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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04463-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04463-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFI RMAR el o rdinal p rimero de la sente ncia del 28 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por las razones expuestas en la parte motiva . SEGUNDO: MO DIFICAR el ordinal segundo de esa decisión, el cual quedará así: SEG UNDO : A t ít ulo de r est ablecim ient o del der echo, se CONDEN A al FO NDO DE PR EVI SI Ó N SO CI AL DEL CO NG RESO DE LA REPÚ BLI CA a r ec onocer a l señ or JO RG E HERNÁ N O LAYA LUCE NA ( Q . E. P. D. ) , una pensión de j ubi lació n ef ect iva a par t ir del 6 de diciem br e de 2008 y hast a la f echa de su f allecim ie nt o , de conf or m idad con las Leyes 6ª de 1 945 4ª de 1966 y 5ª de 196 9 y los Decr et os 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en cuant í a equiva lent e al 75% del salar io pr om edio devengado por el ant es nom br ado en el últ i m o año de ser vicio. 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 45 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000 23 42 000 2014 04463 01 Número interno: 2221-2020 Demandante: Jorge Hernán Olaya Lucena TERCERO: REVO CAR e l ordina l segundo para, en su lugar, negar lo relativo a la sust itución pensional . CUARTO: CONFI RMAR en lo demás . QUINTO: SIN CONDENA en costas. SEXTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de orige n previas las anotaciones pertinentes en el programa « SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-04463-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

5 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMI NISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veint itrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2014 04463 01 (2221-2020)
Demandante: JORGE HERNÁ N OLAYA LUCENA
Demandado: FONDO DE PREVIS IÓN SOCIAL DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA (FONP RECON)
Temas: RECONOCI MIENTO PENSIONAL

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

La Sala procede a resolver l os recurso s de apelación interpuesto s
por las partes contra el fallo de 28 de noviembre de 2019 , proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D que accedió las prete nsiones de la demanda que
instauró en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República ( Fonprecon).

II. ANTECEDENTES

2.1 La demanda 1

El señor Jorge Hernán Olaya Lucena , en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1 Folios 45 a 55.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 04463 01
Número interno: 2221-2020
Demandante: Jorge Hernán Olaya Lucena

Contencioso Administrativo (CP ACA ), presentó demanda ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de Fonprec on.

1.1.1 Pretensiones

El actor en el escrito introductorio del proceso solicitó que se
declare la nulidad de las Resoluciones 421 de 5 de julio y 712 de 9
de octubre de 2013 que le negaron el reconocimiento de la pensión
de jubilación .

Como consecuencia de lo anterior, pidió que se declare la nulidad
de los aludidos actos administrativos y, en consecuencia, se ordene
a Fonprecon reconocerle la pensión de jubilación conforme al
régimen especial de congresistas o al que corresponda .

2.1.2 Hechos

El accionante relató que (i) es beneficiario del régimen de transición
establecido en los artículo s 36 de la Ley 100 de 1993 y 2º del
Decreto 1293 de 1994; (ii) adquirió el estatus pensional, mientras
se desempeñaba como representante a la Cámara ; (iii) solicitó de
Fonprecon el reconocimiento de una pensión de jubilación , el 6 de
diciembre de 2011 ; y (iv) dicha petició n fue negada, a través de las
Resoluciones controvertidas 421 y 712 de 2013 , porque no se tiene
certeza de su información laboral y se posesionó como C ongresista,
por primera vez, el 9 de agosto de 1994 .

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

El demandante citó como normas violadas por la s resoluciones
enjuiciada s los art ículos 48 y 150 (numeral 19) de la Constitución
Política ; 1, 2 y 17 de la Ley 4ª de 1992; 2 del Decreto 1293 de 1994;
1 y 18 del Decreto 1359 de 1993; 36 y 273 de la Ley 100 de 1993;
y 1º y 2 del Decreto 691 de 1994 .

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Demandante: Jorge Hernán Olaya Lucena

Argumentó que Fonprecon para negar su derecho ha exigido
«documentos y requisitos no establecidos en la ley, y menosprecia
y desacredita los formatos y certificaciones [públicos] de
información laboral que son prueba indubitable para los efectos
perseguidos en esta acción ».

Que los documentos y certif icacione s a portados para efecto del
reconocimiento pensional «son documentos públicos proferidos por
entidades [administrativas] y que para el caso concreto reposa n en
los archivos de las diferentes instituciones» .

Insistió en que los actos acusados al negar el derecho que le
correspondía, desatendi ó los procedimientos legales estatuidos
para verificar la in formación aportada e incurrió en violación de la
Constitución y la le y.

2.2 Contestación de la demanda 2

Fonprecon indicó que «si bien, el señor OLAYA LUCENA es
beneficiario del régimen de transición por cuanto al 1º de abril de
1994 contaba con 40 años de edad, lo es también que acreditó 17
años, 3 meses y 6 días de tiempo de servicio en entidades públicas
y privadas, en virtu d d e lo cual no cumple con el requisito de los 20
años de servicios requeridos para acceder al reconocimiento de la
prestación» .

Señaló que pese a que obran en el expediente «certificaciones
laborales del señor JORGE HE RNÁN OLAYA LUCENA, expedidas
por la Gobernación de Caquetá , solicitadas por FONPRECON,
mediante Oficio No. 2011400035 2341 del 12 de diciembre de 2011
(Fl. 25 del expediente administrativo) respecto de los cargos como
CONTADO R GENERAL INTENDENCIAL, SECRETARIO DE

2 Folios 76 a 89.
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HACIENDA, INTENDENTE DEL CAQUETÁ, CONSEJERO
INTENDE NCIAL, DIPUTADO Y SECRETARIO DE GOBIERNO
DEPARTAMENTAL , [ellas] presentan inconsistencias que impiden
ser tenidas en cuenta ».

Precisó que el señor Jorge Hernán Olaya Lucena está amparado
por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y, para efectos pensionales, le es aplicable la Ley 71 de 1988 «por
cuanto acredit ó tiempos públicos y privados dentro de su historia
laboral».

Que, en todo caso, «no es posible estudiar la prestación solicitada
a la luz del Decreto 1293 de 1994, dado que, según lo previsto en
los artículos 2 y 3 del Decreto 1293 de 1994, el Régimen de
Congresistas establecido en el Decreto 1359 de 1993 es aplicable,
a aquellos que tuvieron la calida d de Congresistas en algún
momento con anterioridad al 1º de abril de 1994, presupuesto que
no cumple el señor JORGE HERNÁN OLAYA LUCENA al
posesionarse como Congresista, por primera vez, el 09 de agosto
de 1994, según consta en certificación expedid a por la
Subsecretaría General de la Honorable Cámara de Representantes ,
visible a folio 41 del expediente administrativo, es decir, con
posterioridad al 1º de abril de 1994, razón por la cual no debe darse
aplicación a la normatividad señalada».

Concluyó que si bien el actor «es beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , por
cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años, también
lo es que no cuenta con los 20 años e xigidos por l a Ley 71 de 1988,
siendo éste el régimen anterior al cual se encontraba afiliado».

2.3 Trámite procesal

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Demandante: Jorge Hernán Olaya Lucena

En diligencia cele brada el 9 de agosto de 2016 3, el magistrado
sustanciador de primera instancia (i) estableció que el señor Jorge
Hernán Olaya Lucena falleció el 25 de abril de ese año, y (ii) ordenó
el emplazamiento de las personas que podrían llegar a tener interés
en el objeto lit igio so que aquí se discute. Decisión que se aclaró,
por proveído de 11 de agosto de 2016 4, en el sentido « de atribuir a
la señora María Ju dith Almario Losada la carga procesal de publicar
el correspondiente edicto emplazatorio en los términos del artículo
108 del Código General del Proceso, en uno de los siguientes
medios escritos de comunicación a saber: i) Diario el Tiempo y ii)
El Espectador ».

En audiencia de 9 de mayo de 2017 5, se (i) tuvo «como sucesora
procesal del señor Jorge He rnán Ola ya Lucena a la se ñora María
Judith Almario Losada, quien alega la condición de compañera
permanente », (ii) evidenció que no hay vicios de que puedan
invalidar lo actuado hasta ese momento, (ii i) inco rporó pruebas y
decretó testimonios 6 y (iv) amplió el litigio a la sustitución
pensional, así:

Conf or m e a lo ant er ior , el lit igio se cont r ae a r esolver los
sigui ent es pr oblem a s j ur í dicos i) si el señor Jor ge Her nán O laya
Lucena ( q . e. p. d) , t ení a der echo al r eco nocim ient o y pa go d e una
pensión m ensu al d e j ubilac ión conf or m e Régim en Espec ial d e
Congr esist as cont en ido en el Decr et o 1359 de 1993, t eniendo en
cuent a par a el ef e ct o los t iem pos de ser vicios q ue pr es t ó en
calid ad de Cons ej er o I nt endencial y Di put ado del D epar t am ent o
del Caquet á, desest im ados por la ent id ad dem andada. Y de ot r o
lado, i i) si l a señor a M ar í a Judit h Alm ar io Losada, quie n act úa en
la pr esent e causa com o sucesor a pr ocesal, t iene der echo a que le
sea r econocida la pensión de sobr evivient es , en calid ad de
com pañer a per m anent e , del señor O laya Lucena.

Por providencia de 27 de junio de 2017 7, se (i) rec epcionaron
testimonios y (ii) corrió traslado a las partes y agente del Ministerio
Público para que presenten sus respectivos alegatos y concepto.

3 Folios 116 a 119.
4 Folios 127 a 129.
5 Folios 155 a 163.
6 Los cuales se recepcionaron, en su mayoría, el 23 de 2017. Folios 173 a 185.
7 Folios 201 a 205.
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2.3.2. Alegatos de conclusión

En dicha oportunidad se pronunciaron las partes y el agente del
Ministerio Público , así:

➢ Fonprecon 8 insist ió en que el señor O laya Lucena (q.e.p.d.) no
cumple con el requisito de 20 años de servicio para acceder al
reconocimiento pensional .

Evidenció, en relación con el requisito de convivencia de cinco años
anteriores al fallecimiento del antes nombrado, que los testimonios
y el interrogatorio de parte se contradicen o no brindan información
de la vida en común de la pareja Olaya -Almario.

➢ La sucesora procesal 9 afirmó que, en el sub lite , no hay duda
de que el señor Olaya Lucena (q.e.p.d.) era beneficiario del régimen
de transición y tenía la dignidad de congresista para la época en
que adquirió el estatus pensional , por lo que se le deben aplicar las
previsiones de los artículos 7º del Decreto 1359 de 1993 y 3º del
Decreto 1293 de 1994 o, en su defecto, las de la Ley 33 de 1985.

Las pruebas obrantes en el plenario permiten establecer que
mantuvo con el causante una unión marital de hecho desde 1987 .

2.4 Sentencia d e primera instancia 10

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en sentencia de 2 8 de noviembre de 201 9, (i) declaró
la nulidad de las Resoluciones 421 de 5 de julio y 712 de 9 de
octubre de 2013 , porque hay lugar a la prestación reclamada en los
términos de las Leyes 6ª de 1945, 4ª de 1966 y 5ª de 1969 y de los

8 Folios 273 a 280.
9 Folios 281 a 287.
10 F o l i o s 2 9 1 a 3 0 8 .
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Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, (ii) ordenó
a Fonprecon a pagar «el retroactivo pensional comprendido entre el
6 de diciembre de 2008 y el 25 de abril de 2016 » en favor de la
sucesión del señor Jorge He rnán Olaya Lucena (q.e.p.d.) y la
pensión de sobrevivientes a la señora María Judith Almario Losada,
en calidad de compañera permanente del causante , (iii) declaró la
prescripción de las mesadas con anterioridad al 5 de diciembre de
1995; (iv) condenó en costas a la entidad demandada y (v) negó las
demás pretensiones .

Señaló que si bien es cierto que el causante «JORGE HERNÁN
OLAYA LUCENA (Q.E.P.D.) tenía más de 15 años de servicio y más
de 40 años de edad a 1º de abril de 1994, que lo hacía beneficiario
del régimen de tra nsición de la Ley 100 de 1993, también lo es que
no cum plía lo previsto en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994,
esto es, estar en ejercicio como Congresista -Senador o
Representante a la Cámara, pues como se dijo, desempeñó la Curul
como Representante a la Cámara hasta el 9 de agosto de 1994».

