Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02396-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02396-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02396-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02396-00
Accionante: CARLOS ANDRÉS PÉREZ GUTIÉRREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Recurso de insistencia. Relevancia
constitucional por carga mínima argumentativa y explicativa
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Carlos Andrés Pérez Gutiérrez, quien actúa en nombre
propio, contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de marzo de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, así como al principio de buena fe, que considera
vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasión de la sentencia proferida
el 2 de marzo de 2026.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Se ORDENE a TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C, dejar sin efectos la sentencia de única instancia
del 2 de marzo de 2026, con radicado 25000 2341 000 2026 00286 00, REVOCAR el
numeral PRIMERO de su decisión y que se ORDENE a la Universidad Libre y a la CNSC,
entregarme la información correspondiente a las Instrucciones dadas en el cuadernillo
de las Pruebas Comportamentales del proceso de selección Antioquia 3”.
2. Hechos
De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales que reposan en el
expediente, se destacan los siguientes hechos relevantes:
La parte actora manifestó que el 23 de noviembre de 2025 presentó pruebas
escritas1 para la oferta pública de empleos de carrera (OPEC) número 222654, para
la única vacante de la Institución Universitaria Pascua Bravo dentro del proceso de
selección número 2561 a 2616 de 2023 y 2619 a 2622 y 2635 de 2024 – Antioquia
3, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
1 Diseñadas por la Universidad Libre de Colombia
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Accionante: Carlos Andrés Pérez Gutiérrez
Informó que los resultados de las pruebas se publicaron el 17 de diciembre de 2025,
obteniendo un puntaje de 71.21 en la prueba funcional y 79.40 en la prueba
comportamental2.
Afirmó que el 19 de diciembre de 2025 elevó una solicitud en ejercicio del derecho
de petición en la que pidió información a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a
la Universidad Libre con el objeto de que le suministraran las instrucciones del
cuadernillo de las pruebas comportamentales3.
Arguyó que el 11 de enero de 2026 asistió a la jornada de acceso al material de
pruebas, pero las entidades no proporcionaron las claves de las respuestas
comportamentales. Sin embargo, realizó reclamación para lo cual indicó que “existía
un sesgo e inducción al error en el cuadernillo de instrucciones dado a los
aspirantes”.
Expuso que el 26 de enero de 2026 recibió un oficio extemporáneo de la Comisión
Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, en el que le negaban la
información contenida en el cuadernillo de instrucciones de las pruebas
comportamentales. Contó que ante la negativa, el 6 de febrero de 2026 interpuso
recurso de insistencia el cual fue remitido al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 19 de febrero de 2026 y repartido el 23 del mismo mes y año4.
Indicó que la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de única instancia de 2 de marzo de 2026, resolvió el
recurso de insistencia en el sentido de declarar “bien negada por la Universidad
Libre, la petición de Carlos Andrés Pérez Gutiérrez en cuanto a lo pedido en el
numeral 1 de la solicitud, y que el recurso de insistencia es improcedente ante lo
solicitado en los numerales 2, 3 y 4 del derecho de petición”.
Lo anterior por considerar que el recurso de insistencia solo resulta procedente
cuando la negativa de entrega de información se fundamenta en una reserva legal,
por lo que declaró su improcedencia frente a los numerales 2 a 4 en los que la
entidad sí había dado respuesta sin invocar dicha reserva; respecto del documento
cuya entrega fue negada por razones de reserva (numeral 1), concluyó que la
negativa estuvo ajustada a derecho, en tanto las instrucciones de las pruebas
comportamentales hacen parte de los instrumentos técnicos, metodológicos y
deliberativos del proceso de selección, protegidos por reserva legal conforme al
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y a las excepciones previstas en la Ley 1712 de
2014, por lo que su divulgación comprometería la igualdad entre aspirantes y la
integridad del concurso, razón por la cual determinó que la información fue bien
negada y no prosperaba la insistencia.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora no se refirió de manera concreta al cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela. Sin embargo, adujo
2 Expuso que el 5 de febrero de 2026 se publicó el resultado de la valoración de antecedentes, en el que ocupó
el primer lugar con un puntaje de 80 puntos.
3 En concreto pidió: “1. Transcripción literal de la instrucción en el cuadernillo de las pruebas comportamentales,
de cómo se debía marcar y responder esta prueba, en donde indican no marcar las respuestas extremas (ni a
ni e), sino las intermedias (b, c ó d) por tratarse de un asunto a juicio de la Universidad Libre idealizado.
