RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02602-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02602-00

Fecha
28 de julio de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02602-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Willmar Calderón Olmos, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02602-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de julio de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02602-00
Demandante: WILLMAR CALDERON OLMOS
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCION SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO
CUANDO SE PRETENDE USAR ESTE MECANISMO
COMO UNA TERCERA INSTANCIA, DE AHÍ QUE EL
ASUNTO CAREZCA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: el actor reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales
por motivo de la providencia que confirmó la decisión de negar las súplicas de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la sanción disciplinaria
que le fue impuesta por parte de Ecopetrol, derivada del cúmulo de derechos de
petición que presentó para obtener un documento que lo exonerara de
responsabilidad por los sobrecostos generados en la ejecución de un contrato. Se
declara improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Wilmar Calderón Olmos
en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la

1
El demandante presentó el escrito de demanda el 12 de mayo de 2023 ante la Corte Suprema de
Justicia y en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, la Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito Judicial de
Bogotá y Ecopetrol SA.

Mediante auto de 15 de mayo de 2023, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
ordenó la remisión del proceso de la referencia a esta Corporación por considerar que, si bien el
demandante enlistó a todas las autoridades antes mencionadas como demandadas, los
fundamentos de la presunta vulneración únicamente se sustentaron en cuestionamientos a las
sentencias de 10 de marzo de 2021 y 3 de noviembre de 2022 emitidas en el proceso disciplinario
con radicación número 25000-23-42-000-2016-01304-00/01/02 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.

2

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para la protección de sus derechos fundamentales del trabajo, vida, asociación,
mínimo vital y acceso a la administración de justicia, previstos en los artículos 11,
25, 38, 39, 48 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión de las providencias de 10 de marzo de 2021 y 3 de noviembre de 2022
proferidas por dichas autoridades judiciales.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en
síntesis, lo siguiente:

1) El 30 de julio de 1990, el señor Wilmar Calderón Olmos se vinculó a la Empresa
Colombiana de Petróleos -en adelante Ecopetrol- para desempeñar labores como
geólogo.

2) El 19 de abril de 2006, le fue asignada la coordinación e interventoría del contrato
no. 5202323, cuyo objeto era la prestación del servicio de datamanagement,
cartografía y CEDEX en las vicepresidencias de exploración y producción de
Ecopetrol entre 2006 a 2008.

3) El demandante desarrolló esas funciones hasta el 10 de marzo de 2008, fecha
en la que, por una reestructuración interna y general de la empresa, fueron
asignadas a otro empleado.

4) El nuevo interventor del contrato encontró inconsistencias que no fueron
advertidas oportunamente por el señor Willmar Calderón Olmos, relacionadas con
el monto de los salarios que el contratista estaba pagando a sus trabajadores y, por
esa razón, requirió al demandante para que presentara un informe y solicitó un
concepto al Ministerio del Trabajo y a la Coordinación de Asesoría y Auditoría
Laboral de Ecopetrol.

5) Los hallazgos en la ejecución del contrato llevaron a que la Vicepresidencia de
Exploración de Ecopetrol presentara una queja en contra del demandante en virtud
de la cual se abrió la investigación disciplinaria no. PD-2739 de 2009, que culminó
con decisión del 13 de diciembre de 2012 en la que la Oficina de Control Interno
Disciplinario absolvió de toda responsabilidad al señor Calderón Olmos por las

3

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

labores que realizó como coordinador e interventor del mencionado contrato no.
5202323.

6) Adicionalmente, las partes reconocen que el señor Calderón Olmos elevó
múltiples derechos de petición, memoriales y reclamaciones en las que solicitó a
Ecopetrol la expedición de un “paz y salvo” sobre su participación en el contrato
referido.

7) Con memorando de 28 de noviembre de 2012, la directora de Relaciones
Laborales de Ecopetrol remitió una queja a la Unidad de Control Disciplinario de la
empresa con fundamento en las innumerables peticiones reiterativas que presentó
el señor Willmar Calderón tendientes a obtener el referido “paz y salvo” y las
correspondientes respuestas negativas que debió emitir la empresa, que generaron
un desgaste para la operación y las distintas áreas administrativas.

8) Esa nueva queja dio lugar a la apertura de una segunda indagación preliminar e
investigación disciplinaria en contra del demandante, identificada con radicación no.
PD-4135 de 2012, en cuyo trámite el actor presentó, entre otros, solicitudes de
nulidad, ilicitud, ilegalidad, suspensión de términos y terminación del proceso,
peticiones de pruebas, así como recursos de reposición y recusaciones.

9) El 8 de octubre de 2014 se formuló pliego de cargos en su contra por infringir el
numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 2, a título de dolo, en armonía con
el numeral 3 del artículo 6 del CPACA3.

