Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03943-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03943-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03943-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03943-00
Demandantes: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp Ltda. – CI
Calcorp Ltda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
Defectuoso funcionamiento de la justicia / Desconocimiento del
precedente judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por la sociedad Comercializadora
Internacional Calcorp Ltda. – CI Calcorp Ltda.1, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos
2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
CI Calcorp Ltda. promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 4 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 76001233100020110033101.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:
i) CI Calcorp Ltda., en ejercicio del medio de reparación directa, impetró demanda
en contra de la Fiscalía General de la Nación, con el fin que se le declarara
responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tras
la incautación y el congelamiento de unos dineros en virtud de una asistencia judicial
del gobierno de los EE.UU., denominada Operación Casablanca, que conllevó en
1 De ahora en adelante CI Calcorp Ltda.
2 Archivo obrante en el índice 2 del SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03943-00
Demandante: Sociedad CI Calcorp Ltda.
Colombia a acciones judiciales de extinción de derecho de dominio al tenor de lo
dispuesto en la Ley 67 de 1993 y la Ley 333 de 1996, última posteriormente
derogada por la Ley 793 de 2002.
ii) El Tribunal Administrativo de Antioquia3, mediante sentencia del 19 de noviembre
de 2015 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se puede
endilgar responsabilidad al ente de control, en la medida en que se presentaron
múltiples falencias en la demanda no solo porque los hechos son difusos en punto
a que no dan claridad respecto del hecho generador del daño y su vínculo con este,
sino que tampoco se evidenció ninguno de los demás elementos que configuran la
responsabilidad estatal. En contra de esta decisión la parte demandante interpuso
recurso de apelación.
iii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a través de la sentencia
del 4 de julio de 2023 revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó a la demandada pagar la
sumatoria de unos montos hurtados de manera actualizada, pero desestimó los
rendimientos financieros de que trata el artículo 12 de la Ley 793 de 2002.
iv) En relación con esa decisión, la parte demandante consideró que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en:
• Defecto sustantivo en atención a que el juez omitió aplicar al caso las normas que
reglamentan los intereses o rendimientos financieros, tal como lo establece el
artículo 12 de la Ley 793 de 2002.
• Desconocimiento del precedente judicial, porque la decisión acusada se apartó de
la regla normativa previa y de las sentencias de la misma Sección Tercera que han
resuelto conflictos derivados de las situaciones fácticas y problemas jurídicos
similares a los planteados en el proceso. Adicionalmente, sostuvo que la sentencia
C-119/06 no aplicaba al caso concreto.
• Violación directa de la Constitución Política, por desconocer el principio de
igualdad que conlleva la adopción de medidas afirmativas para asegurar su vigencia
ante circunstancias desiguales, por lo que destacó que al efectuar el test de
proporcionalidad en situaciones similares se debe determinar si se dio un
tratamiento distinto entre iguales o parecido entre desiguales con razonabilidad.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERA.- AMPARAR a la sociedad comercial CI Calcorp Ltda sus derechos
fundamentales al debido proceso, derecho de acceso a la administración de justicia y de
3 Este tribunal decidió el asunto en virtud de medidas de descongestión adoptadas para la época.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03943-00
Demandante: Sociedad CI Calcorp Ltda.
igualdad, vulnerados con la emisión de la sentencia de segunda instancia del 4 de julio
de 2023 emitida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que dentro del término improrrogable de veinte (10) días contados
a partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profieran nueva providencia judicial
reconociendo los intereses o rendimientos financieros de que trata el artículo 12 de ley
793 de 2002. […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,4 expuso las
razones por las cuales considera que no se incurrió en vía de hecho alguna y solicitó
declarar la improcedencia de la tutela presentada por falta de relevancia
constitucional, además de la intención de la demandante de convertir al juez
constitucional como un juez de tercera instancia del proceso de reparación directa,
lo cual es contrario al efecto de cosa juzgada de las sentencias.
1.3.2. La Fiscalía General de la Nación5 solicitó declarar la improcedencia de la
tutela presentada por cuanto no cumple con las causales generales de procedencia,
en especial, la de subsidiariedad, cuando se pretende cuestionar una providencia
judicial, no se vulneró el precedente jurisprudencial y se pretende un reconocimiento
económico.
1.3.3. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.6
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
4 Archivo obrante en el índice 12 del SAMAI en actuación denominada
CONTESTACIONDEMANDA_57188INFORMEDETU(.pdf) NroActua 9
5 Archivo obrante en el índice 12 del SAMAI en actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_CAROLINAGUZ(.pdf) NroActua
12
6 Mediante auto del 27 de julio de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular al
Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Demandante: Sociedad CI Calcorp Ltda.
