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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03943-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03943-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud probatoria efectuada por la sociedad comercial CI Calcorp Ltda, relacionada con el expediente 077 E.D. de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo, en su lugar, DECLARAR SU IMPROCEDENCIA por no superar el requisito de la relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03943-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de noviembre de 2023

Demandante: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp
Ltds.- CI Calcorpor Ltda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03943-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03943-01
Demandante: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CALCORP LTDA. – CI CALCORP LTDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A.

Tema: Tutela contra providencia judicial – revoca por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, el 30 de agosto de 2023. En ese fallo se negaron las
pretensiones de la acción de tutela.

1. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La Sociedad Comercializadora Internacional CALCORP LTDA – CI
CALCORP LTDA (en adelante CI Calcorp Ltda), actuando a través de apoderado
judicial1, presentó acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudicó a la providencia
del 4 de julio de 2023 proferida por la autoridad judicial accionada, por medio de la
cual revocó la decisión de primera instancia del 19 de noviembre de 2015 del
Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones, para en su lugar,
acceder parcialmente. Esto al interior del proceso de reparación directa identificado
con el radicado 76001-23-31-000-2011-00331-01 (57188).

1
El señor Edgar Guillermo Parra Camargo, reconocido como apoderado de la parte actora en
providencia del 27 de julio 2023. Cfr. Índice n.º4 SAMAI. Exp: 11001-03-15-000-2023-03943-00.

1
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Demandante: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp
Ltds.- CI Calcorpor Ltda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03943-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRIMERA.- AMPARAR a la sociedad comercial CI Calcorp Ltda sus derechos
fundamentales al debido proceso, derecho de acceso a la administración de justicia
y de igualdad, vulnerados con la emisión de la sentencia de segunda instancia del
4 de julio de 2023 emitida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que dentro del término improrrogable de veinte (10)
días contados a partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profieran nueva
providencia judicial reconociendo los intereses o rendimientos financieros de que
trata el artículo 12 de ley 793 de 2002. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. La accionante promovió demanda de reparación directa contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación. Con ella pretendía el reconocimiento de los perjuicios
ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tras
la incautación y el congelamiento de unos dineros en virtud de una asistencia judicial
del gobierno de los EE.UU., denominada «Operación Casablanca»2.

6. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad
judicial que en providencia del 19 de noviembre de 2021 negó las pretensiones de
la demanda. Fundamentó su decisión en que los elementos de la responsabilidad
no estaban configurados, en la medida que no se logró establecer con precisión si
las sumas embargadas eran propiedad de la sociedad CI Calcorp Ltda, o si se
configuró alguna conducta punible en razón de los dineros.

7. Contra dicha decisión la accionante interpuso recurso de apelación. La
alzada correspondió a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado,
quien mediante providencia del 4 de julio de 2023 revocó la providencia descrita, en
orden a acceder parcialmente a las pretensiones.

8. Para el efecto, consideró que la entidad pública demandada estaba llamada
a responder, por cuanto desplegó un comportamiento negligente y descuidado en
la custodia, protección y resguardo del dinero embargado a los demandantes y

2
A través de la cual el gobierno de E.E.U.U solicitó asistencia judicial al gobierno
colombiano para que congelara las cuentas de determinadas sociedades, entre ellas, la
accionante, en razón de una investigación penal adelantada por el delito de lavado de
activos.

2
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Demandante: Sociedad Comercializadora Internacional Calcorp
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propiedad de los mismos. Esto, porque la Fiscalía tenía la responsabilidad de
entrega de los títulos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22743 y 22814
del Código Civil y sin embargo, no los reintegró.

9. Finalmente, condenó a la demandada a pagar a la accionante por concepto
de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de
$346.600.931,58.

1.4. Sustento de la vulneración

10. A juicio de la parte actora, la providencia del 4 de julio de 2023 conculcó sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad. Esto, porque desestimó los rendimientos financieros a los que tenía
derecho según el artículo 12 de la Ley 793 de 2002.

