Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02357-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02357-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02357-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
16 de julio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá DC, dieciséis (16) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 1100-1031-5000-2024-02357-00 (3.765)
Demandante: WÍLLMAR CALDERÓN OLMOS
Demandado: ECOPETROL SA
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Asunto: NULIDAD POR PRUEBA RECOBRADA - PRUEBAS
FALSAS - NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA –
DEBIDO PROCESO
Síntesis del caso: se pretende la revisión de la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2022
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por Wíllmar Calderón Olmos contra los actos administrativos mediante los cuales
Ecopetrol SA le impuso una sanción disciplinaria de suspensión del cargo por un término de
cuatro meses; el recurso fue impuesto con fundamento en las causales primera, segunda y
quinta del artículo 250 del CPACA, por considerar que se encontraron documentos nuevos,
que se valoraron pruebas falsas o adulteradas y que la sentencia incurrió en nulidad por
haberse dictado con desconocimiento del juez natural, del debido proceso y del principio non
bis in ídem. Se declara infundado el recurso porque no se demostró la configuración de las
causales alegadas.
Temas: recurso extraordinario de revisión – nulidad por prueba recobrada, pruebas falsas y
nulidad originada en la sentencia por desconocimiento del juez natural, del debido proceso y
del principio non bis in idem.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 3 de noviembre de 2022 dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación número 25000-23-42-000-2016-01304-
02 (2377-2021), mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“1º. Confírmase la sentencia de 10 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección
C), que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por el señor Wíllmar Calderón Olmos contra la Empresa
Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol), conforme a la motivación.
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Actor: Wíllmar Calderón Olmos
Recurso extraordinario de revisión
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester (…)” (índice 24 SAMAI
• negrillas del original)1.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1) El señor Wíllmar Calderón Olmos, en ejercicio del medio de control jurisdiccional
de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Ecopetrol SA con
el fin de que se declarara la nulidad de los actos mediante los cuales fue sancionado
disciplinariamente en el proceso PD-4135-2012 en los cuales se impuso una sanción
de suspensión e inhabilidad especial por el término de cuatro (4) meses y, como
consecuencia de la declaración de nulidad, se eliminara todo antecedente disciplinario
de su hoja de vida (fls. 727 a 748 cdno. ppal).
2) A título de restablecimiento del derecho el demandante solicitó (i) que se declare
que no hubo solución de continuidad en la relación laboral entre el 23 de noviembre
de 2016 y el 22 de febrero de 2017; (ii) que Ecopetrol SA sea condenada al pago de
todos los emolumentos laborales dejados de percibir durante ese período, incluidos
salarios, prestaciones sociales, cesantías, primas y vacaciones; (iii) que se ajuste el
valor de las condenas con base en el IPC certificado por el DANE y, (iv) que se
indemnice el daño moral y patrimonial causado, valorado en la suma de ciento
cincuenta millones de pesos ($150.000.000), con fundamento en los artículos 206 y
207 del Código General del Proceso; las expresas pretensiones de la demanda de
nulidad son las siguientes:
“1. Declarar que son nulos los Actos Administrativos disciplinarios contenido
en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la
Gerencia de Control disciplinario de ECOPETROL S. A. el 31 de mayo de
2016 y en segunda instancia por el Presidente de ECOPETROL el 12 de
octubre de 2016, el cual quedó ejecutoriado el 15 de noviembre de 2016 al
ser notificado por EDICTO al disciplinado servidor público WILLMAR
CALDERON OLMOS, en cuanto dispuso en su numeral Tercero y Cuarto:
Declarase Disciplinariamente responsable al señor Willmar Calderon Olmos
del cargo único formulado en su contra en el Proceso disciplinario PD-4803-
2014, de conformidad con lo parte resolutiva de dicha providencia, y como
consecuencia de lo anterior, sanciónese al señor Willmar Calderon Olmos
con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término
de tres (3) meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este proveído, por haber sido expedido con falsa motivación, abuso y
1 Índice 24 SAMAI del Consejo de estado - Archivo: 19_SENTENCIA.pdf.
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desviación de Poder y violación de la Constitución y las leyes de la
República.
Y como consecuencia de la declaración de nulidad de dichos actos
administrativos disciplinarios se disponga:
1.- Condenar a la demanda ECOPETROL S.A. a pagarle al demandante
WILLMAR CALDERON OLMOS los salarios y prestaciones sociales legales
y convencionales, cesantías e intereses sobre las cesantías, vacaciones
causadas, primas de servicios, de antigüedad y demás emolumentos
propios del servicio debidamente indexados causados durante el tiempo de
tres (3) meses que duró la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio
del cargo en virtud de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia
proferidos por la Gerencia de Control disciplinario de ECOPETROL S.A. el
31 de mayo de 2016 y en segunda instancia por el Presidente de
ECOPETROL el 12 de octubre de 2016.
