Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2015-00130-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2015-00130-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-33-000-2015-00130-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
3 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 3 de junio de 2025
Radicación: 27001-23-33-000-2015–00130-02(70172)
Demandantes: Cecilia Omaira Pandales Rivera y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: reparación directa – ocupación permanente – caducidad.
Síntesis del caso: la parte actora pretende la reparación del daño que le fue causado con
la instalación de una base militar en los predios de su propiedad ubicados en el municipio
de Juradó (Chocó).
Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte
demandante en contra de la Sentencia de 27 de abril de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Chocó, en la cual se declaró probada la
excepción de caducidad.1
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas, 1.4. Sentencia de primera instancia, 1.5.
Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 16 de septiembre de 2015, Cecilia Omaira Pandales Rivera, Rosa Parra
Rodríguez, Niria Mireya Hinestroza, Nohemí Hinestroza Paz, Ramón Zúñiga
Ibarguen y Epifanio Moreno Ballesteros presentaron demanda2, en ejercicio
del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional- Armada Nacional, con el fin de obtener la
reparación del daño causado con la instalación de una base militar en los
predios de su propiedad, en el municipio de Juradó (Chocó).
1 La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 150 de Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo. El tribunal era competente para conocer
el proceso en primera instancia por su cuantía, según el numeral 16 del artículo 152 del mismo Código.
2 Folios 1 al 13 del documento 14_14_2700123330002015001300211EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf que obra en
el índice 2 del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015–00130-02(70172)
Demandante: Cecilia Omaira Pandales Rivera y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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2. En la demanda se plantearon las siguientes pretensiones (se trascribe):
“PRIMERA: Que por parte de la ARMADA NACIONAL- INFANTERIA DE MARINA, en
acto de equidad para con mis representados, en acto definitivo que prevenga
futuros reclamos, SE LES CONDENE a la entrega real y material, de los predios
rurales a mis mandantes RAMON ZUNIGA IBARGUEN, EPIFANIO MORENO
BALLESTEROS, ROSA PARRA RODRIGUEZ, CECILIA OMAIRA PANDALES RIVERA, NIRIA
MIREVA HINESTROZA Y NOHEMI HINESTROZA PAZ, tal que puedan usufructuarlos,
cultivarlos y obtener el sustento de ellos para el bienestar de sus familias.
SEGUNDA: Subsidiariamente, para esta pretensión, en el evento de no acceder a
la devolución de los predios, se les condene a pagar el valor de los mismos, tal
que puedan, hacia el futuro, recuperar una vida humilde y digna, como la tenían
antes de la ocupación y sometimiento a desplazamiento forzado de sus terrenos,
por las vías de hecho por parte de la Infantería de Marina- Armada Nacional de
las Fuerzas Militares de Colombia.”
3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
$500.000.000 para cada uno de los demandantes, por concepto de
perjuicios morales; $52.500.000 para Cecilia Omaira Pandales Rivera,
$87.000.000 para Rosa Parra Rodríguez, $61.250.000 para Niria Mireya
Hinestroza, $61.250.000 para Nohemí Hinestroza Paz, $60.000.000 para
Ramón Zúñiga Ibarguen y $60.000.000 para Epifanio Moreno Ballesteros, por
concepto de perjuicios materiales.
4. Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, se refirió que los
demandantes son propietarios de varios predios rurales ubicados en el
municipio de Juradó. La Infantería de Marina, perteneciente a la Armada
Nacional, ocupó “por vías de hecho” esos predios, “situación que ha
perdurado en el tiempo por más de doce años”. El 3 de octubre de 2012, el
apoderado de los actores presentó una petición ante el Ministerio de
Defensa Nacional, en la que solicitó que “se le informara quién o qué
entidad repararía los perjuicios ocasionados a mis poderdantes, por la
ocupación a la fuerza, utilizando las vías hecho, de sus propiedades”, sin
embargo, no recibió respuesta. Con su actuar, la demandada ocasionó
graves perjuicios a los demandantes, toda vez que estos residían en los
predios que fueron ocupados, además, sembraban árboles frutales y
maderables, así como cultivos de plátano, yuca, ñame, entre otros, y con el
despojo de sus propiedades, se vieron forzados a desplazarse y abandonar
los bienes de los cuales derivaban su sustento.
