Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00531-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00531-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00531-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00531-00 (7060-2023).
Demandante: Willmar Calderón Olmos.
Demandado: Ecopetrol S.A.
Temas: Causal 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Presupuestos de configuración.
Decisión: Declarar infundado el recurso.
I. ASUNTO
1. Se decide el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, interpuesto por el señor Willmar Calderón Olmos
en contra de la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001-33-42-048-2017-00241-02.
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de los fallos disciplinarios
del 31 de mayo de 2016 y 15 de noviembre del mismo año, emitidos dentro del
proceso disciplinario nro. PD-4803-2014, mediante los cuales se impuso al
demandante la sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de tres
(3) meses.
3. A título de restablecimiento del derecho exigió: i) el pago de los salarios y
prestaciones sociales y convencionales dejados de percibir durante el tiempo
cesante y; ii) la indemnización de los perjuicios materiales y morales causados,
estimados en la suma de 150.000.000 COP.
4. Hechos. El señor Willmar Calderón Olmos fungió como jurado de votación en las
consultas internas adelantadas por los partidos políticos el día 29 de mayo de 2011.
5. Los días 28 y 29 de junio de esa anualidad solicitó a su jefe inmediato el descanso
compensatorio previsto en el artículo 105 del Código Electoral; sin embargo, el
vicepresidente de Exploración de Ecopetrol negó ese pedimento.
6. El 17 de junio de 2014, dicho vicepresidente radicó ante la Oficina de Control
Disciplinario una solicitud de gestión con el fin de que se iniciaran las
investigaciones correspondientes, con ocasión de las reiteradas peticiones
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presentadas por el actor sobre este mismo asunto.
7. En consecuencia, se inició proceso disciplinario por la presunta infracción de la
prohibición prevista en el numeral 1.° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, en
armonía con el artículo 6.° de la Ley 1437 de 2011.
8. El 31 de mayo de 2016, la gerencia de Control Disciplinario de Ecopetrol profirió
la providencia de primera instancia que impuso el correctivo de suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial por tres (3) meses, decisión que fue
confirmada por el presidente de la entidad el 16 de noviembre de esa misma
anualidad.
9. Sentencia de primera instancia1. Es la dictada el 18 de enero de 2019, por
medio de la cual el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá – Sección Segunda, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
10. Para tal efecto, sostuvo que los días 28 y 29 de junio de 2011 el señor Willmar
Calderón Olmos presentó, vía correo electrónico, solicitudes dirigidas a varios
funcionarios de Ecopetrol, entre ellos María del Pilar Moya Gutiérrez y Eduardo
López, con el fin de obtener el descanso compensatorio por haber fungido como
jurado de votación el 29 de mayo anterior.
11. Para el juzgado, no obraba prueba dentro del expediente que acreditara que
dicha solicitud hubiera sido atendida, ni mucho menos que se le informara al actor
sobre la incompetencia de los funcionarios requeridos para darle trámite. Por ello,
en el año 2012 el demandante insistió en su solicitud, ante lo cual la entidad le indicó
que debía ajustarse a lo establecido en el Código ECP-VTH-R-004 del 28 de
noviembre de 2011, esto es, que las solicitudes debían tramitarse ante el jefe
inmediato y con el formato RP debidamente diligenciado.
12. Añadió que el 26 de junio de 2013 la señora María del Pilar Moya, al resolver
una nueva inquietud relacionada con la concesión del permiso antes referido, le
indicó que este debía ser tramitado ante el señor Eduardo López, quien era su jefe
inmediato.
13. A juicio del operador judicial, esa situación no fue valorada por la autoridad
disciplinaria, pues esta se limitó a analizar la reiteración de peticiones relacionadas
con el permiso por haber sido jurado de votación, sin tener en cuenta que la solicitud
inicial nunca fue atendida en debida forma y que por ello se presentaron nuevas
reclamaciones.
14. Asimismo, advirtió que se aplicó un reglamento que no estaba vigente para la
época de los hechos, dado que las solicitudes fueron elevadas los días 28 y 29 de
junio de 2011, mientras que el Código ECP-VTH-R-004 fue expedido el 28 de
1 Folios 55 a 80 del PDF «020ED_01InterponeRecursoRe», el cual puede ser descargado en la opción de
«Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI y páginas 379 a 404 del cuaderno principal del expediente
físico.
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noviembre de ese mismo año.
15. En síntesis, concluyó que la autoridad disciplinaria desconoció que la solicitud
inicial de permiso fue presentada dentro del término legal, ante el jefe inmediato y
ante la funcionaria encargada de atender las peticiones laborales en Ecopetrol,
razón por la cual no podía considerarse improcedente.