Que tampoco es «posible aplicar el régimen de transición previsto
en el Acto Legislativo 01 de 2005 [ ya que] el requisito sine qua non
para ser beneficiario del régimen especial de los Congresistas , es
haber ostentado, valga la redundancia, la calidad de Congresista
entre el 18 de mayo de 1992 y el 1º de abril de 1994, además de
cumplir con la edad o el tiempo de servicios p revisto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, puesto que a juicio de la Sala no es
posible extender la protección de las meras expe ctativas de quienes
no ostentaban tal calidad en ese lapso o no se reincorporaron como
Congresistas en períodos posteriores ».

Estableció que el causante es beneficiario de la transición de la Ley
33 de 1985, por lo que se le debe aplicar « el régimen anterior en
su integridad, es decir, el Decreto 2135 de 1968, según el cual,
para liquidar la pensión se debe tener en cuenta la totalidad de los

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salarios devengados en el último a ño de servicio, en virtud del
principio de inescindibilidad ».

Que está demostrada la convivencia por más de 5 años entre la
sucesora procesal y el causante, por lo que se le te ndrá a la primera
como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes a partir del 26 de
abril de 2016.

Explicó que el causante adquirió el estatus pensional el 5 de
diciembre de 1996, fecha en la cual cumplió los 20 años de servicio,
presentó la solicitud de reconocimiento pensional el 6 de diciembre
de 2011 y finalmente, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, el 8 de octubre de 2014. En este
orden, como entre la causación del derecho y la petició n efectuada
en sede administrativa transcurriero n más de 3 años, se concluye
que operó el fenómeno jurídico de la prescripción trienal (artículo
41 Decreto 3135 de 1968), por tanto, el derecho pensional debe ser
reconocido desde el 5 de diciembre de 1996, pero con efectos
fiscales a partir del 6 de diciembre de 2008 , por efecto de la
prescripción, el retroactivo pensional abarcará el período
comprendido entre el 6 de diciembre de 2008 y el 25 de abril de
2016.

2.5. Recursos de apelación

Fonprecon 11 inconforme con la anterior decisión interpuso recurso
de apelación, en la medida en que si bien es cierto «el señor OLAYA
LUCENA es beneficiario del régimen de transición, por cuanto al 1º
de abril de 1994 contaba con 40 años de edad , lo es también que
acreditó 17 años, 3 meses y 6 días de tiempo de servicio en
entidades públicas y privadas , en virtud de lo cual no cumple con
el requisito de 20 años de servicio s requeridos para acceder al
reconocimiento de la prestación» .

11 F o l i o s 314 a 323.
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Aseveró que no se pueden desconoce r las inconsist encias que
existen en cuanto al tiempo de servicio prestado en los cargos de
«Contador General Intendencial, Secretario de Hacienda,
Intendente del Caquetá, Consejero Intendencial, Diputado y
Secretario de Gobierno Departamental ».

Que «en el proceso judicial quedó demostrado que el causante
JORGE HERNÁN OLAYA LUCENA estuvo casado con MARÍA
ARMINTA RODRÍG UEZ DE OLAYA, quien igualmente falleció el 13
de abril de 2014, esto es, 2 años anteriores al fallecimiento del
causante ».

Adujo que el a quo desconoció que cuanto existe simultáneamente
cónyuge y compañera permanente , como ocurrió en este caso, «la
pensión se dividirá entre ellas en proporción al tiempo de
convivencia del fallecido ».

La sucesora procesal 12 aseveró que Fonprecon «sin ningún tipo de
argumentos, ni soportes y a pesar de efectuar una investigación
que perduró por más de dos años NEG Ó el reconocimiento del
derecho pensional del señor JORG E HERNÁ N OLAYA LUCENA
(q.e.p.d), imponiendo talanqueras, ób ices y dilaciones por tantos
años que en el transcurso de todo este trámite lastimosamente el
titular del derecho falleció, demostrándose indefectíblemente que
la entidad demandada incurrió en mora en el reconocimiento y pago
de las mesadas pensionales por lo cual es justo y equitativo como
lo dispuso el legislador que proceda a resarcir los perjuicios
ocasionados con su incuria en los té rminos del artículo 141 de la
Ley 100 de 1993».

12 F o l i o s 324 y 325.
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Pide que se revoque el numeral sext o de la parte reso lutiva de la
sentencia para condenar a la entidad demandada al pago de
intereses moratorios.

2.6. Trámite en segunda instancia

El magistrado s ustanciador, mediante autos de 6 de octubre 13 y 10
de diciembre de 2020 14, admitió el recurso de apelación interpuesto
por Fonprecon y la sucesora procesal y corrió t raslado a las partes
y al agente del Ministerio Público para que presenten sus
respectivos alegatos de conclusión y concepto .

En dicha oportunidad se pronunciaron las partes, así:

La sucesora procesal 15 reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación y Fonprec on 16 insistió e n los argu mentos de
la alzada .

El ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado guardaron silencio 17.

III. CONSIDERACI ONES

3.1 Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente litigio,
en segunda instancia, conforme a la preceptiva del artí culo 150 del
CPACA 18.

13 F o l i o 340.
14 F o l i o 342.
15 Í n d i c e 7 S a m a i .
16 Í n d i c e 1 0 d e S a m a i . .
17 F o l i o 3 4 3 .
18 « A R T Í C U L O 1 5 0 . C O M P E T E N C I A D E L C O N S E J O D E E S T A D O E N S E G U N D A

INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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3.2 Cuestión prev ia

El principio de congruencia se erige como una verdadera garantía
del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el
proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta
permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo
probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable
dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido
(petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como
pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de
tal omisión.

En el asunto sub judice al confrontar el texto de la demanda con el
de la sentencia, la Sala concluye que el a quo profirió un fallo extra
petita, porque se manifestó frente a una sustitución pensional que
no le fue pedida y, para ello, efectuó un análisis de convivencia y
orden preferencial que no se sustentó en oportunidad , lo que pone
en evidencia la falta de un requisito sustancial de la d emanda (la
causa petendi) que impide que se emita un pronunciamiento al
respecto, so pena de vulnerar el derecho de defensa de la
contraparte y de las personas que eventualmente se pudieran
vincular por tener interés en las resu lt as del proceso , y el principio
de congruencia.

Ahora bien, la figu ra de la sucesión procesal no puede utiliza rse
para variar las pretensiones de la demanda (reconocimiento
pensional), máxime cuando estas no fueron adicionadas para incluir
la sustitución pensional, tema respecto del cual tampoco se agotó
vía gubernativa. De ahí que la modificación del liti gio que efectuó
el a quo, en la audiencia inicial, no ata a la Sala en segunda
instancia.

En esa medida, lo re lativo a la sustitución pensional y la
convivencia simult ánea entre cónyuge y compañera, no puede ser

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abordado ni incidir en las resultas del proce so.

3.2 Problema s jurídicos

Conforme a los recursos de apelación interpuestos, a la Sala le
corresponde determinar, si:

¿Exist en incons ist e ncias en el t iem po que labor ó el señor Jor ge Her nán
O laya Lucena en la G ober nación del Ca quet á ? En caso neg at ivo ,

¿El ant es nom br ado acr edit a los 20 añ os de ser vicio r equ er ido s par a
ef ect o de acceder a la pensión del r égim en especial que r eclam a o a la
que cor r esponda e n at ención a que es benef iciar io de l r égim en de
t r ansición de la Ley 100 de 1993 ? Fina l m ent e ,

¿Hubo d ilac ión e n el t r ám it e del r econoci m ient o pensio nal, q ue d é lu gar
al pago de i nt er eses m or at or ios pr evist os en el ar t í culo 14 1 de la Ley
100 de 1993 ?

Para resolver los anteriores interrog antes, la Sala aludirá (i) al
régimen especial de pensión de congresistas; (ii) al régimen
pensional de los di putados y de los consejeros intendenciales, (iii)
al régimen de las Ley 33 de 1985 y (iv) a las p ruebas que reposan
en el expediente, para con ello determinar si a señor Jorge Hernán
Olaya Lucena le asiste derecho a la pensión que reclama .

3.2.1 Régimen especial de pensión de congresistas

La pensión de vejez a que tenían derecho los congresistas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, se regía
por los mandatos de la Ley 6 de 1945 y las sucesivas normas que
la modificaron o derogar on. Así lo ord enó el artículo 7 de la Ley 48
de 1962 al precisar que dichos servid ores públicos «gozarán de las
mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para
los servidores públicos en la Ley 6ª. de 1945 y demás disposiciones
que la adicionen o reformen».

Se destaca que la Ley 33 de 1985 varió el requisito de edad para
tener derecho a la pensión de jubilación consagrado en la Ley 6 de
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1945 y lo aumentó a 55 años y, además, en el parágrafo d el artículo
1 creó un régimen de transición para aquellos que a la fecha de su
expedición tuvieran 15 años de servicio, quienes se regirían por las
normas anteriores. 19

Asimismo, el artículo 14 de la Ley 33 de 1985 instituyó a Fonprecon
como un establecimiento público nacional con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y cuyo objeto era asumir,
por mandato del artículo 15 ibidem, el pago de las presta ciones a
favor de sus empleados y los del Congreso de la República y de los
congresistas.

Posteriormente, la Ley 4 de 1992 señaló las normas, objetivos y
criterios que debía observar el Gobierno nacional para la fijación
del régimen salarial y prestaciona l de los servidores públicos,
incluidos los mie mbros del Congreso. En cuanto al régimen
pensional de los congresistas prescribió lo siguiente:

A rt í cul o 17. El Gobi erno Naci onal est abl ecerá un r égim en de
pensiones, r eaj ust es y sust it uciones de las m ism as par a los
Repr esent ant es y Senador es. Aquél la s y ést as no podrán ser
inf er ior es al 75% d el in gr eso m ensual pr om edio que, dur ant e el
últ im o año, y por t odo concept o , perciba el Congr esist a . Y se
aum ent ar án en el mism o por cent aj e en que se r eaj ust e el salar i o
m í nim o legal . 20

Parágraf o. La liqu idaci ón de las pensiones, r eaj ust es y
sust it uciones se har á t eniendo en cuent a el últ im o in gr eso m ensual
pr om edio que por t odo concept o deveng uen los Repr esent a nt es y
Senador es en la f ec ha en que se decr et e la j ubilac ión, el r e aj ust e,
o la sust it ución r esp ect iva.

En cumplimiento del anterior mandato, el Gobierno nacional expidió
el Decreto 1359 de 1993 a través del cual estableció un régimen
especial de pensiones, reajustes y sustituciones aplicable «a

19 «Por la cual se dictan algunas med idas en relación con las Cajas de Previsión y
con las prestaciones sociales para el Sector Público».
20 L o s a p a r t e s t a c h a d o s f u e r o n d e c l a r a d o s i n e x e q u i b l e s p o r l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l ,

mediante la Sentencia C -258 de 2013.
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quienes a partir d e la vigencia de la Ley 4 de 1992 tuvieren la
calidad de Senador o Representante a la Cámara». 21 De esta
manera, el régimen prestacional empezó a regir el 18 de mayo de
1992, 22 fecha en que entró en vigor la referida ley.

En lo que se refiere a los requisitos para obtener el derecho a la
pensión de jubilación por parte de estos servidores p úblicos, el
Decreto 1359 de 1993 los fijó en el artículo 7, así:

A rt í cul o 7. º Def i nici ón . Cuando qu ie nes en su cond ici ón de
Senador es o Repr esent ant es a la Cám ara, lleguen o hayan ll egado
a la edad que dispone el ar t í culo 1º, par ágr af o 2o de la Ley 33 de
1985 y adiciona lm ent e cum plan o hayan cum plido 20 años de
ser vicios, cont inuos o discont inuos en una o en dif er ent es entidades
de der echo públ ico i nclui do el Co ngr eso de la Repú bl ica, o que los
hayan cum plido y cot izado en par t e en el sect or pr ivado y ant e el
I nst it ut o Colom biano de Segur os Sociale s, conf orm e a lo dispuest o
en el ar tí culo 7º de la Ley 71 de 1988, t endr án der echo a una
pensión v it alic ia de j ubilac ión que no po dr á ser inf er ior al 75% del
ingr eso m ensual pr om edio, que dur ant e el últ im o año y p or t odo
concept o devengue n los Congr es ist as en ej er cicio, de conf or m idad
con lo est ablec ido e n los ar t í culos 5º y 6º del pr esent e Decr et o.

