Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2012-00085-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 05001-23-31-000-2012-00085-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2012-00085-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2012-00085-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
13 de julio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN Y OTROS
Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – OCUPACIÓN
PERMANENTE DE INMUEBLE
Síntesis del caso: una finca de propiedad de los demandantes, ubicada en la vereda Monteloro,
corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis (Antioquia), fue ocupada de manera
permanente desde el año 1995 hasta la actualidad por tropas del Ejército Nacional sin ningún
tipo de contraprestación, motivo por el cual solicitan la indemnización de los perjuicios derivados
de dicho daño antijurídico.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 26 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Cuarta de Descongestión por medio de la cual resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO: DECLÁRASE no prósperas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por activa y culpa de un tercero propuestas
por la entidad demandada.
SEGUNDO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENDA – EJÉRCITO, de los perjuicios
de orden material e inmaterial ocasionados a los demandantes
CÉSAR ARMANDO ORTÍZ PABON y su cónyuge LUZ MYRIAM
RAMÍREZ ESCOBAR, con motivo de la ocupación de que fue objeto
el inmueble de propiedad del primero de los citados ubicado en la
vereda Monteloro corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis
de Antioquia.
TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
– EJÉRCITO, al reconocimiento de los perjuicios materiales e
inmateriales ocasionados a los demandantes, que serán pagados en
2
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
la siguiente forma:
Morales:
Para los demandantes CÉSAR ARMANDO ORTÍZ PABON y su
cónyuge LUZ MYRIAM RAMÍREZ ESCOBAR, la cantidad equivalente
a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la
fecha de ejecutoria de este fallo para cada uno de ellos.
Daño a la vida de relación o condiciones de existencia:
Para los demandantes CÉSAR ARMANDO ORTÍZ PABON y su
cónyuge LUZ MYRIAM RAMÍREZ ESCOBAR, la cantidad equivalente
a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha
de ejecutoria de este fallo para cada uno de ellos.
Materiales por lucro cesante:
Para el señor CÉSAR ARMANDO ORTÍZ PABON, la cantidad de
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESIS ($189.750.316).
CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones.
QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas.
SEXTO: CONSÚLTESE con el superior en caso de no ser apelada.
SÉPTIMO: DÉSELE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176
y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá
copia de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del
Código de Procedimiento Civil” (fls. 121 y 122 cdno. ppal. –
mayúsculas sostenidas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 12 de enero de 2012 (fl. 58 respaldo cdno. 1), los
señores César Amado Ortíz Pabón, Luz Myriam, Rut Marina y Lina María
Ramírez Escobar y Paula Andrea Uribe Ramírez promovieron demanda de
reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional con las siguientes súplicas:
“4.1. Declárese que la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL, es administrativamente
responsable por el daño antijurídico que se le ha causado a la parte
demandante con la ocupación permanente e ilegal de miembros
3
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
adscritos a esa entidad, en la finca Playa Linda No. 2, ubicada en la
vereda Monteloro del municipio de San Luis - Antioquia, propiedad del
señor CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN, desde el año 1995 y que se
ha prolongado hasta la actualidad, hecho que produjo el
desplazamiento forzado de los demandantes y que también les generó
graves perjuicios que no están en la obligación jurídica de soportar.
DAÑO MORAL
4.2. Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a pagar por concepto de
PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS, los salarios mínimos legales
que a continuación se indican y se reclaman por el daño causado en
los demandantes indicados en el numeral 2 supra, por la ocupación
permanente e ilegal de miembros adscritos a esa entidad en la finca
Playa Linda No. 2, ubicada en la vereda Monteloro del municipio de
San Luis - Antioquia, propiedad del señor CÉSAR AMADO ORTÍZ
PABÓN, desde el año 1995 y que se ha prolongado hasta la
actualidad, hecho que produjo el desplazamiento forzado de los
demandantes, según se describe en los hechos (ver supra, Capítulo
3) de este escrito. Las sumas de dinero deberán ser pagadas por el
valor vigente en pesos al momento de la ejecución de la providencia
que ponga fin al proceso, junto con los intereses moratorios causados
desde tal decisión.