10) El 16 de junio de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno de Ecopetrol
lo sancionó disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad
especial por el término de 4 meses, con fundamento en que varios funcionarios de
Ecopetrol debieron dar respuesta oportuna a los numerosos requerimientos

2
“Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los
contratos de trabajo.(…).”.
3
“Artículo 6. Deberes de las personas. Correlativamente con los derechos que les asisten, las
personas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes:
(…).
3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes
evidentemente improcedentes (…)”.

4

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

efectuados por el actor (2068 aproximadamente), lo cual generó un desgaste
administrativo y congestión en diferentes áreas de la empresa.

11) El demandante presentó apelación4 y mediante decisión de 14 de septiembre
de 2015, el presidente de Ecopetrol confirmó en todas sus partes el fallo disciplinario
de primera instancia por las mismas razones.

12) El señor Willmar Calderón Olmos demandó en nulidad y restablecimiento del
derecho los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, oportunidad en la
cual señaló, entre otras cosas5, que se vio forzado a presentar un gran número de
peticiones por motivo del temor que le infundió la empresa en los sobrecostos que
se pudieron generar por la ejecución del mencionado contrato no. 5202323 con la
posibilidad de que eventualmente Ecopetrol repitiera en su contra y en la necesidad
de contar con un documento en el que constara que fue exonerado de
responsabilidad.

13) La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 10 de marzo de 2021 en la
que negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que, si bien la
empresa está adelantando un proceso para levantar el fuero sindical del actor para
dar por terminado su contrato de trabajo, dicho trámite obedeció a causas ajenas al
proceso disciplinario -en el que se discutió la congestión administrativa generada
por sus peticiones- porque estuvieron relacionadas con el incumplimiento reiterado
del Reglamento Interno de Trabajo por parte del demandante.6

4
En ese escrito señaló que se vulneró su derecho fundamental del debido proceso, alegó una
indebida valoración de las pruebas testimoniales y documentales, afirmó que se trasgredió el
principio de non bis in idem porque su conducta como interventor del contrato no. 5202323 ya había
sido analizada en el proceso disciplinario PD-2739 de 2009, reclamó que la empresa varió las normas
que le fueron endilgadas como infringidas y reprochó que no se tuvieron en cuenta sus alegatos de
conclusión, solicitudes de recusación y múltiples recursos porque no fueron atendidos,
irregularidades que, a su juicio, conllevaron a la violación del derecho internacional humanitario, entre
otros aspectos.

5
En esa ocasión reiteró que se presentó la vulneración del principio de non bis in idem porque los
hechos ya fueron investigados en el proceso disciplinario con radicación no. -PD-2739-2009- que
culminó con fallo absolutorio, lo cual demostraba el hostigamiento, torturas, discriminación y
persecución laboral de la que fue víctima por su rol como trabajador sindicalizado.
6
Como consideraciones adicionales del fallo se anotó que fueron varios los comités y reuniones
celebrados entre el actor y diferentes empleados de Ecopetrol para crear espacios de diálogo y
definir un canal de respuesta al cúmulo de solicitudes presentadas por él y crear una gestión
preventiva para dar solución definitiva a sus cuestionamientos.

Para esa autoridad no quedó probada la persecución laboral que alegó el actor y el trámite otorgado
al proceso disciplinario se hizo en garantía de su derecho fundamental del debido proceso, además

5

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

14) Inconforme con la decisión, el demandante apeló la sentencia de primera
instancia, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda y estimó que
el tribunal i) hizo una errónea interpretación de las normas aplicables a su caso, ii)
no dio prelación a las leyes sustanciales de orden constitucional y de derechos
humanos amparados por tratados internacionales, iii) practicó una errada valoración
de las pruebas puestas en su conocimiento y no reconoció la existencia de hechos
reales.

15) Reclamó que se aplicó de manera equivocada la Ley 734 de 2002 y con ello se
vulneraron sus derechos fundamentales, el derecho internacional humanitario, el
régimen disciplinario y la convención colectiva de trabajo de Ecopetrol, con el único
propósito de desprestigiarlo y someterlo a un estado de indefensión que afectó de
manera grave la estabilidad económica de su núcleo familiar.

16) Mediante sentencia de 3 de noviembre de 2022, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia con
fundamento en que la conducta del actor afectó sustancialmente el deber funcional
de la empresa sin justificación alguna para ello.

2. Los fundamentos de la vulneración

En el escrito de demanda7, el demandante no invocó de manera expresa alguno de
los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales definidos por la jurisprudencia y, en términos generales, alegó que las
providencias de cuestionadas trasgredieron sus derechos fundamentales.

