RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 25000-23-42-000-2016-01304-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01304-02

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01304-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 10 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol), conforme a la motivación. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01304-02

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Demandante : Willmar Calderón Olmos
Demandado : Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)1
Tema : Sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad
especial por el término de cuatro (4) meses

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 10 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante la
cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 727 a 748). El señor Willmar Calderón Olmos,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)2, contra la Empresa Colombiana
de Petróleos S. A (Ecopetrol), para que se acojan las pretensiones que en el
apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declaren nulas: (i) la decisión de primera instancia de 16
de junio de 2015, proferida por la unidad de control disciplinario de la Empresa
Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol), por la cual, dentro de la
investigación disciplinaria PD-4135-2012, se sanciona disciplinariamente al
demandante con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por
el término de cuatro (4) meses; y (ii) la determinación de segunda instancia de
15 de septiembre de la misma anualidad, con la que el presidente y representante
legal de la entidad la confirma.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) retirar «[…] los antecedentes disciplinarios [que se
1
Sociedad de economía mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden
nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de
2006, «[p]or la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones».
2 Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

encuentran] registrados en [su] hoja de vida […]» (sic); (ii) pagar «[…] todos
los derechos laborales legales y extralegales dejados de [reconocer al aplicar]
la […] sanción impuesta […]» (sic); y (iii) sufragar los «[…] daños y perjuicios
causados […] al [actor] […] y a su familia, en la suma equivalente a
cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales […] por afectación a
la dignidad y buen nombre, la disminución de la calidad de vida de la que ya
disponía […] generada a lo largo de su desempeño laboral por más de 25 años
de servicios aportando sus conocimientos y experiencia como profesional en
[la] exploración de hidrocarburos» (sic). Lo anterior, con la actualización de
las sumas adeudadas y el pago de las costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que se vinculó a la Empresa
Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol) como trabajador oficial, en calidad
de geólogo, «[…] desde el 30 de julio de 1990, mediante contrato de trabajo a
término fijo, y […] contrato indefinido a partir del 10 de agosto de 1992, sin
[solución] de continuidad […]» (sic); que siempre «[…] ha cumplido con sus
deberes y obligaciones laborales de manera satisfactoria […]» (sic); y en
reconocimiento a su desempeño fue ascendido en varias oportunidades.

Que, por haber obtenido la confianza de su jefe inmediato, le fue asignado desde
el 19 de abril de 2006 la coordinación, como interventor del contrato 5202323,
el cual tenía por objeto prestar el «[…] Servicio de Datamanagement,
Cartografía y CEDEX en las Vicepresidencias de Exploración y de Producción
de Ecopetrol S.A. […]» (sic), que tuvo vigencia durante los años 2006 a 2008,
con opción de ser ampliado su plazo hasta el 30 de junio de 2009, labor que
realizó bajo las condiciones e instrucciones impartidas por la oficina jurídica de
la entidad hasta el 10 de marzo de 2008, cuando las funciones fueron asignadas
a otro empleado.

Dice que el nuevo interventor procedió a modificar los parámetros del contrato
que ya habían sido trazados, ordenados e impartidos por la oficina jurídica de
la empresa, lo que dio lugar a su finalización y liquidación.

Que le ha solicitado «[…] a sus siguientes jefes inmediatos, [y] también a otros
funcionarios de [la entidad] librarlo de cualquier responsabilidad, [respecto de]
la ejecución y liquidación del [mencionado] contrato […], en razón a que [en
relación con este] el contratista ejecutor […] ha reclamado [su incumplimiento
de la empresa], a través de una demanda [que se encuentra] en curso, iniciad[a]
en el año 2010 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección
2

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

tercera [con] radicado […] 250002326000201000283 01 […]» (sic); y es claro
que, mientras fue responsable de la interventoría, no se presentó problema
alguno y siempre mantuvo informado a su jefe inmediato de la ejecución del
contrato, sin recibir algún tipo de observación negativa o rechazo.

Expone que formuló peticiones dirigidas a su jefe, pero, con la anuencia de la
oficina jurídica, fueron remitidas a la oficina de control disciplinario, porque
estas «peticiones reiterativas, contestadas, [han] causando desgaste en la
administración», razón por la que al, presuntamente, encontrarse mérito,
procedió a proferir el respectivo pliego de cargos y abrir investigación
disciplinaria en su contra.

Que también contra él se adelantan, por la oficina jurídica del ente demandado,
dos demandas para levantarle su fuero sindical, como «estrategia de callar las
posibles denuncias de corrupción» que se puedan llegar a presentar.

1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. La Empresa Colombiana de Petróleos S. A.
(Ecopetrol), en primera instancia, mediante la oficina de control disciplinario
interno, y en segunda a través de su presidente, sancionó al actor con suspensión
en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de cuatro (4)
meses.

Lo anterior, por cuanto se aduce que en su condición de profesional 1A de la
vicepresidencia de exploración de la entidad presentó ante el gerente de
estrategias y nuevas oportunidades numerosas peticiones, que le han sido
contestadas oportunamente por la dirección de relaciones laborales y, a pesar de
ello, en forma reiterativa insiste en ellas, lo cual generó un desgaste
administrativo en diferentes áreas de la empresa.

La oficina de control disciplinario interno de la Empresa Colombiana de
Petróleos (Ecopetrol) lo halló responsable de la falta grave, a título de dolo,
prevista en el artículo 35 (numeral 1) de la Ley 734 de 2002. Decisión
confirmada en segunda instancia por su presidente.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 1, 2, 4, 5, 11,
12, 15, 23, 25, 29, 39, 42, 44, 48, 49 y 93 de la Constitución Política; 13 a 33,
138, 141 a 146, 148, 152 (numeral 2), 208, 211, 212, 215, 216 del Código
3

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

Contencioso Administrativo, en concordancia con la Ley 1285 de 2009; 1, 9 a
14, 20 a 28, 43, 55 a 59, 74, 104 a 115, 324, 353, 354, 405, 407, 414 y 415 del
Código Sustantivo del Trabajo; 5, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 28
(numerales 2 a 6), 33 (numerales 2 a 10), 34, 35, 42, 43, 48, 128 a 131, 135,
141, 142 y 143 (numerales 2 y 3) de la Ley 734 de 2002; 19 (inciso 2º) y 20 de
la Ley 1755 de 2015; y la convención colectiva de trabajo vigente para la fecha
de los hechos aplicable a los trabajadores sindicalizados de Ecopetrol S. A., en
concordancia con las normas del reglamento interno de trabajo de la misma
entidad.

Con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las
decisiones censuradas, argumenta que «[…] se desconocieron las obligaciones
en ellas contenidas de dar protección al trabajo, siendo derechos
fundamentales del TRABAJADOR aquí demandante, quien para el presente
caso es trabajador OFICIAL, con disposiciones laborales y disciplinarias
regladas no solo en el Código Sustantivo de Trabajo en concordancia con
normas de nuestro Código procesal del trabajo, SINO TAMBIEN con derechos
pactados y reglados en la Convención Colectiva de Trabajo, esta última
aplicable con preferencia y prevalencia al trabajador sindicalizado, con plena
observancia de las normas que regulan los reclamos y sanciones que deben ser
aplicadas a los trabajadores sindicalizados de ECOPETROL S.A., y conciernen
al presente caso. Que al no aplicarse vulneran el debido proceso siendo causal
de nulidad procesal; pues de lo contrario, se generan irregularidades y
desviaciones como las acontecidas en el caso sub-lite, en donde la autoridad
nominadora no sujetó sus atribuciones a los cánones supra legales; proceder
que no acogió el órgano estatal, vulnerando, por consiguiente, la garantía del
debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Carta Fundamental […]»
(sic).

