Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02205-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02205-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02205-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02205-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
19 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela contra providencia judicial
Subtema 1: pensión de sobrevivientes / principio de congruencia y sucesión procesal
Subtema 2: requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela que presentó María Judith
Almario Losada en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de la tutela
María Judith Almario Losada presentó escrito de tutela en contra de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el que solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, que
consideró vulnerados con la sentencia del 5 de octubre de 2023 emitida dentro del
proceso con radicado núm. 25000-23-42-000-2014-04463-01.
1.2. Hechos probados
1.2.1. Jorge Hernán Olaya Lucena presentó escrito en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República (Fonprecom), con las pretensiones de que el juez
administrativo anulara las resoluciones núm. 0421 del 5 de julio y 0712 del 9 de
octubre de 2013 y, en consecuencia, ordenara el reconocimiento de su pensión de
jubilación bajo el régimen especial de congresistas1.
1.2.2 El asunto correspondió, por reparto, a la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en autos del 5 de agosto y 7 de
octubre de 20152, respectivamente, admitió la demanda, ordenó correr traslado y
reconoció personería para actuar al abogado del señor Olaya Lucena. Fonprecom
presentó escrito de contestación el 26 de enero de 2016.
Vencido el término de traslado de las excepciones, el Tribunal expidió auto el 24 de
junio de 2016 en el que convocó a audiencia inicial para el 9 de agosto siguiente,
sin embargo, un día antes de la diligencia, la apoderada de la parte demandante y
de María Judith Almario Losada presentó memorial3 en el que informó que Jorge
Hernán Olaya Lucena falleció el 25 de abril de la misma anualidad y que él
1 Ver Página 58 a 66 del documento denominado “2-Cuaderno.pdf”, contenido en la carpeta zip
contenida en el índice 9 en el expediente digital de Samai, con certificado núm.
016DAC036A2C0A5D F1921DFCCE569DA9 375B12C0A83581E8 AF7F5C5AD6706A92.
2 Páginas 73 a 74 y 78 a 79 ibidem.
3 Páginas 119 a 121 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
1
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
constituyó unión marital de hecho permanente y singular con la señora Almario
Losada.
Por los motivos expuestos, el referido apoderado solicitó: i) el reconocimiento de
aquella como sucesora procesal, en su condición de compañera permanente
durante 23 años consecutivos hasta el momento del deceso del causante; y, ii) que
se le extiendan los efectos de la sentencia que se profiera dentro del proceso, en el
sentido de que se declare que tiene derecho al pago de la pensión de
sobrevivientes.
Para lo anterior, aportó como pruebas los registros civiles de las partes, las
declaraciones extraprocesales rendidas por Luis Felipe Rodríguez Zapata, María
Nidia Méndez de Sánchez y Baudilio Murcia Guzmán, y pidió la recepción de las
declaraciones del señor Murcia y de Daneira Mosquera Pimentel.
1.2.3. En la audiencia inicial llevada a cabo en la fecha programada4, el magistrado
sustanciador, en la etapa de saneamiento del proceso, ofició a la respectiva notaria
para que certificara el fallecimiento de la cónyuge de Jorge Hernán Olaya Lucena,
señora Aminta Rodríguez, y ordenó el emplazamiento de las personas
indeterminadas que podrían tener un interés en el litigio.
Cumplidas las anteriores órdenes, la audiencia inicial reanudó el 9 de mayo de
20175, oportunidad en la que el magistrado sustanciador tuvo a María Judith Almario
Losada como sucesora procesal de Jorge Hernán Olaya Lucena, en atención a las
declaraciones extra proceso aportadas para acreditar la condición de compañera
permanente, y a que, por un lado, la señora Aminta Rodríguez, quien fue cónyuge
y era la eventual beneficiaria de la pensión post-morten, falleció el 13 de abril de
2014; y, por otro lado, no concurrió a la litis otra persona con igual o mejor derecho
al invocado por la señora Almario Losada.
Al respecto, Fonprecom expresó que “sin bien es cierto la señora María Judith,
acredita la calidad de sucesora procesal del señor Jorge Olaya, solicito al despacho
en su momento una vez se defina si hay derecho a acceder a la pensión reclamada,
se determine si la señora reúne los requisitos para acceder a la pensión de
sobrevivientes”6.
