Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02205-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
12 de septiembre de 2024
Demandante: María Judith Almario Losada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02205-01
Demandante: MARÍA JUDITH ALMARIO LOSADA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de
declarar improcedente la acción por no superar el requisito de
la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 19 de julio de 2024 por la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En esa providencia se declaró improcedente el
presente mecanismo de amparo por no superar el requisito general de la
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora María Judith Almario Losada, actuando a nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 5 de octubre de 2023, dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-
2014-04463-01. Mediante esta providencia se revocó la decisión de primera
instancia que cambió el objeto de la litis, tras considerar que la figura de la
sucesión procesal no puede ser utilizada para variar las pretensiones de la
demanda.
1.2. Pretensiones
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Demandante: María Judith Almario Losada
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3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1) Se amparen mis derechos fundamentales AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO
CONSTITUCIONAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL Y
MÓVIL Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS.
2) Se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia proferida el día
05 de octubre de 2023 el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A.
3) Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Honorable CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN A proferir nueva sentencia de segunda instancia
donde se tenga en cuenta mi condición de compañera permanente del señor
JORGE HERNAN OLAYA LUCENA (Q.E.P.D), la sustitución procesal que
fue admitida por el juez de primera instancia y las demás pruebas
testimoniales y documentales que obran dentro del expediente de la
referencia.
4) Condénese su Señoría al FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA a pagar la pensión de sobrevivientes, a
favor de la suscrita, en calidad de compañera permanente del causante
JORGE HERNAN OLAYA LUCEDA (Q.E.P.D), en un cien por ciento
(100%) a partir del 26 de abril de 2016.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:
5. El señor Jorge Hernán Olaya Lucerna presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República. En este medio de control, solicitó la nulidad de las resoluciones
No. 421 del 5 de julio de 2013 y No. 712 del 9 de octubre de la misma anualidad
en las que le fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
6. Al proceso se le asignó el radicado número 25000-23-42-000-2014-04463-
00 y le fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D. En el transcurso del proceso, el señor Olaya Lucerna
falleció, razón por la cual la señora María Judith Almario Losada, en condición de
compañera permanente del fallecido, compareció al proceso y solicitó: i) ser
reconocida como sucesora procesal, y ii) ser la beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes.
7. Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2019, el tribunal accedió a las
solicitudes de la señora Almario Losada y encontró acreditado que el señor Olaya
Lucerna tenía derecho a la pensión de jubilación. En ese sentido, le ordenó al
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República: i) pagar el retroactivo
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pensional a favor de la sucesión del señor Olaya Lucerna y, ii) reconocer a la
señora Almario Losada como la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.
8. Contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, mecanismo que fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A en providencia del 5 de octubre de 2023. En esa
sentencia se confirmó la decisión que reconoció el derecho pensional del señor
Olaya Lucerna. Sin embargo, negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes a favor de la señora Almario Losada.
9. Para fundamentar su decisión, indicó que el principio de congruencia es
una garantía del derecho fundamental al debido proceso que gozan las partes en
un proceso judicial, y en ese sentido, el juez solo tiene permitido pronunciarse
sobre lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo. Es decir, no
está facultado para proferir sentencias por fuera o por más de lo pedido.
10. En el caso en concreto, concluyó que el juez de primera instancia profirió
un fallo extra petita, porque se manifestó frente a una sustitución pensional que
no le fue pedida. Al respecto, efectuó un análisis sobre la relación y convivencia
entre el señor Olaya Lucerna y la señora Almario Losada que no fue sustentado
en oportunidad. Por lo anterior, resaltó que emitir un pronunciamiento al respecto
vulneraría el derecho de defensa de la contraparte y de las personas que
eventualmente pudieran tener interés en las resultas del proceso, además de
desconocer el principio de congruencia.
1.4. Sustento de la vulneración
11. La accionante indicó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta
que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República aceptó que se
realizara el estudio sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su
favor.
12. Por lo anterior, señaló que en la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Al respecto, resaltó que aplicó
rigurosamente el artículo 68 del Código General del Proceso al considerar que la
figura de la sucesión procesal no podía variar las pretensiones de la demanda.