Que «[…] al expedirse el acto administrativo aquí cuestionado, se desconoció
el justo equilibrio previsto entre los derechos del funcionario y los intereses de
la administración, pues al trabajador aquí demandante, se le declaró
suspendido el contrato de trabajo por cuatro (4) meses; vulnerando derechos
reconocidos no solo a un empleado subordinado a los mandatos de su
empleador, SINO TAMBIEN inscrito como afiliado al sindicato de los
trabajadores de la empresa aquí demandada, afectando sus labores, ya como
funcionario profesional de [la entidad], como TAMBIEN la de ejercer con
fidelidad su condición de ser dirigente sindical en el cargo de presidente de la
subdirectiva Bogotá del sindicato SINDISPETROL; y que la empresa aquí
4

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

demandada dejo de lado esta prerrogativa legal protegida como lo es la
normatividad del código sustantivo del trabajo, como las normas pactada y
registrada en la convención colectiva de trabajo, y en rango superior por
nuestra Constitución política […]» (sic).

Concluye que «[…] cuando en un estatuto, como lo es la convención colectiva
de trabajo - c.c.t.v.-, se establecen causales y tramite para aplicar [una]
sanción, ésta no puede hacerse libremente sino con sujeción a las normas
incorporadas al ordenamiento jurídico, y que debieron ser aplicadas para el
procedimiento sancionatorio la forma pactada y reglado en el artículos 86 y
s.s., de la convención colectiva de trabajo de ECOPETROL, que para el
presente caso debe entenderse que debieron ser aplicables en orden prevalente
y preferente frente a normas distintas al caso. En igual sentido se señala que
hubo, pretermisión del procedimiento, que era obligatorio para su
cumplimiento, por parte de la autoridad administrativa, al no darse al
trabajador aquí demandante el debido proceso al descargo; […] se incurrió en
omisión de pruebas presentadas, aun insistiendo con los recursos interpuestos
oportunamente de reposición y apelación, al extremo de omitir no solo pruebas
solicitadas […]» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 795 a 816). La Empresa Colombiana de
Petróleos S. A. (Ecopetrol), a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las denominadas
«inepta demanda», «inexistencia de la causal de nulidad», inexistencia de
«violación por parte de Ecopetrol S. A. a la Constitución Política ni a la ley, ni
vulneración a los derechos fundamentales del demandante», «inexistencia de
la obligación que se reclama a cargo de – Ecopetrol-», «cobro de lo no debido»
y «buena fe».

Luego de hacer una referencia discriminada y cronológica de las actuaciones
adelantadas al interior del procedimiento disciplinario objeto de estudio,
sostiene «[…] que los actos acusados fueron expedidos con el soporte
normativo pertinente respetando el trámite del debido proceso, […] debida
motivación y con plenas facultades por cuenta de quien los expidió […]» (sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 1306 a 1341). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección C), en sentencia de 10 de marzo
de 2021, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), a partir de los
siguientes razonamientos:
5

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

Sustentó que «[…] son varios los argumentos expuestos por el apoderado del
demandante. Uno de ellos, es la presunta persecución en su contra por ser
dirigente sindical, y por haber denunciado casos de corrupción al interior de
la Empresa […]», frente a lo cual «[…] no indicó ni demostró en forma clara
desde qué fecha está sindicalizado. Sin embargo, y contrario a sus
afirmaciones, dentro del plenario se encuentra demostrado que, durante toda
su trayectoria laboral, tuvo varios ascensos dentro del nivel jerárquico de la
Empresa, e incluso, llegó a ocupar el cargo de Profesional 1A, cargo que […]
es la escala más alta para los profesionales de la organización, la cual es
ocupada por un pequeño porcentaje de los trabajadores […]».

Que se demostró que fueron varios los funcionarios de la entidad, los que
sostuvieron reuniones, fijaron planes y metas para poder atender en forma
oportuna y efectiva el cúmulo de derechos de petición presentados por el actor,
actuación con la que no se le vulneró derecho alguno, ni constituyó la
persecución que endilga, pues dentro del expediente «[…] no consta que en
estas reuniones se hayan trazado directrices violatorias de los derechos del
actor, fraudulentas, o contrarias a derecho. Por el contrario, y del mismo
material probatorio aportado por el accionante, se observa que los
funcionarios […] buscaron definir una estrategia de gestión reactiva, para dar
“efectiva y oportuna respuesta a las solicitudes” y de gestión preventiva, en
orden a encontrar una solución definitiva al tema […]»; que «[…] fueron 6
[las] personas encargadas de llevar avante esta “estrategia”, que además tenía
como objetivos: i) que las respuestas a las peticiones contaran con el suficiente
apoyo y asesoría; ii) revisar temas a fin de implementar mejoras en los procesos
internos; iii) lograr una “eventual satisfacción definitiva de una de las
constantes reclamaciones del solicitante”; iv) adoptar una “actuación
transparente por parte de [la empresa] de cara a sus direccionamientos de
Talento Humano”, entre otras […]».

En lo atañedero a la expedición en forma irregular y desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, indica que, aunque el demandante «[…] señala
que la Oficina Jurídica no podía presentar la queja ante la Oficina de Control
Interno Disciplinario, sino que debía ser interpuesta por el funcionario ante
quien se elevaron las solicitudes […]», ha de precisarse que «[…] la Oficina
Jurídica […] no fue quien interpuso la queja en contra del accionante. La queja
fue presentada por la Directora de Relaciones Laborales […], dirección ante
la cual el actor radicó sus solicitudes, en virtud del acuerdo al que él mismo
arribó, en virtud de la reunión celebrada con algunos funcionarios de la
6

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

Empresa el día 23 de mayo de 2012, y en la que precisamente, se definió como
canal único para dar respuesta a [sus] solicitudes y peticiones […]» (sic);
además de que el artículo 69 de la Ley 734 de 2002 establece que la acción
disciplinaria se puede adelantar de oficio o por queja formulada por cualquier
persona.

Frente a lo alegado por el actor acerca de que «[…] no hubo imparcialidad en
su proceso, pues la Oficina de Control Interno Disciplinario estuvo a cargo de
la Oficina Jurídica […]», el a quo considera que varios testigos fueron
coincidentes en señalar que estas dos oficinas son totalmente autónomas e
independientes entre sí, y aunque no lo fueran, tampoco encuentra que tal hecho
podría llegar a viciar de parcialidad el procedimiento.

Aduce que las «[…] decisiones que negaron la práctica de pruebas fueron
debidamente sustentadas por la entidad demandada, en especial, porque
versaban sobre aspectos que no guardaban relación directa con el asunto
objeto de debate, pues la mayoría de ellas giraban en torno al desarrollo y
ejecución del contrato No. 5202323, asunto que no se discutió en esta
oportunidad […]»; y se respetó el debido proceso, pues las decisiones fueron
objeto de los recursos del caso e incluso algunas de ellas reconsideradas para
ser decretadas.

Que «[…] dentro del plenario está demostrado que frente al pliego de cargos
[…] presentó sus descargos el […] 31 de octubre de 2014, los cuales fueron
tenidos en cuenta por [la entidad], pues se analizaron los argumentos allí
expuestos, y se pronunció frente a las pruebas solicitadas. De otra parte,
mediante auto del 31 de marzo de 2015, el Jefe (E) de la Oficina de Control
Disciplinario Interno […], declaró terminada la etapa probatoria […] y dio
traslado al disciplinado, por el término de 10 días hábiles para ejercer su
derecho a alegar de conclusión. Decisión [que le fue] notificada […] por correo
electrónico el 31 de marzo de 2015. Con posterioridad, más exactamente el 13
de mayo de 2015, la Judicante Ad Honorem de la Secretaría Jurídica de la
Oficina de Control Disciplinario […] dejó constancia que el [actor] y su
apoderado no presentaron alegatos de conclusión, dentro del término dispuesto
por el artículo 169 de la ley 734 de 2002. Además, aunque el actor señala que
sí presentó sus alegatos el día 23 de abril del 2015, se encuentra demostrado
dentro del plenario que después del auto que ordenó la presentación de
alegatos de conclusión, el actor los días 23 y 30 de abril, 14 y 20 de mayo y 1°
de junio de 2015, presentó memoriales en los que solicitó pruebas
7

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

sobrevinientes, puso de presente la «violación fragante (sic) al derecho de
defensa, contradicción y a los principios fundamentales al debido proceso»,
reiteró nuevamente las solicitudes de pruebas ya negadas, y las suspensiones y
nulidades interpuestas y ya resueltas, aspectos estos que fueron debidamente
desatados […] en el fallo de primera instancia […]» (sic para toda la cita).

