807C2F7 5F8E0F60C5C5B276 95A3897F31D96212.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06460-00, índice 15.

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del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, dado que en sala del 30 de enero de este
año el proyecto de fallo que sometió a discusión no fue aprobado12.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

21. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia,
el 6 de marzo de 202513, en la que amparó el derecho fundamental a la protesta del
accionante y de quienes participaron en las marchas del «24 de noviembre de 2024».

22. En consecuencia, ordenó al señor presidente Gustavo Petro que ofreciera
disculpas públicas por haber utilizado expresiones como: «victimarios», «los que
quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país», «los que quieren que no
haya una reivindicación para las víctimas», «los que quieren que las hijas de los
campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino
termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de
tierra». Dichas disculpas debían publicarse en las cuentas de las redes sociales de la
Presidencia de la República.

23. Primero, indicó que la Sala no se pronunciaría sobre el derecho a la dignidad
humana toda vez que su transgresión solo se configuraría como consecuencia de la
amenaza o vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre. Luego, encontró
acreditada la legitimación en la causa de las partes.

24. Posteriormente, consideró superado el requisito de subsidiariedad, porque en el
presente caso el tutelante no estaba en la obligación de solicitarle al señor presidente
de la República la rectificación de sus palabras como requisito previo de procedencia
para interponer la acción de tutela, dado que esta autoridad no es periodista ni ejerce
funciones en medios de comunicación. También, por cuanto la acción penal no excluye
en el caso concreto el ejercicio autónomo de la acción de amparo, pues el juez
constitucional proporciona una protección más amplia que permite analizar conductas
que vulneren derechos fundamentales y que no se tipifiquen necesariamente como
injuriosas y calumniosas.

25. En cuanto al fondo del asunto, explicó el alcance de los derechos a la libertad de
expresión, a la libertad de opinión de los servidores públicos, al buen nombre, a la
honra y a la protesta, y concluyó que las expresiones realizadas por el señor presidente
de la República el 22 de noviembre de 2024 y replicadas al día siguiente en su red
social X, constituyeron opiniones, apreciaciones subjetivas o juicios de valor.

26. En ese orden, el juez de primera instancia encontró que el propósito del primer
mandatario no era transmitir información sobre hechos concretos, sino exteriorizar su
desacuerdo con las ideas y causas que defienden sus opositores y cuestionar la
idoneidad moral de estos, de manera que no se trató de un discurso prohibido o
excluido de la libertad de expresión.

27. Ahora bien, el juez de primera instancia analizó las declaraciones enjuiciadas y
sostuvo que eran genéricas, en cuanto no individualizaban a alguna persona ni al

12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06460-00, índice 17, certificado núm. 4B6E9969CB949CC8
E464036F072FE28F 97136055E48CE99E 5014426AC7E0B695.
13
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06460-00, índice 25, certificado núm. 3238773B163BE62B
8402A1581F2ECCAE D719CBDD1A6829D5 9F77D0527B617871.
6

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señor Josías Fiesco Agudelo, y el evento en el que fueron emitidas no permite
determinar los sujetos en contra de quienes se dirigían las acusaciones. Además,
precisó lo siguiente:

85. [A]unque es cierto que el Presidente de la República hizo alusión a quienes
«convocan» y que esta Sala pudo comprobar que el accionante promovió la marcha de
24 de noviembre de 2024 en sus redes sociales; no es menos cierto que dicha prueba
no es suficiente para afirmar que el primer mandatario se estaba refiriendo
específicamente al accionante o a alguna de las personas que promovieron o
convocaron la referida manifestación.
87. Entonces, aun cuando el accionante pueda sentirse aludido por las referencias
contenidas en el discurso del mandatario, de esas expresiones no es posible concluir
que las opiniones estuviesen dirigidas, de forma específica y concreta, hacia el señor
Josías Fiesco Agudelo. Se trata de afirmaciones generales acerca de quienes
participarían, como convocantes o como marchantes, en la referida protesta. Sin
embargo, de ello no se deriva una acusación determinada susceptible de vulnerar los
derechos a la honra y buen nombre del accionante14.