13. Expuso que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha determinado que
el juez puede pronunciarse sobre aspectos no incluidos expresamente en la
fijación del litigio, pero que se desprenden de él de forma clara y contundente.
14. Finalmente, puso de presente que se encuentra en un grave estado de
salud y ha sido hospitalizada en reiteradas ocasiones, condición que la hace
sujeto de especial protección constitucional. Además, por ser una persona de la
tercera edad, requiere que su situación pensional sea definida con prontitud.
1.5. Trámite de la tutela
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15. Por medio del auto de 6 de mayo de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela. En
consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado al Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A. Asimismo, vinculó como tercero con interés al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República.
1.6. Intervención
1.6.1. Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
16. El director de la entidad rindió informe en el que indicó que el presente
mecanismo constitucional no cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en razón a que no se trata
de un asunto que goce de relevancia constitucional por tratarse de un asunto
netamente económico.
17. Sobre el particular, resaltó que la pretensión de la parte actora es constituir
una tercera instancia para imponer su posición dentro de un proceso judicial
zanjado por los jueces ordinarios. Además, sostuvo que sus argumentos tienen
como finalidad invalidar la aplicación de las normas procesales que
fundamentaron la sentencia de segunda instancia.
18. Finalmente, informó que la señora Almario Losada le solicitó a la entidad
el reconocimiento de la prensión de sobrevivientes. Al respecto, el despacho
ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del 14 de junio de
2024, le requirió información frente al trámite impartido a la solicitud de la actora.
19. En cumplimiento de lo anterior, puso de presente que respondió la petición
a través de la Resolución No. 0321 del 18 de julio de 2024. En dicho acto
administrativo, negó la solicitud de sustitución pensional formulada por la
accionante tras considerar que no acreditó la convivencia con el fallecido durante
los últimos 5 años anteriores a su muerte.
1.7. Sentencia de primera instancia
20. Mediante sentencia del 19 de julio de 2024, la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente el mecanismo constitucional de la referencia,
tras considerar que no se superó el requisito de la relevancia constitucional.
21. Para fundamentar su decisión, indicó que la accionante busca agotar una
instancia adicional al proceso ordinario para continuar con el debate legal
relacionado con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. En ese
sentido, reiteró que si bien los reparos formulados muestran inconformidades
con la decisión, estos no tienen la suficiencia para demostrar que la providencia
fue arbitraria.
22. Asimismo, puso de presente que frente al reparo por el desconocimiento
del precedente, este no fue debidamente sustentado. Esto, en razón a que la
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parte interesada no reveló la identidad fáctica y jurídica entre la providencia que
citó con el asunto objeto de estudio.
23. Finalmente, precisó que pese a que la accionante arguyó que por su
avanzada edad y estado de salud requiere pronta solución, lo cierto es que estas
circunstancias no permiten flexibilizar el requisito de relevancia constitucional.
Sobre el particular, concluyó que este argumento no ocasiona que la autoridad
judicial accionada haya incurrido en un defecto o en una causal de procedencia
de la tutela contra providencia judicial.
1.8. Impugnación
24. La parte actora indicó que el Consejo de Estado desconoció el precedente
marcado por la Corte Constitucional en cuanto a los criterios establecidos para
que se supere el estudio de la relevancia constitucional. Al respecto, alegó que
superó con suficiencia ese requisito, razón por la cual es procedente que la
sentencia de tutela se pronuncie sobre los defectos en los que incurrió el
accionado.
25. Puso de presente que de conformidad con los soportes probatorios que
reposan en el expediente, quedó demostrado que la autoridad judicial accionada
incurrió en un exceso ritual manifiesto en sede de apelación. Por lo anterior,
consideró que se le restringió infundadamente el reconocimiento a la pensión de
sobrevivientes, pues omitió que esa pretensión fue admitida en la etapa de
fijación de litigio.
26. Además, reiteró que el Fondo de Previsión Social del Congreso aceptó los
puntos objeto de la controversia, dentro de los cuales se determinó puntualmente
resolver «si la señora María Judith Almario Losada, quien actúa en la presente
causa como sucesora procesal, tiene derecho a que le sea reconocida la pensión
de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor Olaya
Lucena».