2.- Se ordene en la Sentencia la entidad demandada ECOPETROL S.A. de
manera principal el ajuste de valor de todas las condenas dinerarias por
cantidad líquida de dinero que se impongan a cargo de la accionada,
tomando como base el Índice de Precios al Consumidor IPC certificado por
el DANE desde la fecha de suspensión efectiva del servidor público
demandante WILLMAR CALDERON OLMOS en el ejercicio de su cargo
durante tres (3) meses entre noviembre 24 de 2016 y hasta febrero 25 de
2017 inclusive, con el pago total y liberatorio de las condenas por los
sueldos, primas, prestaciones sociales y demás emolumentos propios del
servicio dejados de percibir, de conformidad con el artículo 187 in fine del
C.P.A.C.A.
3.- Se declare que para todos los efectos legales laborales y prestaciones
sociales en general, que no ha existido solución de continuidad en la
prestación del servicio por parte del accionante WILLMAR CALDERON
OLMOS, durante el tiempo de suspensión de su contrato de trabajo
transcurrido durante tres 3 meses entre noviembre 14 de 2016 y hasta
febrero 25 de 2.017 inclusive.
4.- INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES, Se
condene a la empresa demandada a pagarle al demandante los perjuicios
materiales y morales, a que estaba obligada para con el trabajador,
perjuicios que estimo razonada y juratoriamente de acuerdo con los arts.
206 y 207 del Código General del Proceso, en Ciento Cincuenta Millones
($150.000.000) de Pesos Moneda legal colombiana.
5.- Que se ordene el cumplimiento de Ia sentencia dentro del término de
establecido en el artículos 189 del C.P.A.C.A., advirtiendo a la entidad
pública demandada que las cantidades liquidas de dinero que se impongan
en la sentencia devengaran interés moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia y hasta la fecha en que se produzca el pago total y liberatorio de
las condenas por los salarios, primas, prestaciones sociales y demás
emolumentos propios del servicio durante el tiempo de suspensión de su
contrato de trabajo transcurrido de tres (3) meses entre noviembre 24 de
2016 y hasta febrero 25 de 2.017 inclusive, de conformidad con el artículo
192 in fine del C.P.A.C.A.
6.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad pública
demandada en cuanto fuere procedente.”. (fls. 74 a 74 índice 2 SAMAI
proceso ante la Sección Segunda del Consejo de Estado - mayúsculas fijas
del original).
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3) Como sustento fáctico de sus pretensiones el demandante expuso, en síntesis, lo
siguiente (fls. 727 a 748 cdno. ppal):
a) Ha trabajado como geólogo para Ecopetrol SA desde 1990 y en 2006 fue designado
como interventor del contrato no. 5202323, posición que ocupó hasta 2008 cuando
Ecopetrol reasignó sus funciones a otro empleado.
b) Durante su gestión como interventor cumplió las directrices de la Oficina Jurídica
de Ecopetrol SA, no obstante, el nuevo interventor del contrato modificó los
parámetros impartidos por esa oficina para su ejecución, finalización y liquidación, lo
que generó un “conflicto de interpretaciones” sobre las obligaciones del contratista.
c) Solicitó a Ecopetrol SA, a través de diversos requerimientos en ejercicio del derecho
de petición, un paz y salvo para liberarse de cualquier responsabilidad futura sobre su
labor como interventor del contrato; en atención a que (i) el contratista inició un
proceso en contra de Ecopetrol SA y (ii) varios trabajadores del contratista iniciaron
procesos laborales contra el contratista; en consecuencia, Ecopetrol SA podía verse
afectada en caso de una condena, y ello no era responsabilidad del actor.
d) Presentó múltiples peticiones a Ecopetrol SA que no fueron respondidas
adecuadamente ya que, la empresa las remitía a respuestas anteriores, pero no le dio
una solución clara, incluso, la Oficina Jurídica de Ecopetrol SA organizó reuniones
para eludir las solicitudes del demandante con el objetivo de prevenir posibles
acciones de tutela; además, fue víctima de hostigamientos desde que se sindicalizó.
e) El jefe del actor presentó una queja disciplinaria contra él y alegó desgaste
administrativo por peticiones reiterativas lo que llevó a que Ecopetrol SA iniciara un
proceso disciplinario, el cual finalizó con una sanción de suspensión laboral e
inhabilidad especial por cuatro (4) meses por la presentación reiterada de solicitudes
de parte del demandante, que Ecopetrol SA consideraba ya resueltas; en ese
momento, Ecopetrol SA dijo que se configuró la falta prevista en el numeral 1 del
artículo 35 de la Ley 734 de 2002, norma que prohíbe a los servidores públicos
incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar sus funciones.
f) Las actuaciones de Ecopetrol SA en su contra fueron constitutivas de persecución
laboral debido a su afiliación sindical y su rol como dirigente sindical.
