Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02201-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02201-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02201-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
6 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02201-00
Demandante: Yanid Duván Martínez Palechor y Otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02201-00
Demandante: YANID DUVÁN MARTÍNEZ PALECHOR Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Temas: Contra sentencia dictada en proceso de reparación directa. No
cumple requisito de relevancia constitucional: carga mínima de
argumentación
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yanid Duván Martínez Palechor y
otros contra el Tribunal Administrativo del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 3 de mayo de 2024, en ejercicio de la acción de tutela, Yanid Duván Martínez Palechor,
Luz Mari Palechor en nombre propio y representación de su menor hijo Manuel Santiago;
Neiro Olivo Martínez Bravo y Emilce Esperanza Palechor Papamija, por conducto de
apoderado, pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
principio de no reformatio in pejus.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 26
de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca en el proceso de
reparación directa con radicado No. 19001-33-33-003-2018-00023-01, que modificó la
decisión de primera instancia al tener por no probada la concurrencia de culpas, no
obstante, confirmó el monto de la condena decretada en primera instancia.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. TUTELAR los derechos fundamentales y convencionales del accionante AL DEBIDO PROCESO y a
la NON REFORMATIO IN PEJUIS (sic)
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar la modificación de la sentencia emitida por el Honorable
Tribunal Administrativo del Cauca No. 115 del Pasado 26 de octubre de 2023, para, mantener la
cuantificación de perjuicios de la primera instancia, con la exclusión ya ordenada de la disminución por
concausa y manteniendo la corrección del yerro relacionado con la cuantificación en salarios mínimos
y no en pesos.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 8 de enero de 2016, mientras el señor Yanid Duván Martínez Palechor se encontraba
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Demandante: Yanid Duván Martínez Palechor y Otros
recluido en el Centro de Reclusión de la Popayán fue agredido por otro interno con un
arma corto punzante.
Por esos hechos Yanid Duván Martínez Palechor y otros presentaron demanda de
reparación directa contra el INPEC, para que se declarara patrimonialmente responsable
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por la presunta falla en la prestación del
servicio de cuidado, custodia y vigilancia.
La demanda se adelantó bajo el radicado 19001-33-33-003-2018-00023-01 y
correspondió al Juzgado 3º Administrativo de Popayán, que, por sentencia del 14 de
diciembre de 2020, declaró patrimonialmente responsable al INPEC por las lesiones
sufridas por el señor Martínez Palechor y lo condenó a pagar, a título de indemnización
por daño moral, 10 SMLMV a la víctima directa y a sus padres, y 5 SMLMV al hermano,
abuela materna y abuelo paterno de la víctima directa. Las sumas fueron reducidas a la
mitad, al estimar que las lesiones se dieron en medio de una riña, por lo que consideró
que hubo concurrencia de culpas.
Inconformes con la decisión, las partes interpusieron recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Cauca en sentencia del 26 de octubre de 2023 modificó la decisión
de primera instancia, para condenar al INPEC al pago de 5 SMLMV a la víctima directa
y a sus padres, y 2,5 SMLMV al hermano, abuela materna y abuelo paterno de la víctima
directa. El tribunal estimó que no hubo concurrencia de culpas porque no se probó que
la conducta de la víctima tuviera injerencia en la producción del daño, pues el interno
agresor era quien portaba un arma corto punzante, sin embargo, sostuvo que el monto
otorgado en primera instancia era razonable y congruente con el daño sufrido por los
demandantes.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo porque a pesar de que la autoridad judicial demandada desestimó
la concurrencia de culpas no hizo el ajuste respecto a la condena y confirmo los montos
declarados en primera instancia.
Que esa situación hizo más desfavorable su situación y trasgrede el principio de no
reformatio in pejus porque el Tribunal Administrativo del Cauca excedió el ámbito de sus
competencias, puesto que, según dijo, a pesar de que no se trataba de una situación de
apelante único, el problema jurídico en segunda instancia se debió limitar a analizar la
culpa exclusiva de la víctima, de modo que a la autoridad judicial demandada le
correspondía determinar si eximía de responsabilidad a la entidad demandada o
desestimaba la concurrencia de culpas, pero no podía reducir a la mitad la condena
impuesta.
Que, a su juicio, la apelación del INPEC fue desestimada y los argumentos no incidieron
en la decisión de segunda instancia, por lo que estima que el único recurso aceptado
fue el por ellos propuesto como parte demandante, cuya pretensión era solo que se
declarara la inexistencia de concurrencia de culpas. Afirmó que la autoridad judicial
demandada realizó de oficio y sin sustento legal una reevaluación de la cuantificación
del daño, aspecto que, insistió, no fue materia de impugnación.