11. En esos términos, impetró solicitud de amparo constitucional bajo la óptica
de que dicha autoridad judicial habría incurrido en los siguientes defectos:

• Defecto fáctico: refirió que la decisión carece de apoyo probatorio. Adujo que
la autoridad judicial interpretó el recaudo de sus dineros como una medida
cautelar de embargo, cuando en realidad correspondía a una incautación y
congelamiento de sus activos, respecto del cual es procedente el
reconocimiento de intereses o rendimientos financieros del artículo 12 de la
793 de 2002.

• Defecto sustantivo: expuso que se consolidó por indebida interpretación al
artículo 12 de la 793 de 2002, comoquiera que no se reconocieron los
intereses o rendimientos en los términos que dispone la norma.

• Desconocimiento del precedente judicial: consideró que la decisión
reprochada desconoció la regla dispuesta por la Sección Tercera que ha
resuelto conflictos de situaciones fácticas y problemas jurídicos similares al
caso. Específicamente en el escenario de sociedades vinculadas a la
«Operación Casablanca» en donde se han reconocido los intereses y
rendimientos alegados:

• Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 16 de noviembre
de 2021. Rad: 11001-0315-000- 2021-06765-00. C.P. Fredy Ibarra Martínez.
Referencia: acción de tutela.

3
« ARTICULO 2274. <APLICACION DE LAS REGLAS SOBRE EL DEPOSITO>. Las reglas del
secuestro son las misma que las del depósito propiamente dicho, salvas las disposiciones que se
expresan en los siguientes artículos y en las leyes de procedimiento.»
4
«ARTICULO 2281. <RESTITUCION DE LA COSA>. Pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia,
debe el secuestre restituir el depósito al adjudicatario.»

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• Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Subsección C., Sentencia del 14 de diciembre de 2021
Rad.60012331000201101532-01 (51660). C.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas. Actor: Comercializadora Joval Internacional Ltda. Demandado: La
Nación - Fiscalía General de la Nación. Referencia: acción de reparación directa.
• Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Subsección A., sentencia del 24 de abril de 2023. Rad: 76001-23-30-000-2012-
00613-01 (54.823). C.P.: María Adriana Marín. Actor: Icoltex LTDA. Demandado:
Nación – Fiscalía General De La Nación Referencia: acción de reparación directa
• Tribunal Administrativo del Valle, Sentencia del 30 de junio de 2023. Rad: 76001-
23-33-000-2013-01008-00. M.P. Ronald Otto Cedeño Blume. Demandante:
Dycresco y Cia Ltda. Demandado: Fiscalía General De La Nación. Referencia:
acción de reparación directa.

• Violación directa de la Constitución: según su dicho, la providencia
desconoció el principio de igualdad. Esto es así, porque considera que la
jurisprudencia ha sido unánime en determinar que a las empresas vinculadas a la
«operación Casablanca» se les debe aplicar lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley
797 de 2002, mientras que la Fiscalía sustrajo en forma «ilícita» los dineros.

12. Finalmente, señaló que el caso bajo estudio acredita todos los requisitos
generales de tutela contra providencia judicial.

1.5. Trámite de primera instancia

13. En auto del 27 de julio de 2023, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela de la referencia. Adicionalmente, dispuso la vinculación
del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación – Fiscalía General de la Nación,
como terceros interesados.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado

14. Por intermedio del magistrado ponente de la decisión del 4 de julio de 2023,
señaló que la providencia se fundó en la valoración de las pruebas allegadas al
proceso y en estricto apego de las garantías constitucionales de las partes. Solicitó
que se declarara improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional.

15. Refirió que no había lugar a la configuración de los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente judiciales. El primero pues no se dejó de emplear
una norma aplicable caso concreto. Respecto al segundo, mencionó que el
accionante trajo a colación la sentencia del 16 de noviembre de 2021 proferida por
la Sección Tercera, Subsección B de la corporación que no era aplicable al caso

4
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concreto, justamente por tratarse de un fallo de tutela y la misma no contiene una
regla de derecho.

