Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2003-00202-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2003-00202-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2003-00202-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
Actor: JOAQUÍN ANTONIO BERBÉN POLO
Demandados: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – OCUPACIÓN
PERMANENTE DE INMUEBLE
Síntesis del caso: en un predio de propiedad del demandante, ubicado en el corregimiento
Piñuela del municipio de Pivijay (Magdalena), fueron instaladas desde el año 1992 hasta la
actualidad unas líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica junto con los postes de
cemento que las sostienen, por parte supuestamente de la entidad demandada, lo cual implicó
una ocupación de carácter permanente, sin ningún tipo de contraprestación, en virtud de la cual
solicita le sean indemnizados los perjuicios que le generan.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 11 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena – Despacho 004 por medio de la cual declaró probada la excepción
de caducidad de la acción.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 2000 (fl.10 archivo 6 índice 2
SAMAI), el señor Joaquín Antonio Berbén Polo promovió demanda de
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
Actor: Joaquín Antonio Berbén Polo
Reparación directa - apelación de sentencia
reparación directa en contra de la empresa Electricaribe SA ESP con las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Declárese y se imponga a favor de la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP (ELECTRICARIBE SA
ESP) o empresa o entidad que resulte de la venta o transformación de
la misma, la imposición de un gravamen de servidumbre legal de
tránsito de paso, pago el derecho de uso, indemnización, a favor del
predio de propiedad del señor JOAQUÍN ANTONIO BERBÉN POLO,
por el paso de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica
e instalación de siete (7) torres dentro del inmueble rural denominado
‘TIERRA MALA’ ubicado en Piñuela, municipio de Pivijay, identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria no. 222.19789 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Ciénaga Magdalena, por ser necesaria la
construcción de las torres que atraviesan el predio rural.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración condénese
a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP (ELECTRICARIBE SA
ESP) o empresa o entidad que resulte de la venta o transformación de
la misma a pagar la suma de mil quinientos millones de pesos
($1.500.000.000) o el valor que resulte probado en el proceso o en un
posterior incidente de liquidación de perjuicios a favor de mi
poderdante JOAQUÍN ANTONIO BERBÉN POLO, por concepto de
indemnización de los perjuicios materiales (DAÑO EMERGENTE Y
LUCRO CESANTE) e indexación, más los intereses corrientes o
comerciales y los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por
la ley sobre esta suma, liquidadas desde la fecha de la providencia o
sentencia condenatoria que resuelva este proceso hasta el momento
en que se efectúe el pago total de la misma.
TERCERO: Que el gravamen legal recaiga retroactivamente y
proporcionalmente sobre el volumen de energía transmitida por las
redes de interconexión eléctrica que integran el predio sirviente
demandado a partir de la operación, al igual que los riesgos de salud
y vida a que tenga lugar por falta de protección y mantenimiento de las
redes instaladas en el predio sirviente, las cuales deben especificarse,
cuantificarse y determinarse, mediante peritos por el término de
vigencias fiscales.
CUARTO: Que se determinen las medidas preventivas de seguridad
para las personas y animales que habitan el predio al igual que los
cultivos agrícolas que resulten afectados como consecuencia de la
servidumbre legal impuesta. De igual manera establecer los términos
obligatorios y los plazos perentorios para la realización y la ejecución
de mantenimiento a la estructura de las líneas eléctricas de
interconexión y en caso de oposición del demandado se condenen en
costas.
QUINTO: Se ordene una vez ejecutoriada la providencia condenatoria
su registro en la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga
(Magdalena) en el folio de matrícula inmobiliaria no. 0800019789” (fls.
4 a 5 ibidem – mayúsculas sostenidas del texto original).
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
Actor: Joaquín Antonio Berbén Polo
Reparación directa - apelación de sentencia
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Joaquín Antonio Berbén Polo es propietario del predio denominado
Tierra Mala ubicado en el corregimiento Piñuela del municipio de Pivijay
(Magdalena), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no. 0800019789
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Magdalena).
2) En dicho inmueble del demandante la empresa Electricaribe SA ESP, hace
ocho (8) años, aproximadamente, instaló por vía de hecho unas redes de
transmisión y distribución de energía eléctrica compuesta de lo siguiente: siete
(7) postes de concreto de doce (12) metros hincados en una longitud de cien
(100) metros, los cuales soportan tres (3) conductores correspondientes a la
línea eléctrica Salamina-Piñuela de 13.2 KV.
3) No obstante, la empresa demandada no ha efectuado el respectivo pago por
“el derecho de servidumbre legal” que le corresponde al actor debido a la
afectación que aquella le genera de conformidad con lo previsto en las Leyes 56
de 1981 y 57 y 142 de 1994, pues, cuando sea necesario para la prestación de
los servicios públicos las empresas podrán pasar por predios ajenos los cables
o tuberías necesarias, y el propietario afectado tendrá derecho a la respectiva
indemnización.