Para el actor, tales providencias justificaron la labor de Ecopetrol, quien con actos
de corrupción conformó un equipo de 6 profesionales, financiados con recursos
públicos, con el único propósito de perseguirlo, a través de metodologías de

de que no existieron pruebas que demostraran que se vio forzado a presentar peticiones reiterativas,
en tanto las numerosas decisiones en las que se negó la expedición de un “paz y salvo” fueron
debidamente justificadas por la falta de competencia de la empresa para expedir tal documento.
Se dejó constancia de que Ecopetrol asignó a 6 profesionales la función específica de dar respuesta
a los derechos de petición presentados por el demandante, con lo que se afectó el objetivo misional
de la empresa.

7
El cual es sumamente confuso, farragoso y anfibológico.

6

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

espionaje, adulteración digital de contenidos y falsificación de firmas para lograr el
levantamiento de su fuero sindical.

Las sentencias reprochadas son la expresión de una vendetta judicial resultado de
una orden directa de la vicepresidencia jurídica de Ecopetrol que pretermitió los
mecanismos establecidos en la sentencia C-381 de 2000 sobre fuero sindical y el
Convenio 98 de la OIT.

Reiteró que las autoridades demandadas desconocieron la vulneración del principio
de non bis in idem por parte de Ecopetrol porque esa empresa lo juzgó en dos
ocasiones por los mismos hechos y que en el curso del proceso disciplinario -
PD2739-2009- obtuvo un fallo absolutorio.

Por último, alegó estar en un estado de indefensión y haber sufrido daños
irremediables, consistentes en “35 torturas físicas” que lesionaron su salud y moral
y la de su núcleo familiar, materializadas en 12 investigaciones disciplinarias, 5
acusaciones de incompetencia laboral, 16 solicitudes de embargo en cuentas
bancarias y “20 ataques a su salud”.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1.- DECLARAR unidad de causa de conformidad con la Sentencia de
Constitucionalidad C-381-2000 los procesos judiciales 110013105-025-
2015-00266 y en el 250002342-000-2016-01304 cuando en ellos se
evidenció la extensión en el tiempo al esgrimieron una docena de
momentos las causas para el levantamiento de fuero sindical en amparo
del Convenio No 98 de la OIT en bloque de constitucionalidad y en estudio
de Sala de Revisión Cuarta de la Corte Constitucional T 7-880.734 (M.P.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO –RECUSADO-)

2.- ORDENAR DECLARAR QUE LA JUSTA CAUSA DESAPARECIÓ Y
EN CONSECUENCIA SE CONTROVIRTIÓ LA RAZÓN MISMA DE SU
CONSAGRACIÓN de conformidad con la Sentencia C-381-2000 (cfr.
Numeral 25 y s.s.) en doce momentos demostrados para levantar el fuero
del accionante, los días: ( i )25-abr-2012, ( ii ) 28-nov- 2012, ( iii )27-feb-
2014, ( iv ) 20-mar-2014, ( v )29-abr-2014, ( vi ) 5-sep-2014, ( vii )23-oct-
2016, (viii)30-nov-2017, ( ix )25-may-2018, ( x )31-mar-2022, ( xi )21-oct-
2022 y ( xii )26-ene-2023, por acumulación en unificación en Tutela
7.880.734.

3.- DECLARAR procedente la presente acción de tutela, en amparo de los
derechos fundamentales constitucionales a la vida, al non in bis ídem, al
juez natural, al trabajo digno, al mínimo vital y el derecho de asociación

7

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

en conexidad con el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 25, 38, 39,
42, 53 y 44 de la misma carta magna de nuestra administración de justicia.

4.- En Consecuencia, a la decisión anterior se ordene REVOCAR las
siguientes decisiones administrativas:

4.1.- Actos Administrativos contenidos en los fallos disciplinarios de
primera y segunda instancia proferidos por la Gerencia de Control
disciplinario de ECOPETROL S. A. del 6 de julio de 2015 y en segunda
instancia por el Presidente de ECOPETROL el 15 de septiembre de 2015.

4.2.- Comunicación No. 2-2015-015-665 del día 23 de septiembre de 2015
donde ECOPETROL S.A. suspendió el contrato laboral del Sr. WILLMAR
CALDERÓN OLMOS sin la calificación, autorización y aprobación del juez
natural Ordinario en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social.

4.3.- Sentencia de Primera Instancia proferida del día 10 de marzo de
2021 dentro del proceso con número de radicado 25000-23-42-000-2016-
01304-00 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda – Subsección “C”. M.P. Amparo Oviedo Pinto.

4.4.- Sentencia de Segunda Instancia proferida el día 3 de noviembre de
2022 (notificada el 26 de enero de 2023) dentro del proceso con número
de radicado CUI: 25000-23-42-000-2016-01304-02 Consejero ponente:
Carmelo Perdomo Cuéter.