16. Señaló que, si bien su caso estaba relacionado con la «Operación
Casablanca», lo cierto es que su afectación era distinta a otras empresas vinculadas
a dicha operación y a las que se les reconocieron los rendimientos, habida cuenta
que a ella no se le hizo devolución del dinero.

17. Reiteró que los depósitos judiciales no tienen por cometido la causación de
rendimientos financieros o una finalidad de lucro. Su objeto reside en el servicio
como medio para el cumplimiento de una obligación legal y por esa razón quien
tenga el derecho a reclamar el depósito judicial, no adquiere derecho alguno a
rendimientos financieros. Además, la Ley 793 de 2002 no era aplicable al caso
porque aquella disposición se usa en los trámites de extinción de dominio y en su
caso, fueron objeto de cautela por virtud de una asistencia judicial con el gobierno
de E.E.U.U.

18. En todo caso, precisó que en el evento en el cual la norma en comento fuera
aplicable «no se cumplen sus supuestos porque no demostró que los dineros fueran
puestos a disposición de la DNE, máxime si se tiene cuenta que ni siquiera lo llamó
al extremo pasivo de la litis».

19. En ese orden de ideas, consideró que la intención de la sociedad accionante
es que se analice nuevamente la responsabilidad de la Fiscalía General de la
Nación y la liquidación de perjuicios tasada por el juez competente para ello.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación

20. Solicitó declarar la improcedencia de la tutela, en tanto la misma no cumple
las causales generales de procedencia. En especial, refirió que no se acreditan los
presupuestos de subsidiaridad y relevancia constitucional.

21. Respecto al primero, mencionó que no se verifica la materialización de un
perjuicio que vulnere de manera flagrante sus derechos fundamentales. En cuanto
al segundo, señaló que los defectos alegados no fueron debidamente sustentados,
pese a tener la carga de la prueba.

22. Concluyó que el asunto versa sobre un reconocimiento de carácter
económico en el que no se evidencia per se una acción u omisión a sus garantías
constitucionales.

1.6.3. CI Calcorpor Ltda

5
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23. Mediante sendos memoriales presentados, aportó sentencias judiciales
proferidas en el marco de los casos de la «Operación Casablanca» en los que se
reconocieron los rendimientos financieros5.

24. Así mismo, presentó su oposición a la intervención efectuada por la autoridad
judicial reprochada, en el sentido de precisar que otras salas en tutela y procesos
ordinarios de reparación directa han reconocido la indexación del dinero y el pago
de rendimientos financieros a tasa comercial, al tenor de lo dispuesto en la Ley 793
de 2002. Hizo hincapié en que se trata de casos exactos por tratarse de empresas
vinculadas a dicha operación.

25. El Tribunal Administrativo de Antioquia, pese a ser debidamente
notificado, guardó silencio6.

1.7. Sentencia de primera instancia

26. En sentencia del 30 de agosto de 20237, la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado negó la acción de tutela. Esto, por los siguientes motivos:

27. Consideró que la autoridad judicial demandada realizó una valoración
probatoria acorde con las circunstancias que rodearon el defectuoso funcionamiento
de la justicia que se le atribuyó a la Fiscalía General de la Nación y los perjuicios
reclamados. Precisó que no se configuró un defecto sustantivo, en tanto no se
observa una indebida interpretación de las normas aplicables al asunto. Por el
contrario, señaló que el pronunciamiento adoptado estuvo fundado en la sana
critica, con una argumentación válida y razonable.

28. En lo que respecta al desconocimiento del precedente judicial, expuso que la
sentencia de tutela proferida el 16 de noviembre de 2021 por la Sección Tercera,
Subsección B no podía ser tenida en cuenta como precedente aplicable, sino como
criterio auxiliar de interpretación.

