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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00331-01

Fecha
4 de julio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00331-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 19 de noviembre de 2015 por las razones expuestas en esta providencia y en su lugar DECLARAR responsable civil y extracontractualmente a la Nación – Fiscalía General de la Nación del daño irrogado a la sociedad C. I. Calcorp LTDA con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a la sociedad C.I. Calcorp LTDA., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante la suma de trescientos cuarenta y seis millones seiscientos mil novecientos treinta y un pesos con cincuenta y ocho centavos m/cte $346’600.931,58. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00331-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188)
Actor: C.I. Calcorp LTDA.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – se
configuró el daño antijurídico.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Solicita el actor que se declare responsable a la demandada por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia dentro del trámite impartido a la
asistencia judicial internacional1, cuya génesis tuvo una investigación penal
adelantada por la Corte del Distrito de Columbia E.U. contra la demandante en
cabeza de sus socios y representantes legales por el delito de lavado de activos.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual resolvió la demanda antes referida,
presentada el 8 de marzo de 2011, por la sociedad C.I. Calcorp LTDA. contra la
Nación-Fiscalía General de la Nación-. Solicitó por perjuicios morales el equivalente
a 500 SMLMV para cada socio o representante legal, y, por lucro cesante, la
condena y pago de los intereses bancarios compuestos sobre los dineros
embargados desde marzo de 1998 hasta que se paguen, además de la devolución
actualizada de los mismos.

2. Como sustento de sus pretensiones, señaló los siguientes supuestos fácticos:

3. Desde marzo de 1998, EEUU solicitó asistencia judicial al gobierno
Colombiano para embargar unos dineros depositados en cuentas de unas
empresas dentro del denominado proceso Operación Casablanca, el cual cursó en
nuestro país bajo el expediente 077 en la Fiscalía 27 Seccional – Unidad Nacional
para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos y,
posteriormente, en el sumario 098 de la Fiscalía Especializada 26 adscrita a la
Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos.

1
En virtud de la Convención de Viena, aprobada por Colombia mediante Ley 32 de 1985.

Radicación: 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188)
Actor: C.I. Calcorp LTDA
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

4. El 10 de septiembre de 2010, el fiscal americano Jack de Kluivert comunicó
a la Fiscalía colombiana que el proceso por lavado de activos concluyó el 5 de
febrero del mismo año e indicó que las cuentas que estuvieran embargadas por
efecto de la asistencia judicial debían ser liberadas.

5. La Fiscalía 26 para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de
activos, teniendo en cuenta la decisión proferida en el proceso CA 98-CV-04342, en
aplicación del principio de non bis in ídem, declaró la nulidad de la actuación dentro
del proceso 077 y profirió auto inhibitorio en el proceso 098, ambos iniciados contra
C.I. Calcorp LTDA.

6. La demanda señaló que, para la época de presentación de la demanda, en
el Juzgado 4° Especializado de Cali se adelantaba la investigación 1075 de forma
“dolosamente nula” y, adicionalmente, que seguían vigentes los radicados 10723 y
10724 de extinción de dominio por los mismos hechos ya resueltos en las
investigaciones antes descritas.

7. Especificó que su cuestionamiento se centraba en que la demandada no
reintegró el dinero embargado, pese a que la autoridad penal estadounidense
absolvió a la sociedad de los cargos formulados en la Operación Casablanca3.

La defensa

8. La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, en tanto que
no se acreditó la falla de la entidad ni los hechos que fundamentan la misma.
Explicó que la actuación de la fiscalía se dio en atención a una solicitud de
cooperación del Estado Americano en la que actuó conforme la ley. Además, el
perjuicio que pudo sufrir el actor no fue antijurídico en la medida que no hubo
negligencia, omisión, error judicial y/o defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia4. Afirmó que en el caso no se configuró el daño, dado que
en contra del hoy actor existieron varias investigaciones que ameritaban decretar
nuevos embargos y que, por tanto, hacían inoperante la entrega de los dineros.

9. Solicitó que se declarara: i) la falta de causa para demandar, toda vez que el
procedimiento se ajustó a derecho y a la norma procesal; ii) la falta de legitimación
por pasiva, dado que la Fiscalía solo dio cumplimiento a solicitudes requeridas por
fiscales americanos, y iii) la innominada.

