Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-02426-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-02426-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-02426-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-02426-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: MUNICIPIO DE CHÍA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA
HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN JURÍDICA
DEL CASO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS
QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la
SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.
1
En adelante la SECCIÓN CUARTA.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-02426-00
Actor: MUNICIPIO DE CHÍA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El MUNICIPIO DE CHÍA2, actuando a través de apoderado judicial,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN CUARTA al
haber proferido la sentencia de 18 de abril de 2024, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 250002337000-2019-00466-01.
I.2.- Hechos
Indicó que la UNIVERSIDAD DE LA SABANA3 es propietaria de tres
predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria nums.
50N-357843, 50N-443807 y 50N-587198, ubicados dentro su
jurisdicción.
2
En adelante el MUNICIPIO.
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En adelante la UNIVERSIDAD.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-02426-00
Actor: MUNICIPIO DE CHÍA
Anotó que, a través del Decreto núm. 62 de 13 de septiembre de
2018, determinó el efecto plusvalía y su contribución en las zonas y
subzonas homogéneas geoeconómicas de su jurisdicción, en las
cuales se encuentran incluidos los mencionados predios de propiedad
de la UNIVERSIDAD.
Manifestó que el 16 de noviembre de 2018 la UNIVERSIDAD
interpuso un recurso de reposición contra el referido decreto,
decisión que fue confirmada mediante Resolución núm. 780 de 26 de
febrero de 2019.
Sostuvo que en el año 2019 la UNIVERSIDAD promovió un medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la finalidad
de discutir la legalidad de los actos administrativos aludidos.
Precisó que el referido proceso fue identificado con el número único
de radicación 250002337000-2019-00466-00 y atribuido para su
trámite en primera instancia a la SECCIÓN CUARTA -SUBSECCIÓN
“B”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4
que, a través de sentencia de 21 de octubre de 2022, denegó las
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En adelante el TRIBUNAL.
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Actor: MUNICIPIO DE CHÍA
pretensiones de la demanda.
Adujo que la UNIVERSIDAD interpuso el recurso de apelación
respectivo ante la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación que,
mediante sentencia de 18 abril de 2024, revocó la decisión recurrida
y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda al estimar
que los actos administrativos demandados desconocieron el principio
de irretroactividad tributaria, dado que en estos se determinó la
participación en plusvalía con base en una tarifa fijada con
posterioridad a los hechos generadores.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la SECCIÓN CUARTA vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, al consolidar por defecto sustancial y procedimental, una
inseguridad jurídica en materia de liquidación y exigibilidad del cobro
de la plusvalía.
Indicó que se está ante un perjuicio irremediable comoquiera que en
la providencia cuestionada la autoridad judicial accionada determinó
que no se puede hacer exigible la plusvalía a la UNIVERSIDAD,
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Actor: MUNICIPIO DE CHÍA
dado que el tributo estaba previsto en los actos administrativos que
fueron anulados.
Precisó que el perjuicio es grave “[…] por cuanto el municipio deja
de percibir unos ingresos importantes por concepto de plusvalía, en
donde el privado se benefició de una norma urbanística y entonces
debe el municipio, con recursos propios, sufragar obras de
infraestructura vial, servicios públicos y equipamientos comunales
[…]”.
Adujo que el análisis que hizo la autoridad judicial accionada es
errado, dado que “[…] previamente al nacimiento del hecho
generador o del nacimiento de la obligación tributaria existían los
elementos esenciales de la Plusvalía mediante Acuerdo 52 de 2013,
cosa distinta que para el momento de liquidación y determinación
había cambiado la tarifa, luego entonces debía aplicarse la nueva
norma en cuanto a la tarifa vigente al momento de liquidar la
plusvalía […]”.
Adujó que hubo un cambio normativo respecto al porcentaje de la
tarifa, no frente a la creación de los elementos esenciales del tributo
“[…] todo ello, en razón al mandato establecido en el Acuerdo 100 de
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2016 en su artículo 161, el municipio actualizó, si se quiere decir, su
estatuto de rentas como lo hacen todos los municipios de Colombia,
y en ese sentido, ajustó la tarifa en el 35 %, inclusive una tarifa más
beneficiosa para la parte demandante […]”.
Sostuvo que aplicar la tesis y entender el principio de irretroactividad
como lo hizo el Consejo de Estado, implicaría destruir la plusvalía y
que nunca se pueda recaudar dicho tributo por el mero capricho y
desbordado entendimiento de dicha autoridad.