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2. Sentencia de primera instancia
El 10 de marzo de 2021, en sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda, concluyó que la sanción fue impuesta de conformidad
con lo regulado en la Ley 734 de 2002 y que no vulneró el debido proceso ni los
derechos del demandante; también determinó que no se probó una persecución
laboral en contra de este por ser dirigente sindical (índice 20 SAMAI2).
3. Recurso de apelación
La parte demandante (índice 20 SAMAI)3 reiteró los argumentos de la demanda y
sostuvo que (i) la Ley 734 de 2002 le fue aplicada indebidamente, por el hecho de que
tiene la condición de trabajador sindicalizado sujeto a un régimen especial disciplinario
contenido en la convención colectiva de trabajo; (ii) que esa indebida aplicación de la
norma vulneró su derecho del debido proceso, y (iii) que el tribunal valoró
inadecuadamente las pruebas obrantes en el proceso.
4. Sentencia de segunda instancia
Mediante sentencia del 3 de noviembre de 2022 (índice 24 SAMAI)4, la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda
y concluyó que está demostrado lo siguiente:
1) Las peticiones reiteradas e improcedentes del demandante relacionadas con su
intervención en el contrato no. 5202323 afectaron el funcionamiento de Ecopetrol SA,
pues, solicitaba paz y salvo por presuntos sobrecostos del contrato, a pesar de que
las respuestas a sus solicitudes ya habían sido emitidas por Ecopetrol SA lo cual
constituye un abuso del derecho de petición, razón por la cual la falta fue debidamente
tipificada con base en el Código Disciplinario Único.
2 Índice 20 SAMAI del tribunal - Archivo
10_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES –
págs. 70 a 72.
3 Índice 24 SAMAI del tribunal Archivo 21RECIBEMEMORIALES_201601304.PDF.
4 Índice 24 SAMAI del tribunal Archivo 19_SENTENCIA.pdf.
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2) El demandante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa durante el
proceso disciplinario, por cuanto, (i) se respetaron sus garantías procesales, incluidas
la presentación de pruebas y descargos, y (ii) el procedimiento cumplió con la
protección del debido proceso del accionante y las pruebas presentadas fueron
evaluadas adecuadamente por Ecopetrol SA.
3) Ecopetrol SA estaba facultada para sancionar disciplinariamente a sus empleados
de acuerdo con la Ley 734 de 2002; en este caso, el demandante argumenta que esta
ley no le es aplicable por su condición de trabajador sindicalizado, pero, ese régimen
sancionatorio es aplicable a todos los servidores públicos, incluidos los trabajadores
oficiales de la entidad.
4) El demandante no aportó pruebas que demostraran la predicada persecución
sindical y represalias por haber denunciado actos de corrupción.
5. Recurso extraordinario de revisión
El actor interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 3 de
noviembre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que confirmó el fallo de primera instancia, con fundamento en las causales
previstas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 250 CPACA (índice 2 SAMAI)5 con
apego en el siguiente razonamiento:
1) La causal del numeral 1, la cual se refiere a haber “encontrado o recobrado después
de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria” (índice 2 SAMAI) está
configurada, debido a que, en unos procesos adelantados ante la jurisdicción ordinaria
laboral se obtuvieron documentos que tenían información relevante y que eran
necesarios para decidir su caso en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2) La causal del numeral 2, alusiva a que la sentencia se haya proferido “con
fundamento en documentos falsos o adulterados”, se presenta en este asunto, pues,
algunos de los documentos en los que se basó la sentencia emitida como resultado
5 Índice 2 del Consejo de Estado- Archivo 1.Demanda.pdf – págs. 99 a 101.
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del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contenían información falsa, lo
cual está demostrado con información obtenida en procesos laborales tramitados ante
la jurisdicción ordinaria y, adicionalmente, “se presentaron más de una docena de
pruebas sobrevinientes en 2019 a 2023 que demuestran que lo afirmado por el
Consejo de Estado en sede segunda instancia no obedece a la realidad, a la luz de la
doctrina del árbol envenenado es necesario mostrar la contaminación del histórico de
paso por las comunicaciones condenatorias en 2012 que la advirtieron” (índice 2
SAMAI)6.