1.2. Posición de la parte demandada
5. La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional contestó la
demanda3. Indicó que los predios en los que estaba instalada la base militar
3 Folios 146 al 172 del documento 14_14_2700123330002015001300211EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf que obra
en el índice 2 del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015–00130-02(70172)
Demandante: Cecilia Omaira Pandales Rivera y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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son propiedad de la entidad, y fueron obtenidos por la donación que realizó
el municipio de un lote de 35.000 m2 en el año 1993 y por la compra que la
entidad realizó a los señores Jorge Eliecer y Rommel Ibarguen Ospina de un
lote aledaño de 19,45 m2, en el año 1997.
6. Señaló que el desplazamiento de los actores se produjo como
consecuencia de la toma guerrillera ocurrida el 12 de diciembre de 1999, en
el municipio de Juradó, tras la cual la base militar fue considerablemente
afectada y “muchos pobladores decidieron abandonar el municipio
especialmente los que vivían a los alrededores de la infantería de marina”,
pero no por una acción u omisión de la entidad.
7. Adujo que se configuró la caducidad del medio de control, toda vez
que, luego de la ocurrencia del acto terrorista, “la infantería de marina por
la misma necesidad del servicio se vio obligada a construir sobre los
escombros inmediatamente, maniobras y estructuras para blindarse y
prestar un servicio de seguridad eficiente a la población”, en ese sentido, de
encontrarse probada la ocupación de los predios de los demandantes, la
parte actora debió demandar dentro de los dos años siguientes a la
reconstrucción de la base. Finalmente, alegó que la indemnización por
perjuicios era exorbitante y se opuso al dictamen pericial por carecer de
sustento probatorio.
1.3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas
8. El 29 de noviembre de 2017, se realizó la audiencia inicial4. En ella, el
tribunal resolvió declarar probada la excepción de caducidad, toda vez
que, con certeza, la ocupación había ocurrido antes del 3 de octubre de
2012, fecha en la que los actores presentaron un oficio ante el ministro de
defensa, con la finalidad de que se les informara quién repararía los daños
causados a sus predios, y tan solo el 18 de febrero de 2015 los demandantes
presentaron solicitud de conciliación extra judicial y el 16 de septiembre de
2015 presentaron la demanda, es decir, cuando la acción estaba
caducada. La parte actora presentó recurso de apelación en contra de
esa decisión, en el que alegó que “esta ocupación por vías de hecho en
forma permanente no caduca en razón de que es de tracto sucesivo, y por
consiguiente, está vigente en el tiempo si no se han resarcido los perjuicios
tanto materiales como morales”.
9. En Auto de 25 de julio de 20185, esta corporación revocó la decisión
adoptada por el tribunal en la audiencia inicial. La Sala que resolvió el
asunto identificó dos hechos generadores de daño: la ocupación y el
4 Folios 1 al 9 del documento “15_15_2700123330002015001300212EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf” que obra
en el índice 2 del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI.
5 Folios 20 al 37 del documento “15_15_2700123330002015001300212EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf” que obra
en el índice 2 del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015–00130-02(70172)
Demandante: Cecilia Omaira Pandales Rivera y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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desplazamiento. Respecto del primer asunto, se afirmó que, cuando menos,
para el 12 de mayo de 2014, fecha en que se realizó el peritaje, los predios
se encontraban ocupados, en ese sentido, el término de oportunidad se
extendió hasta el 13 de mayo de 2016, por lo que la demanda presentada
el 16 de septiembre de 2015 fue oportuna. Por otra parte, respecto del
segundo asunto, la Sala no adoptó una decisión de fondo, advirtió que la
parte actora promovió un proceso separado por el hecho del
desplazamiento, de modo que “no habría lugar a considerar dicha
pretensión en la presente oportunidad pues esta ya hace parte del
conocimiento de un operador jurídico diferente en el marco de esta misma
jurisdicción”.