5.- Como consecuencia de lo anterior CONDENAR a Ecopetrol S.A., a
que reconozca y pague al accionante las pretensiones invocadas en el
Petitum de la solicitud de Conciliación administrativa y en demanda de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (Ver capítulo V.
PETITUM EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIV[O]
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO).

6.- ORDENAR a Ecopetrol S.A. anular el antecedente disciplinario de la
Historia Laboral y de las bases de datos de la Procuraduría el nombre del
accionante que se impuso en contravía de la Sentencia C-381-2000 de la
Corte Constitucional al pretermitir la autorización del juez natural Ordinario
en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social en la comunicación
No. 2-2015-015-665 del día 23 de septiembre de 2015 así: “En
cumplimiento de lo ordenado en el fallo de primera instancia, fechado 16
de junio de 2015 y fallo de segunda instancia de fecha 14 de septiembre
de 2015, en contra de usted señor WILLMAR CALDERÓN OLMOS,
identificado con la cédula de ciudadanía 9.529.459, providencia que
resolvió declararlo disciplinariamente responsable del cargo elevado en
su contra y toda vez que el mismo ha cobrado ejecutoria, le comunico que
la sanción allí impuesta trae como consecuencia la “SUSPENSIÓN EN EL
EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL
TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES”, a partir del día 25 de septiembre de
2015 regresando a laborar el día 23 de enero de 2016.”

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 19 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación del presidente y magistrados integrantes de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda

8

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Adicionalmente, se ordenó la notificación del presidente de Ecopetrol por asistirle
interés jurídico en el proceso.

Mediante memorial de 29 de junio de 2023, el señor Willmar Calderón formuló
recusación en contra del magistrado conductor de esta acción constitucional por el
hecho de haber participado en la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profirió la providencia de
31 de enero de 2019 en el proceso del recurso de insistencia radicación no. 25000-
23-41-000-2019-00019-00, en el cual se decidió la insistencia ante la negativa de
Ecopetrol SA para entregarle información reservada al actor con ocasión de 2
derechos de petición por él presentados.

Sin embargo, con auto de 28 de junio de 2023 se rechazó la solicitud de recusación
elevada por el demandante8.

5. Intervención de las autoridades demandadas

El magistrado titular de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado manifestó que las razones que le sirvieron de fundamento para proferir la
providencia cuestionada están debidamente consignadas en sus motivaciones.

La magistrada de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca indicó que no se presentó una vulneración de los
derechos fundamentales del demandante como podría verificarse con las
consideraciones de la sentencia atacada.

8
Porque según el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 no es procedente la recusación en los
trámites de acciones de tutela y, además, por no concurrir alguna de las causales de impedimento
que justificaran que el magistrado ponente se apartara del conocimiento de este asunto, puesto que
el objeto de la acción de tutela de la referencia está dirigido a cuestionar las providencias judiciales
proferidas en un proceso laboral de carácter disciplinario por parte de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mientras que, la finalidad del recurso de insistencia que resolvió
en su momento la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca era la entrega de unos documentos de carácter reservado, además,
porque fue completamente infundado que el magistrado ponente de esta decisión hubiese emitido
opinión o concepto sobre el asunto que se ventiló en esta acción de tutela, pues, nunca y en modo
alguno dio opinión sobre este asunto.

9

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

Ecopetrol solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no
se vulneraron los derechos fundamentales del demandante y actuó conforme al
debido proceso y lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y la
Convención Colectiva de Trabajo de la empresa, además de que no se presentó un
perjuicio irremediable y tampoco un fundamento fáctico o jurídico que permitiera la
intervención del juez de tutela para amparar los derechos deprecados por el actor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
delimitación del asunto y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. Delimitación del asunto

En primer lugar, la Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las
providencias de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo

10

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
lo cierto es que los argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a
controvertir el contenido de la sentencia de segunda instancia, siendo aquella la que
definió el marco de decisión de la presente providencia.

Lo anterior, aunado a que la providencia de segunda instancia fue la que finalizó el
proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la
autoridad judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En suma, el análisis
de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.

3. El caso concreto

En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del trabajo, vida, asociación, mínimo vital
y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de
la sentencia de 3 de noviembre de 2022, en la que se confirmó la providencia que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
presentó el actor en contra de Ecopetrol.