16. Así, comoquiera que el artículo 6.° de la Ley 1437 de 2011 prevé que el deber
se incumple cuando se reiteran solicitudes evidentemente improcedentes, el
juzgado concluyó que ello no ocurrió en el presente caso, ya que el requerimiento
del servidor era válido, al punto que la entidad le ofreció tomar el día de descanso
que no había podido disfrutar. En consecuencia, consideró que la conducta era
atípica.
17. Finalmente, negó la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales, al
considerar que estos no fueron acreditados dentro del proceso.
18. Recurso de apelación2. Inconforme con esa decisión, la apoderada judicial de
Ecopetrol la apeló, con fundamento en los siguientes argumentos:
19. Señaló que los argumentos utilizados por el juzgado correspondían a los
supuestos fácticos del proceso disciplinario nro. PD-4343-13 que adelantó la Oficina
de Control Disciplinario con ocasión de la queja impuesta por el señor Willmar
Calderón Olmos en contra de los servidores que no autorizaron su permiso, y no al
expediente nro. PD-4803-14.
20. Explicó que dichas actuaciones disciplinarias eran completamente diferentes.
La primera se inició por las presuntas irregularidades relacionadas con la negativa
del permiso legalmente previsto por haber sido jurado de votación; mientras que la
segunda tuvo origen en la presentación reiterada de peticiones improcedentes
sobre el mismo asunto.
21. De igual forma, manifestó que al interior de la primera de las investigaciones se
analizaron todos los aspectos fácticos y probatorios afines con las posibles
anomalías del permiso solicitado por el señor Calderón Olmos, situación por la cual
tales circunstancias no fueron estudiadas nuevamente, en detalle, dentro del
proceso disciplinario nro. PD-4803-2014.
22. De ahí que la razón por la cual no se examinaron nuevamente los aspectos
relacionados con el permiso obedeció a que estos ya habían sido objeto de análisis
en otra actuación disciplinaria, la cual culminó con decisión de archivo.
23. Agregó que, aun si se examinara de fondo la procedencia del permiso, se
llegaría a la conclusión de que este no fue solicitado en debida forma ni por los
conductos regulares, dado que la petición fue presentada mediante correo
2 Folios 546 a 561 del PDF «015ED_C170602023» ejusdem, y páginas 407 a 422 del expediente físico.
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electrónico y sin diligenciar el formulario ECP-VTH-R-004 del 8 de junio de 2011.
24. De igual manera, destacó que las solicitudes del año 2013 y 2014 eran
improcedentes, en tanto fueron radicadas cuando había transcurrido ampliamente
el término de cuarenta y cinco (45) días previsto para disfrutar el descanso
compensatorio derivado de la prestación del servicio como jurado de votación en
las elecciones del año 2011.
25. Finalmente, manifestó que en el proceso PD-4343-13 se estableció que el señor
Willmar Calderón no había solicitado en el año 2011 su permiso como jurado de
votación. Por tanto, no resultaba admisible que la sentencia de primera instancia
concluyera que en los años 2013 y 2014 aún existía un derecho legítimo a su
reconocimiento.
26. Sentencia objeto de revisión3. Es la proferida el 29 de junio de 2022, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la providencia apelada y,
en consecuencia, negó las súplicas de la demanda. Con tal fin, y luego de
referenciar el material probatorio recopilado, afirmó que:
27. El demandante presentó unas solicitudes para obtener el día de descanso
compensatorio por haber ejercido como jurado de votación en las elecciones
celebradas el 29 de mayo de 2011. Ecopetrol le informó la improcedencia de su
petición, debido a que: i) debía tramitarse conforme al Código ECP-VTH-R-004; ii)
era necesario diligenciar el formulario GTH-R-001 del 27 de marzo de 2013 y; iii) la
solicitud excedía el término de cuarenta y cinco (45) días previsto en el Código
Electoral.
28. Para el tribunal, no fue cierto que se le aplicó un procedimiento posterior a los
hechos. En efecto, el Código ECP-VTH-R-004 contaba con una versión vigente
desde el 8 de junio de 2011, en la cual se establecía que la solicitud debía
presentarse por escrito ante el superior funcional y con el debido diligenciamiento
del formato correspondiente.
29. Además, destacó que, si bien el actor remitió el correo electrónico con copia al
señor Eduardo López Ramos, lo cierto es que la petición estuvo dirigida
exclusivamente al jefe de relaciones sindicales.