Anotó que la SECCIÓN CUARTA desconoció el precedente contenido
en la sentencia C 785 de 2012 proferida por la Corte Constitucional,
conforme con la cual el principio de irretroactividad tributaria no es
absoluto cuando existen modificaciones beneficiosas para el
contribuyente como sucedió en el caso objeto de la controversia, en
donde la tarifa del tributo fue reducida del 40 al 35%.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] Se dan todos los elementos jurídicos en la presente acción
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de tutela, para demostrar que la sentencia objeto de
cuestionamiento por medio de la presente acción de tutela debe
ser revocada y en su lugar confirmar la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1- La SECCIÓN CUARTA de esta Corporación indicó que la
objeción del actor carece de relevancia constitucional, porque lo que
pretende el accionante es reabrir la discusión planteada en el proceso
que dio lugar a la sentencia impugnada, en relación con la aplicación
del principio de irretroactividad de la ley en materia tributaria, con el
fin de obtener una decisión conforme a sus intereses.
Agregó que, en todo caso, como lo indicó en la providencia
cuestionada el principio de irretroactividad en materia tributaria
cobija a todas las normas que definen los elementos esenciales del
tributo, incluyendo la tarifa de este.
I.5.2.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, sostuvo que pese a la diferencia
entre la tesis de la sentencia que profirió en primera instancia del
proceso ordinario y la de la providencia cuestionada, dicha
divergencia no es suficiente para acceder al amparo solicitado.
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Actor: MUNICIPIO DE CHÍA
Explicó que los vicios invocados en el trámite excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales no pueden solo
fundamentarse en la discrepancia entre las posturas, pues con ello
se amenaza el principio de seguridad jurídica desarrollado en el
ordenamiento al conferir al Máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo la potestad para unificar los criterios de
decisión.
I.5.3.- La UNIVERSIDAD, vinculada en calidad de tercera con
interés directo en las resultas del proceso, indicó que la presente
acción de tutela es improcedente por falta de relevancia
constitucional porque lo pretendido por el accionante es constituir
una tercera instancia.
Anotó que conforme con la sentencia C-635 de 2011 la
irretroactividad no sólo se vulnera cuando se altera hacia el pasado
el hecho generador, sino también cuando la ley modifica cualquiera
de los aspectos o elementos que delimitan la obligación tributaria.
Destacó que el actor liquidó la participación en la plusvalía sobre sus
predios y aplicó retroactivamente las tarifas fijadas en el Acuerdo
Municipal 107 del 27 de diciembre 2016, sobre un presunto hecho
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generador que, según los actos demandados, se produjo por el
Acuerdo 100 del 25 de julio de 2016.
Anotó que, además, la tesis de la providencia cuestionada responde
a la posición jurídica que el Consejo de Estado ha aplicado a otros
casos análogos, en los que el MUNICIPIO actuó de la misma forma,
como fue señalado en sentencia de 17 de mayo de 2018, dentro del
expediente identificado con el número único de radicación 25000-23-
37-000-2012-00459-02.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
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Actor: MUNICIPIO DE CHÍA
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
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tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
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adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 18 de abril de 2024, proferida por la SECCIÓN
CUARTA de esta Corporación, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 25000-23-37-000-2019-00466-01.
A través de la referida providencia fueron anulados los actos
administrativos a través de los cuales el MUNICIPIO liquidó la
plusvalía para tres predios de la UNIVERSIDAD, al estimar que
aquella autoridad desconoció el principio de irretroactividad
tributaria.
El disenso del MUNICIPIO radica en que, en su sentir, la autoridad
judicial incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y
desconocimiento al precedente judicial, comoquiera que no tuvo en
cuenta que la nueva normatividad no modificó los elementos
esenciales del tributo, sino que implicó un cambio sobre el porcentaje
de la tarifa que se ajustó del 40% al 35%, esto último, incluso más
beneficioso para el contribuyente.
Por lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
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contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente judicial,
al haber proferido la sentencia de 18 de abril de 2024.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
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esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
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ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que se advierte que lo pretendido por
el actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural de la causa, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
En efecto, los motivos que fundamentan las divergencias se
sustentan, básicamente, en que el actor estima que la modificación
del porcentaje de la tarifa del tributo cuestionado no implica un
desconocimiento de principio de irretroactividad tributaria, además,
porque el cambio resultaba más beneficioso al contribuyente.