3) La causal del numeral 5, sobre “nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación” está demostrada, por
cuanto, (i) existió una violación del principio de juez natural, debido a que su caso
debió ser conocido por la jurisdicción ordinaria laboral y no por la contencioso
administrativa ya que, el conflicto surgió de su relación laboral y afectaba sus derechos
como trabajador; en consecuencia, el proceso no correspondía a un procedimiento
sancionador administrativo sino a un conflicto de carácter laboral; (ii) se violó su
derecho del debido proceso porque las pruebas y los testimonios no fueron valorados
adecuadamente, pues, Ecopetrol SA fundó la sanción en pruebas insuficientes y no le
permitió una defensa adecuada, y (iii) fue sancionado con apoyo en pruebas que ya
habían sido evaluadas en un proceso disciplinario anterior, en el cual fue absuelto, lo
cual desconoció el principio “non bis in idem” (índice 2 SAMAI)7.
6. Oposición al recurso
Ecopetrol SA se opuso a las pretensiones del recurso, en esa dirección manifestó que
(i) el proceso disciplinario en contra del demandante, relacionado con la reiteración de
solicitudes improcedentes, se llevó a cabo conforme a la ley, y garantizó sus derechos
fundamentales; la empresa calificó la falta disciplinaria como grave y justificó la
sanción impuesta; los actos administrativos fueron emitidos sin desviación de poder
ni falsa motivación; (ii) adicionalmente, en el recurso de revisión, la parte actora no
aportó pruebas nuevas o argumentos que no hayan sido objeto de análisis en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y que justifiquen su procedencia,
y Ecopetrol SA no utilizó documentos falsos o adulterados en los procesos disciplinario
y judicial.
6 Índice 2 del Consejo de Estado - Archivo 1. Demanda.pdf – págs. 5 a 6.
7 Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado - Archivo1. Demanda.pdf – págs. 83 a 102.
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7. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público pide declarar infundado el recurso extraordinario de revisión
(índice 2 SAMAI)8, por cuanto no se cumplen los requisitos para que prosperen las
causales segunda y quinta del artículo 250 del CPACA9, en respaldo de lo cual expuso
lo siguiente:
a) Respecto de la causal segunda, el recurrente nunca tachó de falsos los documentos
a los que se refiere en el recurso de revisión, no expresó con claridad en qué consistía
la supuesta falsedad ni está demostrado que esos documentos eran determinantes
en la decisión adoptada por el Consejo de Estado.
b) Sobre la causal quinta, no está acreditada una nulidad procesal originada en la
sentencia, pues, el Consejo de Estado realizó un control completo y detallado de los
actos administrativos expedidos por Ecopetrol SA, valoró correctamente las pruebas
y respetó las garantías procesales del demandante; adicionalmente, los actos
disciplinarios expedidos por Ecopetrol SA son de conocimiento de la jurisdicción
contencioso-administrativa y no de la ordinaria laboral.
c) Por último, el recurso extraordinario de revisión no permite reabrir el debate
probatorio ya resuelto, pues, no es una tercera instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
generalidades del recurso extraordinario de revisión, 3) las causales de revisión
invocadas y solución del caso concreto, 4) conclusión, y 5) condena en costas.
8 Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado - Archivo: 043Memorial_CHL_43Concepto.pdf.
9 La Sala aclara que el Ministerio Público no se refirió a la causal primera en el concepto emitido en
este asunto.
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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentado el recurso oportunamente10, corresponde a la Sala de Decisión determinar
si se configuran las causales 1, 2 y 5 previstas en el artículo 250 del CPACA, respecto
de la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de noviembre de 2022 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
La Sala declarará infundado el recurso, pues, no se acreditaron las causales de
revisión extraordinaria alegadas, debido a que, el recurrente no demostró i) la
existencia de pruebas recobradas que fueran decisivas en la decisión, ii) la existencia
de documentos falsos o adulterados, iii) ni se configuró una nulidad en la sentencia
que afectara el debido proceso del demandante, aunado a ello, además, lo que
pretende el recurrente es revivir el análisis probatorio surtido en el proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual se evidencia su intención de
convertir este asunto, indebidamente, en una tercera instancia, lo cual jurídicamente
no es procedente.
2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada,
puesto que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre
que se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, sin perjuicio de las dos causales adicionales contempladas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 atinentes a la posibilidad de revisar las sentencias
que reconozcan prestaciones periódicas con cargo a recursos públicos.
2) El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando
se advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que
no pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal gravedad que
autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada: “(…) la revisión, más que
un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la
justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella
10 El recurso fue interpuesto el 25 de enero de 2024, es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria
de la sentencia recurrida, cumpliendo lo previsto en el artículo 251 del CPACA; esta norma es aplicable
al presente caso por estar vigente al momento de la ejecutoria de la providencia objeto del recurso.
