Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02560-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02560-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02560-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de agosto de 2024
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02560-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02560-01
Demandante: ANA LUCILA GONZÁLEZ MORALES
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y
OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de subsidiariedad y de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 28 de junio
de 2024, por medio del cual, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, por falta de acreditación de los
requisitos de procedibilidad de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Ana Lucila González Morales radicó acción de tutela el 21 de mayo de 2024,
con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las
sentencias de 23 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, y de 22 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, que confirmó la decisión de primer grado, expedidas
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de
lesividad, que adelantó en su contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, el cual se
identificó con el radicado 25000-23-42-000-2015-05338-00/01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas son las siguientes:
PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
jurídica, al mínimo vital y a la no regresividad en materia de derechos económicos, sociales
y pensionales «seguridad social».
SEGUNDA: ORDENAR a los operadores judiciales accionados que profieran una nueva
decisión al interior del proceso ordinario, en la que se adopte una valoración de fondo al
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caso puesto de presente y se determine que la aplicación del tope de manera retroactiva
de 20 salarios mínimos es una decisión arbitraria y contraria a mis derechos fundamentales
y a los principios constitucionales.
Así mismo, que se ordene la reinstauración del cálculo de mi pensión conforme a la última
decisión judicial favorable que no fue impugnada, donde se determinaba la pensión basada
en el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios,
incluyendo todas las primas y emolumentos reconocidos, respetando así mis derechos
adquiridos o, en su defecto, que se limite la decisión a lo expresamente pretendido por parte
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), en aras que no se vulnere el principio de congruencia.
TERCERA: Como consecuencia de las anteriores pretensiones se ordene la devolución de
los dineros que a la fecha me hayan sido descontados.
CUARTA: ADOPTAR medidas de protección para prevenir futuras reducciones arbitrarias
en mi pensión, de manera que se asegure que cualquier cambio en el cálculo de mi pensión
se realice bajo estricto cumplimiento de la ley y respetando mis derechos fundamentales.1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes
supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
Mediante la Resolución 16595 del 29 de diciembre de 1999, la extinta Caja Nacional de
Previsión Social -Cajanal- le reconoció a la señora Ana Lucila González Morales la
pensión de jubilación, la cual fue reliquidada por la Resolución 20799 de 29 de noviembre
de 2001.
Por medio de la Resolución 28967 de 27 de diciembre de 2001, la mentada caja de
previsión dio cumplimiento al amparo transitorio ordenado en el fallo de tutela de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en
el sentido de reliquidar la pensión de jubilación de la tutelante, de conformidad con el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
En atención a lo anterior, la señora González Morales presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual fue decidida en sentencias de 4 de agosto de 2005
y 21 de junio de 2007, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Sección
Segunda de esta Corporación, respectivamente, que accedieron parcialmente a las
pretensiones deprecadas. Dichas providencias fueron acatadas por la entidad
demandada a través de la Resolución 2983 de 3 de diciembre de 2007.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP-, interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, contra los actos de
reconocimiento y reliquidación de la pensión de actora. Dentro de este proceso la señora
Ana Lucila González Morales elevó demanda de reconvención.
Del referido asunto conoció en primera instancia la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, en providencia de
1 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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23 de enero de 2019, accedió parcialmente a las súplicas deprecadas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, en tanto consideró que el monto de la pensión debía limitarse
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Asimismo, denegó las pretensiones de
la demandante de reconvención.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al desatar los recursos
de apelación formulados por las partes, en fallo de 22 de junio de 2023, confirmó la
decisión de primer grado, para lo cual señaló que, si bien la demandada era beneficiaria
del régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971, se le debía aplicar a su
mesada pensional el tope del monto establecido en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993
y en el Decreto 314 de 1994.
Contra la anterior decisión se solicitó adición o aclaración, lo cual fue negado por auto de
2 de noviembre de 2023, proveído notificado por estado electrónico el 15 de diciembre
de 2023.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia.