VÍCTIMAS CALIDAD SMLMV VALOR ACTUAL
CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN VÍCTIMA 100 $53.560.000
LUZ MYRIAM ESPOSA 100 $53.560.000
RAMÍREZ ESCOBAR
RUT MARIANA HIJA DE 100 $53.560.000
RAMÍREZ ESCOBAR CRIANZA
LINA MARÍA RAMÍREZ HIJA DE 100 $53.560.000
ESCOBAR CRIANZA
PAULA ANDREA HIJA DE 100 $53.560.000
URIBE RAMÍREZ CRIANZA
TOTAL 500 $267.800.000
DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN
4.3. condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto de DAÑO
A LA VIDA DE RELACIÓN, los salarios mínimos legales que a
continuación se indican y se reclaman por el daño causado en los
demandantes indicados en el numeral 2 supra, por la ocupación
permanente e ilegal de miembros adscritos a esa entidad en la finca
Playa Linda No. 2, ubicada en la vereda Monteloro del municipio de
San Luis — Antioquia, propiedad del señor CÉSAR AMADO ORTÍZ
PABó, desde el año 1995 y que se ha prolongado hasta la actualidad,
hecho que produjo el desplazamiento forzado de los demandantes,
según se describe en los hechos (ver supra, Capítulo 3) de este
escrito. Las sumas de dinero deberán ser pagadas por el valor vigente
en pesos al momento de la ejecución de la providencia que ponga fin
al proceso, junto con los intereses moratorios causados desde tal
decisión.
4
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
VÍCTIMAS CALIDAD SMLMV VALOR ACTUAL
CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN VÍCTIMA 50 $26.780.000
LUZ MYRIAM RAMÍREZ ESPOSA 50 $26.780.000
ESCOBAR
RUT MARIANA RAMÍREZ HIJA DE 50 $26.780.000
ESCOBAR CRIANZA
LINA MARÍA RAMÍREZ HIJA DE 50 $26.780.000
ESCOBAR CRIANZA
PAULA ANDREA URIBE HIJA DE 50 $26.780.000
RAMÍREZ CRIANZA
TOTAL 250 $133.900.000
DAÑO MATERIAL
Lucro cesante
4.4. condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NAc10NAL, a pagar al señor CÉSAR AMADO
ORTÍZ PABÓN, propietario de la finca Playa Linda No. 2, ubicada en
el municipio de San Luis - Antioquia, por concepto de PERJUICIOS
MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE FUTURO
Y CONSOLIDADO, los cánones de arriendo desde el momento que
miembros adscritos al Ejército ocuparon el inmueble, esto es, desde el
año 1995 y hasta la fecha que sigan ocupando el bien inmueble, mes
a mes, pero que a la fecha la fecha de presentación de la solicitud de
conciliación prejudicial, ascendió a la suma de trescientos cincuenta
millones de pesos ($350.000.000). Las sumas de dinero deberán ser
pagadas por el valor vigente en pesos al momento de la ejecución de
la providencia que ponga fin al proceso, junto con los intereses
moratorios causados desde tal decisión.
Daño emergente
4.5. condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar al señor CÉSAR AMADO
ORTÍZ PABÓN, propietario de la finca Monte Loro, ubicada en el
municipio de San Luis - Antioquia, por concepto de DAÑO
EMERGENTE, la suma de trescientos millones de pesos
($300.000.000) causados a favor del demandante como consecuencia
de la ocupación permanente realizada por el soldados adscritos al
Ejército Nacional, dado que por este hecho el demandante no pudo
seguir explotando comercialmente su predio y dejó de percibir dicha
suma.
4.6. Ordénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a suscribir un contrato de
arrendamiento con el señor CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN, sobre el
predio propiedad del demandante y que está siendo ocupado por
miembros adscritos al Ejército Nacional.
4.7. Como pretensión subsidiaria, de no prosperar la pretensión
anterior, solicito se ordene a LA NACIÓN COLOMBIANA MINISTERIO
DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, debe comprar la franja de
terreno que ocupa actualmente, según lo dispuesto en el artículo 220
del Código Contencioso Administrativo.
