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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02537-00

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02537-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Colpensiones, al liquidar las prestaciones toma el salario base de cotización con el cual los empleadores elaboran sus autoliquidaciones de aportes, no es competencia, desde ningún punto de vista sumar factores salariales como los que expresa el peticionario(a) debido que se presume que el empleador como lo manda la ley ha tenido en cuenta todo lo que constituye el salario.>> (Subrayado propio) 10 Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00 Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02537-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Miguel Enrique
Quiñones Grillo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C y otro.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1.
El 21 de mayo de 2024, el señor Miguel Enrique Quiñones Grillo, presentó
demanda de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y a “la seguridad social en pensiones”.
Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por las autoridades accionadas
al proferir las sentencias del 1° de agosto y 29 de noviembre de 2023 2, en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 3 que promovió contra
Colpensiones, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones
que le negaron la reliquidación de su pensión de vejez.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 5 de diciembre de 2023.
3 Radicado número 11001-33-35-007-2022-00257-01.

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Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, a través del fallo
de 1 de agosto de 2023 negó las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue
confirmada parcialmente4 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C en sentencia de 29 de noviembre de 2023. Estimó que no
le asiste la razón al demandante, porque la jurisprudencia unificada del Consejo de
Estado establece que cuando se aplica el régimen de transición, los factores sobre
los que se deben calcular los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones son los
taxativamente previstos en el decreto 1158 de 1994, dentro de los cuales no se
encuentra la prima solicitada por el demandante.

3. Por otra parte, adujo que el IBL para el caso concreto es el previsto en el inciso 3°
del artículo 36 de la ley 100 de 1993, por cuanto a la entrada en vigor de esta norma
al demandante le faltaban menos de 10 años para cumplir los requisitos de la
pensión. En consecuencia, el ingreso base para liquidar la pensión de vejez debía
ser el promedio de lo devengado en ese tiempo, o el cotizado durante su vida laboral
si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor. Al revisar el asunto, encontró que Colpensiones cumplió con
lo anterior, de manera que la liquidación de la pensión de vejez se ajustaba a
derecho.

4. En su demanda de tutela, el accionante sostuvo que tanto el Juzgado como el
Tribunal incurrieron en defecto sustantivo, por cuanto aplicaron el artículo 1° del
Decreto 1158 de 1994, que es una norma general, desconociendo las normas
especiales que establecen los factores salariales a computar en el IBL pensional de
los magistrados auxiliares de las altas cortes, a saber el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 (prima especial de servicio) y el artículo 1º del Decreto 610 de 1998
(bonificación por compensación). Además, indicó que esa aplicación normativa no se
ajusta a la Constitución Política, pues si bien el Decreto 1158 de 1994 no es una
norma inconstitucional en sí, el Tribunal desconoció el artículo 4º superior, que regula
“el método de solución del conflicto de la Constitución con las leyes y de las leyes
entre sí”, y aplicó una norma general sobre una especial.

5. Agregó que no se puede decir que en virtud de la sentencia del Consejo de Estado
del 28 de agosto de 2018 perdieron vigencia y aplicabilidad los artículos 14 de la Ley
4ª de 1992 y 1º del Decreto 610 de 1998, por cuanto, (i) aquella decisión no dispuso
que en la liquidación del IBL pensional se excluyeran aquellos factores salariales
contenidos en leyes especiales y, (ii) porque no derogó expresa ni tácitamente
aquellas normas legales.

4 Revocó el numeral 1° de la decisión de primera instancia, donde se había declarado de oficio la excepción de

ineptitud sustantiva parcial de la demanda, por presuntamente no haberse acusado la proposición jurídica
completa originada con la petición elevada por el demandante el día 13 de septiembre de 2019 y, en su lugar, se
pronunció sobre todos los actos administrativos acusados.
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Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6. Igualmente expuso que la sentencia del Tribunal se contradice, al indicar por un
lado que “ningún otro factor devengado puede servir de base para calcular los
aportes o cotizaciones al sistema de pensiones y en consecuencia servir para liquidar
la pensión” y por otro lado sostener que “en todo caso la liquidación se hará con
fundamento en los valores cotizados”. A partir de ello el accionante formuló el
siguiente cuestionamiento: ¿Qué se hace respecto de otros factores diferentes a los
indicados en el decreto 1158 de 1994 (como la prima y la bonificación por
compensación) sobre los cuales se cotizó? ¿se incluyen o excluyen del IBL?