30. De otra parte, sostuvo que al interior del proceso disciplinario nro. PD4343-13,
el cual no fue demandado en su oportunidad, se analizaron los aspectos fácticos y
probatorios relacionados con las presuntas irregularidades en el trámite del permiso
solicitado por el actor. Dicha actuación culminó con una decisión de archivo, al no
encontrarse anomalía alguna.
31. Igualmente, el tribunal resaltó lo siguiente:
3 Folios 81 a 113 del PDF «020ED_01InterponeRecursoRe», ib. y páginas 537 a 569 del cuaderno nro. 2 del
expediente físico.
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«[…] La solicitud del accionante excedió el término de 45 días establecido en la
ley, pues además de no haber atendido al procedimiento mínimo establecido en
los reglamentos internos de la entidad, extrañamente el actor dejó transcurrir
aproximadamente dos años desde que radicó la solicitud de concesión del día
compensatorio por haber fungido como jurado de votación, esto es, 28 de junio de
2011, hasta que elevó nuevamente una solicitud reiterando su requerimiento, lo
cual hizo a través de correo electrónico de 24 de junio de 2013. A partir de ese
momento, elevó diversas peticiones en el mismo sentido, empero, no es posible
pasar por alto su inactividad para exigir su derecho, la cual, se extendió a lo largo
de dos años, pese a que contaba con la posibilidad de insistir en su solicitud dentro
del plazo de 45 días establecido en el Código Electoral o iniciar las acciones
legales a que hubiera lugar, ya fuera a través de un proceso ordinario o haciendo
uso de una acción de tutela en caso de estimar que se vulneraba algún derecho
de índole ius fundamental.
Por lo anterior, era apenas lógico, que la entidad luego de 02 años, le informara
que su solicitud había excedido el término de 45 días establecido en la ley y por
ello no era posible otorgar el derecho pretendido. La Sala considera que dicha
respuesta fue suficiente y oportuna, no obstante, el actor insistió en su
requerimiento cuando ya no era fáctica y jurídicamente posible su reconocimiento,
haciendo entonces que sus peticiones se tornaran en abiertamente
improcedentes».
32. En consecuencia, el ad quem concluyó que las 9 peticiones elevadas por el
actor en los años 2013 y 2014 fueron reiteradas, temerarias y abiertamente
improcedentes.
33. Del recurso extraordinario de revisión.
34. La causal invocada. Para el recurrente, la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en la causal de revisión prevista en el
numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 20114.
35. Fundamentos. Resaltó que dentro del término establecido en el artículo 105
del Código Electoral solicitó a su empleador un día de descanso compensatorio por
haber fungido como jurado de votación el 29 de mayo de 2011. Como la entidad no
concedió el permiso ni indicó quién era el funcionario competente para otorgarlo,
insistió durante los años 2012, 2013 y 2014; no obstante, debido a las peticiones
formuladas en los dos últimos años se inició el proceso disciplinario nro. PD-4803-
14, el cual culminó con la imposición de una sanción de suspensión en el ejercicio
del cargo e inhabilidad especial por tres (3) meses.
36. En sede judicial, el Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C.
accedió a las pretensiones de la demanda; sin embargo, dicha decisión fue apelada
por Ecopetrol, circunstancia que, a juicio del recurrente, condujo al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a incorporar hechos provenientes de los procesos
disciplinarios nro. PD-4135-12 y PD-4343-13.
4 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.»
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37. Es decir, el juez de segundo grado partió de la premisa de que el resultado de
un proceso —cuyas pruebas no fueron decretadas dentro del trámite ordinario—,
en el que se determinó la existencia o no irregularidades por parte de los
funcionarios que debían conceder el permiso solicitado, permitió concluir la
improcedencia de las peticiones formuladas por el recurrente.
38. Para sustentar su inconformidad, formuló los siguientes cargos: i) el ad quem
extendió indebidamente el análisis del derecho reclamado hasta junio de 2011
dentro de un proceso de control de legalidad adelantado bajo la vigencia del Decreto
01 de 1984; ii) se vulneró el principio del non bis in ídem; iii) es nula de pleno
derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso, al trasladarse al
proceso nro. PD-4803-14 elementos provenientes del proceso PD-4343-13 sin que
hubieran sido decretados como prueba y; iv) no existían los soportes fácticos y
jurídicos necesarios para sustentar la temeridad, la improcedencia ni la
independencia judicial invocadas en la sentencia objeto de revisión.
39. Pretensiones. Solicitó revocar la sentencia de segunda instancia y, en
consecuencia, confirmar la decisión que profirió el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda.