5
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
4.8. Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar a los demandantes, los
demás perjuicios que se generaron por la ocupación permanente de la
finca propiedad del señor CÉSAR AMADO ORTÍZ PABÓN y que se
logren probar dentro del proceso.
4.9. Condénese a la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar al demandante las
constas judiciales a que haya lugar.
4.10. Ordénese a la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a cumplir la sentencia en la forma
ordenada por los artículos 176,177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo.” (fls. 47 a 50 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto
original – negrillas adicionales).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor César Amado Ortíz Pabón compró una finca ubicada en el municipio
de San Luis (Antioquia) denominada “Playa linda no. 2” en 1993 y al siguiente
año se fue a vivir allí junto con su esposa e hijas de crianza, lugar donde
ejercieron labores agrícolas como la siembra de árboles frutales y vegetales, así
como la cría de gallinas y ganado, para su propia subsistencia.
2) En el año 1995, miembros del Ejército Nacional se asentaron en la finca y
armaron un campamento en donde atendían a los militares heridos en combate
con los grupos ilegales como el ELN y las FARC, convirtiéndose posteriormente
en la Base Militar de Monteloro sin que el dueño recibiera ningún tipo de
remuneración económica o contraprestación por parte del Ejército Nacional
pues, además, a los militares se les brindó alimentación, consumían los
productos agrícolas, así como los servicios de agua y luz de la finca.
3) “Los demandantes, desde el momento de la ocupación de hecho, ayudaron
de forma solidaria y humanitaria a los soldados que se encontraban en su
propiedad, dándoles alimentación, habitación y prestándoles los primeros
auxilios a los heridos en combate, sin recibir ningún pago por parte del Ejército”
(fl. 44 cdno. 1).
6
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
4) Desde el año 1997, luego de un fuerte enfrentamiento armado, el señor César
Amado Ortíz Pabón se convirtió en objetivo militar para los grupos ilegales que
existían en el municipio de San Luis, por lo que a raíz de las constantes
amenazas de muerte por parte de estos y debido a que el Ejército Nacional se
asentó de forma permanente en su finca, él y su familia se vieron obligados a
desplazarse a Medellín, abandonaron su vivienda, cultivos y animales.
Con base en los anteriores hechos la parte demandante efectuó el siguiente
razonamiento de responsabilidad:
“[L]as acciones y omisiones en que ha incurrido el Ejército Nacional
desde el año 1995 y que se han prolongado en el tiempo hasta la
actualidad, ocurridos en la finca Playa Linda No. 2 propiedad del señor
César Amado Ortíz Pabón, le han causado a él y a su familia graves
perjuicios que no están en el deber jurídico de soportar y que el Estado
deberá reparar” (fl. 47 cdno. 1).
2. Posición de la demandada
La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 72 a 81 cdno. 1) se
opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de i) “falta
de legitimación en la causa por activa” por no haberse aportado el respectivo
certificado de libertad y tradición del bien, ii) “inexistencia de medios probatorios
que endilguen responsabilidad a la entidad” toda vez que para el efecto se
aportaron unas fotografías de las que se desconoce su autor y no es posible
establecer si el predio registrado en las imágenes corresponde al mismo
respecto del que reclaman los demandantes, así como la identidad de las
personas que allí aparecen, de manera que carecen de fuerza probatoria,
además, los documentos allegados no obran en copia auténtica.
También propuso las excepciones de iii) “inexistencia de la obligación” por no
ser responsable del daño antijurídico endilgado a la entidad, iv) “tasación
excesiva de perjuicios” puesto que no hay prueba del lucro cesante, esto es, de
los cánones de arrendamiento que supuestamente dejó de percibir ni de alguna
oferta que hubiere perdido a causa de la ocupación, tampoco se sabe la porción
de terreno ocupado por las tropas y si su estadía ha sido temporal o permanente,
no se sabe el valor de la pérdida económica del bien, pues, no hay experticio
técnico y, por lo tanto, no hay certeza del monto del daño emergente y, en
7
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
general, de los perjuicios materiales, tampoco se probaron los perjuicios morales
y, en caso de existir, solo corresponderían al señor César Amado Ortiz y no a su
núcleo familiar dado que él habría sufrido de forma directa cualquier daño por
ser el destinatario de los frutos civiles del predio y, v) “hecho de un tercero” con
fundamento en que el desplazamiento forzado lo habrían ocasionado los grupos
al margen de la ley y no el Ejército Nacional, quien, por el contrario, le brindó
protección frente a las amenazas que les impusieron dichos grupos.
