Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02905-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02905-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02905-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veinticinco (25) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02905-001
Accionante : Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Vinculados : Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección A, Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C,
Juzgado 7° Administrativo de Bogotá y la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra sentencia de tutela, reliquidación pensional
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por el señor Miguel Enrique Quiñones Grillo, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración justicia, tutela
judicial efectiva y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. El señor Miguel Enrique Quiñones Grillo, quien actúa en nombre propio, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración justicia, tutela
judicial efectiva y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades,
presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B.
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] se deje sin efectos la situación de Cosa Juzgada Constitucional, que actualmente
connota la sentencia de tutela, del 5 de mayo de 2025, de la Sub Sección B, por
hallarse afectada la misma de consideraciones[,] análisis[,] actuaciones y omisiones
fraudulentas que impidieron que se le diera una decisión justa y recta al caso materia
de estudio y para que en consecuencia se ordene a la Sub Sección B, que expida el
fallo de tutela que corresponda en el cual se superen las irregularidades del que se
ataca en tutela por este escrito y actualmente vigente.
Hechos2
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante se puede evidenciar que, mediante Resolución ISS 3135 del 11 de
marzo de 2003, el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS) reconoció al señor
Miguel Enrique Quiñones Grillo una pensión mensual vitalicia de vejez (en
aplicación de la Ley 33 de 1985), efectiva a partir del 1° de junio de 2000,
equivalente al 75% del Ingreso Base de Liquidación (IBL), por valor de
$3.158.684; monto promedio del total cotizado, en aplicación del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
6. El 13 de septiembre de 2019, el actor solicitó la reliquidación de su pensión con
la inclusión, en el IBL, de la prima especial y la bonificación por compensación
devengadas durante su vinculación a la Rama Judicial como magistrado auxiliar.
Mediante las Resoluciones SUB-322984 del 26 de noviembre de 2019 y SUB-
35284 del 7 de febrero de 2020, Colpensiones negó lo pedido.
7. No obstante, a través de la Resolución SUB-138478 del 30 de junio de 2020, la
entidad reliquidó la mesada pensional a partir del 13 de septiembre de 2016, para
un nuevo valor de $7.135.385. Esta decisión fue confirmada por la Resolución
DEP 11123 del 14 de agosto de 2020.
8. Inconforme con esa determinación, el señor Quiñones Grillo promovió demanda
en ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho contra
Colpensiones, con el fin de obtener la reliquidación de su pensión de vejez con el
75% «del promedio de lo devengado y cotizado durante el tiempo que hiciere falta para adquirir
el derecho al 1º de abril de 1994», incluyendo la prima especial y bonificación por
compensación, devengadas mientras estuvo al servicio de la Rama Judicial, y
excluyendo los periodos en los que estuvo desempleado.
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 6.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
9. El asunto, que se tramitó bajo el radicado 11001-33-35-007-2022-00257-00, fue
conocido en primera instancia por el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de
Bogotá que, en sentencia del 1º de agosto de 2023, declaró de oficio la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda y negó las pretensiones. Apelada esa
decisión, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante fallo del 29 de noviembre de 2023, revocó la
declaratoria oficiosa de la excepción y confirmó en lo demás la providencia de
primera instancia.
10. Para ello, sostuvo que, conforme a la jurisprudencia unificada del Consejo de
Estado, los factores sobre los que se deben calcular los aportes al sistema de
pensiones son los taxativamente previstos en el Decreto 1158 de 1994, dentro de
los cuales no se encuentra la prima especial reclamada. Asimismo, afirmó que,
mediante la Resolución SUB-138478 del 30 de junio de 2020, Colpensiones
corrigió las imprecisiones iniciales y reliquidó la pensión de vejez a partir del 13
de septiembre de 2016, para lo cual, tuvo en cuenta el IBL del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
11. A raíz de lo anterior, el actor promovió una primera acción de tutela contra el
Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y seguridad social en pensiones, presuntamente
vulnerados por las sentencias del 1º de agosto y 29 de noviembre de 2023.
12. El accionante atribuyó a las providencias los defectos sustantivo y fáctico: el
primero, por aplicar el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 con desconocimiento
de las normas especiales que rigen el IBL pensional de los magistrados auxiliares
de las Altas Cortes (artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y artículo 1º del Decreto 610
de 1998); y el segundo, por omitir la valoración de las pruebas que acreditaban
que, la prima especial y la bonificación por compensación fueron devengadas por
el actor y sobre ellas se efectuaron aportes a pensión.