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verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto
superior”11.
3) El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de
la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 200312.
4) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener i) la indicación de las partes y sus representantes, ii) el
nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada13.
5) En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera instancia”
en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la
sentencia que se pretende revisar, por tal razón, las pretensiones y fundamentos
deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos
contemplados en las causales para su procedencia14.
6) Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba
que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de
11 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, MP Álvaro Tafur Galvis.
12 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza, en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019, exp. 2018-
00394-00, CP Rocío Araújo Oñate.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp.
2013-00212-01(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre
de 1997, exp. REV 117, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril
de 2015, exp. 2006-00318-00(REV), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo”15.
Con estos fundamentos, a continuación la Sala procede a establecer si en este asunto
se estructuran los presupuestos para que se configuren las causales alegadas por la
parte recurrente.
3. Las causales de revisión invocadas y solución del caso concreto
1) En el presente caso, la parte actora invoca las causales de revisión 1, 2 y 5
contenidas en el artículo 250 del CPACA, norma que preceptúa expresamente lo
siguiente:
“Artículo 250. Causales de revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
“1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contra la
que no procede recurso de apelación.”.
2) En ese contexto, se tiene que, para que se configure la causal primera del artículo
250 del CPACA deben concurrir los siguientes requisitos: i) que los documentos
recobrados hubiesen existido antes de la sentencia recurrida pero no hubiesen sido
conocidos por el juez por razones ajenas al recurrente, ii) que hayan sido recobrados
después de la sentencia, y iii) que tengan carácter decisivo en la decisión adoptada.
Ninguno de estos supuestos se acreditó en el caso, pues, los documentos aportados
por el actor no se refieren a pruebas existentes y desconocidas durante el proceso,
sino a decisiones proferidas con posterioridad, y no guardan relación directa con los
hechos que motivaron la sanción.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
sentencia del 2 de febrero de 2016, exp. 2015-02342-00(REV), CP Alberto Yepes Barreiro.
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Recurso extraordinario de revisión
Frente a la causal segunda, no se demostró que los documentos alegados como
falsos hubieran tenido un carácter decisivo en la decisión adoptada, por cuanto, la
sanción no se fundó en cifras discutidas en otras jurisdicciones sino en el abuso del
derecho de petición.
Finalmente, respecto de la causal quinta, no se acreditó la existencia de una nulidad
de las previstas taxativamente en el ordenamiento jurídico ya que, las afirmaciones
del demandante sobre la competencia, la doble sanción y la supuesta indebida
valoración probatoria no constituyen nulidades procesales en los términos del artículo
133 del CGP ni tampoco una violación del artículo 29 de la Constitución Política,
cuando se afecte la legalidad y justicia de la decisión.
3) En todo caso, las referidas causales no están diseñadas para cuestionar las
razones de la providencia ni mucho menos para corregir los yerros de apreciación de
los hechos y de las pruebas en los cuales, según el recurrente, habría incurrido el
fallador; un entendimiento distinto equivaldría a convertir, indebidamente, el recurso
en un juicio en el que se discutirían nuevamente los hechos ya establecidos y
decididos con fuerza de cosa juzgada16.
3.1 No se demostró la ocurrencia de la causal primera del artículo 250 del CPACA
1) Sobre la causal primera del artículo 250 del CPACA, denominada
jurisprudencialmente como “prueba recobrada”, toda vez que, el Consejo de Estado
ha manifestado que esa figura exige una aplicación estricta y no se refiere a cualquier
documento nuevo, sino a aquellos que ya existían antes del proceso pero que no
pudieron ser aportados por razones ajenas al demandante, y cuya relevancia
probatoria habría sido determinante para modificar el sentido del fallo en caso de
haber sido conocidos por el juez en su momento.
Al respecto, el Consejo de Estado ha puesto de presente lo siguiente:
“Esta causal ha sido denominada jurisprudencialmente como «prueba
recobrada», sobre la cual, para que proceda, es necesario que se cumplan
los requisitos delimitados en su tenor literal, que son los siguientes:
Que se trate de documentos, pero no se refiere a cualquier tipo de
documentos, sino a aquellos que se hubieran «recobrado», es decir, que ya
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de agosto de 2018, exp.
47.300, CP Guillermo Sánchez Luque.
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existían con anterioridad al proceso, pero estuvieron refundidos y por ello no
llegaron al conocimiento del juez, pero se recuperaron en forma posterior a
la sentencia.
