Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02602-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02602-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02602-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-
000-2023-02602-01 y 11001-03-15-000-2023-04095-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL
ACTOR PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO
EXAMEN DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA LITIS, CON
LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, AL TRABAJO DIGNO, AL
MÍNIMO VITAL Y AL DERECHO DE ASOCIACIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 28 de julio de 2023, proferida en primera instancia por
la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
ESTADO1, dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 110010315000-2023-02602-00.
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor WILMAR CALDERÓN OLMOS, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, al trabajo digno, al mínimo vital, al derecho
de asociación y al principio del non bis in ídem, los cuales estima
vulnerados por la CORTE CONSTITUCIONAL, la SALA LABORAL
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, la SALA LABORAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, el JUZGADO VEINTICINCO
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, ECOPETROL S.A., la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 y la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO3, con
ocasión de la sentencia de 3 de noviembre de 2022, a través de la
1
En adelante SECCIÓN TERCERA.
2
En adelante el TRIBUNAL.
3
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
cual esta última decidió en segunda instancia el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 250002342000-2016-01304-02.
I.2.- Hechos
El actor indicó que el 30 de julio de 1990, a través de contrato de
trabajo se vinculó a Ecopetrol como geólogo.
Manifestó que el 19 de abril de 2006, le fue asignada la coordinación
e interventoría del contrato núm. 5202323, cuyo objeto era la
prestación del servicio de Datamanagement, Cartografía y CEDEX en
las vicepresidencias de exploración y de producción de Ecopetrol
durante los años 2006 a 2009; no obstante, realizó las labores hasta
el 10 de marzo de 2008, cuando las funciones fueron asignadas a
otra persona.
Expuso que el nuevo interventor procedió a modificar los parámetros
del contrato que ya habían sido trazados, ordenados e impartidos por
la oficina jurídica de la empresa, lo que dio lugar a su finalización y
liquidación.
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
Anotó que el 8 de octubre de 2014, la oficina de control interno
disciplinario de Ecopetrol formuló pliego de cargos en su contra,
presuntamente, por haber infringido el numeral 1 del artículo 35 de
la Ley 734 de 5 de febrero de 20024, por la presentación reiterada
de peticiones para que expidieran paz y salvo y/o que se declarara
que no tenía alguna responsabilidad por los posibles sobrecostos
generados por la ejecución del contrato 5202323, aludido.
Explicó que a través de acto administrativo de 6 de junio de 2015 la
oficina de control interno disciplinario de Ecopetrol lo sancionó con
suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el
término de 4 meses, con fundamento en que varios funcionarios de
la empresa debieron dar respuesta oportuna a los numerosos
requerimientos, lo que afectó el servicio.
Adujó que la referida decisión fue confirmada por la presidencia de
Ecopetrol, a través de acto administrativo de 14 de septiembre de
2015.
Sostuvo que en el año 2016 promovió un medio de control de nulidad
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“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Derogada.
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
y restablecimiento del derecho contra Ecopetrol, con la finalidad de
discutir la legalidad de la sanción que le fue impuesta, así como para
obtener la reparación de los daños que le fueron causados.
Precisó que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 250002342000-2016-01304-00 y asignado para su
trámite, en primera instancia, al TRIBUNAL que mediante sentencia
de 10 de marzo de 2021 denegó las pretensiones de la demanda.
Agregó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación ante
la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que, a través de
sentencia de 3 de noviembre de 2022, confirmó la decisión recurrida
al estimar que su comportamiento sí afectó sustancialmente el deber
funcional sin justificación alguna, no hubo desconocimiento de su
derecho de audiencia, no hubo expedición irregular y no se demostró
la desviación de poder.
Adujo que, en forma paralela, en el año 2015, Ecopetrol promovió
en su contra el proceso identificado con el número único de
radicación 110013105-025-2015-00266, para obtener el
levantamiento de su fuero sindical y la autorización para la
terminación de su contrato laboral, el cual fue decidido en segunda
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en
sentencia de 24 de mayo de 2019, en la que accedió a las
pretensiones de la demanda.
Anotó que promovió una acción de tutela contra la referida decisión.
Sin embargo, surtidas las instancias correspondientes, en sede de
revisión, a través de sentencia T-266 de 2022, la Corte Constitucional
declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que al proferir la sentencia cuestionada la SECCIÓN
SEGUNDA “[…] consigna una serie de situaciones que demuestran
la extensión el tiempo de las vicisitudes y desarrollo de una
persecución al FUERO SINDICAL por parte de Ecopetrol S.A. con el
firme y único propósito de aniquilar el convenio internacional No 98
de la Organización Internacional del Trabajo OIT […]”.
Expuso que Ecopetrol buscaba a toda costa constituir una justa
causa para el levantamiento de su fuero sindical, para lo cual
conformó “[…] un equipo de seis profesionales dedicado y financiado
con recursos públicos para perseguir y ejecutar una estrategia oculta
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
y cínica que resultó valorada, estudiada y confirmada por el Consejo
de Estado […]”.
Afirmó que fue demostrada la persecución sindical de la que fue
objeto, además de que se desconoció el principio de non bis in ídem
por parte de Ecopetrol porque lo juzgó en dos ocasiones por los
mismos hechos, puesto que en un anterior proceso disciplinario
obtuvo un fallo absolutorio.
Manifestó que somete a consideración “[…] la persecución sindical de
un aforado que fue valorada, tolerada y aprobada por el Consejo de
Estado en la Sentencia atacada, para que en lo posible el ruego se
unifique lo que con que astucia y perversidad fraccionó Ecopetrol en
múltiples procesos, y hoy día se constituye una docena de momentos
diversos a los que dieron origen a la eventual posibilidad de
levantamiento del fuero […]”.
