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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02537-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02537-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02537-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de mayo de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: MIGUEL ENRIQUE QUIÑONES GRILLO
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ. PRIMA ESPECIAL.
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN. MAGISTRADOS
AUXILIARES DE ALTA CORTE.

Síntesis del caso: el demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con ocasión de los fallos que negaron la reliquidación de la pensión de vejez, por
cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico. Sin embargo, la Sala
confirmará la providencia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional frente a los defectos sustantivo y fáctico, y por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de los argumentos en relación con la
valoración del documento que se tituló “liquidación”.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 28 de junio de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 19, proceso de primera instancia- negrillas y mayúsculas del
original)

I. ANTECEDENTES

La demanda

El 21 de mayo de 2024, el señor Miguel Enrique Quiñones Grillo promovió proceso de
acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá y
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso y seguridad social y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“Primera.
Que se disponga el amparo de los derechos fundamentales vulnerados y como
medidas reparatorias se dejen sin efectos las sentencias de 1 de agosto de
2023, del Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá
y confirmatoria de 23 de noviembre de 2023, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “C” que negaron las suplicas
de la demanda, Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
de MIGUEL ENRIQUE QUIÑONES GRILLO contra COLPENSIONES,
Expediente 1100133-35-007-2022-00257-01, ya que por los graves defectos
fácticos y sustantivos que acusan dichos fallos se incurrió en grave
desconocimiento y vulneración de los derechos fundamentales del suscrito
accionante mencionados en la introducción del presente libelo.

Segunda.
Que el juez de tutela ordene a la autoridad accionada, Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que como juez de segunda instancia en el proceso judicial
mencionado, proceda, dentro de los diez (10) días siguientes al de
comunicación del fallo de tutela, a revocar la sentencia del 1º de agosto de
2023 del Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá,
en la parte de la misma que negó las súplicas de la demanda y a proferir en su
lugar la sentencia de segunda instancia que en derecho corresponda, la cual
una vez superado el defectuoso análisis probatorio y sustancial del fallo del ad
quem que se ataca, deberá pronunciarse sobre lo siguiente:

2.1. Si se causó y por cual cuantía a favor del suscrito accionante a partir del
1º de junio de 2000, una pensión mensual vitalicia de vejez por un valor muy
superior al de $3.158.684, por el 75% de un salario Base de Cotización por
4.211.578; según los cálculos y liquidación errados de la Resolución 3135 de
11 de marzo de 2000 que hace parte del Acto administrativo complejo
demandado.

2.2. Si los valores correspondientes al nuevo mayor valor de la mesada
pensional de MIGUEL ENRIQUE QUIÑONES GRILLO por indexación como la
ley dispone desde el 1 de junio de 2000 al 13 de septiembre de 2016, cuando
se causó a su favor la primera diferencia pensional mensual no prescrita, entre
lo realmente causado y lo percibido; lo mismo que el valor de las diferencias
pensionales así determinadas y no pagadas desde la misma fecha hasta
cuando se haga efectivo el pago, son superiores y en qué cuantía a los
reconocidos por el mismo concepto, pero por valores exiguos, respecto de lo
realmente causado, por la Resolución COLPENSIONES SUB 138478 del 30
de junio de 2020 que igualmente hace parte del acto administrativo
demandado.

2.3. Si como consecuencia necesaria de lo anterior deberá ordenarse a la
Administradora del Régimen Pensional de Prima media con Prestación
definida COLPENSIONES, para que proceda al pago inmediato de la
retroactividad realmente causada y exigible por las diferencias pensionales
desde el 16 de septiembre de 2016 hasta la fecha del pago y para que continúe
pagando las mesadas pensionales futuras por los valores realmente causados.

Tercera.
Que si la autoridad accionada no procediere al proferimiento del fallo de
segunda instancia como se solicita en la petición SEGUNDA y como procede
que lo ordene el juez de tutela en este caso, proceda el Consejo de Estado a
proferir directamente la sentencia que en derecho corresponde.”. (archivo

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 2-
negrillas y mayúsculas del original).

Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El señor Miguel Enrique Quiñones Grillo nació el 15 de marzo de 1945 y laboró como
servidor público en varias entidades del Estado, entre ellas la Rama Judicial, entre el 9
de febrero de 1993 y el 31 de enero de 1994.

2) Cumplió el estatus de pensionado el 15 de marzo de 2000 y su última cotización al
sistema la realizó el 31 de mayo de 2000.

3) Por Resolución ISS 3135 del 11 de marzo de 2003, Colpensiones le reconoció una
pensión mensual vitalicia de vejez (Ley 33 de 1985), a partir del 1 de junio de 2000 por
haber cumplido con los requisitos de edad, 55 años y más de 20 años como servidor
público y por el 75% de un Ingreso Base de Liquidación IBL, por valor de $3.158.684,
efectiva a partir del 1 de junio de 2000.

4) El 13 de septiembre de 2019, el actor solicitó la reliquidación de su pensión 1, la cual
fue negada mediante la Resolución SUB-322984 de 26 de noviembre de 2019, por
cuanto consideró que, al realizar la nueva liquidación, el valor de la mesada disminuía
en relación con la que venía percibiendo, decisión que fue confirmada por la Resolución
SUB-35284 de 7 de febrero de 2020.

5) A través de la Resolución SUB-138478 de 30 de junio de 2020 se reliquidó la mesada
pensional a partir del 13 de septiembre de 2016 en la suma de $145.045 para un nuevo
valor de $7.135.385, decisión que fue confirmada por la Resolución no. DEP 11123 del
14 de agosto del mismo año.

6) Formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
Colpensiones, con el fin de obtener la reliquidación de su pensión de vejez con el 75%

1 Solicitó el reajuste de su mesada pensional con el 75% del salario promedio indexado que sirvió de base

para los aportes durante el último año de servicios, o subsidiariamente con el 75% del salario promedio
de lo devengado y cotizado durante el tiempo discontinuo trascurrido entre el 25 de enero de 1993 y el 30
de mayo de 2000.

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Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

“del promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere falta para adquirir el derecho al
1 de abril de 1994”, es decir, 5 años, 11 meses y 15 días, con la inclusión de la prima
especial y bonificación por compensación, devengados mientras estuvo al servicio de la
Rama Judicial, y con la exclusión de los periodos en que estuvo desempleado,
comprendidos entre el 1 de febrero al 4 de septiembre de 1998 y del 6 de octubre de
1998 al 15 de junio de 1999, aspectos que, a su juicio, cambiarían el IBL sobre el cual
se liquidó su pensión.

7) El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá2, mediante
sentencia de 1 de agosto de 2023, declaró de oficio la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda3 y negó las pretensiones de la demanda, en la medida que el monto de
la mesada pensional calculado para el año 2000, que para el demandante correspondía
a $4.487.380.00, no debía indexarse hasta el 13 de septiembre de 2016, sino que
anualmente ese valor ($4.487.380.00) debía ser incrementado con el IPC hasta el año
2016, en virtud de lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y teniendo en
cuenta que por efectos de la prescripción la efectividad del pago de las diferencias se
ordenó a partir del el 13 de septiembre de 2016.

8) El demandante presentó recurso de apelación en el cual indicó que en la
determinación del IBL se desconoció que se debía tener en cuenta el promedio
devengado y cotizado durante el tiempo que como beneficiario del régimen de transición
le hacía falta a 1 de abril de 1994 para alcanzar el derecho pensional por el factor edad.

9) Además, señaló que durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 1994 y
el 31 de enero de 1998 tan solo se incluyó lo devengado mensualmente en la Rama
Judicial por concepto de asignación básica mensual y se desconoció que también
percibió la prima especial mensual, sobre la cual además cotizó a la seguridad social en
pensiones.