40. Intervención de Ecopetrol5. Expresó que el recurso no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo subsidiario que permita reabrir el debate probatorio o
jurídico abordado en las providencias ejecutoriadas.
41. Respecto del primer cargo, precisó que se trata de un planteamiento equivocado
tanto en su formulación como en sus premisas jurídicas. En efecto, el tribunal
únicamente advirtió que el actor, luego de presentar la solicitud inicial en junio de
2011, permaneció inactivo durante aproximadamente dos años antes de reiterarla.
En ningún momento afirmó la vigencia del derecho reclamado; por el contrario,
concluyó que las nueve peticiones presentadas entre 2013 y 2014 eran reiterativas,
temerarias y carentes de fundamento jurídico.
42. En cuanto al segundo cargo, sostuvo que no se configuró vulneración alguna
del principio de non bis in ídem, toda vez que los procesos —PD-4135-12 y PD-
4803-14— versaron sobre conductas distintas. Además, la investigación
disciplinaria nro. PD-4343-13 no culminó con sanción alguna contra el señor
Calderón Olmos.
43. Frente al tercer cargo, señaló que la utilización del reglamento ECP-VTH-R-004,
versión 1, como elemento de análisis no configura nulidad procesal alguna. Dada
su naturaleza de norma operativa vigente dentro de la organización, su valoración
judicial resultaba legítima por guardar relación directa con los procedimientos objeto
de examen disciplinario.
44. Finalmente, sobre el cuarto cargo, indicó que la calificación de las peticiones
5 PDF «035_MemorialWeb_ContestaciónDemanda-Descorrerecursode» del expediente digital.
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como temerarias y abiertamente improcedentes no fue arbitraria ni inmotivada. El
tribunal fundamentó su decisión en el numeral 3.° del artículo 6.° de la Ley 1437 de
2011, que impone a los administrados el deber de abstenerse de presentar
solicitudes evidentemente improcedentes, así como en el artículo 19 ibidem, que
faculta a la administración para remitirse a respuestas anteriores cuando las
peticiones ya han sido resueltas de manera suficiente. Asimismo, explicó que la
Sala entendió por temeridad la actuación carente de fundamento o justificación, y
por improcedencia la ausencia de oportunidad, derecho o sustento legal, conceptos
que fueron aplicados al caso concreto tras valorar la conducta desplegada por el
actor durante los años 2013 y 2014.
45. Intervención del agente del Ministerio Público6. La procuradora segunda
delegada de intervención nro. 7 ante esta corporación rindió concepto en el que
sostuvo que se debe declarar infundado el recurso extraordinario de revisión,
porque no es cierto que la apelación de Ecopetrol contra la sentencia indujera en
error al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que incorporara hechos y
pruebas nuevas.
46. En este contexto, la especialidad y exclusividad del objeto litigioso, en armonía
con el principio de congruencia de la sentencia, evidencian una plena unidad
temática entre el petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición y los cuestionamientos formulados en el
recurso de apelación.
III. CONSIDERACIONES
47. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 13 del
Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.
48. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se
fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá
presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
49. La sentencia impugnada se profirió el 29 de junio de 2022, pero se notificó el 6
de julio del mismo año. Entonces, como este recurso fue radicado el 6 de julio de
2023, es decir, dentro del año siguiente a su notificación, se concluye que su
presentación fue oportuna.
50. Problema jurídico. De acuerdo con lo argüido por la parte actora, corresponde
a la Sala determinar si ¿la sentencia de 29 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso ordinario arriba referenciado,
incurrió en la causal de revisión contenida en el numeral 5.° del artículo 250 del
CPACA?
6 Actuación visible a índice 23 de la plataforma SAMAI.
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51. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión; y ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250
del CPACA.
52. Normas y jurisprudencia aplicables.
53. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, establece que:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
54. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo -jueces y tribunales, así como las subsecciones y secciones de esta
corporación-.
55. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 2020,7 la Sala Décima Especial de Revisión de este
tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».8
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la
7 Expediente nro. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), C.P. Sandra Liset Ibarra Vélez.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
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doctrina9 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera
excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.10
45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».11
56. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.
57. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada12. En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez13 o para corregir errores «in iudicando»14, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
9 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,
Pág. 884.
10 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor
derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
11 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-
000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
12 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente nro.
11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), C.P. Alberto Montaña Plata.
