Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02326-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02326-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02326-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
10 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02326-01
Accionante: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-02326-01
Accionante: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp Ltda
Accionados: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela
Subtema 1: Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones de la
misma naturaleza
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 22 de agosto de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
La Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp Ltda solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y a la igualdad, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, con ocasión del fallo de tutela del 2 de noviembre de 2023, proferido en el
expediente con radicado 11 001 03 15 000 2023 03943 00/01, a través del cual, revocó
el de primera instancia del 30 de agosto del mismo año, con el que la Subsección B
de la Sección Segunda negó las pretensiones, para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo por falta del requisito de relevancia
constitucional.
1.2. Hechos de la solicitud1
La parte actora informó que promovió demanda de reparación directa a la que le fue
asignado el número de radicado 76-001-23-31-000-2011-00331-00, con la que solicitó
la indemnización de los perjuicios causados a raíz del defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, atribuido a la Fiscalía General de la Nación, con ocasión
de la incautación y el congelamiento de dineros en el marco de la operación
Casablanca, que implicó acciones de extinción de dominio.
El proceso ordinario correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, sin embargo, en razón a las medidas de descongestión adoptadas por el
1 Escrito de tutela contenido en el índice 0002 del expediente digital de tutela de primera instancia en
Samai, con certificado número 125C40E2CF94A619 E8F0DA8359E3B9A5 C5C04287668BC537
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Consejo Superior de la Judicatura, fue reasignado al Tribunal Administrativo de
Antioquia, autoridad que en sentencia de primera instancia negó las pretensiones de
la demandante. Esta decisión fue apelada.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió fallo de segunda
instancia el 4 de julio de 2023, con la que revocó la decisión de primera instancia, para
en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones. En concreto, condenó a la
Fiscalía General de la Nación al pago de la suma de $346.600.951,58 por concepto de
lucro cesante, y desestimó el reconocimiento de los rendimientos financieros previstos
en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002.
La parte demandante interpuso acción de tutela en contra de la providencia del 4 de
julio de 2023, trámite al que le fue asignado el radicado núm. 11001-03-15-000-2023-
03943-00. Consideró que la decisión incurrió en defecto sustantivo, de
desconocimiento del precedente y de violación directa a la Constitución.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia el
30 de agosto de 2023, con la que negó el amparo solicitado, bajo el argumento de que
el mecanismo fue utilizado como una tercera instancia.
La sociedad tutelante impugnó la anterior decisión, con el argumento de que el juez
constitucional no tuvo en cuenta el cargo por desconocimiento del presente que
planteó en el escrito de amparo, referente a que en decisiones sobre asuntos
similares2, la Sección Tercera de la Corporación ha ordenado el reconocimiento y
pago de los rendimientos financieros.
La Sección Quinta de esta Corporación profirió fallo el 2 de noviembre de 2023, en el
que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la
acción por no superar el requisito de relevancia constitucional.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
La accionante solicitó al juez constitucional que ampare sus derechos fundamentales
“por cuanto las accionadas estimaron la no vulneración de los derechos fundamentales
invocados, más la inexistencia del requisito de la relevancia constitucional dentro de la
tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-03943-00”, y se ordene a la Corporación
“decida de fondo tomando en consideración los argumentos de la presente demanda
de tutela”.
1.4. Argumentos de la solicitud de amparo
La parte actora se remitió a la SU-627 de 2015, que trazó los requisitos para que la
solicitud de amparo proceda contra un fallo de tutela, e indicó que, si bien existen dos
asuntos de índole constitucional, estos no encuentran identidad.
Explicó que, la acción con radicado 11001-03-15-000-2023-03943-00/01 atacó la
sentencia del 4 de julio de 2023 proferida en el proceso de reparación directa, mientras
que con la presente solicitud censuró el fallo de tutela proferido el 2 de noviembre de
2023 por la Sección Quinta, con la pretensión de que esta autoridad tenga como
superado el requisito de relevancia constitucional y decida de fondo las pretensiones.