10. En Auto de 13 de mayo de 20196, el tribunal ordenó dar cumplimiento a
la anterior providencia, además, advirtió que, en efecto, la parte actora
había promovido otro proceso de reparación directa, con radicado No.
27001-33-33-002-2017-00066-00, adelantado por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en el cual reclamó una
indemnización por el desplazamiento forzado, no obstante, decidió que los
procesos no eran acumulables y que debían seguir trámites separados.
11. Pese a lo anterior, el 25 de septiembre de 2019, en la continuación de la
audiencia inicial7, el tribunal fijó el litigio en el sentido de estudiar la
responsabilidad del Estado respecto de la ocupación de los predios y “por
el desplazamiento forzoso” de los demandantes. El 11 de febrero de 2020 se
llevó a cabo la audiencia de pruebas8, en la cual se practicaron las pruebas
decretadas y se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público
para que presentaran los alegatos de conclusión y el concepto
respectivamente.
1.4. Sentencia de primera instancia
12. El 27 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Chocó profirió
Sentencia de primera instancia9 en la que resolvió declarar probada la
excepción de caducidad y condenar en costas a los demandantes.
13. Explicó que el daño fue causado con la ocupación de hecho en que
incurrió la demandada al construir el Batallón de Infantería de Marina de
Juradó sobre los predios de propiedad de los demandantes, de manera que
el término de oportunidad debía contabilizarse a partir de la fecha en que
6 Folios 59 al 64 del documento “15_15_2700123330002015001300212EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf” que obra
en el índice 2 del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI.
7 Folios 81 al 89 del documento “15_15_2700123330002015001300212EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf” que obra
en el índice 2 del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI.
8 Folios 122 al 125 del documento “15_15_2700123330002015001300212EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf” que
obra en el índice 2 del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI.
9 Documento “6_6_270012333000201500130023EXPEDIENTEDIGI20230804150756.pdf” que obra en el índice 2 del
historial de las actuaciones disponible en el aplicativo SAMAI.
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se instaló esa unidad militar. Pese a que en el expediente no obraban
elementos de prueba que permitieran tener certeza de la fecha en que esto
ocurrió, lo cierto es que el 3 de octubre del 2012 los demandantes solicitaron
al Ministerio de Defensa Nacional que les informara sobre la reparación de
los perjuicios que les fueron causados, lo cual acreditaba que, por lo menos
para esa fecha, la base estaba instalada y los actores conocían ese hecho.
En ese sentido, el término de oportunidad se extendió hasta el 4 de octubre
del 2014, sin embargo, la parte actora presentó la demanda el 16 de
septiembre del 2015, esto es, de manera extemporánea.
14. En relación con el desplazamiento, el tribunal consideró que no estaban
probadas las circunstancias en que se produjo ese hecho, así como
tampoco el daño en sí mismo. En todo caso, frente a ese asunto, también se
habría configurado la caducidad, toda vez que, según lo narrado en la
demanda, los demandantes se vieron despojados de sus predios con
ocasión de la ocupación. Finalmente, por no prosperar las pretensiones de
la parte demandante, esta fue condenada al pago de costas y agencias
en derecho, correspondientes al 1% de las pretensiones de la demanda.
1.5. Recurso de apelación
15. La parte demandante presentó recurso de apelación10 con el fin de que
se revocara la decisión de primera instancia. Refirió que la sentencia
desconoció el auto que revocó la decisión adoptada en la audiencia inicial
que declaró la caducidad del medio de control. Citó en extenso dicha
providencia e insistió en que la ocupación se trata un daño continuado,
toda vez que se mantiene vigente en el tiempo, de manera que la acción
fue oportuna. Indicó que en el expediente obraban pruebas suficientes que
acreditaban la responsabilidad de la demandada, además, la entidad
aceptó la responsabilidad por los hechos en la contestación de la
demanda.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis
sustantivo; 2.3. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
16. La Sala se pronunciará solo respecto de la responsabilidad del Estado
por la ocupación de los predios de las demandantes, toda vez que, en la
demanda, pese a que se menciona el hecho del desplazamiento, lo cierto
10 Documento “7_7_270012333000201500130024EXPEDIENTEDIGI20230804150756.pdf” que obra en el índice 2 del
historial de actuaciones disponible en el aplicativo SAMAI.