En lo referente a las demás alegaciones del actor, tales como que la empresa no
respondió de fondo sus peticiones, por lo que se vio forzado a reiterarlas, afirma
que no es de recibo porque «[…] dentro del plenario se encuentra demostrado
que, en múltiples ocasiones, diferentes funcionarios de [la entidad] fueron
claros y unánimes en indicarle al [demandante] que no era posible la
expedición a su favor de un paz y salvo por su labor desarrollada como
interventor del contrato No. 5202323 […]».

Destaca que en el pliego de cargos se relacionan únicamente cinco (5) de las
peticiones presentadas por el actor, las cuales «[…] fueron reiterativas, en
franco abuso del derecho de petición […] presentadas los días 30 de octubre,
1°, 13, 14 y 15 de noviembre de 2012, por lo que, de plano y sin mayores
elucubraciones, es evidente que el [petente] ni siquiera aguardó el término de
[los] 15 días legalmente establecido, con el [que] contaba la entidad para darle
respuesta. Además, en ellos es reiterada la solicitud del pluricitado paz y salvo
[…]», y se encuentra demostrado que el número de solicitudes sobre el mismo
asunto fue bastante superior, pues se destinaron por lo menos seis profesionales
para fijar estrategias y metodologías de trabajo para poder dar respuesta clara,
concreta y oportuna al cúmulo de derechos de petición por él presentados.

Por último, respecto de los aspectos relativos a casos de corrupción al interior
de la entidad demandada, los pormenores del contrato 5202323 y el eventual
tráfico de influencias, argumenta que estos no guardan ninguna relación con el
análisis que ocupa a dicho ente estatal, y que si «[…] el actor conoce situaciones
de corrupción al interior de la entidad, tiene la posibilidad de ponerlas en
conocimiento de las autoridades competentes, tal como al parecer lo ha hecho,
sin que, se itera, se encuentre demostrado que esa situación haya permeado la
imparcialidad de la entidad demandada […]»; y «[…] si el demandante
cumplió o no en debida forma sus funciones como interventor, o si de ello se
deriva algún tipo de responsabilidad por los fallos dictados por la Corte
Suprema de Justicia, es un tema que escapa de la órbita de estudio del presente
medio de control […]» (sic).

8

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

1.7 El recurso de apelación (ff. 1343 a 1357 vuelto). Inconforme con la
anterior sentencia, el demandante interpuso recurso de apelación, en el que,
además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de demanda, estima
que el Tribunal procedió a realizar una errónea interpretación de las normas
aplicables al caso, negó dar prelación a las leyes sustanciales de orden
constitucional y de derechos humanos, que se encuentran amparados por
tratados internacionales; practicó una errada valoración de las pruebas puestas
en su conocimiento y sustentó su decisión sin reconocer la existencia de hechos
que fueron reales.

Arguye que con la decisión atacada se incurrió en errores graves, al admitir que
se sometiera al actor al «[…] procedimiento de la Ley 734 de 2002, sin
diferenciar que esta […] es aplicable a [los] trabajadores señalados [como]
servidores públicos sin derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo;
NORMAS DE LEY NO APLICABLE por exclusión a los trabajadores
SINDICALIZADOS […] menos […] cuando el art. 8 de la Ley 1118 de 2006,
anuló la existencia de la oficina de control disciplinario al interior de
ECOPETROL S.A., en su lugar existir allí normas de aplicación especial y
preferente, […] amparados por la convención colectiva de trabajo, como
derechos adquiridos e irrenunciables (arts. 1, 2, 4, 5, 29, 39, 53, 58, 93 de
nuestra constitución política) […]» (sic); «[…] amparando y brindando
protección a los derechos registrados en la convención colectiva de trabajo,
aplicable a los trabajadores sindicalizados de [la entidad], derechos protegidos
por mandato constitucional al ser señalados trabajadores públicos de carácter
privado con régimen especial, incluyendo el procedimiento disciplinario
reglado en los artículos 86 y 87 de la convención colectiva de trabajo allí
vigente desde antes, durante y después del pliego de cargo endilgado al
trabajador […]» (sic).

Que la providencia recurrida «[…] muestra cómo se vulneraron los artículos 1,
5, 7, 9, 81, 86 y 87 de la convención colectiva de trabajo, como estrategia a
denigrar y a desprestigiar al [actor] y lograr la sanción impuesta al trabajador
[…] vulnerándole el debido proceso, la negación de derechos, sometiéndolo a
[un] estado de indefensión, afectando a su núcleo familiar, causándo[le]
dolores […] a grado de tortura, a los extremos que los integrantes del núcleo
familiar presentan pérdida de bienes propios como su vivienda […] llevando al
trabajador […] a mendigar recursos para subsistir y tratar de mantener unida
a su familia […]» (sic).

9

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

Agrega que con la decisión sancionatoria atacada se «[…] aplicó de manera
equivocada la Ley 734 de 2002, incurriendo en errores de negación y
vulneración de derechos de leyes de aplicación preferentes, de derechos
constitucionales, de derechos humanos, para denegar la competencia a la que
debió someterse el […] demandante, como son los derechos registrados a
continuación, así: […] el régimen disciplinario [que se encuentra] reglado en
los artículos 86 y 87 [de la convención colectiva] […]; el derecho a ser
reubicado reglado en el artículo 81 de la convención colectiva de trabajo 2009
a 2014 y siguientes, como solución al hostigamiento laboral con persecución
continua, derecho que solicitó ante el comité de salud y convivencia, en
audiencia de conciliación, derecho en la forma contenida en el DVD
incorporado al expediente, y que la Magistrada ponente […] denegó […]»
(sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 7 de mayo de 20213
y admitido por esta Corporación a través de auto de 20 de mayo de 2022 4, en
cumplimiento del artículo 2475 del CPACA, y durante la oportunidad
establecida en el numeral 4 ibidem, las partes presentaron alegatos de
conclusión, para reiterar los argumentos de demanda, defensa y alzada6. Por su
lado, el señor procurador tercero delegado ante esta Corporación rindió
concepto en el sentido de que se debe confirmar la sentencia recurrida, por
cuanto «el proceso disciplinario surtido en contra del servidor público –
trabajador oficial- […] se adelantó por autoridad competente (Oficina de
Control Interno Disciplinario), aplicando las normas de orden público del
deber ser atinentes a dicho funcionario como Geólogo adscrito al área de
Exploración de Ecopetrol, sin que de recibo sean ni la autoridad del Comité de
Reclamos ni las causales correccionales de la Convención Colectiva del
Trabajo; además, con el respeto por sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa al ser escuchado en su facultad a contradicción y al
aporte probatorio y, desde luego, con una debida adecuación típica de una
conducta calificada con proporción a la disfuncionalidad cometida, sin que de
otra parte brotare una causal de exclusión de responsabilidad».

3
Ff. 1376 y 1376 vuelto.
4
Ff. 1381 y 1381 vuelto.
5 Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
6
Índices 9 a 11 del Samai.
10

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Actos acusados.