Aclarado lo anterior y en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala
anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no cumplió
con el requisito de relevancia constitucional en la medida que todos los
planteamientos que la sustentaron se dirigieron de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite
del proceso ordinario, de modo que es evidente que el demandante busca con este
mecanismo de amparo obtener un nuevo pronunciamiento frente a aquello que ya
fue decidido por el juez natural de la causa como pasa a exponerse:

1) Los fundamentos de vulneración que de manera confusa expuso el señor Willmar
Calderón Olmos se subsumen en que, a su juicio, la autoridad judicial demandada
vulneró sus derechos fundamentales porque omitió tener en cuenta que el proceso
disciplinario que Ecopetrol adelantó en su contra fue una actuación “corrupta”
tendiente a lograr el levantamiento de su fuero sindical en la que se aplicaron de
manera errada los lineamientos previstos en la Ley 734 de 2002 -Código

11

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

Disciplinario Único- porque se pretermitió el procedimiento pactado en la convención
colectiva de trabajo de Ecopetrol para que procediera dicho levantamiento.

2) Sin embargo, tales planteamientos no son más que una réplica de las razones de
reproche que el demandante expuso en el curso del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.

3) En efecto, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó
el demandante se expusieron esos argumentos como fundamento jurídico de las
pretensiones en los siguientes términos:

“25. Sino fuera porque las leyes laborales colombianas brindan el amparo
al trabajador aquí demandante, más en su condición de dirigente sindical
con fuero especial, el trabajador aquí demandante ya habría sido
despedido de ECOPETROL S.A., aún cumpliendo sus deberes de ley,
como el que lo obligan a informar de sus labores a sus jefes inmediatos:

• En el Código sustantivo del trabajo

• En la convención colectiva de trabajo vigente para las fechas 2006 al
2008 (...)

28.1 Actualmente el contrato de trabajo de mi poderdante con
ECOPETROL S.A. tiene incorporado la convención colectiva de
trabajo APLICABLE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE
ECOPETROL S.A.

28.2 La convención colectiva de trabajo referida en el hecho anterior,
registra los acuerdos pactados entre la representación de la
administración de ECOPETROL S.A., y la representación de los
trabajadores sindicalizados, como deberes y obligaciones en cuanto a
salarios y prestaciones legales y extralegales, desempeños y
valoraciones de funciones encomendadas, incluyendo
procedimiento[s] para atender los reclamos presentados por los
trabajadores a su jefe inmediato o empleador. (...)

35.1 Que el trabajador oficial aquí demandante, por el hecho de haberse
sindicalizado, y ser dirigente sindical, está siendo hostigado, perseguido,
intimidado, torturado, sancionado por funcionarios de la empresa, con el
objeto de provocar su retiro o de otra forma su despido violando el debido
proceso, vulnerándoles sus derechos fundamentales constitucionales,
incluso sus derechos humanos. (...)

Con la expedición de la resolución sancionatoria (...) se infringieron los
siguientes preceptos, que hace procedente (sic) la acción administrativa
en el marco de los siguientes derechos: (...)

3) Del código único disciplinario: 143, numerales 2 y 3, en concordancia
con los artículo[s] del mismo código: 5, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23,
28 numerales 2 al 6, 33 numerales 2 al 10, 34, 35, 42, 43, 48, en especial
los artículos 128, 129, 130, 131, 135, 141, 142 (...)

12

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

5) Los anteriores derechos en concordancia con los de (...) la convención
colectiva de trabajo aplicable a los trabajadores sindicalizados de
ECOPETROL S.A. (...)

Se transgredieron las disposiciones constitucionales, de ley de la
convención colectiva de trabajo de ECOPETROL S.A. y del reglamento
interno de trabajo, arriba citadas, por cuanto se desconocieron las
obligaciones en ellas contenidas de dar protección al trabajo, siendo
derechos fundamentales del TRABAJADOR aquí demandante, quien para
el presente caso es trabajador OFICIAL, con disposiciones laborales y
disciplinarias regladas no solo en el Código Sustantivo del trabajo, SINO
TAMBIÉN con derechos pactados y reglados en la Convención
Colectiva de Trabajo, esta última aplicable con preferencia y
prevalencia al trabajador sindicalizado, con plena observancia de las
normas que regulan los reclamos y sanciones que deben ser
aplicadas a los trabajadores sindicalizados de ECOPETROL S.A. y
conciernen al presente caso.”. (mayúsculas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

4) Frente a tales cargos de nulidad, la autoridad judicial de primera instancia hizo
las consideraciones que a continuación se transcriben:

“Sobre este particular, el actor dentro de sus argumentos, señaló que en
el presente caso se debieron aplicar los artículos 86 y siguientes de la
Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre ECOPETROL y la
Unión Sindical Obrera de la Industrial del Petróleo – USO, vigente para
los años 2009 a 2014, y no el Código Disciplinario Único.

Sin embargo, el Capítulo XI de esta Convención, que contiene los
artículos 86 y 87, hace alusión al procedimiento para aplicar las
sanciones, más no a las conductas que constituyen faltas disciplinarias
como tal, tema que se analizará en este y en el siguiente acápite. (...)