28. Por las razones expuestas, la Sala no advirtió que se hubieran vulnerado los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del señor Josías Fiesco Agudelo,
debido a que las afirmaciones de la autoridad accionada fueron hechas en ejercicio de
su libertad de opinión y de manera genérica, sin que fuera individualizado el tutelante.

29. Por otra parte, en relación con el derecho a la protesta, la Sección Quinta consideró
que el primer mandatario estigmatizó a quienes convocaron y marcharon el «24 de
noviembre de 2024», por cuanto los tildó de «victimarios» y de que son «los que
quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país», «los que quieren que no
haya una reivindicación para las víctimas», y «los que quieren que las hijas de los
campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino
termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de
tierra».

30. Así, expuso que se trataron de expresiones «vejatorias» porque tienen una
connotación abiertamente negativa, en particular, al usar la palabra «victimarios», que
alude, según la Real Academia Española, a «homicidas, asesinos, sicarios, matadores
y criminales», calificativo que adquiere mayor relevancia en un país como el nuestro
con el contexto del conflicto armado. Para el a quo, el discurso del primer mandatario
excedió los límites de la libertad de opinión, por la siguientes razones:

• El término «victimarios» no estuvo acompañado del más mínimo indicio de
justificación fáctica ni ofrece sustento razonable, pues no está comprobado que
la oposición haya cometido delitos de homicidio o cualquier otro.
• Las afirmaciones enjuiciadas son discriminatorias y pueden estigmatizar,
excluir, invalidar y desvalorizar las críticas de la oposición.
• El discurso no contribuye con la defensa de las garantías fundamentales de las
personas, lo cual limita el ejercicio del derecho a la protesta.

31. En ese orden, advirtió que, si bien la tutela buscaba la protección de los derechos
del accionante, lo cierto era que la naturaleza genérica del discurso vulneraba los
derechos de todos aquellos que convocaron y participaron en las marchas, en la

14 Se transcribe incluso con errores de texto.

7

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medida en que se encuentran comprendidos por las expresiones en las que fueron
tildados. Por estos motivos resolvió ordenar lo que se cita a continuación:

[…] al Presidente de la República, el señor Gustavo Petro Urrego, que ofrezca
disculpas públicas […], a quienes, en su legítimo derecho a la protesta, participaron en
las marchas del 24 de noviembre de 2024.

32. La magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó salvamento de voto a la
decisión mayoritaria de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 6 de marzo de
202515. Sustentó que, en el caso concreto, era necesario que el accionante agotara el
requisito previo de solicitud de retractación, en los términos previstos en el artículo 42
del Decreto 2591 de 199116, ya que, si bien el señor presidente no es periodista, lo
cierto es que habitualmente difunde información de manera que está inmerso en los
casos en que la Corte Constitucional ha dicho que se debe cumplir dicho requisito17.

33. Agregó que la Sala no debió extender su análisis al derecho fundamental a la
protesta, porque concluyó que las opiniones del primer mandatario no vulneraban los
derechos al buen nombre y a la honra, dado que las declaraciones revestían un
carácter genérico y, por lo tanto, no podían restringir la posibilidad de reunión o
manifestación pública y pacífica.

34. La magistrada también discrepó del fallo en que se amparara el derecho a la
protesta de todos aquellos que participaron en las marchas del «24 de noviembre de
2024», sin que tuvieran la condición de accionantes dentro del trámite constitucional,
puesto que la Corte Constitucional ha precisado que los efectos de las sentencias de
tutela son inter partes.

2.6. Impugnación

35. El DAPRE presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia del 6 de marzo
de 202518, en el que precisó que la protesta se realizó el 23 de noviembre de 2024 y
no en la fecha en que lo afirmó la Sección Quinta del Consejo de Estado. En cuanto al
fondo del asunto, argumentó que las personas que participaron en la marcha realizaron
su manifestación sin ningún tipo de intromisión o impedimento por parte de terceros o
de autoridades, y contaron con el apoyo y las garantías de las instituciones, lo que
evidenció la inexistencia de un daño concreto que fuera asociado a las declaraciones
del primer mandatario.