4) Las servidumbres impuestas por disposición legal le otorgan al demandante
el beneficio por el uso continuo de las obras, redes y líneas de interconexión
eléctrica desde el tiempo de su montaje y operación, motivo por el cual la
empresa demandada debe indemnizar los perjuicios materiales y morales
causados con la servidumbre y su incumplimiento en la materialización técnica
de seguridad como el encerramiento de las redes que atenta la salud y vida de
las personas, animales y cultivos dentro del predio.
5) Con la ejecución de las obras se talaron árboles frutales, maderables, hubo
muerte de animales y desvalorización de las tierras que no fueron indemnizadas
por la empresa demandada; además, con la instalación de las redes se puso en
riesgo la salud de las personas y animales.
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
Actor: Joaquín Antonio Berbén Polo
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2. Trámite relevante en primera instancia
1) La demanda fue interpuesta ante la jurisdicción ordinaria civil y, aunque
inicialmente fue admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fundación
(Magdalena) como proceso abreviado de imposición de servidumbre, ese
despacho judicial por medio de auto proferido el 27 de noviembre de 2002
declaró la ilegalidad de esa decisión y, en su lugar, rechazó la demanda por falta
de jurisdicción y ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo del
Magdalena, por tratarse de un daño ocasionado por la realización de un trabajo
público por cuya naturaleza la jurisdicción competente es la contenciosa
administrativa (fls. 377 a 383 archivo 6 índice 2 SAMAI).
2) El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda en providencia
del 30 de septiembre de 2008 y vinculó al proceso a Electrificadora del
Magdalena SA ESP en liquidación y Traselca SA ESP como litisconsortes
necesarios por pasiva (fls. 446 a 451 y 449 a 556 ibidem). Luego vinculó a la
empresa Aire SAS ESP en la misma calidad, según se registra en los
antecedentes de la sentencia de primera instancia, pues, la providencia no se
encuentra en el expediente digitalizado; solo se observa un memorial a través
del cual la primera sociedad mencionada solicitó la sustitución procesal porque
la segunda le cedió sus derechos litigiosos (fls. 559 a 562 ibidem).
3) No obstante, en auto proferido el 22 de noviembre de 2023 el tribunal declaró
falta de jurisdicción y planteó conflicto negativo de competencia, el cual fue
dirimido por la Corte Constitucional en providencia dictada el 3 de abril de 2024
en el sentido de declarar que el Tribunal Administrativo del Magdalena es la
autoridad competente para conocer del asunto, por estar relacionado con la
responsabilidad de la prestadora del servicio público de energía eléctrica a partir
de la imposición de una servidumbre de origen legal y de utilidad pública sobre
un terreno baldío posteriormente adjudicado, cuyo conocimiento corresponde a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo según disposición legal (índices
27 y 30 SAMAI).
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
Actor: Joaquín Antonio Berbén Polo
Reparación directa - apelación de sentencia
3. Posición de las demandadas
3.1 Electricaribe SA ESP
Esta empresa formuló las excepciones de (i) “caducidad de la acción”, porque la
ocupación se efectuó en el año 1992 y la demanda se presentó en el año 2000;
(ii) “falta de agotamiento del requisito de procedibilidad”, por el hecho de que con
antelación a presentarse la demanda no se convocó a audiencia de conciliación
prejudicial; (iii) “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”, debido
a que no se adecuó la demanda al proceso de reparación directa, y (iv) “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, puesto que los trabajos de instalación de
redes en el predio se ejecutaron en el año 1992 y en ese orden de ideas la
llamada a responder por el presunto daño es la Electrificadora del Magdalena
SA ESP liquidada (fls. 490 a 499 archivo 6 índice 2 SAMAI).
3.2 Traselca SA ESP
Por su parte, esta sociedad propuso las siguientes excepciones: (i) “caducidad
de la acción”, porque en la demanda se afirma que la ocupación se dio ocho
años atrás; (ii) “falta de legitimación por pasiva”, pues, la empresa fue constituida
el 6 de julio de 1998, es decir, no existía para la época de los hechos y, (iii)
“inexistencia de daño”, debido a que el predio fue vendido (fls. 2 a 8 archivo 12
índice 2 SAMAI).