Indicó que el “[…] Consejo de Estado convalidó la estrategia durante
el desarrollo de la investigación disciplinaria PD-4135-12 cuando
ECOPETROL S.A. esgrimió la justa causa en dos puntos procesales
(ver anexo del 28-nov-2012 y 20-mar-2014) como estrategia de
persecución sindical para levantar el fuero del accionante por el
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
equipo instituido […]”.
Adujo que las conductas que se le atribuyeron para el levantamiento
del fuero sindical debieron usarse dentro de los dos meses siguientes
a su configuración, por lo que al haberse vencido ese término la
acción estaba prescrita y, en tal sentido “[…] el accionar del Consejo
de Estado fue ILEGAL con su estudio […]”.
Explicó que los testimonios recibidos dentro del proceso disciplinario
fueron falsos, dado que “[…] la Sra. Adriana Yizeth Ávila Galindo
(Gerente y jefe de área) no dijo lo mismo, pues el 13- ago-2013 a
rúbrica del 2012 señaló como cierto que “fueron objeto de análisis y
respuesta por dicha oficina, nos remitimos para todos los efectos del
caso a lo allí resuelto, dando así por atendidas sus peticiones,
mientras que el 4-feb-2020 que no tuvo conocimiento […]”.
Indicó que con fundamento en la sentencia C-381 de 2000, es
procedente que se acumule el proceso de levantamiento del fuero
sindical con el de nulidad y restablecimiento del derecho en que se
cuestionó la sanción disciplinaria, para demostrar los diversos
eventos que dieron lugar al primero, entre otros, que la persecución
obedeció a las denuncias que hizo sobre los derechos pensionales de
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
los trabajadores de la empresa, así como a irregularidades
contractuales que puso en evidencia.
Aseguró que “[…] por atreverme a dar testimonio en contra de
ECOPETROL S.A. fui sometido a una serie sucesiva de TREINTA Y
CINCO (35) torturas físicas, lesionando la salud y la moral en contra
del geólogo y la de sus familiares, menores de edad, sin poder
recuperarnos, desde el 2014, con uso abusivo de recursos del estado
por ECOPETROL […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] 1.- DECLARAR unidad de causa de conformidad con la
Sentencia de Constitucionalidad C-381-2000 los procesos
judiciales 110013105-025-2015-00266 y en el 250002342-000-
2016-01304 cuando en ellos se evidenció la extensión en el
tiempo al esgrimir una docena de momentos las causas para el
levantamiento de fuero sindical en amparo del Convenio No 98
de la OIT en bloque de constitucionalidad y en estudio de Sala
de Revisión Cuarta de la Corte Constitucional T 7-880.734 (M.P.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO –RECUSADO-).
2.- ORDENAR DECLARAR QUE LA JUSTA CAUSA
DESAPARECIÓ Y EN CONSECUENCIA SE CONTROVIRTIÓ
LA RAZÓN MISMA DE SU CONSAGRACIÓN de conformidad
con la Sentencia C-381-2000 (cfr. Numeral 25 y s.s.) en doce
momentos demostrados para levantar el fuero del accionante,
los días: ( i )25-abr-2012, ( ii ) 28-nov- 2012, ( iii )27-feb-2014,
( iv ) 20-mar-2014, ( v )29 abr-2014, ( vi ) 5-sep-2014, ( vii
)23-oct-2016, (viii)30-nov-2017, ( ix )25-may-2018, ( x )31-
mar-2022, ( xi )21-oct-2022 y ( xii )26-ene-2023, por
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
acumulación en unificación en Tutela 7.880.734.
3.- DECLARAR procedente la presente acción de tutela, en
amparo de los derechos fundamentales constitucionales a la
vida, al non in bis ídem, al juez natural, al trabajo digno,
al mínimo vital y el derecho de asociación en conexidad con
el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 25, 38, 39, 42, 53 y
44 de la misma carta magna de nuestra administración de
justicia.
4.- En consecuencia, a la decisión anterior se ordene REVOCAR
las siguientes decisiones administrativas:
4.1.- Actos Administrativos contenidos en los fallos disciplinarios
de primera y segunda instancia proferidos por la Gerencia de
Control disciplinario de ECOPETROL S. A. del 6 de julio de 2015
y en segunda instancia por el Presidente de ECOPETROL el 15 de
septiembre de 2015.
4.2.- Comunicación No. 2-2015-015-665 del día 23 de
septiembre de 2015 donde ECOPETROL S.A. suspendió el
contrato laboral del Sr. WILLMAR CALDERÓN OLMOS sin la
calificación, autorización y aprobación del juez natural Ordinario
en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social.
4.3.- Sentencia de Primera Instancia proferida del día 10 de
marzo de 2021 dentro del proceso con número de radicado
25000-23-42-000-2016-01304-00 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección
“C”. M.P. Amparo Oviedo Pinto.
4.4.- Sentencia de Segunda Instancia proferida el día 3 de
noviembre de 2022 (notificada el 26 de enero de 2023) dentro
del proceso con número de radicado CUI: 25000-23-42-000-
2016-01304-02 Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
5.- Como consecuencia de lo anterior CONDENAR a Ecopetrol
S.A., a que reconozca y pague al accionante las pretensiones
invocadas en el Petitum de la solicitud de Conciliación
administrativa y en demanda de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO […]”.
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA5 de esta Corporación señaló que las
razones que le sirvieron de fundamento para proferir la providencia
cuestionada están debidamente consignadas en sus motivaciones.
