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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00466-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00466-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia apelada. En su lugar SEGUNDO: Anular el Decreto Municipal 62 de 2018, expedido por el alcalde municipal de Chía (Cundinamarca), así como la Resolución 780 del 26 de febrero de 2019, en lo que respecta al efecto plusvalía y contribución en la plusvalía liquidada para los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 50N-357843, 50N-443807 y 50N-587198, y de los que de ellos se lleguen a segregar o englobar. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar al municipio de Chía abstenerse de exigir el pago de la participación en la plusvalía liquidada en el Decreto Municipal 62 de 2018, y confirmada en la Resolución 780 de 2019, sobre los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 50N-357843, 50N-443807 y 50N- 587198, y de los que de ellos se lleguen a segregar o englobar. CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Reconocer personería a Juan Sebastián Briceño Torres como apoderado del municipio de Chía, en los términos y para los efectos del poder anexado al expediente electrónico (documento nro. 20 en la plataforma Samai). SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00466-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

18 de abril de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00466-01 (27445)
Demandante: Universidad de La Sabana
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00466-01 (27445)
Demandante: Universidad de la Sabana
Demandado: Municipio de Chía (Cundinamarca)

Temas: Participación en plusvalía. Principio de irretroactividad tributaria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

La Universidad de La Sabana es propietaria de tres predios denominados El Edén,
La Casita y El Triángulo 1, identificados con los folios de matrícula inmobiliaria
números 50N-357843, 50N-443807 y 50N-587198 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá Norte, ubicados en jurisdicción del municipio de
Chía (Cundinamarca) 1.

El concejo municipal de Chía expidió el Acuerdo 17 del 14 de junio de 2000, "por el
cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía
(Cundinamarca)". Este Plan de Ordenamiento fue modificado mediante el Acuerdo
100 del 29 de julio de 2016, "por medio del cual se adopta la revisión general y
ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial - POT - del municipio de Chía -
Cundinamarca, adoptado mediante Acuerdo 17 de 2000", en el cual los predios
mencionados mantuvieron su condición de suelo rural.

Posteriormente, el concejo municipal expidió el Acuerdo 107 del 29 de diciembre de
2016, "por medio del cual se expide el Estatuto de Rentas, se adiciona el
procedimiento tributario y el régimen de sanciones para el Municipio de Chía
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

El 13 de septiembre de 2018, el alcalde municipal de Chía expidió el Decreto 622,
por el cual se determinó el efecto plusvalía y la contribución por plusvalía en las
zonas y subzonas homogéneas geoeconómicas del municipio en las cuales se
encuentran incluidos los predios de propiedad de la demandante, teniendo en
cuenta la tarifa de participación en plusvalía fijada en el Acuerdo 107 de 2016 (35%).

El 16 de noviembre de 2018, la demandante radicó recurso de reposición contra el
Decreto 62 del 13 de septiembre de 20183, el cual fue resuelto desfavorablemente

1 Folios 25 a 42, c. p.
2 Folios 43 a 68, c. p.
3 Folios 69 a 82, c. p.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00466-01 (27445)
Demandante: Universidad de La Sabana
FALLO

por el alcalde municipal de Chía mediante la Resolución 780 del 26 de febrero de
20194.

DEMANDA

Pretensiones

La Universidad de La Sabana, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, formuló mediante apoderado ante esta jurisdicción las siguientes
pretensiones 5:

“PRIMERA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad del Decreto Municipal 62 de 2018,
expedido por el alcalde municipal de Chía, en lo que respecta al efecto plusvalía y
contribución en la plusvalía liquidada para los predios identificados con los folios de
matrícula inmobiliaria Nos. 50N-357843, 50N-443807 y 50N-587198, y de los que de
ellos se lleguen a segregar o englobar.

SEGUNDA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad de la Resolución 780 del 26 de febrero
de 2019, expedida por el alcalde municipal de Chía, por la cual se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por la UNIVERSIDAD DE LA
SABANA en contra del Decreto Municipal 62 de 2018.

TERCERA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene al
MUNICIPIO DE CHÍA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA cancelar la inscripción del
Decreto Municipal 62 de 2018 y la Resolución 780 del 26 de febrero de 2019, expedidos
por el alcalde municipal de Chía, que haya realizado o llegare a realizar sobre los
predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50N-357843, 50N-
443807 y 50N-587198, y de los que de ellos se lleguen a segregar o englobar.