3.3 AIR-E SAS ESP
Por último, esta empresa propuso las excepciones que denominó: “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, porque ella es cesionaria de los derechos
litigiosos de Electricaribe SA ESO y este última no fue quien impuso la
servidumbre en el predio del demandante, por cuanto, para la época de los
hechos ni siquiera había entrado en operación; “caducidad de la acción” en
atención a que los hechos sucedieron en el año 1992 y la demanda se interpuso
en el año 2000; “falta de agotamiento del requisito de procedibilidad”, por no
haberse citado a conciliación prejudicial e “ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales” por no haber adecuado la demanda a la acción de
reparación directa cuando se decretó la falta de jurisdicción en la ordinaria
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
Actor: Joaquín Antonio Berbén Polo
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(archivo 10 índice 2 SAMAI).
4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena en providencia del 11 de diciembre de
2024 declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación
directa propuesta por las entidades demandadas, con fundamento en la
afirmación del demandante según la cual la ocupación permanente se efectuó
ocho años antes de presentar la demanda. Consideró que no se trata de un daño
de tracto sucesivo porque este se produjo de manera inmediata con la instalación
de las torres de conducción de energía en su predio y es a partir de ese
momento, del conocimiento de la servidumbre de paso, cuando ocurrió la
ocupación por la obra pública y a partir de ese momento disponía de dos años
para demandar, sin embargo, lo hizo 8 años después (índice 34 SAMAI).
5. El recurso de apelación
La parte demandante solicita que sea revocada la sentencia apelada por cuanto
los postes y las redes de conducción de energía eléctrica siguen en su predio,
incluso a la presentación del recurso, razón por la cual el daño no ha cesado, se
trata de un daño continuado, permanente o prolongado en el tiempo; en ese
orden de ideas, no ha operado la caducidad (archivo 36 índice 2 SAMAI).
6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
1) La parte demandante insistió en que se trata de un daño continuado y por tal
motivo solicita sea estudiado de fondo el asunto (índice 21 SAMAI).
2) Las demandadas guardaron silencio.
3) El Ministerio Público considera que se debe confirmar la sentencia apelada,
pues, según lo expuesto en la demanda, el actor tuvo conocimiento de la
ocupación permanente de su predio por la construcción de los postes para la
línea eléctrica, al igual que de los perjuicios causados instantáneos
(desvalorización del bien, tala de árboles y muerte de animales), ocho (8) años
antes de haber ejercido la acción; en cuanto al paso constante del fluido eléctrico
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
Actor: Joaquín Antonio Berbén Polo
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que supuestamente genera un campo electromagnético que produce daño
continuado que afecta a los animales, la vegetación y la salud de las personas,
ello corresponde en realidad a los perjuicios derivados de la ocupación que se
dio en un momento determinado y desde donde se debe contar el término de
caducidad de dos años previsto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
fue ampliamente sobrepasado por el demandante (índice 11 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de la caducidad de la acción, 3) conclusión y, 4)
condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si la demanda se interpuso de manera
extemporánea, como lo decidió el tribunal de primera instancia o, si se hizo en
tiempo oportuno, como lo alega la parte actora en el recurso de apelación.
La sentencia de primera instancia será confirmada, toda vez que, la acción de
reparación directa se encuentra caducada, para el efecto se explicará que
cuando se trata de ocupación permanente de un bien inmueble por obra pública
el cómputo de la caducidad se inicia desde que esta finalice.
2. Análisis de la caducidad de la acción
1) De conformidad con la demanda el daño antijurídico se causó con la
ocupación permanente de un inmueble de propiedad del actor debido a la
instalación de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como
también de unos postes de cemento que las sostienen, hechos realizados por la
entidad demandada, motivo por el cual el cómputo de la caducidad debe hacerse
a partir del momento en el que aquella instalación ocurrió.
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
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2) El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo1 prevé
que la acción de reparación directa caducará luego de dos (2) años contados a
partir de ocurrida la ocupación temporal o permanente de propiedad ajena por
trabajo público o por cualquier otra causa.
3) La Sección Tercera ha explicado que cuando se trata de ocupación temporal
dicho cómputo comenzará desde cuando aquella finalice o, si es de forma
permanente por obra pública cuando esta finalice o, excepcionalmente, cuando
se tuvo conocimiento de ello si fue de manera posterior:
“30. La jurisprudencia de la Sala distingue dos supuestos, en lo que
tiene que ver con la ocupación temporal o permanente de inmuebles:
31. (i) En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la
realización de una obra pública con vocación de permanencia, el
término de caducidad para ejercicio de la acción de reparación directa
no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual el
mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado, o desde que
el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer
en un momento anterior.
(…)
32. Por otra parte, (ii) cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra
causa”, el término de caducidad empieza a correr desde que ocurre el
hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación
del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos
especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido
conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación
de la misma.
(…)
33. Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras
oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la
ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para
ejercer las acciones sometidas a dicho término, razón por la cual, en
los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del
interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada
situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados
para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no
existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha
establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en casos
especiales.”2.