I.5.2.- El TRIBUNAL6 adujo que se acogería a la valoración que se
efectuara en sede de tutela, además de que las razones de su
decisión están consignadas en la sentencia de 10 de marzo de 2021,
a través de la cual decidió en primera instancia el medio de control
en el que se discutió la sanción disciplinaria cuestionada.
I.5.3.- Ecopetrol7 solicitó declarar improcedente la acción de tutela
o, en su lugar, denegar el amparo solicitado, dado que sus
actuaciones fueron ejecutadas conforme con el debido proceso y lo
establecido en su reglamento interno y la convención colectiva de
trabajo, además de que el actor no demuestra la configuración de un
perjuicio irremediable, sin que haya fundamento fáctico o jurídico
que permitiera la intervención del juez de tutela para redefinir un
asunto ya resuelto por el juez natural.
5
Informes presentados en igual sentido en expedientes 2023 02602 00 y 2023 04095 00.
6
Informes presentados en igual sentido en expedientes 2023 02602 00 y 2023 04095 00.
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Informe expediente 2023 02602 00.
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
I.5.4.- La CORTE CONSTITUCIONAL8 indicó que el 8 de febrero de
2023, ante su Secretaría, el actor radicó la acción de tutela; sin
embargo, a través de auto de 15 de febrero de esa anualidad, dispuso
remitir la acción al Consejo de Estado, con fundamento en el numeral
7 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, dado que si bien se “[…]
dirige contra varias autoridades, lo cierto es que sus reproches se
dirigen contra la sentencia de segunda instancia proferida el 03 de
noviembre de 2022 dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho […]”.
Anotó que, en efecto, profirió la sentencia T-226 de 2022 mediante
la cual se estudió y resolvió el expediente de tutela T-7.880.734, en
el que el actor cuestionó la providencia judicial a través de la cual la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá resolvió un proceso
especial de levantamiento de fuero sindical promovido por Ecopetrol
contra el actor.
Precisó que, en todo caso, la acción de tutela es improcedente para
cuestionar sentencias de esta misma naturaleza proferidas en sede
de revisión, además porque el actor no argumenta ningún defecto
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Informe expediente 2023 04095 00.
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
específico respecto de esta.
Sostuvo que “[…] en el presente caso se predica la ausencia de la
suficiencia de la carga argumentativa que debe exponerse cuando se
interpone una acción de tutela contra una providencia judicial, al
igual que tampoco se cumple con el principio de inmediatez, toda vez
que, la solicitud de tutela se presentó varios meses después de haber
sido proferida la decisión objeto de controversia […]”.
I.5.5.- El JUZGADO VEINTICINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ9 indicó que tramitó en primera instancia el proceso de
levantamiento de fuero sindical identificado con el número único de
radicación 110013105025-2015-00266-00, en el cual fueron
accedidas las pretensiones de la demanda.
Anotó que dentro del trámite aludido al actor le fueron brindadas
todas las garantías procesales y constitucionales, por lo que en lo
que le concierne no hay lugar a considerar que hubo vulneración
alguna a los derechos deprecados.
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Informe expediente 2023 04095 00.
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
I.6.-Trámite
A la solicitud de tutela presentada el 11 de mayo de 2023 por el
actor, la Secretaría General del Consejo de Estado el 15 de mayo de
ese año le abrió el radicado número 2023-02602-00 como
consecuencia de la remisión, por competencia, efectuada por la Corte
Suprema de Justicia. El proceso le correspondió por reparto a la
SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que lo admitió mediante
auto de 19 de mayo de 2023.
Estando en curso el citado proceso, el 27 de junio de 202310, con
fundamento en el auto de 15 de febrero de esa anualidad, la Corte
Constitucional remitió la acción de tutela instaurada por el actor ante
ese alto Tribunal, la que se anexó, en principio, al expediente 2023-
2602-00. Sin embargo, por instrucción del despacho sustanciador
en primera instancia, la Secretaría hizo un nuevo reparto que dio
lugar al expediente 2023-04095-00.
II. SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA
Proceso de radicado núm. 11001-03-15-000-2023-02602-01
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Índice 27 expediente SAMAI expediente 2023-2602-00.
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
Mediante sentencia de 28 de julio de 2023 la SECCIÓN TERCERA
de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo, por
falta de relevancia constitucional, al estimar que “[…] todos los
planteamientos que la sustentaron se dirigieron de manera exclusiva
a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados
y resueltos en el trámite del proceso ordinario, de modo que es
evidente que el demandante busca con este mecanismo de amparo
obtener un nuevo pronunciamiento frente a aquello que ya fue
decidido por el juez natural de la causa […]”.
Para tal efecto, precisó que el análisis versaba respecto de la
sentencia de 3 de noviembre de 2022 proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA de esta Corporación en el proceso en el que el actor
cuestionó la sanción disciplinaria que le fue impuesta, comoquiera
que los reproches que fundamentan la solicitud de amparo están
dirigidos contra esa providencia.
Agregó que los reproches que el actor planteó en su escrito de tutela
fueron los mismos que formuló en el proceso ordinario origen de la
controversia, los cuales fueron resueltos por la SECCIÓN SEGUNDA
de esta Corporación en la providencia cuestionada.
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03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
Destacó que “[…] el juez natural de la causa precisó al demandante,
como lo hiciera el a quo del proceso ordinario, que los hechos que
justificaron la imposición de la sanción disciplinaria, derivaron, no de
situaciones relacionadas con su condición de sindicalista, sino única
y exclusivamente por la congestión administrativa que generó por
haber presentado un número elevado de peticiones reiterativas,
tendientes a obtener la expedición de un documento de “paz y salvo”
en el que constara su falta de responsabilidad por los sobrecostos
que pudieron generarse en la ejecución del contrato no. 52022323
[…]”.