CUARTA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se le ordene al
MUNICIPIO DE CHÍA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA abstenerse de exigir el pago
de la participación en la plusvalía liquidada en el Decreto Municipal 62 de 2018,
confirmada en la Resolución 780 de 2019, sobre los predios identificados con los folios
de matrícula inmobiliaria Nos. 50N-357843, 50N-443807 y 50N-587198, y de los que de
ellos se lleguen a segregar o englobar.

QUINTA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se le ordene al
MUNICIPIO DE CHÍA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA devolver los dineros que el
demandante le haya pagado o llegare a pagar con ocasión de la liquidación de plusvalía
efectuada en el Decreto Municipal 62 de 2018, confirmada en la Resolución 780 de
2019.

SEXTA PRETENSIÓN: Se condene MUNICIPIO DE CHÍA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHÍA a pagar costas y agencias en derecho, de conformidad con lo establecido en el
artículo 188 del CPACA”.

Normas violadas

La demandante indicó como normas violadas los artículos 338 y 363 de la
Constitución Política; 73 y siguientes de la Ley 388 de 1997, y el artículo 18 del
Acuerdo municipal 107 del 29 de diciembre de 2016 (Estatuto de Rentas Municipal
de Chía).

Concepto de violación

Violación del principio de irretroactividad de la ley tributaria

Para la demandante, la administración municipal desconoció el principio de
irretroactividad de la ley tributaria, pues aplicó retroactivamente la tarifa de la

4 Folios 83 a 96, c. p.
5 Folios 4 y 5, c. p.

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FALLO

participación en plusvalía fijada en el Acuerdo Municipal 107 del 29 de diciembre
2016, sobre un presunto hecho generador que, según los actos demandados, se
produjo con la expedición del Acuerdo 100 del 29 de julio de 2016. Según la
jurisprudencia constitucional, el principio de irretroactividad tributaria no solo se
vulnera cuando se altera hacia el pasado el hecho generador, sino también cuando
se modifica retroactivamente cualquiera de los demás aspectos o elementos
esenciales del tributo, incluyendo la tarifa del mismo.

Según la parte considerativa del mismo Decreto municipal 62 de 2016, el hecho
generador de plusvalía se materializó con la adopción del Acuerdo 100 del 29 de
julio de 2016, y para su cálculo debe aplicarse la tarifa de plusvalía fijada en el
Acuerdo 107 del 29 de diciembre de 2016. En lugar de aplicar la tarifa de plusvalía
vigente para el momento en que tuvo lugar el supuesto hecho generador (Acuerdo
100 del 29 de julio de 2016), el municipio resolvió aplicar la tarifa del efecto plusvalía
fijada en el Acuerdo 107 del 29 de diciembre de 2016, transgrediendo así el principio
de irretroactividad de las normas tributarias.

Violación del principio de certeza tributaria

El municipio desconoció el principio de certeza tributaria, pues en ninguno de los
apartes de los actos demandados se determinó expresamente el monto de la
participación en la plusvalía a pagar por los predios de propiedad de la demandante,
lo que ha impedido cuestionar de fondo la liquidación del valor a pagar. Aunque es
posible realizar cálculos aproximados de la contribución a cargo, en todo caso no
existe certeza acerca del monto concreto de la participación en la plusvalía.

El artículo 81 de la Ley 388 de 1997 dispone que el municipio debe determinar el
monto concreto de la participación en la plusvalía a cargo del contribuyente. A pesar
de que en el Decreto Municipal 62 del 2016 se señaló que la tarifa de plusvalía a
aplicar sería la del Acuerdo 107 de 2016 (35%), no se realizó el ejercicio de aplicar
dicha tarifa, y menos el de liquidar un valor final.

Dada la anterior ambigüedad de los actos demandados, la demandante no tiene
certeza del valor exacto que tendría que pagar por concepto del referido tributo, lo
que afecta su derecho de audiencia y defensa ante las autoridades administrativas
y judiciales.

