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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02645-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02645-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo invocado por Nadya Patricia Gómez, Fredy Gordillo Bohórquez, Iván Darío Ruiz y Edison Iván Cortés, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, y una vez ejecutoriada, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02645-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

1 de agosto de 2024

1

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02646 00 Acumulado
Demandante: Nadya Patricia Gómez Granada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: Acumulado
11001 03 15 000 2024 02645 00
11001 03 15 000 2024 02658 00
11001 03 15 000 2024 02647 00
11001 03 15 000 2024 03160 00
Demandante: Nadya Patricia Gómez; Fredy Gordillo Bohórquez; Iván Darío Ruiz;
y Edison Iván Cortés
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Temas: Trabajo, debido proceso, vida, integridad personal, dignidad
humana, acceso a la administración de justicia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala las acciones de tutela interpuestas por Nadya Patricia Gómez,1 Fredy
Gordillo Bohórquez,2 Iván Darío Ruiz3 y Edison Iván Cortés,4 en contra del Consejo
Superior de la Judicatura, que fueron acumuladas según autos del 24 de junio y 5 de
julio de 2024.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1 11001 03 15 000 2024 02645 00.
2 11001 03 15 000 2024 02658 00.
3 11001 03 15 000 2024 02647 00.
4 11001 03 15 000 2024 03160 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02646 00 Acumulado
Demandante: Nadya Patricia Gómez Granada

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la Nadya Patricia Gómez, Fredy Gordillo Bohórquez, Iván Darío Ruiz y Edison Iván
Cortés, en causa propia, promovieron la presente acción constitucional en orden a que
se tutelen sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, vida, integridad
personal, dignidad humana, acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que: (i) se ordene al Consejo Superior
de la Judicatura que dentro de las 48 horas siguientes a la expedición del fallo, tome
las medidas necesarias para superar los inconvenientes técnicos que impiden la
consulta rápida y eficaz de los proceso judiciales a través de la página web de la Rama
Judicial; (ii) suspender los términos judiciales mientras persista la intermitencia de la
página web; (iii) realizar una capacitación sobre el funcionamiento de la nueva página
web de la Rama Judicial; y (iv) conminar a la parte demandada para que no haga
cambios en los sistema electrónicos de consulta de la Rama Judicial hasta tanto no se
tenga certeza de su optima funcionalidad.

1.1.2. Los hechos

Los accionantes plantearon como hechos comunes, los siguientes:

i) Los accionantes son abogados y se desempeñan como apoderados en distintos
procesos judiciales a nivel nacional. El 14 de mayo de 2024, el Consejo Superior de la
Judicatura actualizó la página web de la Rama Judicial, la cual no ha funcionado de
manera óptima y ha impedido la eficaz consulta de los procesos.

ii) Las dificultades e interrupciones técnicas que presenta la página web de la Rama
Judicial impiden conocer el estado actual de los procesos, acceder a los traslados y
demás memoriales, circunstancia que imposibilita el correcto ejercicio de la labor
litigiosa. Las dificultades corresponden a que los proceso no pueden ubicarse en la
plataforma a pesar de buscarlos con el número de radicado o no pueden visualizarse
o descargarse los documentos cargados en cada actuación.

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Demandante: Nadya Patricia Gómez Granada

iii) A pesar de que es posible acudir de manera presencial a algunos juzgados del país
y consultar los estados del día, no se pueden conocer las decisiones notificadas en
atención a que, con ocasión de la virtualidad que caracteriza a la función judicial, las
decisiones solo pueden consultarse a través de la plataforma cuya falla se alega,
evento que no permite conocer lo decidido o el pronunciamiento de la contraparte. A
pesar de lo anterior, los términos judiciales siguen su curso con normalidad lo que
dificulta el correcto ejercicio del derecho de defensa y contradicción y demás
prerrogativas constitucionales cuya protección se pretende.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

En sentir de los accionantes, las dificultades técnicas de la página web de la Rama
Judicial que les impide acceder a los procesos vulnera sus derechos fundamentales al
trabajo, debido proceso, vida, integridad personal, dignidad humana, acceso a la
administración de justicia, por las siguientes razones:

i) Por medio del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, expedido en medio de
la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, se dispuso la implementación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales como
mecanismo para mantener en funcionamiento el servicio público de administración de
justicia, reflejo, además, del propósito informático previsto en la Ley 270 de 1996.