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es que no se precisaron las circunstancias en que ocurrió, así como tampoco
se reclamó la responsabilidad de la demandada por ese asunto, ni se pidió
una indemnización por ese daño. Además, en el recurso de apelación, la
parte actora se centró en controvertir el fundamento de la decisión de
caducidad respecto de la ocupación de los predios. En todo caso, tal como
se advirtió en el trámite de primera instancia, los demandantes presentaron
una demanda de reparación directa por separado en la cual se debate la
responsabilidad del Estado por los hechos del desplazamiento11.
17. La Sala confirmará el fallo de primera instancia, porque encuentra
probada la caducidad del medio de control. Los hechos en los que se
fundamenta la demanda versan sobre una ocupación de carácter
permanente, por lo cual el término de caducidad debe contabilizarse
desde el momento en que se instaló la base militar que presuntamente
invadió los predios de los demandantes, no obstante, la demanda de
reparación directa se interpuso mucho tiempo después de que ello
ocurriera, esto es, por fuera de los dos años establecidos en la ley para el
ejercicio oportuno de la acción. La Sala explicará las razones de esta
decisión y luego decidirá sobre las costas procesales.
2.2. Análisis sustantivo: caducidad del medio de control de reparación
directa en casos de ocupación permanente
18. La Sala no tiene certeza de la fecha exacta en que ocurrió la ocupación
permanente, sin embargo, encuentra probado que, por lo menos doce
años antes de la presentación de la demanda, la Base Militar de la Armada
Nacional funcionaba en el lugar presuntamente ocupado, así lo afirmó la
parte actora en la demanda y en las peticiones de información presentadas
ante la entidad, y fue corroborado por los vecinos del lugar en la inspección
judicial.
19. Está probado que Cecilia Omaira Pandales Rivera es propietaria de un
lote de terreno de 7m de frente por 10m de fondo, el cual adquirió por
compraventa realizada al municipio de Juradó registrada el 17 de abril de
200612; Ramón Zúñiga Ibarguen es propietario de un lote de terreno de 5m
de frente por 4m de fondo, el cual adquirió por compraventa realizada al
municipio de Juradó registrada el 16 de octubre de 201413; Epifanio Moreno
Ballesteros es propietario de un lote de terreno de 8m de frente por 10m de
11 Al consultar el aplicativo SAMAI, la Sala observa que, en el proceso con Rad. 27001-33-33-002-2017-00066-00, el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó profirió sentencia de primera instancia el 24 de abril de 2023,
en la cual declaró no probada la excepción de pleito pendiente (en lo que refiere a los hechos de la ocupación
objeto de este proceso) y declaró la caducidad de la acción. La parte actora apeló la decisión y el asunto se
encuentra pendiente de la decisión que lo resuelva.
12 Certificado de tradición y libertad del inmueble con Nro matrícula: 186-5975. (Folios 14 y 15 del archivo
“14_14_2700123330002015001300211EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf” que obra en el índice 2 del historial de
actuaciones del aplicativo SAMAI).
13 Certificado de tradición y libertad del inmueble con Nro matrícula: 186-7069. (Folios 16 y 17 ibidem).
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Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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fondo, el cual adquirió por compraventa realizada al municipio de Juradó
registrada el 22 de octubre de 201414; Rosa Parra Rodríguez es propietaria
de un lote de terreno de 26M de frente por 10m de fondo el cual adquirió
por compraventa al municipio de Juradó registrada el 8 de septiembre de
201115; Nohemí Hinestroza Paz es propietaria de un lote de terreno de 9m de
frente por 13m de fondo, el cual adquirió por compraventa realizada al
municipio de Juradó registrada el 14 de noviembre de 201316. Los inmuebles
están ubicados en el barrio “Pueblo Viejo” del municipio de Juradó, sin
embargo, en los certificados de tradición y libertad no consta su
nomenclatura exacta. Con base en las declaraciones practicadas en la
inspección judicial de los predios, la Sala infiere que, antes de la fecha de
registro como propietarios, los demandantes eran poseedores de los
inmuebles. Por otra parte, está acreditado que la Armada Nacional poseía
dos lotes de terreno en el municipio de Juradó en el cual construyó una base
militar17.