La decisión recurrida

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda,
en tanto que la demanda fue confusa e imprecisa y no contó con suficientes

2
Investigación estadounidense denominada Operación Casablanca.
3
En este punto conviene tener en cuenta que al momento de presentación de la demanda (8 de marzo de 2011), la actora no
tenía conocimiento de que los dineros habían sido entregados a terceros, situación que el banco informó a la fiscalía por
petición de esta el 15 de marzo siguiente.
4
Folios 94-99 C4.

2

Radicación: 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188)
Actor: C.I. Calcorp LTDA
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

elementos probatorios. Consideró que no se configuraron los elementos de la
responsabilidad en la medida en que no se logró establecer con precisión si las
sumas embargadas eran propiedad de la sociedad C.I. Calcorp LTDA. Además,
encontró acreditado por parte del Banco Agrario que el dinero fue pagado, pero no
tuvo certeza de si el pago se hizo de manera errada a un tercero y de si en efecto
el dinero se perdió para la sociedad, cuestión determinante para definir si hubo
responsabilidad en el pago a tercero o si se configuró alguna conducta punible.

11. Indicó que al examinarse el caso bajo el título de imputación de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia sería viable que se presentara
exoneración por el hecho del tercero, bien sea por error de la entidad bancaria en
el manejo del pago o, incluso, por el actuar ilícito de algún funcionario; sin embargo,
este fue un aspecto no zanjado en el proceso.

12. Concluyó que dada la falta de elementos probatorios que permitieran establecer
i) si los dineros reclamados eran propiedad de la sociedad, ii) si respecto de ellos
se finalizaron todos los procesos en curso, iii) si el pago que se realizó cumplió con
los requisitos de ley, y iv) si se configuró alguna conducta punible en razón de los
dineros; no se puede endilgar responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación
en la medida en que se presentaron múltiples falencias en la demanda no solo
porque los hechos son difusos en punto a que no dan claridad respecto del hecho
generador del daño y su vínculo con la misma, sino que tampoco se evidencian
ninguno de los demás elementos que configuran la responsabilidad estatal5.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

13. El actor solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y se accediera a
las pretensiones de la demanda. Aseguró que los títulos sobre los cuales reclama
réditos o rendimientos financieros son propiedad de C.I. Calcorp LTDA.

14. Señaló que la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio dentro del proceso 077 el 27
de diciembre de 2010 ordenó entregar los dineros a la sociedad C.I. Calcorp que se
encontraban depositados en la Caja Agraria y en el Banco Uconal Cali, lo que
evidenciaba que los dineros en comento le pertenecen a la mencionada sociedad.

15. Indicó que, con posterioridad, la misma fiscalía intentó embargar nuevamente
los dineros en virtud de otro proceso, pero no fue posible concretar la medida
cautelar en razón a que los dineros ya habían sido entregados. Por lo anterior, la
fiscalía ordenó averiguar quién cobró los títulos, de lo cual recibió comunicaciones
y respuestas del Banco Agrario en donde se informó que quienes los recibieron
fueron los señores Pedro Luis Carvajal Carvajal y Pedro Nel Chacón Camacho, que
no son ni socios ni representantes de la compañía, pero pudieron cobrarlos por un
endoso efectuado por funcionarios de la fiscalía autorizados y acreditados para tal
fin.

5
Folios 166-175 del cuaderno principal.

3

Radicación: 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188)
Actor: C.I. Calcorp LTDA
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

16. Alegó que seis años después, la Fiscalía 21 Anticorrupción imputó cargos por
el delito de peculado por apropiación agravado a favor de terceros y lavado de
activos a dichos funcionarios así como a los referidos particulares que reclamaron
los títulos de forma ilegal.

17. Con el recurso de apelación adjuntó las comunicaciones del Banco Agrario
donde se informó lo sucedido con los títulos de la sociedad, documentos soporte
para la investigación penal ya nombrada y que sirven para demostrar que los
dineros que se reclaman le pertenecen a la hoy demandante.