De conformidad con la norma, los congresistas que cumplan la edad
y el tiempo de servicios que esta establece, tienen derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación, la cual no puede ser
inferior al 75% del ingreso mensual promedio que devenguen en el
último año de servicio y deberá liquidarse con el I B L consagrado en
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Esto último, en razón
a que así lo consideró la Corte Constitucional en la Sen tencia C-
258 de 2013. 23

21 A r t í c u l o
1.° del Decreto 1359 de 1993
22 La Ley 4.ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su
promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial 40451.
23 L a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l e n l a s e n t e n c i a m e n c i o n a d a d e c l a r ó l a i n e x e q u i b i l i d a d d e

las expresiones «durante el último año», «y por todo concepto», «Y se aumentarán
en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal», contenidas
en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 por considerar que establecían un privilegio
con respecto a los demás r egímenes lo que vulneraba el principio de igualdad y no
contribuía al financiamiento del sistema pensional. Ahora, en consideración que los
artículos 5.º y 6.º del Decreto 1359 de 1993 también contienen la expresión « por
todo concepto», por comunicabilidad normativa debe aplicarse el criterio de la Corte
sobre este punto. En esa medida, para efectos de liquidar la pensión la norma que
rige es el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
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Respecto de los requisitos para aplicar el régimen especial de
congresistas, esta corporación dictó sentencia de unificación CE -
SUJ2-018-20 del 8 de octubre de 2020, 24 cuyos efectos deben
extenderse a todas las situaciones pendientes de definición jurídica
que no hayan sido objeto de consolidación del fenómeno de cosa
juzgada. 25

La providencia abordó el análisis de: i) cuáles son los
excongresistas que tienen derecho a obtener el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación al amparo del régimen especial
regulado por el Decreto 1359 de 1993; ii) cuále s son los
excongresistas beneficiarios del rég imen de transición de la Ley
100 de 1993, que tienen derecho a la apli cación del régimen
especial del Decreto 1359 de 1993; y iii) cuáles son los
excongresistas destinatarios del régimen especial bajo la figura del
legislador vuelto a elegir. Aunado a ello, la Corporación se
pronunció respecto de algunos asuntos estrechament e relacionados
con el régimen especial de Congresist as, tales como los parámetros
de liquidación de pensión y la vigencia del régimen especial, todo
ello en virtud de las implicaciones del Acto Legislativo 01 de 2005. 26

En lo que atañe al sub lite, se destacan las siguientes reglas
jurisprudenciales:

P R I M E R O : R E G L A S D E U N I F I C A C I Ó N de lo expuest o con ant er ior idad se
ext r aen las sigui ent es r eglas de unif ica ción de la j ur ispr ude ncia e n
el t em a puest o a consider aci ón:
[ …]

1. 1 Los congresi st as que ej erci eron su l abor ent re el 18 de
mayo de 1992 y ad qui ri eron el est at us, f echa en que en t ró en
vi genci a l a Ley 4 de 1992 y hast a el 1 de abri l de 1994 , dat a en
que ent r ó en vigor l a Ley 100 de 1993, siem pr e que cum pl an los
r equisit os cons agr a dos en e l ar t . 4 y 7 del De cr et o 1359 de 1993,
que son:

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación CE -SUJ2-018-20
del 8 de octubre de 2020 radicado: 25000 -23-42-000-2013-05893-01 (0815-15).
25 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e l 2 9 d e j u l i o d e

2021, radicado 25000234200020140430501 (2470 -2019).
26 I b i d e m
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a) Est ar af ilia do a Fon pr econ, r ealizar apo r t es a dicha ent id ad y
haber t om ado posesión del car go.
b) Cum plir los r equis it os de edad, est o es, la m uj er 50 años y el
hom br e 55. I nciso 2 del par ágr af o 2 del ar t . 1 de la Ley 33 de 1985.
c) Cum plir 20 años co nt inuos o d iscont in u os en una o dif er en t es
ent idades de der ec ho públ ico o haber cum plido o cot iza do los 20
años par t e en el s e ct or pr ivado y ant e el I SS. Ar t . 7º del Decr et o
1359 de 1993.
[ …]

1. 3. Los ex congres i st as benef i ci ari os del régi men de t ransi ci ón
consagr ado en el ar t í culo 36 de la Ley 100 de 1993, que les per m it e
obt ener el der echo a la aplic ación de l r égim en especia l cons agr ado
en el Decr et o 1359 de 1993 son los sig uient es:

1. 3. 1. Los excongresi st as que cumpl an l os si gui ent es
requi si t os :

a) Q ue el congr esist a par a el 1 de abr il de 1994 cuando co br ó
vigenc ia dicha ley, tenga: a) 40 años de edad si es hom br e, 35 años
de edad si es m uj er o 15 años o m ás de ser vicios ef ect ivam ent e
cot izad os.
b) Q ue el congr esist a r eúna los r equer im ie nt os pr opios del r égi m en
especia l que son:

i) El ej er cicio de la act ividad leg isl at iva ent r e el 18 de m ayo de
1992 y que dicha s it uación no var i é hast a la ent r ada en vige ncia d e
la Ley 100 de 1993, est o es, el 1º de abril de 1994.
ii) Cum plir los r equis it os de edad, est o es, la m uj er 50 años y el
hom br e 55. I nciso 2 del par ágr af o 2 del ar t . 1 de la Ley 33 de 1985.
ii i) Cum plir 20 años co nt inuos o d iscont in u os en una o dif er en t es
ent idades de der ec ho públ ico o haber cum plido o cot iza do los 20
años par t e en el s e ct or pr ivado y ant e el I SS. Ar t . 7º del Decr et o
1359 de 1993.
iv) Haber t om ado posesión del car go de con gr esist a;
v) Haber se af ili ado a la ent idad pensi onal del Congr eso –
Fonpr econ - .
vi) Haber ef ect uado cum plidam ent e las cot izaciones o apor t es ant e
dicha ent ida d pensi onal.

3.3.2. Régimen pensional de los dipu tados y de los consejeros
intendenciales .

Sea lo primero señalar, que los diputados no son empleados, sino
que son servidores con una categoría diferente, como es la de
miembros de corporaciones públicas. Al respecto, la Corte
Constitucional en la sentencia C -315 de 1995 afirmó:

11. El pr oblem a que est a Cor t e debe dilucidar , de acuer do con los
plant eam ient os que se han expr esado p or las par t es, se r em it e al
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alcance del t ér m ino “ ser vidor es público s“ y a sus im plicac iones
concr et as, dadas las pr oposiciones nor m at ivas exam inadas, fr ent e
a t r es cat egor í as: m iem br os de las cor por aciones pública s
t er r it or iales ( 1) ; empleados púb licos t er r it or iales ( 2) ; t r abajador es
of icia les t er r it or iales ( 3) .

12. Los diput ados y los concej ales, en los t érm inos de los ar tí culos
299 y 312 de la C . P. , no son ni f unci onari os ni empleado s
públ i cos. De ot r o lado, con arr eglo a las lim it acione s que
est ablezca “ la ley“ , tienen der echo a “ honor ar ios“ por su asist encia
a las sesiones cor r e spondient es.

El f undam ent o const it ucional de la ley anal izada lo const it uye la
at r ibución que la C onst it ución as igna a l Congr eso en su a r t í culo
150- 19, lit er ales e y f . La f acult ad del L egisl ador se r educe a f ij ar
las nor m as gener al es sobr e el r ég im en salar ia l y pr est acio nal d e
los “ em plead os públicos“ y el r égim en de pr est aci ones social es
m í nim as de los “ tr abaj ador es oficia les“ . No puede, en
consecuen ci a, hacerse uso de est a f acul t ad en rel aci ón con l os
concej al es y l os di put ados, que por defi ni ci ón no son
empl eados públ i cos. La inexist enc ia d e una r elac ión l abor al o l a
pr opia que se pr edica de los f uncionar i os públicos suj et os a una
sit uación lega l y r eg lam ent ar ia, im pide s om et er a est os ser vidor es
públ icos a un r égim en salar ial y pr est acional. Ahor a, la m at er ia
r elat iva a los “ hono r ar ios” de los concej ales y diput ados, es un
asunt o que concier n e exclusiv am ent e a l a ley y, por ende, no puede
ser obj et o de la t écnica pecul iar pr opia d e las leyes m ar co.

13. En lo r elat ivo a los “ em pleados públ icos t er r it or iale s” , se
pr egunt a la Cor t e si la ley con base en el pr incip io de econom í a y
ef icienc ia de l gast o públ ico ( C. P. ar t s. 209 y 339) , puede - sin
lesio nar el pr inc ipio de aut onom í a t er r it or ial ( C. P. ar t s. 1 y 287) , en
la ley m ar co sobr e el r égim en salar ial y pr est aciona l de los
em pleados púb l ico s ( C. P. ar t . 150- 19- e) , est ablecer com o
or ient ación gener a l dir igida a l G obier no la f ij ación de un lí m it e
salar ia l que g uar de equiva lenc ia con c ar gos sim il ar es del or den
naciona l 27.

En cuanto a su régimen pensional, el artículo 7 ° de la Ley 48 de
1962 28 señala que los diputados «[…] gozarán de las mismas
prestaciones e in demnizaciones sociales consagradas para los
servidores público s en la ley 6ª de 1945 y demás disp osiciones que
la adicionen o reformen».

Constitucional, sentencia C – 315 de 19 de julio de 1999.
27 C o r t e
28 « P o r
la cual se fijan unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959, y se dictan
otras disposiciones»
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Por su parte, la Le y 6ª de 1945 en su artículo 17 dispuso que los
empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones:

[ …] b) Pensión vit al i cia de j ubi lac ión, cu ando el em p leado u obr er o
haya llega do o lleg ue a cincuent a ( 50) años de edad, después de
veint e ( 20) años de ser vicio cont inuo o discont inuo, equiva lent e a
las dos t er cer as par t es del pr om edio de sueldos o j or nales
devengados, sin b aj ar de t r eint a pesos ( $ 30) ni ex ce der de
doscient os pesos ( $200) en cada m es. La pensión de j ubilac ión
excluye e l aux il io d e cesant í a, m enos en cuant o a los ant icipos,
liqu idac iones par ci ales o pr ést am os que se le hayan hecho
lí cit am ent e al t r aba j ador , cuya cuant í a se ir á deduc iendo de l a
pensión de j ubilac ió n en cuot as que no excedan del 20% de cada
pensión.
[ …] .

Este mandato fue reiterado en el artículo 6 ° 29 del Decret o 1723 de
1964, por el cual se reglamentó la Ley 48 de 1962, así como en el
artículo 56 30 del Decreto Ley 1222 de 1986 31, al disponer que los
diputados tendrán derecho a las mismas prestaciones consagradas
para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945.

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación, en concepto 170 0 del 14 de diciembre de 2005 32,
sostuvo que hasta tanto el legislador se pronuncie, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 299 de la Constitución Nacional el
régimen prestacional de los diputados es el establecido en la
Ley 6a. de 1945, con las m odificaciones introducidas en materia
de seguridad social por la Ley 100 de 1993, que es ley derogatoria
de los regímenes generales y especiales de pensiones, razón por
la cual en esta materia la ley 6a. sólo es aplicable a los diputados

29« A r t í c u l o 6 . ° L o s D i p u t a d o s a l a s A s a m b l e a s D e p a r t a m e n t a l e s , t e n d r á n d e r e c h o a
las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los
servidores públicos en la Ley 6a. de 1945, y demás disposiciones que la adicionen
o reformen en las mismas condiciones señaladas para los miembros del Congreso
en el presente Decreto. El seguro por muerte de los Diputados se reconocerá y
liquidará como el de los trabajadores oficiales.»
30 « A r t í c u l o 5 6 . L o s m i e m b r o s d e l C o n g r e s o y d e l a s A s a m b l e a s D e p a r t a m e n t a l e s

gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para
los servidores públicos en la Ley 6º de 1945 y demás disposic iones que la adicionen
o reformen».
31 « P o r e l c u a l s e e x p i d e e l C ó d i g o d e R é g i m e n D e p a r t a m e n t a l » .
32 C o n p o n e n c i a d e l D r . L u i s F e r n a n d o Á l v a r e z J a r a m i l l o .
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en los términos de l régimen de transición o sea del artículo 36 de
la ley:

[ …] En conclusión, hast a t ant o el legislador se pr onunci e, de
conf or m idad con lo dispuest o en el ar t í culo 299 de la Cons t it ución
Nacion al e l r égim en pr est acional de los Diput ados es el est ableci do
en l a l ey 6 de 1945, con l as modi f i caci ones i nt roduci das en
mat eri a de seguri dad soci al por l a l ey 100 de 1993, que es l ey
derogat ori a de l os regí menes general es y especi ales de
pensi ones , r azón por la cual en est a m at er ia la ley 6 sólo es
aplic able a los D iput ados en los t ér m inos del r égim en de t r ansició n
o sea de l ar t í culo 36 de la ley. [ …] . ( Negr il la de la Sa la) .

