Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08002-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08002-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08002-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08002-00
Accionante: WILLIAM MEDINA SERNA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensión de reconocimiento de
pensión de vejez de alto riesgo. Requisito de la relevancia
constitucional por falta de carga mínima argumentativa
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor William Medina Serna, quien actúa a través de apoderado
judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de diciembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO, - TUTELAR Los derechos fundamentales AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL MINIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL,
DEBIDO PROCESO. Ya que EL CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION B., en sentencia del
veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025) suscita por el Consejero Ponente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR, decidió confirmar la sentencia proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, de fecha 15 de septiembre de
dos mil veintitrés (2023), Magistrado Ponente Dr. JHON BRICK CHAVEZ BRAVO (E),
dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por
el señor WILLIAN MEDINA SERNA, en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES- COLPENSIONBS).
SEGUNDO. - Dejar sin efectos la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO -
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA,
SUBSECCION B., de fecha 27 de junio de 2027 suscita por el consejero ponente Doctor
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR dentro del proceso de Acción de Nulidad y
Restablecimiento de Derecho promovido, por el señor WILLIAN MEDINA SERNA, Contra
La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08002-00
Accionante: William Medina Serna
TERCERO, - ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCION SEGUNDA, SUBSECCION B. que en dentro del término que se fije en
sentencia que decida esta Acción de Tutela, se profiera una nueva sentencia, en que se
reconozca al señor WILLIAN MEDINA siendo esta la norma aplicable y más favorable,
pues como bien lo advirtió el Consejo de Estado en la sentencia que nos ocupa el
demandante demostró contar con 742 semanas de alto riesgo que superan las 650
semanas exigidas por la ley 860 de 2003, parágrafos 2 y 3 del artículo 2 en actividades
de alto riesgo, siendo la norma aplicable más favorable. Ignorar dicha densidad vulnera
los principios de progresividad, favorabilidad y los derechos fundamentales del
trabajador, desconociendo el precedente constitucional, ya que la Corte Constitucional
ha protegido el derecho a la pensión de vejez por actividades de alto riesgo, cuando se
cumple con la densidad mínima de semanas”.
2. Hechos1
El accionante relató que entre el 11 de diciembre de 1985 y el 14 de mayo de 2000
prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS en los
cargos de detective grado 03 y 04, agente secreto grado 06 y detective profesional
grado 09, labor catalogada como de alto riesgo según el artículo 2 del Decreto 1835
de 1994. Asimismo, agregó que realizó aportes a Colpensiones durante 7025 días
o 1003 semanas comprendidas entre 1979 y el 31 de diciembre de 2017.
Manifestó que por haber laborado en el DAS tenía un total de 742 semanas
cotizadas en actividades de alto riesgo. Y precisó que era beneficiario de la pensión
de vejez especial por actividades de alto riesgo de conformidad con lo dispuesto en
el parágrafo 5° del artículo 2° de la Ley 806 de 2003 al “cumplir con lo expuesto en
los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, que establece la prima especial de
riesgo para empleados del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S.”.
Señaló que el 2 de mayo de 2019 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
especial de vejez de alto riesgo, no obstante, la entidad la negó a través de la
Resolución SUB 178054 del 10 de julio de 2019, decisión que fue confirmada por
medio de la Resolución SUB 218586 del 15 de agosto de 2019.
En virtud de lo anterior, señaló que a través de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con
la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones SUB 178054 del
10 de julio de 2019, SUB 218586 del 15 de agosto de 2019 y DPE 9699 del 1° de
septiembre de 2019, mediante las cuales la entidad demandada negó la pensión
especial de vejez por actividades de alto riesgo. Y a título de restablecimiento del
derecho solicitó (i) el reconocimiento y pago de la prestación a partir del 3 de
noviembre de 2018, (ii) el pago de las mesadas dejadas de percibir, (iii) la
indexación de las sumas adeudadas, y (iv) el pago de los intereses moratorios.
Refirió que el proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca2, que mediante sentencia de 15 de septiembre de 2023 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que de conformidad con el material
probatorio aportado al proceso, se encontró probado que el señor William Medina
Serna laboró para el DAS desde el 11 de diciembre de 1985 hasta el 14 de mayo
1
Los hechos enunciados fueron tomados del escrito de tutela y del proceso ordinario.
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Radicado no. 76001-23-33-000-2020-01549-01.