III. CONSIDERACIONES

18. Ab initio conviene advertir que las partes no disputan controversia o conflicto
sobre hechos que dieron origen a la incautación por la investigación Casablanca
desarrollada por el estado americano. Está probado que la Fiscalía Especializada
26 adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de
Dominio y contra el Lavado de Activos decretó una medida cautelar de embargo de
algunas cuentas bancarias pertenecientes a la sociedad demandante en respuesta
a una solicitud de asistencia judicial internacional solicitada por el estado
americano6. Por su parte, la demandada adujo que incautó el dinero conforme a la
asistencia judicial solicitada por Estados Unidos, y refirió que, tras levantar el
embargo, no lo devolvió ante la existencia de otra serie de investigaciones en contra
del actor.

19. Así las cosas, se especifica que las bases medulares del caso concreto gravitan
sobre i) la titularidad de los dineros y ii) la aparente ausencia de la materialización
de uno de los elementos de la responsabilidad en cuanto a la prueba de la existencia
del daño, concretamente sobre la prueba del pago, bien sea porque se entregó de
manera errada a un tercero o porque se configuró una conducta punible.

20. En ese orden, en lo atinente a la propiedad de las cuentas, se tiene acreditado
que las mismas pertenecían a la sociedad Calcorp LTDA., tal como se muestra a lo
largo del proceso en las resoluciones y oficios expedidos por la misma demandada
y por el Banco Agrario7.

21. En efecto, según está acreditado8, los recursos depositados en las cuentas
400100002770572 de la Caja Agraria y 001000027788063 en UCONAL 9, cuya
titularidad pertenece a C.I. Calcorp LTDA, sociedad identificada con el NIT
800249976-5, fueron objeto de una medida cautelar en el marco de un trámite de
asistencia judicial10.

6
Folio 11 y 12 C3.
7
Ver por ejemplo folios 6-7, 74-78, C2 y 184-188 C3.
8
Folios 3-5 C4, 43-46 C1, además de los memoriales expedidos por la Fiscalía 26 mediante los cuales autorizó el pago de
los títulos a Edgar Parra, apoderado de la demandante.
9
Habida consideración de la liquidación de UCONAL, los dineros depositados allí fueron trasladados al Banco Agrario.
10
Folios 63-71 C4. En providencia del 18 de noviembre de 1998 proferida por la Fiscalía 27 Seccional se dejó claro que los
dineros fueron embargados desde mayo 19 de 1998. En aquella decisión se levantaron las medidas cautelares, pero los
dineros incautados se dejaron a disposición de la Fiscalía 26 de la misma unidad en razón a que aquella así lo había solicitado.

4

Radicación: 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188)
Actor: C.I. Calcorp LTDA
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

22. Sobre el segundo aspecto fundamental del caso concreto, se precisa que, si
bien la Fiscalía acreditó haber pretendido embargar los recursos (los ya
desembargados) por cuenta de otra investigación, lo cierto es que tal medida
cautelar nueva no se pudo concretar y decidió abstenerse de iniciar trámite de
extinción de dominio, lo anterior se dio ante la indisponibilidad de los recursos, los
cuales fueron hurtados en el marco de una gestión delictiva que es objeto de
investigación. Aquella decisión, fechada el 14 de abril de 2011, proferida por la
Fiscalía Especializada 26 adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos 11, dispuso
compulsar copias para investigar si hubo o no la ocurrencia de alguna conducta
violatoria de la ley en el trámite de entrega de los títulos judiciales. La Sala advierte
que desconoce las resultas de aquel proceso relacionado con la entrega de los
títulos, pero en todo caso no lo requiere aquí, porque lo cierto es que al actor tenía
legitimación para solicitar el reintegro.

23. Frente a la actuación antes referida, la Sala tiene por acreditado que la medida
cautelar debía ser levantada en septiembre de 2010, de conformidad con la
comunicación enviada por el estado americano en la que informó sobre la
culminación de la investigación y advirtió sobre la falta de necesidad de seguir
reteniendo los dineros12; no obstante, tal y como lo expresó la fiscalía,
inexplicablemente, los dineros fueron entregados un año antes, el 25 de noviembre
de 200913, a un sujeto respecto del cual la fiscalía no acreditó que tuviera la facultad
de recibir.