7. Para el accionante las autoridades judiciales también incurrieron en defecto
fáctico. Respecto al Juzgado indicó que hizo caso omiso a las pruebas del
expediente, con las que se acreditó que la prima especial y la bonificación por
compensación fueron devengadas por el actor, y sufragadas oportunamente por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial durante todo el tiempo de sus servicios
como magistrado auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura y en el Consejo de
Estado. Especificó los documentos supuestamente desconocidos, que dan cuenta
de su historia laboral y las cotizaciones realizadas.

8. También consideró que el Tribunal incurrió en un error al entender que la
Resolución SUB-138478 del 30 de junio de 2020 reliquidó la pensión de vejez del
actor con base en el documento llamado “liquidación”, porque aquel, a pesar de su
nombre, no contiene liquidación alguna por falta de las operaciones numéricas
propias de toda liquidación, sino un doble listado. Adicionalmente, sostuvo que no es
cierto que Colpensiones haya reliquidado la pensión, porque si se hubiera revisado
con detenimiento el documento “liquidación” la autoridad judicial se habría percatado
que en la columna IBL1 se recogen los valores y conceptos de pagos salariales
devengados por el tiempo faltante, y no los de todo el tiempo, como entendió el
Tribunal.

9. Finalmente, indicó que no es cierto ni consistente con las pruebas del expediente
que “el IBL de la pensión de jubilación del actor al 13 de septiembre de 2016, por
$9.513.846 para una pensión por $7.135.385 a la misma fecha, arroje un resultado
superior a la pensión que para entonces venia percibiendo por $6.690.640”, porque
esas cifras y conceptos son consistentes con la tesis del Tribunal y del A quo
relacionada con que los únicos factores a tener en cuenta en la liquidación del IBL
pensional son los taxativamente enumerados por el Decreto 1158 de 1994. Agregó
que no se estudiaron las pruebas en las que aparece demostrado que por los
factores prima especial y bonificación por compensación de la rama judicial se cotizó
cumplidamente al sistema de seguridad social en pensiones.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

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Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Por auto de 27 de mayo de 20245, se admitió la presente acción, se ordenó
10.

notificar a las autoridades judiciales accionadas, y se vinculó a la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- como tercero con interés.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
C6
11.
Invocó como medio de prueba la providencia acusada, e indicó que en ella se
puede verificar que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales del
accionante. Afirmó que la decisión fue tomada bajo el análisis fáctico y jurídico que
se hizo en esa oportunidad. Sin perjuicio de ello, se somete al juicio de valoración
del superior para que aborde el estudio de fondo de la sentencia.

(ii) Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá7
12.
Manifestó que las decisiones cuestionadas se ajustaron a los preceptos
constitucionales y legales. Lo resuelto fue el resultado del estudio fáctico, jurídico y
probatorio realizado por el Despacho, sin que pueda reprocharse algún tipo de
conducta que vulnere los derechos fundamentales deprecados por el accionante.
Máxime, cuando en el presente asunto se agotaron las instancias respectivas, y se
concedió el recurso de apelación formulado por la parte actora, el cual fue conocido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección C,
que confirmó parcialmente la decisión recurrida.

(iii) Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-8

13.
Arguyó que, verificados los archivos, bases de datos y los sistemas de información
con los que cuenta la entidad, no se encontró derecho de petición pendiente por
resolver a nombre del accionante que requiera a Colpensiones algún trámite
exclusivo, por lo que no tiene solicitud pendiente de resolver.

14.
Por otra parte, adujo que debe tenerse en cuenta que decidir de fondo las
pretensiones del accionante y acceder a las mismas invadiría la órbita del juez
ordinario. Además, se excederían las competencias del juez constitucional, en la
medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de
un perjuicio irremediable que haga viable su intervención.