En ese orden, se refirió en primer lugar a los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial, en donde advirtió que, si bien en su caso resultaba
viable acudir al recurso extraordinario de revisión se debía considerar sus condiciones
particulares, estos es, que contaba con 77 años de edad y además enfrentaba una lesión
pulmonar y de columna que limitaban seriamente su movilidad, lo cual acentuaba
claramente un perjuicio irremediable.
Asimismo, respecto a la relevancia constitucional indicó que, si bien en principio pareciera
una disputa de orden legal sobre el cálculo de la mesada pensional, lo cierto era que
estaban involucrados los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
jurídica, pues, al aplicarse un tope a la prestación a partir de cambios normativos y
sentencias previas, se presentaban serios cuestionamientos sobre la protección de
derechos adquiridos, así como al principio de la non reformatio in peius, además de
sugerir una arbitrariedad.
En seguida, alegó que en las sentencias censuradas se había incurrido en violación
directa de la Constitución respeto del derecho al debido proceso, por cuanto se
desconoció el principio de congruencia, pues se decidieron asuntos que no fueron
solicitados por la entidad demandante.
Al respecto, después de transcribir las pretensiones de la demanda de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- y la parte resolutiva de la sentencia de la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concluyó que era clara
la trasgresión al principio de congruencia, al ordenarse el ajuste de su mesada pensional
al tope de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues, este asunto no fue
expresamente solicitado en las súplicas de la entidad demandante, aspecto que fue
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confirmado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que sin
advertirlo confirmó lo decidido por el a quo, lo cual en su sentir, perpetuaba la trasgresión
al referido principio, según el cual los fallos debían ceñirse estrictamente a lo pedido en
el escrito introductorio.
Por otro lado, en un acápite que denominó «Defecto fáctico relativo al tope pensional»
señaló que en la decisión de segunda instancia de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado se omitió tener en cuenta el pronunciamiento de 8 de
julio de 2020 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia según el cual no se debe
confundir la estructuración del derecho pensional con el reconocimiento, razón por la que,
como en su caso este último evento ocurrió para el año 2007, debió aplicar el tope
pensional de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el
artículo 18 de la Ley 797 de 2003 y al Acto Legislativo 01 de 2005.
De otra parte, afirmó que se desconoció el principio de la cosa juzgada, comoquiera que
el asunto debatido en las providencias censuradas ya había sido resuelto en las
sentencias de 4 de agosto de 2005 y 21 de junio de 2007, del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual se discutió la aplicación del Decreto 546 de 1971,
además del tema del tope pensional.
Finalmente, aseveró que se ignoraron también los principios de no regresividad y de
seguridad jurídica, circunstancias que debían ser revisadas en relación con la aplicación
automática del tope pensional; además que tampoco se consideró el impacto negativo a
su mínimo vital por la reducción de su mesada, que, en su sentir, en la actualidad
corresponde realmente a 14 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 28 de mayo de 2024, el a quo constitucional admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, como accionados.
En calidad de tercero con interés vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo
electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones.
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
La corporación se pronunció por intermedio de la magistrada ponente de la providencia
cuestionada, en el sentido de indicar que se sometían al estudio por parte de su superior
de la sentencia del proceso ordinario, así como de atenerse a las consideraciones allí
plasmadas en las que se podía verificar que no hubo vulneración alguna a los derechos
fundamentales de la actora.
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1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
La entidad solicitó que se declare improcedente la tutela, por cuanto, en su sentir, la parte
actora pretende utilizar este mecanismo judicial como una instancia adicional con el fin
de reabrir el debate que ya fue zanjado por los jueces naturales de la causa, sumado a
que se le garantizó el debido proceso dentro del proceso censurado. Asimismo, pidió que
se «niegue» el amparo de los derechos fundamentales invocados ante la falta de
vulneración de estos por parte de las autoridades judiciales accionadas.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 28 de junio de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento de
los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
Así, en primer lugar, señaló que la tutela cumplía con el presupuesto de la inmediatez,
comoquiera que contra el fallo censurado de segunda instancia, la tutelante solicitó la
adición y/o aclaración, y, en ese orden como la providencia que resolvió dicha petición
quedó ejecutoriada el 11 de enero de 2024 y el mecanismo constitucional se interpuso el
21 de mayo de 2024, es claro que se ejerció oportunamente.