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,7 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.9 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,10 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Sociedad CI Calcorp Ltda.
Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que tenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,12 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.13
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, vulneró los derechos fundamentales de la sociedad CI Calcorp Ltda. con ocasión
de la sentencia del 4 de julio de 2023, a través de la cual revocó lo resuelto por el a
quo y, en su lugar, accedió a las súplicas de la demanda pero de manera parcial en
tanto desestimó el reconocimiento de los rendimientos financieros de que trata el
artículo 12 de la Ley 793 de 2002, con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
Política?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Sociedad CI Calcorp Ltda.
Pese a que el demandante, argumentó que la decisión que acusa incurrió en
desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución Política, se analizará el asunto bajo el prisma del primero de los
mencionados, en tanto los argumentos expuestos se enfocan en un supuesto similar
y no de manera disgregada y particular en cuanto a diferentes hipótesis que impidan
un estudio conjunto.
2.4.2. Desconocimiento del precedente.
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que le corresponde a los jueces respetar los precedentes de las altas cortes
como un imperativo derivado del principio de igualdad; y, un medio para promover
la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad
de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas
jurídicas. Además, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad en las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda
decisión previa adoptada en su mayoría por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídico relevante al que debe resolver el juez,
debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
valor jurídico del precedente implica entonces la obligación de seguir el curso de
decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, y que estas sean de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas
en el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del
precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso,
encuentra diferencias de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la
situación objeto de estudio. Por último, eventos en los que se evidencia una
incongruencia en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de su
obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo
vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, para lo cual
corresponde identificar los precedentes relevantes; de suficiencia, esto es, dar a
conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional,
y precisar por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
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Demandante: Sociedad CI Calcorp Ltda.
jurídico y que, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Caso concreto
La sociedad CI Calcorp Ltda. acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia
proferida el 4 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, a través de la cual revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó a la demandada
pagar solamente la sumatoria de unos montos hurtados de manera actualizada,
desestimando los rendimientos financieros, de que trata el artículo 12 de la Ley 793
de 2002.
Lo anterior, en tanto, a su parecer, la referida decisión judicial incurrió en las
mencionadas vías de hecho, básicamente, por un argumento en común, es decir, la
omisión de aplicar las normas que reglamentan los intereses o rendimientos
financieros, tal como el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, en la condena impuesta
a la entidad demandada.
Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A para concluir que dentro del
reconocimiento por perjuicios materiales no era posible disponer la devolución de
los rendimientos financieros que se pudieren causar por concepto de depósitos
judiciales, así:
«[…] 34. Con fundamento en las precisas y puntuales consideraciones expuestas, la
imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada esta llamada a ser
atendida bajo el título de defectuoso funcionamiento de la administración20, toda vez
que dentro del proceso se encuentra acreditado el comportamiento negligente y
descuidado de la entidad demandada en la custodia, protección y resguardo del dinero
embargado a los demandantes.
35. Aclara la Sala que, si bien el daño antijurídico tiene su génesis en la conducta dolosa
de terceros, tal circunstancia no excluye la responsabilidad de la demandada, pues a su
cargo no solo mediaba la obligación de salvaguardar por la correcta administración del
dinero sino que, además, pesaba la obligación de restituirlo o acreditar que por cuenta
de otra investigación tal dinero debería permanecer por fuera del comercio y bajo su
administración.
36. De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a revocar el proveído recurrido por lo
que procederá a declarar la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación
del daño irrogado a la sociedad C. I. Calcorp LTDA con el defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia.
[…]
45. Así́, el valor actualizado de la condena asciende a la suma de $346’600.931,58. 46.
En lo que respecta a los rendimientos financieros, la Sala advierte que los embargos no
tienen una finalidad de lucro, pues su objeto reside en el servicio como medio para el
cumplimiento de una obligación legal determinante para el desarrollo y culminación de
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Demandante: Sociedad CI Calcorp Ltda.
los procesos judiciales. Por esta razón, los depositantes o quien tenga el derecho a
reclamar el depósito judicial, por una parte, no adquiere derecho alguno a los
rendimientos financieros de las sumas depositadas, y por otra, solo tienen derecho a
cobrar los títulos de depósito judicial cuando el juez ha dado la orden de entrega. Ellos
solo tienen derecho a que se les entregue el valor del dinero que se depositó, y ese
derecho solo se materializa en el momento en que la autoridad, en este caso judicial, da
la orden de entrega conforme al procedimiento establecido en razón a las características
propias de cada juicio. Por tanto, el depósito judicial se extingue cuando termina la
controversia que lo motivó, salvo disposición contraria por el Juez que llevare el caso o
por otra causa legítima, y solo hasta el momento en que se profiere la decisión de entrega
de los títulos de depósito judicial se consolida el derecho a que estos valores formen
parte del patrimonio de su beneficiario, antes no22.