15.
De otro lado, resaltó que la tutela no es el mecanismo adecuado para conseguir
la satisfacción del derecho reclamado por el actor, teniendo en cuenta que no puede
constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate. Sumado
a que el trámite alegado en la presente tutela, ya ha sido objeto de estudio por un

5 Notificado el 31 de mayo de 2024.
6 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 1 folio.
7 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 4 folios.
8 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 9 folios.

4

Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

juez ordinario el cual no accedió a las pretensiones solicitadas por el accionante, por
lo que la presente acción de tutela debe ser declarada improcedente ante la
existencia de la cosa juzgada.

(iv) Accionante9

16.
En memorial del 26 de junio de 2024 el accionante reiteró que las autoridades
accionadas incurrieron en defecto fáctico, por hacer caso omiso de las pruebas que
acreditaban que su empleador realizó las cotizaciones a que hace referencia en su
acción de tutela, cuestionando a su vez la aplicación de la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018.

17.
Los consejeros Fernando Alexei Pardo Flórez y María Adriana Marín presentaron
impedimento, que se declaró infundado por auto del 28 de junio de 2024.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

18. El Consejo de Estado ha indicado de manera reiterada como uno de los requisitos

generales alusivos a la procedencia formal de la acción de tutela interpuesta en
contra de una providencia judicial10, que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional. Para verificar ello, es necesario examinar11 que
el actor motive con suficiencia argumentativa las razones por las que la decisión
judicial objetada se presenta o proyecta como una afectación a un derecho o garantía
fundamental, evitando de esta manera abrir paso a una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia.

19. Revisado el escrito de tutela y el expediente contentivo del proceso contencioso

administrativo cuestionado, la Sala no encuentra que los argumentos que presenta
la parte accionante se proyecten como trasgresión de los derechos fundamentales
que invoca. Por el contrario, se estima que el asunto carece de relevancia
constitucional.

20. Respecto del defecto sustantivo alegado, se observa que la parte actora esbozó

argumentos generales y limitados, en la media en que no explicó el motivo por el
cual la norma utilizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C12 para resolver el caso concreto era evidentemente
inaplicable, ya sea porque perdió su vigencia, su aplicación resultaba del todo

9 Consta de 4 folios.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
11 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
12 Únicamente se hará el estudio frente a los reproches dirigidos contra esta autoridad judicial, en la medida en

que aquella con su decisión fue la que resolvió de forma definitiva la litis del asunto.
5

Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

inconstitucional o, su contenido no guardaba relación de conexidad material con los
temas estudiados.

21. Más allá de indicar que se incurrió en el mentado defecto por cuanto se aplicó el

Decreto 1158 de 1994, y no los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 y 1º del Decreto
610 de 1998, no esgrimió ninguna razón tendiente a explicar con rigor el motivo por
el cual la accionada erró al resolver el caso con fundamento en aquella disposición.

22. El accionante pretende mostrar una suerte de antinomia entre las normas en

cuestión, que debía resolverse aplicando el criterio de especialidad. Ese argumento
no cumple con el estándar constitucional exigido para su estudio, porque el señor
Quiñonez Grillo omitió evidenciar la coincidencia de esas disposiciones en cuanto a
su ámbito de validez material y la consagración de una regulación disímil respecto
del mismo asunto. En otras palabras, no acreditó que las referidas normas se
refieran al mismo tópico, pero ofrezcan respuestas jurídicas contrarias.

23. El artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 enlista los factores que se tendrán en

cuenta para calcular la base de cotización de los servidores públicos, en tanto que
los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 y 1º del Decreto 610 de 1998 se ocupan de
crear, respectivamente, la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación. Esos contenidos normativos no guardan correspondencia respecto
al asunto regulado. El único punto de convergencia se encuentra en la última de las
disposiciones, según la cual “la Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes”. Pero ello no comporta necesariamente una
disconformidad con el Decreto 1158 de 1994, ni determina su inaplicación.