10) La apelación fue desatada por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 29 de noviembre de 20234, en la cual
revocó la declaratoria de oficio de la excepción de ineptitud sustantiva parcial de la
demanda y confirmó en lo demás el fallo de primera instancia, en atención a que la

2 Proceso con radicación no. 11001-33-35-007-2022-00257-00/01.

3 Por no haber acusado a proposición jurídica completa originada en la petición elevada por el accionante

el día 13 de septiembre de 2019.
4 Decisión que fue notificada el 5 de diciembre de 2023.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

jurisprudencia unificada del Consejo de Estado establecía que cuando se aplicaba el
régimen de transición, los factores sobre los que se debían calcular los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones eran los taxativamente previstos en el Decreto
1158 de 1994, dentro de los cuales no se encontraba la prima solicitada por el
demandante.

11) Si bien reconoció que la liquidación hecha en la resolución que concedió la pensión
al demandante incurrió en algunos errores, afirmó que, mediante la Resolución no.
SUB138478 del 30 de junio de 2020, cuya liquidación era la que actualmente se
encontraba incluida en nómina, Colpensiones corrigió esos yerros y reliquidó la pensión
de vejez a partir del 13 de septiembre de 2016, para lo cual tuvo en cuenta el IBL
contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, esto es, el promedio de lo cotizado
durante todo el tiempo, al ser este superior, y excluyó los periodos en los que el
demandante no tuvo vinculación laboral.

El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión de los fallos
proferidos el 1 de agosto de 2023 y el 29 de noviembre de 2023, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico.

Frente al defecto sustantivo, señaló que las autoridades judiciales demandadas
aplicaron el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que es una norma general, y
desconocieron las normas especiales que establecen los factores salariales a computar
en el IBL pensional de los magistrados auxiliares de las Altas Cortes, a saber, el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 (prima especial de servicio) y el artículo 1 del Decreto 610 de
1998 (bonificación por compensación).

Agregó que no era cierto que en virtud de la sentencia del Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2018 perdieron vigencia y aplicabilidad los artículos 14 de la Ley 4 de 1992 y
1 del Decreto 610 de 1998, por cuanto aquella decisión no dispuso que en la liquidación
del IBL pensional se excluyeran aquellos factores salariales contenidos en leyes
especiales y porque no derogó expresa ni tácitamente aquellas normas legales.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

En cuanto al defecto fáctico, manifestó que se hizo caso omiso de las pruebas del
expediente5, con las que se acreditó que la prima especial y la bonificación por
compensación fueron devengadas por el actor y sufragadas oportunamente por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial durante todo el tiempo de sus servicios
como magistrado auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura y en el Consejo de
Estado.

El Tribunal incurrió en un error al entender que la Resolución SUB-138478 del 30 de
junio de 2020 reliquidó la pensión de vejez con base en el documento llamado
“liquidación”, porque aquel, a pesar de su nombre, no consignaba liquidación alguna por
falta de las operaciones numéricas propias de ese documento, puesto que tan solo
contenía un doble listado, el cual no podía tenerse en cuanta para adoptar esa decisión.

Actuación procesal

Por medio de auto de 27 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados
que integran la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá y al
presidente de Colpensiones, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación6 en sentencia de 28 de
junio de 2024 declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del

5 Liquidación pensión por aporte vejez que sirvió de base para la expedición de la Resolución 3135 de 11

de mayo de 2003, constancia de la Directora Administrativa de la División de Tesorería de la Dirección
Regional de Administración Judicial para Bogotá y Cundinamarca por sueldo mensual y prima especial
mensual y descuentos a Cajanal, reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizada al 17 de marzo
de 2022, donde constan el reporte y pago de las cotizaciones a la seguridad social en pensiones
efectuadas por la empleadora Rama Judicial entre el 30 de junio de 1999 y el 31 de mayo de 2000 y
Documento COLPENSIONES “Liquidación” que contiene el listado de los valores nominales, columna
IBL, de lo devengado por el suscrito por el concepto sueldo mensual y algunos factores salariales durante
el tiempo faltante discontinuo entre el 15 de septiembre de 1993 y el 23 de abril de 2000.
6 Los consejeros Fernando Alexei Pardo Flórez y María Adriana Marín de esa sección presentaron
impedimento por considerar que tenían interés en la actuación procesal por cuanto ellos se
desempeñaban como magistrados auxiliares de altas cortes y la tutela se refería a una reclamación judicial
que buscaba la inclusión de la prima especial y la bonificación por compensación judicial, como factores
para la liquidación pensional a favor de magistrados de Tribunal y otros funcionarios, prestación que se
creó también para los magistrados auxiliares de altas cortes. El impedimento fue declarado infundado por
auto del 28 de junio de 2024, que consideró que los magistrados no habían mostrado en forma específica
cuál era su interés en los resultados de esta tutela, del cual pudiera derivar una afectación de su
imparcialidad por cuanto, a pesar de que fueron magistrados auxiliares, no explicaron cómo, en concreto,