13 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
14 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores
in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
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falsos o adulterados15-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la
aparición de una persona con mejor derecho16-, o fueron sobrevinientes a la decisión
y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal
cuarta,17- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una
nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación18-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese
formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni
pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio
del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».19
58. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral
5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dice, a la letra, que:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
15 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
16 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
17 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
18 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
19 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no
constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o
sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley,
cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo
sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó
que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a
convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente
los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
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5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».
59. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.
60. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
corporación. En la primera de ellas, se defendió la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior20.
61. Por su parte, en la segunda teoría, se señaló que la causal en estudio no se
configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial21. A partir de esta última tesis sostuvo que22:
«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia23 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.
Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201824 proferida por la Sala Plena de la
20 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.
21 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-
00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
22 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta
Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV
2014-00440-00.
24 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando
se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se
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Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:
• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.
En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional25 y que se configuren en la sentencia».
62. Corolario, las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a las
sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas
últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las
garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
63. Pues bien, conforme con lo analizado, se resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.
64. Caso concreto - interrogante único: ¿la sentencia de 29 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso
ordinario arriba referenciado, incurrió en la causal de revisión contenida en el
numeral 5.° del artículo 250 del CPACA?
65. En el presente asunto se encuentra acreditado lo siguiente:
65.1 El 24 de junio de 201326 el señor Willmar Calderón Olmos presentó, vía
correo electrónico, una petición dirigida a la señora María del Pilar Moya
Gutiérrez —con copia a Luis Fernando García Perdomo, Enrique Velásquez
Convers, Héctor Manosalva Rojas, Martha Cecilia Castaño Gutiérrez, Luis
Carlos Sepúlveda, Beatriz Borja Orduz, Adriana Marcela Neira Londoño, Javier
dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General
del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció
esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en
la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.
25 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.
26 Folio 199 del PDF 015ED_C170602023 del expediente digital.
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Genaro Gutiérrez, Margarita Obregón y Hernando Ortiz Ruiz—, en la que indicó
y solicitó lo siguiente:
«En ocasiones anteriores he solicitado al Vicepresidente de Exploración el cambio
de líder de Talento Humano, en lo posible, para la gestión de asuntos relacionados
con la Vicepresidencia de Talento Humano relacionados con hojas de vida,
experiencia laboral, reclasificaciones, promociones, permisos, competencias, etc.
Para este caso en particular, me asiste el derecho a reclamar el día de permiso por
haber sido jurado de votación así:
i) El permiso solicitado y la oportuna solicitud fue el 28 de junio de 2011 para el 6 de
julio de 2011.
ii) En pretérita oportunidad por instrucciones de VEX reportaba al grupo jurídico de
la Unidad de Asuntos Sindicales.
iii) Los correos de origen de forma alguna han sido tomados en cuenta como
soportes adjuntos a la solicitud.
iv) El día de descanso se siguió solicitando tal como se observa en el correo anexo
del 17 de junio de 2012 de las 9:39 am y
v) La solicitud hasta el día 20 de junio de 2013 fue “permiso por jurado de votación”
que fue cambiada a “permiso por votación” el día 24 de junio a las 11:56 am.
Aunado a lo anterior, el día 2 de agosto del año 2011 con derecho de petición se
reiteró tal solicitud con radicado 1-2011-005-32092, pues lo días 28 como 29 del
mes de junio del año 2011 fue realizado el requerimiento en los términos del código
electoral, y la respuesta fue una contra orden, que a ningún funcionario aplica en
ECOPETROL S.A., verbigracia que sustentara el requerimiento de forma verbal ante
un equipo de abogados… reunión que no se efectuó.
Es por lo anterior que USTED Doctora MARÍA DEL PILAR MOYA GUTIÉRREZ la
responsabilizo en absoluto de la negativa a conceder el día de permiso, toda vez
que usted ha estado informada de la situación, presuntamente pretermite
documentos que se le entregan, cambia la redacción de las solicitudes, que al
observarlos de manera imparcial y objetiva muy seguramente llegaría a otra
conclusión, pues mi único pesado fue haberme sindicalizado. A su vez, usted tuvo
acceso a la base de datos de personal, donde también pudo haber o no confirmado
mi permiso concedido.
Por último, ratificar que se conceda el día de permiso, no por media jornada tal como
lo IMPUTA, ESTABLECE, ESTIPULA en su correo de las 11:56 am, configurando y
aplicando otro articulado, sino como el que se cita y fue sustento inicial, así…».