ii) Por conducto de la Ley 2213 de 2022 se adoptó lo dispuesto en el Decreto 806 de
2020 como legislación permanente, razón por la que el Consejo Superior de la
Judicatura, a través del Acuerdo PSCJA22-11972 del 30 de junio de 2022 estableció
que la prestación del servicio de la justicia se prestaría, preferentemente, a través de
medios digitales, por lo que se ha fortalecido el uso de la página web de la Rama
Judicial para la consulta de procesos y notificaciones de actuaciones judiciales, hasta
el punto que tales trámites ya no se realizan de manera presencial, sino que se hacen
de modo netamente virtual.

iii) Lo anterior implica que es fundamental el correcto funcionamiento de la página web
de la Rama Judicial, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia y

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Demandante: Nadya Patricia Gómez Granada

el correcto ejercicio del derecho de defensa, toda vez que el no poder acceder
virtualmente a los procesos impide el conocimiento del estado actual del trámite y no
conocer el sentido de las decisiones o pronunciamientos que en ellos se emite.

iv) El hecho de no poder conocer los autos o memoriales que reposan en el proceso
no permite que se puedan interponer los recursos o adelantar las actuaciones que
correspondan en procesos que están marcados por el carácter perentorio de los
términos judiciales. La nueva página no facilita la consulta de los procesos ni el ingreso
a los micrositios, inconveniente que desconoce los presupuestos de la Ley 2213 de
2022.

1.2. Actuación procesal

La acción de tutela propuesta por la señora Nadya Patricia Gómez Granada fue
radicada con el consecutivo 11001 03 15 000 2024 02645 00 y admitida por medio de
auto del 29 de mayo de 2024, en el que, además, se ordenó notificar al Consejo
Superior de la Judicatura y se le requirió para que en el término de 3 días rindiera un
informe sobre el estado de la página web de la Rama Judicial; informara si tenía
conocimiento sobre las dificultades de los usuarios para hacer uso de dicha plataforma;
e informara si se han adoptado medidas para solucionar los inconvenientes técnicos
del aplicativo.

Por medio de autos del 24 de junio de 2024, se dispuso la acumulación de los procesos
11001 03 15 000 2024 02658 005 y 11001 03 15 000 2024 02647 006 donde fungen
como accionantes Fredy Gordillo Bohórquez e Iván Darío Ruiz Díaz, al expediente de
la referencia, debido a que ambos guardan identidad fáctica y jurídica con la solicitud
de amparo propuesta por la señora Gómez Granada. Lo propio ocurrió con la acción
de tutela interpuesta por el señor Edison Iván Cortés, acumulación que tuvo lugar por
medio de auto del 5 de julio de 2024, visible en el índice 10 del radicado 11001 03 15
000 2024 03160 00.

5 Documento 26 de la carpeta denominada «principal» en Samai.
6 Documento 27 de la carpeta denominada «principal» en Samai.

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Demandante: Nadya Patricia Gómez Granada

1.3. Contestación de la demanda

El Consejo Superior de la Judicatura se pronunció, de manera conjunta, en el siguiente
sentido:7

i) En el año 2020, en virtud del Acuerdo PCSJA20-11631, se empezó a gestionar una
nueva versión del portal web de la Rama Judicial, en el marco del Plan Estratégico de
Transformación Digital de la Rama Judicial, con el que se busca implementar, de
manera gradual y progresiva, la digitalización de los servicios institucionales con el
propósito de fortalecer la plataforma tecnológica y acercar a servidores judiciales,
abogados y ciudadanía en general a un portal más amigable.

ii) Actualmente el portal digital de la Rama se encuentra en proceso de estabilización
y afinamiento para garantizar un funcionamiento optimo y productivo, para lo cual se
han implementado capacitaciones y socializaciones de las nuevas funciones
implementadas.

Es cierto que se presentó intermitencia en el servicio durante los días 14, 21 y 22 de
mayo de 2024, pero siguió siendo posible revisar la información desde la Consulta de
Procesos Nacional Unificada, así como también estuvieron disponibles las direcciones
de correos electrónicos de cada despacho y la posibilidad de acudir de manera
presencial, por lo que el servicio de acceso a la administración de justicia no se ha
suspendido.

iii) El 17 de mayo de la presente anualidad se compartió a través de la página de la
Rama Judicial el ABC del nuevo portal, en donde se consignaron preguntas y
respuestas detalladas sobre cómo utilizar la plataforma, histórico de publicaciones,
trámites y servicios y que puede consultarse en el siguiente link:
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/micrositio/PORTALES/GU
IAS/ABC%20-%20Portales%20-%20Ciudadano.pdf