3. Alegatos de conclusión de primera instancia
1) La parte demandante (fls. 186 a 191 cdno. 2), frente a la primera excepción
propuesta por la entidad adujo que la titularidad del bien sí se encontraba
probada porque se aportó la escritura pública de compraventa y el respectivo
certificado de libertad y tradición, respecto de la segunda y tercera excepciones
sostuvo que las fotografías son admitidas como pruebas documentales y que,
en todo caso, en el proceso se practicaron unos testimonios y un dictamen
pericial que acreditan los hechos alegados.
Respecto del hecho de un tercero planteado por la entidad accionada alegó que
los hechos que motivaron la demanda fue la ocupación ilegítima de su bien que
hizo el Ejército Nacional y no el desplazamiento forzado al que se vieron
sometidos los demandantes y, frente a la supuesta tasación excesiva de
perjuicio, adujo que sí se probaron los perjuicios reclamados y que la alusión a
los cánones de arrendamiento no significa que el inmueble se encontraba
arrendado, sino que, con ello se pretende demostrar los intereses económicos
de los demandantes que se vieron afectados con la ocupación.
Por último, expuso que tanto la ocupación como los perjuicios derivados de esta
se probaron con las pruebas documentales, los testimonios y el dictamen pericial
practicados en el curso del presente asunto, de manera que se acreditó la
responsabilidad patrimonial del Estado.
2) La entidad demandada (fls. 199 a 203 cdno. 2) insistió en las mismas
excepciones planteadas en la contestación del libelo introductorio y solicitó que
se denieguen las súplicas de la demanda, para eximirla de responsabilidad en
8
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
este caso.
3) El Ministerio Público guardó silencio.
4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Descongestión en
sentencia del 26 de junio de 2014 (fls. 204 a 222 cdno. ppal.) accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda por haber encontrado probado
el daño antijurídico reclamado consistente en la ocupación permanente del
inmueble de propiedad del señor César Amado Ortíz Pabón1 por parte de tropas
del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Infantería no. 3 “Batalla de Bárbula”.
En cuanto a la indemnización de perjuicios morales, condenó a la entidad a pagar
50 SMLMV en favor del señor César Amado Ortíz Pabón y la misma suma para
su esposa debido al sufrimiento producido por los daños ocasionados a su predio
y el desplazamiento forzado hacia la ciudad de Medellín; sin embargo, los
denegó para las demás demandantes por cuanto no se acreditó su condición de
hijas de crianza del primero mencionado y tampoco se acreditó el perjuicio como
terceros damnificados.
También condenó a la entidad a pagar la suma equivalente a 70 SMLMV para
cada uno de los demandantes César Amado Ortiz Pabón y su esposa por el
perjuicio de daño a la vida de relación, por cuanto se probó que la ocupación
generó el desplazamiento y con ello el cambio en la vida familiar y social
“respecto del entorno rural en que vivieron durante cuatro o cinco años, para
luego regresar a la ciudad de Medellín en condiciones económicas difíciles
según refieren los testigos, lo cual demuestra la alteración a las condiciones de
existencia de los demandantes, por implicar cambios drásticos en su vida” (fl. 20
cdno. ppal.); no obstante, denegó este perjuicio para las demás demandantes
1 Como la titularidad del inmueble la encontró acreditada no declaró próspera la excepción de
falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la entidad; tampoco la de hecho de un
tercero porque, aunque las amenazas que provocaron el desplazamiento provinieron de grupos
ilegales, lo cierto es que la causa directa del daño fue la presencia del Ejército Nacional en el
inmueble, de modo que el hecho era evitable y previsible.
9
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
por falta de prueba de su vínculo con el dueño del predio y el padecimiento del
mismo.