En cuanto a la existencia de una situación de fraude, explicó que tanto el juez de la
reparación directa como los jueces constitucionales atentaron contra el ideal de la
2 En los que solicitó la reparación de daños causados en el marco de la operación Casablanca
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justicia y el derecho a la tutela efectiva, dado que “decidieron prevaricando contrario a
derecho como queda probado con los precedentes judiciales ya nombrados y tantas
veces mentados, tanto en tutela que ordenó anular y decidir como ella lo ordena
indicada (sic) en el acápite anterior, y que ella misma da plena claridad y certeza en
el sentido de que sí es de alta relevancia constitucional, por cierto jurisprudencias
proferidas por el mismo Consejo de Estado (sic)”.
Por otro lado, consideró que el fallo de tutela objetado desconoció el precedente
judicial, pues en sentencia del 16 de noviembre de 2021 la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado encontró superado el requisito en un asunto análogo;
además, destacó que el concepto de relevancia constitucional admite interpretaciones
diversas de los jueces de tutela, por lo que debía considerarse acreditado en la acción
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-03943-00.
1.5. Trámite en primera instancia
1.5.1. En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió auto el
4 de julio de 2024, con el que admitió la acción de tutela y vinculó a la Sección Tercera
– Subsección “A”, como tercero interesado como tercero con interés.
1.5.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado3 solicitó se declare improcedente
la solicitud de amparo, dado que, por regla general esta no procede contra sentencias
de la misma naturaleza, y, aunque se admite en forma excepcional (cosa juzgada
fraudulenta), en el asunto en estudio no se cumplen los requisitos establecidos en la
jurisprudencia para tal efecto.
1.5.3. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado4 consideró
que la acción es improcedente, en tanto ataca los fallos proferidos en otra solicitud de
amparo, y no se cumplen los requisitos previstos en la sentencia SU-627 de 2015 para
la procedencia excepcional.
1.5.4. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado5 indicó que
la solicitud no superó los supuestos para que proceda contra una providencia de la
misma naturaleza, además, que no se probó que la decisión censurada sea producto
de una situación fraudulenta.
1.6. Sentencia de tutela de primera instancia.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia el 22
de agosto de 20246, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo.
Indicó que, aunque las decisiones proferidas en la solicitud con radicado 11001-03-15-
000-2023-03943-00/01 superaron el trámite de selección y eventual revisión ante la
Corte Constitucional, y no fueron seleccionadas, el asunto no denotó la relevancia
constitucional suficiente, conforme a los lineamientos de la sentencia SU-627 de 2015,
para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de la misma naturaleza.
Lo anterior, explicó, comoquiera que la parte actora no expuso argumentos claros,
ciertos y serios que demuestren una situación de fraude y la violación de sus derechos
fundamentales, pues, su argumentación se dirigió a solicitar la aplicación del criterio
3 Índice 00018 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
4 Índice 00016 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
5 Índice 00020 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai
6 Índice 000 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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con el que consideró que la tutela cumplía con el requisito de relevancia constitucional,
que no tiene el alcance de acreditar el supuesto jurisprudencial de procedencia de la
acción de tutela contra un fallo de la misma naturaleza, según el cual, el interesado
debe dar cuenta de la situación de fraude y su incidencia en el sentido de la decisión
que se objeta, y en la afectación de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
1.7. Impugnación.
La parte actora presentó escrito de impugnación7 en contra de la sentencia del 22 de
agosto de 2024, con la solicitud de que se revoque, y en su lugar se conceda el amparo
deprecado, para lo cual, indicó que no se abordó el estudio del fraude que sustentó en
que el juez de la reparación directa dictó sentencia con base en leyes derogadas, “y
de lo cual coligen las de tutela que se tramitaron en contra de esta decisión de lo cual
se solicitó (sic) y se solicita en forma clara concreta y taxativa se pronuncie el juez
constitucional solo en este tema”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991.