7 Documentos 23, 32, 37 y 39 del portal Samai.

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Demandante: Nadya Patricia Gómez Granada

iv) Finalmente, indicó lo siguiente:

[…] en relación a la información de los cambios presentados y la manera de tener
acceso, dentro del portal de publicaciones procesales se habilitó a mano izquierda unos
filtros de búsqueda para todos los despachos judiciales a nivel nacional, en el cual pude
filtrar por especialidad, Departamento y Municipio, entre otros, como está explicado en
el ABC del Nuevo Portal Web de la Rama Judicial […]
[…]
Igualmente resulta oportuno señalar que mediante la Circular PCSJC24-9 de 23 de
febrero de 2024, se dispuso la realización de varias actividades de capacitación masiva
y zonificadas a través de sesiones virtuales, con el fin de preparar a los responsables
y administradores de contenidos de los micrositios de los diferentes Despachos,
Consejos, Direcciones Seccionales, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura y
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial […]
[…]
En lo que respecta al PORTAL HISTORICO, es importante precisar que allí se
encontrará alojada la información relacionada con la gestión judicial, con corte al 10 de
mayo de 2024 hora 5:00 p.m.
[…]
En cuanto a la Consulta de Procesos Nacional Unificada, está ha permanecido
disponible y funcional en la parte superior derecha de publicaciones procesales o en el
home parte inferior izquierda […]
[…]
[…] solicito respetuosamente al despacho NEGAR la presente acción de tutela en la
medida que la intermitencia en el servicio del portal web de la Rama Judicial no puede
ser tomada como una vulneración al derecho al acceso a la administración de justicia,
en la medida que no hay una afectación o falla de carácter permanente en la prestación
del servicio de justicia que determine una vulneración al accionante o a cualquier
ciudadano que sea usuario de los servicios de administración de justicia, ya que la
página web de la Rama Judicial no está inhabilitada para sus consultas, además,
es necesario recordar que todos los servidores judiciales (funcionarios y empleados)
siguen laborando normalmente desde las sedes judiciales donde pueden presentar sus
solicitudes para la protección de sus intereses y derechos.

1.4. Intervenciones

Los señores Luis Alberto Bedoya Duque8 y Juan David Galeano Cardona9 allegaron
memoriales individuales, pero idénticos en su contenido, en los que solicitaron ser
tenidos como coadyuvantes dentro de los procesos acumulados al presente asunto y
expusieron lo siguiente:

8 Documento 10 del proceso 11001 03 15 000 2024 02647 00 en Samai.
9 Memorial de coadyuvancia en el documento «solicita intervención» en la carpeta 14 del proceso 11001

03 15 000 2024 02647 00 en Samai.

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Demandante: Nadya Patricia Gómez Granada

i) Se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad que los accionantes de las
tutelas aquí acumuladas, pues no han podido acceder a los estados electrónicos y, en
consecuencia, se les ha dificultado la notificación de traslados o decisiones adoptadas
en los procesos judiciales en los que fungen como apoderados.

ii) Plantearon como propuestas de mejora de la plataforma web de la Rama Judicial:
(i) que se implemente un sistema de alertas o notificaciones en tiempo real de las
actuaciones cargadas al sistema, las cuales se relacionen directamente con los
correos electrónicos de las partes, suministrados al momento de la radicación del
proceso y (ii) que se les permita a las partes tener acceso pleno al expediente digital
en cualquier momento.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.

2.2. Cuestión Previa

En el curso de la acción, algunos abogados que se encuentran en similar situación
fáctica y jurídica a la de los aquí accionantes, manifestaron coadyuvar las pretensiones
de tutela y presentaron solicitudes o sugerencias particulares que consideran
necesaria para el correcto funcionamiento de la página web de la Rama Judicial.

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Pues bien, respecto de la coadyuvancia en materia de acciones de tutela, el inciso 2
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, prevé que «quien tuviere un interés legítimo
en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud»; y, en cuanto
al alcance de la institución, la Corte Constitucional ha referido «que quien coadyuva lo
hace para apoyar las razones presentadas, bien por el actor o por las partes que
conforman el extremo pasivo de la litis, y nunca persiguiendo pretensiones propias».10

De esta forma, se colige entonces que quien actúa bajo la figura jurídica de la
coadyuvancia interviene en el proceso como tercero con interés en participar y/o
apoyar las reclamaciones de alguna de las partes, sin que, para el efecto, pueda
presentar nuevos planteamientos o realizar reclamaciones propias.