27. Finalmente, insistió en que resulta desproporcionado que sea sometida a
otro procedimiento administrativo en consideración a su edad y estado de salud.
Esto, en razón a que los procesos ordinarios tienen un largo periodo de duración,
razón por la cual no sería un mecanismo idóneo para resolver su situación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 19 de julio de
2024 por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
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2.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
30. La Sala advierte que la señora María Judith Almario Losada está
legitimada en la causa por activa porque fue la sucesora procesal de la parte
actora en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuya sentencia
de segunda instancia se reprocha por esta vía.
31. Por otro lado, se evidencia que el Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección A está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
sentencia del 5 de octubre de 2023 reprochada mediante esta acción de tutela.
2.3. Problema jurídico
32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá
determinar si confirma, revoca o modifica la decisión de primera instancia. Para
tal efecto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
33. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
● ¿El Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A incurrió en los
defectos procedimental y desconocimiento del precedente judicial con
ocasión de la providencia proferida el 5 de octubre de 2023?
34. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii)
estudio del requisito de relevancia constitucional y, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20121. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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posturas sobre este tema2. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales3.
36. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20144. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia5 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -
ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
37. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala comprobará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
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iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
38. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
39. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
40. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio del requisito general de relevancia constitucional
41. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional6.
42. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la
vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
43. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
44. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
2.6. Estudio del cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional
en el caso concreto
45. La Sala entrará a decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de
relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y
atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.
46. En el caso en concreto, la Sala reconoce que la parte actora cuestiona el
fallo del 5 de octubre de 2023 por medio del cual la autoridad judicial accionada
revocó la decisión de primer grado que cambió el objeto de la controversia, tras
considerar que la figura de la sucesión procesal no puede variar las pretensiones
de la demanda.
47. A juicio de la parte actora, el fallo reprochado incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. Su reparo recae en que vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas,
debido a que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República aceptó
que se realizara el estudio sobre el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a su favor.
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48. Asimismo, sostuvo que la Sección Quinta de Consejo de Estado7 hizo
hincapié en que:
«Si bien se acepta que la fijación del litigio determina la conducta de las
partes y del juez durante el proceso, como la decisión de fondo que este
debe dictar, también debe admitirse que, si cuando hay asuntos que
razonablemente se encuentran incluidos en la inteligencia de aquel, el
fallador puede y debe pronunciase sobre esos aspectos no incluidos
expresamente en la fijación del litigio, pero que se desprenden de él
de forma clara y contundente».
49. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por
la actora es que se reabra el debate ordinario para continuar con el debate legal
relacionado con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Esto, en
razón a que planteó una solución frente a su situación sin demostrar que la
providencia reprochada fue arbitraria o irracional.
50. Se advierte que los argumentos planteados en el escrito de tutela, lejos de
vislumbrar el defecto alegado, plantean simplemente una mera inconformidad
con la interpretación de la norma procesal a la que llegó el juez en sede de
apelación.
51. Se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales,
no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista necesariamente
relevancia constitucional.
52. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera inconformidad
con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
53. Ahora bien, si la Sala procediera a realizar el estudio de la sentencia que
consideró desconocida, la carga argumentativa del escrito es insuficiente, pues
el actor no expuso las razones por las cuales consideró que los casos
referenciados son similares al suyo. Por el contrario, simplemente se limitó a
señalar el extracto de una providencia de carácter electoral, sin cumplir con la
carga argumentativa requerida que para que exista un pronunciamiento de fondo
al respecto.
54. En definitiva, para la Sala resulta evidente que la presente acción
constitucional y los cargos que el actor aduce no cuenta con la carga
argumentativa mínima para poder superar el requisito de la relevancia
7Sentencia con radicado 11001-03-28-000-2014-00139-00.
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Demandante: María Judith Almario Losada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02205-01
constitucional. Por ende, la sala confirmará el fallo de tutela de primera instancia
que declaró improcedente este mecanismo judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 19 de julio de 2024 proferido por la Sección
Tercera de esta Corporación y mediante el cual se declaró improcedente la
presente acción de tutela por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en
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