Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02297-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02297-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02297-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
6 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02297-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR NO
CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
DIGNIDAD HUMANA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
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En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02297-00
Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al acceso a
la administración de justicia y a los principios de confianza legítima,
reparación integral, pro homine y pro damnato, los cuales estima
vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al haber proferido la
providencia de 13 de julio de 2022, dentro de la acción de reparación
directa identificada con el número único de radicación 05001-23-31-
000-2012-00085-01.
I.2.- Hechos
Afirmó que por medio de escritura pública núm. 2357 de 1993 de la
Notaría 17 de El Poblado de Medellín, adquirió el derecho de dominio
y posesión material sobre un inmueble ubicado en la fracción de Playa
Linda, del Municipio de San Luis – Antioquia, al cual, al año siguiente,
se fue a vivir junto con su esposa e hijas, lugar en el que ejercieron
labores agrícolas y de cría de gallinas y ganado.
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
Alegó que, en 1995 se presentó una ocupación irregular por parte de
miembros del Ejército Nacional en el inmueble de su propiedad, que
consistió en el acantonamiento en la zona más alta y selvática de la
finca Playa Linda, lo cual se prolongó hasta que se convirtió en un
campamento en el que atendían heridos en combate con los grupos
ilegales como el ELN y las FARC, convirtiéndose posteriormente en la
Base Militar de Monteloro, sin recibir remuneración económica o
contraprestación alguna por parte del Ejército Nacional, pese a que
se les brindó a los militares alimentación, servicios de agua y luz,
entre otras.
Argumentó que desde 1997, se convirtió en objetivo militar para los
grupos ilegales, por lo que luego de constantes amenazas recibidas,
se vio obligado junto con su familia a desplazarse a Medellín,
abandonando su vivienda, cultivos y animales.
Adujo que, por lo anterior, promovió demanda dentro de la acción de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, con el fin de que se declarara responsable de los perjuicios
morales y materiales causados con motivo de la ocupación de la que
fue objeto el inmueble de su propiedad.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02297-00
Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2012-00085-00 y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Antioquia que, en sentencia de 26 de junio de
2014, accedió a las pretensiones y, en consecuencia, condenó a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al reconocimiento
de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados.
Destacó que las partes interpusieron recurso de apelación, el cual fue
desatado por la SECCIÓN TERCERA que, en providencia de 13 de
julio de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró de
oficio la caducidad de la acción.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, se trasgredieron los principios pro homine y pro
damnato, toda vez que se declaró la caducidad de la acción con una
argumentación “[…] decididamente defectuosa y abiertamente
insuficiente, además el operador judicial no efectuó un análisis
profundo de la situación y, por el contrario, aplicó de manera
automática una regla legal afectando mis derechos fundamentales
como el acceso a la administración de justicia y el derecho a la
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
reparación, pues la Sala olvidó su posición de garante frente a las
víctimas del conflicto armado colombiano a pesar de ser tan
evidentes las vulneraciones e injusticias padecidas, máxime cuando
se denota que el Juez de segunda instancia, tampoco encontró
razones y/o elementos en el proceso para demostrar que
efectivamente el aquí accionante tenía cómo concluir desde ese
primer momento que estábamos siendo víctimas de una ocupación
permanente. Es decir, el Consejo de Estado privilegió una disposición
legal por encima de mis derechos fundamentales […]”.
Advirtió que la SECCIÓN TERCERA incurrió en decisión sin
motivación, pues la providencia cuestionada presenta un déficit de
motivación que la deslegitima, toda vez que declaró de oficio la
caducidad de la acción sustentado en que cuando se trata de una
ocupación permanente de un bien, el cómputo de la caducidad inicia
desde que esta ocupación comenzó; sin embargo, no presentó un
análisis del por qué no se trata de una ocupación temporal o de un
daño continuado y, mucho menos, de cómo los allí actores tuvieron
manera de identificar desde aquel instante que se trataba de una
ocupación permanente.
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
Aseveró que no se hizo un análisis del caso particular, “[…] máxime
cuando es evidente la ruptura del principio de igualdad frente a las
cargas públicas y la obligación resarcitoria que evidentemente está a
cargo del Estado, al no existir para nosotros el deber jurídico de
soportar sin ningún tipo de compensación el detrimento a nuestro
patrimonio, ocasionado por una ocupación del Ejército Nacional que
si bien pudo beneficiar en su momento a la comunidad en general,
lesionó de manera desproporcionada nuestros derechos
fundamentales […]”.