En tal sentido, se entenderá la participación de los coadyuvantes en el caso como
apoyo a las pretensiones de tutela, y no tendrá en cuenta aquellas que controvierten
situaciones particulares, ya que para ello deben hacer uso de la acción de tutela, a
título personal. Así las cosas, la Sala centrará su análisis en lo correspondiente con
los argumentos presentados en las acciones de tutela acumuladas.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si las fallas técnicas de la página web de la Rama Judicial,
administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, vulnera los derechos
fundamentales al trabajo, debido proceso, vida, integridad personal, dignidad humana
y acceso a la administración de justicia de los accionantes, al impedirles acceder a los
procesos judiciales en los que son apoderados judiciales.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

Procedencia de la acción de tutela

10
Sentencia T-269 del 2018.

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La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción,
ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello el artículo 6.º numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de
improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional11 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Los abogados Fredy Gordillo Bohórquez, Iván Darío Ruiz y Edison Iván Cortés
interpusieron las acciones de tutela que fueron objeto de acumulación a la acción
constitucional radicada por la abogada Nadya Patricia Gómez, por considerar

11 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005,

T972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, vida, integridad
personal, dignidad humana y acceso a la administración de justicia, con ocasión de las
fallas técnicas que ha sufrido la página web de la Rama Judicial que les ha impedido,
según argumentan, el adecuado desarrollo de la representación jurídica que ejercen.

De acuerdo con las manifestaciones realizadas por los accionantes, a partir del 14 de
mayo de 2024 se implementó una nueva página web de la Rama Judicial, de la cual
predican la vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo pretenden, pues
ha presentado una serie de errores e intermitencias que les ha impedido conocer los
estados por medio de los cuales se notifican las decisiones adoptadas dentro de un
proceso, e incluso las providencias propiamente dichas. Adicionalmente, manifiestan
que, a pesar de no tener acceso al expediente, los términos judiciales siguen corriendo,
lo que influye negativamente en el derecho a la defensa de sus representados.

El Consejo Superior de la Judicatura manifestó que sí se presentaron inconvenientes
con el funcionamiento de la página durante los días 14, 21 y 22 de mayo de 2024,
debido a que el citado portal se encontraba en proceso de «estabilización y
afinamiento», proceso en el que se consideran normales las interrupciones del
servicio; adicionalmente, informó que el 17 de mayo de la presente anualidad se
compartió a través del portal web un documento denominado «ABC», en el cual se
realiza un mapeo e instructivo sobre el funcionamiento de la nueva página, el cual, por
demás, fue el único documento probatorio aportado al proceso.

La demandada también señaló que a pesar de la interrupción de la página web,
siguieron disponibles los correos electrónicos de los despachos y la posibilidad de
asistir de manera presencial, por lo que no puede entenderse que se haya suspendido
el servicio público de administración de justicia, como alegan los accionantes. También
sostuvo que tales inconvenientes no son absolutos ni de carácter permanente.

En virtud de los argumentos expuestos por las partes, la Sala encuentra que en el
presente asunto debe negarse el amparo pretendido, pues a pesar de que sí existieron
inconvenientes técnicos durante algunos días del mes de mayo del presente año, lo

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cual fue reconocido por la parte accionada, lo cierto es que dicha intermitencia se
encuentra superada. La anterior posición obedece a lo siguiente:

De acuerdo con el pronunciamiento del Consejo Superior de la Judicatura, las fallas
tecnológicas de la página de la Rama Judicial tuvieron lugar los días 14, 21 y 22 de
mayo, en atención a la reciente puesta en funcionamiento del nuevo portal, mientras
que en el escrito de tutela a pesar de que se alegaron tales fallas, no se señalaron
fechas exactas distintas a las mencionada por la accionada; adicionalmente, los
interesados no aportaron memoriales o información adicional en la que insistieran o
informaran sobre nuevas defectos en el funcionamiento.

En ese sentido, la única prueba que se suministró al expediente fue el documento
denominado «ABC» en el que se consignó un paso a paso sobre el funcionamiento y
ruta de consulta de la página web de la Rama Judicial, es decir, no existe medio
probatorio alguno en el proceso del que pueda establecerse que los errores de
funcionamiento del portal sean permanentes y absolutos o que se hayan prolongado
en el tiempo.

Ahora bien, más allá de la indisponibilidad de la página, los accionantes también se
han referido a las complicaciones que les representa, lo que la Sala entiende como el
cambio de ubicación de los ítems, las inconsistencias en los parámetros de búsqueda
tales como ciudades o despachos y los errores de resultados en consultas por números
de radicados; a pesar de lo anterior, ninguno de los tutelantes se refirió a la guía «ABC»
elaborada por el Consejo Superior de la Judicatura.