Pues bien, respecto a estas causales de nulidad, son varios los
argumentos expuestos por el apoderado del demandante. Uno de ellos,
es la presunta persecución en su contra por ser dirigente sindical, y por
haber denunciado casos de corrupción al interior de la Empresa.

Frente a este punto, el actor no indicó ni demostró en forma clara desde
qué fecha está sindicalizado. Sin embargo, y contrario a sus afirmaciones,
dentro del plenario se encuentra demostrado que, durante toda su
trayectoria laboral, tuvo varios ascensos dentro del nivel jerárquico de la
Empresa, e incluso, llegó a ocupar el cargo de Profesional 1A, cargo que,
a voces de la misma apoderada de ECOPETROL, es la escala más alta
para los profesionales de la organización, la cual es ocupada por un
pequeño porcentaje de los trabajadores.

De otra parte, aunque dentro del expediente está demostrado que la
Empresa se encuentra adelantando un proceso para levantar su fuero
sindical y dar por terminado su contrato de trabajo, también se probó que
esto obedeció a causas totalmente ajenas al proceso disciplinario objeto
de estudio, como lo fue el incumplimiento reiterado al Reglamento Interno
de Trabajo por parte del accionante.

(...).

Igualmente, y lejos de haberse demostrado una actuación torticera o de
retaliación por parte de la entidad, dentro del expediente se demostró que

13

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

fueron varios los Comités y Reuniones en los que se concentraron el actor
y diferentes empleados de ECOPETROL, a fin de discutir diferencias que
se presentaban entre las partes, crear “Espacios de dialogo para
presentar los casos” y “Definir el canal de respuesta a las solicitudes del
señor Willmar Calderón”.

(...).

De otra parte, y frente a lo que el actor denominó como una “estrategia”
de ECOPETROL para resolver sus derechos de petición, se demostró
que, en efecto, varios funcionarios de la Empresa sostuvieron reuniones
y fijaron planes y metas para poder atender en forma oportuna y efectiva
el cúmulo de derechos de petición presentados por el señor Calderón
Olmos, actuación que, contrario al sentir del accionante, no vulneró
ninguno de sus derechos, ni constituyó la persecución que endilga.

En efecto, dentro del expediente, no consta que en estas reuniones se
hayan trazado directrices violatorias de los derechos del actor,
fraudulentas, o contrarias a derecho.

Por el contrario, y del mismo material probatorio aportado por el
accionante, se observa que los funcionarios de ECOPETROL buscaron
definir una estrategia de gestión reactiva, para dar “Efectiva y oportuna
respuesta a las solicitudes” y de gestión preventiva, en orden a encontrar
una solución definitiva al tema.

Igualmente, fueron 6 personas encargadas de llevar avante esta
“estrategia”, que además tenía como objetivos: i) que las respuestas a las
peticiones contaran con el suficiente apoyo y asesoría; ii) revisar temas a
fin de implementar mejoras en los procesos internos; ii) lograr una
“eventual satisfacción definitiva de una de las constantes reclamaciones
del solicitante”; iv) adoptar una “actuación transparente por parte de
ECOPETROL SA de cara a sus direccionamientos de Talento Humano”,
entre otras.

(...).

Finalmente, y en punto a los argumentos del actor relativos a casos de
corrupción al interior de ECOPETROL, los pormenores del contrato No.
5202323, y las sentencias que condenaron a ECOPETROL por diferentes
aspectos de este contrato, debe señalarse que son aspectos que no
guardan ninguna relación con el análisis que ocupa a esta Sala de
Decisión.

En efecto, si el actor conoce situaciones de corrupción al interior de la
entidad, tiene la posibilidad de ponerlas en conocimiento de las
autoridades competentes, tal como al parecer lo ha hecho, sin que, se
itera, se encuentre demostrado que esa situación haya permeado la
imparcialidad de la entidad demandada.

De otra parte, si el demandante cumplió o no en debida forma sus
funciones como interventor, o si de ello se deriva algún tipo de
responsabilidad por los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia,
es un tema que escapa de la órbita de estudio del presente medio de
control.”.

5) Como viene de leerse los reproches que el señor Willmar Calderón Olmos expuso
en la demanda de tutela, relacionados con la persecución de la que supuestamente

14

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

fue víctima por parte de Ecopetrol, el presunto interés de esa empresa en levantar
su fuero sindical a través del proceso disciplinario que se adelantó en su contra por
el hecho de haber presentado múltiples solicitudes, así como la supuesta
inaplicación de la Convención Colectiva de Trabajo fueron argumentos que también
expuso en la demanda ordinaria y que ya fueron analizadas en la primera instancia
del proceso ordinario.