En este orden de ideas, se ha entendido, que si bien, a partir de la
reforma constitucional de 1968, la competencia para establecer el
régimen prestacional de los miembros de las asambleas
departamentale s era exclusiva del legislador, mientras el Congreso
de la República no profiriera una nueva ley en la materia, debía
entenderse que el régimen prestacional de los diputados era el
recogido en la Ley 6ª de 1945, con las modificaciones in troducidas
por las Leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362 de 1997 33.

En cuanto a la liquidación de las pensiones de jubilación e invalidez
y demás prestaciones de los miembros de las Asambleas
departamentales, el artículo 10 del Decreto 1723 de 1964 34,
indicaba:

Ar t í culo 1 0. En la liqu idac ión de la p ensión de j ubil ació n o de
inval idez y dem ás pr est aciones soci ales de los m iem b r os del
congr eso, de las Asam bleas Depar t am ent ales, del Pr esiden t e de la
Repúb lica, de los Minist r os del Despac ho y del Cont r alor G ener al
de la Repúbl ica, se com put ar án no solam ent e los sueldos y las
diet as, sino t am bién los gast os de r epr esent ación y cualqui er ot r a
asignac ión de que e llos gozar en o hub ie r an gozado.

Ahora, según el artículo 299 de la Constitución Política de 1991,
los diputados están cobijados por un régimen de seguridad social
en los términos que fije la ley. En desarrollo de lo anterior, la Ley

33 V e r al respecto la sentencia de la Corte Constitucional. C - 700 de 2010. Consejo
de Estado. Sala d e Consulta y Servicio Civil. Concepto N° 1700 de 14 de diciembre
de 2005.
34 « P o r l a c u a l s e r e g l a m e n t a l a L e y 4 8 d e 1 9 6 2 » .
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617 del 2000 35, en su artículo 29 36 estableció que dichos
funcionarios de elección popular, se encuentran sujetos al régimen
de seguridad so cial previsto en la Ley 100 de 1993.

Concretamente , en la Ley 1871 de 2017 « Por medio de la cual se
dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social
de los miembros de las Asambleas Departamentales y se dictan
otras disposicione s » se estableció:

A rt í cul o 2°. M odif í quese el ar t í culo 29 de la Ley 617 de 200 0.
Ar t í culo 29. Sesione s de las asam ble as. El ar t í culo 1° de l a Ley 56
de 1993, quedar á así :

“ Ar t í culo 1°. Sesiones de las A sam bleas. Las asam bleas
sesionar án dur ant e seis ( 6) m eses en f or m a or dinar ia, así :
El pr im er per í odo ser á, en el pr im er año de sesione s, del 1° de
ener o post er ior a su elecci ón a l últ im o dí a del m es de f ebr er o del
r espect ivo año.

El segund o, t er cer y cuar t o año de sesiones t endr á com o pr im er
per í odo el com pr endido ent r e el 1° de mar zo y el 30 de abr il .
El segundo per í odo ser á del pr im e r o de j unio al 30 de j uli o, y el
t er cer per í odo, ser á del 1° de oct ubr e al 30 de noviem br e.
Podr án sesionar igu alm ent e dur ant e dos ( 2) m eses al año de f orm a
ext r aor dinar ia, pr evia convocat or ia de l G ober nador , par a que se
ocupen exc lusivam ent e de los asunt os que se som et a n a su
consider ac ión.

35 «Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional.»
36« A R T I C U L O 2 9 . S E S I O N E S D E L A S A S A M B L E A S . < V e r m o d i f i c a c i o n e s a e s t e

artículo directamente en la Ley 56 de 1993> El artíc ulo 1o. de la Ley 56 de 1993,
quedará así:
"Artículo 1o. Sesiones de las Asambleas. Las asambleas sesionarán durante seis (6)
meses en forma ordinaria, así:
El primer período será, en el primer año de sesiones, del 2 de enero posterior a su
elección al último d el mes de febrero de respectivo año.
El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre
el 1o. de marzo y el 30 de abril.
El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, será
del 1o. de octubre al 30 de noviembre.
Podrán sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria, que se
remunerará proporcionalmente al salario fijado.
PARÁGRAFO 1o. La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier
asignación proveniente de l tesoro público, excepto con aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4a.
de 1992.
PARÁGRAFO 2o. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad
social previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. En todo
caso se les garantizará aseguramiento para salud y pensiones. El Gobierno N acional
reglamentará la materia».

835

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Número interno: 2221-2020
Demandante: Jorge Hernán Olaya Lucena

Parágraf o 1°. La r em uner ación de los diput ados es incom pat ible
con cualqu ier asign ación pr oven ient e d el t esor o públic o, except o
con aque llas or igi na das en pens iones o sust it uciones p ensio nales y
las excepcio nes est ablec idas en la Ley 4ª de 1992.

Parágraf o 2°. Los Diput ados est ar án am par ados por el r ég i m en de
segur idad soc ial pr e vist a en la Ley 100 d e 1993 y sus dispos i ciones
com plem ent ar ias. En t odo caso se les gar ant izar á asegur am ient o
par a salud, pensió n y r iesg os labor ales, dur ant e el per iodo
const it uciona l, del c ual se t om ar á par a est os ef ect os, com o ingr eso
base de cot izac ión el que r esu lt e de divid ir ent r e doce ( 12) el
ingr eso per cib ido d ur ant e los per iodos de sesiones a t í t ulo d e
r em uner ación. El G obier no na cio nal r egl am ent ar á la m at er ia.

Por otra parte, en lo que respecta a los consejeros intendenciales el
Decreto 467 del 11 de febrero de 19 86 37, en su artículo 24, reiter ó
que estos servidores «tienen los mismos derechos y obligaciones
consagrados en la ley para los diputados».

En igual sent ido, el Decreto 2274 de 1991, en su artículo 2º, prevé
que «los miembros de los Consejos Intendenciales y Comisariales
estarán sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades,
responsabilidades y demás disposiciones que rig en para los
diputados».

3.3.3 Marco normativo y jurisprude ncial de la Ley 33 de 1985

El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de
los empleados oficiales, es de cir, empleados públicos y
trabajadores oficiales, según el cual aquellos que hubiesen
prestado 20 años de servicio, continuos o discontinuos y
cumpliesen 55 años de edad, tendrían derecho al pago de una
pensión me nsual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio.

37 P o r
el cual se establece el Régimen Administrativo de las Intendencias y
Comisarías y se dictan otras disposiciones.
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Ahora bien, el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 creó
un régimen de transición según el cual:

i) quienes a la f echa d e ent r ada en vigenci a de la Ley 33 de 1. 985
t uviesen 15 años de ser vicio a l Est ado t endr í an der echo a la
aplic ación de l r equis it o de edad que r egí a en nor m as ant er ior es; y

ii) quienes t uvi esen acr edit ados 20 años co m o em pleados of icia les
y se encont r asen r etir ados del ser vic io en el m om ent o en que ent r ó
a r egir la cit ada ley obt endr í an la pensión de j ubil ación a l os 50
años de edad en el caso de las m uj er es y 55 en el d e los h o m br es,
la cual se r econoce r í a y pagar í a de conf or m idad con las nor m a s
vigent es a la f echa de r et ir o.

Por lo anterior, quienes al 13 de febrero de 1985 tuviesen 15 años
de servicio o más tendrían como prerrogativa la posibilidad de
pensionarse con la edad prevista en la norma anterior; y quienes
ya tuviesen 20 o más años d e servicio, estuviesen retirados y solo
les faltare la edad para obtener el estatus pensional, tendrían
derecho a pensionarse con la norma que regía al momento del
retiro.

Así pues, la Ley 6 de 1945 en su artículo 17 previó una pensión de
jubilación para los empleados oficiales para quienes acreditaran 50
años de edad y 20 de servicio, contin uos o discontinuos.

A partir de la Ley 4 de 1966, los empleados oficiales tendrían
derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente
al 75% del promedio mensual de lo devengado en el último año de
servicio, siempre que cumplieran 50 años de edad y 20 de servicio
al Estado.

Luego, el Decreto Ley 3135 de 1968 dispuso en su artículo 27 que
aquellos que sirvieran al Estado por 20 o más años, continuo s o
discontinuos, y cu mpliesen 55 años en el caso de los hombres y 50
en el de las mujeres, tendrían derecho al pago de una pensión
mensual vitalicia d e jubilación equiva lente al 75% del promedio de
los salarios deven gados en el último año de servicio.

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En cuanto a la interpretación de las normas en comento, el Consejo
de Estado ha adoptado la tesis según la cual la aplicación de la
Ley 6 de 1945 o del Decreto 3135 de 1968 para los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, dependerá de l a
vinculación nacion al o territoria l de l empleado público, en los
siguientes términos:

Ahor a bien, en pr i nc ipio la Ley 6 de 1 94 5 se aplic ó par a ef e ct os de
las pr est aciones s oc iales d e los em p lead os de los sect or es p úblic o
naciona l y pr ivado, así com o a los ser vidor es públi cos del nive l
t er r it or ial [ . . .] .

Post er ior m ent e, el D ecr et o 3135 de 1968 , aplicab le a los ser v idor es
públ icos del or den naciona l, en r ela ción con la p ensi ón de
j ubilac ión, pr evió: A r t í culo 27. - Pensión de j ubilac ión o vej ez. El
em pleado públ ico o t r abaj ador of icial que sir va veint e ( 20) años
cont inuos o d iscont i nuos y l leg ue a la e dad de 55 años s i e s var ón,
o 50 si es m uj er , t endr á der echo a que p or la r espect iva ent i dad de
pr evisión se l e pag ue una pensión m e nsual vit a lic ia de j ubilac ión
equiva lent e al 75% del pr om edio d e los salar ios deve ngados
dur ant e el últ im o añ o de s er vicio.

No quedan suj et as a est a r egla gener al las per sonas que t r abaj an
en act ivida des que p or su nat ur aleza j ust if iquen la excepc ión y que
la Ley det er m ine expr esam ent e.

El m encion ado Decr et o 3135 de 1968 f u e der ogado por la Le y 33 de
1985, por la cu al se dict ar on disposic ion es r espect o de las caj as de
pr evisión y las pr estaciones par a el sector público, que est ableci ó
com o exigencia par a acceder a la pensión or dinar ia de j ubilac ión
que el em plead o of icia l hubier a ser vido 20 años cont i nuos o
discont in u os y t uvier a 55 años de edad. Sin em bar go, en el ar t í culo
1º ( par ágr af o 2º ) de la a lud ida Ley 3 3 consagr ó un r ég i m en de
t r ansición cons ist ent e en que l os em plea dos of icia les que a l a f echa
de su ent r ada en vigor ( 13 de f ebr er o de 1985) «[ …] hayan cum plido
quince ( 15) años co nt inuos o disc ont inu os de ser vicio, cont i nuar án
aplic ándose las disp osicio nes sobr e edad de j ubil aci ón que r egí an
con ant er ior ida d a la pr esent e l ey», q ue para el caso d e l os
servi dores públ i cos del orden naci on al era el Decret o 3135 de
1968, y f rent e a l os del orden t erri t ori al , l a Ley 6ª de 1945 38
( Resalt ado de la Su bsección) .

3.3.4 Caso concreto

De conformidad con el análisis normativo y jurisprudencia l realizado

38 C o n s e j o
de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de
2020, radicado: 47001 -23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
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Demandante: Jorge Hernán Olaya Lucena

en los párrafos que preceden, en el caso del señor Jorge Hernán
Olaya Lucena se encuentra acreditado lo siguiente:

➢ De acuerdo con el registro civil del demandante , nació el 10 de
julio de 1931 39.

➢ Por formato No. 1 de información laboral del 11 de noviembre
de 2011, el ac tor laboró para el Min isterio de Defensa Nacional
desde el 17 de septiembre de 1950 hasta el 31 de marzo de 1964 40.

➢ Mediante formato No. 2 de salario base para calcular bonos
pensionales del 11 de noviembre de 2011, el Ministe rio d e Defensa
Nacional reportó cotizaciones del accionante hasta el 31 de marzo
de 1964 41.

➢ A través del oficio del 21 de febrero de 2011, el Ministerio de
Defensa Nacional remitió fotocopias auténticas de las «nóminas
más legibles micro filmadas de los meses de septiembre de 1950,
mayo de 1951, diciembre de 1955, octubre de 1961, enero de 1963
y marzo de 1964 del señor OLAYA LUCENA JORGE HERNAN» 42.

