RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02602-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02602-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02602-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de julio de 2023, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 110010315000-2023-02602-00, por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02602-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-
000-2023-02602-01 y 11001-03-15-000-2023-04095-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL
ACTOR PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO
EXAMEN DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA LITIS, CON
LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, AL TRABAJO DIGNO, AL
MÍNIMO VITAL Y AL DERECHO DE ASOCIACIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 28 de julio de 2023, proferida en primera instancia por

la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

2

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

ESTADO1, dentro de la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 110010315000-2023-02602-00.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor WILMAR CALDERÓN OLMOS, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la vida, al trabajo digno, al mínimo vital, al derecho

de asociación y al principio del non bis in ídem, los cuales estima

vulnerados por la CORTE CONSTITUCIONAL, la SALA LABORAL

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, la SALA LABORAL DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, el JUZGADO VEINTICINCO

LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, ECOPETROL S.A., la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 y la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO3, con

ocasión de la sentencia de 3 de noviembre de 2022, a través de la

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.
2
En adelante el TRIBUNAL.
3
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

cual esta última decidió en segunda instancia el medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 250002342000-2016-01304-02.

I.2.- Hechos

El actor indicó que el 30 de julio de 1990, a través de contrato de

trabajo se vinculó a Ecopetrol como geólogo.

Manifestó que el 19 de abril de 2006, le fue asignada la coordinación

e interventoría del contrato núm. 5202323, cuyo objeto era la

prestación del servicio de Datamanagement, Cartografía y CEDEX en

las vicepresidencias de exploración y de producción de Ecopetrol

durante los años 2006 a 2009; no obstante, realizó las labores hasta

el 10 de marzo de 2008, cuando las funciones fueron asignadas a

otra persona.

Expuso que el nuevo interventor procedió a modificar los parámetros

del contrato que ya habían sido trazados, ordenados e impartidos por

la oficina jurídica de la empresa, lo que dio lugar a su finalización y

liquidación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

Anotó que el 8 de octubre de 2014, la oficina de control interno

disciplinario de Ecopetrol formuló pliego de cargos en su contra,

presuntamente, por haber infringido el numeral 1 del artículo 35 de

la Ley 734 de 5 de febrero de 20024, por la presentación reiterada

de peticiones para que expidieran paz y salvo y/o que se declarara

que no tenía alguna responsabilidad por los posibles sobrecostos

generados por la ejecución del contrato 5202323, aludido.

Explicó que a través de acto administrativo de 6 de junio de 2015 la

oficina de control interno disciplinario de Ecopetrol lo sancionó con

suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el

término de 4 meses, con fundamento en que varios funcionarios de

la empresa debieron dar respuesta oportuna a los numerosos

requerimientos, lo que afectó el servicio.

Adujó que la referida decisión fue confirmada por la presidencia de

Ecopetrol, a través de acto administrativo de 14 de septiembre de

2015.

Sostuvo que en el año 2016 promovió un medio de control de nulidad

4
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Derogada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

y restablecimiento del derecho contra Ecopetrol, con la finalidad de

discutir la legalidad de la sanción que le fue impuesta, así como para

obtener la reparación de los daños que le fueron causados.

Precisó que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 250002342000-2016-01304-00 y asignado para su

trámite, en primera instancia, al TRIBUNAL que mediante sentencia

de 10 de marzo de 2021 denegó las pretensiones de la demanda.

Agregó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación ante

la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que, a través de

sentencia de 3 de noviembre de 2022, confirmó la decisión recurrida

al estimar que su comportamiento sí afectó sustancialmente el deber

funcional sin justificación alguna, no hubo desconocimiento de su

derecho de audiencia, no hubo expedición irregular y no se demostró

la desviación de poder.

Adujo que, en forma paralela, en el año 2015, Ecopetrol promovió

en su contra el proceso identificado con el número único de

radicación 110013105-025-2015-00266, para obtener el

levantamiento de su fuero sindical y la autorización para la

terminación de su contrato laboral, el cual fue decidido en segunda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en

sentencia de 24 de mayo de 2019, en la que accedió a las

pretensiones de la demanda.

Anotó que promovió una acción de tutela contra la referida decisión.

Sin embargo, surtidas las instancias correspondientes, en sede de

revisión, a través de sentencia T-266 de 2022, la Corte Constitucional

declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que al proferir la sentencia cuestionada la SECCIÓN

SEGUNDA “[…] consigna una serie de situaciones que demuestran

la extensión el tiempo de las vicisitudes y desarrollo de una

persecución al FUERO SINDICAL por parte de Ecopetrol S.A. con el

firme y único propósito de aniquilar el convenio internacional No 98

de la Organización Internacional del Trabajo OIT […]”.

Expuso que Ecopetrol buscaba a toda costa constituir una justa

causa para el levantamiento de su fuero sindical, para lo cual

conformó “[…] un equipo de seis profesionales dedicado y financiado

con recursos públicos para perseguir y ejecutar una estrategia oculta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

y cínica que resultó valorada, estudiada y confirmada por el Consejo

de Estado […]”.

Afirmó que fue demostrada la persecución sindical de la que fue

objeto, además de que se desconoció el principio de non bis in ídem

por parte de Ecopetrol porque lo juzgó en dos ocasiones por los

mismos hechos, puesto que en un anterior proceso disciplinario

obtuvo un fallo absolutorio.

Manifestó que somete a consideración “[…] la persecución sindical de

un aforado que fue valorada, tolerada y aprobada por el Consejo de

Estado en la Sentencia atacada, para que en lo posible el ruego se

unifique lo que con que astucia y perversidad fraccionó Ecopetrol en

múltiples procesos, y hoy día se constituye una docena de momentos

diversos a los que dieron origen a la eventual posibilidad de

levantamiento del fuero […]”.