24. Llama la atención de la Sala no solo que los dineros se hayan entregado sin
que obrara poder de recibir, sino que, aún más grave, que se hayan entregado los
títulos sin que mediara levantamiento de la medida cautelar, lo cual a todas luces
constituye desde ya en un actuar defectuoso de quien fungía como depositario de
aquellos.

25. En este punto, conviene recordar que la carga de la prueba de la devolución la
tiene la demandada y, de manera que la fiscalía debía acreditar que los títulos se
reintegraron a la sociedad, lo cual no ocurrió.

26. En el acervo probatorio reposan documentos suscritos por el Banco Agrario 14
que muestran que los títulos judiciales de los dineros embargados fueron
entregados al señor Pedro Luis Carvajal Carvajal 15 los días 25 de noviembre de
2009 y 16 de febrero de 2010, por valor de $94´259.916,14 y $95´177.839,99,
respectivamente.

27. Frente a la identidad de tal ciudadano y un eventual mandato para hacerlos
efectivos, no obra prueba alguna que comprometa la actuación de la demandante,

11
Folios 184-188, C2.
12
Folios 38-51, C4.
13
Folio 76, C2.
14
El banco informa que los dineros fueron entregados a un señor Carvajal y que no tiene copia de la autorización de la Fiscalía
para el pago de títulos, aportó el título de depósito con autorización a Carvajal para reclamar. (Folios 74-82 del C2).
15
Que no es socio, representante o apoderado.

5

Radicación: 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188)
Actor: C.I. Calcorp LTDA
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

como tampoco consta que tuviera la calidad de representante legal de la sociedad,
mandatario o apoderado de la misma con facultad para recibir.

28. En retrospectiva, la Sala observa, por un lado, que la responsabilidad sobre la
entrega de los títulos recaía en la fiscalía por cuenta de la cual se habían retenido y
puesto a disposición del Banco Agrario; sin embargo, tal circunstancia no aconteció
porque para el momento en que debió levantarse la medida cautelar y ordenar su
entrega al propietario -año 2010-, no fue posible, pues -como se dijo- ya habían sido
retirados de la entidad que los tenía bajo custodia y cuidado16 -noviembre de 2009
y febrero de 2010-. En otras palabras, es claro que tras el embargo de los dineros,
la Fiscalía fungió como depositaria de los mismos.

29. En este punto, conviene recordar que la medida cautelar de embargo de sumas
de dinero depositadas en cuenta corriente, prevista en el artículo 1387 del Código
de Comercio, señala que la misma afecta el saldo en la hora y fecha en que el banco
reciba la orden del juez y deben ser puestas a disposición de este.

30. La puesta a disposición de las sumas de dinero a favor del juez no es otra cosa
que la práctica del secuestro propiamente dicho, el cual, a las luces del artículo 2273
del Código Civil17, consiste en el “depósito de una cosa que se disputan dos o más
individuos, en manos de otro que debe restituirse al que obtenga una decisión a su
favor”. Así, en virtud del artículo 2281 del Código Civil, pronunciada y ejecutoriada
la sentencia judicial, el secuestre, en este caso la Fiscalía, debe restituir el depósito
al adjudicatario, para el caso, la sociedad.

31. Además, de conformidad con el artículo 2274 del mismo cuerpo normativo –
según el cual al secuestro le son aplicables las mismas normas del depósito–, el
depositario y/o secuestre es obligado a restituir la misma cosa que fue confiada en
depósito y/o secuestro, aunque consista en dinero18.

32. En consecuencia, el daño debe ser resarcido por el depositario, que en el sub
examine resulta ser la entidad demandada que dispuso la medida cautelar y que, al
pretender levantarla, no logró reintegrar los dineros embargados, habida
consideración del defectuoso funcionamiento en que incurrió como resultado de su
entrega errónea.

33. Aunado a lo anterior, y visto desde otra óptica, de conformidad con el Decreto
2700 de 199119, modificado por el artículo 43 de la Ley 81 de 1993, los elementos
embargados dentro de procesos penales quedaban fuera del comercio a partir de
su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que quedara ejecutoriada la
providencia que dispusiera sobre su entrega o adjudicación definitiva. En el caso
objeto de análisis los dineros se embargaron en virtud de la asistencia judicial
internacional, pero, una vez se levantó la medida cautelar, no fueron devueltos a

16
Artículo 92 del Código Penal.
17
Aplicable al caso en concreto por expresa remisión del artículo 822 del Código de Comercio.
18
Ver artículo 2253 del Código Civil
19
Aplicable por la fecha de los hechos en cuestión.