3.2.1 Decisión de primera instancia de 16 de junio de 2015, proferida por la
unidad de control disciplinario de la Empresa Colombiana de Petróleos S. A.
(Ecopetrol), dentro de la investigación disciplinaria PD-4135-2012, por la cual
se sanciona disciplinariamente al demandante con suspensión en el ejercicio del
cargo e inhabilidad especial por el término de cuatro (4) meses (ff. 281 a 323).

3.2.2 Determinación de segunda instancia de 14 de septiembre de la misma
anualidad, con la que el presidente y representante legal de la entidad confirma
dicha sanción (ff. 276 a 290|).

3.3 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(sección segunda, subsección C) negó las pretensiones de la demanda.

Para tal propósito, examinará los actos acusados, conforme a las acusaciones de
la demanda y el escrito de alzada, pese a sus imprecisiones, por: (i) falsa
motivación por cuanto no se tipificó la conducta, el grado de culpabilidad, ni la
ilicitud sustancial; hubo indebida valoración de las pruebas, amén de que a él
no lo pueden sancionar por ejercer su derecho de petición; (ii) violación del
derecho de audiencia y de defensa, toda vez que no se valoraron ni practicaron
todas las pruebas pedidas, tanto en el trámite disciplinario como en el medio de
control judicial; (iii) expedición irregular e incompetencia, pues la oficina de
control disciplinario no podía investigarlo por tratarse de un empleado aforado
(directivo sindical) y porque no le es aplicable la Ley 734 de 2002, sino la
respectiva convención colectiva por laborar como trabajador oficial
sindicalizado; y (iv) desviación de poder, habida cuenta de que el procedimiento
disciplinario fue un montaje estructurado para sancionarlo, como represalia por
haber denunciado actos de corrupción en la entidad y por vincularse al sindicato;
además, el hecho de ser sindicalista hace que tenga especial protección por el
derecho convencional internacional de la OIT.

3.4 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
11

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en
el memorial de impugnación de la sentencia de primera instancia:

i) El demandante se vinculó a la entidad demandada el 10 de agosto de 1992,
desempeñaba el cargo de profesional 1A en la unidad organizativa gerencia de
portafolio y sumaba 25 años y 15 días de servicio, según consta en certificación
de 22 de diciembre de 2015, signada por el líder del grupo maestra de datos (e)
de Ecopetrol (f. 652).

ii) Con decisión de 8 de octubre de 2014, la jefe (e) de la oficina de control
disciplinario interno de la demandada formuló pliego de cargos contra el actor,
en el que se indicó como presuntamente infringido el numeral 1 del artículo 35
de la Ley 734 de 2002, en armonía con el numeral 3 del artículo 6° del CPACA7,
y se calificó provisionalmente la falta como grave a título de dolo (ff. 2 a 15
vuelto).

La anterior imputación sancionatoria se le atribuyó porque el demandante
pretendía con peticiones reiteradas que le expidieran paz y salvo y/o que se
declarara que no tenía alguna responsabilidad por los posibles sobrecostos
generados por la ejecución del contrato 5202323, del cual fue interventor
durante algunos años.

Al respecto, se le formuló pliego de cargos, en concreto, por cinco (5) peticiones
en las que insistía en diferente forma en la solicitud de exoneración de
responsabilidad mientras ejerció como interventor; reclamaciones que se
resolvieron de manera negativa. Sin embargo, como lo destaca el pliego de
cargos y lo señaló el a quo, se trataba de un cúmulo de peticiones que afectaban
la buena marcha del servicio.

iii) El demandante rindió descargos el 31 de octubre de 2014 y solicitó el decreto
de pruebas, tales como las actas de las reuniones; que se tasen los daños por la
perturbación del servicio y la afectación al erario por el contrato 5202323;

7 ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los
tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales
y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. “(…)”
2 ARTÍCULO 6o. DEBERES DE LAS PERSONAS. Correlativamente con los derechos que les asisten, las
personas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes: “(…)”
3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente
improcedentes.
12

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

estado final de costos y desviaciones del contrato 5202323; copias de procesos
judiciales y 30 testimonios (ff. 16 a 61).

iv) Decisión de 21 de noviembre de 2014, emitida por el jefe (e) de la oficina
de control disciplinario interno de Ecopetrol, en la que se pronunció sobre el
decreto de las pruebas (ff. 70 a 155). Actuación recurrida por el actor y
confirmada con auto de 8 de enero de 2015, suscrita por el presidente de
Ecopetrol (ff. 263 a 268).

v) En el procedimiento disciplinario se recibieron los testimonios de los señores
Álvaro Lasso Amézquita, Ayde Mary Ramírez Tello, Adriana Yicett Ávila
Galindo, María del Pilar Moya Gutiérrez, Luis Fernando García Perdomo, Blas
Enrique Velásquez Convers, Édgar Usma Bolívar y Amparo del Pilar González
Castro, quienes fueron contestes en manifestar que el demandante, en claro
abuso del derecho de petición, presentada diferentes solicitudes en el sentido
antes indicado, las cuales fueron resueltas, pero que implicaban tiempo,
esfuerzo y gasto de recursos.

En el mismo sentido la señora Martha Lucía Lara Salamanca declaró que apoyó
muchas solicitudes formuladas por el actor y los señores Rafael Gilberto
Manrique Vacca y Josué Ricardo Azuero Tamayo afirman que el demandante
presentaba múltiples y reiterativas peticiones, no obstante, ellos propusieron
realizar reuniones para definirlas (ff. 415 a 513).

vi) En providencia de 31 de marzo de 2015, el jefe (e) de la oficina de control
disciplinario interno declaró terminada la etapa probatoria y concedió término
de 10 días para que alegaran de conclusión.

vii) Dentro del medio de control se recibieron las declaraciones de los señores
Adriana Yicett Ávila Galindo, Claudia Janeth Wilches Rojas, Luisa Fernanda
Arciniegas Ochoa, Martha Lucía Lara Salamanca, Amparo del Pilar González
Castro y Álvaro Lasso Amézquita, pruebas que no sirven para infirmar o
justificar las razones por las cuales el demandante presentó de manera
compulsiva peticiones (cederrones de audiencia de pruebas ff.1165,1202 y
1269).

viii) Informe rendido bajo la gravedad del juramento por el representante legal
para fines judiciales y extrajudiciales de Ecopetrol, en el que expresó que las
peticiones del actor estaban relacionadas sobre el contrato 5202323; solicitó la
13

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

misma información y paz y salvos, respecto de los cuales ya se habían emitido
respuestas; y que en el procedimiento PD-4135-12 se cumplieron todas las
correspondientes etapas; agrega que para la época de los hechos objeto de
investigación, se le habían respondido más de 246 peticiones, lo cual constituyó
un desgaste administrativo para la empresa. Además, «desde el año 2010 y
hasta el año 2019 el señor Calderón había presentado 2.068 derechos de
petición a los cuales Ecopetrol dio respuesta, lo cual evidencia que en ningún
momento se han trasgredido los derechos que le asisten […] pues no se ha
desatendido ninguna de sus solicitudes y claramente lo que se evidencia por
parte del accionante es que es una práctica muy común de su parte hacer
solicitudes en volumen y reiteradas».

ix) En sentencia de tutela de segunda instancia, dentro del expediente
110010101000201600214 01, la subsección F de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuteló el derecho al mínimo vital del
actor y ordenó que no se le efectúen descuentos por encima del 50% «para la
segunda quincena del mes de enero y para los meses de febrero, marzo y abril
de 2016, difiriendo los descuentos a que haya lugar a los meses siguientes» (ff.
763 a 769).

A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.

3.5 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del debido
proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de
obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras
cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado
puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de
nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se
evidencia violación del debido proceso.

Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de manera
rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de
aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico
14

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias
de este tipo de procedimientos:

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado desde
sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido proceso,
cuya vigencia es indispensable en todo tipo de actuación disciplinaria. Esos
criterios, que se traducen en deberes de la autoridad disciplinaria, son los
siguientes8:

“i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario
a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa
las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan
lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que
fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante
los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.”