Adicionalmente, tales documentos deben tener carácter decisivo, lo
que quiere decir que se trata de pruebas que tengan la entidad
suficiente que, de haber sido valorados con las demás pruebas
obrantes en el expediente, hubieran dado lugar a adoptar una decisión
diferente.
Que el recurrente no hubiera podido aportar tales documentos al proceso,
bien sea por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la
parte contraria”17 (resaltado de la Sala).
2) En el presente asunto, la parte actora arguye que, con posterioridad a la sentencia
recurrida, surgieron documentos nuevos que habrían permitido un fallo diferente si
hubiesen sido presentados en su momento; estos documentos, según la parte
demandante, estaban relacionados con decisiones de la jurisdicción ordinaria laboral
posteriores a la fecha de la sentencia del Consejo de Estado, en las cuales Ecopetrol
SA fue condenada por hechos vinculados al contrato en el cual el recurrente actuaba
como interventor.
4) Sin embargo, de acuerdo con la directriz jurisprudencial del Consejo de Estado,
para que esta causal se estructure y sea válida su aplicación se requiere que los
documentos sean recobrados; asimismo, esta condición no se cumple cuando se
producen con posterioridad a la sentencia recurrida; además, los documentos deben
ser decisivos, porque cambian el sentido de la decisión y los alegados por el recurrente
no tienen una relación directa con el análisis de la falta disciplinaria que motivó la
sanción; en este caso, el demandante argumentó lo siguiente:
“Normas quebrantadas: Artículo 2 del Decreto-Ley 2158 de 1948, modificado
por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, Decreto 01 de 1984, artículos 104 y
105.4 del CPACA, artículo 29° superior C.P., artículo 133 del Decreto-Ley 100
de 1980.
La respuesta a la siguiente pregunta es fundamental al momento de decidir
este cargo en consideración:
¿Si Ecopetrol señaló frente a un juez de la República (ver Imagen No. 2) que
esperaba resultados en la Jurisdicción Laboral a su favor para estructurar la
sanción al demandante, cómo sostuvo entonces la sanción si los resultados
fueron en contra?
Respuesta: Debió anular la sanción por revocatoria directa.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 18 de diciembre de 2020, exp. 2018-00164-00(REV), CP Gabriel Valbuena Hernández.
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Recurso extraordinario de revisión
Los días 25 de agosto de 2023 y 24 de octubre de 2023, el demandante se
enteró de los resultados finales, como era de esperarse, de los procesos 2010-
451 66353 (9-09-2020) SL3478-2020 y 2010-444 62456 (27-08-19) SL3465-
2019 (ver numeral 1.3.7.), en sede Ordinaria Laboral; el primero, con un
embargo a Ecopetrol por COP $310.000.000, y el segundo, por pagos por el
daño ocasionado por parte de la Nación por COP $146.322.873 (ver numeral
1.3.6.); valores que fueron en contra de la demandada por solidaridad y mala
fe, no en la forma como el ad quem estimó, según la demandada Ecopetrol,
que fueron a su favor las diferencias, cuando fueron en contra y en su totalidad,
por valores generados por circunstancias desconocidas al momento de proferir
la sentencia cuestionada, que, de haber sido conocidas, hubiesen originado
una sentencia distinta.
Independiente del tiempo (ver numeral 1.3.2.), si las cifras por COP
$310.000.000 y COP $146.322.873 hubieran sido producidas antes del fallo de
primera instancia del 16-jun-2015 (No. 455), muy seguramente el fallo en el
proceso PD4135 sería absolutorio, en la medida en que la cifra objeto de
pesquisa por COP $2.758.964.583 perdió su validez.
Tan simple como parezca, este cargo prospera por cuanto los resultados en la
jurisdicción laboral fueron en contra de la demandada, ninguno a favor,
producidos y conocidos en el año 2023. Y es necesario sumar que, al cierre de
la vigencia del año 2023, Ecopetrol debió corregir los impagos al grupo de trece
(13) trabajadores a quienes sustrajo ilegalmente prestaciones y emolumentos
salariales, tal como resultó también que los trabajadores que ganaron procesos
a su favor (ver numeral 1.3.6.) se encuentran en situación de IMPAGO
indefinido.
Y para el demandante, igual sucedió el atropello flagrante a los derechos del
trabajador, puesto que jamás debió responsabilizarlo por cifra multimillonaria al
demostrarse la mala fe de Ecopetrol (ver numeral 1.4), estatal petrolera que,
con dolo y predeterminación, guardó silencio frente a su estrategia de tortura al
tomar la decisión de causar un daño mayor al ya causado, que bajo la
clandestinidad y el secreto concertó y trazó en detalle un plan de ejecución del
trabajador los días 25-abr-2012 (No. 493, ver imagen No. 18) y 5-sep-2012 (No.