24.
Al parecer el accionante entiende que la falta de mención expresa de estas dos
prestaciones en la primera norma, determina su falta de aplicación para los
magistrados auxiliares. Ello implica un único entendimiento del contexto normativo,
que deriva de esa situación una supuesta contradicción que no se explica, y descarta
de plano la complementariedad que se podría predicar de dichas regulaciones. En
tal sentido, el accionante se limita a sostener la disconformidad, sin explicar en qué
consiste la misma. Ello evidencia una falta de argumentación del alegado defecto
sustantivo, pues el mismo parte realmente la mera apreciación interpretativa del
accionante, que además omite puntualizar la razón para considerar que la postura
de la autoridad judicial respecto a este punto normativo no es admisible desde la
óptica constitucional.

25. Aunado a ello, si bien sostuvo que el Tribunal desconoció el artículo 4 de la

Constitución Política que regula “el método de solución del conflicto de la
Constitución con las leyes y de las leyes entre sí”, por dar prevalencia a la norma
general sobre la especial. Aquella situación no es un debate constitucional sino
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meramente legal, relacionado con un conflicto de normas y su interpretación.
Sumando a que esa norma superior hace relación a la prevalencia de la Constitución
Política frente a otras normas, pero no consigna reglas orientadas a resolver
conflictos entre disposiciones de jerarquía inferior.

26. En ese sentido, la enunciación del defecto responde en realidad a un descontento

del actor con la decisión objeto de disputa, y una discrepancia sobre postura
adoptada respecto a un punto de derecho meramente legal, que no transciende a
un debate de tipo constitucional. Lo anterior, sumado al hecho de que el accionante
no acompañó su solicitud de amparo con una argumentación suficiente que la
respalde, y denote la necesidad de intervención del juez de tutela.

27. Aunado a ello, se encuentra que los reparos ahora traídos a colación, también

fueron puestos en conocimiento del juez ordinario a través del recurso de apelación
que el demandante presentó contra la sentencia de 1 de agosto de 2023, proferida
por el Juzgado 7° Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá. Dentro
del cual cuestionó el hecho de no haberse incluido en su liquidación de pensión de
vejez lo devengado mensualmente en la Rama Judicial por concepto de prima
especial y bonificación por compensación. Aspecto que calificó como una aplicación
indebida del artículo 1° del decreto 1158 de 1994.

28. Sobre ese punto, la autoridad judicial accionada en el proveído cuestionado,
indicó que no le asistía razón al demandante, porque la jurisprudencia unificada del
Consejo de Estado establece que los factores sobre los que se deben calcular los
aportes o cotizaciones al sistema de pensiones son parte de los demás requisitos
que se rigen por la Ley 100 de 1993, de manera que ellos son los taxativamente
previstos en el Decreto 1158 de 1994.

29. Así, se tiene que la parte actora también pretende convertir este mecanismo de

amparo constitucional en una tercera instancia del proceso ordinario, con el fin de
seguir el debate de forma indefinida para que sea acogida su postura sobre la del
operador judicial. Lo cual, a todas luces, desnaturaliza el objeto de esta acción.

30.
Por otra parte, en relación con el defecto fáctico se arriba a la misma conclusión
en lo que atañe a la relevancia constitucional, pues tampoco se presenta una carga
argumentativa que lo sustente. De los 3 argumentos que esbozó el actor, en ninguno
de ellos indicó una razón que lleve a considerar que el Tribunal vulneró sus derechos
fundamentales, al realizar su análisis probatorio.

31. En las dos primeras afirmaciones cuestionó el documento llamado “liquidación”.

Primero, porque no contiene una verdadera liquidación, en tanto carece de las
operaciones numéricas propias de este tipo de ejercicios, y segundo, debido a que
en la columna IBL1 se recogen los valores y conceptos de pagos salariales
devengados por el tiempo que faltaba para acceder a la pensión, y no los de todo el
tiempo laborado. Manifestaciones que no tienen relación con un indebido análisis u
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Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
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Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

omisión en el estudio de las pruebas obrantes en el plenario por parte de la
accionada. Sumado a que tampoco explicó el motivo por el cual aquel documento
era determinante para la solución del caso.