20. Asimismo, está demostrado que el 3 de octubre de 2012, el apoderado
de los aquí demandantes solicitó al Ministerio de Defensa Nacional: “brindar
información sobre quien reparará los perjuicios ocasionados, a las señoras
antes mencionadas por ocupación de hecho de parte de la Infantería de
Marina, acantonada en el municipio de Juradó - Chocó desde hace
aproximadamente nueve años”18, petición que fue reiterada el 16 de
noviembre de 201219. Seguidamente, el 29 de enero de 2013, mediante
Oficio No. 122, el comando de la Infantería de Marina informó que el bien
inmueble en el que se encontraba la unidad militar era de propiedad de la
entidad y que esta actualmente no ocupaba terrenos ajenos20.
21. En la diligencia de inspección judicial realizada el 18 de junio de 2014 se
identificaron los lotes de los demandantes y, respecto de los inmuebles de
Cecilia Omaira Pandales y Nohemí Hinestroza Paz, se dejó constancia de
que se encontraban “dentro de la barricada construida por la Armada
Nacional”. También se practicaron algunas declaraciones de vecinos del
sector, entre las cuales se destaca la relatado por Oscar Murillo Gamboa,
14 Certificado de tradición y libertad del inmueble con Nro matrícula: 186-7073. (Folios 18 y 19 ibidem).
15 Certificado de tradición y libertad del inmueble con Nro matrícula: 186-6720. (Folios 20 y 21 ibidem).
16 Certificado de tradición y libertad del inmueble con Nro matrícula: 186-6970. (Folios 22 y 23 ibidem).
17 El primer lote fue obtenido por donación que le realizó el municipio, así consta en la Resolución 426 de 30 de
agosto de 1993 “por la cual se adjudica un lote de tierra en el perímetro urbano de esta población”, en la cual se
resolvió “adjudíquese a la Armada Nacional acantonada en esta cabecera municipal un lote de tierra ubicado
en el perímetro urbano de la localidad en el sector de Boca Vieja con una dimensión de trescientos setenta y
cinco metros de frente por cien metros de fondo// el lote adjudicado será para la construcción de la base militar
que funciona en esta cabecera municipal” (Folios 206 del archivo del archivo
“14_14_2700123330002015001300211EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf” que obra en el índice 2 del historial de
actuaciones del aplicativo SAMAI). Asimismo, consta en el Acuerdo No. 016 de 25 de agosto de 1993 “por el cual
el Concejo Municipal de Juradó Chocó faculta al señor alcalde para que done un lote de tierra en el perímetro
urbano de esta población para la construcción de una base militar” (Folio 205 ibidem). El segundo lote, fue
obtenido por escritura pública No 119 de 20 de noviembre de 1997, por medio de la cual el Fondo Rotatorio de la
Armada Nacional compró a Jorge Eliecer y Rommel Ibarguen Ospina un terreno de 19,45 m2 (Folios 202 al 204
ibidem).
18 Folios 37 y 38 del archivo “14_14_2700123330002015001300211EXPEDIENTEDIGI20230804150757.pdf” que obra en
el índice 2 del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI).
19 Folio 34 ibidem.
20 Folios 25 y 26 ibidem.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015–00130-02(70172)
Demandante: Cecilia Omaira Pandales Rivera y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional
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Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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quien refirió: “(…) lo que tengo que decir es que en el mes de septiembre
del año 1999, después de la primera toma guerrillera, esta propiedad fue
invadida por la Armada Nacional, sin consentimiento de sus propietaria,
donde existía las viviendas de todos los afectados y reclamantes en este
caso, teniendo estos que dejar abandonas sus propiedades, estas viviendas
se encontraban en perfectas condiciones y habitadas por los mismos y
fueron destruidas por los miembros de la armada causándoles a los
propietarios, daños materiales y perjuicios (…)”. También la declaración
Elaine Palacios Vanegas, quien, refiriéndose a la casa de Cecilia Pandales,
señaló: “en el año 1999 el 12 de diciembre en la segunda toma guerrillera
fue destruida en su mayor parte, y lo que quedó lo acabo de destruir el
ejército porque en esa época yo vivía cerca de esta casa y observaba
cuando los infantes llevaban madera para cocinar, tenía sembrados como
árboles frutales papaya, totumo, naranja y cocos”21.