Indicó que el “[…] Consejo de Estado convalidó la estrategia durante

el desarrollo de la investigación disciplinaria PD-4135-12 cuando

ECOPETROL S.A. esgrimió la justa causa en dos puntos procesales

(ver anexo del 28-nov-2012 y 20-mar-2014) como estrategia de

persecución sindical para levantar el fuero del accionante por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

equipo instituido […]”.

Adujo que las conductas que se le atribuyeron para el levantamiento

del fuero sindical debieron usarse dentro de los dos meses siguientes

a su configuración, por lo que al haberse vencido ese término la

acción estaba prescrita y, en tal sentido “[…] el accionar del Consejo

de Estado fue ILEGAL con su estudio […]”.

Explicó que los testimonios recibidos dentro del proceso disciplinario

fueron falsos, dado que “[…] la Sra. Adriana Yizeth Ávila Galindo

(Gerente y jefe de área) no dijo lo mismo, pues el 13- ago-2013 a

rúbrica del 2012 señaló como cierto que “fueron objeto de análisis y

respuesta por dicha oficina, nos remitimos para todos los efectos del

caso a lo allí resuelto, dando así por atendidas sus peticiones,

mientras que el 4-feb-2020 que no tuvo conocimiento […]”.

Indicó que con fundamento en la sentencia C-381 de 2000, es

procedente que se acumule el proceso de levantamiento del fuero

sindical con el de nulidad y restablecimiento del derecho en que se

cuestionó la sanción disciplinaria, para demostrar los diversos

eventos que dieron lugar al primero, entre otros, que la persecución

obedeció a las denuncias que hizo sobre los derechos pensionales de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

los trabajadores de la empresa, así como a irregularidades

contractuales que puso en evidencia.

Aseguró que “[…] por atreverme a dar testimonio en contra de

ECOPETROL S.A. fui sometido a una serie sucesiva de TREINTA Y

CINCO (35) torturas físicas, lesionando la salud y la moral en contra

del geólogo y la de sus familiares, menores de edad, sin poder

recuperarnos, desde el 2014, con uso abusivo de recursos del estado

por ECOPETROL […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] 1.- DECLARAR unidad de causa de conformidad con la
Sentencia de Constitucionalidad C-381-2000 los procesos
judiciales 110013105-025-2015-00266 y en el 250002342-000-
2016-01304 cuando en ellos se evidenció la extensión en el
tiempo al esgrimir una docena de momentos las causas para el
levantamiento de fuero sindical en amparo del Convenio No 98
de la OIT en bloque de constitucionalidad y en estudio de Sala
de Revisión Cuarta de la Corte Constitucional T 7-880.734 (M.P.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO –RECUSADO-).
2.- ORDENAR DECLARAR QUE LA JUSTA CAUSA
DESAPARECIÓ Y EN CONSECUENCIA SE CONTROVIRTIÓ
LA RAZÓN MISMA DE SU CONSAGRACIÓN de conformidad
con la Sentencia C-381-2000 (cfr. Numeral 25 y s.s.) en doce
momentos demostrados para levantar el fuero del accionante,
los días: ( i )25-abr-2012, ( ii ) 28-nov- 2012, ( iii )27-feb-2014,
( iv ) 20-mar-2014, ( v )29 abr-2014, ( vi ) 5-sep-2014, ( vii
)23-oct-2016, (viii)30-nov-2017, ( ix )25-may-2018, ( x )31-
mar-2022, ( xi )21-oct-2022 y ( xii )26-ene-2023, por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

acumulación en unificación en Tutela 7.880.734.

3.- DECLARAR procedente la presente acción de tutela, en
amparo de los derechos fundamentales constitucionales a la
vida, al non in bis ídem, al juez natural, al trabajo digno,
al mínimo vital y el derecho de asociación en conexidad con
el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 25, 38, 39, 42, 53 y
44 de la misma carta magna de nuestra administración de
justicia.

4.- En consecuencia, a la decisión anterior se ordene REVOCAR
las siguientes decisiones administrativas:

4.1.- Actos Administrativos contenidos en los fallos disciplinarios
de primera y segunda instancia proferidos por la Gerencia de
Control disciplinario de ECOPETROL S. A. del 6 de julio de 2015
y en segunda instancia por el Presidente de ECOPETROL el 15 de
septiembre de 2015.

4.2.- Comunicación No. 2-2015-015-665 del día 23 de
septiembre de 2015 donde ECOPETROL S.A. suspendió el
contrato laboral del Sr. WILLMAR CALDERÓN OLMOS sin la
calificación, autorización y aprobación del juez natural Ordinario
en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social.

4.3.- Sentencia de Primera Instancia proferida del día 10 de
marzo de 2021 dentro del proceso con número de radicado
25000-23-42-000-2016-01304-00 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección
“C”. M.P. Amparo Oviedo Pinto.

4.4.- Sentencia de Segunda Instancia proferida el día 3 de
noviembre de 2022 (notificada el 26 de enero de 2023) dentro
del proceso con número de radicado CUI: 25000-23-42-000-
2016-01304-02 Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.

5.- Como consecuencia de lo anterior CONDENAR a Ecopetrol
S.A., a que reconozca y pague al accionante las pretensiones
invocadas en el Petitum de la solicitud de Conciliación
administrativa y en demanda de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA5 de esta Corporación señaló que las

razones que le sirvieron de fundamento para proferir la providencia

cuestionada están debidamente consignadas en sus motivaciones.