Enseguida, indicó que si bien en el escrito introductorio se alegaron los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, en el presente caso no se
cumplía con el requisito de subsidiariedad, en atención a que la actora alegó que las
autoridades judiciales accionadas desconocieron el principio de congruencia, en tanto
establecieron el monto de su pensión en 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes,
lo cual no fue solicitado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en su demanda. En ese orden,
advirtió que contra este reparo procedía el recurso extraordinario de revisión previsto en
el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, bajo la causal de nulidad originada en la sentencia.
No obstante, advirtió que el asunto tampoco tenía relevancia constitucional por cuanto no
se explicó con suficiencia cómo los jueces del proceso ordinario incurrieron en la violación
alegada o por qué éstos no podían señalar las consecuencias de la declaratoria de
nulidad de los actos acusados o, proferir una decisión extra petita.
Asimismo, encontró que los yerros sustantivo y fáctico incumplían con el mentado
presupuesto, toda vez que estaba trayendo a discusión a esta instancia los mismos
argumentos planteados en el proceso ordinario, tanto en el recurso de apelación como
en la solicitud de adición y/o aclaración, esto es, que había operado la cosa juzgada y
que en todo caso se debía exonerar su pensión de cualquier tope, asuntos que ya habían
sido zanjados por los jueces naturales del proceso declarativo.
1.8. Impugnación
Mediante escrito radicado el 7 de mayo de 2024, la parte actora recurrió la decisión de
primera instancia, para lo cual señaló que sí se cumplían en su caso con los requisitos
de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
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Respecto al primero, indicó que a lo largo de su proceso se encuentra demostrado que
las vías ordinarias no han sido eficaces para la protección efectiva y oportuna de sus
derechos fundamentales, en específico sobre el cálculo y liquidación de la mesada
pensional, sumado a que las autoridades judiciales accionadas vulneraron el principio de
congruencia al decidir sobre asuntos que no fueron solicitados por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social en su demanda, con lo cual se trasgredió el debido proceso y los
principios de seguridad jurídica y no regresividad.
Manifestó que, en ese orden, la acción de tutela era el mecanismo idóneo para
salvaguardar sus prerrogativas superiores como el debido proceso, el mínimo vital y la
seguridad jurídica, así como de dar una respuesta inmediata y efectiva ante la urgencia
y gravedad de su situación, dado que cuenta con 78 años de edad y padece de ciertas
condiciones de salud.
De otra parte, alegó que se cumplía con el presupuesto de relevancia constitucional por
cuanto las decisiones atacadas restringían su capacidad para mantener un estatus de
vida adecuado y, en consecuencia «este impacto no solo afecta a un nivel individual sino
que plantea preguntas sobre la interpretación y aplicación de normativas que tienen
consecuencias amplias para todos aquellos en situaciones similares, lo cual resalta la
importancia de una revisión constitucional».
En ese orden precisó que, el análisis y la interpretación de las normas que gobernaban
su situación pensional requerían de una revisión desde la óptica constitucional, dado que
la disminución de su derecho prestacional se realizó sin considerar los precedentes, así
como sus derechos adquiridos y el principio de congruencia, lo cual sugería, en su sentir,
una actuación arbitraria que conculcaba sus derechos, motivo que justificaba la
intervención urgente del juez constitucional.
Aseveró que las autoridades judiciales accionadas desconocieron los principios de la
«reformatio in peius» lo cual estaba prohibido por la jurisprudencia constitucional, y el de
congruencia, comoquiera que se resolvieron asuntos que no fueron planteados por las
partes del proceso ordinario, como lo constituye el hecho de la reducción de la mesada
pensional desde el 1.º de marzo de 2001, tema que nunca fue propuesto por la entidad
demandante. Asimismo, alegó que se decidió de forma extra petita lo que comprometía
el debido proceso, al cambiar la naturaleza del litigio que debía estar acorde con las
pretensiones planteadas por las partes.