➢ Acorde con el formato No. 1 de información laboral del 4 de
enero de 2012 , el demandante laboró en la Gobernación del
Caquetá y efectuó cotizaciones para el Fondo de Pensiones
Territo rial, en l as siguientes plazas 43:

• Cont ador G eneral I nt endenci al del 21 de f ebr er o al 17 de
sept iem br e de 1965.
• I nt endent e del 18 de sept iem br e de 1965 al 12 de noviem br e de
1966.
• Secret ari o de Haci enda de l 24 de oc t ubr e de 1968 a l 1 8 de
sept iem br e de 1970
• Consej ero I nt endenci al del 2 de oct ubr e al 30 de noviem br e de
1978

39 F o l i o 2, c. ppal.
40 F o l i o 48 c. anexo.
41 F o l i o 2 2 c . a n e x o .
42 F o l i o s 1 3 6 a 1 4 2 c . a n e x o .
43 F o l i o 5 1 c . a n e x o .
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• Consej ero I nt ende nci al del 1º de oct u br e al 30 de n oviem br e de
1979
• Di put ado del 1º de f ebr er o al 30 de j unio de 1982
• Secret ari o de G obierno del 6 de oct ub r e de 1988 al 30 de abr il
de 1989 .

➢ De acuerdo con el formato No. 2 de salario base para calcular
bonos pensionales de fecha 8 de junio de 2012, el actor efectuó
aportes a l Fondo de Pensiones Territ orial del Caquetá hasta el 30
de abril de 1989 44.

➢ Según formato No. 3(A) de salarios mes a mes para la
liquidación y emisión de bonos pensionales del 24 de enero de
2011, el accionante trabajó para el Departamento del Caquetá 45, en
los siguientes interregnos:

De febrero a diciembre del año Con asignaciones básicas
1965 mensuales que van de $1.800 a
$3.000
De enero a noviembre de 1966 Con asignaciones básicas
mensuales de $3.000
De octubre a noviembre de 1968 Con asignaciones básicas
mensuales de $3.600
De enero a diciembre de 1969 Con asignaciones básicas
mensuales que van de $3.600 a
$4.500
De enero a septiembre de 1970 Con asignaciones básicas
mensuales de $4.500
De octubre a noviembre de 1978 Con asignaciones básicas
mensuales de $17.050 y $11.000
De octubre a noviembre de 1979 Con asignaciones básicas
mensuales de $31.000 y $30.000
De octubre a noviembre de 1980 Con asignaciones básicas
mensuales de $11.000 y $8.000
Noviembre de 1981 Con asignaciones básicas
mensuales de $28.000 (14 días)
De febrero a junio de 1982 Con asignac iones básicas
mensuales de $40.000, $22.000,
$28.000 y $60.000.
De octubre a diciembre de 1988 Con asignaciones básicas
mensuales de $96.500
De enero a abril de 1989 Con asignaciones básicas
mensuales de $123.100

➢ Por certificación del 10 de abril de 2012, la Gobernación de
Caquetá informó que el demandante prestó sus servicios, entre

44 F o l i o 110 c. anexo.
45 F o l i o s 7 a 9 c. anexo.
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otros, como consejero intendencial y diputado, así 46:

Pr esident e del Consej o I nt endencial: Per í odo legislat ivo
com pr endido ent r e el 02 de e ner o al 30 de dic iem br e de 1978,
habiend o sesio nado desde el 02 h ast a el 31 de oct ubr e, p ar a un
t ot al de 30 sesiones or dinar ias en el m es.

Consej er o I nt endencial: Per í odo legis lat i vo com pr endido ent re el 02
de ener o a l 30 de di ciem br e de 1979, ha biend o s esion ado de sde e l
01 de oct ubr e al 30 de noviem br e de 1979, par a un t ot al de 26
sesiones or din ar ias en el m es.

Diput ado par a el p e r í odo com pr endido del 02 d e ener o de 1982 al
30 de diciem br e de 1984, habiendo asis t ido solo en el año de 1982,
así : en los m eses de f ebr er o 8 sesiones, abr il 5 sesiones, m ayo 7
sesiones y j unio 13 sesiones, par a un t ot al de 33 sesiones
or dinar ias en e l año de 1982.

➢ Mediante Oficio 0005568 de 14 de junio de 2012, el Jefe de
Recursos Humanos de la Gobernació n del Caquetá, precisó que no
es necesario clarif icar la información laboral que ha suministrado,
por cuando fue extractada del archivo de la entidad y está plasmada
en los formatos exigidos [1, 2 y 3 autorizados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público ], de ahí que debe ser tenida en cuenta
para efectos pensionales del actor 47:

Con pr eocupación e st a of icina r ecibe su of icio 20124000412 271 de
30 de m ayo del pr esent e año, en el que por segunda vez solic it a
clar idad en e l cer t if icado cor r espondient e al se ñor JO RG E O LAYA
LUCE NA, cuando la últ im a vez según of icio 00031 59 del m es de
abr il de l pr esent e año, se le expid ió nuevam ent e el m ism o
cer t if icado la bor al, aclar ándo le par t e p or par t e los per í od os de
vincul ación labor a l d el señor O laya Luce na; t al cual com o el m ism o
cer t if icado de inf o r m ación labor a l en los f or m at os 1, 2 y 3
aut or izados por e l M inist er io de la Pr ot ección Soc ia l, M inis t er io de
de Haci enda y Cr éd i t o Públic o, lo ex ige n par a el t r ám it e pe nsiona l
de quienes lo r equi er en, vulner ándose los pr inci p ios de la f unción
adm inist r at iva com o la ef icacia y la t r anspar encia, t oda vez que se
ha est ado dilat and o la pet ición de p ensión y a la vez se est á
desconocie ndo l a pr esunción de leg alid ad de que g o za la
inf or m ación por nosot r os sum inist r ada.

La inf or m aci ón que hem os cer t if icado es ext r act ada dir ect am ent e
de los Kar dex que reposan en el ar chivo gener al de la G ober nació n
del Caqu et á, puest o que la hoj a de vida del señor O LAYA LU CENA,
com o I nt endent e del Caquet á no se encont r ó, debido a que la

46 F o l i o 71 c. anexo.
47 F o l i o s 85 y 86 c. anexo.
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m ayor í a de los ar chivos por el pas o de los años se des int e gr ar on,
sin encont r ar r ast r o alguno.

Cont inuan do con lo solic it ado por ust ed, m e per m it o dar r espuest a
a los 4 punt os, así :

1. No t enem os conocim ient o ni hay ningún docum ent o que nos
m anif iest e com o se elegí an o n om br aban a los I nt ende nt es, par a
esa época.

2. No r eposa docum ent o alguno qu e m anif i est e que el señor O LAYA
HERR ERA se enco nt r ar a inhabil it ado par a ej er cer el cargo de
I nt endent e del Ca quet á, por haber sido Cont r al or G ener al
I nt endencial.

➢ A través de la certificación del 26 de septiembre de 2013, la
Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer que el
accionante resultó elegido «en las elecciones de CONSEJO
INTENDE NCIAL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, para los períodos
constitucionales relacionados a continuación» 48:

PERÍODO CONSTITUCIONAL PARTIDO POLÍTICO
1968-1979 OFICIALISTAS
1978-1980 LIBERAL COLOMBIANO
1980-1982 LIBERAL COLOMBIANO

También inform ó que no «encontró que el señor OLAYA LUCENA ,
hubiere resultado electo en la elección de 1982 para ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL de CAQUETA, realizada el día 14 de marzo de
1982».

➢ En las a ctas de sesiones intendenciales: del 21 de febrero de
1965 al 12 de noviemb re de 1966 , del 24 de octubre a diciembre de
1968 49 y de 1980 a 1981, figura el demandante 50.

➢ En las a ctas de sesi ones Nos. 1º del 2 de octubre de 1978, 71
del 30 de noviembre de 1978 y 6 del 10 de octubre de 1979, aparece
el actor como Consejero Intendencial de Florencia 51.

48 F o l i o 417 c. anexo.
49 F o l i o s 87 a 88 c. anexo.
50 F o l i o s 9 0 y 9 1 c . a n e x o .
51 F o l i o s 9 3 a 9 9 c . a n e x o .
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➢ La Resolución 3 d e 1978 fue suscrit a por el accionante , en su
calidad de P residente del Consejo Intendencial 52.

➢ En las a ctas de se siones de diputado de 1982 , se relaciona al
demandante 53.

➢ En los Decretos 522 del 1º de octubre , 567 del 19 de octubre,
601 del 3 de noviembre, 689 del 29 de diciembre de 1988, 35 del
25 de enero y 123 del 30 de marzo de 1989, el Gobernador del
Caquetá nombró al actor en la plaza de secretario de gobierno 54.

➢ Por medio de certificación del 2 de febrero de 2011, la Cámara
de Representantes hizo constar que el accionante fue
Representante desde el 9 de agosto hasta el 7 de octubre de 1994
y del 31 de julio de 1995 al 19 de julio de 1998 55.

➢ De acuerdo con el formato No. 1 de información laboral del 21
de diciembre de 2011, el demandante laboró para la Cámara de
Representantes del 9 de agosto al 6 de octubre de 1994 y del 31 de
julio de 1995 al 19 de julio de 1998, lapsos en los cuales estuvo
afiliado a Fonprec on 56.

➢ Según formato No. 3(A) de sala rios mes a mes para liquidar
pensiones del régimen de prima media del 13 de abril de 2011, el
actor laboró en la Cámara de Representantes en los meses de (i)
agosto a octubre de 1994; (ii) agosto a dic iembre de 1995, (iii)
enero a diciembre de 1996, (iv) enero a diciembre de 1997 y (v)
enero a julio de 1998 57.

➢ Conforme con la certificación de la Oficina Asesora de

52 F o l i o 92 c. anexo.
53 F o l i o 89 c. anexo.
54 F o l i o s 1 0 0 a 1 0 5 c . a n e x o .
55 F o l i o 1 2 c . a n e x o .
56 F o l i o 4 2 c . a n e x o .
57 F o l i o s 1 3 a 1 5 c . a n e x o .
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Planeación y Sistemas de Fonprecon, el accionante efectuó
cotizaciones a la e ntidad, en los años 1994 (septiembre y octubre),
1995 (agosto a diciembre), 1996 (enero a diciembre), 1997 (enero
a diciembre) y 199 8 (enero a agosto) 58.

➢ Según constancia de Asofondos del 19 de diciembre de 2011, el
demandante «figura como afiliado a la Administradora de Pensiones
ISS, desde el cuatro (4) de ABRIL de mil novecientos noventa y
cuatro (1994)» 59.

➢ Acorde con el reporte del ISS de fecha 21 de diciembre de
2011, el actor estuvo afiliado a ese instituto, a cargo d e la aportante
María Judith Almario Losada, en los siguientes períodos 60:

Razón soci al Desde Hast a Semanas
M ar í a Judit h 04/ 04/ 1994 31/ 12/ 1994 38. 86
Alm ar io
M ar í a Judit h 01/ 11/ 1996 21/ 12/ 1996 5. 57
Alm ar io
Tot al 44. 43

➢ La Procuraduría General de la Nación , en ejercicio de su función
preventiva, le presentó a la Subdirectora de Prestaciones
Económicas de Fonprecon ciertas reflexiones para el estudio de la
situación pensional del accionante , por las denuncias anónimas que
se han recibido 61:

4. Exam inados los d ocum ent os que apar ecen en el exped ien t e, se
encuent r a que, cuando el pet icionar i o se desem peñaba com o
Repr esent ant e a la Cám ar a, t am bién apar ece, de maner a
sim ult ánea, cot izan do al I SS, f igur ando , coincidenc ia lm ent e, com o
em pleador a la se ñor a M ar í a Judit h Alm ar io, quien, com o se di j o, f ue
la que pr esent ó a nom br e de aquel la sol icit ud de pens ión.

5. Debe t ener se t ot al cer t idum br e sobr e los t iem pos de se r vicios
labor ados por e l pet i cionar io e n las d if er ent es ent idades de l Est ado,
y con los cuales se est á acr edit ando el r equisit o de sem anas
cot izadas, pues, por lo que apar ece en el expedient e, no exist en las

58 F o l i o 35 c. anexo.
59 F o l i o 38 c. anexo.
60 F o l i o 4 6 c . a n e x o .
61 F o l i o s 1 4 9 y 1 5 0 c . a n e x o .
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hoj as de vida de él que sir van de sopor t e par a expedir las
r espect ivas const ancias de t iem po de ser vicio.