65.2 El día siguiente27, la señora María del Pilar Moya Gutiérrez le informó que
«para efectos del reconocimiento de permisos y licencias le solicitamos remitirse
a lo indicado en el Reglamento de Permisos y licencias para Trabajadores –
Código GTH-R-001 del 27 de marzo de 2013… diligenciar el RP respectivo y de
ser el caso canalizar sus solicitudes a través de las vías establecidas para tal
fin tales como Oficina Virtual o Centros de Atención Local, una vez cuente con
la autorización de su jefe inmediato, ya que dentro de mi rol no se encuentra el
trámite por usted indicado».
65.3 Durante los años 2013 y 201428 el actor siguió presentando peticiones
27 Folio 216 del PDF 015ED_C170602023 del expediente digital.
28 Ver cuadro del párrafo 67.5.
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sobre el mismo asunto, razón por la cual, el 16 de junio de 201429, el
vicepresidente de Exploración de Ecopetrol le informó al señor Willmar Calderón
Olmos que sus múltiples peticiones —incluidas las de los años 2011 y 2012—,
habían sido atendidas en reiteradas ocasiones30. No obstante, le reiteró que:
«En relación con el plurimencionado permiso, la empresa le ha informado que “(…)
el reconocimiento de licencias la interior de la Empresa, se encuentra supeditado al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Permisos y
Licencias para trabajadores GTH-R-001 del 31 de mayo de 2013, que regula en el
numeral 4.1 lo concerniente al permiso compensado por jurado de votación en los
siguientes términos.
[…]
Lo anterior se traduce en que, si bien el término legalmente establecido para realizar
la solicitud de permiso por el hecho de haber sido jurado de votación, para el caso
y por tratarse de una actividad que usted ejerció en el año 2011, ya se encuentra
prescrito, esto no obsta para que si usted lo requiere se le reconozca un día de
permiso remunerado, día que se le (sic) informado en varias ocasiones le será
concedido en atención a sus necesidades, para lo cual y conforme a lo establecido
en la normativa de la Empresa, simplemente deberá dar cumplimiento al
procedimiento establecido en el Reglamento de Permisos y Licencias para
trabajadores GTH-R-001 del 31 de mayo de 2013.
Consecuente de lo anterior, se puede concluir que la Empresa ha estado presta a
encontrar soluciones frente a su problemática y a su solicitud; no obstante
encontramos que usted sigue reiterando la petición de un permiso que está
claramente regulado en la Ley no solo en cuanto a su duración, sino también a su
término de prescripción, figura que ya operó.
Ahora bien, y bajo el entendido de que usted requiere un día de permiso remunerado
para el 17 de junio de 2014, adjuntamos a esta comunicación RP de permisos
suscrito, el cual usted deberá igualmente firmar y entregar en esta vicepresidencia
o en el front del Centro de Atención Local Bogotá.
Finalmente, y como en varias oportunidades se le ha solicitado, lo invitamos a
atenerse a lo expuesto en el artículo 6 de la Ley 1437 de 2011 en lo que hace
referencias a los “deberes de las personas”, y específicamente a lo establecido en
el numeral 3 de dicho artículo que regula “3. Ejercer con responsabilidad sus
derechos y en consecuencia, abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente
improcedentes”».
65.4 El 18 de junio de 201431, el mismo vicepresidente remitió a la Oficina de
Control Disciplinario la información relacionada con la reiteración de peticiones
presentadas por el señor Willmar Calderón Olmos frente al tema del permiso
por haber sido jurado de votación en las elecciones del 29 de mayo de 2011.
Petición del 24 de junio de 201332
Petición del 26 de junio de 201333
29 Folios 234 a 236 del PDF 015ED_C170602023 del expediente digital.
30 20 de noviembre de 2012, 25 de junio de 2013, 3 de diciembre de 2013, 11 de marzo de 2014, 8 de abril de
2014 y 13 de mayo de 2014.
31 Folios 197 y 198 del PDF 015ED_C170602023 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la
opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
32 Folio 199 del PDF 015ED_C170602023 del expediente digital.
33 Folio 201 del PDF 015ED_C170602023 ib.
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Recurrente: Willmar Calderón Olmos
Petición del 27 de junio de 201334
Petición del 15 de noviembre de 201335
Petición del 10 de marzo de 201436
Petición del 10 de marzo de 201437
Petición del 12 de marzo de 201438
Petición del 11 de abril de 201439
Petición del 11 de junio de 201440
Petición del 17 de junio de 201441
65.5 En vista de lo anterior, en fecha del 2.° de julio de 201442, la Oficina de
Control Disciplinario abrió investigación disciplinaria con el radicado nro. PD-
4803-2014, en contra del demandante por la presunta irregularidad en las
peticiones reiterativas e improcedentes.