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

requisito de relevancia constitucional, en la medida que el demandante no esgrimió
ninguna razón tendiente a explicar con rigor el motivo por el cual presuntamente la
demandada erró al aplicar el Decreto 1158 de 1994, y no los artículos 14 de la Ley 4ª
de 1992 y 1º del Decreto 610 de 1998, y al estudiar las pruebas obrantes en el
expediente.

Asimismo, afirmó que los reparos relacionados con la inclusión en la liquidación de
pensión de vejez de lo devengado mensualmente en la Rama Judicial por concepto de
prima especial y bonificación por compensación fueron objeto de pronunciamiento en el
proceso ordinario.

Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 15 de julio de 2024.

Resaltó que en la acción de tutela se expusieron de manera clara las razones
argumentativas por las cuales se vulneraron los derechos fundamentales invocados y
se explicó de forma detallada el error que cometieron las autoridades judiciales
demandadas cuando inaplicaron los artículos 14 de la Ley 4 de 1992 y 1 del Decreto
610 de 1998, pese a que esas disposiciones debían tomarse para computar en el IBL la
prima especial y la bonificación por compensación.

La norma para la determinación del IBL pensional no era la general, aplicable a todos
los servidores públicos (artículo 1º del Decreto 1158 de 1994), sino las disposiciones
especiales que determinan expresamente los factores salariales computables al IBL
pensional de los ex magistrados auxiliares de las Altas Cortes.

Por otra parte, sostuvo que los argumentos de la acción de tutela no son una reiteración
de los ya estudiados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en
este se planteó la nulidad de las resoluciones de Colpensiones que negaron el reajuste
de la mesada pensional y retroactividad por las mesadas no prescritas, con base en las
causales de falsa motivación y desconocimiento de las disposiciones legales en que
deben fundarse los actos administrativos; mientras que en el mecanismo de tutela se
esbozó el mismo tema, pero desde el punto de vista estrictamente constitucional, por la

esa situación podría coincidir con un interés actual y real y pudiera entonces afectar la objetividad de su
criterio al decidir.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

discriminación de los funcionarios de alto rango de la Rama Judicial, a quienes solo se
les tiene en cuenta un factor de liquidación, a saber, la asignación básica mensual del
cargo, pero para los demás servidores públicos si concurren los otros factores de la
enumeración taxativa, que en algunos casos puede significar un incremento significativo
del IBL pensional.

Asimismo, afirmó que no está de acuerdo con que el a quo haya afirmado que la
Resolución SUB-138478 contiene una “Liquidación”, pues allí lo que se consignó fue
simplemente un resumen de esta, documento que no siguió el modelo metodológico de
la “Liquidación pensión de jubilación aportes vejez (6v) de folios 122, 123 y 124 del
expediente administrativo del suscrito en COLPENSIONES” en la cual mes a mes y a
todo lo largo del periodo de labores debidamente actualizado se estableció el ingreso
base mensual, el número de días laborados en cada mes, el número de semanas, el
ingreso actualizado y el producto de días por ingreso actualizado.

En la Resolución SUB-138478 de 30 de junio de 2020, no se incorporó ningún ejercicio
liquidatorio ajustado a la realidad, precisamente porque el reajuste reconocido por ella
a partir del 13 de septiembre de 2016, fecha de la primera mesada no prescrita, no
incluyó los valores devengados y cotizados a la seguridad social en pensiones por la
Rama Judicial a través de las administradoras de pensiones CAJANAL e ISS hoy
Colpensiones y por los factores prima especial y bonificación por compensación.