Violación del procedimiento legal para la exigibilidad y cobro de la
participación en plusvalía

Según los términos establecidos en los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997, una
vez concretada la acción urbanística constitutiva del hecho generador de la
participación en la plusvalía, la administración municipal contaba con un término de
140 días para calcular y liquidar este tributo, así como para expedir y notificar el
respectivo acto administrativo. En contraste con lo anterior, en el caso concreto, el
tributo se liquidó dos años después de la ocurrencia del hecho generador.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que si la ley no le da
expresamente el efecto preclusivo al desconocimiento de tales términos, su
incumplimiento no implica per se la ilegalidad o ineficacia del acto administrativo;
pero cuando el retardo injustificado es de tal entidad que implica una alteración del
orden jurídico, la seguridad jurídica o el debido proceso del sujeto pasivo de la
obligación, tal irregularidad sí adquiere la entidad necesaria para que se declare la
nulidad del acto administrativo.

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FALLO

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El municipio de Chía (Cundinamarca) se opuso a las pretensiones de la
demanda6 en los siguientes términos:

La expedición de los actos demandados se ajustó a derecho, en la medida en que
para el momento en que se profirieron los actos administrativos acusados (2018),
el Acuerdo 107 de 2016 ya se encontraba vigente, pues derogó expresamente el
Estatuto de Rentas contenido en el Acuerdo 52 de 2013. Como la norma que sirvió
de fundamento para la liquidación de la participación en plusvalía era el nuevo
estatuto de rentas, el procedimiento para la determinación de la misma debía ser el
contenido en la norma entonces vigente.

En tanto la participación en plusvalía no es un tributo de periodo, la tarifa aplicable
es la vigente al momento de efectuar su liquidación, según lo autorizado por el
concejo municipal. En este caso, la tarifa autorizada al momento de la liquidación
del gravamen, era la establecida en el Acuerdo 107 de 2016.

La participación en plusvalía fue liquidada y determinada respecto de cada predio
teniendo en cuenta el área afectada y la tarifa aplicable. Al momento de la
presentación del recurso de reposición contra el Decreto 62 de 2018, la
demandante no objetó en nada el cálculo efectuado, sino que presentó otras
objeciones, relativas a la indeterminación del hecho generador, falsa motivación,
violación al debido proceso y al derecho de defensa, que fueron resueltas en la
Resolución 780 de 2019.

Aunque desde la expedición del Acuerdo 100 de 2016, el municipio de Chía
adelantó las acciones pertinentes para liquidar la plusvalía mediante un proceso
particular que debe cumplir en principio los términos de la Ley 388 de 1997, la
superación de los mismos no suponen una nulidad o pérdida de competencia del
municipio para su liquidación, pues la determinación del efecto plusvalía obedece
a circunstancias y complejidades que requieren estudios dispendiosos a efectos de
establecer las zonas y subzonas homogéneas afectadas, sin que la entidad pierda
competencia por hacerlo por fuera de los plazos legales. Las etapas del proceso
legal para establecer la participación en plusvalía se observaron en su totalidad,
conforme a las normas aplicables.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda7.

Para el Tribunal, el incumplimiento de los términos legales para la liquidación del
gravamen no da lugar a anular los actos demandados, en la medida en que ello no
afecta derechos de particulares. Aunado a lo anterior, el legislador no previó un tipo
de sanción o consecuencia derivado de la inobservancia de dichos términos, pues
no dispuso algún tipo de pérdida de competencia en cabeza de la administración
municipal por no expedir el acto administrativo de determinación y liquidación del
efecto plusvalía dentro de los 140 días totales contemplados en la Ley 388 de 1997.
Tales términos son perentorios mas no preclusivos, porque no tienen una
repercusión sustancial en el trámite administrativo establecido para la liquidación y
determinación del efecto plusvalía.

6 Folios 185 a 195, c. p.
7 Folios 153 a 165, c. p.

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La expedición de un nuevo estatuto de rentas municipal no supuso en sí misma la
violación al derecho de defensa de la demandante, pues el hecho de que este haya
entrado en vigencia entre la publicación del Acuerdo 100 de 2016 y la expedición
del Decreto 62 de 2018 no demuestra vulneración del principio de contradicción,
sobre todo si se tiene en cuenta que dicho fundamento del Decreto 62 de 2018 se
hizo explícito en la parte considerativa del acto demandado.

Los actos no adolecen de falta de motivación o de certeza en el monto cobrado,
porque si bien el municipio de Chía no incluyó en el Decreto 62 del 13 de septiembre
de 2018 el monto concreto de la plusvalía de cada uno de los inmuebles, la
motivación y la parte resolutiva del acto administrativo permite calcular con
precisión el valor del tributo, con fundamento en los datos que se consignaron en
las tablas anexas al decreto.