Concluyó que “[…] el proceso de acción de tutela no está instituido
como una instancia adicional a aquellas establecidas en el
ordenamiento jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la
causa para decidir sobre las controversias sometidas a su
consideración […]”.
Proceso de radicado núm. 11001-03-15-000-2023-04095-01
Mediante sentencia de 29 de agosto de 2023, la SECCIÓN TERCERA
de esta Corporación rechazó la solicitud de amparo por temeridad, al
establecer que se trataba de una acción de tutela igual a la decidida
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
en sentencia de 28 de julio de 2023, sin que hubiese justificación
sobre la presentación de esta última.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Proceso de radicado núm. 11001-03-15-000-2023-02602-01
El actor impugnó la sentencia de 28 de julio de 2023 indicando que
los hechos aducidos por Ecopetrol para el levantamiento de su fuero
sindical ocurrieron el 24 de abril de 2012, pese a que la demanda
respectiva fue instaurada el 23 de junio de ese año, esto es, fuera de
los dos meses previstos para tal efecto.
Adujo que “[…] IBARRA MARTÍNEZ se dio a la tarea de ratificar la
imputación adoptada ilegalmente por su homólogo CARMELO
PERDOMO CUÉTER de cuando ambos aceptaron ser el Convenio 98
de la OIT un trámite convencional (sic) , para con notoria argucia,
BLINDAR EL IMPAGO al Sistema de Seguridad Social y el ROBO
DE HIDROCARBUROS en clara labor de defensa judicial de la
empresa ECOPETROL S.A., que sea de paso señalar RATIFICARON
y TOLERARON la constitución de un GRUPO DE MERCENARIOS
JUDICIALES durante treinta (30) años integrado por un mínimo de
seis (6) abogados desde el 2011 hasta el año 20413 (sic)
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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evidentemente con finanzas del ERARIO […]”.
Precisó que “[…] IBARRA MARTÍNEZ Y PERDOMO CUÉTER en
nombre del Estado Colombiano ratificaron falsamente la existencia
de SOBRECOSTOS en la ejecución de un contrato cuando en
realidad no existió pago alguno, falsamente imputado, sino que en
realidad las cifras fueron producto de la argucia, cinismo, MALA FE
y SOLIDARIDAD del VICTIMARIO Ecopetrol […]”.
Agregó que está probado que las acciones tomadas por Ecopetrol
en su contra obedecieron a su labor sindical, en particular, a las
numerosas denuncias que hizo sobre sus actos de corrupción.
Hizo una relación de diferentes situaciones en las que Ecopetrol
incurrió en irregularidades en el manejo de sus recursos, situaciones
que en su sentir fueron avaladas por la SECCIÓN SEGUNDA al
resolver el proceso ordinario en el que se cuestionó la sanción
disciplinaria, así como por la SECCIÓN TERCERA al resolver en
primera instancia la acción de tutela.
Anotó que las peticiones por las que fue sancionado no se limitaron
al requerimiento de un “paz y salvo”, sino que “[…] fueron parte del
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
CONFLICTO LABORAL denunciado y aclamado, de donde resultó
probado la condena a Ecopetrol por MALA FE y SOLIDARIDAD por su
equívoca “modalidad de vinculación […]”.
Adujo que Ecopetrol no demostró que sus solicitudes hayan
generado un desgaste administrativo y congestión en las
dependencias de la empresa, máxime “[…] si se tiene en cuenta que
fue prueba solicitada en el descargo y en la apelación y fueron
negadas […]”.
Insistió en que Ecopetrol desconoció el principio non bis in ídem,
porque previo al proceso disciplinario en el que lo sancionó, ya había
adelantado otro por la misma causa relacionada con las peticiones en
el que fue absuelto, razón por la cual no podía haber sido investigado
nuevamente por los mismos hechos.
Proceso de radicado núm. 11001-03-15-000-2023-04095-01
El actor impugnó la sentencia de 29 de agosto de 2023 indicando que
el 8 de febrero de 2023 radicó la acción de tutela ante la Corte
Constitucional; no obstante, ante el silencio “[…] meses después se
incoa tutela en la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral (16-may-
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
2023) quien negó competencia y trasladó al Consejo de Estado, quien
admitió la acción constitucional (19-may-2023) reclamando
exclusivamente al Consejo de Estado y al Tribunal administrativo de
Cundinamarca como únicos accionados sin estudiar los hechos y
soportes llamados a cuentas negando el amparo deprecado (28-jul-
2023) […]”.
Anotó que la Corte Constitucional remitió la tutela inicial al Consejo
de Estado el 29 de junio de 2023, documentación que fue anexada a
la acción de tutela 2023-02602-00; no obstante, el consejero
sustanciador ordenó a la secretaría hacer un nuevo reparto que dio
lugar al expediente 2023 04095 00.
Precisó que, en ese orden de ideas, no fue él quien generó el radicado
2023 04095 00, además que nunca fue probada su mala fe,
presupuesto para declarar la temeridad, máxime si su única intensión
ha sido la de obtener el amparo de sus derechos fundamentales.
Iteró los demás argumentos planteados en la impugnación
presentada en el expediente 2023-02602-00.
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IV.-ACTUACIÓN PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
Por Secretaría General fue remitido a esta Sección el expediente
110010315000-2023-02602-01 para que se resolviera sobre la
impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 28 de
julio de 2023, proferida por la SECCIÓN TERCERA.
Posteriormente, fue remitido por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “A”- de esta Corporación el expediente
110010315000-2023-04095-01 para que se integrara a la acción
de tutela 110010315000-2023-02602-01.