No se puede sostener que el IBL pensional se liquida únicamente con base en los
factores taxativamente enumerados por el Decreto 1158 de 1998 y, a la vez, que, en
todo caso, la liquidación se hará únicamente con base en los valores cotizados porque
si se cotizó puntualmente por la prima especial y la bonificación por compensación de la
Rama Judicial pues, estas sobre-remuneraciones devienen en factores que inciden
significativamente en el cómputo del IBL pensional y naturalmente en el nuevo valor o
monto de la pensión y de la retroactividad.

Las autoridades judiciales accionadas omitieron el análisis y valoración de las pruebas
demostrativas de los aportes a la seguridad social en pensiones por las sobre-
remuneraciones prima especial y bonificación por compensación, que hizo mi
empleadora la Rama Judicial a todo lo largo del 97.2% del tiempo faltante y que por esa
omisión incurrieron en el grave defecto fáctico.

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Manifestación de impedimento

El 13 de agosto de 2024, los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación manifestamos estar impedidos para conocer el asunto, por tratarse de
una cuestión relacionada con el reconocimiento, como factor salarial, de la prima
especial de servicios y la bonificación por compensación, pues nos desempeñamos en
el cargo de magistrado auxiliar, para el cual se crearon esos emolumentos, como
factores para la liquidación pensional.

El 29 de agosto de 2024, se procedió al respectivo sorteo de conjueces, a través del
cual fueron seleccionados los señores Rodrigo Uprimny Yepes, María Teresa Palacio
Jaramillo y Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

El 17 de marzo de 20257, la Sala de Conjueces no aceptó el impedimento manifestado,
en consideración a que no se cumplió con el requisito de actualidad, pues en el escrito
no se explicó en forma específica cómo la decisión de la acción de tutela podría
realmente afectar, positiva o negativamente, a los magistrados, en la actualidad o en un
futuro cercano.

No se acreditó que alguno de los magistrados hubiese presentado una petición de
liquidación de su pensión con argumentos semejantes a los del actor, o algún análisis
específico de que el resultado de la tutela, positivo o negativo, pudiera afectarlos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

7 El proceso ingresó al despacho para fallo el 25 de abril de 2025.

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Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados por
motivo de los fallos proferidos el 1 de agosto de 2023 y el 29 de noviembre de 2023, por
cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico.

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación en la sentencia de tutela
de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, en la medida que el demandante no esgrimió
ninguna razón tendiente a explicar con rigor el motivo por el cual presuntamente la
demandada erró al aplicar el Decreto 1158 de 1994, y no los artículos 14 de la Ley 4 de
1992 y 1 del Decreto 610 de 1998, y al estudiar las pruebas obrantes en el expediente.

En su escrito de impugnación la parte demandante insistió en que se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, debido a que se argumentó en debida forma las
razones por las que se vulneraron los derechos fundamentales y se fundamentó de
forma detallada en qué consistían los defectos fáctico y sustantivo.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, frente a los defectos fáctico y sustantivo, y por el

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requisito de subsidiariedad, respecto de los argumentos dirigidos a cuestionar el
documento denominado “liquidación”, por las razones que se procederán a exponer:

2.1 Verificación del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente
a los defectos fáctico y sustantivo

1) El demandante alegó la configuración de un defecto fáctico, debido a que se omitió
la valoración de las pruebas que acreditaban que la prima especial y la bonificación por
compensación fueron devengadas y sufragadas oportunamente por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial durante todo el tiempo de sus servicios como
magistrado auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura y en el Consejo de Estado,
por lo cual, no había lugar a que se excluyeran de la liquidación.

2) Asimismo, afirmó que se aplicó el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que es una
norma general, y se desconocieron las normas especiales que establecen los factores
salariales a computar en el IBL pensional de los magistrados auxiliares de las altas
cortes, a saber, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (prima especial de servicio) y el artículo
1 del Decreto 610 de 1998 (bonificación por compensación), los cuales debían incluirse
en la reliquidación de su pensión.