495, ver imagen No. 7).
Este contexto, por supuesto, no fue tenido en cuenta por el ad quem porque, a
la fecha de decisión, se desconocía el resultado de estos procesos, que
finalmente es la génesis de las comunicaciones que envió el demandado a la
entidad demandada. Las 5 comunicaciones no son un abuso del derecho; son
producto de la claridad que tenía el demandante de que al interior de la entidad
demandada se habían cometido actos irregulares y pretendía ponerlos en
conocimiento y tener claridad sobre su situación jurídica.
Si las comunicaciones buscaban que se clarificara lo que un juez de la
República, en una sentencia, finalmente halla a favor del demandante, ¿cuál
es el abuso del derecho y el desgaste a la entidad estatal?
Con fundamento en estas circunstancias, pierde el soporte la sanción impuesta
y, por supuesto, se abre paso la causal de nulidad.” (fls. 79 a 80 del escrito del
recurso de revisión).
5) En el presente caso no se configura la causal primera del artículo 250 del CPACA,
pues, los documentos que aporta el recurrente no son prueba recobrada en los
términos exigidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado ya que, no existían con
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anterioridad a la sentencia controvertida; por el contrario, se trata de decisiones
judiciales proferidas con posterioridad a la sentencia recurrida, razón por la cual no
cumplen con el requisito de temporalidad que exige que las pruebas hayan existido
durante el proceso pero no hayan podido ser aportadas; adicionalmente, dichos fallos
no tienen relación con los hechos relacionados con la falta disciplinaria que originó la
sanción, sino que, versan sobre otras controversias laborales en las que Ecopetrol SA
fue parte, lo cual permite concluir que no hacen referencia al objeto del proceso
sancionatorio adelantado contra el recurrente.
6) Tampoco puede afirmarse que los documentos tienen carácter decisivo, debido a
que la sanción impuesta al recurrente no se fundó en los procesos judiciales a los que
él alude, sino en su conducta disciplinaria consistente en la presentación reiterada e
improcedente de solicitudes ante Ecopetrol SA, lo que generó un desgaste
injustificado en la administración y constituyó un abuso del derecho de petición, razón
por la cual, los fallos laborales posteriores en los que Ecopetrol SA resultó vencida en
otros procesos no tienen incidencia alguna en el análisis de legalidad de los actos
administrativos que impusieron la sanción al recurrente, máxime cuando no
contradicen ni desvirtúan la conducta sancionada.
7) De este modo, los documentos que el actor pretende hacer valer como prueba
recobrada no tienen la aptitud de alterar la decisión adoptada por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues, no acreditan que la conducta del
actor haya sido ajustada a derecho ni que Ecopetrol SA hubiese actuado de forma
arbitraria al imponer la sanción; por lo tanto, no se configura, en modo alguno, la
causal primera del recurso extraordinario de revisión.
3.2 No se demostró la ocurrencia de la causal segunda del artículo 250 del
CPACA
1) En relación con la segunda causal del artículo 250 del CPACA, referida al uso de
documentos falsos o adulterados como fundamento de la sentencia objeto del recurso
extraordinario de revisión, el Consejo de Estado ha explicado que no basta con que el
recurrente alegue la existencia de un documento presuntamente falso, sino que, debe
tratarse de una prueba documental que haya tenido un impacto determinante en el
sentido de la decisión adoptada al punto de constituirse en sustento directo de la
providencia cuestionada.
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Frente a este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:
“Es necesario que la prueba documental que alega como falsa o adulterada,
haya tenido carácter decisivo en el sentido de la sentencia recurrida, lo que
significa que no puede admitirse que el vicio recaiga sobre cualquier
documento o medio de convicción obrante en el proceso, sino que se requiere
que se trate de aquel o aquellos que sirvieron de sustento directo de la
decisión adoptada en la providencia cuestionada. (…) Esta condición de
falsedad o adulteración del documento no depende de que la justicia penal
así lo haya definido, contrario a como sucede en materia civil, donde la causal
de revisión sí exige un pronunciamiento en tal sentido. En consecuencia, el
juez administrativo tiene la potestad de efectuar un pronunciamiento objetivo
respecto de la falsedad que se aduce en el recurso de revisión,
independientemente de la decisión que se tome en materia penal”18.
2) El actor argumenta que algunas cifras utilizadas en el proceso disciplinario son
falsas y que esto fue probado en otros procesos judiciales surtidos ante la jurisdicción
ordinaria laboral; según el demandante, esos documentos demuestran que las cifras
eran incorrectas y, que de haber sido conocidas durante el proceso, habrían cambiado
el resultado de este.