➢ Todas est as pr evisi ones cobr an m ayor sent ido en la m edi d a en
que, según a m anif e st ado su Despacho - Fonpr econ - , ví a t elef ónica
• a su celu lar per sona l - un anón im o le ex pr esó, j ust am ent e al r ealizar
m ovim ient os del pr oceso, en dos opor t u nidades, qu e exist e n vici os
o adult er acio nes q ue im piden r econ o cer la pensió n r ecl am ada,
am enazándola, i ncl uso, que, en caso de hacer lo, se at enga a las
consecuenci as penales. Es ent endido que en la hipót esis de
r ecibir se ot r a ll am ada, habr á que pr egun t ar le al int er l ocut or cuál es
la r azón de su glosa .

➢ Fina lm ent e, vale indicar que, en el event o de pr oceder el
r econocim ient o de l a pr est ación baj o est udio, ést a debe liquidar se
con est r ict a suj eción a la sent encia C - 258 de 7 de m ayo de 2013,
pr of er ida por la Cor t e Const it uciona l.

➢ Mediante Oficio del 18 de septiembre de 2013, la Oficina de
Seguridad Social Técnica Investigativa (SETEI) rindió conclusiones
a Fonprecon respecto de la verificación laboral que efectuó, dentro
de las cuales, está que lo certif icado por la Gobernación del
Caquetá estuvo soportado en un Kardex y unas planillas existentes
de esa época, así 62:

Recib ida la inf or m ac ión básica por par t e de la ent idad se procedió
a r ealizar la cor r esp ondient e ver if icac ió n en su m ayor í a a cubier t o.

> Se r ealizó ver if ica ción del Cer t if icado de I nf orm ación labor al ant e
Ar chivo del M in ist er io de Def ensa en d onde nos c onf ir m ar on que
dicha cer t if icació n fue expedida de acuer do al ar chivo gener al que
allí r eposa.

Así m ism o, que inic ialm ent e f ue Com is ar iat o Cent r al, ent id ad que
inic ió l abor es en 19 47 y post er ior m ent e se convir t ió en e l Fondo
Rot at or io del Ej ér cit o en el año de 1954, j ust if icando así la f echa de
ingr eso que f igur a e n la cer t if icación ex pedida por la ent i da d.

> En l a ci udad de Fl orenci a ( Caquet á) se reci bi ó i nf ormaci ón
que l as cert i f i caciones expedi das p or l a G obernaci ón f ueron
real i zadas con bas e a un Kar dex y a unas pl ani l l as exi st ent es
de esa época.

> No se ub icó en A lcaldí a n i G ober nac i ón, hoj a de vida exi st ent e
del Señor O laya Luc ena, al par ecer est á desapar ecida.

> El m encionado actualm ent e r eside en una de sus pr opiedades de
nom br e Villa Tit i, ubic ada en el bar r io Avenida, allí en com pañí a de
la Señor a M ar í a Judit h Alm ar io con qu ie n ha convivi do por m uchos

62 F o l i o s 390 a 391 c. anexo.
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años, en la act ualidad son at endidos por un enf erm er o que est á
pendient e de l est ado de salud de los dos, en r azón a que el Señor
Jor ge Her nán O la ya Lucena, se encuent r a af ect ado por var ias
enf er m edades y últ i m am ent e suf r ió un pr oblem a cer ebr al e l cual a l
par ecer le im pide su desem peño y desplazam ient o nor m al, por lo
ant er ior se desplaza en silla de r uedas ( negr it a f uer a del t ext o) .

➢ Por radicado 20134000033211 de 8 de mayo de 2013,
Fonprecon le dio a l demandante que no ha podido resolver la
solicitud pensional por cuanto (i) necesita información de su
cónyuge Aram inta Rodríguez y (ii) «no han sido remitidos la
totalidad de los pagos efect uados como empleado en las entidades
para las cuales laboró, así como tampoco ha sido allegado el
permiso para trabajar en el Fondo Rotatorio del Ejército, entidad en
la cual estuvo vinculado antes de cumplir la mayoría de edad» 63.

➢ El actor promovió una acción de tutela porque las dilaciones
injustificadas de Fonprecon en el trámite de reconocimiento
pensional, transgreden sus derechos al mínimo vital y seguridad
social 64. En el escrit o afirma que todas las entidades empleadoras
han confirma do sus relaciones l aborales y actualmente es un a
persona enferma :

Todas las ent ida des ( M inist er io de Def ensa Naciona l, G ober nación
del Caq uet á, I SS y la Cám ar a de Repr e sent ant es) conf ir m ar on las
cer t if icaciones labo r ales ant e el Fon d o de Pr evisi ón Soc ia l de l
Congr eso de la Rep úblic a, en el f or m at o exigi do por el M i nist er io de
Hacien da y Cr édit o Públ ico.
[ …]

En la act ualida d soy per sona enf er m a, suf r í de un accident e cer ebr o
vascular , y necesit o de est ar conect ado a una bala de oxí geno, m is
gast os se han ido i ncr em ent ando debid o al det er ior o de m i salud
por la enf er m edad, los alt os cost os de mis m edicinas y lo av anzado
de m i edad.

He t enido pac ienc ia con est e t r ám it e, por que no quier o dej ar dudas
sobr e el cum pl im ien t o de los r equis it os exigi dos en l a Ley, m áxim e
cuando en m i co ndici ón de ex co ngr esist a, se debe t ener
t r anspar encia por e ncont r ar nos en la p alest r a públ ica, per o no es
r azón par a que se m e est igm at ice ex igie ndo r equ isit os que no
cont em pla la nor m a sobr e conf ir m acione s labor ales .

63 F o l i o s 147 a 148 c. anexo.
64 F o l i o s 158 a 167 c. anexo.
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➢ Por providencia de 24 de junio de 2013, el Juzgado Penal del
Circu ito Especializado de Florencia a mparó los derechos invocados
por el accionante y ordenó a Fonprec on, en término de 48 horas,
resolver la solicitu d pensional del antes nombrado 65.

➢ A través de la Resolución 421 de 5 de julio de 2013 , Fonprecon
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación [radicado el 6
de diciembre de 2011] , porque no se cuenta con toda la información
laboral y no se tien e certeza «del posible derecho pensional del que
sería acreedor el señor JORGE OLAYA LUCENA, en atenci ón a la
orden tutelar de resolver concediendo o negando la prestación» 66:

Q ue luego de la r em isión de inf or m aci ón solic it ada por par t e del
Depar t am ent o del Caquet á se pr oced ió a r eal izar los t r ám it es
int er nos par a est abl ecer el t iem po r eal l abor ado por el señor O LAYA
LUCE NA ( cont eo de t iem pos) , encont r ando que t ant o la inf or m ación
pr ovenient e de la Gober nación de Caqu et á com o la del M inist er io
de Def ensa cont aba con inconsist enc ias r elacion adas con:

a) No exist enc ia de c l ar idad r espect o de los car gos cer t if ica dos:
I nt endent e, Consej er o I nt endencial y D iput ado de D epar t am ent o,
pr ecisam ent e ant e l a r egulac ión espec i al de t ales f igur as en ar as
de est ablecer el t ie m po r eal labor ado.

b) El t iem po cer t if ic ado por el M in ist er io de Def ensa daba c uent a de
t r abaj o r ealizado cuando er a m enor de edad .

➢ Por Resolución 712 de 9 de octubre de 2013 , Fonprecon
confirmó el anterior acto administrativo 67, porque el demandante no
es beneficiario del régimen especial de congresistas y no acredita,
en todo caso, 20 años de servicio :

En vir t ud de lo expuest o y t eniendo en cuent a los tiem pos
debidam ent e cer t if i cado s por las ent idades concur r ent es, según
Cont eo de t iem pos elabor ado por la Su bdir ecció n de Pr est aciones
Económ icas de FO NPRE CO N ( f ls. 396 - 400) se est ablece que el
señor JO RG E HERN AN O LAYA LUC ENA, acr edit a 17 añ os, 3 m eses
y 6 dí as de t iem po de ser vicio en e nt id a des públ icas y pr iva das, t al
com o se obser va a cont inuaci ón:

65 F o l i o s 220 a 35 c. anexo.
66 F o l i o s 21 a 24, c. ppal..
67 F o l i o s 2 5 a 4 2 , c . p p a l .
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ENTIDAD CAJA DE PERÍODO TIEMPO
PREVISIÓN
Ministerio de Ministerio de 17/09/1950 – 13 años, 6
Defensa Defensa 31/03/1964 meses y 14
Nacional Nacional días
Cámara de Fonpecon 09/08/1994 – 29 días
Representantes 6/10/1994
Cámara de Fonprecon 31/07/1995 – 2 años, 11
Representantes 19/07/1998 meses y 1 día
María Judith ISS 04/04/1994 – 8 meses, 3
Almario 31/12/1994 días
María Judith ISS 01/11/1996 - 19 días
Almario 31/12/1996

[ …] de acuer do con el Cont eo de t iem pos labor ado por la
Subdir ecc ión de Pr est aciones Económ i cas de FO NPREC O N se
est ablece que si b ien el señor es benef iciar i o del r égim en de
t r ansición por cuant o al 1º de abr il de 1994 cont aba con 40 años de
edad, lo es t am bién que acr edit ó 17 años, 3 m eses y 6 dí as de
t iem po de ser vicio en ent idades públic as y pr ivadas, pr esupuest o
que im pide dar apli cación del pr ecit ad o r égim en, en t ant o que el
r ecur r ent e no cum ple con el r equis it o d e los 20 años de se r vicios
r equer idos [ …]
[ …]

Est ableci das las nor m as legales y ef ect uado el anális is
j ur ispr udencia l, es clar o par a est a ent idad qu e el señor O LAYA
LUCE NA se af il ió a est e Fondo el 9 de agost o de 1994, por t ant o,
es pr eciso señalar que no es posible est udiar la pr est ación
solic it ada a la lu z del Decr et o 1 293 de 1994, dado que, según lo
pr evist o en los ar t í culos 2 y 3 del Decr et o 1293 de 1994, el R égim en
de Congr esist as est ablecido en el D ecr et o 1359 de 1993 es
aplic able a aque llo s que t uvier on la calid ad de Congr esi st as en
algún m om ent o con ant er ior idad a l 1º de abr il de 1994, pr esu puest o
que no cum ple el señor JO RG E HERNÁN O LAYA LUC ENA al
posesionar se c om o Congr esist a, por pr i m er a vez , el 09 de agost o
de 1994, según const a en cer t if icación exp e dida por la
Subsecr et ar í a G eneral de la Hon or able C ám ar a de Repr esent ant es,
visib le a f olio 4 1 del exped ient e ad m inist r at ivo, es decir , con
post er ior idad a l 1º de abr il de 1994, r azó n por la cual no deb e dar se
aplic ación a la nor m at iva señalad a.

De lo an t er ior se c oncluye que s i bie n el señor JO RG E HERNÁ N
O LAYA LU CEN A es benef iciar io de l r égi m en de t r ansición p r evist o
en el ar t í culo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuant o al 1º de abr il de
1994 cont aba con más de 40 años, t am bién lo es que no cuent a con
los 20 años exigidos por la Ley 71 de 1988, siendo ést e el r égim en
ant er ior al cual se encont r aba af iliado y, que, adem ás no es posib l e
est udiar la pr est ac ió n solic it ada a la luz del Decr et o 12 93 de 1994,
el cual est ablec e el Régim en de Tr ansic i ón Especia l de Cong r esist a,
por cuant o el señor JO RG E HERNÁN O LAYA LUCE NA no ost ent ó
dicha cal idad, con p ost er ior idad al 1º de abr il de 1994.

➢ Según el registro de defunción indicativo serial 07370021, el

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actor falleció el 25 de abril de 2016 68.

3.3.1 Prueba de oficio

➢ Por auto del 1º de julio de 2021 69, se ofició a Fonprecon para que
certifique «si, fina lmente, pudo esclarecer algo en relación con los
tiempos laborales que pretendía acreditar el señor Jorge Hernán Olaya
Lucena» (q.e.p.d.) .

Fonprecon, s obre el particula r, insist ió en que continúan las
inconsistencias, p or lo que resulta necesario que se requiera a la
Gobernación del Caquetá y a la Registraduría Nacional del Estado Civil
para que convaliden los tiempos laborados por el antes nombrado 70.