3) No obstante, una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen, la Sala advierte
que es claro que los fundamentos empleados se dirigen de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que estaban dirigidos a que se
reliquidara la pensión de vejez con la inclusión de la prima especial y la bonificación por
compensación devengadas por el demandante cuando laboró en la Rama Judicial y,
además, que se excluyeran los periodos en los que estuvo desempleado.

4) En efecto, en el recurso de apelación presentado en contra del fallo del 1 de agosto
de 2023 que negó las pretensiones de la demanda, el demandante indicó, en los mismos
términos que ahora plantea, que había lugar a revocar la decisión, por cuanto se
desconocieron las normas especiales que establecen que los factores base de
liquidación de la mesada pensional están conformados por aquellos que fueron
devengados por el tiempo faltante del beneficiario del régimen de transición, tal como el
sueldo mensual y la prima especial mensual de la Rama Judicial; sin embargo, en la
resolución demandada solo se le reconoció el primero de ellos, pese a que, las pruebas

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

allegadas al proceso daban cuenta de que cotizó a la seguridad social en pensiones
sobre esos factores.

5) Por su parte, en la sentencia del 29 de noviembre de 2023, la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión, por
cuanto, a partir de las pruebas allegadas al expediente, era posible establecer que para
liquidar la pensión del demandante se debía tener en cuenta lo estipulado en la Ley 33
de 1985, por ser beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
ley 100 de 1993; el IBL contemplado en ese mismo artículo, esto es, el promedio de lo
devengado o cotizado entre el tiempo que le hacía falta desde la entrada en vigencia del
sistema general de pensiones y la fecha de adquisición del derecho a la pensión, o todo
el tiempo si este fuere superior, y los factores salariales contemplados en el artículo 1
del Decreto 1158 de 1994, dentro de los cuales no se encontraban los solicitados por el
demandante.

6) En esa medida, sostuvo que, si bien se incurrió en algunas imprecisiones en el acto
administrativo que reconoció la pensión de vejez, mediante la Resolución no.
SUB138478 del 30 de junio de 2020, Colpensiones corrigió esos yerros y reliquidó la
pensión de vejez del demandado a partir del 13 de septiembre de 2016, para lo cual tuvo
en cuenta el IBL contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, esto es, el
promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, por ser este superior, sin tener en cuenta
los periodos en los que el demandante no tuvo vinculación laboral, tal y como
correspondía. Al respecto, indicó:

“[E]n punto al primero de estos argumentos, debe decirse que no le asiste
razón al demandante, porque como se analizó en líneas anteriores, la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, de obligatorio
acatamiento, establece que los factores sobre los que se deben calcular
los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones son parte de los
demás requisitos que se rigen por la ley 100 de 1993, por manera que
ellos son los taxativamente previstos en el decreto 1158 de 1994, dentro
de los cuales no se encuentra la prima especial solicitada por el
demandante.

En consecuencia, el ingreso base para liquidar la pensión de vejez del
demandante debía ser el promedio de lo devengado en el tiempo que le
hiciere falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo
si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

En el caso de autos, con la resolución que reconoció la pensión se aportó
documento titulado “Liquidación Pensión de Jubilación por Aportes
Vejez”, en el que consta que el IBL se calculó con la historia de los
ingresos base de liquidación del 10 de mayo de 1994 al 30 de mayo de
2000, esto es, con el promedio de lo devengado en 6 meses y 20 días,

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

tiempo que a juicio del entonces ISS le hacía falta al demandante para
tener derecho a la pensión en el momento en que entró a regir el sistema
general de pensiones.

En esta liquidación, tal como lo consideró el demandante, se asignó un ingreso
base de cotización para periodos en que el demandante no tuvo vinculación
laboral.

Además, se consideró que, al demandante, a 1° de abril de 1994 le hacían
falta 6 meses y 20 días para alcanzar el status pensional, cuando lo cierto es
que le faltaban realmente 5 años, 11 meses y 14 días, si se tiene en cuenta
que los 55 años de edad los cumplió el 15 de marzo de 2000.