13. Mediante sentencia del 28 de junio de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (proceso con radicado No. 11001-03-15-000-
2024-02537-00) declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, en tanto, el accionante no esgrimió razones
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
tendientes a explicar con rigor el motivo por el cual la autoridad accionada habría
errado al aplicar el Decreto 1158 de 1994 en lugar de las normas especiales
invocadas, y que, respecto del defecto fáctico, tampoco se cumplió con la carga
argumentativa.
14. Inconforme con esa decisión, el accionante presentó escrito de impugnación y,
en sentencia de segunda instancia, del 5 de mayo de 2025, la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión del A-quo. El ad
quem reiteró que, no se superaba el requisito de relevancia constitucional frente
a los defectos sustantivo y fáctico, en la medida en que, los fundamentos de la
tutela se dirigían exclusivamente a reabrir el debate jurídico sobre la inclusión de
la prima especial y la bonificación por compensación en la reliquidación pensional,
asunto ya analizado y resuelto en el proceso ordinario. Agregó que, no se satisfizo
la subsidiariedad respecto de los cuestionamientos al documento denominado
«Liquidación», por tratarse de un argumento nuevo que no fue planteado en el
trámite del proceso ordinario.
15. Contra la sentencia del 5 de mayo de 2025, el actor promovió incidente de
nulidad por la causal 5ª del artículo 133 del Código General del Proceso, al
considerar que, se omitió la valoración del Certificado Electrónico de Tiempos
Laborados CETIL No. 2024088000938100060009. El incidente fue rechazado de
plano por auto del 11 de junio de 2025 de la Subsección B y, posteriormente,
mediante auto del 22 de julio de 2025, se rechazó por improcedente el recurso de
apelación interpuesto contra esa decisión.
16. En providencia del 30 de septiembre de 2025, notificada por estado el 15 de
octubre del mismo año, la Sala Novena de Selección de Tutelas de la Corte
Constitucional excluyó el expediente T-11378355 del trámite de selección para
revisión.
17. El señor Quiñones Grillo expuso, en esta segunda acción de tutela, que la
sentencia del 5 de mayo de 2025, incurrió en un defecto procedimental absoluto.
En primer lugar, al omitir pronunciarse sobre la solicitud probatoria elevada
mediante memoriales del 22 de agosto y 12 de septiembre de 2025; segundo, en
tanto, la Subsección B confirmó la improcedencia por razones distintas e incluso
contradictorias con las invocadas por la Subsección A; y, finalmente, porque la
Subsección B se habría apartado del procedimiento establecido para el trámite
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
de la impugnación de los fallos de tutela.
18. Según el actor, su escrito reúne todos los requisitos de procedibilidad de la
acción contra sentencias de tutela, ya que, (i) no existe identidad procesal entre
esta solicitud de amparo y la sentencia de tutela atacada; (ii) la providencia en
cuestión habría sido producto de una situación de fraude, derivada de reiterar la
interpretación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el documento
llamado «Liquidación» y de introducir una causal adicional de improcedencia; y (iii)
la inexistencia o imposibilidad de acudir a otro mecanismo legal para resolver la
situación, dado que, el incidente de nulidad promovido contra la sentencia del 5
de mayo de 2025 fue rechazado de plano.
II. TRÁMITE PROCESAL
19. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 22
de abril de 20263, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó
notificar a las autoridades judiciales accionadas; y (ii) dispuso vincular a
Colpensiones, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1. Contestaciones de la acción
20. 2.1.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C4 expuso que, la acción de tutela no se dirige contra ninguna de las
actuaciones adelantadas por esa autoridad judicial dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-007-2022-00257-01.
21. 2.1.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B5 adujo que, «es
evidente que la demanda interpuesta por el actor no satisf[ace] los requisitos de viabilidad
excepcional de este mecanismo constitucional cuando se propone contra sentencias proferidas en
otros procesos de acción de tutela, razón por la cual es, a todas luces, improcedente» . Esto en
tanto «El demandante no demostró y ni siquiera mencionó cómo la providencia fue producto de
una situación de fraude (fraus omnia corrumpit), como lo exige la jurisprudencia constitucional. Por
el contrario, los reproches del demandante se limitaron a expresar su inconformidad con el contenido
y los efectos de la decisión, en particular frente a la valoración jurídica, probatoria y procesal que
llevaron a declarar improcedente la tutela anterior».