2.2. Legitimación.
La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la Sociedad
Comercializadora Internacional Calcorp Ltda, pues fungió como accionante en el
trámite de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-03943-00/01, en el que se
profirió el fallo del 2 de noviembre de 2023, mediante el cual, se revocó la decisión del
30 de agosto del mismo año, para declarar improcedente la solicitud por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B y de la Sección Quinta de la misma corporación, dado
que fueron las autoridades que profirieron las providencias que, según la parte
tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones de la
misma naturaleza.
La Corte Constitucional, en la SU-627 de 2015 unificó la jurisprudencia al respecto, y
estableció, que, por regla general el mecanismo constitucional es improcedente para
tal fin8, pero, no obstante, admitió una forma excepcional de procedencia cuando “(i)
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii)
cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
7 Índice 00031 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
8 También indicó que, “esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional”.
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fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación”.
En relación con la cosa juzgada fraudulenta (condición sine qua non para estudiar una
tutela impetrada en contra de otra), la decisión de unificación realizó las siguientes
consideraciones:
“4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que la
tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El principio de cosa
juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en ciertas circunstancias,
como cuando está de por medio el principio de fraus omnia corrumpit, puede entrar en
tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela,
valga decir, en su parte resolutiva, es posible distinguir dos partes constitutivas: “(i) la
decisión de amparo y (ii) la orden específica y necesaria para garantizar el goce del
derecho protegido”. Respecto de la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en
términos absolutos conforme a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que
respecto de la orden, “se ha dicho que puede ser complementada para lograr el cabal
cumplimiento del fallo”. En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la
cosa juzgada fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente
con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento
a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido directamente
por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al constatar la existencia de fraude
en una sentencia de tutela que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se
materialice, este tribunal advirtió que si bien “no puede revocar esa providencia, lo que
implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las consecuencias que
emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta Corporación”, si puede, como
ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia,
quede sin ningún valor jurídico, respetando la prohibición del non bis in ídem,
fundamentando su actuación en el precepto fraus omnia corrumpit”
[…]
4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden
proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que la cosa juzgada,
incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el valor
de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones del Estado Social de Derecho,
establecidas para la promoción de los valores democráticos, basados en la solidaridad
y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir que se consoliden situaciones
espurias9, bajo el argumento de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando
las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta”.
En la mencionada decisión, el tribunal constitucional también estableció la posibilidad
de promover la solicitud de amparo en contra de las actuaciones de los jueces de
tutela, anteriores o posteriores a la sentencia, bajo los siguientes lineamientos:
“4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría
sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
9 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.
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generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional.”
2.5. Caso concreto.
2.5.1. En el caso bajo estudio, el objeto de la solicitud de amparo recae sobre los fallos
proferidos dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-03943-
00/0110
2.5.2. En dicho trámite constitucional, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió fallo el 30 de agosto de 2023, en el que negó el amparo, al
considerar que la sociedad no probó los cargos que endilgó a la sentencia del 4 de julio
de 2023, proferida en el marco del proceso de reparación directa.
2.5.3. En fallo del 2 de noviembre de 2023, la Sección Quinta de la Corporación revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la improcedencia de la solicitud
por no superar el requisito de relevancia constitucional. Esto, por cuanto encontró que
se pretendió abordar nuevamente la discusión surtida en el proceso de reparación
directa, y no se aportaron elementos de orden constitucional que habilitaran la
interferencia del juez de tutela.
2.5.3. Ahora bien, en esta oportunidad el actor interpuso acción de tutela en contra de
los fallos constitucionales proferidos en el trámite con radicado 11001-03-15-000-2023-
03943-00/01, y, en concreto, consideró que la Sección Quinta incurrió en fraude, puesto
que desconoció que los jueces ordinarios no tuvieron en cuenta las decisiones judiciales
que calificó como precedente, además, que el asunto denotaba relevancia
constitucional.