En cuanto a los perjuicios materiales, reconoció por concepto de lucro cesante
la suma de $189’750.316 en favor del señor César Amado Ortíz Pabón, que
equivale a los cánones de arrendamiento “bajo el entendido que este concepto
sería el equivalente a los frutos o ganancias dejadas de percibir” (fl. 220 cdno.
ppal.), suma que fue determinada en el dictamen pericial el cual no fue objetado.
5. Los recursos de apelación
1) La parte demandante (fls. 224 a 230 cdno. ppal.) expresó que si bien comparte
el criterio de responsabilidad plasmado en la sentencia de primera instancia,
considera que la condena no cumple con la finalidad de una reparación integral
del daño por cuanto, contrario a lo afirmado por el a quo, la condición de hijas de
crianza sí se acreditó porque varios testigos reconocieron que ellos vivían con
tres hijas con las cuales se vieron obligados a desplazarse, motivo por el cual
tenían derecho a la misma indemnización de sus padres tanto de perjuicios
morales como por el daño a la vida de relación.
La indemnización de 50 SMLMV para cada uno de los padres por concepto de
perjuicios morales es baja si se tiene en cuenta que no solo se trató de un
destierro por parte de grupos al margen de la ley sino también, que fueron
miembros del Ejército Nacional quienes desconocieron su derecho a la
propiedad privada y ahora no tienen donde llegar ni pueden acceder a una
vivienda habitable porque fue destruida por los militares.
Por último, solicitó que se reconozca el daño emergente como perjuicio material
debido a que el bien tuvo un detrimento en su valor comercial, pues, las
condiciones en que se encuentra y que los demandantes no tienen la capacidad
económica de mejorar rebajan ostensiblemente el precio del metro cuadrado
respecto de otros ubicados en el mismo sector.
2) La entidad demandada (fls. 231 a 237 cdno. ppal.) mostró inconformidad
únicamente con la indemnización de perjuicios, pues, afirmó que está compelida
10
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
a responder patrimonialmente por los daños ocasionados con la ocupación del
inmueble de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política.
En primer lugar, solicita una reducción del monto indemnizatorio toda vez que en
la producción del daño hubo una concausalidad con unos terceros invasores que
se apoderaron del predio ante el abandono de sus dueños, prueba de ello son el
proceso reivindicatorio que se adelanta ante el Juzgado Civil del Circuito de
Santuario y algunos testimonios practicados en este proceso, motivo por el cual
solicita fijar el quantum indemnizatorio en proporción al tiempo de ocupación de
los militares.
En segundo lugar, sostiene que es improcedente la indemnización de perjuicios
inmateriales por el desplazamiento forzado dado que los demandantes no
acreditaron la calidad de desplazados por la violencia de conformidad con la Ley
387 de 1997.
Por último, solicitó que en esta instancia no se tengan en cuenta las fotografías
aportadas al proceso, como lo hizo el a quo, toda vez que solo dan cuenta del
registro de imágenes mas no de su origen, procedencia y época en que fueron
tomadas, a pesar de que un testigo las reconoció, pues, él tampoco puede saber
sobre dichas circunstancias.
6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
1) La parte demandante (fls. 261 a 262 cdno. ppal.) insistió en que se reconozca
la indemnización de perjuicios en favor de las tres hijas de crianza del señor
César Amado Ortíz Pabón y el daño emergente, así como también que se
aumente el quantum indemnizatorio de 70 SMLMV reconocidos en la primera
instancia.
2) La entidad demandada presentó su escrito contentivo de alegatos de
conclusión en segunda instancia fuera del término legal establecido para ello,
motivo por el cual no será tenido en cuenta; en efecto, según constancia
secretarial el término concedido a las partes corrió desde el 2 al 15 de julio de
2015 (fl. 295 cdno. ppal.), en tanto que el escrito fue presentado el 4 de agosto
11
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
siguiente (fl. 276 cdno. ppal.).
3) El Ministerio Público (fls. 264 a 275 cdno. ppal.) considera que se debe
confirmar la condena de perjuicios morales y graves alteraciones de las
condiciones de existencia decretada en primera instancia, pero, sugiere
modificar la condena de perjuicios materiales para que se haga en abstracto.