15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06460-00, índice 40, certificado núm. 0DDA3358A41E2362
EA5D0A247D704931 6B6DA52C7749396C 906FFFDE7029F16E.
16 ARTICULO 42. PROCEDENCIA. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en

los siguientes casos:
[…]
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la
transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en
condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
17 Corte Constitucional, T-121 de 2018:

«i) cuando la información circula a través de los medios masivos de comunicación; (ii) cuando es difundida por
comunicadores sociales, sin consideración de que estos tengan o no vínculos con un medio de comunicación; (iii)
cuando el emisor no es comunicador social o periodista, pero se dedica habitualmente a la difusión de información;
[…].
18
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06460-00, índice 32, certificado C108E794B1F71F85
57DED3BE26C672B4 8C44245450A3C664 FFE550347D983E59.
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36. Arguyó que el fallo le reconoció un significado diferente a las expresiones
reprochadas y les otorgó una connotación distinta de la que correspondía según el
contexto en el que fueron usadas, lo que implicó una restricción de palabras que,
aunque resulten polémicas y chocantes, no están prohibidas por la Constitución; y
resaltó que el juez de primera instancia indicó que «las declaraciones hechas por el
Presidente de la República no son, prima facie, expresiones prohibidas o excluidas del
ejercicio del derecho fundamental a la libertad de opinión, en tanto no constituyen un
discurso prohibido por la libertad de expresión»; para lo cual aportó reportes de prensa
sobre las marchas.

37. Agregó que la Sección Quinta incurrió en una abierta contradicción, puesto que
primero concluyó que las declaraciones cuestionadas fueron hechas de manera
genérica, en ejercicio de la libertad de opinión y no constituyeron un discurso prohibido,
pero luego sostuvo que sí existió afectación del derecho a la protesta porque se
transgredieron los límites de la libertad de opinión.

2.7. Trámite de desacato

38. El accionante presentó memorial en el que sostuvo que no había sido acatada la
orden impartida en la sentencia del 6 de marzo de 2025. Al respecto, el magistrado
ponente de la Sección Quinta emitió auto el 21 de marzo de 2025 en el que ofició al
señor presidente de la República y al DAPRE para que informaran sobre las acciones
implementadas para dar cumplimiento al fallo de primera instancia, o los motivos por
los cuales ha desatendido la decisión de amparo. Posteriormente, en auto del 2 de
abril siguiente19, abrió incidente de desacato.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

39. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene competencia
para conocer de la impugnación presentada por el señor presidente de la República
de Colombia en contra de la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

40. La legitimación en la causa por activa del señor Josías Fiesco Agudelo se
encuentra acreditada, por cuanto participó, en su condición de activista político, en la
convocatoria de las marchas del 23 de noviembre de 2024 y, por lo tanto, es el titular
de los derechos fundamentales que adujo fueron vulnerados con el discurso del señor
presidente Gustavo Petro respecto de las referidas manifestaciones.

41. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del señor presidente
de la República de Colombia, porque la actuación reprochada en la tutela fue realizada
por el señor Gustavo Petro Urrego en su condición de primer mandatario y, en ese
orden, es quien debe responder por los cargos de amparo.

19
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06460-01, índice 10, certificado 9255059EA3485754
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3.3. Cuestión preliminar

42. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las
autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley. Este mecanismo
constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la inmediatez20.

43. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable21; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»22.

44. En el presente caso, el juez de primera instancia, en la sentencia del 6 de marzo
de 2025, encontró superadas las exigencias de subsidiariedad e inmediatez, y el señor
presidente de la República no presentó reparo alguno en relación con este asunto en
el escrito de impugnación. En ese orden, la Sala se abstendrá de emitir un
pronunciamiento respecto de los requisitos generales de procedencia de la tutela y
continuará con el análisis de fondo de los cargos del recurso.