29. Insistió que el juez constitucional debía respetar la interpretación jurídica del
fallador natural y por tanto no era del caso cuestionar las decisiones judiciales
adoptadas en el ámbito de sus competencias, salvo que resultara palmaria la
vulneración de derechos fundamentales. Agregó que la accionante tiene una mera
inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por la autoridad judicial
accionada.

1.8. Impugnación

5
Cfr. índices 14, 17 y 19. Samai. Exp. 11001-03-15-000-2023-03943-00.
6
Cfr. Índice 7 Samai. Exp. 11001-03-15-000-2023-03943-00.
7
Esta decisión fue notificada el 28 de septiembre de 2023. Cfr. Índice SAMAI N. º23. Exp. 11001-
03-15-000-2023-03943-00.

6
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30. La parte accionante presentó escrito en el que impugnó la decisión. En
memorial radicado con posterioridad sustentó su recurso, reiterando los argumentos
trazados desde el escrito de tutela.

31. Así, reiteró que la Sección Tercera de la corporación ha reconocido en
diferentes oportunidades los rendimientos financieros sobre los dineros incautados
por la Fiscalía, tanto en sede ordinaria como constitucional. Además, hizo referencia
a los siguientes pronunciamientos:

• Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B. Sentencia del 27 de julio de 2023 Rad: 76001-23-33-000-2013-
01093-01 (59401). C.P. Alberto Montaña Plata. Actor: Confexcol Ltda. en liquidación
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de
reparación directa.
• Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2023. Rad. 76001-23-31-000-2013-
00450-01(59386). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Demandante: Coimpa y
Cía. Ltda. (En liquidación). Demandada: La Nación - Fiscalía General de la Nación.
Referencia: Medio de control de reparación directa.

32. Al efecto, indicó que todas las providencias invocadas constituyen
precedente judicial de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencia T-441 de 2018.

33. Iteró que el presente asunto cumple todos los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial. Resaltó el presupuesto de
relevancia constitucional, para afirmar que en el asunto hay una grave afectación
de sus garantías constitucionales, con ocasión de los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución.

34. Solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y en consecuencia
se accediera el amparo solicitado, para que se le ordene a la autoridad judicial
reprochada que profiera una nueva decisión de segunda instancia para el proceso
de Reparación directa identificado con el radicado 76001-23-31-000-2011-00331-
01.

1.9. Trámite en segunda instancia

35. En providencia del 2 de noviembre de 2023, la Sala declaró infundada la
manifestación de impedimento realizada por el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez8.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

8
Cfr. Índice 6 Samai.

7
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36. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 30 de agosto 2023
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

37. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

38. La Sala advierte que la sociedad CI Calcorp Ltda está legitimada en la causa
por activa. Esto porque integró el extremo accionante en el medio de control de
reparación directa en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

39. Por su parte, esta colegiatura advierte que la Sección Tercera, Subsección
A de esta colegiatura se encuentra legitimada en la causa por pasiva al ser la
autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Cuestión previa

40. La sociedad comercial accionante solicitó tanto en su escrito de tutela como
el de impugnación, que se requiriera a la Fiscalía General de la Nación para que
allegara copia del Expediente 077 E.D. de extinción de dominio.

41. Al respecto, la Sala considera que la referida solicitud no resulta necesaria ni
pertinente para decidir la controversia que se suscita en términos constitucionales y
por lo mismo, será negada.

42. Ello es así porque, en primer lugar, la acción de tutela no pretende sustituir
al juez ordinario en la valoración de los elementos que motivaron el ejercicio del
derecho de acción. En segundo lugar, porque en todo caso, obra prueba del
expediente de reparación directa y de allí se podrán extraer los elementos que se
consideren del caso.

2.4. Problema jurídico

43. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación el 30 de agosto de 2023, en la que se negó la solicitud de amparo
constitucional.

8
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44. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, con la expedición de la
providencia del 4 julio de 2023 que revocó la providencia del 19 de noviembre de
2015 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones
de la demanda, para en su lugar acceder a ellas?