Lo primero, por cuanto no se probó la ocupación del bien por parte de terceras
personas, porque, si bien los demandantes no acreditaron la condición de
desplazados, sí se probó que se alteraron sus condiciones de vida con el
desplazamiento a la ciudad de Medellín como consecuencia de la ocupación y,
además, porque los perjuicios de las hijastras no se acreditaron y no se pueden
presumir.
Lo segundo, debido a que, en su parecer, el dictamen pericial que se tuvo en
cuenta para indemnizar los perjuicios materiales fue rendido por un auxiliar de la
justicia que no demostró su idoneidad y capacidad para emitir concepto, no debió
rendirse por un abogado sino por un evaluador o agrimensor; el dictamen fue
rendido respecto de un predio de 48 hectáreas, sin descontar que parte de este
fue vendido a un tercero; no se demostró la porción de terreno explotada por el
demandante; el cálculo se hizo desde el año 1995 cuando los testigos afirmaron
que la ocupación fue desde 1998; se tuvieron en cuenta los cánones de
arrendamiento de bienes urbanos y no rurales como era el caso.
Respecto de las fotografías, sostuvo que la decisión recurrida fue producto de
un análisis integral de todas las pruebas, por lo que no es cierto que el tribunal
de primera instancia les asignó el grado de certeza que endilga el recurrente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de la caducidad de la acción, 3) conclusión y, 4)
condena en costas.
12
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a modificar la indemnización de
perjuicios reconocida en primera instancia debido a que fue el único punto objeto
de apelación, tanto por lo pretendido por el actor con el recurso de apelación
como por la parte demandada en cuanto pretende una reducción de aquella.
La sentencia de primera instancia será revocada toda vez que la acción de
reparación directa se encuentra caducada, para el efecto se explicará que
cuando se trata de ocupación permanente de un bien el cómputo de la caducidad
se inicia desde que esta comenzó.
2. Análisis de la caducidad de la acción
1) De conformidad con la demanda el daño antijurídico se causó con la
ocupación permanente de un inmueble de su propiedad, motivo por el cual el
cómputo de la caducidad debe hacerse a partir del momento en el que esta tuvo
inicio.
2) El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo prevé que
la acción de reparación directa caducará luego de dos (2) años contados a partir
de ocurrida la ocupación temporal o permanente de propiedad ajena por trabajo
público o por cualquier otra causa.
3) La Sección Tercera ha explicado que cuando se trata de ocupación temporal
dicho cómputo comenzará desde cuando aquella finalice o, si es de forma
permanente por obra pública cuando esta finalice o, excepcionalmente, cuando
se tuvo conocimiento de ello si fue de manera posterior:
“30. La jurisprudencia de la Sala distingue dos supuestos, en lo que
tiene que ver con la ocupación temporal o permanente de inmuebles:
31. (i) En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la
realización de una obra pública con vocación de permanencia, el
término de caducidad para ejercicio de la acción de reparación directa
no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual el
mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado, o desde que
el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer
en un momento anterior.
(…)
13
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
32. Por otra parte, (ii) cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra
causa”, el término de caducidad empieza a correr desde que ocurre el
hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación
del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos
especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido
conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación
de la misma.
(…)
33. Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras
oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la
ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para
ejercer las acciones sometidas a dicho término, razón por la cual, en
los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del
interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada
situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados
para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no
existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha
establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en casos
especiales.”2.
4) Ahora bien, cuando la ocupación ocurre por causa distinta a un trabajo público
y es de carácter permanente, como no cesa en ningún momento, se entiende
que el término de caducidad debe contarse desde que ocurre el hecho dañoso,
es decir, desde la ocupación; como no se trata de un daño continuado, sino que
este se concreta desde el mismo momento en que inicia la ocupación, no puede
prolongarse en el tiempo indefinidamente, pues, eso quebrantaría el principio de
seguridad jurídica, motivo por el cual la contabilización del término de caducidad
debe comenzar desde aquel instante o desde el momento en el que se tuvo
conocimiento sobre el hecho si se prueba que no había manera de conocerlo
cuando ocurrió.