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Accionante: William Medina Serna
de 2000, sin embargo, cotizó menos de 650 semanas en ejercicio de actividades
catalogadas como de alto riesgo como lo exigía el Decreto 1835 de 1994, por lo
que no cumplió con los requisitos previstos para obtener el reconocimiento de la
pensión de vejez de alto riesgo. Adicionalmente, el Tribunal precisó que si bien el
actor cotizó tiempos de servicios desde el 21 de noviembre de 1979, dicha
vinculación no correspondía al DAS como servidor público por exposición de alto
riesgo, por lo que las semanas cotizadas distintas al DAS no correspondían a una
cotización especial, por tanto, no podían ser consideradas para la prestación
especial pretendida. Finalmente, el Tribunal condenó en costas a la parte vencida.
Manifestó que frente a la anterior determinación presentó recurso de apelación, al
considerar que si bien el Tribunal había encontrado ajustada a los parámetros
legales la Resolución SUB 218586 del 15 de agosto de 2019, el marco normativo
de la sentencia fue contrario a lo dispuesto en el acto administrativo demandado.
Agregó que el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 1985 y el 6 de julio
de 1993 fue certificado mediante el formato 1 de información laboral el cual fue
aportado con la solicitud de reconocimiento, por lo que debió computarse en las
semanas cotizadas en ejercicio de actividades de alto de riesgo. Asimismo, sostuvo
que el tiempo total laborado con exposición de alto riesgo fue de 742 semanas,
tiempo superior al requerido en el artículo 2 de la Ley 860 de 2003 y el Decreto 2646
de 1994.
Finalmente, sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
por sentencia de 27 de junio de 2025, decidió revocar el ordinal tercero de la
sentencia de 15 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca respecto de la condena en costas, y confirmó en todo lo demás la
decisión recurrida. Lo anterior, al concluir que el señor William Medina Serna no
cumplió con los requisitos previstos en el régimen especial por alto riesgo ni en la
Ley 100 de 1993, comoquiera que pese a que era beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 806 de 2003 no acreditó las exigencias para el
reconocimiento pensional por actividades de alto riesgo contenidas en el Decreto
1047 de 1978.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado incurrió en una “vía de hecho” al interpretar indebidamente los artículos
33 de la Ley 100 de 1993, 1° y 2° del Decreto 2646 de 1994, 12 del Decreto 1835
de 1994, parágrafos 2, 3 y 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 y el Decreto 1047
de 1978 “lo anterior como consecuencia de la interpretación errónea y regresiva lo
dispuesto en los artículos 53, 48 y de la Constitución Política, vulnerando los
derechos fundamentales del señor WILLIAM MEDINA SERNA en armonía con los
artículos 9 y 21 del C.S.T”.
Sostuvo que “los artículos, 48 y 53 de la Constitución Política. El articulo 48
consagra la seguridad social como un derecho irrenunciable y sometido al principio
de progresividad. El 53 ordena aplicar la favorabilidad laboral, la primacía de la
realidad protección reforzada en actividades de alto riesgo, por lo que el Consejo de
Estado incurrió en el defecto sustantivo por inaplicación de la norma vigente y
precedente, ya que aplicó el Decreto 1047 de 1978, omitiendo que la ley 860 de
2003 regula de manera específica la densidad de semanas en actividades de alto
3
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riesgo, es, por un tiempo inferior al exigido en el artículo 1 del Decreto ley 1047 de
1979”.
4. Trámite procesal
Por auto de 15 de enero de 2026, el despacho sustanciador requirió al abogado de
la parte actora para que allegara el poder especial que lo legitimaba para interponer
la acción de tutela. El 19 de enero de 2026, el apoderado del accionante allegó el
poder requerido.
Así las cosas, el magistrado ponente mediante auto de 28 de enero de 2026 admitió
la demanda y ordenó notificar al accionantes y a la autoridad judicial accionada.
Igualmente, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, como terceros interesados en el
resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 14072 a 14077 de
30 de enero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión3.
5. Oposición
5.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca remitieron de manera digital el expediente que
contenía el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no. 76001-
23-33-000-2020-01549-01, pero no se refirieron sobre los hechos y las pretensiones
de la solicitud de amparo constitucional.
5.2. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
La directora de Acciones Constitucionales de la entidad rindió informe en el que
precisó que la tutela presentada buscaba dejar sin efecto actuaciones judiciales que
ya fueron decididas por el Consejo de Estado, las cuales fueron adoptadas
conforme a la ley y se encuentran en firme. En tal sentido, afirmó que resultaba
jurídicamente inviable desconocer o modificar dichas decisiones, pues adquirieron
el carácter de cosa juzgada, lo que las hace obligatorias e inmutables para todas
las partes, incluidas las entidades públicas.