Adujo que la SECCIÓN TERCERA también incurrió en defecto
sustantivo, comoquiera que realizó una interpretación
desproporcionada, desconociendo el principio pro damnato; además,
si se tenía dudas sobre la configuración de la caducidad debió tener
en cuenta el precedente generado por la Corte Constitucional, según
el cual en estas circunstancias debe privilegiarse la interpretación
que garantice el acceso a la administración de justicia, máxime
cuando se trata de víctimas del conflicto armado colombiano.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución, al no tener en cuenta el principio de
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
interpretación conforme a la Carta Política, pues la SECCIÓN
TERCERA aplicó una regla jurisprudencial en cuanto a la
determinación de caducidad desconociendo así los derechos al debido
proceso, a la dignidad humana, al acceso a la administración de
justicia y los principios de confianza legítima y reparación de las
víctimas.
Alegó que, si bien la jurisprudencia ha establecido como término
razonable para interponer la acción de tutela 6 meses contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, este tiempo no
implica un término de caducidad que limite el ejercicio de esta acción
constitucional.
Sostuvo que tanto el como los demás actores del proceso ordinario
son víctimas del conflicto armado y, como consecuencia de ello,
pertenecen a la población desplazada, de tal forma que al ser sujetos
de especial protección constitucional la acción de tutela de la
referencia resulta procedente, en la medida en que a pesar de que
transcurrieron 21 meses desde el momento que se profirió la
sentencia de segunda instancia hasta la solicitud de amparo, existen
motivos válidos para no presentar la tutela de manera inmediata.
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
Indicó que entre esos motivos se encuentra que: i) desde finales de
2022, padeció graves afecciones de salud, tales como pérdida de
peso, fiebre, cansancio, pérdida del apetito, lo que produjo síndrome
de colon irritable, cambios degenerativos de la columna,
ateromatosis aortoilíaca, e hiperplasia de la próstata, padecimientos
que imposibilitaron llevar una vida normal y, ii) en noviembre de
2023, fue diagnosticado con cáncer de riñón, razón por la que en
febrero de la presente anualidad fue intervenido quirúrgicamente
para la extracción del tumor maligno que padece.
Adujo que la decisión de la SECCIÓN TERCERA lo mantiene como
víctima en situación de impunidad y no reparación, lo que conlleva al
empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida, pérdida de
su vivienda, entre otros, vulneración permanente en el tiempo.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como violados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDA. Se sirva REVOCAR el fallo de segunda
instancia proferido el 13 de julio de 2022 por el CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B en el proceso con
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radicado 05001233100020120008501, y en virtud de ello dejar
sin efectos dicha providencia.
TERCERA. Se sirva ordenar al CONSEJO DE ESTADO, SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN B expedir sentencia de fondo y
debidamente motivada bajo los principios y derechos
fundamentales/constitucionales que protegen a las víctimas del
conflicto armado, y en consecuencia dé trámite al recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante y condene a la
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a
responder administrativamente por los perjuicios de orden
material e inmaterial ocasionados a mi familia y a mí, por la
ocupación de que fue objeto el inmueble de mi propiedad
ubicado en la Vereda Monteloro corregimiento El Prodigio del
Municipio de San Luis Antioquia […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- La SECCIÓN TERCERA, por intermedio del ponente de la
sentencia que se cuestiona a través de la presente solicitud de
amparo constitucional, destacó que la misma resulta improcedente,
toda vez que no se cumple con el requisito de la inmediatez, pues
transcurrió un año y ocho meses desde la notificación del fallo hasta
la presentación de la acción de tutela.
Sumado a lo anterior, adujo que las razones expuestas por el actor
para justificar la tardanza en la presentación del mecanismo
constitucional son inadmisibles, en primer lugar, porque la
enfermedad fue diagnosticada en noviembre de 2023 cuando la
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sentencia acusada fue notificada en septiembre de 2022, lo que
desvirtúa sus argumentos; además, aunque no se desconoce la grave
situación que implica el desplazamiento forzado, deben acreditarse
razones concretas para la imposibilidad de acceder a la justicia, lo
cual no ocurrió.