5) La Subsección A de la Sección Tercera, en un caso similar al asunto de la
referencia, se pronunció en ese sentido, con la sola deferencia de que el inicio
de la ocupación no coincide con el conocimiento de esta por parte de los
demandantes, en tanto que en el presente caso sí es coincidente, como se
explica más adelante, en esa oportunidad se expuso lo siguiente:
“En el presente caso, las demandantes pretenden obtener la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional
porque dicho ente público habría ocupado, en forma permanente,
2 Consejo de Estado – Sección Tercera – Sala Plena, auto proferido el 9 de febrero de 2011,
proceso no. 54001-23-31-000-2008-00301-01(38271), MP Danilo Rojas Betancourth. Sobre el
inicio del cómputo de la caducidad desde la cesación de la ocupación temporal, ver también:
Consejo de Estado – Sección Tercera – Sala Plena, sentencia proferida el 7 de marzo de 2018,
proceso no. 27001-23-31-000-1999-00735-01(21637), MP Marta Nubia Velásquez Rico.
14
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
un predio que adquirieron en su condición de sucesoras del señor José
Castillo Blanco, el cual está ubicado en el municipio de Ciénaga,
Magdalena.
No obstante que dentro del proceso se demostró que desde el mes de
octubre del año 1981, fecha en la cual el señor José Castillo Blanco –
padre de las hoy demandantes– alegó la ocupación del predio de su
propiedad mediante una demanda de reivindicación en contra del
señor Ricardo Arroyo Jiménez, lo cierto es que para este caso, la
Subsección estima que el término para presentar la demanda en
ejercicio de la acción de reparación directa empezó a transcurrir
desde el momento en el cual la parte actora conoció sobre la
supuesta ocupación permanente de su predio, conocimiento que lo
refleja el escrito dirigido por la señora Zoraida Castillo de Alfaro al
Ejército Nacional –Batallón Córdoba– el día 25 de enero de 1995, en
el que incluso ya anticipaba que desde un año atrás sabía de tal
actuación”3 (negrillas adicionales).
6) En este caso, la Sala encuentra debidamente acreditados lo siguientes
hechos relevantes:
a) El 27 de julio de 2009, el señor César Amado Ortíz Pabón presentó una queja
ante la Oficina de Orientación y Atención Ciudadana de la Séptima División del
Ejército Nacional en los siguientes términos:
“Manifiesto que en la vereda de Monteloro del municipio de San
Luis (Antioquia) [tengo] una finca y en ella está una base militar
del Batallón Bárbula, desde hace 14 años, ellos no pagan nada
por estar en ese terreno, llegaron desde el año 1995 y fue
creciendo, siempre les he servido con agua, leña y cuando la comida
demoraba en llegar les colaboraba con comida y frutales, también les
colaboré prestando el crédito en la tienda.
Mi queja es que el Ejército se pegó del contador de mi finca y la cuenta
está cerca de los dos millones de pesos (anexo copia del recibo).
Solicito que se me cancele esa deuda de aproximadamente dos
millones de pesos y que me colaboren con una indemnización por esos
14 años que han estado en mi finca (…).
Así mismo quiero manifestar que en el año 1998 fui desalojado por
amenazas del Ejército de Liberación Nacional frente ‘Alirio Buitrago’
esto me sucedió por darle alojamiento a más de 200 soldados que
llegaron de un enfrentamiento en el corregimiento de Aquitania, ellos
llegaron con heridos y se acantonaron en los corredores y en la sala.”
(fl. 28 cdno. 1 – negrillas adicionales).
b) Los testimonios practicados en el proceso de quienes viven y vivían para la
época de los hechos cerca de la finca de los demandantes, son coincidentes en
3 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, sentencia proferida el 25 de marzo de
2015, proceso no. 47001-23-31-000-1995-04449-01(31604), MP (E) Hernán Andrade Rincón.