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales11.

46. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201412. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia13 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial14.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
14
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por

9
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47. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

48. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

49. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

50. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional

51. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200515. En esta

parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
15
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción
de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al

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providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes16. (Subrayado fuera de texto).

52. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202217, el Alto Tribunal
unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste
o no de relevancia constitucional.

53. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201418, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de
2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

54. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló
que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.

señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se
instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial;
c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que
las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
16
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
17
A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de
una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo
órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional
esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo
anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política
o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal;
(iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos
fundamentales invocados.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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55. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202219
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.

56. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

57. Con tales precisiones, debe recordarse que la parte accionante atribuye a la
Sección Tercera, Subsección A de esta colegiatura haber incurrido en un presunto
defecto fáctico por indebida valoración probatoria y sustantivo por desconocimiento
del artículo 12 de la Ley 793 de 2002 y del artículo 12 de la Ley 67 de 1993.

58. Al analizar los cargos presentados en torno a estos dos defectos, para la Sala
lo procedente es señalar que, aunque la sociedad accionante alega la posible
configuración del defecto fáctico, en realidad sus reproches ponen de presente su
inconformidad por la manera en que el ad quem interpretó las normas aplicables al
caso.

59. Ello se corrobora con el hecho que la parte accionante no hace si quiera
alusión a los elementos de convicción que a su juicio fueron desconocidos, o
indebidamente valorados. A contrario sensu, hace una exposición de las
disposiciones jurídicas y las interpretaciones que, según su parecer, debía aplicar

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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la Sección Tercera a la hora de resolver su situación. De ahí que, para esta Sección,
en realidad sus reproches en torno a la aplicación de dichas disposiciones se
encasillen únicamente al defecto sustantivo.

60. De otro lado, se encuentra que la sociedad CI Calcorp Ltda invocó un
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Para
sustentar su postura, refirió que la autoridad judicial accionada desconoció la regla
de derecho trazada por la misma Sección en escenarios similares, en los cuales la
única diferencia eran los sujetos procesales. Esta situación, a su juicio, implica una
violación de su derecho fundamental a la igualdad.

61. Al descender al análisis del caso en concreto, esta colegiatura avizora que
las inconformidades de la Sociedad CI Calcorp Ltda implican una discusión en torno
a un debate netamente legal y relacionado con un reconocimiento de carácter
netamente económico que no implica el desarrollo de alguna de garantías
fundamentales expuestas.

62. Para la Sala, el centro de la discusión gravita en torno a la aplicación del
artículo 12 de la Ley 793 de 2002, el cual establecía - en su modificación inicial -
que los bienes sobre los que se adoptan medidas cautelares debían ser
debidamente administrados y los rendimientos financieros que resultaran de ellos
debían retornarse al dueño, salvo que se declarara extinguido el dominio sobre tales
recursos.

63. Así, la sociedad accionante cuestiona que en casos similares esta
corporación reintegró los rendimientos financieros a sus dueños, sin embargo, en
su situación particular no se respetó dicho reconocimiento.

64. Pues bien, de una revisión a priori de la providencia judicial reprochada y de
los elementos de juicio que integran este expediente, se advierte que, la Sección
Tercera, Subsección A de esta corporación consideró que la accionante no había
adquirido el derecho a reclamar dicho deposito. Esto, en la medida que los
embargos no persiguen una finalidad de lucro, pues su objeto reside en el servicio
como medio para el cumplimiento de una obligación legal determinante para los
procesos judiciales.

65. Adicionalmente, se consideró que la norma en cuestión no era aplicable al
caso, porque la misma solo es procedente en los trámites de extinción de dominio
y en su caso puntual, las sumas recaudadas obedecieron a un acuerdo de
asistencia judicial con el gobierno de E.E.U.U. De ahí que solo tuviese el derecho a
le fuera restituido el valor que se depositó.