Finalmente, se refirió a la afectación del mínimo vital y a la infracción al principio de cosa
juzgada, este último, para señalar que las decisiones previas del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y del Consejo de Estado, reconocieron su pensión bajo términos
específicos, luego, con la decisión de disminuir su mesada se desconocieron los
mentados fallos y además se alteraron derechos ya consolidados.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 28 de junio de 2024, proferida por la Subsección A de la
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Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de
primer grado de 28 de junio de 2024, a través de la cual la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por
la señora Ana Lucila González Morales contra la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por falta de acreditación de los presupuestos de
subsidiariedad y de relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva, en especial los de subsidiariedad y relevancia constitucional y, de superarse,
junto con los demás, (iii) el caso concreto.
Se precisa en este momento que, el análisis anteriormente señalado se realizará respecto
de la sentencia de 22 de junio de 2023, de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por ser la decisión que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que se cuestiona en esta instancia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2, unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Agotamiento de los medios de defensa judicial
En lo que se refiere a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política, consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela
y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros mecanismos de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico,
ni pretender que el juez de amparo adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un determinado asunto, radicado bajo su competencia6.
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que, la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos judiciales, deben
buscar la defensa de aquellos.
En el caso bajo examen, la parte actora señaló que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B vulneró el principio de congruencia, toda vez que, decidió sobre
asuntos que no fueron solicitados expresamente por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en
su demanda, en especificó, sobre el tope de su mesada pensional.
Al margen de la razonabilidad de este argumento, lo cierto es que esta Sala, investida
como juez constitucional, no es competente para determinar si el proveído bajo
cuestionamiento adolece de incongruencia, ya que tal análisis corresponde al juez natural
del recurso extraordinario de revisión.
6 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la
ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento
de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de
la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
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En consonancia con lo expuesto, recuerda la Sección que el recurso extraordinario de
revisión7, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, amparadas por la intangibilidad de la cosa
juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por
incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.
De acuerdo con el artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por las Secciones y Subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos y, debe interponerse mediante demanda
que debe reunir los requisitos prescritos por el artículo 162 de ese mismo Estatuto
Procesal, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada
de los documentos necesarios y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su
poder y pretenda hacer valer (artículo 252).
Como lo sostuvo la Sala Plena en anterior oportunidad, «[…] la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal,
como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la
justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el
Preámbulo de la Constitución Política”8. Y, precisamente, bajo ese entendimiento, en esa
misma oportunidad sostuvo que “el recurso extraordinario de revisión conlleva una limitación
a la seguridad jurídica que representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio
excepcional de impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por
el principio de cosa juzgada material […]».
A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que, el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones
injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto9.
Por ello, dice la referida corporación que «[e]l recurso de revisión ha sido establecido para
respetar la firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad
incondicional que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de
hacer imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°,
29 y 230 C.P.»10.
En lo que respecta al principio de congruencia, el Consejo de Estado, por medio de
sus Salas Especiales de Decisión, ha establecido que la nulidad originada en la sentencia
se puede invocar como una causal para la procedencia del recurso extraordinario de
revisión11, incluso por el vicio de incongruencia.
7 Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras,
las providencias de: (i) 3 de
noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto
Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7 de abril de 2015 Sala Especial de
Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00577-
00 y; (iii) 3 de noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado
Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.
8 Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de octubre de
2005, expediente REV-00226.
9 Sentencia C-418 de 1994.
10 Sentencia T-966 de 2005.
11 Artículos 248 a 255 del CPACA.
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Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial
de Decisión de esta Corporación12, la incongruencia da lugar a la nulidad originada en la
sentencia, que es una de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de
revisión, en los términos del numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 13.
La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:
2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia
del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…]
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A.,
hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura,
entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia,
en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la
causa petendi.
[…]
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede identificar
porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo pedido y
alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y, en el segundo
evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre
lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal
de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo
188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar
cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso,
artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez
para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.
[…]
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión.
Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-15-000-2015-
02342-00(REV). Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
13 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
(…)”
10
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Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al
principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa o
interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su
competencia, la que se repite está determinada por los cargos y pretensiones de la
demanda […]. (Destacado por la Sala)
En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia da lugar
a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, esto es, «[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]».