22. De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que la ocupación de
hecho alegada por la parte actora es de carácter permanente, toda vez
que se trató de la construcción de una base militar, además, pese a que no
se tiene certeza del día exacto en que fue instalada, existen pruebas
suficientes que demuestran que fue construida entre 1999 y 2003. En efecto,
en la petición presentada el 3 de octubre de 2012 por algunos de los
demandantes ante el Ministerio de Defensa Nacional se afirmó que la
ocupación había ocurrido hacía nueve años; en la demanda presentada el
16 de septiembre de 2015 se afirmó que la ocupación había ocurrido hacía
12 años; y los declarantes coincidieron en que la ocupación ocurrió al
finalizar el año 1999, pese a que no precisaron si en esa misma fecha se
construyó la base militar.
23. La Sección Tercera del Consejo de Estado, en Auto de Unificación de 9
de febrero de 2011, respecto de la ocupación de inmuebles dispuso (se
trascribe):
“(i) En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de
una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para
ejercicio de la acción de reparación directa no puede quedar suspendido
permanentemente, razón por la cual el mismo debe calcularse desde que la
obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin
haberla podido conocer en un momento anterior.
Por otra parte, (ii) cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra causa”, el
término de caducidad empieza a correr desde que ocurre el hecho dañoso, que
se entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que
la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el
afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior
a la cesación de la misma.
(…) cualquier ocupación del predio que tenga la virtud suficiente para limitar las
atribuciones del titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble, y que
21 Folios 197 al 201 ibidem”.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015–00130-02(70172)
Demandante: Cecilia Omaira Pandales Rivera y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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además tenga vocación de permanencia en el tiempo aun cuando no se
busque la realización de una obra por parte de la administración, debe
considerarse como ocupación permanente (…)
(…) Igualmente, es pertinente advertir que no le asiste razón al apelante cuando
afirma que, como las empresas demandadas no han levantado la servidumbre
impuesta de facto, entonces el daño es de tracto sucesivo y la caducidad de la
acción se encuentra suspendida
Por el contrario, la ocupación permanente de un inmueble implica un daño de
ejecución instantánea, que se produce en un único momento claramente
determinable en el tiempo, y que establece un punto de referencia para
computar el término de caducidad de la acción de reparación directa22.”
24. La ocupación permanente de un inmueble es un daño de ejecución
instantáneo, con independencia de que los efectos del daño se extiendan
en el tiempo23. La Sala no acoge los argumentos de la apelación, toda vez
que la instalación de una base militar no puede calificarse como una
ocupación temporal o como un daño de tracto sucesivo. La Sala no
desconoce que en algunos casos la distinción entre una ocupación
temporal y una ocupación permanente puede generar serias dudas, no
obstante, en este caso, es evidente que la construcción de un batallón
eliminaba cualquier expectativa legítima de recuperar el goce pleno del
bien por parte de los presuntos propietarios, es decir, ante la delimitación
del batallón y la construcción de muros y demás estructuras para su
funcionamiento, resultaba ilógico suponer que los demandantes guardaban
la esperanza de que en algún momento cesaría la ocupación24.