6

Radicación: 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188)
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Referencia: Reparación directa

sus propietarios como tampoco fueron embargados dentro de otro proceso en tanto
fueron entregados a terceras personas sin poder de recibir.

34. Con fundamento en las precisas y puntuales consideraciones expuestas, la
imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada esta llamada a ser
atendida bajo el título de defectuoso funcionamiento de la administración20, toda vez
que dentro del proceso se encuentra acreditado el comportamiento negligente y
descuidado de la entidad demandada en la custodia, protección y resguardo del
dinero embargado a los demandantes.

35. Aclara la Sala que, si bien el daño antijurídico tiene su génesis en la conducta
dolosa de terceros, tal circunstancia no excluye la responsabilidad de la
demandada, pues a su cargo no solo mediaba la obligación de salvaguardar por la
correcta administración del dinero sino que, además, pesaba la obligación de
restituirlo o acreditar que por cuenta de otra investigación tal dinero debería
permanecer por fuera del comercio y bajo su administración.

36. De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a revocar el proveído recurrido
por lo que procederá a declarar la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General
de la Nación del daño irrogado a la sociedad C. I. Calcorp LTDA con el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

Liquidación de la condena

Perjuicios morales

37. La demandante solicitó el pago en favor de todos los socios de la empresa, el
equivalente a quinientos (500) salarios mínimos mensuales vigentes por concepto
de perjuicios morales, causados por el daño moral que padecieron los socios de la
empresa como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, dada la absolución en la acción penal a favor de la empresa y sus socios
y representantes legales.

38. Debe aclararse que ante esta jurisdicción acudió, a través de su representante
legal, la sociedad C.I. Calcorp LTDA como persona jurídica, por lo que los perjuicios
referidos serán negados, en tanto que, por un lado, la sociedad, una vez constituida
legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente
considerados21 y, por el otro, se resalta que las personas jurídicas no sufren
perjuicios morales subjetivos (pretium doloris), porque no pueden experimentar
dolor o sufrimiento y menos aún por agresiones a bienes jurídicos

20
La falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para
desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de
la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su
cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza
extracontractual. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Exp.
8163 y del 16 de julio de 2008, Exp. 16423, entre otras.
21
Artículo 98 del Código de Comercio.

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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188)
Actor: C.I. Calcorp LTDA
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Referencia: Reparación directa

extrapatrimoniales que parten de esa subjetividad del individuo físico (la vida, la
integridad corporal, o la honestidad, entre otros).

39. Además, en el caso concreto se analiza la imputación por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia derivado de la no entrega del dinero
y no por el trámite de asistencia judicial. Ello, dado que la responsabilidad que se
depreca y acredita de la Fiscalía General de la Nación es justamente lo que ocurrió
luego de terminarse la asistencia judicial, ya que es desde ese momento que aquella
entidad fue responsable de devolver los dineros o de embargarlos nuevamente si
así lo consideraba necesario.

40. Por lo anterior, no hay lugar a reconocer perjuicios morales en este caso.

Perjuicios materiales

41. La parte demandante pidió el pago de los dineros embargados y sus intereses
bancarios desde el mes de marzo de 1998 hasta la fecha de la presente sentencia.

42. Es claro entonces, que el daño está representado en el valor del dinero que le
fue embargado al actor y no le fue devuelto, esto es: $94´259.916,14 y
$95´177.839,99, un total de $189’437.756,13.