3.4. Problema jurídico

45. Para establecer el problema jurídico, la Sala considera necesario recordar que los
argumentos de la impugnación están dirigidos a controvertir, de manera específica, la
decisión que amparó el derecho fundamental a la protesta, ya que se sostiene que la
manifestación del 23 de noviembre de 2024 se realizó sin complicaciones, que las
expresiones enjuiciadas no están prohibidas por la Constitución y que la Sección
Quinta incurrió en una abierta contradicción al concluir que se transgredieron los
límites de la libertad de opinión.

46. Además, es preciso tener en cuenta que, pese a que en el fallo de primera
instancia se resolvió que los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra no
resultaron vulnerados, la parte tutelante no presentó reparos dirigidos a insistir en que
el juez de segunda instancia ordenara su amparo y protección, por lo que es posible
inferir su conformidad con dicha decisión.

47. De acuerdo con lo expuesto, la Sala debe decidir si confirma o revoca el fallo del
6 de marzo de 2025. En concreto, en atención a las anteriores consideraciones,
corresponde establecer si el señor presidente de la República vulneró el derecho
fundamental a la protesta con las declaraciones que realizó el 22 de noviembre de
2024 sobre la marcha convocada para el 23 de noviembre siguiente, y que publicó en
su cuenta de la red social X el mismo día.

20 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
21
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.

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3.4.1. El derecho a la protesta

48. El derecho a la protesta, como una materialización de la libertad de expresión23,
está contenido en el artículo 37 de la Constitución Política24, como la posibilidad que
tiene toda parte del pueblo para reunirse y manifestarse públicamente, norma que
dispone que solo la ley podrá establecer los casos en los cuales se limitará el ejercicio
de este derecho. A su vez, los artículos 1525 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y 2126 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también prevén
esta garantía.

49. El referido derecho es protegido tanto en una dimensión estática en forma de
reunión, como en una dimensión dinámica mediante movilización individual o colectiva.
Solo tiene como condición que la manifestación sea pacífica, sin violencia, armas ni
alteraciones graves del orden público27. La protesta social también ha sido identificada
como un importante elemento de la democracia, pues permite llamar la atención de las
autoridades y de la opinión pública respecto de problemas específicos y necesidades
de sectores de la sociedad28. Para la Corte Constitucional:

[E]l ámbito irreductible de protección del derecho a la reunión, manifestación y protesta,
es la conglomeración de personas, identificadas con fines comunes, cuyo fin es
manifestarse –libertad de expresión- frente al funcionamiento del gobierno –control
político-, a través de la presión en la calle y mediante un actuar pacífico y sin armas 29.

50. Ahora bien, el alto tribunal ha reconocido30 la complejidad que representa el
ejercicio del derecho a la protesta, en cuanto genera incomodidades para la población
que no participa en ellas, por ejemplo, en el derecho a la locomoción, o para las
autoridades que perciban dificultades para preservar el funcionamiento cotidiano de la
sociedad, complejidad que no se puede traducir en el uso de la violencia o la alteración
del orden público.

51. Sobre las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de reunión, de
manifestación pública y pacífica, y de protesta, la Corte explicó que solo pueden
establecerse en la ley. Sin embargo, formuló tres ejes para tener en cuenta por parte
del legislador para establecer las limitaciones31: «a) un eje concerniente a la fase
preliminar del derecho de reunión y manifestación pública; b) un segundo eje
23
Artículo 20 de la Constitución Política:
«Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad. No habrá censura».
24
Artículo 37 de la Constitución Política:
«Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de
manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho».
25 Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las

restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o
libertades de los demás.
26 Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de
los demás.
27
Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2018.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-397 de 2021.
29 Corte Constitucional, sentencia C-223 de 2017.
30
Corte Constitucional, sentencia C-014 de 2023.
31 Corte Constitucional, sentencia C-223 de 2017.

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relacionado con la ejecución de dicho derecho fundamental; y, c) un tercer eje
orientado hacia los derechos de los demás»32.