2.5.4. En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela identificada en precedencia, al considerar que el actor
no probó los supuestos previstos en la sentencia SU-627 de 2015, pues no expuso
argumentos que evidencien una situación de fraude o la vulneración de sus derechos
fundamentales. Inconforme, la sociedad actora impugnó esta decisión con el argumento
de que, el fraude, se ve reflejado en las sentencias de reparación directa, puesto que
se basaron en normas derogadas.
2.5.5. Pues bien, en sentencia T-322 de 2019, la Corte Constitucional precisó que para
tener como probada la existencia de una situación fraudulenta en la expedición de un
fallo de tutela, se requiere la concurrencia de condiciones como:
Actuación prima fase dolosa o gravemente culposa, que se puede reflejar en i) la
decisión de autoridad competente en la que se declare la conducta dolosa del juez, ii)
la apertura de investigaciones disciplinarias o penales acerca de la configuración de un
delito; iii) la materialización del dolo en la sentencia judicial.
Desviación judicial evidentemente incorrecta, que puede fundamentarse en situaciones
como i) la existencia de una interpretación normativa abiertamente contraria a los
postulados constitucionales y a la buena fe o; ii) la afectación al patrimonio público.
Indicios de la existencia de la situación de fraude, a partir de eventos como i) evidencia
de que el fallo de tutela fue proferido sin que se verificaran las condiciones de
procedibilidad de este mecanismo excepcional; ii) ausencia de certeza del derecho
reconocido; iii) protección de un elevado número de peticionarios, cuya situación
10 Trámite en el que
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individual no alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de diez (10) días
del que dispone el juez para decidir; iv) cuando se presenta acción de tutela contra una
entidad que, por estar sumida en un estado de cosas inconstitucional, presenta una
limitada capacidad para ofrecer respuesta oportuna a las demandas de sus afiliados y
beneficiarios; v) el cumplimiento del fallo de tutela proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de derechos fundamentales de terceros; vi) el
cumplimiento del fallo de tutela proferido en las circunstancias descritas amenaza el
goce efectivo de derechos fundamentales de terceros
La Subsección encuentra que, como lo consideró la primera instancia, la accionante no
aportó argumentos que satisfagan la condición fraus omnia corrumpit.
Por un lado, en el escrito de impugnación aludió a que el fraude se encuentra probado
con las sentencias de reparación directa, dado que, aseguró, allí los jueces se basaron
en disposiciones derogadas. No obstante, la Corte Constitucional fue clara en precisar
que la situación fraudulenta se predica y prueba respecto del fallo de tutela objeto de la
nueva acción, pues es este el que se ataca. Por ende, el argumento de impugnación
no comporta la suficiencia que le pretende dar la sociedad actora.
Por otro lado, los fundamentos de la solicitud de amparo no contienen la carga
argumentativa que demuestre la configuración de la cosa juzgada fraudulenta, o que la
Sección Quinta del Consejo de Estado haya incurrido en conductas con propósitos
ilegales o dolosos que atenten en contra de la administración de justicia con la
consecuente lesión a las garantías fundamentales de la parte actora, sino que, versó
sobre el análisis y la revisión que del requisito de relevancia constitucional se hizo en
el fallo del 2 de noviembre de 2023, y esto, revela la intención de reabrir el debate que
ya fue suscitado en las dos instancias del trámite con radicado 11001-03-15-000-2023-
03943-00/01.
Es pertinente agregar, que, el tutelante se limitó a exponer argumentos referentes al
desconocimiento del precedente judicial en la decisión de segunda instancia del
proceso de reparación directa, y la aplicación de normas derogadas, que no prueba la
existencia de un contexto fraudulento en la expedición del fallo de tutela del 2 de
noviembre de 2023, y tampoco aportó medios probatorios con el fin de acreditar tal
circunstancia.
2.4.5. Con fundamento en lo anterior, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
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TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SFGS
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