65.6 El 9 de septiembre de 201543, el jefe de la Unidad de Control Disciplinario
de Ecopetrol, formuló pliego de cargos, de la siguiente manera:
«5.2.1. Cargo Único al señor Willmar Calderón Olmos
Usted, en su condición de trabajador de Ecopetrol S.A., en la Vicepresidencia de
Exploración para la época de los hechos (años 2013 y 2014), incurrió en presunta
falta disciplinaria al reiterar solicitudes evidentemente improcedentes relacionadas
con el tema del permiso por jurado de votación en las elecciones del 29 de mayo de
2011, al evidenciar las siguientes comunicaciones:
Tipo de Radicado Fecha Folios Dirigido a
documento
Correo 24 de junio 3y4 María del pilar
electrónico de 2013 Moya
Correo 27 de junio 6 María del pilar
electrónico de 2013 Moya
Correo 10 de marzo 9 Humberto Andrés
electrónico de 2014 Fuenzalida
Etcheverry
Correo 12 de marzo 10 Humberto Andrés
electrónico de 2014 Fuenzalida
Etcheverry
Comunicación 1-2014-063-5421 8 de abril de 245 Humberto Andrés
2014 Fuenzalida
Etcheverry
Comunicación 1-2014-063-5678 11 de abril de 11 Humberto Andrés
2014 Fuenzalida
Etcheverry
Comunicación 1-2014-063-7971 11 de junio 12 Humberto Andrés
de 2014 Fuenzalida y
Diego Fernández
García
Comunicación 1-2014-063-11788 17 de junio 14 y 15 Humberto Andrés
34 Folio 202 del PDF 015ED_C170602023 ib.
35 Folio 203 del PDF 015ED_C170602023 ib.
36 Folio 204 del PDF 015ED_C170602023 ib.
37 Folio 205 del PDF 015ED_C170602023 ib.
38 Folio 206 del PDF 015ED_C170602023 ib.
39 Folio 207 del PDF 015ED_C170602023 ib.
40 Folio 208 del PDF 015ED_C170602023 ib.
41 Folios 210 del PDF 015ED_C170602023 ib.
42 Folios 246 a 254 del PDF 015ED_C170602023 ib.
43 Folios 255 a 288 del PDF 015ED_C170602023 ib.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
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Recurrente: Willmar Calderón Olmos
de 2014 Fuenzalida y
Diego Fernández
García
Correo 15 de 7 y 223 Humberto Andrés
electrónico noviembre de Fuenzalida y Mario
2013 Germán Cardona
Uribe
65.7 Finalmente, el 31 de mayo de 2016 se profirió el fallo disciplinario de
primera instancia que sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e
inhabilidad especial al señor Willmar Calderón Olmos por el término de tres (3)
meses, decisión que fue confirmada en segunda instancia el 12 de octubre de
201644.
66. De cara a lo expuesto, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario en
estudio, dado que la situación fáctica planteada por el recurrente no comporta una
vulneración del debido proceso ni configura una anomalía procesal originada en la
sentencia objeto de revisión.
67. Véase que la mayoría de los argumentos expuestos por el recurrente están
encaminados a controvertir la valoración efectuada por el tribunal respecto del
material probatorio que reposa en el expediente, aspecto que, como se explicó en
el marco normativo de esta providencia, no corresponde a ninguno de los supuestos
habilitantes de la causal de revisión invocada.
68. Precisado lo anterior, observa la Sala que el censor aduce que se transgredió
el principio non bis in ídem, en tanto se presentaron dos sanciones disciplinarias por
los mismos hechos, a saber: los procesos nro. PD-4135-1245 y PD-4803-14. Pese a
ello, considera el despacho que no son ciertas las afirmaciones realizadas por el
demandante, ya que dichos procesos, aunque se fundamentaron en la misma falta
disciplinaria, tuvieron supuestos fácticos completamente distintos. El primero tuvo
origen en las solicitudes dirigidas a obtener un certificado de paz y salvo destinado
a exonerar al investigado de eventuales responsabilidades derivadas de su labor
como interventor contractual; mientras que en el segundo se le investigó por la
presentación reiterada de peticiones relacionadas con el permiso derivado de su
participación como jurado de votación.