En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los siguientes
elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y aplicables a
todas las actuaciones disciplinarias9: “(i) el principio de legalidad de la
falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el
derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de
controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la
presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el
principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la
prohibición de la reformatio in pejus” 10.

3.6 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos derivados de las
causales de nulidad invocadas en el escrito de apelación de la sentencia. La

8 Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en
otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-542
de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
9 Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya citadas
T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
10
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas, véase también la sentencia C- 721 de 2015.
15

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda, por
las siguientes razones:

De antemano, reitera esta Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso
abarca un conjunto de principios materiales y formales de obligatoria
observancia por parte de las autoridades disciplinarias, que a la vez constituyen
derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se debe desconocer que los
actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa
disposición del artículo 88 del CPACA11, indemnidad que adquiere mayor
connotación cuando se trata de decisiones sancionatorias de carácter
disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación
activa del investigado y de su apoderado, mediante defensa técnica, con
ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial
se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y
por ello no cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de
legalidad que ampara dichos actos administrativos.

Esta Corporación ha reiterado que «de acuerdo con la Jurisprudencia
Constitucional12 y Contencioso Administrativa13 no toda irregularidad procesal
da lugar a nulidad, en ese orden, para que el defecto bajo análisis -atendiendo
a las condiciones del caso concreto- conduzca a la anulación del proceso
correspondiente debe afectar el núcleo esencial del debido proceso y ser
trascendental para la modificación de la decisión objeto de cuestionamiento
judicial»14, y este no es el caso, como se explica a continuación.

3.6.1 Los actos acusados no están incursos en falsa motivación, además, fue
típica la conducta que motivó la sanción disciplinaria impuesta al
demandante, cuyo comportamiento afectó sustancialmente el deber
funcional sin justificación alguna. Alega el actor que en el pliego de cargos
formulado en su contra no se tipificó la conducta, el grado de culpabilidad, ni
la ilicitud sustancial. Agrega que no existió falta disciplinaria, en razón a que
ante la omisión de una contestación para «calmar la angustia que le están
generando», lo legitimó para reclamar, reiteradamente, paz y salvo por

11
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]»
12
Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2010.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B. Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez;
sentencia de 4 de abril de 2013, radicado: 11001-03-25-000-2011-00599-00 (2307-2011). Actor: Jair Smelyn
Bustos Lombana.
14
Sentencia de 28 de julio de 2014, sección segunda, subsección B, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
(E), radicado: 11001-03-25-000-2011-00365-00 (1377-11).
16

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

sobrecostos del contrato 52022323 y obtener una «respuesta clara, concreta,
precisa exacta a sus peticiones» (f. 736).

Para decidir, recuerda la Sala que la tipicidad, como condición necesaria del
derecho disciplinario, halla su fundamento en el principio de legalidad previsto,
en este caso, en la Ley 734 de 2002, así: «ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. El
servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán
investigados y sancionados por comportamientos que estén descritos como
faltas en la ley vigente al momento de su realización», que es, a su vez,
expresión del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, según el cual «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».

Sobre el asunto, ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación que «El
proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la
relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable
y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez,
una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo
el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido»15.

Ahora bien, en el sub lite se tiene que Ecopetrol, con auto de 29 de enero de
2014, imputó al demandante pliego de cargos, de la siguiente manera:

[…] en su condición de profesional 1A de la Vicepresidencia de
Exploración, para la época de los hechos, incurrió en presunta falta
disciplinaria al presentar ante el señor Luis Fernando García
Perdomo, Gerente de Estrategias y Nuevas Oportunidades de
ECOPETROL S.A., en forma reiterada numerosas peticiones y
solicitudes, que han sido contestadas oportunamente por la Dirección
de Relaciones Laborales de ECOPETROL S.A. y pese a ello insiste
en las mismas, lo cual ha generado un desgaste administrativo en
diferentes áreas de la Empresa [a continuación procede a relacionar 5
peticiones que «se consideran evidentemente improcedentes»] (f. 21).

De acuerdo con lo reseñado, carece de fundamento la acusación del actor, en el
sentido de que en el pliego de acusaciones no se tipificó la conducta, el grado
de culpabilidad, ni la ilicitud sustancial.

15
Sentencia de 17 de mayo de 2018, sección segunda, expediente 110010325000201301092 00 (2552-2013).
17

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

De la sola lectura de los cargos imputados se verifica, sin equívocos, que se
trató de una actuación administrativa desarrollada con sujeción al régimen
disciplinario aplicable a los servidores públicos, en particular, se sometió en
rigor al artículo 163 de la Ley 734 de 200216, alusivo a lo que debe contener el
pliego de cargos.

Observa la Sala que en el acto de imputación jurídica se expuso al actor que
incurrió, al parecer, en la falta disciplinaria descrita en el artículo 35 (numeral
1) de la Ley 734 de 2002, el cual cataloga expresamente como conducta
sancionable de los servidores públicos lo siguiente: «Prohibiciones. A todo
servidor público le está prohibido: // 1. Incumplir los deberes o abusar de los
derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los
tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad,
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo».

El anterior tipo disciplinario en blanco remite al deber incumplido contenido en
el artículo 6º (numeral 3) del CPACA, que preceptúa: «DEBERES DE LAS
PERSONAS. Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas
tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes: […] 3.
Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de
reiterar solicitudes evidentemente improcedentes». Por ello, la falta se calificó
como grave y se le endilgó a título de dolo, en atención a que el demandante
«tenía el conocimiento y la voluntad de remitir reiteradamente las solicitudes
siendo improcedentes, por haber sido respondidas con anterioridad por la
Empresa».

En este contexto, para la Sala no existió irregularidad sustancial en la
formulación del pliego de cargos, puesto que al examinar el expediente
administrativo, se comprueba que en dicho acto aparecen consignados la
16
«ARTÍCULO 163. CONTENIDO DE LA DECISIÓN DE CARGOS. La decisión mediante la cual se formulen
cargos al investigado deberá contener:
1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se realizó.
2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la
conducta.
3. La identificación del autor o autores de la falta.
4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.
5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.
6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de
conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.
7. La forma de culpabilidad.
8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales».
18

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

identificación del autor de la falta, el cargo y la función desempeñada en la
época de comisión de la conducta, la descripción y determinación del
comportamiento investigado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se realizó; las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, la
modalidad específica de la conducta, el análisis de las pruebas que
fundamentaron el cargo atribuido, los criterios tenidos en cuenta para
determinar la gravedad o levedad de la falta y la forma de culpabilidad (ff. 25 a
27), como lo preceptúa el artículo 163 de la Ley 734 de 2002.

Cabe advertir que lo que el demandante alega es que él podía formular reiteradas
peticiones hasta cuando se expidiera una «respuesta clara, concreta, precisa
exacta a sus peticiones», no obstante, en criterio de esta subsección y según se
deduce de las múltiples solicitudes, pretendía que fuera favorable a él y se
declarara su exoneración por la interventoría dentro del contrato 52022323.

Para la Sala, las actuaciones del actor comportan una actuación irregular y un
desconocimiento de sus deberes como trabajador del Estado, porque se
demostró que de manera improcedente, con claro abuso del derecho, formuló
reiteradas peticiones de las cuales, para el pliego de cargos, simplemente se
mostraron cinco (5), pero su afectación al servicio fue alta, como lo afirmaron
los deponentes arriba citados.

Recuerda la Sala que lo que el régimen sancionatorio administrativo castiga de
los servidores estatales es la conducta violatoria del deber funcional como
trabajador estatal, por cuanto no existe justificación alguna para que el
demandante abuse del derecho de petición, al impetrar cientos de peticiones, de
los cuales cinco (5) se tuvieron como muestra, para imputarle pliego de cargos.