2. Indicar si o no, la prueba comportamental era con base en la Escala Linkert o método de Linkert.
3. En caso negativo, de no tratarse del método Linkert, indicar cuál metodología emplearon para el diseño y
calificación de las pruebas comportamentales.
4. Indicar la entidad o persona responsable del diseño y aprobación final de las instrucciones dadas en las
pruebas comportamentales Antioquia 3”.
4 El proceso fue asignado al despacho del magistrado Luis Norberto Cermeño bajo el número 25000-23-41-000-
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que conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 20115, al excederse el término para
dar respuesta, no podía negarse su entrega.
Explicó que no resulta de recibo que la Universidad hubiera negado la entrega de la
información fundado en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, pues no se
trata de un secreto comercial, industrial o profesional, por lo que la decisión no tiene
congruencia con la motivación.
Sostuvo que en las sentencias que se han proferido con ocasión a los debates que
ha propuesto6 se la ha indicado que debe acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa por lo cual, requiere que se le entregue las instrucciones de las
pruebas comportamentales para poder controvertirlas en la sede judicial
correspondiente. En ese sentido, expuso que no está solicitando las preguntas sino
las instrucciones de las pruebas comportamentales, por lo que no hay lugar a su
negativa.
Alegó que la acción de tutela conforme el artículo 86 Constitucional procede en todo
momento para reclamar la protección de derechos fundamentales, de manera que
al haber agotado todos los recursos procedentes, corresponde realizar el estudio de
su inconformidad.
4. Trámite procesal
Por auto de 7 de abril de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió la
solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante y
a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo de Cundinamarca-. De
igual modo, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre como
terceros con interés en las resultas del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas el 10
de abril de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
El despacho ponente sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente, en
tanto no cumplía los requisitos excepcionales para controvertir una decisión judicial
en firme, al no evidenciarse relevancia constitucional ni la vulneración de derechos
fundamentales. Advirtió que el actor pretendía reabrir un debate ya resuelto
mediante el trámite de insistencia decidido en única instancia, utilizando la tutela
como si fuera una instancia adicional, lo cual desconocía su carácter subsidiario y
residual.
Asimismo, indicó que la providencia cuestionada se encontraba debidamente
motivada y soportada en una valoración probatoria, normativa y jurisprudencial
adecuada, por lo que el desacuerdo del accionante correspondía a una
inconformidad subjetiva y no a una irregularidad constitucional, descartando la
existencia de un perjuicio irremediable o defecto procesal. Así concluyó que, la
5 Sustituida por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
6 Se refiere a la sentencia que resolvió el recurso de insistencia y a una acción de tutela (2026-10036-00) que
presentó para que se le calificara la prueba comportamental conforme las instrucciones orientadas a evitar
marcar los extremos, asignando idéntico valor a las opciones A y B, y de igual modo a las opciones D y E, y que
se le entregara su calificación individual con las claves de respuesta, publicando los resultados corregidos en
SIMO, la cual se declaró improcedente por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Medellín, confirmada por el
Tribunal Superior de Medellín.
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tutela no podía emplearse como mecanismo de corrección de decisiones judiciales
válidamente adoptadas, razón por la cual solicitó negar el amparo o, en su defecto,
declarar su improcedencia.
5.2. Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil
A través de apoderado judicial la entidad sostuvo que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, en tanto las pretensiones del accionante se dirigían a controvertir
una decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
asunto que escapa por completo a su ámbito funcional, limitado a la administración
y vigilancia de los procesos de selección por mérito, sin facultades para intervenir o
revisar providencias judiciales.
Expuso que las inconformidades del actor ya habían sido debatidas y resueltas en
sede administrativa y judicial, dentro de las cuales se tramitó el recurso de
insistencia conforme a la ley y se obtuvo una decisión de única instancia que avaló
la negativa de entrega de la información, por lo que concluyó que no existía
vulneración de derechos fundamentales y que la acción de tutela constituía un uso
reiterado e improcedente de un mecanismo residual, por esas razones solicitó
declarar su improcedencia y su desvinculación del proceso.