47. En el mismo sentido la Corte Constitucional, en sentencia C-119/06, explicó que la
no entrega de intereses al depositante no vulnera el derecho de propiedad, prohibición
de confiscación ni origina enriquecimiento sin causa a favor del Estado. Expuso que los
depósitos judiciales no tienen finalidad de lucro, sino la de cumplir una obligación legal
para el desarrollo y culminación de los procesos judiciales. Por esta razón, los
depositantes en los depósitos judiciales no adquieren derecho alguno a los rendimientos
financieros de las sumas depositadas, por el contrario del que adquieren al realizar las
operaciones ordinarias de la actividad financiera mediante la celebración de los contratos
bancarios.
48. Igualmente, vale aclarar que a este caso no le resultan aplicables las normas
consagradas en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, en punto a considerar una
causación de réditos del dinero embargado, porque la norma solo resulta aplicable a los
trámites de extinción de dominio y aquí las sumas fueron objeto de la cautela por virtud
de una asistencia judicial con el gobierno de los Estados Unidos, al punto de que la
Fiscalía General de la Nación, sin intermediario, fue la que dio la orden de entrega de
los depósitos judiciales. En cualquier evento, no se cumpliría con el supuesto que
decanta la referida norma, porque la parte actora no demostró que aquellos dineros
fueran puestos a disposición del DNE, máxime si se tiene en cuenta que ni siquiera la
llamó para conformar el extremo pasivo de la litis.
49. A lo anterior se agrega que si a un crédito reajustado en función de la depreciación
se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa,
porque, esta clase de intereses incluyen un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. En
consecuencia, en este caso no hay lugar a reconocer intereses bancarios sobre los
dineros embargados. […]»
A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
probatoria acorde con las circunstancias que rodearon el defectuoso funcionamiento
de la justicia que se le atribuyó a la Fiscalía General de la Nación y los perjuicios
reclamados, de tal manera, la decisión judicial cuestionada se sustentó en la
valoración de las pruebas aportadas al proceso y con observancia del debido
proceso.
Por su parte, no es posible concluir que se configurará un defecto sustantivo, en
tanto no se observa una indebida interpretación de las normas aplicables al asunto
o que se hubieren aplicado otras ajenas al caso a resolver, por el contrario, el
pronunciamiento adoptado por la corporación judicial demandada estuvo fundado
en la sana critica, con una argumentación válida y razonable.
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Demandante: Sociedad CI Calcorp Ltda.
De otro lado, respecto al desconocimiento del precedente judicial, es pertinente
comenzar por establecer que los pronunciamientos efectuados en sede de tutela no
pueden ser invocados como precedentes aplicables, en tanto estos producen
efectos inter partes, de tal forma que al tener un alcance personal, solo pueden ser
tenidos como criterio auxiliar de interpretación y no como un precedente vinculante.
En este orden de ideas, la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2021 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el proceso de tutela con
radicado 11001-0315-000- 2021-06765-00, no puede ser tenida en cuenta como
precedente aplicable.
Ahora bien, de acuerdo con la diferenciación efectuada en el fallo acusado
relacionada con que la mencionada norma solo resulta aplicable a los trámites de
extinción de dominio y aquí las sumas fueron objeto de la cautela por virtud de una
asistencia judicial con el gobierno de los Estados Unidos, resulta coherente que la
corporación judicial demandada se abstuviera de dar aplicación a pronunciamientos
relacionados, máxime si se tiene en cuenta, tal como lo menciona en el informe
rendido, que, si bien este asunto está relacionado con la operación Casablanca, lo
cierto es que su afectación es diferente de la de las empresas Joval, Icoltex y
Dycfresco, en la medida en que a CI Calcorp no se le hizo devolución de dinero.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, defectos sustantivo y fáctico, debido a que
fue proferida de conformidad con las normas que regulan la materia y aquella se
apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario, el cual permitió
concluir que la Fiscalía General de la Nación incurrió en un defectuoso
funcionamiento de la justicia y al fijar la cuantía de los perjuicios a reconocer.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por la sociedad CI Calcorp Ltda., en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03943-00
Demandante: Sociedad CI Calcorp Ltda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de la sociedad CI
Calcorp Ltda., en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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