Así las cosas, se evidencia que lo pretendido por el actor es crear una
instancia adicional, con base en argumentos que fueron resueltos por
la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación en la providencia
cuestionada, así:
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“[…] En ese orden de ideas, el Decreto 062 de 2018 que liquidó
la participación en plusvalía sobre los predios de propiedad de la
demandante, y la Resolución 780 del 26 de febrero de 2019, que
negó el recurso de reposición contra la anterior, desconocieron
el principio de irretroactividad tributaria, pues estimaron la
participación en plusvalía por hechos generadores ocurridos por
la expedición del Acuerdo 100 del 29 de julio de 2016, con base
en la tarifa definida en una norma posterior, en lugar de acudir
a la tarifa del tributo vigente al momento de la ocurrencia de las
acciones urbanísticas que se pretenden imputar como
generadoras del gravamen.
Para la Sala, le asiste razón a la apelante al sostener que
el hecho de que la tarifa fijada en el Acuerdo 107 de 2016
fuese menor a la establecida en la norma anterior no salva
el desconocimiento del principio de irretroactividad de las
normas tributarias, pues la norma constitucional que lo
consagra no exceptúa su aplicación a supuestos en los
que la carga fiscal a cargo de los sujetos pasivos pueda
ser menor. Si la normativa anterior aplicable en el municipio ya
contaba con una tarifa definida para el momento de la
realización del hecho generador, no cabía acudir a la fijada en
una norma posterior, pues ello redundaba en un
desconocimiento del principio constitucional de irretroactividad
en la aplicación de las normas tributarias.
Se concluye entonces que el municipio demandado violó el
principio de irretroactividad tributaria, en tanto aplicó
retroactivamente la tarifa establecida en el Acuerdo 107 de 2016
para fijar la participación en plusvalía a cargo de la demandante.
Por lo anterior prospera el cargo, por lo que la Sala procederá a
revocar la sentencia apelada, y en su lugar, anulará los actos
demandados, sin necesidad de ocuparse del estudio de los
demás cargos de la apelación […]”.
Conforme con la transcripción en cita la Sala advierte que, si bien el
actor estima que la modificación del porcentaje de la tarifa del tributo
no implicaba un desconocimiento de la irretroactividad tributaria, lo
cierto es que la SECCIÓN CUARTA de esta Corporación determinó
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que el referido principio no exceptúa su aplicación a supuestos en los
que la carga fiscal a cargo de los sujetos pasivos pueda ser menor.
Además, la autoridad judicial accionada precisó que si la normativa
anterior aplicable ya contaba con una tarifa definida para el momento
de la realización del hecho generador, no cabía acudir a la fijada en
una norma posterior.
Lo anterior pone de manifiesto que lo pretendido por el actor es que
el juez de tutela haga un nuevo examen integral de la situación
fáctica del caso, con la finalidad de que se haga una corrección al
análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la
interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera
una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite
ordinario.
La Sala destaca que la acción de tutela no es una instancia para
perseguir la imposición de conclusiones fácticas o jurídicas en
detrimento de la actividad de evaluación probatoria o análisis
sustancial de la autoridad judicial que naturalmente conoce de un
asunto, ni para mejorar los argumentos puestos a consideración en
un trámite ordinario, pues la intervención del juez constitucional está
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dada para eventos en que resulta evidente que hubo una actuación
abiertamente arbitraria, situación que en el presente caso no se
vislumbra, dado que más allá de cualquier otra lectura que pueda
darse al caso, lo cierto es que el análisis que efectuó la SECCIÓN
CUARTA es admisible y atiende al principio de autonomía judicial.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea
arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la
que goza el juez de conocimiento, la SECCIÓN CUARTA decidió el
asunto sometido a su consideración.
Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes
acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de
verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en
reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de
la providencia de 9 de febrero de 201715, en la que se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se
sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Aunado a lo anterior, la Sala tampoco puede desconocer que el
conflicto que subyace en esta oportunidad podría tener un alcance y
unas repercusiones de contenido meramente económico, teniendo en
cuenta la discusión y los argumentos que se extraen de la solicitud
de tutela, conforme con los cuales la procedencia de este mecanismo
se justifica en los recursos que el MUNICIPIO dejará de percibir
como consecuencia de la providencia cuestionada, lo cual, a todas
luces, escaparía de la órbita de la competencia del juez
constitucional.
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En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de junio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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