Posteriormente, en dicha diligencia, el magistrado sustanciador fijó que el litigio se
contraía en resolver los siguientes problemas jurídicos: “i) si el señor Jorge Hernán
Olaya Lucena (q.e.p.d.), tenía derecho al reconocimiento y pago de una pensión
mensual de jubilación conforme al Régimen Especial de Congresistas [..]. Y de otro
lado, ii) si la señora María Judith Almario Losada, quien actúa en la presente causa
como sucesora procesal, tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de
sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor Olaya Lucena”7.
Frente a lo anterior, el apoderado de Fonprecom insistió en que se debía
“determinar si la señora María Judith es beneficiaria de la pensión”8.
Finalmente, el magistrado ponente tuvo como medios de prueba los documentales
allegados por las partes. Asimismo, indicó que, dado que era necesario establecer
la relación que existió entre María Judith Almario Losada y Jorge Hernán Olaya
Lucena, decretó los testimonios de Baudillo Murcia Guzmán y Daneira Mosquera
Pimentel solicitados en el escrito de sucesión procesal, y, de manera oficiosa,
ordenó practicar los testimonios de Luis Felipe Rodríguez Zapata y María Nidia
Méndez y el interrogatorio de parte de María Judith Almario Losada. La anterior
decisión no fue recurrida por las partes.
4 Páginas 136 a 139 ibidem.
5 Páginas 183 a 191 ibidem.
6 Página 185 ibidem.
7 Página 188 ibidem.
8 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
2
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
1.2.4. La audiencia de pruebas fue realizada el 23 de mayo de 20179, en esta se
practicaron los testimonios de Baudillo Murcia Guzmán, Daneira Mosquera Pimentel
y rindió interrogatorio de parte María Judith Almario Losada, quienes fueron
cuestionados por el apoderado de Fonprecom. Además, se dejó constancia de la
no comparecencia de Luis Felipe Rodríguez y se reprogramó la declaración de
María Nidia Méndez, quien finalmente fue escuchada por las partes en audiencia el
27 de junio de 201710.
1.2.5. Agotada la etapa probatoria, Fonprecom presentó alegatos de conclusión en
los que argumentó que Jorge Hernán Olaya Lucena no completó el requisito de
tiempo de servicio para ser acreedor de la pensión deprecada; también, que no
quedó acreditada la convivencia de este con la señora Almario Losada durante sus
últimos 5 años de vida del causante, ya que no fue continua y efectiva11.
Por su parte, la demandante formuló escrito de alegatos de conclusión en el que
insistió en que Jorge Hernán Olaya Lucena tenía derecho a la pensión, y que, por
ende, se debía ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a
favor de María Judith Almario Losada12.
1.2.6. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca emitió sentencia de primera instancia, el 28 de noviembre de
201913, en la que declaró la nulidad de las resoluciones núm. 0421 del 5 de julio y
0712 del 9 de octubre de 2013, y, en consecuencia, a título de restablecimiento del
derecho, condenó a Fonprecom a reconocer y pagar: i) a favor de la sucesión de
Jorge Hernán Olaya Lucena, el retroactivo pensional desde que este adquirió el
status pensional hasta su fallecimiento, y, ii) a favor de María Judith Almario Losada,
la pensión de sobrevivientes, en un 100% de la prestación, a partir del 26 de abril
de 2016.
En lo atinente a la pensión de sobrevivientes, el Tribunal explicó que, de los
testimonios rendidos, las fotografías y el interrogatorio de parte, logró vislumbrar
una relación sentimental y de compañeros permanentes entre los señores Olaya
Lucena y Almario Losada, que inició a finales de los años ochenta, pues
compartieron como pareja en diferentes escenarios, convivieron y esta última era
dependiente económicamente del causante. De otra parte, indicó que, si bien el
causante estuvo casado con María Arminta Rodríguez, lo cierto es que la misma
falleció el 13 de abril de 2014.
En ese orden, el Tribunal afirmó que, ante la ausencia de personas que podrían
alegar igual o mejor derecho que la señora Almario Losada, ella tenía derecho a ser
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del deceso de su
compañero permanente Jorge Hernán Olaya Lucena.