Que el 18 de mayo de 2023 71, pidió inf ormación a las entidades en las
que laboró el señor Olaya Lucena (q.e.p.d ) y estableció lo que sigue :

Entidades Hallazgos
Fondo Rotatorio del Ejército Se debe tener en cuenta
Nacional.
Se solicitó fotocopia de las nóminas
Trabajador oficial del 17 de de pago del señor Olaya y
septiembre de 1950 al 31 de marzo certificación de pagaduría donde se
de 1964 indicaran los pagos efectuados por
conceptos prestados a ese
Ministerio.

[...] se concluyó que dicho tiempo s í
debe ser tenido en cuenta, por
cuanto según informe de
verificación laboral, presentado por
la Empresa de Seguridad Social
Técnica Investigativa, la
información contenida en el
certificado de información laboral
fue expedida de acuerdo al archivo
general que allí reposa,
convirtiéndose en el Fondo
Rotatorio del Ejercito en el año
1954, justificando así la fecha de
ingreso que figura en la certificación
expedida por la entidad.
Departamento del Caquetá. No se tiene certeza

68 F o l i o 107, c. ppal.
69 F o l i o s 344 y 345.
70 Í n d i c e 1 6 d e S a m a i .
71 Í n d i c e 2 9 d e S a m a i .
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• Contador General Intendencial
del 21 de febrero al 17 de septiembre De acuerdo a las respuestas
de 1965. remitidas por la Gobernación
• Intendente del 18 de septiembre Departamental del Caquetá y una
de 1965 al 12 de noviembre de 1966. vez confirmados los tiempos de
• Secretario de Hacienda del 24 servicio del peticionario con los
de octubre de 1968 al 18 de allegados, se concluyó que NO se
septiembre de 1970 pudo tener certeza y claridad sobre
• Consejero Intendencial del 2 de estos documentos, ya que no existe
octubre al 30 de noviembre de 1978 congruencia, en cuanto a tiempos
• Consejero Intendencial del 1º de de servicios, actas de posesión,
octubre al 30 de noviembre de 1979 hoja de vida, fechas de inicio y
• Diputado del 1º de febrero al 30 terminación de sesiones, numero de
de junio de 1982 sesiones y periodo le gislativo.
• Secretario de Gobierno del 6 de
octubre de 1988 al 30 de abril de Que la Dirección de Gestión
1989 Electoral de la Registraduría
Nacional del Estado Civil informo
que NO resultó electo para la
Asamblea Departamental del
Caquetá, realizada el día 14 de
marzo de 1982, tiempo que en
consecuencia tampoco se tuvo en
cuenta para el estudio de la
prestación.
Cámara de Representantes Se debe tener en cuenta

Representante a la Cámara del 9 de Se concluyó entonces respecto del
agosto al 6 de octubre de 1994. Y del tiempo laborado como Representante
31 de julio de 1995 al 19 de julio de ante la Cámara el periodo
1998 comprendido entre el 9/08/1994
hasta el 19/07/1998, que
efectivamente dichos tiempos si se
tuvieron en cuenta para el estudio de
la prestación.
Instituto de Seguros Sociales Se encontró tiempo de cotización
al ISS

[...] respuesta allegada mediante
oficio No. 132204551 del 04 de enero
de 2012, por la cual remitió el reporte
de semanas cotizadas durante el
periodo de 1967 – 1994, para un total
de 44,43 semanas cotizadas.

Concluyó que, «a pesar de haber hecho los requerimientos a las
entidades ya mencionadas, las inconsistencias en los tiempos
persisten y por ende al realizar el co nteo de tiempos laborales por
parte de FONRECON, se estableció que el señor JORGE HERNÁN
OLAYA LUCENA, quien en vida se identificaba con cedula de
ciudadanía No. 89.821 de Bogotá, acreditó 17 años, 3 meses y 6
días de tiempo de servicio en entidades públicas y priva das».

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➢ Mediante proveído del 13 de abril de 2023 72, se ofició a la
Gobernación del Caquetá y a la Registraduría Nacional del Estado Civil
para que certifique n lo que conozcan respecto de los tiempos que
relacionó el causante en esas entidades.

La Registraduría Nacional del del Estado Civil adjunto una estadística
en la que aparece que el señor Jorge Olaya Lucena fue elegido
consejero intendencial del Casanare en el período 1978 -1980 73. Esta
entidad, también certificó el 30 de mayo de 2023, lo que sigue :

[ . . .] Consult ados lo s ar chivos y bases de dat os que r eposan en est a
dir ección a l a f echa, de m aner a at enta m e per m it o r em it ir copia en
f or m at o PDF de la siguient e inf or m ación:

• Relac ión de Consej er os I nt endencial es eleg idos ( Libr o d e E st adí st icas
Elect or ales 1978 - RNEC) par a el per iodo const it ucional 197 8 - 1980 en
el depar t am ent o del Caquet á, en donde se evidenc ia que el ciudadan o
JO RG E HERN ÁN O LAYA LU CEN A f ue elect o, en las elecc iones
celebr adas el 26 de f ebr er o de 1978.

• Relación de Diput ados elegid os ( Libr o de Est adí st icas Elect or ales
1982 - RNEC) pa r a el per iodo con st it uciona l 1982 - 19 84 en el
depar t am ent o del C aquet á, en donde s egún los r eg ist r os que r eposan
en la RNE C no es posibl e est ablecer si, el ciudadan o JO RGE HERN ÁN
O LAYA LUCE NA, candi dat o o no, al igual que su elección t eniendo en
cuent a que los ar chivos est adí st icos no r egist r an al ciudadano en
m ención par a las el ecciones cel ebr adas el 14 de m ar zo de 1982.

Fina lm ent e, m e per m it o indicar qu e la i nf or m ación m encionada
ant er ior m ent e es la única qu e r eposa en la Reg ist r adur í a Na ciona l del
Est ado Civi l, t oda vez que el ar t í culo 209 del Decr et o 2241 de 1986
( Código Elect or a l) , m enciona que " Los docum ent os elect or ales podr án
ser inciner ados por los f uncionar ios de la Regist r adur í a Naciona l del
Est ado Civ il, una ve z vencidos los r espe ct ivos per í odos par a Pr esident e
de la Repúbl ica y m iem br os del Congr eso, Diput ados, Consej er os
I nt endencial es y Com isar iales y Concej ales [ . . . ]” .

3.3.2 Análisis sustancial

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de
señalarse es que no se puede continuar prolo ngando el
reconocimiento que se persigue , por circunstancias atribuibles a
Fonprecon, pues este fondo no obtuvo pruebas concluyentes

72 F o l i o s 347 a 350.
73 F o l i o 32 de Samai.
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respecto de las p resuntas inconsist encias que se susc itaron en
relación con los t iempos laborados por el señor Ola ya Lucena
(q.e.p.d.) en la Gobernación de l Caquetá y pasó por alto los
documentos públicos que los respaldaban (formatos 1 , 2 y 3
autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , actas
de sesiones, decretos, resoluciones y certificaciones ), lo s hallazgos
de la Oficina de Seguridad Social Técnica Investigativa (SETEI) y
las afirmaciones de veracidad de la aludida entidad empleadora.

En efecto, si se analizan los tiempos que buscaba acreditar el antes
nombrado en la Gobernación del Caquetá se encuentra que estos
cuentan con soporte s y no pudieron ser objeto de tacha alguna, así:

Plaza Tiempo y soportes
• Contador General Intendencial - 6 meses y 26 días
del 21 de febrero al 17 de Está acreditado con:
septiembre de 1965. El formato No. 1 de información
laboral del 4 de enero de 2012.
El formato No. 3A de información
laboral del 24 de enero de 2011 .
• Intendente entre el 18 de Está demostrado con:
septiembre de 1965 y el 12 de El formato No. 1 de información
noviembre de 1966. laboral del 4 de enero de 2012.
El formato No. 3A de información
laboral del 24 de enero de 2011.

Para rebustecer lo anterior, en el
plenario obran actas de sesiones
intendenciales del 21 de febrero de
1965 al 12 de noviembre de 1966.
• Secretario de Hacienda del 24 - 1 año, 1 mes y 24 días
de octubre de 1968 al 18 de Está probado con:
septiembre de 1970 El formato No. 1 de información
laboral del 4 de enero de 2012.
El formato No. 3A de información
laboral del 24 de enero de 2011.
• Consejero Intendencial del 2 de Está acreditados con:
octubre al 30 de noviembre de 1978 El formato No. 1 de información
• Consejero Intendencial del 1º de laboral del 4 de enero de 2012.
octubre al 30 de noviembre de 1979 El formato No. 3A de información
laboral del 24 de enero de 2011.

Ahora bien, conforme a las
certificaciones de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y del
empleador, las actas de sesion es y
las resoluciones suscritas, el
demandante:

➢ Fue elegido «en las elecciones
de CONSEJO INTENDENCIAL
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Demandante: Jorge Hernán Olaya Lucena

DEPARTAMENTO DE CAQUETA,
para los períodos constitucionales
relacionados a continuación»: 1968 -
1979, 1978-1980 y 1980-1982.

➢ Fue presidente del Consejo
Intendencial y sesionó del 2 al 31 de
octubre de 1978.

➢ Fue consejero intendencial y
sesionó del 1 de octubre al 30 de
noviembre de 1979.

Lo anterior se corrobora con las
actas de sesiones Nos: 1º del 2 de
octubre de 1978, 71 del 30 de
noviembre de 1978 y 6 del 10 de
octubre de 1979, en las que aparece
el actor como consejero
intendencial.

Con la Resolución 3 de 1978,
suscrita por el accionante en calidad
de presidente del Consejo
I n t e n d e n c i a l 74.

• Consejero Intendencial 11 días También con el formato No. 3A de
del mes de octubre y 8 del mes de información laboral del 24 de enero
noviembre de 1980. de 2011 que convalida dichos
• Consejero Intendencial 14 días tiempos. Igualmente, los cotizados
del mes de noviembre de 1981 en los meses de octubre y noviembre
de 1980 y, noviembre de 1981.
• Diputado entre el 1º de febrero y Conforme a la certificación del
el 30 de junio de 1982 empleador, el demandante:

➢ Asistió solo en el año de 1982,
así: en los meses de febrero 8
sesiones, abril 5 sesiones, mayo 7
sesiones y junio 13 sesiones, para
un total de 33 sesiones ordinarias

Lo anterior se corrobora con el acta
de sesiones de diputado de 1982.
Así como con los formatos Nos. 1 de
información laboral del 4 de enero
de 2012 y 3A de información laboral
del 24 de enero de 2011, último que
da cuenta de las asignaciones
devengadas por el actor en los
meses de febrero, abril, mayo y junio
de 1982.
• Secretario de Gobierno del 6 de - 6 meses y 24 días
octubre de 1988 al 30 de abril de Está acreditado con:
1989 El formato No. 1 de información
laboral del 4 de enero de 2012.
El formato No. 3A de información
laboral del 24 de enero de 2011.

74 F o l i o 92 c. anexo.
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Lo anterior, se reafirma con los
Decretos 522 del 1º de octubre, 567
del 19 de octubre, 601 del 3 de
noviembre, 689 del 29 de diciembre
de 1988, 35 del 25 de enero y 123
del 30 de marzo de 1989, a través
de los cuales el Gobernador del
Caquetá nombró al actor en la plaza
de secretario de gobierno.

Por lo evidenciado y para atender los principios de celeridad y
justicia material , la Sala tendrá en cuenta los tiempos laborados por
el demandante en la Gobernación del Caquetá .

En este punto, resulta pertinente señalar que el ordenamiento
jurídico determinó la manera en que se debe computar el t iempo
servido por los con gresistas o diputados , así:

Ley 48 de 1962, en su artículo 9, prevé:

Ar t í culo 9. Par a los ef ect os del ar t í culo 29 de la ley 6ª de 1 9 45, los
lapsos o per iod os de t iem po en que se hayan dev engado
asignac iones por ser vicios pr est ados a la Nación, en el ej er ci cio del
car go de senador o r epr esent ant e; o a los depar t am ent os, en el de
diput ado a la asam blea, se acum ular á n a los dem ás lapsos de
ser vicio of ic ial o s em iof icia l. Para l os ef ect os de l a j ubi l aci ón
precedent e, l os perí odos de sesi ones ordinari as o
ext raordi nari as del Congreso y de l as asambl eas en cada
l egi sl at ura anual se equi pararán a l o s doce ( 12) meses de un
año de cal endari o, o, proporci onal ment e al t i empo servi do en el
Congreso o asambl ea en l a respect i va l egi sl at ura ( negr it a f uer a
del t ext o) .