69. Cabe resaltar que tampoco es acertada la afirmación según la cual existió otro
proceso disciplinario por los mismos hechos. Lo anterior, porque en la investigación
nro. PD-4343-13 los sujetos disciplinados eran otros empleados de Ecopetrol y no
el señor Willmar Calderón Olmos. De hecho, fue este último quien presentó la queja
ante la Oficina de Control Disciplinario para que se adelantaran las investigaciones
44 Folios 6 a 15 del PDF 015ED_C170602023 del expediente digital.
45 Aunque este proceso fue objeto de control judicial por parte del juez de lo contencioso administrativo, se
reitera que su génesis es completamente diferente al del caso de marras. Tanto es así que la sentencia del 3
de noviembre de 2022 —expedida dentro del proceso nro. 25000-23-42-000-2016-01304-02 (2377-2021), esta
Sección afirmó lo siguiente: «Cabe advertir que lo que el demandante alega es que él podía formular reiteradas
peticiones hasta cuando se expidiera una ”respuesta clara, concreta, precisa exacta a sus peticiones”, no
obstante, en criterio de esta subsección y según se deduce de las múltiples solicitudes, pretendía que fuera
favorable a él y se declarara su exoneración por la interventoría dentro del contrato 52022323.»
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00531-00 (7060-2023)
Recurrente: Willmar Calderón Olmos
correspondientes por la negativa del permiso requerido.
70. Además, no puede aseverarse que se incorporaron pruebas provenientes de
otro proceso, toda vez que en el expediente únicamente obran los elementos
demostrativos allegados dentro del proceso disciplinario objeto de control judicial,
sin que se evidencie el traslado de pruebas provenientes de otras actuaciones. El
hecho de que en el recurso de apelación se hubieran mencionado distintos procesos
disciplinarios no significa que se hubieran trasladado pruebas, ni que se hubiera
obligado al tribunal a examinar hechos o circunstancias ajenos al debate procesal.
71. De otra parte, a juicio de la Subsección, de ninguna manera se vulneró el
principio de imparcialidad, ya que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
nunca conoció de un proceso relacionado con la negativa del permiso reclamado
por el actor. En efecto, el proceso identificado con el radicado nro. 25000-23-42-
000-2016-01304, como se explicó anteriormente, versaba sobre asuntos
relacionados con labores de interventoría contractual y no sobre el permiso derivado
de la participación como jurado de votación.
72. En suma, para la Sala, no le asiste razón al recurrente cuando aseguró que el
tribunal extendió la valoración respecto del año 2011. La referencia a las solicitudes
formuladas durante esa anualidad tuvo como finalidad demostrar que el argumento
acogido por el juez de primera instancia, relativo a la aplicación de un procedimiento
posterior a los hechos, carecía de fundamento, pues para la fecha en que se
presentaron las solicitudes iniciales ya se encontraba vigente el Código ECP-VTH-
R-004.
73. Al mismo tiempo, es importante resaltar que el tribunal siempre tuvo presente
que el pliego de cargos formulado dentro del proceso disciplinario se refería
exclusivamente a las peticiones elevadas durante los años 2013 y 2014. Tanto es
así que señaló que, luego de la solicitud inicial, el señor Willmar Calderón Olmos
retomó su reclamación aproximadamente dos años después. En consecuencia,
aunque se registraron actuaciones durante el año 2012, estas no constituyeron
objeto de análisis dentro del proceso disciplinario ni de la sentencia objeto de
revisión.
74. Asimismo, la norma vigente para la fecha de presentación de la demanda era la
Ley 1437 de 2011 y no el Decreto 01 de 1984. Además, debe recordarse que los
hechos objeto de la investigación disciplinaria corresponden a las peticiones
reiteradas formuladas durante los años 2013 y 2014, y no a las solicitudes
presentadas en el año 2011.
75. Por último, en lo relativo a la alegada interrupción de la prescripción del derecho,
debe precisarse que el objeto del proceso ordinario que dio lugar a la presentación
de este recurso no consistió en determinar si el actor tenía o no derecho al día de
descanso compensatorio por haber actuado como jurado de votación, sino en
examinar la legalidad de la sanción disciplinaria impuesta por la presentación
reiterada de peticiones relacionadas con el mismo asunto.
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76. Por todo lo expresado, se declarará infundada la presente censura.
77. Condena en costas. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
78. En este contexto, y atendiendo a que el recurso extraordinario se declaró
infundado, es procedente la imposición de condenas por este concepto, máxime
porque Ecopetrol S.A. intervino en esta instancia y ejerció su derecho de
contradicción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado
por el señor Willmar Calderón Olmos en contra de la sentencia de segunda instancia
proferida el 29 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-42-048-2017-00241-02.
SEGUNDO. CONDENAR en costas y agencias en derecho al señor Willmar
Calderón Olmos, conforme a lo indicado en esta providencia, las cuales se
liquidarán por la secretaría de esta Sección.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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