3
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 6.
4
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13, archivo 15.
5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 14, archivo 19.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
22. Incluso advierte que, no se cumple el requisito de inmediatez de la acción «si se
tiene en cuenta que esa decisión fue notificada al actor desde el 22 de mayo de 20251, mientras
que la acción de la referencia fue presentada por el demandante el 16 de abril de 20262; es decir,
transcurrieron diez (10) meses y veinticinco (25) días, con lo que se superó con creces el término
que se ha considerado como razonable para el ejercicio de la acción». Y que «la decisión
controvertida fue excluida para su eventual revisión por parte de la Corte Constitucional3, motivo
por el cual es forzoso concluir que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional».
23. 2.1.3. El Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Bogotá, Sección
Segunda6, luego de hacer un recuento de las actuaciones al interior del proceso
ordinario, señaló que, aquellas se ajustaron a los preceptos constitucionales y
legales. Adicionalmente, remitió copia del expediente digital.
24. 2.1.4. Colpensiones7 solicitó que, se declare la improcedencia de la acción, por
cuanto no se ha materializado ningún vicio, defecto o vulneración de derechos
fundamentales.
25. 2.1.5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A8 solicitó que, se
declare la improcedencia de la tutela porque (i) las objeciones respecto de la
sentencia del 28 de junio de 2024 fueron expuestas en el recurso de impugnación,
y se resolvieron en providencia del 5 de mayo de 2025; (ii) el accionante no acreditó
que, el fallo censurado sea resultado de actuaciones fraudulentas; y (iii) no se
acredita el requisito de inmediatez, pues el fallo del 5 de mayo de 2025, que puso
fin al proceso, se notificó el 22 de mayo siguiente.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2. La acción
27. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 15, archivo 19.
7
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 21, archivo 22.
8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 22, archivo 25.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3. Problema jurídico
28. Se contrae a determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad y; en caso afirmativo, si es dable, a través de este mecanismo
constitucional, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que
pueda comportar la sentencia del 5 de mayo de 2025 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que confirmó la providencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela.
3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales y las dictadas en otras
acciones de tutela
29. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 9 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado10, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Además,
determinó los requisitos generales de la acción, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
30. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
9
Sentencia C-590 de 2005.
10
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
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término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
31. Ahora bien, en lo relativo al último requisito, en sentencia SU-627 de 201511, la
Corte Constitucional dispuso que, para establecer la procedencia de la acción de
tutela, cuando se trata de otro proceso de tutela, «se debe comenzar por distinguir si ésta
se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella».
32. En ese sentido, la referida jurisprudencia determinó que, si la acción de tutela se
dirige contra la sentencia de tutela, «la regla es […] que no procede». No obstante, tuvo
en cuenta dos circunstancias a saber: (i) esta directriz «[…] no admite ninguna excepción
cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por
sus Salas de Revisión de Tutela […]», pues, en tal situación, solo es admisible el incidente
de nulidad, que debe promoverse ante la Corte Constitucional; y (ii) si el fallo de
tutela se profirió por otro juez o tribunal de la República, procede de manera
excepcional, cuando exista fraude y, por tanto, se configure «el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta», situación que exige, además del cumplimiento de los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, que «(i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela
fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
33. De otra parte, si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del trámite
constitucional diferentes a la sentencia, se debe identificar si estas acaecieron con
anterioridad, o de manera posterior al fallo. En el primer escenario, es decir, antes
de la sentencia, y «consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar
o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela» , sí es procedente la
tutela, siempre y cuando, cumpla con los requisitos generales de procedibilidad de
aquella, ello, «incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión» ;
11
Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia SU-627 de 2015. Primero (1) de octubre de 2015.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
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no obstante, en el evento que la actuación se dirija a asuntos posteriores a la
sentencia, y que trate de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta,
«la acción de tutela no procede». Pero, si lo que se pretende es «obtener la protección de un
derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
34. Así las cosas, la acción de tutela contra providencias dictadas en otra acción de
tutela, solo puede abrirse paso si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que ha sido vulnerado por una actuación arbitraria del juez de amparo
y, en todo caso, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
35. El escenario descrito es, naturalmente, un estado de cosas extraño al
mecanismo de amparo constitucional, toda vez que, no se espera que la autoridad
judicial llamada a garantizar derechos fundamentales, precisamente, incurra en la
vulneración de estos durante el trámite de la acción.