No se violó el principio de irretroactividad de la ley tributaria, pues aunque el hecho
generador se consolidó con la expedición del Acuerdo 100 del 29 de julio de 2016,
los elementos de la obligación tributaria solo quedaron definidos con la expedición
del Acuerdo 107 del 29 de diciembre de 2016, que estableció con precisión la tarifa
y la base sobre la cual se calcularía el gravamen. El hecho de que la tarifa utilizada
haya sido la contenida en el Acuerdo 107 de 2016 (que no se encontraba vigente
para el momento de realización del hecho imponible) no implica violación al principio
de irretroactividad tributaria, pues según el Acuerdo 100 de 2016, la tarifa debía ser
definida posteriormente por el concejo municipal, lo cual se efectuó mediante el
Acuerdo 107 de 2016.

Por otra parte, la tarifa del 35% señalada en el Acuerdo 107 de 2016 es menor que
la del 40% prevista en el Acuerdo 52 de 2013, por lo que el municipio de Chía aplicó
la norma que le resultaba más beneficiosa al contribuyente.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la decisión del Tribunal 8, por estimar que la misma no
se ajustó a derecho.

Insistió en que el municipio no observó los términos para la determinación y cobro
de la plusvalía, de conformidad con lo señalado en la Ley 388 de 1997. Los términos
fijados en esta ley inciden efectivamente en la determinación de derechos e
intereses sustanciales de quienes resulten afectados por la liquidación del efecto
plusvalía. Si los términos señalados en estas normas son de orden público y de
obligatorio cumplimiento, no cabe restarles valor para desestimar el cargo de
nulidad, estando demostrado que el municipio desconoció ampliamente los
términos fijados en la ley citada.

No se debe ignorar el hecho de que los términos fijados tienen por finalidad
garantizar una cercanía temporal entre la expedición del hecho generador de la
plusvalía y la liquidación de la misma, ni que el exagerado paso del tiempo genera
una situación de inseguridad jurídica para los administrados tanto respecto de la
iniciación de este procedimiento, como del monto resultante del cálculo efectuado
por la administración.

El propio Tribunal reconoce que los actos atacados no cuentan con un valor
específico y concreto que permita conocer la erogación por concepto de
participación en plusvalía. No se explica por qué, estando probada esta
circunstancia, el despacho desechó el cargo formulado de violación de los
principios de certeza tributaria y debido proceso planteado en la demanda.

8 Documento nro. 82 del expediente electrónico en la plataforma Samai.

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Sí hubo un desconocimiento del principio de certeza tributaria, hasta el punto en
que el Tribunal hizo el cálculo de la participación en plusvalía, cuando ello le
correspondía al municipio, y debía quedar explícito en el acto de liquidación.
Además, el cálculo realizado por el Tribunal fue equivocado, en tanto tuvo en cuenta
el área total de los predios de la demandante, y no el área objeto de participación
en plusvalía (esto es, descontando las cargas urbanísticas). Si las cifras para el
cálculo y su procedimiento no se encuentran en los actos atacados, no puede
sostenerse que los mismos tienen el grado de claridad y motivación que exige el
principio de certeza tributaria.

Insistió en que sí se vulneró el principio de irretroactividad de la ley tributaria, al
haberse aplicado la tarifa contenida en una norma que no estaba vigente para el
momento de realización del hecho generador del tributo. La norma que da lugar a
la acción urbanística generadora de plusvalía (Acuerdo 100 del 29 de julio de 2016)
habilitó al concejo municipal para determinar posteriormente la tarifa en forma
general, pero ello no supone que la habilitó para desconocer el principio de
irretroactividad. Los elementos del tributo ya estaban plenamente definidos en el
Acuerdo 052 de 2013, de manera que no era dable esperar a que el concejo
municipal expidiera una nueva norma, y que esta fuese aplicada de forma
retroactiva.

Por último, sostuvo que la tarifa fijada en el Acuerdo 107 de 2016 no podía ser
aplicada de forma retroactiva por resultar más beneficiosa para el contribuyente, en
comparación a la establecida en la norma vigente al momento de expedirse la
acción urbanística. El hecho de que la tarifa consagrada en el nuevo estatuto de
rentas sea del 35 %, comparada con la del 40 % de la antigua norma, no implica
que la administración pudiese aplicar el primer porcentaje sobre un hecho
generador que no ocurrió en su vigencia, pues la que debía ser tenida en cuenta
era la de la norma del año 2013, vigente al momento de ocurrencia del hecho
generador, en atención al principio de irretroactividad.