52. La Corte indicó que el derecho a la protesta está permitido en espacio público,
toda vez que la pretensión de su ejercicio es expresarse y llamar la atención de las
autoridades, o en espacios privados con la autorización del propietario. Así mismo,
consideró que esta garantía no es absoluta e ilimitada, pues no puede ser ejercida en
cualquier foro, por lo que, si bien se puede elegir el lugar, por regla general se atenderá
a criterios como: «(i) la incidencia de lo público en este contexto, (ii) el respeto a los
derechos de quienes no participan de la manifestación (especialmente el derecho a la
propiedad) y (iii) que usualmente dicho espacio es idóneo para expresar el respectivo
inconformismo»33.

53. La jurisprudencia de la Corte Constitucional34 sintetizó las siguientes
características de la protesta social:

a) Es un derecho político, en la medida en que es un instrumento indispensable de
participación política para todos los sectores de la sociedad.
b) Tiene un carácter interrelacionado e interdependiente con los derechos fundamentales
de libertad de expresión y los derechos políticos, de modo que, la realización o la
violación del derecho de reunión implica el logro o la afectación de la libertad de
expresión y de los derechos políticos.
c) Implica la garantía de una dimensión estática (reunión) y otra dinámica (movilización),
así como de formas individuales o colectivas de expresión, a partir de las cuales se
pueden pronunciar, en principio, toda clase de discursos.
d) Es un derecho que busca dotar de voz a las minorías, grupos disidentes y grupos
históricamente discriminados. En otras palabras, es un derecho contra mayoritario en
tanto, aunque otorga una cobertura general y permite que sea ejercido por “toda parte
del pueblo” en la práctica es ejercido, principalmente, por aquellos sectores que tienen
un déficit de representación.
e) Cualquier intervención sobre el ejercicio de este derecho está sometida a una
reserva legal restringida, materializada en dos limitaciones que recaen sobre el
legislador35.

54. Resulta importante mencionar, a modo de ejemplo, la sentencia T-372 de 2023, en
la que el alto tribunal constitucional consideró vulnerado el derecho fundamental a la
protesta social por parte del Estado, ya que en el marco de las protestas sociales en
Cali entre abril y mayo de 2021, el Gobierno «no brindó a la ciudadanía y a los
periodistas información veraz e integral sobre los cortes al servicio de internet y el uso
de inhibidores de señal».

32
Corte Constitucional, sentencia C-014 de 2023:
«153. Para el eje de la fase preliminar o previa, conformada por las decisiones que anteceden el ejercicio de los
citados derechos, el Legislador “puede crear ciertas reglas, pero cada una de ellas debe entenderse no como un
requisito para el ejercicio los derechos en cuestión, sino como un facilitador para garantizar otros derechos
fundamentales y los fines esenciales del Estado de derecho”. Para el eje relacionado con la ejecución, existen al
menos dos obligaciones en cabeza del Legislador: (i) reconocer que el ejercicio del derecho a la protesta supone
una alteración al orden público, dado su “carácter disruptivo”, sin que dicha alteración pueda ser grave o importante
y (ii) concretar los motivos abstractos para limitar el referido derecho. Por último, en el eje orientado hacia los
derechos de terceros, es posible limitar el derecho a la protesta “cuando hay alteraciones injustificadas o graves
que trasciendan a daños a los terceros”».
33
Corte Constitucional, sentencia C-014 de 2023.
34 Corte Constitucional, sentencias C-442 de 2011, C-742 de 2012, C-281 de 2017, C-223 de 2017 y C-009 de

2018.
35 Corte Constitucional, sentencia C-090 de 2024.

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3.5. Caso concreto

55. En el asunto bajo estudio, el señor Josías Fiesco Agudelo presentó escrito de
tutela en contra del señor presidente de la República, toda vez que estimó que se
vulneró su derecho fundamental a la protesta con ocasión de las declaraciones que
dicha autoridad expresó el 22 de noviembre de 2024 en relación con las marchas
convocadas para el 23 de noviembre siguiente.

56. Afirmó que las declaraciones del primer mandatario comprometieron la reputación
de las personas que convocaron a la protesta, pues utilizó expresiones ofensivas y
maliciosas y atribuyó actividades deshonrosas a un indeterminado número de
personas, activistas y líderes de la oposición al calificarlos como victimarios, entre
otras conductas censurables.