I.5.2.- El TRIBUNAL6 adujo que se acogería a la valoración que se

efectuara en sede de tutela, además de que las razones de su

decisión están consignadas en la sentencia de 10 de marzo de 2021,

a través de la cual decidió en primera instancia el medio de control

en el que se discutió la sanción disciplinaria cuestionada.

I.5.3.- Ecopetrol7 solicitó declarar improcedente la acción de tutela

o, en su lugar, denegar el amparo solicitado, dado que sus

actuaciones fueron ejecutadas conforme con el debido proceso y lo

establecido en su reglamento interno y la convención colectiva de

trabajo, además de que el actor no demuestra la configuración de un

perjuicio irremediable, sin que haya fundamento fáctico o jurídico

que permitiera la intervención del juez de tutela para redefinir un

asunto ya resuelto por el juez natural.

5
Informes presentados en igual sentido en expedientes 2023 02602 00 y 2023 04095 00.
6
Informes presentados en igual sentido en expedientes 2023 02602 00 y 2023 04095 00.
7
Informe expediente 2023 02602 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

I.5.4.- La CORTE CONSTITUCIONAL8 indicó que el 8 de febrero de

2023, ante su Secretaría, el actor radicó la acción de tutela; sin

embargo, a través de auto de 15 de febrero de esa anualidad, dispuso

remitir la acción al Consejo de Estado, con fundamento en el numeral

7 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, dado que si bien se “[…]

dirige contra varias autoridades, lo cierto es que sus reproches se

dirigen contra la sentencia de segunda instancia proferida el 03 de

noviembre de 2022 dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento

del Derecho […]”.

Anotó que, en efecto, profirió la sentencia T-226 de 2022 mediante

la cual se estudió y resolvió el expediente de tutela T-7.880.734, en

el que el actor cuestionó la providencia judicial a través de la cual la

Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá resolvió un proceso

especial de levantamiento de fuero sindical promovido por Ecopetrol

contra el actor.

Precisó que, en todo caso, la acción de tutela es improcedente para

cuestionar sentencias de esta misma naturaleza proferidas en sede

de revisión, además porque el actor no argumenta ningún defecto

8
Informe expediente 2023 04095 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

específico respecto de esta.

Sostuvo que “[…] en el presente caso se predica la ausencia de la

suficiencia de la carga argumentativa que debe exponerse cuando se

interpone una acción de tutela contra una providencia judicial, al

igual que tampoco se cumple con el principio de inmediatez, toda vez

que, la solicitud de tutela se presentó varios meses después de haber

sido proferida la decisión objeto de controversia […]”.

I.5.5.- El JUZGADO VEINTICINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ9 indicó que tramitó en primera instancia el proceso de

levantamiento de fuero sindical identificado con el número único de

radicación 110013105025-2015-00266-00, en el cual fueron

accedidas las pretensiones de la demanda.

Anotó que dentro del trámite aludido al actor le fueron brindadas

todas las garantías procesales y constitucionales, por lo que en lo

que le concierne no hay lugar a considerar que hubo vulneración

alguna a los derechos deprecados.

9
Informe expediente 2023 04095 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

I.6.-Trámite

A la solicitud de tutela presentada el 11 de mayo de 2023 por el

actor, la Secretaría General del Consejo de Estado el 15 de mayo de

ese año le abrió el radicado número 2023-02602-00 como

consecuencia de la remisión, por competencia, efectuada por la Corte

Suprema de Justicia. El proceso le correspondió por reparto a la

SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que lo admitió mediante

auto de 19 de mayo de 2023.

Estando en curso el citado proceso, el 27 de junio de 202310, con

fundamento en el auto de 15 de febrero de esa anualidad, la Corte

Constitucional remitió la acción de tutela instaurada por el actor ante

ese alto Tribunal, la que se anexó, en principio, al expediente 2023-

2602-00. Sin embargo, por instrucción del despacho sustanciador

en primera instancia, la Secretaría hizo un nuevo reparto que dio

lugar al expediente 2023-04095-00.

II. SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA

Proceso de radicado núm. 11001-03-15-000-2023-02602-01

10
Índice 27 expediente SAMAI expediente 2023-2602-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

Mediante sentencia de 28 de julio de 2023 la SECCIÓN TERCERA

de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo, por

falta de relevancia constitucional, al estimar que “[…] todos los

planteamientos que la sustentaron se dirigieron de manera exclusiva

a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados

y resueltos en el trámite del proceso ordinario, de modo que es

evidente que el demandante busca con este mecanismo de amparo

obtener un nuevo pronunciamiento frente a aquello que ya fue

decidido por el juez natural de la causa […]”.

Para tal efecto, precisó que el análisis versaba respecto de la

sentencia de 3 de noviembre de 2022 proferida por la SECCIÓN

SEGUNDA de esta Corporación en el proceso en el que el actor

cuestionó la sanción disciplinaria que le fue impuesta, comoquiera

que los reproches que fundamentan la solicitud de amparo están

dirigidos contra esa providencia.

Agregó que los reproches que el actor planteó en su escrito de tutela

fueron los mismos que formuló en el proceso ordinario origen de la

controversia, los cuales fueron resueltos por la SECCIÓN SEGUNDA

de esta Corporación en la providencia cuestionada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

Destacó que “[…] el juez natural de la causa precisó al demandante,

como lo hiciera el a quo del proceso ordinario, que los hechos que

justificaron la imposición de la sanción disciplinaria, derivaron, no de

situaciones relacionadas con su condición de sindicalista, sino única

y exclusivamente por la congestión administrativa que generó por

haber presentado un número elevado de peticiones reiterativas,

tendientes a obtener la expedición de un documento de “paz y salvo”

en el que constara su falta de responsabilidad por los sobrecostos

que pudieron generarse en la ejecución del contrato no. 52022323

[…]”.