1.2.7. En contra de la anterior decisión, Fonprecom presentó escrito de apelación14,
en el que argumentó que el señor Olaya Lucena no acreditó haber cumplido con el
requisito de 20 años de servicio para ser beneficiario de la pensión. Además,
expresó respecto de la pensión de sobrevivientes, lo siguiente:
“Dentro del proceso judicial quedó demostrado que el causante […] estuvo casado
con […], quien falleció el […], esto es, 2 años anteriores al fallecimiento del causante.
Si bien el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, prevé, que además de la esposa o
esposo, serán también beneficiarios, la compañera permanente, el Tribunal en la
sentencia del 28 de noviembre de 2019, no tuvo en cuenta que dicho ordenamiento
fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en sentencia C-1035 de
2008, en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también
beneficiarios, la compañera permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos
en proporción al tiempo de convivencia del fallecido, desconociendo tal disposición
9 Páginas 200 a 212 ibidem.
10 Páginas 231 a 235 ibidem.
11 Páginas 308 a 315 ibidem.
12 Páginas 316 a 322 ibidem.
13 Páginas 326 a 369 ibidem.
14 Páginas 367 a 376 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
3
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
procedió a ordenar el pago del 100% a la compañera permanente […], cuando es
evidente que hubo una convivencia simultánea con la esposa legítima quien falleció
2 años antes al deceso del causante”15.
Por su parte, la apoderada de la parte demandante radicó apelación con la
pretensión exclusiva de que se condenara al pago de los intereses moratorios como
resarcimiento de los daños causados por la mora en el reconocimiento de la mesada
pensional16.
1.2.8. En segunda instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió los recursos interpuestos por las partes y corrió traslado para
alegar de conclusión, en autos del 6 de octubre y 10 de noviembre 2020. Luego, en
autos del 1 de julio de 2021 y 13 de abril de 2023, decretó pruebas de oficio.
Por último, el Alto Tribunal emitió sentencia el 5 de octubre de 202317, en la que
confirmó la decisión que declaró la nulidad de las resoluciones demandadas,
modificó el restablecimiento del derecho en el sentido de ordenar el reconocimiento
y pago a favor del señor Olaya Lucena del retroactivo pensional, y negó “lo relativo
a la sustitución pensional” y las demás pretensiones.
Como fundamento de su decisión, el Consejo de Estado sostuvo que el principio de
congruencia se erige como derecho fundamental de las partes, de manera tal que,
el juez solo puede emitir un pronunciamiento sobre lo pretendido, lo probado y lo
excepcionado en el proceso, sin que le sea dable dictar sentencia ultra o extra petita
y, en caso de omitir resolver alguna pretensión, debe explicar las razones de tal
omisión.
En ese sentido, afirmó que, en el caso concreto, al confrontar el texto de la demanda
con la sentencia de primera instancia, concluyó que el Tribunal emitió un fallo extra
petita, porque se pronunció frente a una sustitución pensional que no fue pedida,
para lo cual efectuó un análisis de convivencia que no fue sustentado en
oportunidad. Por lo anterior, aseveró que:
“[…] evidencia la falta de un requisito sustancial de la demanda (la causa petendi)
que impide que se emita un pronunciamiento al respecto, so pena de vulnerar el
derecho de defensa de la contraparte y de las personas que eventualmente se
pudieran vincular por tener interés en las resultas del proceso, y el principio de
congruencia.
Ahora bien, la figura de la sucesión procesal no puede utilizarse para variar las
pretensiones de la demanda (reconocimiento pensional), máxime cuando estas no
fueron adicionadas para incluir la sustitución pensional, tema respecto del cual
tampoco se agotó vía gubernativa. De ahí que la modificación del litigio que efectuó
el a quo, en la audiencia inicial, no ata a la Sala en segunda instancia”18.
Por lo expuesto, el juez ordinario de segunda instancia manifestó que, lo relacionado
con la sustitución pensional y la convivencia simultánea, no podía ser abordado ni
incidir en las resultas del proceso.
De otra parte, encontró cumplidos los requisitos exigidos en el régimen contenido
en el Decreto Ley 3135 de 1968 para que Jorge Hernán Olaya Lucena fuera
beneficiario de la pensión mensual de jubilación.