Por lo anterior, es evidente que la liquidación hecha en la resolución que
reconoció la pensión al demandante, en efecto, incurrió en los errores
anotados por el demandante en este medio de control.

Sin embargo, mediante resolución No. SUB138478 del 30 de junio de 2020,
cuya liquidación es la que actualmente se encuentra incluida en nómina
a voces de lo afirmado por el mismo demandante, Colpensiones reliquidó
la pensión de vejez del demandado a partir del 13 de septiembre de 2016
y para ello tuvo en cuenta el IBL contemplado en el artículo 36 de la ley
100 de 1993, esto es, el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo,
al ser este superior, tal y como da cuenta el documento titulado
“Liquidación”, en el que consta que Colpensiones reliquidó la pensión
con lo cotizado por el demandante desde 1969 hasta el año 2000, y sin
tener en cuenta los periodos en los que el demandante no tuvo
vinculación laboral.

En virtud de lo anterior, es imperioso concluir que si bien, en un principio, al
momento de reconocer la pensión de jubilación del demandante el
entonces Instituto de Seguros Sociales incurrió en una serie de
imprecisiones en su liquidación, estos fueron corregidos en la resolución
No. SUB138478 del 30 de junio de 2020, en la que Colpensiones liquidó
la pensión con lo cotizado durante todo el tiempo, al arrojar este cálculo
un resultado superior.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI, índice 2- negrillas de la Sala).

7) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los analizados en la
providencia que resolvió el recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir
la discusión jurídica relacionada con la inclusión de la prima especial y la bonificación
por compensación en la reliquidación de su pensión de jubilación por haber cotizado
sobre ellos a la seguridad social en pensiones, así:

“1.1.- La primera modalidad del grave defecto sustantivo se concretó en que
la Juez de primera instancia para la elección de los factores de salario
que concurren en el cómputo del Ingreso Base de Liquidación de la
pensión de jubilación del suscrito accionante, aplicó el Art.1º del Decreto
1158 de 1994, que es una norma general que no tiene conexidad material
con los supuestos de hecho del caso concreto, que se contienen es, en
la norma especial de los Arts. 14 de la Ley 4ª de 1992 y 1º del Decreto 610
de 1998, según los cuales, la liquidación del Ingreso Base de Liquidación
IBL de la pensión de jubilación de los magistrados auxiliares y/o
abogados auxiliares de las altas cortes, entre otros funcionarios de la

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

Rama Judicial, además del SUELDO MENSUAL, debe incluir la PRIMA
ESPECIAL y la BONIFICACION POR COMPENSACION de la Rama Judicial
y que por estas sobre-remuneraciones se cotizará obligatoriamente a la
Seguridad social en pensiones, como ocurrió oportunamente en mi caso según
se analiza en la presentación de los graves defectos facticos que también
acusa la sentencia.

(…).

Sin embargo la sentencia de primera instancia, como si nada, se limitó a
“encontrar” que ni por la demanda ni en el proceso se había desvirtuado
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, disque
porque al suscrito como beneficiario del régimen de transición del Art.36-
2 de la Ley 100 de 1993, solo se le respetan del régimen anterior (Ley 33
y Ley 62 de 1985), la edad (55 años), el tiempo de servicios (20 años) y el
monto o tasa de reemplazo (75%), más no el Ingreso Base de Liquidación
IBL (…).

(…).