Es decir, los accionantes no señalaron que las indicaciones ahí consignadas sean
equívocas o que no funcionen, máxime si se tiene en cuenta que tal documento fue
expedido y publicado el 17 de mayo del año que transcurre, esto es, en medio de las
intermitencias técnicas alegadas y antes de la radicación de las acciones de tutela
conocidas en esta oportunidad. Lo anterior permite concluir que no demostraron en
esta instancia que, a pesar de haber atendido las sugerencias suministradas por el
Consejo Superior, los inconvenientes persistan.

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Es importante señalar que la implementación de una nueva página web no es más que
la materialización de uno de los fines previstos en las Leyes 270 de 1996 y 2213 de
2022, como método de agilización y flexibilización de la atención a los usuarios del
servicio de justicia, por lo que mal estaría oponerse a la utilización de medios
informáticos que buscan un fin loable o insistir en la reimplementación del antiguo
portal que, aunque representara un sitio cómodo y acostumbrado de consulta judicial,
carecía de la robustez que requiere un sistema de información y gestión judicial en
nuestro país y que fue puesto en evidencia con la pasada contingencia médica
mundial.

Pues bien, en cuanto a la pretensión común de suspensión de términos judiciales
mientras tuvo lugar la inoperancia de la página web de la Rama, ha de indicarse que
no es posible acceder a tal solicitud, en atención a que dicha prerrogativa se encuentra
en cabeza, preferentemente, del Consejo Superior de la Judicatura como
administrador de las funciones administrativas de la Rama Judicial, según lo dispuesto
en el numeral 13 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996.

Adicionalmente, ha de señalarse que los accionantes no expusieron circunstancias
específicas en las cuales los fallos de la página web de la Rama Judicial hayan
afectado de manera puntual los asuntos judiciales en los que fungen como
representantes judiciales, es decir, no existe indicio sobre el fenecimiento de término
judicial alguno ante el que los accionantes no hayan podido actuar con ocasión de la
inoperancia del portal tecnológico; menos aún, si se toma en consideración que los
juzgados a nivel nacional, aunque con vocación de teletrabajo, siguen prestando sus
servicios de manera presencial.

Explicado lo anterior, en caso de que los errores técnicos de la página web afecten de
manera particular y concreta el correcto desarrollo de un proceso judicial, el ejercicio
del derecho de defensa y contradicción o el acceso efectivo a la administración de
justicia, el apoderado judicial o interesado podrá acudir de manera inmediata ante el
director del proceso, o subsidiariamente a la acción de tutela, para que sean protegidos
sus derechos fundamentales, pues acudir al juez constitucional de manera general y

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abstracta, como ocurre en esta oportunidad, no es el modo adecuado en atención a
los efectos preferentemente inter partes de esta clase de mecanismos de amparo.

Así, esta Sala de Subsección no pretende desconocer la existencia de errores o
intermitencias en la prestación del servicio técnico de la página web de la Rama
Judicial, pues es un hecho notorio en el ejercicio de la labor judicial y litigiosa que han
existido las denominadas «caídas» o inoperancias del servidor; no obstante, tales
eventos pueden ocurrir por múltiples factores que solo pueden ser establecidos y
reparados por profesionales o expertos en áreas tecnológicas.

Así las cosas, lo que puede ser objeto de estudio de esta oportunidad, dada la falta de
pruebas por parte de los accionantes, es la diligencia con la que ha actuado la entidad
accionada que, según se observa en la contestación de la acción de tutela, resulta ser
adecuada en materia de implementación de la página web de la Rama Judicial, pues
a pesar de las intermitencias técnicas del portal, al margen de los asuntos técnicos que
son del resorte del personal técnico, se advierte un interés de socialización sobre su
funcionamiento, del cual no puede predicarse un actuar negligente o una interrupción
permanente y absoluta del servicio que amerite la intervención urgente e inaplazable
del juez de tutela.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que el amparo deprecado por los accionantes no tiene vocación de prosperidad al no
encontrarse probado una interrupción permanente o negligente del servicio público de
administración de justicia, con ocasión de las interrupciones en el funcionamiento de
la página web de la Rama Judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02646 00 Acumulado
Demandante: Nadya Patricia Gómez Granada

F A L L A:

Primero. Negar el amparo invocado por Nadya Patricia Gómez, Fredy Gordillo
Bohórquez, Iván Darío Ruiz y Edison Iván Cortés, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, y una vez ejecutoriada,
remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente12
MLBC

12 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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