1
Estatuto procesal aplicable en el presente asunto por la fecha de ocurrencia de los hechos
(1992) y la fecha de presentación de la demanda (11 de diciembre de 2000).
2
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de febrero de 2011, proceso no. 54001-23-31-
000-2008-00301-01(38271), MP Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 7 de marzo de 2018,
proceso no. 27001-23-31-000-1999-00735-01(21637), MP Marta Nubia Velásquez Rico;
sentencia del 13 de julio de 2022, proceso no. 05001-23-31-000-2012-00085-01 (53.122), MP
Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
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4) En este caso, la Sala encuentra que la parte actora afirma, categóricamente,
que la ocupación ocurrió ocho (8) años antes de presentarse la demanda; en
efecto, manifestó que la empresa demandada “desde hace como (8) años
aproximadamente hasta la fecha no ha hecho efectivo el cumplimiento de la
obligación pendiente de pago, por el derecho de servidumbre legal, que le
corresponde a mi mandante al encontrarse afectado por las instalaciones y
construcciones de obras al interior del predio rural de su propiedad" (fl. 6 archivo
6 índice 2 SAMAI). Más adelante, expuso lo siguiente:
“La empresa demandada le ha causado perjuicios a mi poderdante por
la instalación y operación de energía que son dable que se indemnice
por el haber arbitrariamente y por las vías de hecho ancladas las (7)
torres y las líneas de conducción de energía desde hace como (8) años
aproximadamente, favoreciéndose en una forma económica su
patrimonio”.
(...).
“Las instalaciones y montaje de redes y líneas de interconexiones
eléctricas materializan la ocupación y uso parcial del bien inmueble en
una determinada extensión global conformada como predio sirviente”
(fls. 7 y 8 ibidem).
5) Verificado lo expresado en el libelo introductorio, la Sala encuentra que el
propio demandante asegura que la instalación de la obra ocurrió ocho (8) años
antes de interponer la demanda, esto significa que la ocupación ocurrió en el año
1992 si se tiene en cuenta que la demanda se presentó en el año 2000,
ocupación respecto de la cual el demandante conoció sobre ese hecho desde el
momento en que ocurrió, tal como él mismo lo reconoció.
6) En ese orden de ideas, el interesado podía interponer la demanda hasta el
año 1994, pero, como lo hizo tan solo el 11 de diciembre de 2000 se impone
concluir que fue de manera manifiestamente extemporánea.
7) No le asiste razón al apelante en considerar que la demanda fue presentada
en tiempo oportuno por tratarse de un daño continuado por el hecho de que la
ocupación aún producía efectos nocivos cuando se interpuso la demanda e
incluso el recurso de apelación. La ocupación se inició en un momento
determinado y con pleno conocimiento del actor; de modo que, por no tratarse
de una ocupación de carácter temporal ni tampoco de un daño continuado ni de
tracto sucesivo este no puede prolongarse en el tiempo indefinidamente; de lo
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
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contrario, para este tipo de casos no operaría nunca la caducidad, lo cual
quebrantaría el principio de seguridad jurídica y desconocería el ordenamiento
jurídico que regula la materia.
8) De conformidad con lo expuesto, no hay lugar a un pronunciamiento sobre el
fondo del asunto; en consecuencia, se confirmará la sentencia apelada que
declaró probada la excepción de caducidad de la acción.
9) Ahora bien, si se considera que la afectación a la salud de las personas,
animales y a la vegetación, es un daño independiente a la ocupación y es
continuado, la Sala observa que no fue probado. La parte actora solicitó la
práctica de unos testimonios que fueron decretados, pero, posteriormente
desistió de esa prueba (fl. 547 archivo 01.2 índice 3 SAMAI tribunal)3; a su turno,
solicitó la práctica de una inspección judicial, la cual fue denegada en primera
instancia y, en su lugar, el tribunal decretó dictamen pericial (fl. 505 ibidem), no
obstante, nunca se practicó; además, ninguna de las pruebas documentales
allegadas al expediente acredita ese daño.
3. Conclusión
Como la demanda se presentó cuando la acción de reparación directa ya había
caducado se impone confirmar la sentencia de primera instancia.
4. Condena en costas
Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
3
En el proceso solo se practicó un testimonio, solicitado por Traselca SA ESP, y se trató de un
ingeniero de dicha sociedad, cuya declaración se restringió a manifestar que las líneas de
transmisión no son de propiedad de esa empresa (archivo 21 índice 3 SAMAI tribunal).
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Expediente 47001-23-33-000-2003-00202-01 (73.135)
Actor: Joaquín Antonio Berbén Polo
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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
F A L L A:
1º) Confírmase la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena – Despacho 004.
2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala
Magistrado
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los
artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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