Concluyó que “[…] el proceso de acción de tutela no está instituido

como una instancia adicional a aquellas establecidas en el

ordenamiento jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la

causa para decidir sobre las controversias sometidas a su

consideración […]”.

Proceso de radicado núm. 11001-03-15-000-2023-04095-01

Mediante sentencia de 29 de agosto de 2023, la SECCIÓN TERCERA

de esta Corporación rechazó la solicitud de amparo por temeridad, al

establecer que se trataba de una acción de tutela igual a la decidida

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

en sentencia de 28 de julio de 2023, sin que hubiese justificación

sobre la presentación de esta última.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Proceso de radicado núm. 11001-03-15-000-2023-02602-01

El actor impugnó la sentencia de 28 de julio de 2023 indicando que

los hechos aducidos por Ecopetrol para el levantamiento de su fuero

sindical ocurrieron el 24 de abril de 2012, pese a que la demanda

respectiva fue instaurada el 23 de junio de ese año, esto es, fuera de

los dos meses previstos para tal efecto.

Adujo que “[…] IBARRA MARTÍNEZ se dio a la tarea de ratificar la

imputación adoptada ilegalmente por su homólogo CARMELO

PERDOMO CUÉTER de cuando ambos aceptaron ser el Convenio 98

de la OIT un trámite convencional (sic) , para con notoria argucia,

BLINDAR EL IMPAGO al Sistema de Seguridad Social y el ROBO

DE HIDROCARBUROS en clara labor de defensa judicial de la

empresa ECOPETROL S.A., que sea de paso señalar RATIFICARON

y TOLERARON la constitución de un GRUPO DE MERCENARIOS

JUDICIALES durante treinta (30) años integrado por un mínimo de

seis (6) abogados desde el 2011 hasta el año 20413 (sic)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

evidentemente con finanzas del ERARIO […]”.

Precisó que “[…] IBARRA MARTÍNEZ Y PERDOMO CUÉTER en

nombre del Estado Colombiano ratificaron falsamente la existencia

de SOBRECOSTOS en la ejecución de un contrato cuando en

realidad no existió pago alguno, falsamente imputado, sino que en

realidad las cifras fueron producto de la argucia, cinismo, MALA FE

y SOLIDARIDAD del VICTIMARIO Ecopetrol […]”.

Agregó que está probado que las acciones tomadas por Ecopetrol

en su contra obedecieron a su labor sindical, en particular, a las

numerosas denuncias que hizo sobre sus actos de corrupción.

Hizo una relación de diferentes situaciones en las que Ecopetrol

incurrió en irregularidades en el manejo de sus recursos, situaciones

que en su sentir fueron avaladas por la SECCIÓN SEGUNDA al

resolver el proceso ordinario en el que se cuestionó la sanción

disciplinaria, así como por la SECCIÓN TERCERA al resolver en

primera instancia la acción de tutela.

Anotó que las peticiones por las que fue sancionado no se limitaron

al requerimiento de un “paz y salvo”, sino que “[…] fueron parte del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

CONFLICTO LABORAL denunciado y aclamado, de donde resultó

probado la condena a Ecopetrol por MALA FE y SOLIDARIDAD por su

equívoca “modalidad de vinculación […]”.

Adujo que Ecopetrol no demostró que sus solicitudes hayan

generado un desgaste administrativo y congestión en las

dependencias de la empresa, máxime “[…] si se tiene en cuenta que

fue prueba solicitada en el descargo y en la apelación y fueron

negadas […]”.

Insistió en que Ecopetrol desconoció el principio non bis in ídem,

porque previo al proceso disciplinario en el que lo sancionó, ya había

adelantado otro por la misma causa relacionada con las peticiones en

el que fue absuelto, razón por la cual no podía haber sido investigado

nuevamente por los mismos hechos.

Proceso de radicado núm. 11001-03-15-000-2023-04095-01

El actor impugnó la sentencia de 29 de agosto de 2023 indicando que

el 8 de febrero de 2023 radicó la acción de tutela ante la Corte

Constitucional; no obstante, ante el silencio “[…] meses después se

incoa tutela en la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral (16-may-

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

2023) quien negó competencia y trasladó al Consejo de Estado, quien

admitió la acción constitucional (19-may-2023) reclamando

exclusivamente al Consejo de Estado y al Tribunal administrativo de

Cundinamarca como únicos accionados sin estudiar los hechos y

soportes llamados a cuentas negando el amparo deprecado (28-jul-

2023) […]”.

Anotó que la Corte Constitucional remitió la tutela inicial al Consejo

de Estado el 29 de junio de 2023, documentación que fue anexada a

la acción de tutela 2023-02602-00; no obstante, el consejero

sustanciador ordenó a la secretaría hacer un nuevo reparto que dio

lugar al expediente 2023 04095 00.

Precisó que, en ese orden de ideas, no fue él quien generó el radicado

2023 04095 00, además que nunca fue probada su mala fe,

presupuesto para declarar la temeridad, máxime si su única intensión

ha sido la de obtener el amparo de sus derechos fundamentales.

Iteró los demás argumentos planteados en la impugnación

presentada en el expediente 2023-02602-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

IV.-ACTUACIÓN PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Por Secretaría General fue remitido a esta Sección el expediente

110010315000-2023-02602-01 para que se resolviera sobre la

impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 28 de

julio de 2023, proferida por la SECCIÓN TERCERA.

Posteriormente, fue remitido por la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “A”- de esta Corporación el expediente

110010315000-2023-04095-01 para que se integrara a la acción

de tutela 110010315000-2023-02602-01.