1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte accionante presentó escrito de tutela en el que pidió al juez constitucional
que ampare sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones
dignas; deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 5 de octubre de 2023;
y ordene a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
15 Páginas 372 y 373 ibidem.
16 Páginas 377 y 378 ibidem.
17 Páginas 419 a 464 ibidem.
18 Páginas 429 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
4
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
profiera una nueva sentencia en la que tenga en cuenta su condición de compañera
permanente del señor Jorge Hernán Olaya Lucena y las demás pruebas aportadas
al expediente ordinario. En consecuencia, que condene al Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República al pago de la pensión de sobrevivientes a su favor.
Como argumentos de sus pretensiones, sintetizó las actuaciones judiciales surtidas
al interior del trámite judicial ordinario, y sostuvo que las partes aceptaron que fuera
objeto de debate el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Denotó que fue
durante el curso del proceso que falleció el señor Olaya Lucena, a quien no se le
había reconocido pensión de jubilación, y que las pruebas testimoniales y el
interrogatorio de parte fue practicado con la intervención del apoderado de
Fonprecom, por lo que se garantizaron los derechos de contradicción y defensa.
Indicó que se encuentra en un grave estado de salud, que ha sido hospitalizada en
reiteradas ocasiones en cuidados intensivos y que es un sujeto de especial
protección constitucional por ser de la tercera edad, motivos por los que requiere
con urgencia que su situación pensional sea definida, más aún, al tener en cuenta
que en el proceso ordinario fue reconocida como sucesora procesal en su condición
de compañera permanente.
Adujo que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, porque la accionada
sustentó su decisión en simples ritualismos de etapas procesales a las cuales el
apoderado de Fonprecom no se opuso, pero que, sí frustran la prosperidad de sus
pretensiones, con el riesgo de que ocurra la misma situación de su compañero
permanente, que falleció y no pudo disfrutar de la pensión.
Explicó el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y afirmó que la
autoridad accionada incurrió en este, en la sentencia objeto de tutela, en la medida
en que aplicó rigurosamente el artículo 68 del Código General del Proceso (CGP)
al considerar que la figura de la sucesión procesal no podía variar las pretensiones
de la demanda, con lo que omitió que, en la etapa de fijación del litigio las partes
aceptaron que se resolviera sobre el derecho pensional de sobrevivientes en
atención a los principios de prevalencia de la ley sustancial, de eficacia y de
economía procesal.
Además, expuso que el Consejo de Estado19 ha establecido como derrotero que el
juez puede pronunciarse en relación con tópicos que no hubieran quedado incluidos
de manera textual en el litigio pero que dependan del mismo.
En ese sentido, reiteró que en la audiencia inicial llevada a cabo el 9 de mayo de
2017, con plena garantía de los derechos fundamentales de las partes, se fijó dentro
del litigio resolver si la sucesora procesal tenía derecho a ser beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes del causante. Por lo expuesto, estimó que el Tribunal de
primera instancia no actuó al margen de sus facultades constitucionales, sino en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 103 del CPACA, es decir, en búsqueda de
la efectividad de las garantías fundamentales y de la eficacia de los principios
rectores de la administración de justicia, en concordancia con el artículo 228 de la
Constitución Política.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones
1.4.1. El despacho del magistrado ponente, en auto del 6 de mayo de 2024, admitió
la acción, vinculó como terceros con interés a Fonprecom y a todas las personas
que integraron las partes dentro del proceso con radicado núm. 25000-23-42-000-
2014-04463-01, suspendió los términos del trámite constitucional y ordenó notificar
a los sujetos procesales20.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de octubre de 2015, expediente núm.
Sentencia 11001032800020140013900.
20 Ver documento contenido en el índice 5 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. C0BC4D74164561E1 81DC62D36FFD625C 642E9C0563994CEC 11393398F851E7E1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
5
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
1.4.2. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República contestó que
la accionante pretende utilizar la tutela como una tercera instancia para imponer su
punto de vista dentro de un proceso judicial que garantizó los derechos
fundamentales de las partes. Además, informó que María Judith Almario Losada
presentó solicitud de reconocimiento de sustitución pensional, que estaba surtiendo
el respectivo trámite al interior de la entidad. Indicó que el escrito de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional y que no se acreditó un perjuicio
irremediable.