3) Sin embargo, al igual que lo dicho en el acápite anterior, los documentos que
menciona el demandante no tienen relación directa con el objeto del proceso
disciplinario que se llevó a cabo en su contra, por cuanto, (i) la sanción impuesta al
demandante no se centró en la veracidad o falsedad de las cifras mencionadas, sino
en el abuso del derecho de petición al presentar solicitudes reiteradas y ya resueltas
por Ecopetrol SA, lo que generó un desgaste administrativo injustificado, una
alteración del normal funcionamiento de la entidad y una conducta contraria al
principio de eficiencia que rige el actuar de los servidores públicos, y (ii) las cifras que
el demandante alega como falsas son parte de otros procesos judiciales en la
jurisdicción ordinaria laboral, adelantados por terceros distintos al actor y con
pretensiones ajenas al procedimiento disciplinario, de manera que dichos documentos
no fueron valorados dentro del expediente sancionatorio, ni formaron parte de los
fundamentos para emitir la sanción, ni tenían el potencial de modificar su contenido,
razón por la cual no inciden en la calificación de la conducta disciplinaria atribuida al
actor.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 18 de diciembre de 2020, exp. 2018-00164-00(REV), CP Gabriel Valbuena Hernández.
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3.3 No se demostró la ocurrencia de la causal quinta del artículo 250 del CPACA
1) En cuanto a la causal quinta del artículo 250 del CPACA, el recurrente aduce que
la sentencia está afectada por una nulidad, porque, en su criterio, la jurisdicción
competente para conocer del proceso era la ordinaria laboral y no la contenciosa
administrativa, que se violó el principio “non bis in idem” y que las pruebas del proceso
fueron incorrectamente valoradas.
2) En relación con lo anterior, tal como se precisó previamente, la causal invocada no
se configura cuando se discute valoración de las pruebas por parte del juez instancia,
pues, se convertiría el recurso en una tercera instancia.
3) Por otro lado, no es cierto que en este caso se haya violado el principio del juez
natural o “non bis in idem”, pues, (i) los actos administrativos objeto del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho son objeto de control por parte de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y no de la jurisdicción ordinaria laboral, y (ii) la sanción
que le fue impuesta en ese proceso no consta en otra, como equivocadamente lo
pretende hacer ver el recurrente.
4) Por consiguiente, la Sala estima que los defectos alegados no corresponden a los
presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la providencia
recurrida, por la simple pero suficiente razón de que los argumentos del recurso
extraordinario interpuesto se encaminan a convertir este proceso, indebidamente, en
una tercera instancia, pues, persigue revivir el análisis contenido en la sentencia
censurada, cuestionamientos que no son propios de las causales alegadas y que
escapan al propósito del recurso extraordinario de revisión, en cuya dirección la
jurisprudencia ha precisado lo siguiente:
“No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó
una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en
que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas
observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.”19.
5) Frente a tal panorama, resulta forzoso concluir que el recurso extraordinario de la
referencia es manifiestamente infundado, pues, la sentencia materia de examen se
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, CP Mauricio
Fajardo Gómez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02357-00 (3.765)
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Recurso extraordinario de revisión
encuentra debidamente sustentada en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos
aplicables al caso, sobre la base de una debida y ponderada valoración probatoria en
el ámbito de la autonomía funcional de la Sala de Decisión que la profirió, para cuya
constatación basta una lectura desprevenida de la providencia, sin que el fallo
impugnado esté afectado, en modo alguno, de nulidad, como equivocadamente
sostiene la parte recurrente en este proceso.
4. Conclusión
De conformidad con las anteriores razones, no prospera el recurso extraordinario
interpuesto porque no se acreditaron los supuestos de ninguna de las causales de
revisión extraordinaria invocadas.
5. Condena en costas
En los términos de los artículos 255 del CPACA y 366 (numeral 4) del Código General
del Proceso, el señor Wíllmar Calderón Olmos debe asumir las costas porque se le
declara infundado el recurso extraordinario de revisión; la condena incluye las
agencias en derecho que se fijan, en atención al concepto y los criterios definidos para
su causación en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura, en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia y en favor de Ecopetrol SA.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2022 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 25000-23-42-000-
2016-01304-02 (2377-2021).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02357-00 (3.765)
Actor: Wíllmar Calderón Olmos
Recurso extraordinario de revisión
2º) Condénase en costas al señor Wíllmar Calderón Olmos; por secretaría liquídense
e inclúyase por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en
favor de Ecopetrol SA.
3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala 7 Especial de Decisión (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ JORGE EDISON PORTOCARRERO
Magistrado BANGUERA
Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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