Al respecto, la Ley 734 de 2002 establece: «ARTÍCULO 27. ACCIÓN Y
OMISIÓN. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de
ellos, o por extralimitación de sus funciones» (se destaca), congruente con el
artículo 617 de la Constitución Política.

Concordante con la normativa en cita, ha precisado la Corte Constitucional que
«[C]on el régimen disciplinario se pretende garantizar “la obediencia, la

17
«ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones».
19

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los
servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los
diferentes servicios a su cargo”; propósito que está en armonía con lo
preceptuado en el artículo 209 de la C.P., porque como se expresó antes, sin
un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos,
resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública
cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma
constitucional18» (sentencia C-721 de 2015).

Lo anterior subyace, además, en la teleología del artículo 5° de la Ley 734 de
2002, que determina: «ILICITUD SUSTANCIAL. La falta será antijurídica
cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna», asunto en torno al
cual también ha expresado la jurisprudencia constitucional que lo que genera el
reproche de la Administración al agente estatal no es propiamente la voluntad
de lesionar los intereses protegidos de la función pública, sino los
comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto o defectuoso de los
deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan19.

Ahora bien, el demandante en esta instancia pretende que se reconozca que era
válido congestionar a la Administración, en condición de su empleador, con
varios derechos de petición sobre un mismo tema, idénticas pretensiones e igual
justificación; para la Sala no es de recibo los argumentos presentados, pues la
no satisfacción de sus pretensiones no constituye una autorización para abusar
del derecho de petición. En este asunto, se insiste, lo que se juzgó fue la
obstinación dolosa en formular solicitudes para obtener una exoneración que
Ecopetrol no podía emitir, frente a sus actuaciones como interventor dentro del
contrato 52022323, lo que evidentemente congestionó y afectó el servicio e hizo
malgastar los recursos estatales.

Por otro lado, para la Sala los fundamentos que motivaron la medida
disciplinaria impuesta al demandante fueron expuestos en forma suficiente y
adecuada en los actos sancionatorios acusados, de los que la Sala destaca los
siguientes apartes:

18
Sentencias de la Corte Constitucional C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-811 de 2003 M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
19
Sentencia C- 181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
20

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

El contenido de muchas de sus peticiones excede el ámbito del giro
normal de trámites internos, de la expresión libre de su derecho o del
cumplimiento de su función y, como ya se mencionó en precedencia,
constituyen exacerbado ejercicio a manera de control y/o supervisión
que se abroga [sic].

[…] el trabajo detallado pero preciso que efectuó el funcionario de
primera instancia al relacionar los antecedentes de cada una de las cinco
peticiones a que se contraen los cargos, de las respuestas a anteriores
peticiones sobre el mismo asunto, como se observa en el texto del fallo,
cuyo ejercicio es verificable con la información que suministran las
múltiples carpetas de anexos, desvirtúa la glosa del recurrente en el
sentido de que el análisis fue sesgado y parcial.

[…] el tema central de las referidas comunicaciones es el contrato
520223, vicisitudes de su desarrollo y liquidación (del cual se conoce
que el disciplinado fungió inicialmente como interventor), por lo que las
referencias que el A-quo hace a diferentes comunicaciones libradas por
este, como las respuestas precedentes, comunicaciones relacionadas con
el contrato 5202323, o relativas al Paz y Salvo, tienen toda la validez y
pertinencia de todos los antecedentes de las múltiples comunicaciones y
solicitudes de cuyo registro dan cuenta 21 cuadernos principales y 66
cuadernos anexos que conformaban el expediente. Por otra parte, del
universo de comunicaciones libradas por el disciplinado en torno al tema
del contrato en mención, se advierte claramente su exótica pretensión de
obtener un certificado, constancia o Paz y Salvo respecto de sus
actuaciones en relación con dicho contrato. Por lo tanto, es entendible
la metodología de agrupar o cobijar bajo un mismo enunciado diversos
asuntos sobre el mismo tema, máxime si son repetitivos, pese a las
respuestas dadas como ocurre en el caso de autos [ff. 511 a 515].

De manera que la Sala advierte claridad y razonabilidad en los fundamentos de
la decisión y, por ende, no resulta dable declarar probada la ausencia o
exoneración de responsabilidad disciplinaria del demandante.

Todo lo anterior demuestra que la conducta irregular imputada al accionante
tuvo ocurrencia, que constituyó incumplimiento de los deberes funcionales
imputados en el pliego de cargos y que corresponden a la descripción típica de
carácter grave y dolosa, que motivó la sanción de suspensión, en la graduación
de cuatro (4) meses.

21

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

La Sala tampoco echa de menos en los actos demandados ninguno de los
requisitos formales y sustanciales previstos en el artículo 17020 de la Ley 734
de 2002 alusivos a los aspectos que debe contener el «fallo» disciplinario,
puesto que si se examinan las decisiones acusadas, se verifica que la entidad
analizó las pruebas en conjunto, valoró los cargos, los descargos y las
alegaciones presentadas, relacionó las normas legales y reglamentarias
concernientes al deber funcional desconocido, fundamentó la calificación de la
falta y la culpabilidad y, en fin, expuso claramente las razones de la sanción y
los criterios de su gradación, se insiste.

En cuanto a las prerrogativas del demandante, constata la Sala que durante el
curso de la actuación administrativa se le respetaron todas la garantías
procesales y sustanciales para ejercer los derechos de contradicción y defensa
(técnica mediante apoderado); así, durante el curso de la investigación
disciplinaria fue escuchado, tuvo la oportunidad de solicitar y aportar pruebas,
pedir copias del expediente, presentar descargos y alegaciones finales e
interponer recursos, oponer nulidades, etc., por mencionar algunas.

De manera que para la Sala los actos demandados se ajustan al ordenamiento
jurídico en cuanto a los motivos, los fundamentos legales y probatorios, el
procedimiento de expedición y la competencia de la autoridad disciplinaria que
los emitió.

De modo que la sanción impuesta no resultó injusta, desproporcionada o
arbitraria, por el contrario, está provista de justificación legal; fue motivada en
lo que objetivamente se demostró durante la investigación administrativa, con
sujeción a las previsiones del artículo 170 de la Ley 734 de 2002, en el sentido
de que «el fallo» disciplinario «debe ser motivado y contener el análisis de las
pruebas en que se basa y el análisis y valoración jurídica de los cargos, de los
descargos y de las alegaciones», requisito formal y sustancial que fue
satisfecho a cabalidad.

20
«ARTÍCULO 170. CONTENIDO DEL FALLO. El fallo debe ser motivado y contener:
1. La identidad del investigado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido
presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de culpabilidad.
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en
la parte resolutiva».
22

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

Luego, la falsa motivación, porque el demandante no cometió la conducta grave
dolosa que se le endilgó, no está llamada a prosperar.

3.6.2 Tampoco hubo violación del derecho de audiencia y de defensa, toda
vez que se valoraron las pruebas en armonía con los criterios de la sana
crítica. Advierte la Sala que como no se trata de repetir en sede judicial la
valoración probatoria que realizó la entidad en el procedimiento administrativo,
pues se desnaturalizaría la potestad disciplinaria, el examen integral de
legalidad recae sobre el contenido de los actos demandados frente al orden
jurídico superior al que estaban sometidos y los supuestos de hecho en que se
fundaron.

Sobre la apreciación de las pruebas, la Ley 734 de 2002 establece: «Artículo
140. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas
de la sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente
el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta»; «ARTÍCULO 142.
PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que
obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la
falta y de la responsabilidad del investigado».

Los medios probatorios recaudados durante la actuación administrativa
muestran en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como
legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de
este procedimiento «es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos
y garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo consagra
el artículo 20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que
la sanción disciplinaria «tiene función preventiva y correctiva, para garantizar
la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los
tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función
pública», como lo instituye el artículo 16 ibidem.