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Violación directa de la Constitución, para la parte demandante, el Tribunal
Administrativo del Cauca incurrió en este defecto porque no aplicó o dispuesto en el
artículo 31 de la Constitución Política1.
5. Trámite procesal
Por auto del 8 de mayo de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cauca, y en calidad de tercero con interés, al director del INPEC y al
juez tercero administrativo de Popayán.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 10 de mayo de
2024.
6. Intervenciones
El director del INPEC solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva porque no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.
El juez tercero administrativo de Popayán remitió el expediente ordinario con radicado
No. 19001-33-33-003-2018-00023-00/01. Sin embargo, no formuló argumentos de
fondo.
Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cauca fueron debidamente
notificados. Sin embargo, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Yanid
Duván Martínez Palechor y otros para dejar sin efectos la sentencia del 26 de octubre de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca en el proceso de reparación
directa con radicado No. 19001-33-33-003-2018-00023-01, que modificó la decisión de
primera instancia al tener por no probada la concurrencia de culpas, no obstante,
confirmó el monto reducido de la condena decretada en primera instancia.
La Sala anticipa que declarara improcedente la presente acción de tutela porque no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora no cumplió
con la carga mínima de argumentación.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, (iii) la carga mínima de
argumentación en materia de tutela y, finalmente, (iv) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
1 Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El
superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
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requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.
4. La carga mínima de argumentación en materia de tutela
El artículo 1° del Decreto 2591 de 19913 establece que el procedimiento de la acción de
tutela es preferente y sumario. Es decir, la acción de tutela se rige por el principio de
informalidad, en cuanto busca que no existan rigurosas formalidades que suspendan o
paralicen el procedimiento. Se trata, entonces, de un procedimiento especial con reglas
de interpretación y aplicación diferentes a las establecidas para los procedimientos
comunes u ordinarios.
Justamente por la informalidad que caracteriza a la tutela, el artículo 14 del Decreto 2591
de 1991 establece que la solicitud de amparo únicamente debe contener i) la explicación,
con la mayor claridad posible, de la acción o la omisión que motiva la acción de tutela; ii)
el derecho fundamental que se considera amenazado o vulnerado; iii) el nombre de la
autoridad u órgano autor del agravio, y iv) la descripción de las demás circunstancias
relevantes para decidir la solicitud. También establece que «no será indispensable citar
la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho
violado o amenazado».
En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta
de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».
Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que
motivó la solicitud de protección»4.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por
qué el asunto reviste relevancia constitucional».
Incluso, esta Sala es de la tesis de que el asunto carece de relevancia constitucional
cuando el interesado no cumple con la carga mínima de argumentación que permita
conocer las razones por las que se presenta la acción de tutela. Lo anterior no implica
limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata simplemente de que
el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar al juez de tutela
sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar decisiones de
fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.
5. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución por violación del principio de non reformatio in pejus,
toda vez que, a su juicio el problema jurídico en segunda instancia se debió circunscribir
a analizar la culpa exclusiva de la víctima para determinar si era procedente eximir o no
de responsabilidad a la entidad demandada o la existencia de concurrencia de culpas,
pero, a su juicio, no le correspondía reducir a la mitad la condena impuesta.
Aunque, en el fondo, la Sala entiende que la parte accionante está inconforme con que
no se hubiera aumentado la cuantía de las indemnizaciones reconocidas, lo cierto es que
las afirmaciones de los accionantes son generales y no permiten al juez de tutela analizar
el asunto.
Para la Sala, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa de explicar por qué
su solicitud de amparo trasciende las inconformidades frente a la decisión adoptada por
el Tribunal Administrativo del Cauca de mantener la liquidación de perjuicios ordenada
en la primera instancia. No presentó motivos suficientes dirigidos a evidenciar que la
providencia cuestionada afectó de manera grave su derecho fundamental al debido
proceso.
El simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente para
tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es necesario,
se itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales alegados, pues “la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
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facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel”5
Las anteriores razones son suficientes para concluir que no hay lugar a pronunciarse
sobre el fondo del asunto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Yanid Duván Martínez
Palechor, Luz Mari Palechor en nombre propio y representación de su menor hijo
Manuel Santiago, Neiro Olivo Martínez Bravo y Emilce Esperanza Palechor Papamija,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Ausente en comisión (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
5 Corte Constitucional, sentencia SU- 573 de 2019.
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