57. Sostuvo que las declaraciones enjuiciadas, por un lado, no se enmarcan en el
ejercicio de la libertad de expresión o de opinión, especialmente, de una autoridad que
tiene la obligación de guardar mayor prudencia y respeto hacia todos los ciudadanos;
y, por otro lado, constituyen un discurso expresamente prohibido por la Corte
Constitucional.

58. Por su parte, la parte impugnante aseguró en el escrito del recurso, de manera
específica, que la decisión que amparó el derecho fundamental a la protesta es
incongruente, porque se sostiene que la manifestación del 23 de noviembre de 2024
se realizó sin complicaciones y que las expresiones enjuiciadas no están prohibidas
por la Constitución, pero concluyó que se transgredieron los límites de la libertad de
opinión.

59. Pues bien, revisadas las pruebas aportadas al expediente, la Sala observa que,
en efecto, está acreditado que el señor presidente manifestó, el 22 de noviembre de
2024, que las marchas programadas para el día siguiente fueron convocadas por
«victimarios», y que en ellas participarían «los que quieren que esta injusticia siga
padeciéndose en el país», «los que quieren que no haya una reivindicación para las
víctimas», y «los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles
de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a
su hermano de sangre o a su hermano de tierra».

60. También, está demostrado que el primer mandatario, el 23 de noviembre de 2024,
publicó en su cuenta personal de la red social X el video en el que expresó las
anteriores declaraciones.

61. Asimismo, está probado que el 23 de noviembre de 2024 se llevaron a cabo en el
país las marchas convocadas por sectores y activistas de la oposición del actual
Gobierno. Por último, con el escrito de tutela fue aportado un enlace que remite al perfil
del señor Josías Fiesco Agudelo en la red social Instagram36, en el cual se observan
múltiples expresiones de inconformidad en contra del señor presidente Gustavo Petro
Urrego y varias publicaciones invitando a todas las personas a participar en las
referidas manifestaciones.

36
Ver el siguiente enlace:
https://www.instagram.com/reel/DCRrWonJYee/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==.
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62. De lo expuesto, la Sala destaca que el accionante en la solicitud de amparo, si
bien afirmó que las declaraciones del señor presidente de la República afectaron su
buen nombre y honra, lo cierto es que no argumentó de qué forma dichas
manifestaciones le impidieron el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta, es
decir, no explicó cómo se concretó la vulneración de la mencionada garantía
constitucional en su caso particular.

63. En ese orden, al tener en cuenta el alcance del derecho fundamental a la protesta,
cabe advertir que el señor Fiesco Agudelo no arguyó ni probó que las declaraciones
del primer mandatario le hubieran impedido convocar las manifestaciones,
organizarlas o dirigirlas, escoger los escenarios para llevarlas a cabo o determinar la
forma en que se realizaría el evento. No expuso la imposibilidad de participar en ellas,
de manera activa o pasiva, ya sea en una dimensión estática o dinámica.

64. Tampoco alegó alguna dificultad en expresar sus opiniones, pensamientos o
ideales durante las protestas, en ejercer su derecho a la libertad de expresión y de
opinión, en lograr el objetivo de llamar la atención de las autoridades o en materializar
su participación en la vida democrática del país, ejerciendo control social sobre la clase
gobernante. No mencionó que se hubieran presentado interferencias por parte de otras
autoridades del nivel ejecutivo ni aportó prueba que evidenciara alteraciones durante
el día de las manifestaciones.

65. Por el contrario, revisado el perfil del señor Josías Fiesco Agudelo en la red social
de Instagram, se encontró material publicado el 23 de noviembre de 2024 en el que
agradeció por la participación en las referidas marchas, y, en particular, un video37 en
el que se observa que el tutelante emitió un discurso público desde la plaza de Bolívar
en la ciudad de Bogotá, ante varias personas, en el que expresó sus inconformidades
en contra del actual Gobierno y de las declaraciones del señor presidente de la
República.