El demandante, en su escrito de apelación, alega que todas las declaraciones
fueron imprecisas, parcializadas y falaces porque los deponentes laboraban para
Ecopetrol, sin embargo, lo cierto es que no hubo tacha de falsedad alguna y, por
el contrario, los testimonios son contestes en expresar el abuso del derecho de
petición al formular cientos de peticiones, de las cuales en el pliego de cargos,
señalaron como muestra cinco (5) que, de manera evidente, eran improcedentes
porque ya habían sido resueltas.
23

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

También discute que la «[…] Magistrada ponente interrumpió las preguntas a
los testigos expresando que no se permitirían preguntas, sobre las pruebas
incorporadas al expediente, porque para su despacho la[s] tendría en cuenta
al proferir la decisión […]», al no haber sido ello así y negarle su derecho a la
defensa frente a falsas acusaciones, acogerlos como hechos ciertos e incluso
rechazar las pruebas notorias con las que se hace alusión a los mencionados
actos de corrupción; a su juicio, entre las pruebas aportadas como indicios
graves vinculantes, que fueron denegadas y no referidas en el fallo, encuentra
que no se consideró que la entidad le «[…] negó […] [su] reubicación […] en
otra dependencia de [la] empresa, como opción presentada ante el comité de
convivencia […] estando [ello] reglad[o] en el artículo 81 de la Convención
Colectiva de Trabajo […]» (sic); que ignoraron las pruebas de como la oficina
jurídica laboral de la empresa motivó, de manera errada y contraria a la ley, el
despido masivo de más de 256 trabajadores y dirigentes sindicales como ocurrió
durante los años 2003 y 2004, quienes fueron posteriormente reintegrados
gracias a la intervención de la OIT, al haberse comprobado la vulneración de
sus derechos con el auspicio del Ministerio del Trabajo, que declaró la
ilegalidad de la huelga realizada en su momento; y las pruebas que evidenciaban
los vínculos que mantenía el expresidente de la entidad petrolera y sus
familiares con los grupos paramilitares y las retaliaciones, los continuos
hostigamientos y persecución laboral de los altos funcionarios corruptos contra
los trabajadores y dirigentes sindicalizados.

Para la subsección es razonable reducir el número de deponentes una vez
practicada la prueba testimonial, pues si un hecho está demostrado no es
necesario insistir en recabar con el mismo medio probatorio; sobre este tema el
artículo 212 del Código General del Proceso autoriza la limitación de su
práctica21, en igual sentido conviene anotar que lo investigado y sancionado en
el procedimiento disciplinario es el abuso del derecho de petición por parte del
demandante, por ello lo predominante es la prueba documental22; por ende, la
limitación de pruebas está justificada tanto en el trámite sancionatorio como en

21
«ARTÍCULO 212. PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE TESTIMONIOS. Cuando se pidan
testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y
enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.
El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos
materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso».
22
«ARTÍCULO 225. LIMITACIÓN DE LA EFICACIA DEL TESTIMONIO. La prueba de testigos no podrá suplir
el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato.
Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta
de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la
inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible
obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión».
24

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

este proceso judicial. Además, las pruebas solicitadas, como se observa en el
párrafo anterior, corresponden a situaciones trasversales, ajenas e irreductibles
al asunto objeto de investigación, cual es el ejercicio indebido de un derecho
por un servidor oficial.

La certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado no
está sujeta inexorablemente al volumen o cantidad de pruebas, sin embargo,
dentro del procedimiento disciplinario está demostrado el evidente abuso del
derecho de petición por el demandante, mínimo con las 5 solicitudes
manifiestamente improcedentes relacionadas en el pliego de cargos, lo que se
probó con documentos, testimonios y demás medios probatorios recaudados. La
existencia de situaciones anómalas dentro de la empresa estatal no libera de
responsabilidad al demandante, máxime cuando en este caso está plenamente
acreditado el ejercicio indebido del derecho de petición.

Destaca la Sala que, revisado el expediente administrativo, se halla comprobado
que el demandante gozó durante la investigación disciplinaria de plenas
garantías constitucionales y legales de orden sustantivo y procesal para ejercer
su defensa, en particular, para controvertir las pruebas que soportaron el pliego
de cargos y la decisión definitiva. Su defensa fue técnica, es decir, estuvo a
cargo de abogado, se insiste.

En fin, observa esta Colegiatura que la entidad articuló la apreciación de las
pruebas frente a todos hechos y circunstancias que rodearon los acontecimientos
investigados, y desconocerlas equivaldría a darle la espalda a la razón práctica
y a las demás evidencias materiales, so pretexto de que no existió prueba para
sancionar.

3.6.3 No existió expedición irregular e incompetencia de la autoridad
disciplinaria. Respecto de estos cargos de anulación, destaca la subsección que
en la ley no existe un fuero especial para los trabajadores oficiales aforados,
pues el derecho sancionatorio está destinado a garantizar el cumplimiento de los
deberes de cualquier servidor público que ingrese al Estado, en aplicación de la
Ley 734 de 2002.

Por otro lado, la Corte Constitucional ha definido la competencia de las oficinas
de control interno y de esta jurisdicción de lo contencioso administrativo y la
aplicación del Código Disciplinario Único como sistema sancionatorio, incluso
para los trabajadores oficiales, sean aforados o no; sobre el particular, precisó:
25

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

Conforme a lo anterior, se concluye que: (i) ECOPETROL S.A. es
una sociedad de economía mixta, (ii) sus trabajadores tendrán el
carácter de particulares solo en cuanto al régimen laboral,
respecto del cual se tendrán en cuenta el Código Sustantivo del
Trabajo y las Convenciones Colectivas, (iii) en todo lo demás,
conservarán su calidad de servidores públicos, debido a que
están vinculados a una entidad estatal del orden nacional, adscrita
al Ministerio de Minas y Energía, y (iv) de acuerdo con el artículo
25 de la Ley 734 de 2002, a dichos servidores públicos se les aplican
las disposiciones contenidas en ese régimen disciplinario general.
[…]

El Auto 450 de 2021 no es un precedente aplicable

1. En el Auto 450 de 202123, esta Corporación dirimió el
conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Treinta y Seis
Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con ocasión de la demanda presentada por un
extrabajador de ECOPETROL S.A. que demandó a la cita empresa,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. La acción promovida, pretendía la nulidad de las cartas a
través de las cuales ECOPETROL S.A. terminó unilateralmente el
contrato de trabajo y, según el actor, desconoció el debido proceso
disciplinario laboral24.

2. En esa oportunidad, la Corte evidenció que: (i) la
controversia se originó por la terminación unilateral del contrato de
trabajo, y (ii) no existió una relación legal y reglamentaria. Por lo
anterior, resultaba aplicable el contenido del artículo 2º del Decreto
Ley 2158 de 1948, modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de
2001, según el cual, la jurisdicción ordinaria en su especialidad
laboral conoce de “los conflictos jurídicos que se originen directa
o indirectamente en un contrato de trabajo”.

3. Bajo ese entendido, se fijó la siguiente regla de decisión:
“cuando (i) un empleado de la Empresa Colombiana de Petróleos
que no ostente la condición de Presidente o jefe de la oficina de
control interno (ii) demande a esa empresa (iii) con ocasión de la
terminación del contrato de trabajo, (v) la Jurisdicción Ordinaria
—en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social— será la
competente para conocer el asunto, de conformidad con el artículo
2 de la Ley 712 de 2001.”

23 CJU-337 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
24 Artículo 111 del Código Sustantivo del Trabajo.

26

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

4. En contraste, en el caso sub examine el demandante: (i)
pretende la nulidad de los actos administrativos sancionatorios
proferidos por la empresa ECOPETROL S.A. dentro del proceso
disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002, y (ii) no fue
desvinculado del empleo con ocasión de la sanción impuesta, sino
que, su contrato fue terminado un año antes de proferirse la decisión
que lo declaró disciplinariamente responsable.