A través de auto de 11 de abril de 202411 el Despacho
sustanciador dispuso la acumulación del expediente 2023-04095-01
al 2023-02602-01, por ser este en el que primero se notificó el auto
admisorio de la demanda y se profirió sentencia de primera instancia,
además de tener identidad de partes, hechos y pretensiones.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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Índice 30 SAMAI expediente 2023-02602-01.
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
En el presente asunto, sea lo primero advertir que las acciones de
tutela identificadas con los números de radicación 2023-02602-01
y 2023-04095-01 comparten identidad de partes, hechos y
pretensiones, lo cual llevó a la consejera ponente a acumular ambos
procesos, teniendo en cuenta que este último expediente en realidad
era una reiteración de la solicitud inicial de amparo.
Comoquiera que ambos procesos ya contaban con sentencia de
primera instancia y sus respectivas impugnaciones fueron remitidas
a esta Sección para resolver lo pertinente, fue necesario decretar su
acumulación, con el fin de resolver una única impugnación respecto
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del proceso inicial que culminó con la sentencia de 28 de julio de
2023, en la que la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación declaró
improcedente la solicitud de amparo, por falta de relevancia
constitucional.
Siendo ello así, en esta instancia corresponde a la Sala desatar la
impugnación de la referida sentencia de 28 de julio de 2023,
mediante la cual la SECCIÓN TERCERA declaró la falta del requisito
general de la relevancia constitucional dentro de la acción de tutela
identificada con el número de radicación 2023-02602-01, toda vez
que corresponde al proceso principal al que fue acumulada la acción
de tutela radicada bajo el número 2023-04095-01, aunado a que,
por los hechos aquí narrados, se reitera, tampoco había lugar a
declarar temeridad alguna, bajo el entendido de que se impartió
doble trámite a una misma solicitud.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
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asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
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fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
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actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 3 de noviembre de 2021, proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA de esta Corporación, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
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único de radicación 250002342000-2016-01304-01.
En el proceso aludido se discutió la legalidad de los actos
administrativos a través de los cuales Ecopetrol sancionó al actor
disciplinariamente con suspensión e inhabilidad especial por el
término de cuatro (4) meses, por afectar el servicio al elevar
reiteradas peticiones como trabajador de la empresa.
Además, en forma paralela, en el año 2015, Ecopetrol promovió en
contra del actor, ante la jurisdicción ordinaria laboral, un proceso de
levantamiento de su fuero sindical y autorización para la terminación
de su contrato laboral, el cual fue decidido en segunda instancia por
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de 24
de mayo de 2019, en la que accedió a las pretensiones de la
demanda.
En la sentencia de 3 de noviembre de 2021, la SECCIÓN SEGUNDA
de esta Corporación confirmó la decisión a través de la cual fueron
denegadas las pretensiones de la demanda del actor, decisión frente
a la cual se encuentra en desacuerdo dado que, en su sentir, la
sanción disciplinaria le fue impuesta por las actividades sindicales
que desarrollaba, además para justificar el proceso de levantamiento
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de fuero y dar por terminado su contrato.
En el curso de la primera instancia dentro del expediente 2023-
02602-01 la SECCIÓN TERCERA declaró improcedente la acción
de tutela por falta del requisito general de la relevancia
constitucional.
En su escrito de impugnación el actor insistió en que la sanción que
le fue impuesta obedeció a las denuncias sindicales que efectuó,
además de describir una serie de irregularidades en las que en su
sentir ha incurrido Ecopetrol en el desarrollo de su objeto social.
Así las cosas, la Sala debe determinar si hay lugar a confirmar,
modificar o revocar la sentencia impugnada, para lo cual debe
estudiar si el presente caso cumple con los presupuestos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial;
y, de ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA de esta
Corporación vulneró los derechos deprecados e incurrió en
irregularidad alguna, al haber proferido la sentencia de 3 de
noviembre de 2023.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 12, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».13
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
12
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación14, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [16].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [17].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [18].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [21]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
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constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Precisado lo anterior, la Sala observa que la SECCIÓN SEGUNDA de
esta Corporación confirmó la decisión del TRIBUNAL que denegó las
pretensiones de la demanda, con las cuales el actor quería desvirtuar
la legalidad de la sanción impuesta por Ecopetrol, por las siguientes
razones:
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“[…] 3.4 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas
que guardan relación con los problemas jurídicos derivados de
las causales de nulidad invocadas en el memorial de
impugnación de la sentencia de primera instancia:
i) El demandante se vinculó a la entidad demandada el 10 de
agosto de 1992, desempeñaba el cargo de profesional 1A en la
unidad organizativa gerencia de portafolio y sumaba 25 años y
15 días de servicio, según consta en certificación de 22 de
diciembre de 2015, signada por el líder del grupo maestra de
datos (e) de Ecopetrol (f. 652).
ii) Con decisión de 8 de octubre de 2014, la jefe (e) de la oficina
de control disciplinario interno de la demandada formuló pliego
de cargos contra el actor, en el que se indicó como
presuntamente infringido el numeral 1 del artículo 35 de la Ley
734 de 2002, en armonía con el numeral 3 del artículo 6° del
CPACA7, y se calificó provisionalmente la falta como grave a
título de dolo (ff. 2 a 15 vuelto).