66. En este punto, para la Sala resulta útil contextualizar sobre las marchas realizadas
el 23 de noviembre de 2024, que los diferentes medios de comunicación nacional
informaron que se llevaron a cabo sin complicaciones. Así, entre otros, El Tiempo tituló
en sus noticias «Marchas de la oposición en Colombia se desarrollaron de forma
pacífica; vea un resumen de la jornada»38; y La República registró que «Más de 20.000
personas se movilizaron este sábado en rechazo al Gobierno de Petro», artículo en el
que se afirmó que «Este sábado 23 de noviembre se realizaron en completa
tranquilidad las marchas de la oposición en rechazo al modelo de gobierno de Gustavo
Petro»39.

67. De acuerdo con lo anterior, la Sala no comparte la decisión del juez de tutela de
primera instancia, en la medida en que en el presente asunto no está probado que el
señor presidente de la República hubiera vulnerado o limitado el derecho fundamental
a la protesta del señor Josías Fiesco Agudelo. Por el contrario, se advierte que el
accionante pudo ejercer su garantía constitucional, pues participó activamente en la
convocatoria y realización de las marchas del 23 de noviembre de 2024.

37
https://www.instagram.com/reel/DCu_Om-JkCq/?igsh=MTZnMnQ3dzNsZTFhbA%3D%3D.
38
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-vivo-marchas-de-la-oposicion-contra-reformas-y-
politicas-del-gobierno-en-colombia-hoy-23-de-noviembre-3402391.
39
https://www.larepublica.co/economia/marchas-de-la-oposicion-se-desarrollaron-en-completa-tranquilidad-este-
sabado-4005705.
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68. En todo caso, en gracia de discusión, se debió tener en cuenta que la acción de
tutela fue interpuesta el 25 de noviembre de 2024, esto es, con posterioridad a las
marchas del 23 de noviembre de ese año, por lo que cualquier afectación al derecho
a la protesta habría configurado un posible daño consumado, de manera que la orden
de ofrecer disculpas públicas no podría haber protegido dicha garantía constitucional.

69. Finalmente, la Sala no pasa por alto que en la sentencia de primera instancia del
6 de marzo de 2025 se concluyó que la naturaleza genérica del discurso emitido por
el primer mandatario vulneró el derecho fundamental a la protesta de los que
convocaron o participaron en las marchas del 23 de noviembre de 2024, motivo por el
cual ordenó que la autoridad accionada ofreciera disculpas a todos ellos.

70. Al respecto, es necesario recordar que el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 dispone
lo siguiente:

Artículo 48. Alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las
sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente
efecto:
[…]
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter
obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar
para la actividad de los jueces.

71. Por su parte, la Corte Constitucional manifestó sobre el alcance de los fallos de
tutela, en la sentencia SU-349 de 2019, lo que se cita a continuación:

3.1.10. De este modo, es claro que, por disposición legal, la decisión y órdenes
contenidas en la parte resolutiva de las sentencias de tutela siempre tienen efectos “inter
partes”. Sólo en casos excepcionales es posible hacerlos extensivos a otros sujetos, por
vía del establecimiento de los efectos “inter comunis” o “inter pares”. El uso de estos
“dispositivos amplificadores” es una competencia reservada a las autoridades judiciales
que adoptan las providencias. Particularmente, como se vio, la jurisprudencia vigente ha
establecido que la determinación y aplicación de estas figuras están autorizadas
únicamente a la Corte Constitucional.

72. Así las cosas, tampoco era procedente amparar el derecho fundamental a la
protesta de todas las personas que convocaron o participaron en las marchas del 23
de noviembre de 2024, pues los efectos de los fallos de tutela son inter partes, además
de que el señor Fiesco Agudelo no manifestó ni acreditó actuar como agente oficioso
de estos.

IV. CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia del 6 de marzo de 2025,
proferida en primera instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y, en
consecuencia, negará el amparo del derecho fundamental a la protesta del señor
Josías Fiesco Agudelo.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
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FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de marzo de 2025 que profirió la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la protesta del señor Josías
Fiesco Agudelo, por las razones expuestas en esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

DACJ/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

16

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