TRÁMITE

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 22 de julio de 2023 9. En
tanto no se solicitó la práctica de pruebas en segunda instancia, ni había lugar a
decretarlas, no se corrió traslado para alegar, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 5.º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandante, le
corresponde a la Sala determinar (i) si los actos administrativos demandados fueron
expedidos con desconocimiento del principio de irretroactividad de la ley tributaria.
En caso de no prosperar este cargo, deberá examinar (ii) si los mismos actos
desconocieron el principio de certeza tributaria, y (iii) si los actos demandados son
nulos por violar los términos indicados en la Ley 388 de 1997 para efectuar el cálculo
de la participación en plusvalía a cargo de la demandante.

9 Documento nro. 9 del expediente electrónico del proceso en la plataforma Samai
(https://samairj.consejodeestado.gov.co/).
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FALLO

El principio de irretroactividad de la ley tributaria en la determinación de la
participación en plusvalía

La aplicación del principio de irretroactividad de la ley en materia tributaria,
establecido en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, supone que solo
hay lugar a exigir el cobro de un tributo cuando la obligación a cargo del sujeto
pasivo se ha configurado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma que
define sus elementos. Sobre su aplicación en el caso c oncreto de la participación
en plusvalía, dijo la Sala10:

“Según la noción del artículo 73 de la Ley 388 de 1997 que se afinca en lo prescrito en
el artículo 82 constitucional, solo cuando la acción urbanística genera beneficios por el
mejor aprovechamiento del suelo y del espacio aéreo, que, de suyo, implica una
plusvalía de la tierra, surge el derecho de los municipios, distritos y áreas metropolitanas
a participar en ese plusvalor. Con ocasión de ello, la norma señala que los concejos
municipales y distritales podrán adoptar la participación en plusvalía, mediante
acuerdos de carácter general y su destino será para fomentar el interés común a través
de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente: (i) los
costos del desarrollo urbano; (ii) el mejoramiento del espacio público, y (iii) la calidad
urbanística del territorio municipal o distrital.

(…)

Una vez adoptada en la jurisdicción municipal la participación en la plusvalía, la
configuración del hecho generador requiere que con posterioridad a su entrada en vigor
se adopte una acción urbanística, y su causación se dará desde el mismo momento en
que los usos del suelo y los índices de edificabilidad muten a unos potencialmente más
favorables, independientemente de que esas mejores condiciones sean o no
aprovechadas materialmente por el propietario”.

La obligación tributaria solo puede determinarse a favor del sujeto activo de la
misma, y a cargo del sujeto pasivo, una vez se encuentren definidos todos los
elementos de la misma, en una norma expedida con anterioridad a la realización del
hecho generador, y en los términos fijados por dichos elementos en la misma norma.
Ello supone que la obligación tributaria solo surgirá en los términos señalados por
las normas que definen tales elementos (ley, ordenanza o acuerdo municipal),
siempre y cuando se verifique el hecho generador definido en las mismas con
posterioridad a su entrada en vigor.

Así, la participación en plusvalía solo se genera a partir de la norma contentiva de la
acción urbanística de la cual derivaron cambios en el uso de suelo, o mayores
condiciones de aprovechamiento del mismo. En todo caso, el impuesto solo se
generará si la actuación urbanística que contiene la autorización específica a que se
refiere el artículo 74 de la Ley 388 de 1997 es realizada con posterioridad a la
adopción mediante acuerdo del tributo por el municipio que pretende exigirlo, y de
conformidad con la base gravable y la tarifa previamente definida en la norma local
correspondiente.

En el presente caso, el concejo municipal de Chía expidió el Acuerdo 100 del 29 de
julio de 2016, "por medio del cual se adopta la revisión general y ajustes al Plan de
Ordenamiento Territorial - POT - del municipio de Chía - Cundinamarca, adoptado
mediante Acuerdo 17 de 2000". Los incisos segundo y tercero del artículo 161 del
mismo disponen lo siguiente:

“Artículo 161. Estimación y liquidación del efecto plusvalía.