En ese sentido, resulta evidente que los supuestos fácticos y las
pretensiones en ambos asuntos son disímiles. En el caso objeto de
decisión en el Auto 450 de 2021, la demanda que suscitó el conflicto
pretendía la nulidad de las cartas a través de las cuales
ECOPETROL S.A. dio por terminado el contrato laboral (esto es,
la relación entre el empleador y el trabajador). Por otro lado, en el
presente asunto el demandante solicita que se declare la nulidad de
actos administrativos proferidos por la misma empresa en ejercicio
de su facultad sancionadora (es decir, en el marco de la relación que
existe entre el Estado y un servidor público).

5. Por esa razón, la regla de decisión fijada en el Auto 450 de
2021 no es aplicable en el presente asunto.
[…]
Para la Sala, es claro que el tipo de vinculación que el demandante
tuvo con la empresa ECOPETROL S.A. no desvirtúa su calidad de
servidor público, de acuerdo con lo señalado en artículo 123 de la
Carta Política, concordante con el artículo 68 de la Ley 489 de 1998.

[…] En virtud de tal calidad, la empresa ECOPETROL S.A.
adelantó, conforme a su competencia, el proceso disciplinario en
contra del demandante de acuerdo con las reglas previstas en la Ley
734 de 2002.

[…] Los hechos que motivaron la demanda tienen origen en el
procedimiento disciplinario, adelantado en ejercicio de la facultad
del Estado y de sus entidades, de disciplinar a quienes cumplan
funciones públicas (servidores públicos o particulares), conforme a
lo dispuesto en la Ley 734 de 2002.

Es preciso aclarar que el proceso disciplinario adelantado por
ECOPETROL S.A. contra el demandante, no es equivalente al
dispuesto en los artículos 111 y siguientes del Código Sustantivo
del Trabajo. Lo anterior, en razón a que esa normativa establece la
facultad del empleador para sancionar las conductas o
comportamientos de los trabajadores que incumplen sus

27

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

obligaciones impuestas en: (i) la ley laboral, (ii) los Convenios
Colectivos que los rige, (iii) el reglamento interno de la empresa, y
(iv) su propio contrato de Trabajo. En este caso, ECOPETROL S.A.
sancionó al demandante en ejercicio de la facultad disciplinaria de
la que es titular el Estado.

Asimismo, esta subsección juzgó actos administrativos sancionatorios que
disciplinaron a un trabajador oficial de Ecopetrol, incluso con demostrado fuero
sindical25, por ende, no existe fundamento para considerar que la empresa
demandada carece de competencia para sancionar disciplinariamente a sus
servidores, conforme a los lineamientos que estableció la Ley 734 de 2002, a
cuyo control judicial está sometida a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

3.6.4 No se comprobó la desviación de poder alegada, porque el
procedimiento disciplinario no fue un montaje estructurado para
sancionarlo, como represalia por haber denunciado actos de corrupción en
la entidad y por vincularse al sindicato. La jurisprudencia y la doctrina26
clasifican las diferentes manifestaciones de la desviación de poder,
generalmente en dos grandes grupos: aquellos casos en que (i) el acto o contrato
administrativo resulta ajeno a cualquier interés público, por venganza personal,
motivación política, o interés de un tercero o del propio funcionario, y (ii) el
acto o contrato es adoptado en desarrollo de un interés público, pero que no es
aquel para el cual le fue conferida competencia a quien lo expide o celebra;
categoría a la que se aproxima igualmente la desviación de procedimiento en la
que la Administración disimula el contenido real de un acto, bajo una falsa
apariencia, al recurrir a un procedimiento reservado por la ley a otros fines, con
el propósito de eludir ciertas formalidades o de suprimir ciertas garantías.

Como sustento del referido cargo de anulación, el actor indica que (i) se omitió
considerar su condición de trabajador sindicalizado y de dirigente sindical, por
lo que se incurrió en una negación de las normas de orden público, como lo son
los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo, en el marco de los derechos
sindicales y colectivos allí regulados, que también se encuentran amparados y
protegidos por disposiciones de naturaleza constitucional y en tratados
internacionales, como son la Convención Americana de Derechos Humanos y

25
Cfr. sentencia de 13 de noviembre de 2020, radicación 68001-23-33-000-2014-00987-01(3138-17), demandado
Ecopetrol S. A.
26
Sentencia Paristet de 1875, como se ilustra en «Le grands arrêts de la jurisprudence administrative» 11 Ed.
Dalloz, Paris, 1996, p.26 a 35.
28

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

el tratado celebrado por el Estado colombiano con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT); (ii) se omitió apreciar por el a quo que la
investigación disciplinaria adelanta en su contra y la sanción impuesta fueron el
producto de la retaliación e intimidación de la era objeto por ser dirigente
sindical y haber presentado junto con otros trabajadores sindicales una denuncia
por corrupción administrativa al interior de la entidad, como lo es, en su criterio,
la vinculación el 7 de diciembre de 2010 de la cónyuge de un magistrado de la
sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que la
hermana de este magistrado era magistrada de la sala laboral del Tribunal
Superior de Bogotá; denuncia cuya copia completa fue incorporada a la
demanda; (iii) tampoco se valoró la existencia de videos y declaraciones
consignadas en estos, fundamento para entrar a demostrar los indicios graves de
posibles vínculos de los altos funcionarios de la empresa petrolera con la
delincuencia armada paramiliar; y (iv) no se tuvo en cuenta que lo han
perseguido laboralmente y hostigado a partir del momento en que optó ser
trabajador sindicalizado y asumió el cargo de dirigente sindical (elegido
presidente de la subdirectiva de «Sindispetrol»).

En el presente asunto, además de las afirmaciones del actor, no existe algún
nexo causal que vincule el procedimiento reglado, que se cumplió para
investigar, juzgar y sancionarlo, con alguno de los fines torticeros antes
enunciados, pues para que prospere la causal de anulación por esta causal el
investigado debe aportar pruebas necesarias «que no dejen la más mínima duda
de que al expedir el acto controvertido el agente de la administración que lo
produjo no buscó obtener un fin obvio y normal determinado al efecto, sino que
por el contrario, se valió de aquella modalidad administrativa para que
obtuviera como resultado una situación en todo diversa a la que explícitamente
busca la Ley»27.

Se insiste, de las pruebas recaudadas se colige que al demandante se le brindó
las garantías pertinentes dentro del trámite disciplinario, quien, según lo
demostrado, abusó del derecho de petición al presentar cientos de
reclamaciones, de las cuales simplemente, a título de muestreo y para concretar
los cargos, se utilizaron 5 manifiestamente improcedentes; en efecto, como ya
se indicó, los testimonios son contestes en señalar la cantidad exagerada de
solicitudes improcedentes relacionadas con un paz y salvo sobre un contrato,
respecto del cual no podían ni pueden salvaguardar su indemnidad frente a una

27
Sentencia de 31 de agosto de 1988, sección segunda, C.P. Clara Forero de Castro.
29

Expediente 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol)

eventual responsabilidad cuando ejerció como interventor; y el hecho de que
sea un trabajador sindicalizado, per se, no lo exonera de su deber de responder
disciplinariamente mientras desempeña su labor como servidor oficial; el
derecho convencional de la OIT no ampara esa clase de elusión de
responsabilidad. En consecuencia, el cargo en los términos propuestos no
prospera.

Sin más disquisiciones sobre el particular y bajo una sana hermenéutica jurídica,
la Sala arriba a la convicción de que los actos administrativos demandados
conservan su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de
legalidad que los ampara, por tanto, se confirmará el fallo de primera instancia,
que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el Ministerio
Público,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 10 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que negó
las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada
por el señor Willmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de
Petróleos S. A. (Ecopetrol), conforme a la motivación.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

30

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.