25. En todo caso, la Sala precisa que en el proceso no se acreditó con
suficiente precisión la delimitación de los predios de los demandantes con
relación a los predios de la demandada, de manera que no es posible
afirmar con certeza que existió una ocupación. En efecto, en los certificados
de libertad y tradición no hay constancia de la nomenclatura exacta de los
predios, solo se advierte que se trata de predios urbanos y se señalan sus
linderos. En el informe de avalúo de los perjuicios de 12 de febrero de 2014,
la perito Mayra Katherine Rivera Romero afirmó que el lote perteneciente a
la Armada Nacional con 17 metros de frente por 10 metros de fondo “solo
incluye un pequeño lote de terreno de lo que en la actualidad ocupa la
Infantería de Marina en el municipio de Juradó”. No obstante, la Sala
advierte, por una parte, que en la diligencia solo se tuvo en cuenta uno de
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Auto de 9 de febrero
de 2011, Radicado 38271.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 1 de
febrero de 2018, Radicado 40388. “Por consiguiente, el hecho dañoso se configuró en 1988 y a partir de ese año
inició el cómputo de los dos años para la interposición de la acción de reparación directa, sin que importara o
tuviera relevancia que los efectos del daño se hubieren extendido en el tiempo, pues esa circunstancia no tenía
la virtualidad de impedir que el plazo de caducidad hubiere iniciado su cómputo. // De modo que mal haría en
sostenerse que por el hecho de que el acueducto permanezca en el inmueble no se ha configurado el término
de caducidad, puesto que dicho plazo no puede estar sujeto a aspectos subjetivos de las partes, ni tampoco
puede permanecer indefinido en el tiempo, sino que el mismo obedece a aspectos determinados previamente
en el ordenamiento jurídico”.
24 Al respecto ver: aclaración de voto de Alberto Montaña Plata a la sentencia de 13 de julio de 2022, exp. 05001-
23-31-000-2012-00085-01 (53122).
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Radicación: 27001-23-33-000-2015–00130-02(70172)
Demandante: Cecilia Omaira Pandales Rivera y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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los terrenos que la entidad tenía en posesión (lote de 170m2 de área), pero
no se tuvo en cuenta el terreno de mayor tamaño señalado en el Acuerdo
No. 016 de 25 de agosto de 1993 y en la Resolución No. 426 de 30 de agosto
de 1993, por medio de la cual se adjudicó a la Armada Nacional un lote
ubicado en el perímetro urbano del sector de “Boca Vieja” “con una
dimensión de 365 metros de frente por 100 metros de fondo (…) para la
construcción de la base militar que funciona en esta cabecera municipal”
(lote de 36500 m2 de área). Por otra parte, la perito señaló que los predios
fueron localizados según declaraciones de los mismos demandantes y
testimonios que asistieron a la diligencia, sin especificar quienes eran estas
personas y porqué les constaba su dicho, y ligeramente concluyó que “[a]l
no haber nomenclatura en el municipio es necesario confiar y aceptar las
declaraciones de los demandantes y testigos para poder ubicar los
linderos”. En todo caso, indicó que “dado que algunos de los terrenos tienen
formas y volúmenes irregulares es necesario contar con equipo de
topografía para poder realizar un correcto plano de localización”, lo cual
nunca se realizó. En la diligencia de inspección judicial realizada el 18 de
junio de 2014 se incurrió en estas mismas imprecisiones25. De manera que la
Sala concluye que no hay claridad sobre la delimitación de los terrenos en
disputa.
26. En conclusión, dada la extemporaneidad en la presentación de la
demanda, la Sala declarará probada la caducidad, porque tiene certeza
probatoria de que se demandó mucho tiempo después del vencimiento del
término de los 2 años previstos en el artículo 164, numeral 2, literal i, del
CPACA para ejercer el medio de control de reparación directa.
2.3. Costas
27. De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 (numerales 1 y 3) del
CGP, la parte actora será condenada en costas en esta instancia. El tribunal
de origen liquidará la condena de manera concentrada, según lo dispuesto
en el artículo 366 del CGP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,
25 El informe de avalúo de los perjuicios de 12 de febrero de 2014 y el informe de la diligencia de inspección judicial
de 18 de junio de 2014 fueron pruebas practicadas previo a la presentación de la demanda como prueba
extraprocesal, por solicitud que el apoderado de la parte actora realizó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de
Juradó.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015–00130-02(70172)
Demandante: Cecilia Omaira Pandales Rivera y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Armada Nacional
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 27 de abril de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Chocó, en la cual se declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de costas y
agencias en derecho de segunda instancia. Esta condena se liquidará de
manera concentrada por el Tribunal de primera instancia.
TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Aclaración de voto
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