36. Por lo tanto, es viable colegir que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en otra acción de tutela comporta una eventualidad
especialísima y de riguroso examen, con el fin de remediar situaciones complejas
ocasionadas por graves o serias irregularidades acaecidas durante el trámite o
decisión del mecanismo de amparo de derechos fundamentales.
3.5. Caso concreto
37. En el sub lite, la Sala advierte que, la inconformidad del accionante recae en la
sentencia del 5 de mayo de 2025, proferida en el proceso de tutela con radicado
11001-03-15-000-2024-02537-00/01, por medio de la cual, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia en el
que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia del mecanismo constitucional al no satisfacer el requisito general de
relevancia constitucional12.
38. Sobre el particular, conviene aclarar que, tal y como lo precisó la Corte
Constitucional en sentencia SU-627 de 2015, para que la acción de tutela proceda
12
Al respecto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado agregó que no se cumplió el requisito de
subsidiariedad respecto de los argumentos relativos a la valoración del documento “liquidación”.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
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para cuestionar un proceso de igual naturaleza, no solo deben cumplirse los
requisitos generales y específicos dispuestos en la sentencia C-590 de 2005, sino
que, además, debe demostrarse que, en las sentencias de tutela existió fraude, y,
por tanto, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.
39. Ahora bien, en el escrito de tutela, el accionante no sustentó la procedencia
excepcional del amparo a partir de la existencia de fraude en las providencias
atacadas. Aunque se refirió a «situaciones de fraude» relativas a la reiteración de la
interpretación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el documento
denominado «Liquidación» y la introducción de una causal adicional de
improcedencia, en realidad estas corresponden a reproches encaminados a
sostener que, en la sentencia del 5 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto procedimental absoluto, por
supuestamente apartarse de las reglas de trámite de la impugnación de fallos de
tutela.
40. Al respecto, la Corte Constitucional13 ha precisado que, el fraude
[…] hace referencia a la existencia de razones de peso para considerar que la
decisión pudo obedecer a actuaciones irregulares. Sin embargo, la Corporación no
exige que estén demostradas en procesos sancionatorios, penales o disciplinarios.
Este aspecto puede ser determinado de manera definitiva por los órganos
competentes, pues la misión central de la Corte es asegurar que las decisiones de
tutela respeten y desarrollen los mandatos constitucionales y no determinar
responsabilidades o imponer sanciones.
41. En el presente caso, el señor Quiñones Grillo se refiere a un defecto
procedimental absoluto, el cual difícilmente puede considerarse como un fraude, si
no se infiere mala fe en el juzgador, máxime cuando la Subsección B de la Sección
Tercera de esta corporación señaló expresamente las razones por las cuales
encontró que, no se satisfacían los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad. De hecho, el accionante pretende volver a reabrir el debate
probatorio en este segundo proceso de tutela, como consta en su solicitud de
adición del auto admisorio14, con fecha del 11 de mayo de 2026.
42. En consecuencia, al no haber expuesto razonablemente en que consistiría el
posible fraude cometido por los jueces de tutela, se advierte que, el actor tiene
como propósito reabrir la discusión ya planteada ante los jueces naturales, con el
13
Corte Constitucional, sentencia SU-245 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.
14
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 20, archivo 22.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
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fin de obtener un pronunciamiento a su favor sobre los mismos reparos que, en su
momento, fueron puestos en conocimiento con la primera acción bajo los defectos
fáctico y sustantivo.
43. Así, al no cumplir con los requisitos especiales para la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra tutela, la Sala no hará el estudio de los requisitos
generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
pues, quedó acreditado que, en el asunto de la referencia, no es procedente la
acción de tutela contra la sentencia de su misma categoría.
44. Además, en este punto, la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela
no habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales,
ni interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente
vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.
IV. DECISIÓN
45. Por las razones expuestas, la Sala considera que, el presente mecanismo no
cumple con los requisitos de procedibilidad propios de la tutela contra decisiones
proferidas en el marco de procesos de la misma naturaleza. Por tal motivo, se
impone declarar la improcedencia de la acción.
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos
fundamentales del señor Miguel Enrique Quiñones Grillo al debido proceso, de
acceso a la administración justicia, tutela judicial efectiva y prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02905-00
Accionante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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