6) Frente a tales particulares, el tribunal denotó que al demandante sí le era
aplicable lo regulado en el Estatuto Único Disciplinario, en atención a la naturaleza
de su vinculación legal y reglamentaria como servidor público vinculado a una
entidad estatal del orden nacional; que no quedaron probados los actos de
corrupción a que hizo referencia y que si bien Ecopetrol adelantó el trámite
correspondiente para efectos de lograr el levantamiento del fuero sindical del
demandante, tal decisión no tuvo origen en los hechos que dieron causa al proceso
disciplinario referido, sino en el constante incumplimiento por parte del actor al
reglamento interno de trabajo.

7) Pese a lo anterior, en el escrito del recurso de apelación que presentó contra la
anterior decisión, el actor fue insistente en exponer los cargos de nulidad referidos
y anotó lo siguiente:

“La Sala de decisión al proferir la sentencia aquí atacada en recurso de
apelación, se negó [a] apreciar que el proceso disciplinario con el que se
impuso la sanción atacada en la presente demanda, con suspensión del
contrato de trabajo (...) fue producto de retaliación con intimidación por ser
dirigente sindical, quien en cumplimiento de sus deberes conjuntamente
con otros siete trabajadores dirigentes sindicales, recibieron y llevaron una
denuncia ante la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ANTE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, ANTE LA PROCURADURÍA, señalando la
corrupción administrativa en ECOPETROL, tal como se muestra en la
prueba incorporada al proceso.

(...).

El hecho de haber los ochos (sic) dirigentes sindicales trasladado la
denuncia ante la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, como ante la
Fiscalía General de la Nación, como también ante la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, LLEVÓ A LA OFICINA JURÍDICA LABORAL
DE ECOPETROL (...) a trazar una estrategia EN RETALIACIÓN contra el
dirigente sindical WILLMAR CALDERON OLMOS, para llevar a la oficina
de control disciplinario de ECOPETROL una queja carente de
competencia con alteraciones de hechos.

El hecho anterior ocurrió aun siendo la abogada Ayde Mary Ramírez
firmante de la convención colectiva de trabajo vigente años 2009 A 2014
en representación de ECOPETROL que la hacía conocedora de la misma,

15

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

en especial del procedimiento para atender reclamos como la de imponer
sanciones a los trabajadores sindicalizados, todo respondiendo a la
estrategia trazada a imponer una sanción con miras a provocar el despido
del trabajador aquí demandante (...) eludiendo aplicar EL
PROCEDIMIENTO PACTADO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE
TRABAJO aplicable a los trabajadores sindicalizados y en su lugar llevar
[a] aplicar de manera equivocada LA LEY 734 DE 2002, llamado código
único disciplinario, para así lograr el propósito de la retaliación trazada a
provocar la sanción atacada en la presente demanda de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

(...).

La Sala de Decisión, al proferir la sentencia aquí atacada en recurso de
apelación, omitió que para ECOPETROL SA existe[n] dos regímenes
disciplinarios y sancionatorios distinto[s]; uno es el pactado y reglado en
la Convención Colectiva de Trabajo aplicable a los trabajadores
sindicalizados (...) y el otro es el reglado en la ley 732 de 2002, ley esta
que es aplicable a los trabajadores llamados empleados públicos no
sindicalizados de libre nombramiento y remoción.

(...).

Al tiempo que la Sala de decisión al proferir la sentencia aquí atacada en
apelación, se negó [a] apreciar las pruebas referidas en el hecho anterio,
tiene los agravantes que, en la sentencia aquí atacada expresó que el
trabajador aquí demandante fue disciplinado en el año 2002 como hecho
invocado por ECOPETROL, eludiendo que de ese hecho fue exonerado
del cargo, aun siendo un hecho carente de validez jurídica con menor
valor probatorio al no presentar otra queja laboral en los diez años
siguientes, es decir antes del año 2012 que se le abrió pliego de cargo a
un año después de la denuncia referida”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).

8) Sobre tales planteamientos la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado consideró lo siguiente:

“Cabe advertir que lo que el demandante alega es que él podía formular
reiteradas peticiones hasta cuando se expidiera una «respuesta clara,
concreta, precisa exacta a sus peticiones», no obstante, en criterio de esta
subsección y según se deduce de las múltiples solicitudes, pretendía que
fuera favorable a él y se declarara su exoneración por la interventoría
dentro del contrato 52022323.

Para la Sala, las actuaciones del actor comportan una actuación irregular
y un desconocimiento de sus deberes como trabajador del Estado, porque
se demostró que, de manera improcedente, con claro abuso del derecho,
formuló reiteradas peticiones de las cuales, para el pliego de cargos,
simplemente se mostraron cinco (5), pero su afectación al servicio fue alta,
como lo afirmaron los deponentes arriba citados.