5.3. Respuesta de la Universidad Libre
La Universidad vinculada, por medio de apoderado judicial, indicó que que no
vulneró los derechos fundamentales del accionante, en tanto las pruebas
comportamentales se diseñaron y aplicaron conforme a la normativa del concurso
y a criterios técnicos y psicométricos, precisando que dichas pruebas no admitían
respuestas correctas o incorrectas, sino que evaluaban tendencias conductuales a
partir del autorreporte del aspirante, por lo que la puntuación dependió del patrón
global de respuestas y no de opciones aisladas, descartando así la existencia de
inducción al error o afectación en la calificación.
Indicó que la solicitud de acceso a las instrucciones y material de la prueba fue
tramitada conforme a las reglas de la convocatoria y al régimen de reserva legal, el
cual impedía su reproducción o divulgación, y destacó que las inconformidades del
actor ya habían sido resueltas en sede administrativa y judicial, incluida la decisión
del Tribunal que avaló la negativa de entrega de la información, por lo que concluyó
que la tutela resultaba improcedente al pretender reabrir un debate ya definido sin
que existiera vulneración actual de derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó su
desvinculación por considerar que carece de competencia para atender las súplicas
de la demanda de tutela.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
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requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada7” , la Sala negará la solicitud presentada debido a que su participación
en este trámite constitucional se dio en calidad de tercero con interés, por fungir
como entidad convocada en el proceso que resolvió el recurso de insistencia en el
que se profirió la decisión objeto de reproche.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el señor
Carlos Andrés Pérez Gutiérrez es procedente, de conformidad con los requisitos
generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la
autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del tutelante.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional por carga mínima
argumentativa8
El artículo 1° del Decreto 2591 de 19919 establece que el procedimiento de la acción
de tutela es preferente y sumario. Es decir, la acción de tutela se rige por el principio
de informalidad, en cuanto busca que no existan rigurosas formalidades que
suspendan o paralicen el procedimiento. Se trata, entonces, de un procedimiento
especial con reglas de interpretación y aplicación diferentes a las establecidas para
los procedimientos comunes u ordinarios.
Justamente por la informalidad que caracteriza a la tutela, el artículo 14 del Decreto
2591 de 1991 establece que la solicitud de amparo únicamente debe contener i) la
explicación, con la mayor claridad posible, de la acción o la omisión que motiva la
acción de tutela; ii) el derecho fundamental que se considera amenazado o
vulnerado; iii) el nombre de la autoridad u órgano autor del agravio, y iv) la
descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.
También establece que “no será indispensable citar la norma constitucional
infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado”.
En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud
de amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar
alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha
desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas
por el Consejo de Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es
que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considere que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal
exigencia “es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos”.
Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que
el interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima “de
diligencia que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación
7 Sentencia SU-077 de 2018.
8 Consideraciones que fueron expuestas por esta Sala de Decisión en sentencia 11001-03-15-000-2024-02201-
00 de 6 de junio de 2024 CP Wilson Ramos Girón.
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de hecho que motivó la solicitud de protección”. No contar con un mínimo de carga
argumentativa y explicativa supondría efectuar un juicio de contraste oficioso que
desconocería abiertamente la improcedencia general de la acción de tutela contra
providencias judiciales, lo que encuentra sustento en los principios de autonomía
judicial, cosa juzgada y especialidad del juez natural.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del
5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó
que “es importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente
los hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de
argumentar por qué el asunto reviste relevancia constitucional”.
Con todo, esta Sala es de la tesis de que el asunto carece de relevancia
constitucional cuando el interesado no cumple con la carga mínima de
argumentación que permita conocer las razones por las que se presenta la acción
de tutela10. Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo
contrario, se trata simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de
argumentación para ilustrar al juez de tutela sobre los hechos que motivan la
solicitud de amparo y así poder tomar decisiones de fondo que protejan los derechos
fundamentales vulnerados.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Carlos Andrés Pérez Gutiérrez presentó acción de tutela con el fin de que
se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia que considera vulnerados por la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ocasión a la
sentencia de única instancia proferida el 2 de marzo de 2026, por medio de la cual
se resolvió el recurso de insistencia que interpuso contra la respuesta de 26 de
enero de 2026, proferida por la Universidad Libre de Colombia.
Revisada la providencia objeto de inconformidad, la Sala advierte que el Tribunal
accionado valoró la petición presentada el 19 de diciembre de 202511 y la respuesta
de la Universidad en la que se invocó la reserva, para concluir que frente a la
contestación otorgada a los ítems 2 a 4 el recurso resultaba improcedente, pues la
demandada resolvió la petición sin aducir reserva alguna.