A través de auto de 11 de abril de 202411 el Despacho

sustanciador dispuso la acumulación del expediente 2023-04095-01

al 2023-02602-01, por ser este en el que primero se notificó el auto

admisorio de la demanda y se profirió sentencia de primera instancia,

además de tener identidad de partes, hechos y pretensiones.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

11
Índice 30 SAMAI expediente 2023-02602-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

En el presente asunto, sea lo primero advertir que las acciones de

tutela identificadas con los números de radicación 2023-02602-01

y 2023-04095-01 comparten identidad de partes, hechos y

pretensiones, lo cual llevó a la consejera ponente a acumular ambos

procesos, teniendo en cuenta que este último expediente en realidad

era una reiteración de la solicitud inicial de amparo.

Comoquiera que ambos procesos ya contaban con sentencia de

primera instancia y sus respectivas impugnaciones fueron remitidas

a esta Sección para resolver lo pertinente, fue necesario decretar su

acumulación, con el fin de resolver una única impugnación respecto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

del proceso inicial que culminó con la sentencia de 28 de julio de

2023, en la que la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación declaró

improcedente la solicitud de amparo, por falta de relevancia

constitucional.

Siendo ello así, en esta instancia corresponde a la Sala desatar la

impugnación de la referida sentencia de 28 de julio de 2023,

mediante la cual la SECCIÓN TERCERA declaró la falta del requisito

general de la relevancia constitucional dentro de la acción de tutela

identificada con el número de radicación 2023-02602-01, toda vez

que corresponde al proceso principal al que fue acumulada la acción

de tutela radicada bajo el número 2023-04095-01, aunado a que,

por los hechos aquí narrados, se reitera, tampoco había lugar a

declarar temeridad alguna, bajo el entendido de que se impartió

doble trámite a una misma solicitud.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 3 de noviembre de 2021, proferida por la SECCIÓN

SEGUNDA de esta Corporación, dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

único de radicación 250002342000-2016-01304-01.

En el proceso aludido se discutió la legalidad de los actos

administrativos a través de los cuales Ecopetrol sancionó al actor

disciplinariamente con suspensión e inhabilidad especial por el

término de cuatro (4) meses, por afectar el servicio al elevar

reiteradas peticiones como trabajador de la empresa.

Además, en forma paralela, en el año 2015, Ecopetrol promovió en

contra del actor, ante la jurisdicción ordinaria laboral, un proceso de

levantamiento de su fuero sindical y autorización para la terminación

de su contrato laboral, el cual fue decidido en segunda instancia por

la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de 24

de mayo de 2019, en la que accedió a las pretensiones de la

demanda.

En la sentencia de 3 de noviembre de 2021, la SECCIÓN SEGUNDA

de esta Corporación confirmó la decisión a través de la cual fueron

denegadas las pretensiones de la demanda del actor, decisión frente

a la cual se encuentra en desacuerdo dado que, en su sentir, la

sanción disciplinaria le fue impuesta por las actividades sindicales

que desarrollaba, además para justificar el proceso de levantamiento

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

de fuero y dar por terminado su contrato.

En el curso de la primera instancia dentro del expediente 2023-

02602-01 la SECCIÓN TERCERA declaró improcedente la acción

de tutela por falta del requisito general de la relevancia

constitucional.

En su escrito de impugnación el actor insistió en que la sanción que

le fue impuesta obedeció a las denuncias sindicales que efectuó,

además de describir una serie de irregularidades en las que en su

sentir ha incurrido Ecopetrol en el desarrollo de su objeto social.

Así las cosas, la Sala debe determinar si hay lugar a confirmar,

modificar o revocar la sentencia impugnada, para lo cual debe

estudiar si el presente caso cumple con los presupuestos generales

de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial;

y, de ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA de esta

Corporación vulneró los derechos deprecados e incurrió en

irregularidad alguna, al haber proferido la sentencia de 3 de

noviembre de 2023.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 12, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».13

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

12
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación14, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [16].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [18].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente

[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [21]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos

[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Precisado lo anterior, la Sala observa que la SECCIÓN SEGUNDA de

esta Corporación confirmó la decisión del TRIBUNAL que denegó las

pretensiones de la demanda, con las cuales el actor quería desvirtuar

la legalidad de la sanción impuesta por Ecopetrol, por las siguientes

razones:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

“[…] 3.4 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas
que guardan relación con los problemas jurídicos derivados de
las causales de nulidad invocadas en el memorial de
impugnación de la sentencia de primera instancia:

i) El demandante se vinculó a la entidad demandada el 10 de
agosto de 1992, desempeñaba el cargo de profesional 1A en la
unidad organizativa gerencia de portafolio y sumaba 25 años y
15 días de servicio, según consta en certificación de 22 de
diciembre de 2015, signada por el líder del grupo maestra de
datos (e) de Ecopetrol (f. 652).

ii) Con decisión de 8 de octubre de 2014, la jefe (e) de la oficina
de control disciplinario interno de la demandada formuló pliego
de cargos contra el actor, en el que se indicó como
presuntamente infringido el numeral 1 del artículo 35 de la Ley
734 de 2002, en armonía con el numeral 3 del artículo 6° del
CPACA7, y se calificó provisionalmente la falta como grave a
título de dolo (ff. 2 a 15 vuelto).