1.2.1. El defecto fáctico por omitir la valoración de la prueba y dar por no
demostrado el hecho que emerge claramente de ella. En las consideraciones
y conclusiones de la sentencia del a quo el defecto fáctico se combina con
el sustantivo que se acaba de exponer porque para fundar su decisión,
de negar las suplicas de la demanda en el Art. 36-2 de la Ley 100 de 1993;
en el decreto 1158 de 1994- Art.1º y en la segunda sub-regla de la
sentencia de unificación de Sala Plena del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018, según las cuales, “los factores salariales que se deben
incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se
hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones”, la
sentencia de primera instancia hizo caso omiso de las pruebas del
expediente donde aparece que la PRIMA ESPECIAL y la BONIFICACION
POR COMPENSACION de la Rama Judicial fueron devengadas y
percibidas por el suscrito; que por ellas la ley ordena cotizar a la Seguridad
social en pensiones y que esas cotizaciones, fueron sufragadas
oportunamente por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá
y Cundinamarca durante todo el tiempo de mis servicios como magistrado
auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura entre el 9 de febrero de 1993
y el 31 de enero de 1998 y en el Consejo de Estado entre el 15 de junio de
1999 y el 23 de abril de 2000.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMA, índice 2- negrillas de la Sala).

8) Así pues, si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo del 29 de noviembre de 2023 y se
dirigieron de manera exclusiva a que se reliquidara la pensión de jubilación con la
inclusión de la prima especial y la bonificación por compensación de la Rama Judicial,
por cuanto fueron devengadas y percibidas por el demandante y, además, porque sobre
ellas realizó aportes a la seguridad social en pensiones.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

9) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia en lo relacionado con tales defectos no reviste relevancia constitucional
porque el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del
proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias
que desbordan su competencia.

2.2 En cuanto al documento denominado “liquidación”

2.2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el
juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como
se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y
residual de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad, así:

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Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para
evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo
transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

2.2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) El demandante sostuvo que se incurrió en un error al entender que la Resolución
SUB-138478 del 30 de junio de 2020 reliquidó la pensión de vejez con base en el
documento llamado “liquidación”, porque aquel, a pesar de su nombre, no consignaba
liquidación alguna por falta de las operaciones numéricas propias de ese documento,
solo contenía un doble listado, el cual no podía servir de base para adoptar esa decisión.

2) No obstante, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la Sala
resulta claro que el interés de la parte demandante consiste en debatir un argumento
nuevo que no fue planteado ni discutido en el trámite del proceso ordinario pues, en la
demanda, pese a que se atacó la legalidad de la Resolución SUB-138478 de 30 de junio
de 2020, que reliquidó la mesada pensional a partir del 13 de septiembre de 2016, no
se cuestionó el contenido del documento denominado “liquidación”, el cual sirvió de base
para la expedición del acto administrativo demandado, por lo que la autoridad judicial
demandada no podía ni debía efectuar ningún análisis sobre tal aspecto, en la medida
que la presunta falta de precisión de ese documento no fue puesta de presente en esa
etapa procesal y tampoco durante el trámite de la primera instancia.

3) En efecto, la Sala encuentra que como la parte actora no cuestionó en el proceso
ordinario el contenido del documento denominado “liquidación”, la acción de tutela no
es el escenario para traer a colación argumentaciones fácticas y jurídicas que son del
resorte del juez natural y que, como se explicó en precedencia, habiendo tenido la

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Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

oportunidad de hacerlo, debieron habérsele puesto en consideración para que este
tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre las mismas.

4) Por consiguiente, resulta claro que lo pretendido por la parte demandante es que, con
la supuesta configuración de un defecto, se analicen argumentos que debieron ser
planteados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no es
de recibo dado que sobre ellos no tuvo la oportunidad de pronunciarse el juez ordinario
y tampoco la contraparte pudo ejercer su defensa.

5) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso ordinario y no se hizo, la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el mecanismo constitucional “no es
un medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”8.

6) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones9, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni
para plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.

7) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al
proceso no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de
inminencia, gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para evitar la
consumación de un daño y que ameriten la intervención transitoria y excepcional del
juez de tutela, razón de más para concluir que la acción de tutela resulta improcedente
en el presente caso.

8) Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en cuanto a este
último reparo, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

9) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, frente a los defectos fáctico y sustantivo, y por el requisito de

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo

de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-

03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02537-01
Demandante: Miguel Enrique Quiñones Grillo
Acción de tutela

subsidiariedad, respecto de los argumentos dirigidos a cuestionar el documento
denominado “liquidación”, pero por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción
de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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