Manifestó que al tratarse de sentencias proferidas en procesos ordinarios, las
mismas producían efectos definitivos conforme al “artículo 332 del Código de
Procedimiento Civil”. Por ello, sostuvo que la tutela pretende reabrir un debate ya
resuelto por los mecanismos judiciales ordinarios, lo cual exige un análisis estricto
de su procedibilidad dado que este mecanismo es de naturaleza subsidiaria y
residual y no puede utilizarse para desconocer decisiones judiciales ejecutoriadas.
Finalmente, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela ante la
existencia de cosa juzgada, toda vez que los hechos y derechos alegados en el
escrito de tutela ya fueron objeto de estudio por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
3
Índice 14 Samai.
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Accionante: William Medina Serna
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada en la sentencia de 27 de
junio de 2025 incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
actora al configurarse el defecto sustantivo y violación directa de la Constitución
Política.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones4.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
6
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor William Medina Serna, quien actúa en nombre propio, presentó acción de
tutela con la pretensión de que el juez constitucional ampare sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B con la decisión de 27 de junio de 2025, que revocó el ordinal tercero
de la sentencia de 15 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca respecto de la condena en costas, y confirmó en todo lo demás
la decisión recurrida en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho no. 76001-23-33-000-2020-01549-01 que negó el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez por actividades de alto riesgo.
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Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Accionante: William Medina Serna
La parte accionante afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo y violación directa de la Constitución por la indebida
interpretación de los artículos 33 de la Ley 100 de 1993, 1° y 2° del Decreto 2646
de 1994, 12 del Decreto 1835 de 1994, parágrafos 2, 3 y 5 del artículo 2 de la Ley
860 de 2003 y el Decreto 1047 de 1978, y sostuvo que se desconoció lo previsto en
los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no
cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella sin
desarrollar la carga argumentativa mínima y explicativa necesaria para que el juez
de tutela analice de fondo el asunto. Con el fin de respaldar esa determinación, se
realizará un breve recuento de la providencia objetada.
A partir de lo narrado en el acápite de antecedentes, se observa que la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en decisión de 25 de junio de
2025, revocó el ordinal tercero de la sentencia de 15 de septiembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca respecto de la condena
en costas, y confirmó en todo lo demás la decisión recurrida que había negado las
pretensiones de la demanda en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no. 76001-23-33-000-2020-01549-01.
Lo anterior, al considerar que si bien el demandante acudió al medio de control con
la pretensión de que se le reconociera la pensión de vejez de conformidad con el
régimen de transición previsto en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de
20038, norma que permitió que los servidores del DAS vinculados antes del 3 de
agosto de 1994 -fecha de su entrada en vigencia- se beneficiaran de las
disposiciones pensionales aplicables con anterioridad a la Ley 100 de 1993, las
cuales, tratándose de actividades de alto riesgo correspondían al Decreto-ley 1047
de 1978. Lo cierto era que de acuerdo al material probatorio aportado al proceso,
se constató que el demandante prestó sus servicios al DAS entre el 11 de diciembre
de 1985 y el 15 de mayo de 2000, lo que permitía concluir que para la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, reunía los requisitos para acceder al
régimen de transición allí previsto, toda vez que se vinculó a la entidad con
anterioridad al 3 de agosto de 1994 y acreditó un total de 749 semanas de
cotización.
No obstante, la autoridad judicial accionada explicó que el señor William Medina
Serna no acreditó los requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión por
actividad de alto riesgo, toda vez que prestó su servicio como detective del DAS
durante 14 años, 5 meses y 4 días, es decir, por un tiempo inferior al exigido por el
artículo 1° del Decreto Ley 1047 de 1978. Asimismo, aclaró que para acceder al
reconocimiento pensional pretendido, el demandante debió acreditar la prestación
de sus servicios por lo menos durante 18 años al servicio del DAS en el desempeño
de funciones de dactiloscopista o 20 años como detective de esa entidad. Sin
embargo, precisó que solo fueron acreditados 14 años, 5 meses, 5 días, tiempo
insuficiente para el reconocimiento de la denominada pensión especial de vejez
regulada en el referido decreto.
8
Según el cual “los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del
régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994”.