Al respecto, se le formuló pliego de cargos, en concreto, por
cinco (5) peticiones en las que insistía en diferente forma en la
solicitud de exoneración de responsabilidad mientras ejerció
como interventor; reclamaciones que se resolvieron de manera
negativa. Sin embargo, como lo destaca el pliego de cargos y lo
señaló el a quo, se trataba de un cúmulo de peticiones que
afectaban la buena marcha del servicio.

iii) El demandante rindió descargos el 31 de octubre de 2014 y
solicitó el decreto de pruebas, tales como las actas de las
reuniones; que se tasen los daños por la perturbación del
servicio y la afectación al erario por el contrato 5202323; estado
final de costos y desviaciones del contrato 5202323; copias de
procesos judiciales y 30 testimonios (ff. 16 a 61).

iv) Decisión de 21 de noviembre de 2014, emitida por el jefe (e)
de la oficina de control disciplinario interno de Ecopetrol, en la
que se pronunció sobre el decreto de las pruebas (ff. 70 a 155).
Actuación recurrida por el actor y confirmada con auto de 8 de
enero de 2015, suscrita por el presidente de Ecopetrol (ff. 263 a
268).

v) En el procedimiento disciplinario se recibieron los testimonios
de los señores Álvaro Lasso Amézquita, Ayde Mary Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

Tello, Adriana Yicett Ávila Galindo, María del Pilar Moya
Gutiérrez, Luis Fernando García Perdomo, Blas Enrique
Velásquez Convers, Édgar Usma Bolívar y Amparo del Pilar
González Castro, quienes fueron contestes en manifestar que el
demandante, en claro abuso del derecho de petición, presentada
diferentes solicitudes en el sentido antes indicado, las cuales
fueron resueltas, pero que implicaban tiempo, esfuerzo y gasto
de recursos.

En el mismo sentido la señora Martha Lucía Lara Salamanca
declaró que apoyó muchas solicitudes formuladas por el actor y
los señores Rafael Gilberto Manrique Vacca y Josué Ricardo
Azuero Tamayo afirman que el demandante presentaba
múltiples y reiterativas peticiones, no obstante, ellos
propusieron realizar reuniones para definirlas (ff. 415 a 513).

vi) En providencia de 31 de marzo de 2015, el jefe (e) de la
oficina de control disciplinario interno declaró terminada la etapa
probatoria y concedió término de 10 días para que alegaran de
conclusión.

vii) Dentro del medio de control se recibieron las declaraciones
de los señores Adriana Yicett Ávila Galindo, Claudia Janeth
Wilches Rojas, Luisa Fernanda Arciniegas Ochoa, Martha Lucía
Lara Salamanca, Amparo del Pilar González Castro y Álvaro
Lasso Amézquita, pruebas que no sirven para infirmar o justificar
las razones por las cuales el demandante presentó de manera
compulsiva peticiones (cederrones de audiencia de pruebas
ff.1165,1202 y
1269).

viii) Informe rendido bajo la gravedad del juramento por el
representante legal para fines judiciales y extrajudiciales de
Ecopetrol, en el que expresó que las peticiones del actor estaban
relacionadas sobre el contrato 5202323; solicitó la misma
información y paz y salvos, respecto de los cuales ya se habían
emitido respuestas; y que en el procedimiento PD-4135-12 se
cumplieron todas las correspondientes etapas; agrega que para
la época de los hechos objeto de investigación, se le habían
respondido más de 246 peticiones, lo cual constituyó un
desgaste administrativo para la empresa. Además, «desde el
año 2010 y hasta el año 2019 el señor Calderón había
presentado 2.068 derechos de petición a los cuales Ecopetrol dio
respuesta, lo cual evidencia que en ningún momento se han
trasgredido los derechos que le asisten […] pues no se ha
desatendido ninguna de sus solicitudes y claramente lo que se
evidencia por parte del accionante es que es una práctica muy

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

común de su parte hacer solicitudes en volumen y reiteradas».

[…]

3.6 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos
derivados de las causales de nulidad invocadas en el
escrito de apelación de la sentencia

Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de
la demanda, por las siguientes razones:

[…]

3.6.1 Los actos acusados no están incursos en falsa
motivación, además, fue típica la conducta que motivó la
sanción disciplinaria impuesta al demandante, cuyo
comportamiento afectó sustancialmente el deber
funcional sin justificación alguna.

Alega el actor que en el pliego de cargos formulado en su contra
no se tipificó la conducta, el grado de culpabilidad, ni la ilicitud
sustancial. Agrega que no existió falta disciplinaria, en razón a
que ante la omisión de una contestación para «calmar la
angustia que le están generando», lo legitimó para reclamar,
reiteradamente, paz y salvo por sobrecostos del contrato
52022323 y obtener una «respuesta clara, concreta, precisa
exacta a sus peticiones» (f. 736).

[…]

Observa la Sala que en el acto de imputación jurídica se expuso
al actor que incurrió, al parecer, en la falta disciplinaria descrita
en el artículo 35 (numeral1) de la Ley 734 de 2002, el cual
cataloga expresamente como conducta sancionable de los
servidores públicos lo siguiente: «Prohibiciones. A todo servidor
público le está prohibido: // 1. Incumplir los deberes o abusar
de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los
contratos de trabajo».

[…]

Para la Sala, las actuaciones del actor comportan una actuación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

irregular y un desconocimiento de sus deberes como trabajador
del Estado, porque se demostró que de manera improcedente,
con claro abuso del derecho, formuló reiteradas peticiones de las
cuales, para el pliego de cargos, simplemente se mostraron
cinco (5), pero su afectación al servicio fue alta, como lo
afirmaron los deponentes arriba citados.

Recuerda la Sala que lo que el régimen sancionatorio
administrativo castiga de los servidores estatales es la conducta
violatoria del deber funcional como trabajador estatal, por
cuanto no existe justificación alguna para que el demandante
abuse del derecho de petición, al impetrar cientos de peticiones,
de los cuales cinco (5) se tuvieron como muestra, para imputarle
pliego de cargos.