Al respecto, se le formuló pliego de cargos, en concreto, por
cinco (5) peticiones en las que insistía en diferente forma en la
solicitud de exoneración de responsabilidad mientras ejerció
como interventor; reclamaciones que se resolvieron de manera
negativa. Sin embargo, como lo destaca el pliego de cargos y lo
señaló el a quo, se trataba de un cúmulo de peticiones que
afectaban la buena marcha del servicio.
iii) El demandante rindió descargos el 31 de octubre de 2014 y
solicitó el decreto de pruebas, tales como las actas de las
reuniones; que se tasen los daños por la perturbación del
servicio y la afectación al erario por el contrato 5202323; estado
final de costos y desviaciones del contrato 5202323; copias de
procesos judiciales y 30 testimonios (ff. 16 a 61).
iv) Decisión de 21 de noviembre de 2014, emitida por el jefe (e)
de la oficina de control disciplinario interno de Ecopetrol, en la
que se pronunció sobre el decreto de las pruebas (ff. 70 a 155).
Actuación recurrida por el actor y confirmada con auto de 8 de
enero de 2015, suscrita por el presidente de Ecopetrol (ff. 263 a
268).
v) En el procedimiento disciplinario se recibieron los testimonios
de los señores Álvaro Lasso Amézquita, Ayde Mary Ramírez
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
Tello, Adriana Yicett Ávila Galindo, María del Pilar Moya
Gutiérrez, Luis Fernando García Perdomo, Blas Enrique
Velásquez Convers, Édgar Usma Bolívar y Amparo del Pilar
González Castro, quienes fueron contestes en manifestar que el
demandante, en claro abuso del derecho de petición, presentada
diferentes solicitudes en el sentido antes indicado, las cuales
fueron resueltas, pero que implicaban tiempo, esfuerzo y gasto
de recursos.
En el mismo sentido la señora Martha Lucía Lara Salamanca
declaró que apoyó muchas solicitudes formuladas por el actor y
los señores Rafael Gilberto Manrique Vacca y Josué Ricardo
Azuero Tamayo afirman que el demandante presentaba
múltiples y reiterativas peticiones, no obstante, ellos
propusieron realizar reuniones para definirlas (ff. 415 a 513).
vi) En providencia de 31 de marzo de 2015, el jefe (e) de la
oficina de control disciplinario interno declaró terminada la etapa
probatoria y concedió término de 10 días para que alegaran de
conclusión.
vii) Dentro del medio de control se recibieron las declaraciones
de los señores Adriana Yicett Ávila Galindo, Claudia Janeth
Wilches Rojas, Luisa Fernanda Arciniegas Ochoa, Martha Lucía
Lara Salamanca, Amparo del Pilar González Castro y Álvaro
Lasso Amézquita, pruebas que no sirven para infirmar o justificar
las razones por las cuales el demandante presentó de manera
compulsiva peticiones (cederrones de audiencia de pruebas
ff.1165,1202 y
1269).
viii) Informe rendido bajo la gravedad del juramento por el
representante legal para fines judiciales y extrajudiciales de
Ecopetrol, en el que expresó que las peticiones del actor estaban
relacionadas sobre el contrato 5202323; solicitó la misma
información y paz y salvos, respecto de los cuales ya se habían
emitido respuestas; y que en el procedimiento PD-4135-12 se
cumplieron todas las correspondientes etapas; agrega que para
la época de los hechos objeto de investigación, se le habían
respondido más de 246 peticiones, lo cual constituyó un
desgaste administrativo para la empresa. Además, «desde el
año 2010 y hasta el año 2019 el señor Calderón había
presentado 2.068 derechos de petición a los cuales Ecopetrol dio
respuesta, lo cual evidencia que en ningún momento se han
trasgredido los derechos que le asisten […] pues no se ha
desatendido ninguna de sus solicitudes y claramente lo que se
evidencia por parte del accionante es que es una práctica muy
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común de su parte hacer solicitudes en volumen y reiteradas».
[…]
3.6 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos
derivados de las causales de nulidad invocadas en el
escrito de apelación de la sentencia
Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de
la demanda, por las siguientes razones:
[…]
3.6.1 Los actos acusados no están incursos en falsa
motivación, además, fue típica la conducta que motivó la
sanción disciplinaria impuesta al demandante, cuyo
comportamiento afectó sustancialmente el deber
funcional sin justificación alguna.
Alega el actor que en el pliego de cargos formulado en su contra
no se tipificó la conducta, el grado de culpabilidad, ni la ilicitud
sustancial. Agrega que no existió falta disciplinaria, en razón a
que ante la omisión de una contestación para «calmar la
angustia que le están generando», lo legitimó para reclamar,
reiteradamente, paz y salvo por sobrecostos del contrato
52022323 y obtener una «respuesta clara, concreta, precisa
exacta a sus peticiones» (f. 736).
[…]
Observa la Sala que en el acto de imputación jurídica se expuso
al actor que incurrió, al parecer, en la falta disciplinaria descrita
en el artículo 35 (numeral1) de la Ley 734 de 2002, el cual
cataloga expresamente como conducta sancionable de los
servidores públicos lo siguiente: «Prohibiciones. A todo servidor
público le está prohibido: // 1. Incumplir los deberes o abusar
de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los
contratos de trabajo».
[…]
Para la Sala, las actuaciones del actor comportan una actuación
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irregular y un desconocimiento de sus deberes como trabajador
del Estado, porque se demostró que de manera improcedente,
con claro abuso del derecho, formuló reiteradas peticiones de las
cuales, para el pliego de cargos, simplemente se mostraron
cinco (5), pero su afectación al servicio fue alta, como lo
afirmaron los deponentes arriba citados.
Recuerda la Sala que lo que el régimen sancionatorio
administrativo castiga de los servidores estatales es la conducta
violatoria del deber funcional como trabajador estatal, por
cuanto no existe justificación alguna para que el demandante
abuse del derecho de petición, al impetrar cientos de peticiones,
de los cuales cinco (5) se tuvieron como muestra, para imputarle
pliego de cargos.