66. A juicio del accionante, la norma si resultaba aplicable al litigio, de manera
que si la Fiscalía no entregó los dineros a una cuenta especial que generara
rendimientos financieros según el procedimiento descrito por dicha Ley, dicha
autoridad debía responder por los perjuicios ocasionados.

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67. De lo expuesto, se advierte que en realidad la parte accionante pretende
controvertir una decisión adoptada por el juez natural de la causa, a través de este
mecanismo constitucional, comoquiera que se encuentra inconforme con las
interpretaciones realizadas por la autoridad judicial en un asunto de interés
económico particular. En ese sentido, la sociedad pretende que se redefina un
aspecto económico por su inconformidad en torno a las consideraciones trazadas
por funcionario competente.

68. En este punto, conviene reiterar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido enfática en señalar que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios.
Esto es así «pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal.”[113] En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales” [114].»20

69. Si bien el accionante refiere que en otros casos la jurisprudencia optó por la
interpretación más favorable a sus intereses, no se desconoce que los casos por el
transcritos implicaban aristas distintas en punto a la afectación económica padecida
por cada una de las sociedades vinculadas a dicha operación.

70. En ese orden, la Sala considera que, como la cuantía de que trata el presente
asunto está definida legal y económicamente, excluye la intervención del juez
constitucional. En otras palabras, el monto de los rendimientos financieros que pudo
haber ocasionado como consecuencia de la recaudación del dinero en el marco de
la «Operación Casablanca», es un asunto de naturaleza eminentemente legal y
económica y, por ende, no está sujeto a la revisión por parte del juez constitucional
en el marco de la acción de tutela.

71. Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional se ha enfatizado que «la tutela no es una instancia o recurso adicional
para reabrir debates meramente legales. […] la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a
problemas de carácter legal”».21

72. Particularmente, se trae a colación la sentencia SU-573 de 2019 de la Sala
Plena de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la improcedencia de
tres acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una
naturaleza eminentemente legal y patrimonial.

20
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.

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73. En efecto, el anterior lineamiento acogido por la sala se ha construido en
estricto seguimiento de lo señalado en la precitada decisión de unificación, pues
aquella versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones judiciales que no
accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío de
cesantías.

74. En dicha ocasión, el tribunal constitucional consideró que un desacuerdo en
relación con las conclusiones a las que arribó la autoridad cuestionada sobre un
asunto estrictamente legal y patrimonial, no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto
que, sería invadir la competencia del competente natural.

75. El caso concreto se sitúa sobre un debate eminentemente legal a efectos de
que se profiera una decisión que se ajuste a sus intereses y que está relacionada
con el reconocimiento de los rendimientos financieros a los que alude tener derecho
por aplicación del artículo 12 de la Ley 973 de 2002. También es netamente
patrimonial, pues de los reproches aducidos en el escrito de tutela no se infiere que
la discusión proponga el desarrollo de un derecho fundamental, sino que tienden a
incrementar la esfera económica de la accionante.

76. En ese sentido, para esta Sección es viable concluir que la parte accionante
pretende surtir en sede de tutela nuevamente una discusión surtida en el marco de
un proceso de reparación directa, sin que se esgriman elementos de orden
constitucional que habiliten la interferencia del juez de la tutela en las decisiones de
las autoridades competentes para definir el asunto.

77. Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por el
actor dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los reproches
propuestos frente a la apreciación del juez del proceso contencioso, se atentaría
contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el
mecanismo de amparo en instancia adicional.

2.7. Conclusión
78. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia de
30 de agosto de 2023 que negó la solicitud de amparo constitucional, para en su
lugar declarar la improcedencia las pretensiones acción de tutela, por no acreditar
el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud probatoria efectuada por la sociedad comercial CI
Calcorp Ltda, relacionada con el expediente 077 E.D. de extinción de dominio
adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2023 por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que negó la solicitud de
amparo, en su lugar, DECLARAR SU IMPROCEDENCIA por no superar el requisito
de la relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SÚAREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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