[…]

Ahora bien, el demandante en esta instancia pretende que se
reconozca que era válido congestionar a la Administración, en
condición de su empleador, con varios derechos de petición
sobre un mismo tema, idénticas pretensiones e igual
justificación; para la Sala no es de recibo los argumentos
presentados, pues la no satisfacción de sus pretensiones no
constituye una autorización para abusar del derecho de petición.
En este asunto, se insiste, lo que se juzgó fue la obstinación
dolosa en formular solicitudes para obtener una exoneración que
Ecopetrol no podía emitir, frente a sus actuaciones como
interventor dentro del contrato 52022323, lo que evidentemente
congestionó y afectó el servicio e hizo malgastar los recursos
estatales.

Por otro lado, para la Sala los fundamentos que motivaron la
medida disciplinaria impuesta al demandante fueron expuestos
en forma suficiente y adecuada en los actos sancionatorios
acusados, de los que la Sala destaca los siguientes apartes:

[…] el tema central de las referidas comunicaciones es el
contrato 520223, vicisitudes de su desarrollo y liquidación (del
cual se conoce que el disciplinado fungió inicialmente como
interventor), por lo que las referencias que el A-quo hace a
diferentes comunicaciones libradas por este, como las
respuestas precedentes, comunicaciones relacionadas con el
contrato 5202323, o relativas al Paz y Salvo, tienen toda la
validez y pertinencia de todos los antecedentes de las múltiples
comunicaciones y solicitudes de cuyo registro dan cuenta 21
cuadernos principales y 66 cuadernos anexos que conformaban

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

el expediente. Por otra parte, del universo de comunicaciones
libradas por el disciplinado en torno al tema del contrato en
mención, se advierte claramente su exótica pretensión de
obtener un certificado, constancia o Paz y Salvo respecto de sus
actuaciones en relación con dicho contrato. Por lo tanto, es
entendible la metodología de agrupar o cobijar bajo un mismo
enunciado diversos asuntos sobre el mismo tema, máxime si son
repetitivos, pese a las respuestas dadas como ocurre en el caso
de autos [ff. 511 a 515].

[…]

La Sala tampoco echa de menos en los actos demandados
ninguno de los requisitos formales y sustanciales previstos en el
artículo 17020 de la Ley 734 de 2002 alusivos a los aspectos que
debe contener el «fallo» disciplinario, puesto que si se examinan
las decisiones acusadas, se verifica que la entidad analizó las
pruebas en conjunto, valoró los cargos, los descargos y las
alegaciones presentadas, relacionó las normas legales y
reglamentarias concernientes al deber funcional desconocido,
fundamentó la calificación de la falta y la culpabilidad y, en fin,
expuso claramente las razones de la sanción y los criterios de su
gradación, se insiste.

[…]

3.6.2 Tampoco hubo violación del derecho de audiencia y
de defensa, toda vez que se valoraron las pruebas en
armonía con los criterios de la sana crítica. Advierte la Sala
que como no se trata de repetir en sede judicial la valoración
probatoria que realizó la entidad en el procedimiento
administrativo, pues se desnaturalizaría la potestad disciplinaria,
el examen integral de legalidad recae sobre el contenido de los
actos demandados frente al orden jurídico superior al que
estaban sometidos y los supuestos de hecho en que se fundaron.

[…]

El demandante, en su escrito de apelación, alega que todas las
declaraciones fueron imprecisas, parcializadas y falaces porque
los deponentes laboraban para Ecopetrol, sin embargo, lo cierto
es que no hubo tacha de falsedad alguna y, por el contrario, los
testimonios son contestes en expresar el abuso del derecho de
petición al formular cientos de peticiones, de las cuales en el
pliego de cargos, señalaron como muestra cinco (5) que, de
manera evidente, eran improcedentes porque ya habían sido

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

resueltas.

3.6.4 No se comprobó la desviación de poder alegada,
porque el procedimiento disciplinario no fue un montaje
estructurado para sancionarlo, como represalia por haber
denunciado actos de corrupción en la entidad y por
vincularse al sindicato.

[…]

Como sustento del referido cargo de anulación, el actor indica
que (i) se omitió considerar su condición de trabajador
sindicalizado y de dirigente sindical, por lo que se incurrió en una
negación de las normas de orden público, como lo son los
Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo, en el marco de los
derechos sindicales y colectivos allí regulados, que también se
encuentran amparados y protegidos por disposiciones de
naturaleza constitucional y en tratados internacionales, como
son la Convención Americana de Derechos Humanos y el tratado
celebrado por el Estado colombiano con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT); (ii) se omitió apreciar por el a
quo que la investigación disciplinaria adelanta en su contra y la
sanción impuesta fueron el producto de la retaliación e
intimidación de la era objeto por ser dirigente sindical y haber
presentado junto con otros trabajadores sindicales una denuncia
por corrupción administrativa al interior de la entidad, como lo
es, en su criterio, la vinculación el 7 de diciembre de 2010 de la
cónyuge de un magistrado de la sala de casación laboral de la
Corte Suprema de Justicia, al tiempo que la hermana de este
magistrado era magistrada de la sala laboral del Tribunal
Superior de Bogotá; denuncia cuya copia completa fue
incorporada a la demanda; (iii) tampoco se valoró la existencia
de videos y declaraciones consignadas en estos, fundamento
para entrar a demostrar los indicios graves de posibles vínculos
de los altos funcionarios de la empresa petrolera con la
delincuencia armada paramiliar; y (iv) no se tuvo en cuenta que
lo han perseguido laboralmente y hostigado a partir del
momento en que optó ser trabajador sindicalizado y asumió el
cargo de dirigente sindical (elegido presidente de la subdirectiva
de «Sindispetrol»).