43. Este monto debe actualizarse desde la fecha en que debieron devolverse los
dineros y no antes, en tanto que la imposición de la medida cautelar fue procedente
hasta que se ordenara su levantamiento y, por tanto, significaba una carga en
cabeza de la actora que debía soportarse mientras estuviera vigente. Lo anterior se
hará de conformidad con la siguiente fórmula:

𝑅𝑖 ∗ 𝐼𝑃𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑅𝑎

44. Donde Ra (renta actualizada) es el valor actualizado de la condena, Ri (renta
inicial) es el valor del pago imputable a la Fiscalía General de la Nación, el IPC
inicial es el vigente para la fecha en que se levantó el embargo de los dineros,
momento en que debieron devolverse (septiembre de 2010) y el IPC final es aquel
vigente al momento de proferirse la presente providencia, así:

$189’437.756,13 ∗ 133,38 (mayo de 2023)
72,90 (septiembre de 2010) = $346’600.931,58

45. Así, el valor actualizado de la condena asciende a la suma de $346’600.931,58.
46. En lo que respecta a los rendimientos financieros, la Sala advierte que los
embargos no tienen una finalidad de lucro, pues su objeto reside en el servicio como
medio para el cumplimiento de una obligación legal determinante para el desarrollo
y culminación de los procesos judiciales. Por esta razón, los depositantes o quien
tenga el derecho a reclamar el depósito judicial, por una parte, no adquiere derecho

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alguno a los rendimientos financieros de las sumas depositadas, y por otra, solo
tienen derecho a cobrar los títulos de depósito judicial cuando el juez ha dado la
orden de entrega. Ellos solo tienen derecho a que se les entregue el valor del dinero
que se depositó, y ese derecho solo se materializa en el momento en que la
autoridad, en este caso judicial, da la orden de entrega conforme al procedimiento
establecido en razón a las características propias de cada juicio. Por tanto, el
depósito judicial se extingue cuando termina la controversia que lo motivó, salvo
disposición contraria por el Juez que llevare el caso o por otra causa legítima, y solo
hasta el momento en que se profiere la decisión de entrega de los títulos de depósito
judicial se consolida el derecho a que estos valores formen parte del patrimonio de
su beneficiario, antes no22.

47. En el mismo sentido la Corte Constitucional, en sentencia C-119/06, explicó que
la no entrega de intereses al depositante no vulnera el derecho de propiedad,
prohibición de confiscación ni origina enriquecimiento sin causa a favor del Estado.
Expuso que los depósitos judiciales no tienen finalidad de lucro, sino la de cumplir
una obligación legal para el desarrollo y culminación de los procesos judiciales. Por
esta razón, los depositantes en los depósitos judiciales no adquieren derecho
alguno a los rendimientos financieros de las sumas depositadas, por el contrario del
que adquieren al realizar las operaciones ordinarias de la actividad financiera
mediante la celebración de los contratos bancarios.

48. Igualmente, vale aclarar que a este caso no le resultan aplicables las normas
consagradas en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, en punto a considerar una
causación de réditos del dinero embargado, porque la norma solo resulta aplicable
a los trámites de extinción de dominio y aquí las sumas fueron objeto de la cautela
por virtud de una asistencia judicial con el gobierno de los Estados Unidos, al punto
de que la Fiscalía General de la Nación, sin intermediario, fue la que dio la orden de
entrega de los depósitos judiciales. En cualquier evento, no se cumpliría con el
supuesto que decanta la referida norma, porque la parte actora no demostró que
aquellos dineros fueran puestos a disposición del DNE, máxime si se tiene en
cuenta que ni siquiera la llamó para conformar el extremo pasivo de la litis.

49. A lo anterior se agrega que si a un crédito reajustado en función de la
depreciación se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un
enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluyen un ‘plus’
destinado a recomponer el capital. En consecuencia, en este caso no hay lugar a
reconocer intereses bancarios sobre los dineros embargados.

Condena en costas

50. A falta de prueba sobre la temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

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Consejo de Estado. Sentencia del 26 de agosto de 2019, Radicación número: 08001-23-31-000-2001-02377-01(45935).
MP. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188)
Actor: C.I. Calcorp LTDA
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el 19 de noviembre de 2015 por las razones expuestas en esta
providencia y en su lugar DECLARAR responsable civil y extracontractualmente a
la Nación – Fiscalía General de la Nación del daño irrogado a la sociedad C. I.
Calcorp LTDA con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a la
sociedad C.I. Calcorp LTDA., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad
de lucro cesante la suma de trescientos cuarenta y seis millones seiscientos mil
novecientos treinta y un pesos con cincuenta y ocho centavos m/cte
$346’600.931,58.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

10

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