Recuerda la Sala que lo que el régimen sancionatorio administrativo
castiga de los servidores estatales es la conducta violatoria del deber
funcional como trabajador estatal, por cuanto no existe justificación alguna
para que el demandante abuse del derecho de petición, al impetrar cientos
de peticiones, de los cuales cinco (5) se tuvieron como muestra, para
imputarle pliego de cargos.

16

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

(...).

Ahora bien, el demandante en esta instancia pretende que se reconozca
que era válido congestionar a la Administración, en condición de su
empleador, con varios derechos de petición sobre un mismo tema,
idénticas pretensiones e igual justificación; para la Sala no es de recibo
los argumentos presentados, pues la no satisfacción de sus pretensiones
no constituye una autorización para abusar del derecho de petición. En
este asunto, se insiste, lo que se juzgó fue la obstinación dolosa en
formular solicitudes para obtener una exoneración que Ecopetrol no podía
emitir, frente a sus actuaciones como interventor dentro del contrato
52022323, lo que evidentemente congestionó y afectó el servicio e hizo
malgastar los recursos estatales.

(...).

Asimismo, esta subsección juzgó actos administrativos sancionatorios
que disciplinaron a un trabajador oficial de Ecopetrol, incluso con
demostrado fuero sindical, por ende, no existe fundamento para
considerar que la empresa demandada carece de competencia para
sancionar disciplinariamente a sus servidores, conforme a los
lineamientos que estableció la Ley 734 de 2002, a cuyo control judicial
está sometida a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

(...).

Se insiste, de las pruebas recaudadas se colige que al demandante se le
brindó las garantías pertinentes dentro del trámite disciplinario, quien,
según lo demostrado, abusó del derecho de petición al presentar cientos
de reclamaciones, de las cuales simplemente, a título de muestreo y para
concretar los cargos, se utilizaron 5 manifiestamente improcedentes; en
efecto, como ya se indicó, los testimonios son contestes en señalar la
cantidad exagerada de solicitudes improcedentes relacionadas con un
paz y salvo sobre un contrato, respecto del cual no podían ni pueden
salvaguardar su indemnidad frente a una eventual responsabilidad
cuando ejerció como interventor; y el hecho de que sea un trabajador
sindicalizado, per se, no lo exonera de su deber de responder
disciplinariamente mientras desempeña su labor como servidor oficial; el
derecho convencional de la OIT no ampara esa clase de elusión de
responsabilidad. En consecuencia, el cargo en los términos propuestos
no prospera”.

9) Así entonces, la autoridad judicial demandada resolvió en segunda instancia los
planteamientos que el actor arguyó en su escrito de apelación y que se acompasan
con los fundamentos de vulneración plasmados en la demanda de tutela, referentes
a la supuesta persecución de que fue víctima por parte de Ecopetrol con el propósito
de levantar su fuero sindical.

10) El juez natural de la causa precisó al demandante, como lo hiciera el a quo del
proceso ordinario, que los hechos que justificaron la imposición de la sanción
disciplinaria, derivaron, no de situaciones relacionadas con su condición de
sindicalista, sino única y exclusivamente por la congestión administrativa que

17

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

generó por haber presentado un número elevado de peticiones reiterativas,
tendientes a obtener la expedición de un documento de “paz y salvo” en el que
constara su falta de responsabilidad por los sobrecostos que pudieron generarse en
la ejecución del contrato no. 52022323.

11) En esa medida, esta Sala denotó que los argumentos de la acción de tutela ya
fueron analizados y resueltos en la sentencia de 3 de noviembre de 2022 de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

12) Para sustentar la vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales
la parte demandante expuso los mismos planteamientos que en la demanda
ordinaria y reiterados en el recurso de apelación contra el fallo de la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo cual ya
fueron analizados en el proceso ordinario por el juez natural de la causa.

13) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicios o defectos
a dichas situaciones, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron
planteados y decididos en el proceso ordinario.

14) Lo expuesto permite concluir que el actor pretendió emplear a la acción de tutela
como una instancia adicional y buscó obtener una decisión favorable a sus intereses
en el proceso en que se profirió la providencia atacada.

15) Ante ese panorama la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está
instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento
jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la causa para decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.

16) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de tutela
que presentó el señor Willmar Calderón Olmos no reviste relevancia constitucional
porque su objeto de la demanda fue reabrir un debate jurídico procesal propio del
proceso ordinario y el juez constitucional está impedido para pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia, por lo cual se declarará improcedente el
amparo solicitado.

18

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02602-00
Actor: Willmar Calderón Olmos
Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Willmar
Calderón Olmos, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.