Denotó que la providencia objeto de controversia fue emitida por el máximo órgano
de la jurisdicción contencioso administrativo, lo que exige acreditar el
desconocimiento de la jurisprudencia constitucional y que la pretensión de la tutela
es de carácter exclusivamente económico. Sintetizó las actuaciones del proceso
ordinario y sostuvo que hasta ese momento estaba siendo agotada la vía
gubernativa, pese a que esta procedía una vez fallecido el causante. Solicitó
declarar improcedente el amparo por la inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales21.
1.4.3. En atención a lo expuesto, el despacho del magistrado ponente emitió auto,
el 14 de junio de 2024, en el que requirió a Fonprecom que aportara al expediente
de tutela el escrito y los anexos que presentó María Judith Almario Losada, en el
que le solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional de la mesada reconocida
a Jorge Hernán Olaya Lucena y que informara sobre el trámite impartido a esa
solicitud22.
1.4.4. En cumplimiento del anterior requerimiento, Fonprecom respondió23 que la
petición de reconocimiento pensional de sobrevivientes fue resuelta en Resolución
núm. 0321 del 18 de junio de 2024 y aportó los documentos contenidos en el
respectivo expediente administrativo.
En el mencionado acto administrativo24, Fonprecom negó la solicitud de sustitución
pensional formulada por María Judith Almario Losada, puesto que, de las pruebas
aportadas, consideró que existían dudas e inconsistencias en la acreditación de la
convivencia entre compañeros permanentes de los 5 años anteriores al fallecimiento
del causante.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591
de 1991, y lo previsto en el reglamento interno de la Corporación.
2.2. Procedibilidad de la acción de tutela
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de legitimación en la causa de las partes, y luego de procedibilidad
general de la acción; pues, solo una vez verificada la observancia de los requisitos
que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática
21 Ver documento contenido en el índice 10 del expediente digital de tutela en Samai, con
certificado núm. 80F926B60CA00840 FA0A21DBFED3BD3C D4CD975E091C4FFA
B34677ACCE44CD06.
22 Ver documento contenido en el índice 15 del expediente digital de tutela en Samai, con
certificado núm. 0E6EEA5AE928488E 8B8B9ED5AC35DBFF FD832D6795916B85
8D9F1FF762F2BED8.
23 Ver documento contenido en el índice 19 del expediente digital de tutela en Samai, con
certificado núm. 8DB21B05A9D19F0A 41C6BA07AEDA503C 6602DB8184F40C83
A82CE27B2328E0F9.
24 Ver documento contenido en el índice 19 del expediente digital de tutela en Samai, con
certificado núm. 67F0997BE40583DD AB9DEA73D32BE10C E8DA1DE798FCC4E6
2E4FF6015FE9D28C.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
6
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
jurídica que el actor plantea en función de los defectos que reprocha a la actuación
acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales25.
2.3.1. Relevancia constitucional.
En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”26.
Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las
que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia
como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 27.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional fijó como criterios para definir
el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela
gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto. Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una
Alta Corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica
verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
2.4. Caso concreto
2.4.1. En el asunto bajo estudio, la tutelante presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, que consideró
vulnerado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
ocasión de la sentencia de segunda instancia emitida el 5 de octubre de 2023 dentro
del proceso ordinario con radicado núm. 25000-23-42-000-2014-04463-01.
En concreto, adujo que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, puesto que, la autoridad accionada aplicó rigurosamente el contenido
del artículo 68 del CGP al afirmar que esta no permitía variar las pretensiones de la
demanda, pese a que, en el proceso ordinario, por un lado, fue reconocida como
sucesora procesal en su condición de compañera permanente, y, por otro lado, la
parte demandada estuvo de acuerdo en establecer dentro de la fijación del litigio si
había derecho a la pensión de sobrevivientes y pudo controvertir las pruebas.