[…]
Ahora bien, el demandante en esta instancia pretende que se
reconozca que era válido congestionar a la Administración, en
condición de su empleador, con varios derechos de petición
sobre un mismo tema, idénticas pretensiones e igual
justificación; para la Sala no es de recibo los argumentos
presentados, pues la no satisfacción de sus pretensiones no
constituye una autorización para abusar del derecho de petición.
En este asunto, se insiste, lo que se juzgó fue la obstinación
dolosa en formular solicitudes para obtener una exoneración que
Ecopetrol no podía emitir, frente a sus actuaciones como
interventor dentro del contrato 52022323, lo que evidentemente
congestionó y afectó el servicio e hizo malgastar los recursos
estatales.
Por otro lado, para la Sala los fundamentos que motivaron la
medida disciplinaria impuesta al demandante fueron expuestos
en forma suficiente y adecuada en los actos sancionatorios
acusados, de los que la Sala destaca los siguientes apartes:
[…] el tema central de las referidas comunicaciones es el
contrato 520223, vicisitudes de su desarrollo y liquidación (del
cual se conoce que el disciplinado fungió inicialmente como
interventor), por lo que las referencias que el A-quo hace a
diferentes comunicaciones libradas por este, como las
respuestas precedentes, comunicaciones relacionadas con el
contrato 5202323, o relativas al Paz y Salvo, tienen toda la
validez y pertinencia de todos los antecedentes de las múltiples
comunicaciones y solicitudes de cuyo registro dan cuenta 21
cuadernos principales y 66 cuadernos anexos que conformaban
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el expediente. Por otra parte, del universo de comunicaciones
libradas por el disciplinado en torno al tema del contrato en
mención, se advierte claramente su exótica pretensión de
obtener un certificado, constancia o Paz y Salvo respecto de sus
actuaciones en relación con dicho contrato. Por lo tanto, es
entendible la metodología de agrupar o cobijar bajo un mismo
enunciado diversos asuntos sobre el mismo tema, máxime si son
repetitivos, pese a las respuestas dadas como ocurre en el caso
de autos [ff. 511 a 515].
[…]
La Sala tampoco echa de menos en los actos demandados
ninguno de los requisitos formales y sustanciales previstos en el
artículo 17020 de la Ley 734 de 2002 alusivos a los aspectos que
debe contener el «fallo» disciplinario, puesto que si se examinan
las decisiones acusadas, se verifica que la entidad analizó las
pruebas en conjunto, valoró los cargos, los descargos y las
alegaciones presentadas, relacionó las normas legales y
reglamentarias concernientes al deber funcional desconocido,
fundamentó la calificación de la falta y la culpabilidad y, en fin,
expuso claramente las razones de la sanción y los criterios de su
gradación, se insiste.
[…]
3.6.2 Tampoco hubo violación del derecho de audiencia y
de defensa, toda vez que se valoraron las pruebas en
armonía con los criterios de la sana crítica. Advierte la Sala
que como no se trata de repetir en sede judicial la valoración
probatoria que realizó la entidad en el procedimiento
administrativo, pues se desnaturalizaría la potestad disciplinaria,
el examen integral de legalidad recae sobre el contenido de los
actos demandados frente al orden jurídico superior al que
estaban sometidos y los supuestos de hecho en que se fundaron.
[…]
El demandante, en su escrito de apelación, alega que todas las
declaraciones fueron imprecisas, parcializadas y falaces porque
los deponentes laboraban para Ecopetrol, sin embargo, lo cierto
es que no hubo tacha de falsedad alguna y, por el contrario, los
testimonios son contestes en expresar el abuso del derecho de
petición al formular cientos de peticiones, de las cuales en el
pliego de cargos, señalaron como muestra cinco (5) que, de
manera evidente, eran improcedentes porque ya habían sido
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resueltas.
3.6.4 No se comprobó la desviación de poder alegada,
porque el procedimiento disciplinario no fue un montaje
estructurado para sancionarlo, como represalia por haber
denunciado actos de corrupción en la entidad y por
vincularse al sindicato.
[…]
Como sustento del referido cargo de anulación, el actor indica
que (i) se omitió considerar su condición de trabajador
sindicalizado y de dirigente sindical, por lo que se incurrió en una
negación de las normas de orden público, como lo son los
Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo, en el marco de los
derechos sindicales y colectivos allí regulados, que también se
encuentran amparados y protegidos por disposiciones de
naturaleza constitucional y en tratados internacionales, como
son la Convención Americana de Derechos Humanos y el tratado
celebrado por el Estado colombiano con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT); (ii) se omitió apreciar por el a
quo que la investigación disciplinaria adelanta en su contra y la
sanción impuesta fueron el producto de la retaliación e
intimidación de la era objeto por ser dirigente sindical y haber
presentado junto con otros trabajadores sindicales una denuncia
por corrupción administrativa al interior de la entidad, como lo
es, en su criterio, la vinculación el 7 de diciembre de 2010 de la
cónyuge de un magistrado de la sala de casación laboral de la
Corte Suprema de Justicia, al tiempo que la hermana de este
magistrado era magistrada de la sala laboral del Tribunal
Superior de Bogotá; denuncia cuya copia completa fue
incorporada a la demanda; (iii) tampoco se valoró la existencia
de videos y declaraciones consignadas en estos, fundamento
para entrar a demostrar los indicios graves de posibles vínculos
de los altos funcionarios de la empresa petrolera con la
delincuencia armada paramiliar; y (iv) no se tuvo en cuenta que
lo han perseguido laboralmente y hostigado a partir del
momento en que optó ser trabajador sindicalizado y asumió el
cargo de dirigente sindical (elegido presidente de la subdirectiva
de «Sindispetrol»).