32. Máxime cuando el Tribunal accionado no lo tuvo como fundamento para definir la

situación del actor. Pues de la simple lectura del fallo cuestionado, se entiende que
su decisión se basó, esencialmente, en la Resolución SUB138478 del 30 de junio
de 2020, debido a que aquella contiene la liquidación que actualmente se encuentra
incluida en nómina para el pago de la pensión debatida. Ahora, si bien se hizo
mención al documento llamado “liquidación”, aquello se dio para indicar que en la
misma también se observaba que Colpensiones reliquidó la pensión de vejez del
demandado a partir del 13 de septiembre de 2016 y para ello tuvo en cuenta el IBL
contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

33. Además, se debe resaltar que el hecho de que el documento llamado “liquidación”

sea un doble listado o no, o la manera en que sea presentado, carece por completo
de relevancia y su análisis es intranscendente. Pues aquel no es la Resolución final
donde se consignaron los valores a tener en cuenta para liquidar la pensión de vejez
del actor, dado que aquello se hizo en la Resolución SUB138478 del 30 de junio de
2020. La cual fue la que tuvo en cuenta la autoridad judicial accionada en el fallo hoy
cuestionado, y contra la que el accionante no esgrimió ningún tipo de argumento
respecto del análisis realizado por parte del operador judicial.

34. En ese sentido, para esta Sala el accionante no explicó en forma suficiente cuál

fue el yerro en que incurrió el Tribunal accionado al estudiar las pruebas obrantes
en el expediente. Es decir, no construyó ningún tipo de argumento tendiente a
exponer si existió una omisión en el decreto de pruebas, si la valoración del material
probatorio presentado fue caprichosa y arbitraria o, no fueron valorados en su
integridad.

35. El reproche más que referirse a la providencia del Tribunal, se orientó a cuestionar

un documento generado por Colpensiones, que ni siquiera consignó la decisión final
de sobre la liquidación, sino que presenta la historia laboral del accionante.
Finalmente, en la resolución se presenta una liquidación que parte de evaluar los 2
escenarios de la regla de transición respecto al IBL, a saber, aquel que tiene en
cuenta los últimos años previos a adquirir el estatus pensional y otro que resulta de
considerar toda la relación laboral. Con los mismos, Colpensiones hizo una
proyección del valor de la pensión en cada uno de los regímenes, ya sea el de
transición o el dispuesto en la Ley 100 de 1990, aplicando a cada uno de los IBL la
tasa de reemplazo a que habría lugar, de acuerdo al régimen. A partir de ese
ejercicio, que claramente es una liquidación, se estableció el que resultaba más
favorable. Y para el Tribunal ese proceder estuvo ajustado a la legalidad.

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Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

36. En últimas, lo indicado por el accionante revela un cuestionamiento a la
liquidación que realizó Colpensiones de su pensión de jubilación, y más
concretamente a la determinación del IBL, pero no al análisis jurídico y probatorio
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección C en
el proveído que debate.

37. Frente al tercer argumento esgrimido dentro del estudiado defecto, se observa

una reiteración de lo dicho en el defecto sustantivo. Motivo por el cual esta Sala no
hará un nuevo análisis. El accionante simplemente indica que a pesar de que la
pensión aparentemente fue reliquidada porque pasó de $6.690.640 a $7.135.385,
no es real el aumento porque el primer valor es el resultado de una liquidación que
no consideró las dos prestaciones reclamadas al referirse al defecto sustantivo
(prima especial de servicio y bonificación por compensación).

38. Lo anterior evidencia que las discrepancias expuestas por el accionante, más que

configurar causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, develan una natural inconformidad con la decisión adoptada por
el juez de instancia. Pero la misma se centra en una controversia meramente legal,
que no trasciende a la órbita constitucional.