Posteriormente, la Ley 5 de 1969, señaló:

A rt í cul o 3º . [. . .] Para ef ect os de l a j ubi l aci ón precedent e, l as
sesi ones ordi nari as o ext raordi nari as de esas corporaci o nes en
cada l egi sl at ura anual , se comput arán en mat eri a de t i empo y
de asi gnaci ones como si el Congresi st a o Di put ado hubi ese
servi do l os doce meses del respect i vo año del cal endari o, y
hubi ese perci bi do durant e cada uno de di chos doce meses
i dént i cas asi gnaci ones mensual es a l as devengadas en el
t i empo de sesi ones .

Si los m iem br os de las m encionadas c or por aciones no hu biesen
asist ido a t odas la s sesiones or dinar i as o ext r aor dinar i as de la
legis lat ur a, se har á el cóm put o en pr opo r ción al t iem po de s er vicio.

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Parágraf o 1º . - Si las cor por aciones púb li cas no se hubiesen r eunido
por cualquier causa, se aplicar á el pr esent e art í culo par a los ef ect os
de t iem po y asignaciones com o si dich as cor por aciones hubiese n
est ado r eunidas.

Parágraf o 2º . - Est as regl as se apl i carán cual qu i era que f uere l a
época en que se ha yan prest ado est os servi ci os a l a Nación o a
l os Depart ament os ( negr ill a f uer a de t ext o)

La jurisprudencia del Consejo de Estado, respecto del cómputo de
tiempo de servicio, para efectos pensionales, de los congresistas y
diputados, ha enseñado:

[ . . .] si los m iem br os del congr eso de la r ep úbl ica concur r en a t odas
l as sesi ones or dinar ias o ext r aor dinar ias celebr adas en cada
legis lat ur a anua l, le s asist e el d er echo a que se l es com pu t en en
m at er ia de t iem po y de asig nacio nes, doce m eses de u n año
calendar io. sin em bar go, si no asi sten a l a t ot al i dad de las
sesiones or d inar ias o ext r aor dinar ias co nvocadas en la leg i slat ur a
cor r espondient e, p ues en t al caso, com o expr esam ent e lo
det er m inan los pr ecept os que r egulan est a m at er ia, el cómput o se
debe hacer de ma nera proporci onal al t i empo servi do [ . . .] 75
( negr ill a f uer a de t ext o)

De manera que de conformidad con las normas transcritas, si el
diputado asiste a todas las sesiones ordinarias o extrao rdinarias en
cada legislatura, se le tiene como año calendario de servicio, o si
no, proporcional al tiempo servido. Esa regla se aplica cualquiera
que fuere la época en que se hayan prestado estos servicios.

Si se atiende la a nterior precisión n ormativa , el hecho de que los
consejeros intendenciales tienen los mismos derechos consagrados
en la ley para los diputados y los lapsos de servicios que no fueron
objeto de discusión por parte de la entidad demandada o que no
pudieron ser desvirtuados , se obtiene el siguiente panorama
laboral:

Entidades Períodos
Fondo Rotatorio del Ejército - 13 años, 6 meses y 14 días
Nacional

75 C o n s e j o
de Estado. Radicación 2004 -1099, sentencia del 10 de junio de 2014,
C.P Gustavo Eduardo Gómez Arangueren. 9 Medida de algo conforme a una escala
determinada.
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Trabajador oficial del 17 de
septiembre de 1950 al 31 de marzo
de 1964
Departamento del Caquetá
• Contador General Intendencial - 6 meses y 26 días
del 21 de febrero al 17 de septiembre
de 1965.
• Intendente del 18 de septiembre - 1 año, 1 mes y 24 días
de 1965 al 12 de noviembre de 1966.
• Secretario de Hacienda del 24 - 1 año, 10 meses y 24 días
de octubre de 1968 al 18 de
septiembre de 1970
• Consejero Intendencial del 2 de - 1 año
octubre al 30 de noviembre de 1978
• Consejero Intendencial del 1º de - 1 año
octubre al 30 de noviembre de 1979
• Consejero Intendencial 11 días - 1 año
del mes de octubre y 8 del mes de
noviembre de 1980 .
• Consejero Intendencial 14 días - 14 días
del mes de noviembre de 1981.
• Diputado del 1º de febrero al 30 - 1 año
de junio de 1982
• Secretario de Gobierno del 6 de - 6 meses y 24 días
octubre de 1988 al 30 de abril de
1989
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 76

Representante a la Cámara del 9 de - 1 mes y 27 días
agosto al 6 de octubre de 1994. Y del - 2 años, 11 meses y 18 días
31 de julio de 1995 al 19 de julio de
1 9 9 8 77 Tiempo no cuestionado por la
entidad
Total - 24 años, 10 meses y 18 días

A f i l i a c i ó n a l I S S 78 - 44.43 semanas
Razón social de la aportante: María
Judith Almario Del 4 de abril al 31
de diciembre de 1994. Y del 1º de
noviembre al 21 de diciembre de
1996

Del acervo probatorio se infiere que el señor Jorge Hernán Olaya
Lucena (i) prestó sus servicios en diferentes entidades del sector
público [2 4 años, 10 meses y 18 días] y privado [44.43 semanas ];
(ii) ejerció activid ad legislativa, por primera vez, en calidad de
Representante por la circunscripción electoral del departamento del
Caquetá con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4ª de
1992 [18 de mayo de 1992 - 9 de agosto de 1994 ]; (iii) para el 1°

76 F o l i o 10, c. ppal y, 12 y 41 c. anexo.
77 F o l i o s 1 3 a 1 5 c . a n e x o . O b r a c e r t i f i c a c i ó n d e s a l a r i o s m e s a m e s p o r t o d o e l t i e m p o

laborado en la Cámara de Representantes.
78 F o l i o 4 6 c . a n e x o .
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de abril de 1994 79, ya contaba con más 21 años de servicio y 62
años de edad 80; y (iv) solicitó de Fo nprecon el reconocimiento
pensional [ 6 de diciembre de 2011 81], petición que fue negada, a
través de las Resoluciones acusadas 421 y 712 de 2013 .

En consonancia con lo anterior, se puede concluir que al antes
nombrado no le era aplicable el régimen especial de pensiones de
los congresistas establecido en el Decreto 1359 de 1993 por cuanto
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 [18 de mayo
de 1992] no era legislador, condició n que resulta absolutamente
indispensable para ser destinatario de dicha regulación.

Por otra parte, tampoco era beneficiario del régimen de transición
del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, en tanto que este último
fue creado para quienes ocuparon el empleo de congresista entre
el 18 de mayo de 1992 y el 1º de abril de 1994, caso en el cual
tampoco se enc ontraba el señor Olaya Lucena (q.e.p.d.), por cuanto
(i) se posesionó, por primera vez, co mo legislador el 9 de agosto
de 1994; y (ii) si bien es cierto que se desempeñó como
representante, también lo es que fue con posterioridad al interregno
referenciado [ del 9 de agosto al 6 de octubre de 1994. Y desde el
31 de julio de 1995 hasta el 19 de julio de 1998 ].

Por otra parte , resulta pertinente señalar que como el causante
acreditó la edad y el tiempo de s ervicio exig idos en la Ley 33 de
1985, con anterioridad al 1º de abril de 1994, no es dable en este
asunto examinar el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, el señor Olaya Lucena (q.e.p.d.) era beneficiario del
régimen de transición previsto en el parágrafo 2º. del artículo 1º.
de la Ley 33 de 1985, por cuanto al 13 de febrero de 1985, «fecha

79 F e c h a en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, en el orden nac ional.
80 P a r a esa fecha, completó (i) más de 21 años, 9 mes y 6 días de servicio; y (ii) 62
años, 8 meses y 21 días de edad.
81 C o n f o r m e a l a R e s o l u c i ó n 4 2 1 d e l 5 d e j u l i o d e 2 0 1 3 .
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de la ley», contaba con más de 15 años de servicios al E stado 82. En
ese orden de ideas, la pensión mensual de jubilación se rige por la
edad (55 años) y el tiempo de servicio (20 años) previstos en el
Decreto Ley 3135 de 1968, normativa que le posibilitaba acceder a
esa prestación con el 75% del promedio de los salarios d evengados
durante el último año de servicio.

En este punto , resulta pertinente señalar que si bien es cierto que
el señor Jorge Hernán Olaya Lucena (q.e.p.d.) efectuó cotizaciones
al ISS [44.43 semanas] , a cargo de la aportante María Judith
Almario Losada, también lo es que la mayoría de esos aportes
ocurrieron cuando él estaba activo en Foprecon y había entrado en
vigor de la Ley 100 de 1993 , disposición que prohíbe la
multiafiliación pensional.

La Sala advierte que como el extinto actor consolidó el derecho
pensional el 10 de julio de 1986 , cuando completó los 55 años de
edad 83, presentó la reclamación administrativa e l 6 de diciembre de
2011 y radicó la de manda el 8 de octubre de 2014 , es claro que se
configuró el fenómeno prescriptivo de las mesadas pensionales
generadas con anterioridad al 5 de diciembre de 2008, tal como lo
determinó el a quo.

Finalmente, es necesario precisar que de conformidad con el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el reconocimiento de los
intereses de mora tiene aplicación en los casos en los q ue el pago
de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el
reconocimiento de la prestación a quien o stenta la calidad de
pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad a
efectuar esa cancelación. En el asunto sub judice , no hay lugar a
reconocer los aludidos intereses porque la obligación pensional no

82 A c r e d i t a b a
21 años, 2 meses y 12 días.
83 P u e s para esa fecha ya tenía más de 20 años de servicio.
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era exigible y estaba pendiente de qu e se definiera en esta
instancia.

Por las razones que anteceden, hay lugar a (i) confirmar el ordinal
primero de la decisión del Tribunal que declaró la nulidad de las
resoluciones enjuiciadas , (ii) modificar el ordinal segundo para
ordenar a Fonprecon el reconocimiento de una pensión de jubilación
en favor de la sucesión del señor Jorge Hernán Olaya Lucena
(q.e.p.d.), equivalente al 75% del salario promedio devengado por
el antes nombrado en el último año de servicio, con efectos fiscales
a partir del 6 de diciembre de 2008 , (iii) revoca r el o rdinal tercero
que dispuso la sustitución de la prestación para, en su lugar, negar
esta pretensión y (iv) mantener lo decidido en lo demás , conforme
lo expuesto en la pa rte motiva

3.4 Condena en costas.

El artículo 188 del C P A C A establece que « [s]alvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sostenien do que
para imponer condena en costas, en vigencia del C P A C A , se atendía
una valoración objetiva, 2 4 en la q ue el juez debía ordenarlas
siempre y cuando se hubieran cau sado y en la medida de su
comprobación, sin considerar factore s subjetivos como la buena fe
o la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188
del C P A C A para pre cisar que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

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De esta manera, debe entenderse que con la anterior m odificación
el juez está llamado a analizar la conducta de las partes en el
proceso, así como la sustentación jurídica de sus intervenciones
con el fin de determinar si es proce dente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa
bajo la convicción de que contaban con sufici ente respaldo legal,
también aportaron pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia
vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas
en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFI RMAR el o rdinal p rimero de la sente ncia del 28
de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por las razones
expuestas en la parte motiva .

SEGUNDO: MO DIFICAR el ordinal segundo de esa decisión, el cual
quedará así:

SEG UNDO : A t ít ulo de r est ablecim ient o del der echo, se CONDEN A
al FO NDO DE PR EVI SI Ó N SO CI AL DEL CO NG RESO DE LA
REPÚ BLI CA a r ec onocer a l señ or JO RG E HERNÁ N O LAYA
LUCE NA ( Q . E. P. D. ) , una pensión de j ubi lació n ef ect iva a par t ir del
6 de diciem br e de 2008 y hast a la f echa de su f allecim ie nt o , de
conf or m idad con las Leyes 6ª de 1 945 4ª de 1966 y 5ª de 196 9 y los
Decr et os 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en cuant í a
equiva lent e al 75% del salar io pr om edio devengado por el ant es
nom br ado en el últ i m o año de ser vicio.
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TERCERO: REVO CAR e l ordina l segundo para, en su lugar, negar
lo relativo a la sust itución pensional .

CUARTO: CONFI RMAR en lo demás .

QUINTO: SIN CONDENA en costas.

SEXTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al
Tribunal de orige n previas las anotaciones pertinentes en el
programa « SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
del cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) .

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQ UE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAE L FRANCIS CO SUÁREZ V ARGAS
Consejero de Estado

835

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