En razón de lo expuesto, el cargo de la demanda relacionado con la incongruencia de la
sentencia no supera el requisito de subsidiariedad, comoquiera que, en tal caso, procede
el recurso extraordinario de revisión y, por lo tanto, frente a ello la Sala confirmará la
decisión del a quo de declarar improcedente la solicitud de amparo.
Finalmente, tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. De los elementos de
convicción que obran en el expediente no es posible señalar que la señora Ana Lucila
González Morales se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que imprima la
necesidad de adoptar órdenes urgentes para la protección de derechos fundamentales,
máxime, cuando en su condición de pensionada tiene asegurada su seguridad social y
además, según lo manifestó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en su intervención, cuenta
con una mesada de $18.206.326.73.
2.4.2. Relevancia constitucional
Esta colegiatura advierte que, de conformidad con lo señalado por el juez constitucional
de primera instancia, en el sub examine no se cumple el presupuesto de la referencia,
respecto de los yerros fáctico y sustantivo, interpretado por la Sala, para lo cual resulta
pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la
SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege
el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como
del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta
corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]. (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202214
modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
14Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de
una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta
Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en
el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el
actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente
legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión
entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho
fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por
ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los
derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre15.
En el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la señora Ana Lucila,
como lo señaló el a quo, no satisface el requisito de relevancia constitucional, comoquiera
que no tiene la identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, pues, lo que se evidencia es una inconformidad con la conclusión a la
que llegó el juez de segunda instancia.
En efecto, si bien se planteó la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, lo cierto
es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en
la referida sentencia de unificación SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta
instancia tiene como objeto refutar las consideraciones de la autoridad judicial accionada,
más allá de exponer cómo se materializó la presunta trasgresión de sus garantías
fundamentales.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas prerrogativas
superiores, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito
inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto,
ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de
las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
Se itera que la parte accionante busca en esta instancia judicial que el juez constitucional
desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación de las normas, en la
forma que a ella le parece «correcta». Es decir, en otros términos, pretende a través del
mecanismo constitucional crear una instancia adicional, en la que se estudie nuevamente
los cargos que ya fueron zanjados por los operadores judiciales ordinarios y, además
obtener una decisión favorable.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de
la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de
raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, toda
vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho extremo procesal frente a la
interpretación o aplicación de las normas o a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el principio
de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una
tercera instancia.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y
del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de procedibilidad.
Sumado a lo anterior, es de resaltar que la parte actora cuestionó la providencia de
segunda instancia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por lo que, conforme a la sentencia de unificación citada en precedencia, se debía
demostrar un actuación arbitraria que diera lugar a una afectación desproporcionada de
un derecho fundamental, lo cual no sucedió, máxime cuando, como en esta caso, fue la
Sala especializada de cierre en la materia que, con sustento en su jurisprudencia y en el
análisis tanto de las normas que gobernaban la situación en estudio como del acervo
probatorio obrante en el expediente, concluyó que la prestación social reconocida a la
tutelante estaba cobijada por el tope pensional previsto en el en el artículo 18 de la Ley
100 de 1993 y en el Decreto 314 de 1994.
Ello, por cuanto advirtió que, si bien el régimen pensional que gobernaba a la señora
González Morales era el previsto en el Decreto 546 de 1971, el cual no establecía ningún
tope a la mesada, de conformidad con las normas de seguridad social así como de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, tal situación cobijaba
a todas las pensiones, inclusive a las reguladas en normas anteriores a la Ley 100 de
1993.
En ese orden de ideas, se itera que, lo que se vislumbra es una inconformidad o
discrepancia de la tutelante con la decisión adoptada por el fallador de segundo grado
que confirmó la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de
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nulidad y restablecimiento del derecho que presentó en su contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, para lo cual busca, por medio de este mecanismo de amparo,
que el asunto sea nuevamente estudiado, sin realizar el respectivo ejercicio hermenéutico
de carácter constitucional y la demostración, prima facie, de una actuación injusta o
caprichosa de la parte accionada.
2.5. Conclusión
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia por falta de acreditación de los
requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de junio de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012»
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