25 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
26 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
27 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
7
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
Al respecto, es preciso denotar que la autoridad accionada, en la sentencia objeto
de controversia, explicó que, de acuerdo con el principio de congruencia, el juez
solo puede emitir un pronunciamiento sobre lo pretendido, probado y excepcionado
en el proceso, es decir que no le es dable expedir fallos ultra o extra petita, so pena
de vulnerar derechos fundamentales de las partes o las personas que
eventualmente tuvieran interés en la litis; no obstante, en la demanda que dio origen
al trámite ordinario no se pidió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
asunto frente al cual tampoco fue agotada la “vía gubernativa”, por lo que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca efectuó un análisis de convivencia que no fue
sustentado en oportunidad. Así, afirmó que la fijación del litigio de la audiencia inicial
no ataba a la Sala en segunda instancia.
2.4.2. Pues bien, la Sala observa que los reparos de la tutelante, lejos de plantear
la configuración de defectos en la sentencia del 5 de octubre de 2023, buscan agotar
una instancia adicional al proceso ordinario para continuar con el debate legal
relacionado con la decisión emitida sobre la pretensión de reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, en la medida en que se limitó a plantear una solución
distinta a la definida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y no a demostrar que dicha decisión carece de razonabilidad.
En ese orden, no resulta suficiente afirmar la vulneración de derechos
fundamentales para que la tutela proceda en contra de la providencia judicial, dada
la garantía de la seguridad jurídica y la cosa juzgada que contienen las decisiones
acusadas. En el caso concreto, el juez constitucional no puede entrar a emitir un
pronunciamiento respecto de los cargos de amparo, porque estos no discutieron la
falta de congruencia entre las pretensiones de la demanda y lo resuelto por el
tribunal ordinario de primera instancia, y la falta de agotamiento de la “vía
gubernativa” frente a la pretensión de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, pues de lo contrario, se suplantarían las competencias propias del
juez natural.
En este punto, es preciso recordar que, de acuerdo con la Corte Constitucional en
la sentencia SU-215 de 2022, el requisito de relevancia constitucional debe ser
analizado con mayor rigor si la providencia acusada es emitida por una alta corte y
exige que el juez de tutela verifique la existencia de una actuación claramente
arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
En el presente asunto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado fue quien emitió la sentencia del 5 de octubre de 2023 objeto de tutela, sin
embargo, la Sala advierte que, si bien los reparos formulan inconformidades con la
decisión, estos no tienen la suficiencia de demostrar que la providencia fue
arbitraria, más aún, al tener en cuenta que, en efecto, la demanda ordinaria no
contenía la pretensión de reconocimiento pensional de sobrevivientes y que sobre
este tópico no se había agotado la respectiva actuación administrativa. Por las
razones expuestas, no está superado el requisito de relevancia constitucional.
2.4.3. De otra parte, en lo atinente al reparo por desconocimiento del precedente, la
Subsección encuentra que el cargo no fue debidamente sustentado, dado que la
parte interesada no reveló la identidad fáctica y jurídica entre la providencia que citó
en el escrito de amparo con el asunto bajo estudio, no delimitó las reglas contenidas
en ella, y no explicó de qué forma debían ser aplicadas al asunto por la accionada.
2.4.4. Finalmente, la Sala no ignora que María Judith Almario Losada arguyó que,
por su estado de salud y su avanzada edad, requiere una solución pronta que defina
a su favor el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Empero, resulta
oportuno precisar que estas circunstancias no permiten flexibilizar el requisito de
relevancia constitucional, en el sentido de que no implican que la autoridad judicial
accionada haya incurrido o no en un defecto específico como causal de procedencia
de la tutela contra providencia judicial.
En tal sentido, el estado de salud y la edad de la señora Almario Losada no incide
en la incongruencia entre las pretensiones de la demanda ordinaria y lo resuelto en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-00
Accionante: María Judith Almario Losada
la sentencia de primera instancia, ni en la falta de agotamiento de la “vía
gubernativa” de la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
que fueron los fundamentos de la decisión controvertida.
2.4.5. En conclusión, como el escrito de tutela interpuesto por María Judith Almario
Losada en contra de la sentencia emitida la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado no superó el requisito de relevancia constitucional, se
declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
María Judith Almario Losada en contra de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por las razones consignadas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
DACJ
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
9
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.