Sobre la petición del numeral 1 relativo a la “Transcripción literal de la instrucción en el
cuadernillo de las pruebas comportamentales, de cómo se debía marcar y responder esta
prueba, en donde indican no marcar las respuestas extremas (ni a ni e), sino las intermedias
(b, c ó d) por tratarse de un asunto a juicio de la Universidad Libre idealizado”, concluyó
que la información estaba amparada por reserva legal en tanto hace parte de los
instrumentos técnicos, metodológicos y deliberativos utilizados en la construcción y
aplicación de las pruebas dentro del concurso de méritos, los cuales no pertenecen
de manera individual al aspirante sino al proceso en su conjunto, incluso con
proyección a convocatorias futuras y, en esa medida, su divulgación podía afectar
la igualdad entre participantes y la confiabilidad del proceso de selección, por lo que
su acceso se encontraba legítimamente restringido conforme al artículo 31 de la Ley
909 de 2004 y a las excepciones de los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014.
Teniendo en consideración lo anterior, la parte actora, en síntesis, adujo que no
resultaba de recibo que se le negara la entrega de la información a través de una
respuesta extemporánea pues ello desconocía la previsión del numeral 1 del artículo
14 del CPACA que consagra que, en caso de no dar respuesta al peticionario, se
10 Ver entre otras las sentencias 1001-03-15-000-2025-04392-00 de 25 de septiembre de 2025 CP Claudia
Rodríguez Velásquez, 11001-03-15-000-2026-00038-00 de 4 de julio de 2024 CP Miryam Stella Gutiérrez
Argüello, 11001-03-15-000-2025-08002-00 de 19 de febrero de 2026 CP Luis Antonio Rodríguez Montaño y
11001-03-15-000-2026-00038-00 de 9 de abril de 2026 CP Wilson Ramos Girón.
11 Cuya transcripción se encuentra en los antecedentes en el acápite de hechos.
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entenderá para todos los efectos que la solicitud ha sido aceptada, además que la
negativa de la Universidad fundada en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014,
carecía de congruencia y motivación, por lo que resultaba necesario que se le
entregara las instrucciones de la prueba comportamental para poder controvertirlas
en sede judicial.
Sobre el particular, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela
por no cumplirse el requisito de carga mínima argumentativa y explicativa. Al
respecto, se precisa que el demandante no expuso ni señaló cuál o cuáles fueron
los defectos, ni se infieren, en los que incurrió la autoridad judicial accionada en la
providencia de 2 de marzo de 2026, por el contrario, se limitó a cuestionar la
respuesta negativa de la Universidad Libre, reiterando argumentos del recurso de
insistencia, mismos que fueron analizados por el Tribunal accionado al resolverlo.
Así las cosas, se observa que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa
de explicar por qué su solicitud de amparo trasciende las inconformidades frente a
la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de declarar
bien negado por la Universidad Libre, la petición del señor Carlos Andrés Pérez
Gutiérrez en cuanto a lo pedido en el numeral 1 de la solicitud de 19 de diciembre
de 2025. De hecho, el interesado no presentó motivos dirigidos a evidenciar que la
providencia cuestionada afectó sus derechos fundamentales.
En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los
principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, porque
“a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces12”
Por lo tanto, el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no
es suficiente para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional,
puesto que es necesario, se reitera, que se ponga en evidencia la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales alegados, pues “la acreditación
de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”13.
Las anteriores razones son suficientes para concluir que no hay lugar a
pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que conlleva declarar improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional al no evidenciarse la carga
mínima argumentativa y explicativa suficiente para controvertir una providencia
judicial.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
12 Corte Constitucional, sentencia Su-379 de 2019
13 Corte Constitucional, sentencia Su- 573 de 2019.
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FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Carlos Andrés Pérez Gutiérrez, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero.- Reconocer personería al abogado Jhonatan Daniel Alejandro Sánchez
Murcia como abogado de la Comisión Nacional del Servicio Civil en los términos del
poder allegado con la contestación de la demanda y conforme lo dispone el artículo
75 y siguientes del Código General del Proceso.
Cuarto.- Reconocer personería al abogado Diego Hernán Fernández Guecha
como abogado de la Universidad Libre en los términos del poder otorgado en la
escritura pública 1924 de 21 de agosto de 2025 y conforme lo dispone el artículo 75
y siguientes del Código General del Proceso.
Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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