En el presente asunto, además de las afirmaciones del actor, no
existe algún nexo causal que vincule el procedimiento reglado,
que se cumplió para investigar, juzgar y sancionarlo, con alguno
de los fines torticeros antes enunciados, pues para que prospere
la causal de anulación por esta causal el investigado debe
aportar pruebas necesarias «que no dejen la más mínima duda
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de que al expedir el acto controvertido el agente de la
administración que lo produjo no buscó obtener un fin obvio y
normal determinado al efecto, sino que por el contrario, se valió
de aquella modalidad administrativa para que obtuviera como
resultado una situación en todo diversa a la que explícitamente
busca la Ley»27.
Se insiste, de las pruebas recaudadas se colige que al
demandante se le brindó las garantías pertinentes dentro del
trámite disciplinario, quien, según lo demostrado, abusó del
derecho de petición al presentar cientos de reclamaciones, de
las cuales simplemente, a título de muestreo y para concretar
los cargos, se utilizaron 5 manifiestamente improcedentes; en
efecto, como ya se indicó, los testimonios son contestes en
señalar la cantidad exagerada de solicitudes improcedentes
relacionadas con un paz y salvo sobre un contrato, respecto del
cual no podían ni pueden salvaguardar su indemnidad frente a
una eventual responsabilidad cuando ejerció como interventor;
y el hecho de que sea un trabajador sindicalizado, per se, no lo
exonera de su deber de responder disciplinariamente mientras
desempeña su labor como servidor oficial; el derecho
convencional de la OIT no ampara esa clase de elusión de
responsabilidad. En consecuencia, el cargo en los términos
propuestos no prospera […]”.
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que en la
providencia cuestionada la autoridad judicial accionada determinó
que fue probado que el actor elevó cientos de peticiones a su
empleador sobre un mismo asunto, conducta violatoria del deber
funcional como trabajador estatal, lo cual constituyó incumplimiento
de los deberes funcionales imputados en el pliego de cargos y que
corresponden a la descripción típica de carácter grave y dolosa, que
motivó la sanción de suspensión, en la graduación de cuatro (4)
meses.
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La SECCIÓN SEGUNDA encontró que pese a que el actor alegó que
las declaraciones rendidas en el proceso fueron imprecisas,
parcializadas y falaces porque los deponentes laboraban para
Ecopetrol, lo cierto era que no fueron tachadas de falsas y, por el
contrario, dichos testimonios fueron constantes en expresar el abuso
del derecho de petición al formular cientos de peticiones, de las
cuales 5 sirvieron de soporte para la formulación del pliego de cargos.
La autoridad judicial accionada no encontró probada la desviación de
poder alegada, esto es, que el procedimiento disciplinario hubiese
sido un montaje estructurado para sancionar al actor, como
represalia por haber denunciado actos de corrupción en la entidad y
estar vinculado al sindicato.
Lo anterior, pone en evidencia que la SECCIÓN SEGUNDA de esta
Corporación fundamentó su decisión de forma admisible y razonable
y, en particular, que lo pretendido por el actor con la presente acción
de tutela es cuestionar esa determinación como si este mecanismo
se tratara de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario sin
que, en todo caso, se vislumbre que la autoridad accionada pudo
haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los
límites del principio de la autonomía judicial.
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En efecto, la argumentación del actor está dirigida a demostrar que
la sanción que cuestionó tuvo como causa implícita su labor sindical,
asunto que fue atendido en el proceso ordinario origen de la
controversia, sin que la acción de la referencia sea un mecanismo
para entrar a evaluar las denuncias que formula en sus escritos en
relación con las irregularidades que en su sentir ha incurrido
Ecopetrol en relación con sus recursos.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 9 de febrero de 201722, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
22
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201823, se sostuvo lo
siguiente:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]”
(Destacado de la Sala).
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que si bien la acción de
23
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
tutela reviste de informalidad lo cierto es que en asuntos como el
presente en el que el actor dirige acusaciones contra la Corte
Constitucional, jueces y magistrados de la Jurisdicción Ordinaria
Laboral y el Consejo de Estado, sus afirmaciones requieren de una
carga argumentativa acorde con su contenido, esto es, que haya una
relación entre lo decidido por esas autoridades y el fundamento de
los reproches que se les atribuye.
Si el actor estimaba que la acción de levantamiento de fuero sindical
fue presentada fuera de término, que no podía ser vinculado dos
veces a procesos disciplinarios por los mismos hechos o que los
procesos judiciales en los que fue parte debían tramitarse bajo una
sola vía procesal por unidad de materia, debió proponerlo ante los
respectivos jueces que conocieron de esos asuntos, sin que sea
procedente que ahora pretenda hacer valer esos argumentos en sede
de tutela, como medio de impugnación indeterminado frente a una
pluralidad de actuaciones judiciales.
Cabe anotar que, además, en relación con la sentencia T-226 de
2022, a través de la cual en sede de revisión la Corte Constitucional
estudió lo relacionado con el amparo solicitado por el actor de cara a
la sentencia en que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
levantó su fuero sindical, la acción de tutela es improcedente,
conforme lo ha indicado esa misma Corporación.
En efecto, en sentencia SU 627 de 2015, con ponencia del magistrado
Mauricio González Cuervo, la Corte Constitucional advirtió:
“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia
de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la
sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de
tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando
la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional,
sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante
la Corte Constitucional […]”. (Destacado fuera de texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, dado que el a quo declaró improcedente la acción
de tutela24 dicha decisión será confirmada como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
24
En el radicado núm. 2023-02602-00.
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Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de julio de 2023,
proferida dentro del expediente identificado con el número único de
radicación 110010315000-2023-02602-00, por las razones
expuestas en la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Conjuez Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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