(…)

10 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de unificación

2020CE-SUJ4-006 del 3 de diciembre de 2020, exp. 23540, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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FALLO

Para estimar el efecto plusvalía, el Municipio realizará, en primera instancia, los estudios
dirigidos a establecer, identificar y cuantificar los predios en donde se configura alguno
o algunos de los hechos generadores de plusvalía.

En segunda instancia y partir del número de predios afectados por hechos generadores,
el municipio procederá a estimar el efecto en cada predio y a liquidar el mismo de
acuerdo a la tasa de participación imputable, previamente adoptada por el Concejo
Municipal, a iniciativa del Alcalde, en un porcentaje entre el 30% y el 50% del mayor
valor generado en los predios como resultado de las acciones urbanísticas acordadas”.

(Subraya la Sala)

El Acuerdo 107 del 29 de diciembre de 2016, "por medio del cual se expide el
Estatuto de Rentas, se adiciona el procedimiento tributario y el régimen de
sanciones para el Municipio de Chía Cundinamarca y se dictan otras disposiciones"
fijó en su artículo 333 la tarifa de la participación en plusvalía en el 35% del mayor
valor por metro cuadrado del inmueble afectado.

A su turno, en la parte motiva del Decreto 62 del 13 de septiembre de 2018 se lee 11:

“Que con ocasión de la adopción del Acuerdo No 100 de 2016 que efectuó la revisión
general del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía, POT- en el cual se
establecieron acciones urbanísticas generadoras de plusvalía se procedió a adelantar
los estudios para el cálculo del efecto plusvalía y su liquidación, proceso efectuado
conforme a la metodología de la Resolución 620 de 2008 IGAC, y que tuvo
principalmente los siguientes criterios de carácter técnico:

(…)

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 388 de 1997, el Concejo
Municipal de Chía mediante el Acuerdo No. 107 del 29 de Diciembre de 2016 –Estatuto
de Rentas Municipal (ERM)- fijó la tarifa de la participación en plusvalía en el treinta y
cinco por ciento (35%) conforme a lo preceptuado en el artículo 334 [sic] del E.R.M., la
cual será aplicada sobre el total del monto de la participación para establecer el valor
por metro cuadrado de participación en plusvalía, el cual será multiplicado por el área
objeto de participación en plusvalía”.

De lo anterior resulta claro que el acto demandado estimó que la participación en
plusvalía a cargo de la demandante, por hechos generadores acaecidos con
ocasión de la expedición del Acuerdo 100 del 29 de julio de 2016, debía calcularse
con base en la tarifa fijada en el Estatuto de Rentas Municipal, norma expedida con
posterioridad a la primera mencionada. La tarifa aplicada para determinar la carga
tributaria de la demandante no era la vigente al momento de la realización del hecho
generador, sino que correspondió a la determinada por el municipio mediante
norma posterior.

En un caso similar, la Sala mediante sentencia de 3 de agosto de 2016 12, dijo:

“[…] la participación de plusvalía se generó y causó en un solo momento, esto es, al
verificarse la acción urbanística consistente en la expedición POT contenido en el
Acuerdo 17 de 200013, sin que pueda entenderse que su exigibilidad quedaría diferida
por el hecho de que la liquidación del tributo se haya realizado posteriormente, pues lo
cierto es que, el municipio no previó la tarifa aplicable, lo cual solo ocurrió con el Acuerdo
08 del 11 de agosto de 2008, por tanto, solo a partir de la publicación de este Acuerdo
podía ser liquidado el tributo por el municipio al estar regulados todos los elementos de
la plusvalía y, en esas condiciones, en virtud del principio de irretroactividad que rige en
materia tributaria, su aplicación solo es procedente para hechos generadores ocurridos
con posterioridad al Acuerdo 08 de 2008.

11 Folio 47, c.p. 1.
12 Exp. 21870, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Reiterada en sentencia de 17 de mayo de 2018, exp.

21593, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
13 Art. 112

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00466-01 (27445)
Demandante: Universidad de La Sabana
FALLO

Así pues, tampoco puede aceptarse el argumento, según el cual, el cobro del gravamen
se hizo teniendo en cuenta las normas anteriores establecidas en Acuerdo 17 de 2000,
la Ley 388 de 1997 y normas concordantes, pues como se indicó en la sentencia del 26
de febrero de 2015, «el solo hecho de que la norma acusada [Acdo. 08/08] disponga
que el cobro de la participación en plusvalía se efectúe teniendo en cuenta normas que
son anteriores, y que, en todo caso, resultan aplicables al tributo en mención, en manera
alguna puede entenderse como una autorización al Municipio para que cobre el tributo
a hechos generadores causados con anterioridad al 15 de agosto de 2008».