39. Ahora, aunque el trasfondo de su reclamo se perciba como legítimo, porque
indaga por la supuesta omisión de incluir en su liquidación pensional valores sobre
los cuales alega haber cotizado, lo cierto es que los argumentos aquí planteados no
develan la configuración de los defectos alegados, y ese reproche central no pasa
de ser una acusación respecto de la cual no se presentan razones válidas para que
el juez constitucional intervenga.

40. El accionante asumió que la aplicación del Decreto 1158 de 1994 implicó per se

una disminución de su IBL porque en esa norma no se enlistan expresamente la
prima especial de servicios y la bonificación por compensación como factores
salariales a considerar en la liquidación. Al mismo tiempo, señaló como
contradictoria la postura del Tribunal de fundar su decisión en esa norma, y de
manera concomitante invocar la regla jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, pues según esta última al
IBL se integra todo lo cotizado. A pesar de que Colpensiones, en una de sus
decisiones13 le indicó que como administradora pensional no podía definir la

13 En la Resolución SUB322984 del 26 de noviembre de 2019, al resolver sobre este punto, la administradora de

pensiones indicó:

<<(…) para la respectiva liquidación se tuvieron en cuenta los factores salariales de acuerdo al Decreto 1158 de
1994 (…)
Además, el inciso quinto del acto legislativo 01 de 2005, establece "… para la liquidación de las pensiones solo
se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones..."
Por lo tanto el salario mensual, que el empleador declara a su trabajador y del cual se deduce la cotización para
el riesgo de vejez, debe estar conformado por todos aquellos factores que constituyen salario según la legislación
laboral.
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Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

inclusión de otras prestaciones, sino que se atenía a lo cotizado, en tanto era
obligación del empleador realizar las cotizaciones incluyendo todos los factores que
constituyan salario; el accionante centró su reproche en la aplicación del Decreto
1158 de 1994, en lugar de verificar a detalle la coincidencia de sus cotizaciones con
lo registrado en su historia laboral, a efectos de determinar si esas dos prestaciones
reclamadas efectivamente fueron cotizadas bajo la denominación de salario, y si
ello se refleja o no en su liquidación pensional.

41. Es decir, la discusión planteada más allá de redundar respecto a la aplicación o

no de un decreto, sobre la convicción de que el mismo resultaba contrario a la
regulación de la prima especial y la bonificación por compensación, debió considerar
que de cara al carácter salarial que se predica de esas prestaciones, pudieron ser
cotizadas como salario y así estar reflejándose en su IBL. Esa constatación
demanda un ejercicio de verificación de lo cotizado mes a mes como salario
(disgregando lo correspondiente a la asignación mensual y las otras prestaciones
con carácter salarial), a efectos de comprobar que se refleje fielmente en la historia
laboral, que determina el IBL. Pero evidentemente esa es una discusión que debe
surtirse ante el empleador, Colpensiones y eventualmente ante el juez ordinario. Más
allá de eso, la disputa que se trajo a instancias del juez de tutela fue una de
naturaleza meramente legal, respecto de la cual no se acreditó la necesidad de su
intervención.

42. De manera que, a pesar de que la discusión de fondo puede ser trascendental, el

abordaje de la misma se ha enfocado en una disputa interpretativa, que se pretendió
trasladar a esta instancia constitucional. En lugar de ahondar, ante la autoridad
administrativa y los jueces ordinarios, en la verificación de que esas prestaciones,
más allá de la denominación que se les diera (como rubros independientes o como
salario), estén reflejadas en la historia laboral como consecuencia de su efectiva
cotización. Aspectos, que pueden aclarar el panorama respecto a la preocupación
del accionante por que su pensión se corresponda con los valores que cotizó durante
su vida laboral.

43. En
los términos expuestos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo.

44. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

Colpensiones, al liquidar las prestaciones toma el salario base de cotización con el cual los empleadores elaboran
sus autoliquidaciones de aportes, no es competencia, desde ningún punto de vista sumar factores salariales
como los que expresa el peticionario(a) debido que se presume que el empleador como lo manda la ley ha tenido
en cuenta todo lo que constituye el salario.>> (Subrayado propio)
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Radicación: 1001-03-15-000-2024-02537-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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