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Accionante: William Medina Serna
De igual modo, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
respecto de la procedencia de la aplicación por favorabilidad del régimen general
de pensiones, sostuvo que se encontró acreditado que el accionante prestó sus
servicios durante 19.2 años -7025 días- de conformidad con la información
suministrada por Colpensiones a través de la Resolución 178064 del 10 de julio de
2019, por lo que al 1° de abril de 1994 -entrada en vigencia del sistema general de
pensiones- el señor William Medina Serna contaba con 30 años de edad y acreditó
12 años, 11 meses y 17 días de servicio, de manera que no era beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, la autoridad judicial accionada resolvió revocar el ordinal tercero de la
sentencia de primera instancia de 15 de septiembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que había condenado en costas a la
parte vencida, al considerar que no se evidenció que la parte vencida actuara con
temeridad o mala fe, ni se advirtió una conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, y confirmó en todo lo demás la providencia recurrida
que había negado las pretensiones de la demanda.
De acuerdo con lo antes expuesto, la Sala observa que los reproches del
demandante se limitan a la decisión de 25 de junio de 2025 que dictó la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el curso del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho que adelantó contra Colpensiones, que negó el
reconocimiento de la pensión de vejez de alto riesgo, al considerar que no acreditó
las exigencias para dicho reconocimiento pensional contenidas en el Decreto 1047
de 1978.
Aun cuando en el escrito de tutela se indica que la providencia objetada constituye
una afectación a sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y
de acceso a la administración de justicia, se observa que dichos argumentos no
denotan una vulneración iusfundamental, sino que plantean una inconformidad con
la manera como la autoridad judicial accionada confirmó la decisión de primera
instancia que había negado las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionada con el reconocimiento de la pensión de
vejez de alto riesgo.
Es decir, que el debate que propone el actor no trasciende al escenario
constitucional o a la defensa de un derecho fundamental, sino que se limita a
plantear reproches generales relacionados con la negativa al reconocimiento de la
pensión de vejez de alto riesgo. Lo anterior bajo el argumento que se configuraron
los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución derivados de una
supuesta interpretación indebida de los artículos 33 de la Ley 100 de 1993; 1° y 2°
del Decreto 2646 de 1994; 12 del Decreto 1835 de 1994; los parágrafos 2°, 3° y 5°
del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 y el Decreto 1047 de 1978. No obstante, no se
advierte una fundamentación clara y mínima que explique por qué considera
errónea dicha interpretación y contraria a la garantía de sus derechos
fundamentales, pues se limita a enunciar las normas presuntamente vulneradas, sin
desarrollar un análisis detallado que sustente sus afirmaciones.
Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la parte demandante emplea la
acción de tutela para plantear reproches que no cumplen con la carga mínima
argumentativa, pues las razones expuestas en el escrito de tutela no le permiten al
juez de tutela adentrarse en un estudio de fondo de la providencia censurada. En
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efecto, se advierte que en la demanda de tutela la parte actora se limitó a enunciar
distintas normas, sin demostrar de manera razonada cómo la autoridad judicial
accionada, en tanto alta corte, incurrió en alguna de las causales especiales de
procedencia.
Por lo anterior, se observa que los planteamientos de la parte actora carecen de un
desarrollo argumentativo claro, concreto y suficiente que permita establecer la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a las
causales generales y específicas previstas por la jurisprudencia constitucional, y
tampoco presenta argumentos concretos que controviertan de manera directa las
razones de la decisión que cuestiona.
Así las cosas, la Sala reitera que no basta con aducir la afectación de garantías
iusfundamentales para cumplir este requisito de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, sino que es imperativo que el interesado exponga de
manera clara las razones por las cuales considera que una decisión judicial es
contraria al marco constitucional, lo que no ocurre en el caso concreto.
En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los
principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, porque
“a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces”9.
Aunado a lo anterior, se recuerda que si bien la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991 aluden al principio de informalidad en el ejercicio de la acción de
tutela, la jurisprudencia constitucional, acogida por esta Sala, ha considerado que
cuando se cuestionan providencias judiciales, más aún de una alta corte, la parte
interesada debe exponer unas razones mínimas con el fin de que el juez
constitucional pueda efectuar el estudio de fondo de la decisión objeto de reproche
constitucional, lo que se justifica en que, en principio, deben privilegiarse los
principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y especialidad del juez natural.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia, sin
cumplir con la carga mínima argumentativa necesaria para que el debate trascienda
al escenario constitucional.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
toda vez que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
9
T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9
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Accionante: William Medina Serna
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
William Medina Serna, quien actúa a través de apoderado judicial, contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero - Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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