Añadió que tampoco se satisface el requisito general de la relevancia
constitucional, toda vez que la supuesta irregularidad advertida por
el actor pretende crear una tercera instancia frente a una sentencia
que hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico ya que la
providencia fue sustentada en derecho y con base en los medios de
prueba valorados de manera conjunta y racional.
Destacó que, con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso,
logró establecer que el actor y su familia tardaron alrededor de 12
años en demandar, sin que se demostrara ninguna circunstancia que
les hubiera impedido acceder a la justifica, pues si bien se trataba de
una posible situación de desplazamiento forzado (lo cual no se pudo
analizar debido a que no se estudió de fondo el asunto), ello no era
óbice para que de manera automática se prescindiera de la
evaluación de la caducidad.
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
I.4.2.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL indicó que no ha vulnerado de manera alguna los
derechos fundamentales del actor, por lo que no existe nexo de
causalidad con esa entidad, de tal forma que solicitó que se le
desvincule del presente trámite, pues carece de legitimación en la
causa por pasiva para atender la presente acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
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punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL, solicitó su desvinculación en la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
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sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL fue parte demandada dentro del proceso
objeto de controversia, esto es, en el medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2012-00085-
01, como tercero le asiste interés directo en las resultas de la
presente acción constitucional, razón por la cual la Sala denegará su
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
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sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 13 de julio de 2022 proferida por
la SECCIÓN TERCERA, por medio de la cual revocó la decisión del
a quo y, en su lugar, declaró de oficio la caducidad de la acción de
reparación directa identificada con el número único de radicación
2012-00085-01.
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al acceso a
la administración de justicia y a los principios de confianza legítima,
reparación integral, pro homine y pro damnato, habida cuenta que,
a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución al declarar la caducidad de la acción sin tener en cuenta
las particularidades del asunto.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN
TERCERA vulneró los derechos fundamentales deprecados e incurrió
en los defectos sustantivo, decisión sin motivación y violación directa
de la Constitución, al haber proferido la sentencia de 13 de julio de
2022 dentro de la acción de reparación directa identificada con el
número único de radicación 2012-00085-01.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”2.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
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Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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Actor: CÉSAR AMADO ORTIZ PABÓN
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 3:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo4:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
3
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
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para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras5;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado6;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión7;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales8;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta9.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que conforme con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI10, la sentencia
5
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
7
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
8
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
9
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201200
085011100103
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de 13 de julio de 2022, aquí cuestionada, fue notificada al actor vía
correo electrónico el 7 de septiembre de 2022, sin embargo, en
aplicación del numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 18
de enero de 201111, la Sala entenderá que la notificación de la
sentencia cuestionada se surtió debidamente el 9 de
septiembre de 2022.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 9 de mayo de 2024, esto es,
transcurrido 1 año, 7 meses y 25 días, superados así los 6 meses
que han sido estimados por la jurisprudencia como término
razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una
decisión judicial, sin que la parte actora haya expuesto razón alguna
que justifique la inactividad o tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo.
Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción
de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de
los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término establecido
11
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la
solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término
razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Cabe anotar que tampoco son de recibo los argumentos del actor
para justificar la demora en la solicitud de amparo constitucional,
comoquiera que, aun cuando alega que en noviembre de 2023 fue
diagnosticado con cáncer de riñón, y en febrero de la presente
anualidad fue intervenido quirúrgicamente para la extracción del
tumor maligno que padece, dicha situación se presentó cuando ya se
había superado el término de inmediatez previsto por la
jurisprudencia.
Sumado a lo anterior, si bien el actor alegó que a finales de 2022
padeció graves afecciones de salud, ello no es motivo suficiente para
justificar la tardanza, pues pudo acudir a través de apoderado judicial
a presentar la acción de tutela, tal como lo hizo dentro del proceso
ordinario.
En este punto, cabe resaltar que en la sentencia SU-354 de 201712,
12
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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la Corte Constitucional, además de reiterar la importancia del
requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencia
judicial, para resolver el caso concreto exceptuó el término de los
seis meses establecido por regla general como tiempo razonable,
dadas las particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba
en el que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en
la interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no
se observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de la
inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, por las
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razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de junio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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