15
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
afirmar que la ocupación se dio cuando el señor César Amado Ortíz Pabón vivía
allí junto con su esposa y tres hijas, que fueron desplazados por amenazas
provenientes de la guerrilla en el año 1998 por haber colaborado con los militares
y que estos últimos la seguían ocupando hasta el momento en que rindieron sus
declaraciones, esto es, el 13 de noviembre de 2012, que los militares
construyeron trincheras, instalaron antena de comunicaciones e hicieron un
campamento, por lo cual se convirtió en una base militar y que en la actualidad
estaban haciendo uso de la casa (fl.s 115 a 130 cdno. 1).
c) En el dictamen pericial rendido en este proceso para efectos de calcular los
perjuicios materiales, el auxiliar de la justicia manifestó haber visitado el
inmueble el 9 de enero de 2013, en donde fue atendido por un soldado
profesional y manifestó lo siguiente:
“Fuera de la casa de habitación, el inmueble presenta en la topografía
cuevas, canales barricadas que sirven de refugio o trincheras hechas
por los soldados para defenderse de los ataques, asaltos,
emboscadas y combates que se sostenían en los terrenos alrededor
de la base militar que existía en la parte más alta y selvática del
inmueble” (fls. 159 a 164 cdno. 1).
7) Verificados los anteriores hechos y cotejados con lo manifestado en el libelo
introductorio, la Sala encuentra probado que la ocupación se inició en el año
1995 y que esta es permanente puesto que hasta el momento en que se
practicaron las pruebas en este proceso, esto es, alrededor de 18 años, los
militares continúan ocupando la finca de propiedad de los demandantes,
usándola como base militar que incluso en la demanda la identificaron con
nombre propio (“Monteloro”), en la cual instalaron antena de comunicaciones,
campamentos, trincheras y hacen uso de la casa; también encuentra acreditado
que los demandantes conocieron sobre ese hecho desde el momento en que
ocurrió toda vez que ellos vivían en el inmueble, e incluso voluntariamente les
colaboraban a los soldados con alimentación y atención de heridos, entre otras
cosas.
8) Además, es especialmente relevante advertir en este caso que la causa
petendi es la ocupación permanente, pues, tanto en las pretensiones de la
demanda como en la descripción de los hechos se la identificó como tal, la cual
16
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
no se puede modificar para pensar en otro tipo de ocupación porque ello violaría
el derecho de defensa.
9) En ese orden de ideas, los interesados podían interponer la demanda hasta
el año 1997 pero, como lo hicieron tan solo el 12 de enero de 2012 y la solicitud
de conciliación prejudicial la presentaron el 14 de marzo de 2011 (fl. 66 cdno. 1),
se impone concluir que fue de manera manifiestamente extemporánea.
10) El tribunal a quo equivocadamente consideró que la demanda fue presentada
en tiempo oportuno con base en que para la fecha de su presentación la finca
de los demandantes todavía estaba ocupada por el Ejército Nacional (fl. 215
cdno. ppal.), pues, como se explicó, la ocupación se inició en un momento
determinado y con pleno conocimiento de los accionantes, de modo que por no
tratarse de una ocupación de carácter temporal ni tampoco de un daño
continuado ni de tracto sucesivo este no puede prolongarse en el tiempo, de lo
contrario, para este tipo de casos no operaría nunca la caducidad.
11) Aunado a ello, en la demanda se alega que el desplazamiento forzado, como
consecuencia de la ocupación, les generó graves perjuicios a los actores, motivo
por el cual la Sala precisa que, por haber ocurrido en el año 1998, tal como lo
sostuvieron los testigos, la acción de reparación directa respecto de dicho daño
también se encuentra caducada, de acuerdo con la sentencia de unificación
proferida el 29 de enero de 2020 por la Sala Plena de esta Sección4.
12) De conformidad con lo expuesto, no hay lugar a un pronunciamiento sobre
el fondo del asunto, esto es, analizar la indemnización de perjuicios reconocida
en primera instancia, en consecuencia, se revocará la sentencia apelada para
decretar, de oficio, la caducidad de la acción.
3. Conclusión
Como la demanda se presentó cuando la acción de reparación directa ya había
caducado se impone revocar la sentencia apelada y decretar de oficio dicha
excepción.
4 Proceso no. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), MP Marta Nubia Velásquez Rico.
17
Expediente 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122)
Actor: César Amado Ortíz Pabón y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
4. Condena en costas
Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
F A L L A:
1º) Revócase la sentencia proferida el 26 de junio de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Descongestión y, en su lugar,
declárase de oficio la caducidad de la acción de reparación directa.
2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.