Por consiguiente, teniendo en cuenta que solo con la expedición del Acuerdo 08 de
2008 se precisó la tarifa del efecto plusvalía generado por el Acuerdo 017 de 2000, el
Decreto 059 de 2010 no podía liquidar el gravamen a los predios de las demandantes,
por hechos generadores ocurridos en vigencia del Acuerdo 017 de 2000, esto es, con
anterioridad al Acuerdo 08 de 2008, como lo pretende el ente demandado”.

(Subraya la Sala)

En ese orden de ideas, el Decreto 062 de 2018 que liquidó la participación en
plusvalía sobre los predios de propiedad de la demandante, y la Resolución 780 del
26 de febrero de 2019, que negó el recurso de reposición contra la anterior,
desconocieron el principio de irretroactividad tributaria, pues estimaron la
participación en plusvalía por hechos generadores ocurridos por la expedición del
Acuerdo 100 del 29 de julio de 2016, con base en la tarifa definida en una norma
posterior, en lugar de acudir a la tarifa del tributo vigente al momento de la
ocurrencia de las acciones urbanísticas que se pretenden imputar como
generadoras del gravamen.

Para la Sala, le asiste razón a la apelante al sostener que el hecho de que la tarifa
fijada en el Acuerdo 107 de 2016 fuese menor a la establecida en la norma anterior
no salva el desconocimiento del principio de irretroactividad de las normas
tributarias, pues la norma constitucional que lo consagra no exceptúa su aplicación
a supuestos en los que la carga fiscal a cargo de los sujetos pasivos pueda ser
menor. Si la normativa anterior aplicable en el municipio ya contaba con una tarifa
definida para el momento de la realización del hecho generador, no cabía acudir a
la fijada en una norma posterior, pues ello redundaba en un desconocimiento del
principio constitucional de irretroactividad en la aplicación de las normas tributarias.

Se concluye entonces que el municipio demandado violó el principio de
irretroactividad tributaria, en tanto aplicó retroactivamente la tarifa establecida en el
Acuerdo 107 de 2016 para fijar la participación en plusvalía a cargo de la
demandante. Por lo anterior prospera el cargo, por lo que la Sala procederá a
revocar la sentencia apelada, y en su lugar, anulará los actos demandados, sin
necesidad de ocuparse del estudio de los demás cargos de la apelación.

A título de restablecimiento del derecho, solo se ordenará al municipio abstenerse
de exigir el pago de la participación en la plusvalía liquidada en los actos anulados.
No se ordenará la devolución de los dineros pagados por ese concepto, ni la
cancelación de la inscripción del mencionado tributo en los folios de matrícula
inmobiliaria de los predios de propiedad de la demandante, en tanto no existe
prueba en el expediente de haberse efectuado pagos por ese concepto, ni
constancia de inscripción del gravamen en los folios de matrícula inmobiliaria de los
predios indicados que haya lugar a levantar.

Condena en costas

De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso),
comoquiera que no se encuentran probadas en el expediente.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00466-01 (27445)
Demandante: Universidad de La Sabana
FALLO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia apelada. En su lugar

SEGUNDO: Anular el Decreto Municipal 62 de 2018, expedido por el alcalde
municipal de Chía (Cundinamarca), así como la Resolución 780 del 26
de febrero de 2019, en lo que respecta al efecto plusvalía y
contribución en la plusvalía liquidada para los predios identificados con
los folios de matrícula inmobiliaria números 50N-357843, 50N-443807
y 50N-587198, y de los que de ellos se lleguen a segregar o englobar.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar al municipio de Chía
abstenerse de exigir el pago de la participación en la plusvalía
liquidada en el Decreto Municipal 62 de 2018, y confirmada en la
Resolución 780 de 2019, sobre los predios identificados con los folios
de matrícula inmobiliaria números 50N-357843, 50N-443807 y 50N-
587198, y de los que de ellos se lleguen a segregar o englobar.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Reconocer personería a Juan Sebastián Briceño Torres como
apoderado del municipio de Chía, en los términos y para los efectos
del poder anexado al expediente electrónico (documento nro. 20 en la
plataforma Samai).

SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salvo voto

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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