En el presente asunto, además de las afirmaciones del actor, no
existe algún nexo causal que vincule el procedimiento reglado,
que se cumplió para investigar, juzgar y sancionarlo, con alguno
de los fines torticeros antes enunciados, pues para que prospere
la causal de anulación por esta causal el investigado debe
aportar pruebas necesarias «que no dejen la más mínima duda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

de que al expedir el acto controvertido el agente de la
administración que lo produjo no buscó obtener un fin obvio y
normal determinado al efecto, sino que por el contrario, se valió
de aquella modalidad administrativa para que obtuviera como
resultado una situación en todo diversa a la que explícitamente
busca la Ley»27.

Se insiste, de las pruebas recaudadas se colige que al
demandante se le brindó las garantías pertinentes dentro del
trámite disciplinario, quien, según lo demostrado, abusó del
derecho de petición al presentar cientos de reclamaciones, de
las cuales simplemente, a título de muestreo y para concretar
los cargos, se utilizaron 5 manifiestamente improcedentes; en
efecto, como ya se indicó, los testimonios son contestes en
señalar la cantidad exagerada de solicitudes improcedentes
relacionadas con un paz y salvo sobre un contrato, respecto del
cual no podían ni pueden salvaguardar su indemnidad frente a
una eventual responsabilidad cuando ejerció como interventor;
y el hecho de que sea un trabajador sindicalizado, per se, no lo
exonera de su deber de responder disciplinariamente mientras
desempeña su labor como servidor oficial; el derecho
convencional de la OIT no ampara esa clase de elusión de
responsabilidad. En consecuencia, el cargo en los términos
propuestos no prospera […]”.

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que en la

providencia cuestionada la autoridad judicial accionada determinó

que fue probado que el actor elevó cientos de peticiones a su

empleador sobre un mismo asunto, conducta violatoria del deber

funcional como trabajador estatal, lo cual constituyó incumplimiento

de los deberes funcionales imputados en el pliego de cargos y que

corresponden a la descripción típica de carácter grave y dolosa, que

motivó la sanción de suspensión, en la graduación de cuatro (4)

meses.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

La SECCIÓN SEGUNDA encontró que pese a que el actor alegó que

las declaraciones rendidas en el proceso fueron imprecisas,

parcializadas y falaces porque los deponentes laboraban para

Ecopetrol, lo cierto era que no fueron tachadas de falsas y, por el

contrario, dichos testimonios fueron constantes en expresar el abuso

del derecho de petición al formular cientos de peticiones, de las

cuales 5 sirvieron de soporte para la formulación del pliego de cargos.

La autoridad judicial accionada no encontró probada la desviación de

poder alegada, esto es, que el procedimiento disciplinario hubiese

sido un montaje estructurado para sancionar al actor, como

represalia por haber denunciado actos de corrupción en la entidad y

estar vinculado al sindicato.

Lo anterior, pone en evidencia que la SECCIÓN SEGUNDA de esta

Corporación fundamentó su decisión de forma admisible y razonable

y, en particular, que lo pretendido por el actor con la presente acción

de tutela es cuestionar esa determinación como si este mecanismo

se tratara de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario sin

que, en todo caso, se vislumbre que la autoridad accionada pudo

haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los

límites del principio de la autonomía judicial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

En efecto, la argumentación del actor está dirigida a demostrar que

la sanción que cuestionó tuvo como causa implícita su labor sindical,

asunto que fue atendido en el proceso ordinario origen de la

controversia, sin que la acción de la referencia sea un mecanismo

para entrar a evaluar las denuncias que formula en sus escritos en

relación con las irregularidades que en su sentir ha incurrido

Ecopetrol en relación con sus recursos.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201722, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de

22
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201823, se sostuvo lo

siguiente:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]”
(Destacado de la Sala).

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que si bien la acción de

23
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

tutela reviste de informalidad lo cierto es que en asuntos como el

presente en el que el actor dirige acusaciones contra la Corte

Constitucional, jueces y magistrados de la Jurisdicción Ordinaria

Laboral y el Consejo de Estado, sus afirmaciones requieren de una

carga argumentativa acorde con su contenido, esto es, que haya una

relación entre lo decidido por esas autoridades y el fundamento de

los reproches que se les atribuye.

Si el actor estimaba que la acción de levantamiento de fuero sindical

fue presentada fuera de término, que no podía ser vinculado dos

veces a procesos disciplinarios por los mismos hechos o que los

procesos judiciales en los que fue parte debían tramitarse bajo una

sola vía procesal por unidad de materia, debió proponerlo ante los

respectivos jueces que conocieron de esos asuntos, sin que sea

procedente que ahora pretenda hacer valer esos argumentos en sede

de tutela, como medio de impugnación indeterminado frente a una

pluralidad de actuaciones judiciales.

Cabe anotar que, además, en relación con la sentencia T-226 de

2022, a través de la cual en sede de revisión la Corte Constitucional

estudió lo relacionado con el amparo solicitado por el actor de cara a

la sentencia en que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

levantó su fuero sindical, la acción de tutela es improcedente,

conforme lo ha indicado esa misma Corporación.

En efecto, en sentencia SU 627 de 2015, con ponencia del magistrado

Mauricio González Cuervo, la Corte Constitucional advirtió:

“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia
de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la
sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de
tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando
la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional,
sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante
la Corte Constitucional […]”. (Destacado fuera de texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, dado que el a quo declaró improcedente la acción

de tutela24 dicha decisión será confirmada como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

24
En el radicado núm. 2023-02602-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación (Acumulados): 11001-03-15-000-2023-02602-01 y 11001-
03-15-000-2023- 04095-01
Actor: WILLMAR CALDERÓN OLMOS

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de julio de 2023,

proferida dentro del expediente identificado con el número único de

radicación 110010315000-2023-02602-00, por las razones

expuestas en la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.